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¿Cómo reaccionar ante el actual shock del capitalismo fósil?

Por: Nuria

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Artículo original publicado en sinpermiso.info por Albino Prada

Los sucesivos impactos en el mercado global de los combustibles fósiles primero derivados de la guerra entre Rusia y Ucrania, luego de la intervención de Estados Unidos en Venezuela y posteriormente en Irán y el golfo Pérsico, están alterando los mercados de los combustibles fósiles (petróleo, gas y derivados): Mercados estructuralmente oligopólicos y afectados por problemas de progresivo agotamiento y encarecimiento. Sucede todo esto de acuerdo con una máxima de la mano invisible: a mercados revueltos, ganancias de especuladores1.

Todo ello aconseja evitar al máximo su uso (por sus impactos inflacionistas y sobre la soberanía energética) sin olvidar que, aunque nada de esto sucediese, el evitar las emisiones de CO2 asociadas a su uso debiera considerarse un objetivo social irrenunciable. Y, en consecuencia, las medidas que se adopten para evitar los impactos referidos no debieran frenar este objetivo. Como tampoco debieran provocar efectos redistributivos regresivos.

A la luz de lo que precede paso a evaluar a continuación las medidas adoptadas2 por el Gobierno de España el pasado día 20 de marzo de 2026. Lo haré en relación a cuatro ejes que considero estratégicos y prioritarios para, al reforzar nuestra soberanía y resiliencia energética, minimizar los posibles efectos inflacionistas derivados de estos shocks energéticos sobre los que no tenemos apenas control. Una evaluación centrada en las razones que en cada caso se justifican.

PRIMER EJE

Desacoplar el traslado del encarecimiento del gas natural en la fijación del precio marginalista de la electricidad.

En España (datos de Red Eléctrica) las fuentes no renovables (sobre todo gas en ciclos combinados y nuclear) suponen por término medio entre el 30% y el 40% de las energías primarias para generación de electricidad. Aunque, en concreto, el gas natural apenas supone de media el 11 %.

En esta situación el precio del gas natural -por mucho que se encarezca- no debiera condicionar de forma sustancial el precio de la electricidad3. Sobre todo cuando en España sufrimos un reciente colapso4 -nada menos que un apagón total- que encaja como un guante en los manejos especulativos del oligopolio eléctrico5 (y del gas) sobre como y cuando activar los ciclos combinados en función de la demanda y del precio.

Para desacoplar el precio de la electricidad del precio del gas se debe implementar un sistema que ajuste el de la electricidad -para el consumidor doméstico- generada en cada momento a una media ponderada de los distintos aportes para la generación, sin que el gas natural pueda ponderarse en el precio final más allá del 20 %. Este sí sería un tope efectivo y no otros por bien intencionados sobre el papel que sean.

Así, por ejemplo, una propuesta de grandes consumidores para desacoplar el precio del gas en la tarifa eléctrica (AEGE o UNESID) podría concretarse en que para las Tecnologías Inframarginales (Renovables, Nuclear, Hidráulica) su precio se fije mediante contratos a largo plazo basados en su coste real de generación más un beneficio razonable. Y para las Tecnologías de Respaldo (Gas/Ciclos Combinados) estas plantas cobren el precio marginal del gas cuando sea necesario que entren en el sistema para cubrir la demanda.

El sistema actual supone unos beneficios caídos del cielo para los operadores por los precios percibidos de los consumidores6 (sobre todo domésticos). Mientras que, al mismo tiempo, dichos operadores aplican unos precios pagados por los excedentes vertidos a la red a sus clientes de la cuarta parte de los percibidos. Lo que constituye un notable desincentivo para el despliegue de las energías renovables fotovoltaicas por parte de los hogares, siendo así que para evitarlo estos excedentes debieran computarse en unidades físicas a compensar por los operadores.

El Decreto no incide para nada en estas dos cuestiones y apenas dulcifica con rebajas fiscales (art. 39) sobre la electricidad la bola de nieve inflacionaria (y de beneficios caídos del cielo) de los dos mecanismos citados (precios percibidos / precios pagados). Lo que tiene -como veremos- efectos negativos (costes de oportunidad) sobre la electrificación de usos ahora fósiles (en el transporte y la calefacción sobre todo). No se avanza así como se podría en “medidas estructurales destinadas a acelerar la electrificación de la economía española” o en “reforzar la competitividad de la electricidad frente a las alternativas fósiles”

Con lo que, mientras no se supriman ambos mecanismos de fijación de precios, procedería aplicar una fiscalidad extraordinaria7 sobre los generadores/operadores, que conformen un fondo público que impulse comunidades energéticas8 (solares, eólicas, biomasa) así como un patrimonio público de hidroeléctricas y centrales de bombeo.

Un enfoque éste preferible al de las Zonas de Aceleración Renovable (ZAR) con las que el Decreto (art. 14 y ss.) podría sin duda facilitar una mayor oligopolización del sector, saltándose las usuales prevenciones ambientales (por ejemplo en repotenciación de parque eólicos o para nuevas centrales de bombeo). Subordinando aún más a la iniciativa privada nuevas facilidades del Decreto, como cuando en él “se establece expresamente la declaración de utilidad pública del almacenamiento de tecnología hidráulica de bombeo”.

SEGUNDO EJE

Potenciar el uso del transporte colectivo de viajeros (ferroviario, cercanías, metro, autobús) frente al privativo por automóviles

El actual sistema de abono único de 60 y 30 euros (y otros complementarios) ya tienen este objetivo, si bien debieran reforzarse en la medida en que las frecuencias, la puntualidad, la seguridad y los trayectos disponibles se amplíen. Para así incrementar la penetración de esta clase de movilidad frente a la privativa, sobre todo por carretera, que sigue siendo la dominante (sobre el 80%) y, sobra decirlo, la menos resiliente ante el shock energético actual (además de ser ambientalmente catastrófica). Porque, conviene recordar ahora, el Decreto reconoce nuestra “dependencia energética exterior en torno al 67-70% del consumo energético total, especialmente en ámbitos como la climatización de edificios, el transporte o determinados procesos industriales”

Sin embargo el Decreto se limita a reducir la fiscalidad de los combustibles (gasolinas, gasóleos, etc.) (art. 38) para amortiguar la bola de nieve inflacionista, aunque al hacerlo (y al no desacoplar del gas -como vimos- los precios de la electricidad) no favorece reducir el actual 80 % de la movilidad privativa por carretera. Un efecto que se produce incluso si se tratase de hacerlo con automóviles eléctricos, y no digamos en formatos de transporte colectivo electrificado. De hecho el desacoplar los precios de la electricidad -tal como se plantea en el primer eje de este análisis- sería el mejor “programa de ayudas a la compra de vehículos eléctricos y electrificados que impulse al máximo la demanda”, al facilitar y abaratar sus consumos energéticos.

Porque para avanzar en el formato alternativo es una prioridad social la modernización y ampliación de una red de cercanías ya desbordada por la demanda y por la obsolescencia9. Una prioridad que debiera formar parte de los llamados Proyectos Estratégicos de Inversión (art. 29). Pero de la que no se habla en este Decreto.

No me extraña que la Fundación Renovables disienta del enfoque que en este punto asume el Decreto: “lamentamos que se haya incluido una rebaja del impuesto sobre hidrocarburos, ya que esto supone un incentivo al consumo de combustibles fósiles y lanza una señal contradictoria con la política energética. Tampoco compartimos la rebaja del IVA para el combustible, siendo algo que debería utilizarse únicamente para hogares vulnerables y sectores estratégicos”.

TERCER EJE

Transferir cargas de mercancías de la carretera al ferrocarril para evitar el colapso climático y la vulnerabilidad logística actual

En la actualidad la cuota del ferrocarril en el transporte de mercancías es del 4 %, muy por debajo del objetivo del 10 % marcado para 2030 (informe CNMC), con lo que cualquier ayuda a los combustibles para el transporte de mercancías por carretera debe considerarse contradictoria con este objetivo.

Siendo así que la reducción de la fiscalidad a los carburantes y las ayudas directas a su compra que se recogen en el Decreto en favor del transporte por carretera10, si bien buscan mitigar la bola de nieve inflacionaria derivada del encarecimiento los precios del petróleo, son contradictorias con el incremento de la cuota del ferrocarril. Siendo esta la única transición estructural que permitiría desacoplar de forma radical el transporte de mercancías de dicha espiral (con efectos positivos en muchos otros sectores).

Lejos de ello, las importantes ayudas al sector del transporte en carretera que incluye el Decreto aún se consideran insuficientes por la patronal del sector (FENADISMER). Un síntoma de que -de continuar el encarecimiento del petróleo- podríamos estar ante un saco sin fondo. Más aún cuando la logística del transporte de mercancías (con las ventas online y a domicilio) se está haciendo más y más dependiente de la carretera con condiciones decididas por los grandes distribuidores (como, y no solo, Amazon).

Aunque de nuevo sucede que al no avanzar en el primero de los ejes de este análisis, y al tiempo reducir el impacto de los precios de los carburantes, se alimenta un círculo no virtuoso contra la mejora de dicha cuota. Lo que también es contradictorio con la mejora de la diversificación modal de la cadena de suministros dentro del mercado español. Una diversificación modal (hacia el ferrocarril) que debiera formar parte de los llamados Proyectos Estratégicos de Inversión (art. 29).

Pero de lo que tampoco se habla en este Decreto. A pesar de que a día de hoy el Decreto reconoce que “el transporte de mercancías por carretera constituye una actividad esencial para el normal funcionamiento de la cadena de suministro”. Reitero: la palabra “ferrocarril” apenas aparece tres veces en este Decreto y nunca en relación a este eje.

CUARTO EJE

Limitar los apoyos a la tarifa eléctrica en usos electro intensivos a los niveles -y sectores estratégicos- ajustados a nuestra autonomía industrial, pero no para exportación

Conviene recordar aquí que mientras el consumo doméstico de electricidad en España en 2024 fue de 74,7 millones de Mwh, el consumo industrial ascendió a 116,5 millones, de los cuales un tercio corresponde a los llamados sectores electro intensivos (siderurgia, aluminio, química y cemento). A los que ahora se estarían añadiendo los centros de datos.

De reducirse estos consumos electro intensivos industriales (solo hasta niveles de producción ajustados a las necesidades de la demanda interna) se abriría un margen para destinar esta electricidad hacia la sustitución de los actuales consumos de gas para calefacción doméstica11. Asegurándose entonces una autonomía real de aprovisionamientos para esta calefacción, y que -además- sus precios se muevan al margen del mercado global del gas. En esta perspectiva sobra decir que cualquier ayuda o rebaja del coste de la electricidad para estos usos electro intensivos que incluya productos exportados por estos sectores debiera considerarse contraproducente.

Por ello cabe decir que las medidas incluidas en el Decreto para suavizar el impacto de los precios de la electricidad en estos sectores industriales12 son, en primer lugar, contraproducentes con la necesaria reducción de estos consumos y, en segundo lugar, debieran considerarse prescindibles en la medida en que los precios percibidos por los generadores/operadores eléctricos se desacoplasen de los precios del gas natural tal como aquí se propuso.

Si hay que felicitarse -por pasiva- de que el Gobierno haya dejado de predicar con tanto énfasis como venía haciendo sobre la alternativa del hidrógeno verde13 en este Decreto, un síntoma de que esta burbuja especulativa podría estarse afortunadamente desinflando.

*

En su conjunto debo concluir que las medidas del Decreto conforman una contradictoria mezcla entre las coyunturales y las estructurales. Porque en las coyunturales por acción (rebajas fiscales, ayudas directas) o por omisión (ausencia de cambios en la tarifa eléctrica) se define un marco poco favorable a la necesaria aceleración de la transición energética que el Gobierno dice defender para así avanzar en nuestra soberanía energética. Lo que el Decreto concreta como “sustitución de combustibles fósiles por electricidad renovable en ámbitos como la climatización, el transporte o los procesos industriales”. Una soberanía cada vez más urgente si reparamos en nuestra creciente dependencia de gas e hidrocarburos de un proveedor tan poco fiable como los Estados Unidos. Siendo así que si bien con estas medidas algo se frena a corto plazo la actual ola inflacionaria, tampoco se garantiza en absoluto que tal con tención se pueda mantener a medio plazo.

Frente a esta estrategia las propuestas de la oposición de derechas al Gobierno buscan aprovechar el shock externo para profundizar en la defensa a fondo y sin límites del complejo fósil-nuclear (con Repsol en la Casa Blanca o una Iberdrola pronuclear, por poner dos ejemplos). Por un lado con rebajas fiscales aún mayores que produzcan una progresiva asfixia de los recursos y los servicios públicos y, por otro, ampliando la apuesta por la opción nuclear en una electrificación subordinada a los intereses fósiles. Sin, por supuesto, embridar la fijación marginalista de precios ni los oligopolios de los carburantes.

Para avanzar hacia propuestas que no sean contradictorias -como las actuales el Gobierno- esperemos que en futuros Decretos sobre este asunto, se ocupen de esterilizar el impacto del gas en el precio de la electricidad, posibilitando así una mayor electrificación de la movilidad tanto para pasajeros como para mercancías, y también para la calefacción doméstica. Embridando al mismo tiempo los despilfarros electrointensivos. Solo así se definiría una senda clara para escapar de la ratonera fósil-nuclear en la que seguimos atrapados. Atrapados ahora en este shock, que no parece vaya a acabar pronto, y a otros que sin duda vendrán. Porque, cuando se quiere abandonar una droga, no conviene abaratar su precio sino dejar de consumirla.

El Gobierno, al no querer enfrentar este dilema, en el Decreto 7/2026 se subordina al voto afirmativo de la derecha catalana y a la abstención de la española (y a sus capitalismos de amiguetes). Con eso gana Sánchez, agónicamente, tiempo político, pero me temo que al coste de engordar una creciente marea social, convencida de que son esas derechas las que “saben” y deben gestionar el actual shock fósil y militar externo. Dentro de un mes veremos la otra puerta de esa ratonera cuando se debata y vote el Decreto 8/2026.

Albino Prada es miembro del Consejo Científico de Attac España. Su último ensayo se titula “El regreso de China. La globalización imposible” (Universidade de Vigo, 2025).

1    Lo llaman “las refinerías de Wall Street” los analistas Blas, J y Farchy, J. (2022) “El mundo está en venta” (Península, Barcelona), con empresas poco mediáticas como Vitol, Trafigura, Glencore, Gunvor y otras que no producen pero son gigantescas comercializadoras de hidrocarburos.
2    Decreto 7/2026 en lo sucesivo “el Decreto”, se citan en el texto entre paréntesis algunos de sus artículos (art. x). No se cuestionan en lo que sigue las propuestas de “escudo social” (bono social, de transporte, garantía de suministro, no despidos, …) para los colectivos más vulnerables, pero sí la coherencia del resto de propuestas más universales (incluido el freno de la inflación).
3    Así en mayo de 2025 el precio medio fue de 17 euros Mwh mientras que en septiembre alcanzó los 61 euros porque en mayo el gas aportaba mucho menos que en septiembre.
6    Como nada de esto se toca la patronal eléctrica (AELEC) y la del gas (SEDIGAS) valoraban positivamente el Decreto del Gobierno.
7    Más allá de lo estipulado en el Decreto 10/2024 para el año 2025
8    Que se citan en la exposición de motivos del Decreto “el autoconsumo y las comunidades energéticas” (y en la disposición final 17ª), para quedar a la hora de la verdad en el articulado difuminadas (inversiones) o penalizadas (precios pagados). Dos opciones cruciales para enfrentar el actual oligopolio de las renovables: https://www.sinpermiso.info/textos/oligopolio-electrico-mutante-de-fosil-nuclear-a-renovable
10    En concreto en el Decreto “ascenderá a 0,20 euros por cada litro de gasóleo para uso general utilizado como carburante en el motor de los vehículos” (por unos 400 millones, ver art. 55. 3. y 57.1.; también art. 58), así como avales por cuenta del Estado por 2.000 millones al transporte por carretera (art. 31)
11    En la actualidad el consumo de gas para calefacción doméstica se sitúa en semejantes niveles absolutos como los del gas para generar electricidad (unas 70 Twh año, página 8 de CNMC)
12    En concreto se “establece una reducción de los peajes de acceso a las redes para estos consumidores” ver art.7.1. por 220 millones de euros; también art. 32. Ayudas, aún así, consideradas insuficientes por la patronal del sector (AEGE). Lo anotado en este eje no se aplicaría, por mi parte, a la agricultura y la pesca que figuran en el título IV de Decreto.

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Científicos cuestionan el dogma del capitalismo: es posible «un alto grado de bienestar» sin crecimiento económico

Por: Arturo

Reproducción de grafitii de Banksy. Estamos todos en el mismo boteReproducción de grafitii de Banksy. Estamos todos en el mismo bote

Fotografía: Reproducción de grafiti de Banksy. Estamos todos en el mismo bote.

Adhik Arrilucea. Publicado originalmente en Público

Un estudio liderado por la Universitat Autònoma de Barcelona muestra que el desarrollo perpetuo no es necesario si se prioriza la redistribución de la riqueza y la producción de los recursos esenciales.

El crecimiento económico y el desarrollo sostenible son el compás de las sociedades occidentales que buscan mantener sus tendencias al alza de acumulación de recursos y riqueza. Pero este no es el único paradigma que existe. De un tiempo a esta parte, se han popularizado nuevas formas de imaginar otros mundos posibles. Así, los movimientos sociales, la ciencia y la filosofía han desplegado la investigación sobre el decrecimiento. Al contrario de las políticas actuales, este enfoque atiende a los límites del planeta y defiende que, mediante una redistribución justa, es posible vivir de manera digna y con todas nuestras necesidades cubiertas sin incrementar la producción.

Estas teorías y enfoques no son nuevas. En noviembre de 2023, la propia Letizia Ortiz llegó a citar a ecólogos como el científico del CSIC Antonio Turiel. Así, reconoció el desarrollo de ideas, según las cuales «desarrollo y sostenible ya no pueden ser algo [que vayan juntos]». Lo hizo durante el XVI Seminario Internacional de Lengua y Periodismo, al que le acompañaba, entre otras figuras, el entonces ministro para la Transformación DigitalJosé Luis Escrivá. Este replicó, no obstante, que los postulados decrecentistas «parecen de una debilidad de fundamentos extrema». No obstante, los expertos han continuado el desarrollo de un andamiaje teórico en esta línea capaz de analizar la realidad de la crisis climática en todas sus vertientes.

Un nuevo estudio liderado por científicos del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) plantea cómo alcanzar «un alto bienestar» y un clima seguro sin crecimiento económico. El trabajo, publicado en Nature Climate Change, es una perspectiva. Es decir, no se trata de un caso de estudio al uso, donde se investiga una cuestión específica –a la que se aplica una metodología para obtener unos resultados de los que extraen unas conclusiones–. No obstante, pasa por el mismo mecanismo de revisión que los artículos habituales.

¿Qué es el decrecimiento?

Esta perspectiva establece los principios para modelizar escenarios de poscrecimiento. «El poscrecimiento es un término paraguas que engloba un conjunto de enfoques que priorizan la sostenibilidad ambiental, la equidad social y el bienestar humano por encima de la búsqueda perpetua del crecimiento económico», define en declaraciones a Público Aljoša Slameršak, autor principal del estudio e investigador del ICTA-UAB. Dentro de dicho paraguas, incluye el concepto del decrecimiento. Este «se refiere a la reducción planificada y equitativa de aquellas actividades económicas que son ecológicamente destructivas o que no contribuyen al bienestar humano».

La investigación argumenta que «el crecimiento incrementa la demanda de energía, tierra y uso de materiales. Esto resulta particularmente problemático en el caso de las economías de altos ingresos y las personas adineradas, que ya tienen niveles de uso de energía y materiales muy superiores a los necesarios para el bienestar«. Por el contrario, Slameršak apunta que el decrecimiento busca «disminuir la presión ecológica y liberar recursos actualmente destinados para el consumo excesivo, para garantizar condiciones de vida dignas para todos«.

La investigación identifica cinco principios fundamentales del poscrecimiento: bienestar, suficiencia, reducción de las desigualdades, reorientación de la economía y convergencia norte-sur. Según el autor principal, todos estos criterios vertebradores son indisociables entre ellos. «No se puede, por ejemplo, tener una economía que proporcione altos niveles de bienestar mientras se mantienen la sobreproducción y el despilfarro entre los ricos, ya que esto inevitablemente llevará a superar los límites planetarios». En la misma línea, sospecha de las «perspectivas de una vida buena para la mayoría mientras persistan las enormes desigualdades dentro de las sociedades y las relaciones económicas imperiales entre los países del norte y el sur global».

El artículo identifica varios mecanismos clave de la transición al poscrecimiento. «El poscrecimiento implica redistribuir y reestructurar la economía para proporcionar lo esencial, que garantice un nivel de vida digno para todas las personas, manteniendo el consumo adicional no esencial dentro de niveles compatibles con los límites planetarios. Esto exige reducir sustancialmente las desigualdades actuales», comenta en un comunicado el coautor Joel Millward-Hopkins, de la Universidad de Lausana.

¿Un escenario realmente posible?

Los científicos señalan que el incremento de la producción y el consumo hace más difícil la mitigación del cambio climático. No obstante, no es este un esquema mental extendido en la población, ni tampoco en el propio Gobierno, que defiende el desarrollo sostenible. Durante la primera sesión del G20 el pasado noviembre, Pedro Sánchez declaró que «el desarrollo inclusivo y sostenible es imposible sin paz«. Unos meses antes, en junio, aseveró en la apertura del Business Forum que «no es posible el desarrollo sostenible sin una participación mucho más decidida de las empresas». No obstante, ¿es posible cambiar las políticas actuales hacia el decrecimiento? ¿De veras se puede vivir bien sin este crecimiento?

Slameršak cuestiona la premisa de este planteamiento. «No creo que todas las clases sociales hayan tenido la misma experiencia de crecimiento económico», valora. Menciona que el profesorado catalán, por ejemplo «ha perdido efectivamente un 25% de su poder adquisitivo en la última década«. Si bien reconoce que ha habido un desarrollo económico desde la crisis financiera de 2008, «este crecimiento no ha seguido el ‘efecto goteo’ hacia todas las clases sociales. De hecho, gran parte del crecimiento que vemos hoy en día se sostiene, podría argumentarse, mediante la presión sobre las clases pobres y medias por parte de las clases rentistas y los ricos», abunda.

El investigador del ICTA-UAB considera «crucial» poner en cuestionamiento «la idea de que la calidad de vida depende del crecimiento». Indica así que esta noción se aleja del «sentido común» de la mayoría de las sociedades a lo largo de la historia, que tenían otros modos de producción y de organizar la vida. «Lo que se necesita para una vida buena, desde el punto de vista económico, es la satisfacción de las necesidades materiales básicas», defiende. «No es necesario ampliar el tamaño del piso sin fin, comer más alimentos o trabajar más horas cada año para ser feliz».

Una redistribución basada en la justicia social

El cuestionamiento al efecto goteo del crecimiento económico no es baladí, ni tampoco solo una opinión. El periodista de Público Jorge Otero recordaba un informe de la ONG Oxfam Intermón publicado en eneroEste denunciaba la «concentración extrema de la riqueza en el mundo». En su informe anual sobre el reparto de la riqueza, la ONG señaló que 2025 fue «un año histórico para el capital». De acuerdo con sus datos, un reducido grupo de 3.000 personas en todo el mundo acapara casi 18,3 billones de euros mientras «la mitad de la población mundial vive en situación de pobreza con menos de 8,3 dólares al día».

El pasado mes de febrero The Wall Streel Journal publicaba un artículo titulado El gran dinero de la economía actual va al capital, no al trabajoLa pieza demuestra que la brecha de la desigualdad entre trabajadores y empresarios se ensancha año tras año. De acuerdo con los datos aportados por el diario económico, los salarios de la clase trabajadora en todo el mundo han pasado de representar el 58% de la riqueza global en 1980 a algo más del 51% ahora. En cambio, las empresas se quedan con una parte cada vez mayor de esa riqueza: ha pasado del 7 al 12%. 

El estudio publicado en Nature Climate Change señala que los escenarios actuales de poscrecimiento y decrecimiento no aplican de manera coherente los principios fundamentales de una transición al poscrecimiento, lo que deja sin explorar buena parte de su potencial. En muchos casos, estos escenarios actuales se limitan a proyectar un estancamiento o una caída del PIB, sin transformar la producción ni la distribución.

¿A qué debemos renunciar?

«Nuestra investigación muestra que la mayoría de los países de altos ingresos, y en este grupo incluyo el estado español, en términos agregados, ya poseen y producen lo suficiente para proporcionar una vida digna a todos sus ciudadanos. El problema es que el acceso a estos recursos está mediado por una propiedad y un poder adquisitivo escandalosamente desiguales«, expresa el científico del ICTA-UAB. ¿Significa eso que no debemos renunciar a nada? Para el autor principal, lo principal de lo que nos debemos deshacer es «la posibilidad de acumulación ilimitada de poder y recursos por parte de una minoría».

Las clases medias y bajas no deberán renunciar «al acceso a bienes y servicios económicos esenciales». «A lo que debemos renunciar colectivamente es a un sistema económico construido sobre la extracción, la desigualdad y el desperdicio«, insiste. De este modo, el autor espera su estudio sirva para crear «imaginarios esperanzadores» en un contexto donde las ideas del crecimiento sostenible están tan arraigadas. «Al desarrollar escenarios rigurosos y demostrar que un futuro con alto bienestar y bajo crecimiento es materialmente posible, podemos ayudar a contrarrestar la narrativa de que «no hay alternativa» al modelo actual».

Adhik Arrilucea

Periodista de ciencia y medio ambiente en ‘Público’. Investigador predoctoral en la UC3M, está especializado en Teoría y Crítica de la Cultura. Con formación en Periodismo, Humanidades y Ciencias Políticas, cuenta con experiencia en comunicación científica en la Agencia SINC e institucional en el Ministerio de Industria. Es autor de una investigación académica sobre la cobertura mediática de los movimientos ecologistas y la crisis climática.

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Donald Trump no es el (único) problema

Por: Nuria

Donald Trump no es el (único) problemaDonald Trump no es el (único) problema

Fotografía:  encuentro entre Trump y Milei en febrero de 2025. / The White House

Artículo original publicado en ctxt.es por Juan Torres López

A la hora de analizar lo que está ocurriendo en el mundo no se debería caer en lo que a mí me parece una peligrosa simplificación: considerar que estamos en una simple anomalía producida por la personalidad singular del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Este es, sin duda, lo suficientemente excéntrico, autoritario y disruptivo como para poner en peligro por sí solo el ya frágil entramado de derechos, libertades e instituciones democráticas, no sólo en su país sino en todo el mundo. Su narcisismo enfermizo y el desprecio por las normas están abriendo las puertas a un auténtico vendaval neofascista de consecuencias funestas.

El autoritarismo y la crisis de la democracia se extienden por razones que van mucho más allá de las características personales de Trump

Sin embargo, me temo que el autoritarismo y la crisis de la democracia se extienden por razones que van mucho más allá de las características personales de Trump. Y analizar como algo personal lo que en realidad es estructural puede hacer ingenuamente que el problema se resuelve reemplazando a un líder por otro.

A mi juicio, nada brota si no existen condiciones que le permitan crecer y desarrollarse, sin un medio ambiente favorable, y por eso creo que Trump no es exactamente la causa principal de la crisis democrática de Estados Unidos y del mundo entero. Es, en realidad, el efecto emergente de una serie de grandes fracturas económicas, institucionales, mediáticas, culturales, tecnológicas y geopolíticas que afectan al planeta.

Dicho de otra manera: la aparición de líderes autoritarios y neofascistas como Trump no es la causa de la crisis de la democracia y las libertades; es esa crisis la que da lugar y explica la aparición y la funcionalidad de Trump. Por eso su llegada al poder no puede considerarse como un accidente pasajero, sino como auténtico punto de inflexión en la historia del capitalismo contemporáneo y me atrevería a decir que de la humanidad.

Un sistema incompatible con la democracia y la libertad

Lo que está ocurriendo en Estados Unidos y va a ocurrir también en los demás países avanzados es la consecuencia de una mutación del capitalismo que lo ha hecho cada vez más incompatible con la democracia. 

Esa incompatibilidad se produce por tres razones principales. 

– La gran desigualdad de nuestro tiempo ha deteriorado las economías y ha obligado a limitar cada día más los derechos y libertades de desposeídos a cuya costa se genera la concentración de la riqueza y el poder que la producen.

– Cuando esa desposesión se hace indisimulable hay que recurrir a la mentira y al falseamiento del debate social para poder justificarla, para hacer creer que es la inmigración, el feminismo o la política democrática lo que amenaza el empleo, los salarios, la provisión de los servicios públicos, la seguridad o la soberanía.

– El nuevo capitalismo tecnológico que se ha hecho dominante necesita plena libertad para utilizar en su favor todos los recursos del Estado.

Estos procesos están produciendo las grandes fracturas económicas, institucionales, mediáticas, culturales, tecnológicas y geopolíticas que están convirtiendo al capitalismo de nuestros días en un sistema incompatible con la democracia, y este es el medio ambiente en el que líderes políticos como Trump, Milei, Le Pen, Orbán… no aparecen como sorpresas o incidencias casuales, sino como las respuestas necesarias para intentar consolidarlo.

El 1 % más rico posee el 31,7 % de la riqueza total de EEUU, mientras que la mitad inferior de la población apenas supera el 2 %

Fracturas económicas y sociales profundas 

En las últimas cuatro décadas, la economía estadounidense viene experimentando transformaciones que han erosionado los cimientos sociales que pueden sostener a la democracia, por débil que esta sea:

– Concentración extrema de la riqueza y el poder económico que ha producido una desconexión creciente entre el crecimiento de la economía y el bienestar de la mayoría de la población. Hoy, el 1 % más rico posee el 31,7 % de la riqueza total del país, mientras que la mitad inferior de la población apenas supera el 2 %.

– Profunda desindustrialización debida a la externalización productiva, es decir a la marcha de las grandes empresas al exterior, al amparo de la globalización, para buscar costes más bajos, que ha producido desempleo generalizado en muchas áreas, precarización salarial y estancamiento salarial. Desde 1980 se han perdido más de 7,5 millones de empleos industriales, y en amplias zonas la renta per cápita real es hoy inferior a la de hace tres décadas.

– Endeudamiento masivo de los hogares en educación, salud y vivienda, que convierte derechos básicos en riesgos financieros permanentes. Sólo en deuda estudiantil 42,8 millones de personas mantienen deuda estudiantil por valor superior a los 1,7 billones de dólares, una cifra superior al PIB de países como España.

– Desigualdad territorial extrema, con grandes espacios y regiones enteras sumidos en un gran declive económico y social.

– Debilitamiento del poder sindical y del trabajo organizado, que reduce la capacidad de acción colectiva.

Además de desigualdad y deterioro económico, estas dinámicas han generado una inseguridad vital que se ha hecho crónica en amplios sectores sociales que viven con la sensación de pérdida de estatus, de futuro bloqueado y de ruptura del contrato social. Eso ha hecho que la política se haya convertido para ellos en un campo de continua amenaza y la demanda social ha dejado de ser la de redistribución o reforma para buscar, simplemente, la protección que supuestamente proporcionan los líderes autoritarios.

Democracia vaciada

La segunda base en que se ha sustentado el avance del trumpismo es el diseño y funcionamiento degradado de las instituciones políticas estadounidenses.

– El sistema electoral se ha ido distorsionando cada vez más, se han generalizado los casos de manipulación de distritos para favorecer a uno u otro partido o mecanismos encaminados a suprimir el voto de algunos grupos sociales, quebrándose así el principio de igualdad política. En 2016, Donald Trump perdió el voto popular por casi tres millones de votos y aun así ganó la presidencia.

– La financiación privada masiva de la política ha otorgado a grandes fortunas y corporaciones una influencia decisiva sobre el proceso legislativo y el gobierno ha sido materialmente capturado por grupos de presión, especialmente financieros, energéticos, tecnológicos y militares. En las elecciones de 2020 se gastaron más de 14.000 millones de dólares, aportados de forma desproporcionada por un porcentaje ínfimo de grandes donantes.

– Las puertas giratorias que disuelven la frontera entre interés público e interés privado se han hecho una constante.

Los contrapesos institucionales (tribunales, agencias reguladoras y administración profesional) se han ido debilitando o desapareciendo

– Los contrapesos institucionales (tribunales, agencias reguladoras y administración profesional) se han ido debilitando, cuando no desapareciendo, en los últimos años, permitiendo que, aunque los ciudadanos voten, no sean realmente los que decidan cómo se gobierna.

Todo ello ha producido una brecha entre participación formal y poder real que genera frustración, cinismo y deslegitimación del sistema (sólo un 17 % de los estadounidenses confía en el Congreso). Y eso es lo que permite que personajes estrambóticos como Trump aparezcan aquí como ajenos a un sistema que se percibe como corrupto, aunque en la práctica se hayan enriquecido con él, lo utilicen y lo profundicen. El atractivo social de personas como Trump no nace a pesar de esas disfunciones institucionales, sino gracias a ellas.

Degradación mediática del espacio público

El sistema mediático estadounidense (como en la inmensa mayoría de otros países) también ha mutado:

– El periodismo ha pasado de ser un medio de control del poder a una industria de la atención.

– La información ha dejado de ser contextualizada para convertirse en espectáculo permanente.

– En lugar de promover y ayudar a generar un espacio público común y compartido se dedica a crear burbujas ideológicas rentables.

Y todo ello ha sido intensificado por las plataformas digitales y los algoritmos que, buscando aumentar la interacción que los hace más rentables, amplifican el extremismo y la polarización, fragmentan la realidad en relatos incompatibles, y anteponen la emoción sobre el análisis. Numerosos estudios muestran que los contenidos falsos y extremos se difunden más rápido y alcanzan mayor audiencia que la información verificada. Basta recordar la difusión masiva de la narrativa del fraude electoral en 2020, sostenida durante semanas, pese a la inexistencia de pruebas y al rechazo sistemático de los tribunales.

El funcionamiento actual de los medios de comunicación busca y hace que desaparezcan los hechos compartidos que son condición básica para que la democracia no se degrade.

En este entorno, las personas y líderes que encarnan la lógica del sistema son los que, como Trump o Milei, basan su comportamiento en la mentira, el conflicto, el simplismo y la provocación.

Vulnerabilidad cognitiva, generacional y simbólica

El deterioro de la educación y de la cultura cívica que se viene produciendo en las últimas décadas debido a causas diversas agrava todas las dinámicas anteriores.

El retroceso en competencias básicas y pensamiento crítico, la mercantilización de la educación superior, la segregación educativa creciente por renta y territorio, la reducción de la educación cívica y de la comprensión institucional, la politización e incluso la censura expresa de contenidos históricos y científicos han creado una ciudadanía con menos herramientas cognitivas, más vulnerable a la manipulación, a la simplificación del populismo y a la guerra cultural.

Eso ha hecho posible que la política haya dejado de ser un debate transparente sobre intereses y proyectos colectivos para convertirse en una lucha de identidades que enfrenta y paraliza.

Personalidades como la de Trump o Milei ofrecen relatos simples, culpables claros y promesas de restauración simbólica

La consecuencia ha sido también una crisis subjetiva profunda que provoca miedo existencial y al declive nacional, frustración generacional y colapso de expectativas, crisis de estatus y masculinidad en sectores tradicionales; soledad, ansiedad y fatiga cognitiva y ausencia de un proyecto colectivo de futuro en una gran parte de la población.

Personalidades como la de Trump o Milei ofrecen relatos simples, culpables claros y promesas de restauración simbólica. No resuelven los problemas, pero alivian emocionalmente a quienes se sienten perdidos y desplazados.

Un poder real que mueve los hilos

Ninguno de esos procesos podría haberse producido sin el impulso y la financiación del mundo de los negocios, de las grandes corporaciones y el capital financiero. Han logrado que la democracia se vacíe de contenido redistributivo, desplazar el conflicto del eje económico al cultural, generar una constante sensación de amenaza, condicionar así la política exterior y presupuestaria y limitar el espacio de la diplomacia y la deliberación democrática.

Trump no gobierna contra el poder económico. Gobierna para una parte significativa de él. No es casual que grandes fortunas, corporaciones y sectores tecnológicos hayan financiado, tolerado o normalizado su figura.

No es Trump, es el sistema

En definitiva, Donald Trump no puede entenderse como una aparición inesperada ni como un cuerpo extraño al sistema de poder económico, político y mediático que domina Estados Unidos. Al contrario, ese tipo de figura se convierte en el instrumento político que requiere una fase del nuevo capitalismo en la que amplios sectores del poder real –financiero, tecnológico, energético, industrial y mediático– necesitan aplicar políticas profundamente regresivas sin aparecer como sus responsables directos.

Y para que esa estrategia de captura sea factible y tenga éxito social y electoral, resulta clave que sean encarnadas por figuras que se presenten como ajenas al sistema, como outsiders que “dicen lo que otros no se atreven a decir” y que aparentan enfrentarse a las élites, aunque en la práctica gobiernen para una parte significativa de ellas. Trump cumple perfectamente ese papel: su estilo estridente, su retórica antisistema y su provocación constante funcionan como una cortina de humo que oculta la continuidad de fondo de las políticas que se aplican.

Las condiciones que han hecho posible el trumpismo en Estados Unidos se reproducen en buena parte de las otras democracias occidentales y periféricas

Es una lógica que no es nueva ni exclusiva de Estados Unidos. En contextos de creciente desigualdad, debilitamiento democrático y frustración social, el sistema tiende a necesitar líderes que parezcan venir de fuera para poder profundizar transformaciones que, de otro modo, encontrarían mayor resistencia. Por eso, las condiciones que han hecho posible el trumpismo en Estados Unidos se reproducen (y se van a reproducir cada vez en mayor medida si no se pone freno a los procesos que hemos visto), con más o menos variaciones en buena parte de las otras democracias occidentales y periféricas. Allí donde ya han empezado a emerger partidos y figuras similares que combinan discurso antisistema, liderazgo personalista y políticas funcionales a los intereses dominantes.

Ausencia de elementos de freno y corrección 

La ausencia de un freno o corrección internos y externos efectivos ha permitido que estas dinámicas se profundicen. El tipo de relación que el resto del mundo mantiene con Estados Unidos también forma parte del problema por el vasallaje imperial.

La dependencia militar y monetaria, la legitimación acrítica de su liderazgo incluso cuando viola normas internacionales y el aceptar que Estados Unidos asuma la función de gran policía global reduce los costes externos de su deriva autoritaria y que las disfunciones que eso provoca internamente se acumulen sin ajuste.

El silencio –o, al menos, la falta de una respuesta suficientemente efectiva– tanto a nivel externo como interno ante la quiebra democrática e institucional que se viene produciendo no es casual. Es el resultado, por un lado, de un auténtico cálculo racional de los actores sociales más poderosos que necesitan y a quienes beneficia la desregulación extrema de los mercados, el dejar de gravar la riqueza, la liquidación de los derechos laborales o que se dé libertad a los monopolios. Y, por otro, de la inoperancia, debilidad y fracaso de las izquierdas de nuestro tiempo.

No es anomalía: hay manual de instrucciones

Trump no es un verso suelto que aparece en la vida política con partitura propia y en contra del ecosistema de poder en el que nace. Viene, por decirlo metafóricamente, con manual de instrucciones y –por muy relevante que sean su personalidad y singularidad– es, en realidad, el ejecutor de un proyecto estructurado. Basta leer el llamado Proyecto 2025 para comprobarlo.

Con ese documento, elaborado por cientos de especialistas y financiado por grandes empresas y bancos, se demuestra que vaciar la democracia desde dentro, convertir el Estado en instrumento de facción y hacer irreversible la concentración de poder no es una tarea improvisada que Trump haya emprendido por su cuenta, sino una estrategia consciente, premeditada y muy bien diseñada. Alrededor del 61 % de las más de 320 medidas propuestas ya se han puesto en marcha o están en proceso de ejecución. Eso significa que, si no estuviese Trump en el poder, otra persona podría ser quien hiciera su mismo trabajo de desmantelamiento de la democracia, liberalización extrema de los mercados y de apoyo y privilegio a los grandes grupos de poder.

Trump concentra la atención porque encarna de forma grotesca y provocadora procesos mucho más profundos que llevan décadas gestándose

Donald Trump no es el origen de la quiebra democrática que vivimos, sino su manifestación más visible y, hasta ahora, más extrema. Su figura concentra la atención porque encarna de forma grotesca y provocadora procesos mucho más profundos que llevan décadas gestándose. Por eso, centrar el debate exclusivamente en él resulta engañoso y puede ser que inútil.

Lo verdaderamente inquietante no es que Trump haya llegado al poder, sino que el entramado económico, institucional, mediático y geopolítico de nuestro tiempo no sólo lo tolere, sino que lo necesite. El llamado Proyecto 2025 demuestra que no estamos ante una deriva improvisada ni ante el capricho de un líder excéntrico, sino ante una estrategia consciente para vaciar la democracia desde dentro y hacer irreversible la concentración de poder.

La pregunta decisiva, por tanto, no es cómo impedir la presencia personal de Trump o de otras figuras similares, sino qué transformaciones profundas son necesarias para desactivar las condiciones que las hacen posibles. Porque mientras esas condiciones permanezcan intactas –desigualdad extrema, democracia formal vaciada, captura del poder económico, degradación del espacio público y silencio cómplice a escala interna e internacional– Trump no será una anomalía histórica. Será un precedente. 

Y los precedentes, cuando no se corrigen, se convierten en norma.

La entrada Donald Trump no es el (único) problema se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

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