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La Ley Tributaria Ómnibus es una medida de favor a las empresas que no contribuye en nada a combatir la elusión fiscal

Por: Carlos Sanchez

La ley fiscal ómnibus recientemente publicada es una medida que favorece a las empresas, que agotará los presupuestos públicos y frenará la lucha contra la evasión fiscal, afirma la EPSU, la Federación Europea de Sindicatos de Servicios Públicos. No aborda en absoluto el problema de la elusión fiscal.

Artículo de la EPSU (Federación Europea de Sindicatos del Sector Público)

La Comisión Europea publicó un nuevo paquete de simplificación fiscal el 24 de junio de 2026. El paquete incluye el nuevo «Omnibus Fiscal», que amplía las exenciones del impuesto de sociedades en toda la Unión Europea.
Este «Omnibus» se inscribe en la línea de la captura corporativa de la Comisión Europea, en un momento en el que la Comisión retrasa la publicación de la Ley de Empleos de Calidad y de la legislación destinada a mejorar los derechos de los trabajadores para hacer frente a los retos a los que se enfrentan hoy en día. No hace nada para abordar la elusión fiscal rampante. Establece una prioridad equivocada.
Entre sus medidas clave, la Directiva Ómnibus modifica varias directivas de la UE que regulan la tributación de los pagos transfronterizos de intereses, cánones y dividendos entre empresas. En el marco actual, las exenciones del impuesto de retención sobre estos pagos solo se aplicaban a las empresas que cumplían unos umbrales mínimos de participación accionarial, lo que servía como control básico de la relación entre las sociedades matrices y sus filiales. La propuesta de la Comisión elimina por completo esos umbrales, lo que significa que cualquier empresa de la UE podría beneficiarse de la exención, independientemente de lo débil que sea su vínculo con el pagador. En combinación con las lagunas jurídicas que permiten la elusión fiscal en la propuesta «EU Fraud Inc.» (28.º régimen), la actual Comisión está asestando un duro golpe a la lucha contra la planificación fiscal agresiva.
La Comisión también está ampliando un marco similar para evitar el pago de impuestos sobre los gastos en investigación y desarrollo (I+D) mediante modificaciones a la Directiva Contra la Elusión Fiscal. La propuesta establecería una nueva norma mínima común que eximiría a las empresas del pago de impuestos sobre los gastos en activos tangibles de I+D, como instalaciones y maquinaria. La propuesta, redactada de forma imprecisa, abre nuevas y fáciles oportunidades para los abogados y asesores fiscales.
La propuesta va aún más allá. Los Estados miembros ya no podrán recurrir a controles preventivos significativos, como los procedimientos de autorización previa, para verificar si las empresas tienen derecho a acogerse a estas exenciones. En su lugar, la idoneidad pasaría a depender en gran medida de la autodeclaración de las propias
empresas. Esto merma las posibilidades de que las autoridades públicas comprueben que las empresas pagan los impuestos que les corresponden al licitar para contratos públicos (financiados con fondos públicos), algo que los sindicatos han venido reclamando en la revisión de la Directiva sobre Contratación Pública.

La Comisión estima que solo la medida que exime a las empresas del impuesto de retención supondrá un ahorro para ellas de unos 5 300 millones de euros al año. Se trata de recortes fiscales directos, no de ahorros administrativos.

La EPSU rechaza el planteamiento de la Comisión. Esto no tiene nada que ver con la simplificación. Más bien, el «Omnibus fiscal» forma parte de un programa de desregulación más amplio que da prioridad sistemáticamente a los intereses de las empresas. En lugar de reforzar las salvaguardias contra la elusión fiscal, la Comisión está eliminando las protecciones existentes, ampliando las exenciones fiscales a las empresas y dificultando que las autoridades fiscales eviten los abusos.

No se trata de un caso aislado. Tal y como ha destacado recientemente la EPSU en relación con la propuesta de la Comisión sobre el «Régimen 28», la Comisión sigue impulsando medidas que facilitan los mecanismos de elusión fiscal.

Mientras los gobiernos de toda Europa recortan el gasto público, la Comisión opta por debilitar aún más la integridad fiscal de Europa. Se estima que la Unión Europea ya pierde entre 210 000 y 250 000 millones de euros al año debido a la elusión y la evasión fiscales transfronterizas (ajustadas a la inflación). En lugar de hacer frente a estas pérdidas, la Comisión está creando nuevas oportunidades para la planificación fiscal agresiva y concediendo miles de millones en exenciones fiscales adicionales a las empresas.

Cada euro exento del impuesto de sociedades es un euro que no se puede destinar a inversión, a las pensiones y a los servicios públicos. Esto supondrá una presión adicional sobre los servicios públicos, que ya se encuentran en dificultades tras años de
austeridad.

Antecedentes

La cifra estimada de entre 210 000 y 250 000 millones de euros perdidos a causa de la elusión fiscal se basa en un estudio del Parlamento Europeo y está ajustada a la evolución de la inflación, pero no al aumento de los beneficios. Las cifras originales
oscilaban entre 160 000 y 190 000 millones de euros al año. Las estimaciones incluyen la elusión fiscal de las empresas, la desviación de beneficios, la planificación fiscal agresiva y el aprovechamiento de las discrepancias entre los sistemas fiscales nacionales. La propuesta sobre las Sociedades «EU Inc.» de la Comisión Europea fomenta la búsqueda del régimen fiscal más favorable y permite.

La cifra real podría ser superior. Los beneficios empresariales y la concentración de la riqueza han aumentado, y los paraísos fiscales siguen siendo importantes. El Instituto Económico Polaco llegó a cifras similares y señaló que el impuesto sobre sociedades en los Estados miembros de la UE ha descendido en 8 puntos porcentuales (del 24 % al 16%). Según los datos de 2016, los países más afectados por las pérdidas debidas al traslado artificial de beneficios fueron Alemania (18 000 millones de euros), Francia (11 000 millones de euros) y el Reino Unido (14 000 millones de euros). Tal y como señala el instituto, el resultado es una pérdida de ingresos públicos.

Para poner estas cifras en contexto: se estima que el déficit anual de inversión social ronda los 210 000 millones de euros al año (ajustado a la inflación). Recuperar los ingresos que actualmente se pierden por la elusión fiscal podría financiar una parte muy importante de la inversión adicional necesaria en servicios públicos, sanidad, asistencia social, infraestructuras hidráulicas y adaptación al cambio climático en toda Europa.

Consulta aquí las propuestas de la EPSU para hacer frente a la elusión fiscal.

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La gran fuga de los tecnólogos libertarios: De Silicon Valley a los enclaves del Sur.

Por: Alberto Jimenez

Paco Cantero, Coordinador de ATTAC Madrid y Futuro Alternativo. Publicado originalmente para Público.

Hay un movimiento silencioso pero revelador que está reconfigurando el mapa geopolítico del siglo XXI. Los grandes barones tecnológicos de Silicon Valley, arquitectos de los sistemas de vigilancia digital más sofisticados de la historia, están abandonando progresivamente Estados Unidos en busca de territorios donde construir sus propias reglas, dictar sus propias leyes y quedar al margen de cualquier rendición de cuentas democrática. Roatán en Honduras y la Argentina de Milei son sus destinos más emblemáticos. España, mientras tanto, empieza a sentir en su propia piel las consecuencias de esta nueva diplomacia del poder, donde las embajadas operan como cuarteles generales de una oposición que mira más a Washington que a sus propios electores.

Próspera: la ciudad-estado que quiso comprar la soberanía hondureña

Ubicada en la isla de Roatán, Honduras, Próspera fue concebida como una ciudad-estado libertaria con estructura fiscal y regulatoria independiente, diseñada para atraer inversores tecnológicos y defensores del libre mercado. La ley de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) permitía crear enclaves con autonomía casi total en materia fiscal, regulatoria e incluso de seguridad pública, y el proyecto reunió más de 120 millones de dólares en capital de Silicon Valley.

El experimento chocó con una realidad que los libertarios tienden a subestimar: la soberanía popular. Cuando la presidenta Xiomara Castro derogó la ley que amparaba las ZEDE, Honduras Próspera Inc. presentó una demanda de más de 10.000 millones de dólares contra el gobierno hondureño, argumentando que tratados comerciales con Estados Unidos le garantizaban operar 50 años más. Una empresa privada amenazando con arruinar a un país por haber ejercido su soberanía constitucional: pocas imágenes ilustran mejor la lógica de este movimiento.

El vínculo entre Próspera y el expresidente Juan Orlando Hernández no es anecdótico: fue él quien aseguró las concesiones legales que hicieron posible la ZEDE durante su mandato. Hernández fue extraditado a Estados Unidos, juzgado y condenado en 2024 a 45 años de prisión por conspiración para traficar narcóticos y armas de fuego. Lo que ocurrió después constituye una de las interferencias electorales más descaradas de los últimos tiempos. El 28 de noviembre de 2025, solo dos días antes de las elecciones generales hondureñas, Trump anunció su indulto en redes sociales y mostró su apoyo explícito al candidato del partido de Hernández, amenazando además con cortar el financiamiento a Honduras si no ganaba el conservador afín. La lógica del chantaje aplicada a la democracia de un país soberano, con un narcotraficante confeso como moneda de cambio.

Argentina: cuando el experimento ocupa un país entero

Si Honduras fue el laboratorio de la ciudad-estado, Argentina bajo Javier Milei representa la versión a escala nacional del mismo proyecto. El símbolo más elocuente es la llegada de Peter Thiel, cofundador de PayPal y presidente de Palantir Technologies, a Buenos Aires. Thiel dejó sus residencias en Los Ángeles y Miami, trasladó a su familia e inscribió a sus hijos en una escuela local, consolidando una relación ideológica con el gobierno de Milei que ambos definen como el encuentro de dos anarcocapitalistas.

La paradoja es mayúscula. Thiel es cofundador de Palantir, la empresa de análisis de datos e inteligencia artificial que la CIA financió en sus inicios a través de su brazo inversor In-Q-Tel, concebida desde el primer día como herramienta de vigilancia estatal. En 2025, Palantir aseguró un contrato con el Ejército estadounidense de hasta 10.000 millones de dólares, consolidando su papel como pieza central del Estado de seguridad global. Que el creador de uno de los mayores instrumentos de vigilancia masiva del planeta busque refugio en una Argentina desregulada no carece de ironía. Varios analistas regionales especulan con posibles acuerdos de inteligencia entre Palantir y el gobierno de Milei, aunque ninguno ha sido confirmado públicamente.

El patrón que emerge merece una lectura más profunda. Los tecnólogos que construyeron los sistemas de rastreo de comunicaciones y perfilado ciudadano más poderosos de la historia parecen haber concluido que Estados Unidos ya no es un lugar seguro para ellos ni para su patrimonio. Cabe preguntarse si esa sensación no guarda relación directa con su propia obra: con los mecanismos de control que ayudaron a diseñar y que ahora temen que puedan volverse contra quienes los crearon en un contexto de creciente desigualdad y tensión social. ¿Son conscientes de que los sistemas de vigilancia masiva que contribuyeron a desarrollar pueden generar precisamente las revueltas sociales de las que intentan huir?

España en el punto de mira

El escenario que se dibuja en Latinoamérica tiene su correlato europeo, y España es el objetivo más visible. Las reuniones del nuevo embajador de la administración Trump con los líderes del bloque conservador (Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal), sumadas a sus declaraciones públicas en un desayuno informativo organizado por el Foro de Nueva Economía el 27 de mayo de 2026 en Madrid contra el Ejecutivo de coalición, superan los límites de la cortesía diplomática. Desde la izquierda parlamentaria se exigieron explicaciones sobre qué coordinaban los tres líderes de la oposición con la sede diplomática estadounidense en la misma semana, sugiriendo que los movimientos podrían responder a intereses ajenos a España.

Merece atención especial el papel de Isabel Díaz Ayuso. El 21 de mayo, la presidenta de la Comunidad de Madrid no acudió a la embajada como sus correligionarios: recibió al embajador en la Real Casa de Correos, su propia sede institucional, como si de un jefe de Estado se tratara. Esa inversión del protocolo es reveladora. Su participación en estos cónclaves evidencia una diplomacia paralela más interesada en sintonizar con el neoconservadurismo de Washington que en respetar los cauces de la política exterior española.

La pregunta que flota en el ambiente madrileño, entre irónica e inquietante, es inevitable: ¿Estarán negociando una “ZEDE” para Madrid? La broma tiene su lógica. Ayuso lleva años construyendo la Comunidad de Madrid como un enclave de baja fiscalidad y regulación diferenciada, cuya filosofía de fondo no dista tanto del modelo que los tecnólogos libertarios intentaron implantar en Roatán. Lo que en Honduras requirió una isla del Caribe, en Madrid se construye con bajadas de impuestos y una narrativa de excepcionalidad frente al gobierno central. La visita del embajador podría leerse, en clave sarcástica, como la visita del socio inversor.

Lo que antes se gestionaba a través de fundaciones y think tanks hoy se hace con el embajador marcando líneas rojas públicamente al gobierno de la cuarta economía de la Unión Europea. La historia de las injerencias estadounidenses en Europa no comienza con Trump, pero la actual administración ha eliminado la discreción que sus predecesoras mantenían como decoro mínimo. El patrón global es coherente: presión diplomática sobre gobiernos díscolos, instrumentalización de la justicia como palanca política, y financiación de experimentos de soberanía privada donde las reglas las escriben quienes tienen el capital. Lo que está en juego no es solo quién gobierna en Madrid, Buenos Aires o Tegucigalpa, sino si la soberanía democrática sigue teniendo algún significado en un mundo donde los más ricos pueden comprarse una jurisdicción a medida y contratar al embajador más conveniente.

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Imagina un mundo rico sin crecimiento

Por: Alberto Jimenez

El capitalismo actual necesita de la escasez, haciendo de ella algo intrínseco

Por Alberto Garzón Espinosa. Publicado originalmente para elDiario.es.

¿Te imaginas vivir en una sociedad en la que toda la población, a lo largo de todo el planeta, recibiera un ingreso anual de 60.000 euros? Esa cifra se corresponde con unos 5.000 euros al mes, lo que está algo por encima de la media actual en Norte América, pero muy por encima de los 290 euros de media del África subsahariana. Pues esa es la cifra que el recién publicado informe del Global Justice Report (GJR) considera viable para lograr combatir la desigualdad mundial y sus consecuencias y, al mismo tiempo, evitar el calentamiento global.

El informe ha sido elaborado por el equipo del economista Thomas Piketty, y merece un reconocimiento especial porque se esfuerza por demostrar que la lucha contra la desigualdad va necesariamente de la mano de la defensa del planeta que sostiene la vida. Esto es ir a contracorriente de una larga tradición que entiende que la lucha contra la desigualdad —así como la cuestión económica en general— es sólo posible mediante el crecimiento económico y a costa del medio natural; una forma de pensar que todavía invade la mayor parte del pensamiento económico progresista y, por supuesto, conservador.

La clave de bóveda del informe es, de hecho, la constatación de que la actividad económica conlleva necesariamente un consumo de recursos naturales y energía que genera impactos ecológicos, destacadamente el cambio climático. Así, la única manera de que en el año 2100 la temperatura promedio global se mantenga por debajo de los 2 °C respecto a la era preindustrial —y evitar así una catástrofe de costes impredecibles— es reducir desde hoy la actividad económica, esto es, el crecimiento económico. En este sentido, el informe comparte intuiciones centrales de la tradición del ‘decrecimiento’, aunque sus autores no asumen la etiqueta. Y aporta, además, matices de calado propios.

Para empezar, no se trata sólo de un reescalado hacia abajo de la actividad económica, como ocurriría con una crisis económica, una pandemia o una guerra. Lo que se defiende es una reorientación general del modelo de producción y consumo buscando una desmaterialización de la economía, lo que significa el crecimiento de sectores poco intensivos en consumo de materiales y energía, pero muy intensivos en proporcionar bienestar: por ejemplo, los sectores de educación y sanidad crecerían enormemente. Como señalaba el economista ecológico Herman Daly, es importante recordar que crecimiento y desarrollo no son lo mismo y que, mientras el primero se refiere al valor monetario de la producción, el segundo nos interpela sobre los servicios que nos proporcionan directamente bienestar o felicidad. El GJR se centra en las condiciones biofísicas y sociales que hacen viable el desarrollo del conjunto de la población mundial; nada más y nada menos.

En estas páginas hemos hablado a menudo del paradójico papel que juega la tecnología y la productividad bajo el sistema económico capitalista. El punto es que aunque las innovaciones permiten producir la misma cantidad de bienes en menos tiempo, bajo el capitalismo esta opción está clausurada. La razón es que la lógica del sistema obliga a todos los agentes a competir entre ellos y, en consecuencia, a recurrir a la tecnología no para producir lo mismo en menos tiempo, sino para producir más en el mismo tiempo. La opción liberadora —trabajar menos manteniendo el bienestar— queda así bloqueada. De este modo, durante dos siglos la productividad ha aumentado de forma extraordinaria, pero la mayor parte de ese incremento se ha traducido en más producción y consumo antes que en más tiempo libre. Solo la lucha del movimiento obrero logró compensarlo en parte, consiguiendo que una fracción de esas ganancias se destinara a reducir la jornada. El informe del GJR abunda en esta idea al plantear que las horas de trabajo deben ser reducidas desde la media actual de 2.100 horas por año hacia las 1.000 horas para 2100. Equivaldría, grosso modo, a jornadas de algo más de cuatro horas o a semanas laborales notablemente más cortas que las actuales.

La idea es desplazar el bienestar desde la acumulación de bienes materiales hacia el acceso universal a servicios, tiempo libre y seguridad económica

Una de las variables centrales que ajusta todo el modelo es precisamente la que llaman suficiencia, y que tiene que ver con el consumo. Con jornadas laborales mucho más reducidas y con un crecimiento de los sectores inmateriales como educación y sanidad, el consumo necesariamente tiene que basarse en un cambio de hábitos: una dieta más sostenible ecológicamente (con una reducción del 25% del consumo de carne a nivel mundial) e incluso con impuestos no lineales donde las primeras compras de un bien (como un vuelo) sean asequibles, pero no tanto las siguientes. Todas estas propuestas responden a una misma idea: desplazar el bienestar desde la acumulación de bienes materiales hacia el acceso universal a servicios, tiempo libre y seguridad económica. La suficiencia también implica una rápida y contundente transición energética para descarbonizar la economía, así como una reforestación que permita recuperar la masa de bosques que existía en 1900. Es decir, no hay un decrecimiento que pretenda volver a los parámetros de las sociedades preindustriales sino un aprovechamiento del conocimiento y tecnología acumulados para “saltar” hacia un nuevo modelo energético renovable.

Para que todo ello sea posible, el informe subraya la necesidad de combatir ferozmente la desigualdad de ingresos entre países (para permitir que los más pobres crezcan y puedan converger hacia un nivel de vida digno) así como dentro de cada país. No sólo por razones de índole moral sino también económica: de una fuerte imposición a los estratos más ricos sale el dinero necesario para comenzar el programa. El informe no apela a la creación monetaria, sino a la redistribución, ya que el gasto se financia al principio gravando a quienes más tienen. Luego, en cambio, se crea un fondo común (de todos los países) que invierte en las empresas sostenibles para obtener la financiación necesaria: una idea con ecos de las propuestas socialdemócratas radicales. En todo caso, esta transferencia de renta y riqueza desde los estratos altos hacia la base de la sociedad explica por qué en el modelo se compatibiliza el crecimiento económico casi cero de los países más ricos con el hecho de que la mayoría de su población pueda mejorar considerablemente tanto sus ingresos como su bienestar. De la misma forma que actualmente el crecimiento económico no “llega” a una gran parte de la población, la ausencia de crecimiento agregado es compatible con la mejora del bienestar individual de la mayoría.

Aunque el informe contiene mucha más información y datos, es importante quedarse con la imagen general: es posible imaginar un mundo donde toda la población tiene unos mínimos de vida muy razonables (sanidad, educación, tiempo libre), donde el bienestar no depende del crecimiento económico ni de un consumo ilimitado de recursos naturales, y donde la desigualdad ha sido drásticamente reducida como consecuencia de una gran ofensiva contra las élites económicas. Gracias a eso, los parámetros del Sistema-Tierra pueden mantenerse dentro de unos márgenes que, sin estar exentos de riesgo, evitan los puntos de no retorno. Suena radical, y en cierto sentido lo es (lo que no es malo, porque supone ir a la raíz del problema), pero cualquier otra alternativa —como seguir como hasta ahora— supondría adentrarse en un terreno muy oscuro para la civilización humana y para la vida en general.

Frente a ese terreno oscuro, el informe del GJR se inscribe en la tradición utópica, pero en su connotación positiva: aquella que, como en News from Nowhere de William Morris, hizo soñar a la población con mundos deseables y la activó políticamente. La principal virtud de aquellas utopías clásicas, desde Moro hasta las esbozadas por Marx, es el deseo de proyectar en el futuro horizontes deseables que, en el presente, debían empezar a construirse. Necesitamos estas guías utópicas porque dibujan el perímetro de lo que es posible, y trazan un camino que, aunque no esté perfectamente definido —nunca lo estará—, es ya claramente la senda que tenemos que recorrer.

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El impuesto que aterroriza a los multimillonarios no está para quitarles dinero: está para que lo cuenten

Por: Alberto Jimenez

Publicado originalmente por Enrique Dans.

California acaba de poner sobre la mesa una discusión que muchas democracias llevan demasiado tiempo aplazando. La propuesta, que podrá ya ser incluida en la papeleta electoral de noviembre de 2026 según la Secretaría de Estado de California, plantea un impuesto extraordinario, de una sola vez, de hasta el 5% sobre patrimonios superiores a mil millones de dólares, con el 90% de la recaudación destinado a sanidad y el 10% a educación y alimentación.

El texto registrado ante la oficina del fiscal general no habla de expropiar empresas ni de castigar a nadie: habla de financiar servicios básicos en una sociedad capaz de generar fortunas inmensas mientras se deterioran sus infraestructuras esenciales.

La reacción de algunos nombres conocidos de Silicon Valley ha sido la previsible: hablar de fuga de capitales, de destrucción del ecosistema emprendedor y de pérdida de incentivos. Es el argumento habitual: si se pide a quienes más se han beneficiado de un entorno económico, jurídico, educativo, científico y de infraestructura que contribuyan de manera proporcional, supuestamente la innovación se detendrá. Pero la tesis tiene mucho de chantaje y de absurdo conceptual: nadie deja de fundar una empresa que puede valer miles de millones porque, en el hipotético caso de acabar acumulando más de mil millones de patrimonio personal, tenga que pagar una contribución extraordinaria. Las empresas se crean por ambición, oportunidad, tecnología, talento, capital, redes, mercados e instituciones. Confundir eso con el privilegio de no tributar es manipular el debate.

El problema de fondo es que el sistema fiscal grava nóminas, consumo y rentas ordinarias, pero sigue tratando la riqueza extrema como una abstracción contable. Un trabajador cobra, declara y paga. Una pequeña empresa obtiene beneficios y paga. Pero el multimillonario típico puede vivir con pocos «ingresos» fiscales: acumula plusvalías no realizadas, utiliza acciones como colateral, se endeuda contra su patrimonio, reorganiza activos en sociedades, trusts y fundaciones, y retrasa indefinidamente el momento en que el fisco puede considerar que existe algo gravable. ProPublica lo documentó en su investigación sobre cómo los más ricos de Estados Unidos evitan pagar impuestos sobre la renta, y lo resumió después en su lista de técnicas de elusión fiscal utilizadas por multimillonarios.

La excusa de que «no tienen ingresos» es precisamente la razón para hablar de riqueza. No es una objeción técnica: es la descripción del agujero. Si alguien controla decenas o cientos de miles de millones en activos, puede influir en mercados, financiar campañas, condicionar regulaciones y transmitir poder económico a la siguiente generación. Pero si aparece fiscalmente como alguien con ingresos modestos, el problema no es la ausencia de renta imponible: el problema es un sistema diseñado para mirar hacia otro lado cuando la riqueza adopta formas que no encajan en sus categorías tradicionales.

La investigación académica lleva años señalando esa disfunción. Emmanuel Saez y Gabriel Zucman explicaron en su trabajo sobre tributación progresiva de la riqueza que un impuesto bien diseñado sobre el patrimonio puede restaurar progresividad allí donde el impuesto sobre la renta deja de funcionar: en la cúspide, donde la riqueza crece mucho más rápido que la renta declarada. Un estudio reciente del NBER sobre los cuatrocientos hogares más ricos de Estados Unidos concluyó que su tipo efectivo total era inferior al de la población en su conjunto, porque sus ingresos imponibles son pequeños en relación con su renta económica real.

La desigualdad extrema no es una cuestión estética ni una invitación a practicar la envidia: es un problema institucional de primera magnitud. La OCDE lo plantea en su análisis sobre desigualdad de ingresos y riqueza: desigualdad de resultados y de oportunidades se refuerzan mutuamente. Cuando una sociedad permite que la acumulación patrimonial extrema crezca sin fricción fiscal, no premia únicamente el mérito: consolida ventajas, compra influencia y cierra puertas.

El argumento de la fuga de ricos merece menos histeria. Sí, algunos pueden cambiar residencia fiscal o reorganizar activos. Lo hacen ya, con impuestos altos, bajos o inexistentes. Pero la evidencia es más matizada que el relato apocalíptico: el estudio de Cristobal Young y sus coautores sobre migración de millonarios y tributación de élites encontró que esa fuga existe, pero en márgenes estadística y socialmente limitados.

Silicon Valley no surgió en un desierto institucional: surgió sobre universidades, investigación pública, contratos gubernamentales, inmigración cualificada, infraestructuras, capital riesgo, protección jurídica y mercados regulados. Todo eso cuesta dinero. Todo eso es sociedad. Todo eso es Estado.

La verdadera confiscación no es pedir una contribución extraordinaria a quien supera los mil millones de dólares de patrimonio. Confiscatorio es permitir que escuelas, hospitales y programas públicos se deterioren mientras una élite minúscula convierte la ingeniería fiscal en ventaja competitiva. Los multimillonarios seguirán creando empresas, invirtiendo y ganando muchísimo dinero. El incentivo seguirá siendo gigantesco. Lo que este impuesto establece es otra cosa: que la riqueza extrema no debe estar por encima de la democracia.

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Radiografía de la minería metálica como fenómeno económico y geopolítico global

Por: Alberto Jimenez

Por Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate, publicado originalmente para alai.

Nadie pone en duda la relevancia económica, política y ecosocial de la minería metálica, convertida en uno de los principales fenómenos de disputa global.

Cada automóvil eléctrico precisa de 8 kilogramos de litio, 35 de níquel, 20 de manganeso y 14 de cobalto. Las baterías de almacenamiento de energía –claves para el desarrollo de la economía verde en su conjunto– necesitan también los cuatro metales antes citados, además de grafito, vanadio, cobre y aluminio.

Por su parte, los circuitos integrados y semiconductores, engranaje indispensable para el impulso de la digitalización –inteligencia artificial, centros de datos, redes 5G y 6G, cables interoceánicos, etc. –, verían limitada su expansión sin el silicio y otros minerales. A su vez, la amplísima gama de dispositivos electrónicos alimentados por chips, como por ejemplo los teléfonos inteligentes, requieren oro, aluminio, litio, cobre, zinc, níquel, plata, tierras raras, etc.

Por último, la industria militar utiliza ingentes cantidades de niobio, magnesio, titanio, renio, molibdeno, tungsteno y uranio para la producción de armamento, negocio al alza tras la escalada promovida por la OTAN desde su Cumbre de Madrid en 2022. Tal es así que el horizonte estipulado para 2035 aspira a situar la inversión en defensa y seguridad en el 5% del PIB.

En resumen: energía, economía verde, digitalización y complejo industrial-militar, buques insignia junto a las finanzas del capitalismo verde oliva y digital hoy en boga –agenda oficial que apunta a la resolución de la crisis sistémica vigente mediante alianzas público-privadas e inversiones masivas en dichos sectores económicos–, dependen de manera estrecha y directa de una serie de minerales fundamentales y/o críticos.

Específicamente las tierras raras –por sus altas propiedades magnéticas, ópticas, luminiscentes y electroquímicas–, ciertos minerales transversales o multiusos (cobre, aluminio, manganeso), así como los principales metales concentrados para baterías (litio, níquel, cobalto y grafito).

De manera complementaria, el resurgir del oro y la plata como depósito de valor –en un contexto de crisis, incertidumbre y vulnerabilidad monetario-financiera– refuerza la dinámica de expansión planetaria de la frontera extractiva vinculada a la minería metálica.

¿Cuál es la escala real de esta ofensiva? ¿Qué rol juega la minería metálica en el caos geopolítico actual? ¿A qué procesos vinculados a ésta debemos prestar especial atención?

Un análisis económico y geopolítico: entre las expectativas corporativas y el caos global

En los últimos años se han disparado las expectativas de crecimiento de la demanda global de metales. Múltiples informes publicados por diferentes estamentos oficiales y académicos concuerdan en señalar tanto su aumento exponencial como la creciente disputa por el acceso a estos recursos finitos.

El Banco Mundial apuntaba en 2020 la cifra de 3,000 millones de toneladas de minerales necesarias únicamente para el despegue de la energía eólica, solar y geotérmica, así como para su almacenamiento. La Agencia Internacional de la Energía, por su parte, sostenía en 2021 que la demanda de materiales para las tecnologías limpias debería cuadriplicarse entre 2020 y 2024.

Estas expectativas, no obstante, se derivaban de un hipotético horizonte de crecimiento sostenido y generalizado, premisa fallida y contraria a una realidad económica marcada por la tríada estancamiento económico-sobrecapacidad productiva-financiarización.

En resumidas cuentas, la tarta del crecimiento mundial se ha estancado en su expansión –aún en términos relativos y de manera asimétrica–, siendo un magro 2.4% la media esperada para la presente década; los ingentes capitales en liza compiten denodadamente por asegurarse un trozo de esa tarta menguante, alimentando guerras de precios que concluyen en un “juego de suma cero”, donde muchos pierden por falta de rentabilidad y muy pocos ganan; por último, la naturaleza financiarizada de la matriz económica actual –la deuda global alcanzó los 315 billones en 2025, el 333% del PIB mundial– abona horizontes de posibles estallidos financieros y bancarios como los de 2008 y 2023 –no se descarta a medio plazo la explosión de la burbuja de la IA–, retrayendo dinámicas de inversión en la economía real.

En consecuencia, la demanda de metales está en expansión, pero lejos de las desorbitadas expectativas anunciadas. La inversión verde se elevó hasta los 2.2 billones en 2025, la verde oliva los 2,7 billones, mientras la inversión esperada en IA parece catapultarse hasta los 2,6 billones. Cifras más que notables, sin duda, pero incapaces hasta el momento de revertir el estancamiento general ni de superar la sobrecapacidad –por ejemplo, China acapara sólo 1/3 de la inversión verde–, por lo que la necesidad de suministros se torna significativa, pero no tan exponencial como pareciera.

Por tanto, la frontera extractiva vinculada a la minería metálica sigue ampliándose –el volumen del sector ya se duplicó entre 2017 y 2022–, fruto tanto de la demanda verde oliva y digital como de su consideración como depósito prioritario de valor, pero en un contexto de crisis, problemas de rentabilidad corporativa e incertidumbre.

Un contexto económico que, en todo caso, no desactiva sino que intensifica un marco geopolítico definido por el caos y la violencia, y en la que la disputa minera juega un rol clave.

En este sentido, el orden internacional consolidado tras la segunda guerra mundial está siendo desmantelado por su propio impulsor –Estados Unidos–, al constatar que China se ha convertido de facto en el nuevo hegemón económico, liderando rubros estratégicos –automóvil eléctrico, bombas de calor, paneles solares, energía eólica, redes 5G y 6G– y, como después analizaremos, la estratégica extracción y transformación de metales. El multilateralismo y las reglas generales saltan en consecuencia por los aires, y se imponen las dinámicas de guerra económica y militar como vía para solucionar conflictos y garantizar las propias dinámicas de acumulación frente a la hegemonía china.

Esta guerra se sustancia, más allá de la creación de zonas de seguridad e influencia para cada bloque regional, en la disputa en torno a tres ámbitos clave para el control de las principales cadenas globales de valor: los sectores punta verde oliva y digitales aún en competencia, específicamente la inteligencia artificial generativa y los semiconductores; las rutas comerciales, de manera especial Oriente Medio como pivote de Eurasia, así como Groenlandia dentro de la hipotética ruta a través del Ártico; y, por supuesto, los suministros como base de la pirámide de acumulación, dentro de los cuales destaca la energía fósil y, de manera  creciente, la minería metálica.

Figura 1: Puntos calientes de la geopolítica de la energía y los materiales

Fuente: elaborado por Alai

Y la principal seña de identidad del sector minero-metálico es el evidente liderazgo de China tanto en la extracción como sobre todo en la transformación, a partir de planes, negocios y acuerdos estratégicos impulsados desde hace décadas.

En la actualidad, China extrae el 70% de las tierras raras –controlando el 90% de su refino y procesamiento–, produce el 56% del litio, gestiona el 50% de la transformación del cobalto –garantizando su acceso mediante acuerdos con República Democrática del Congo–, maneja el 60% del grafito, genera el 10% del cobre y refina el 50% del níquel, por poner sólo algunos de los ejemplos más significativos.

Esta posición de poder le permite no sólo alimentar sus cadenas globales de valor, sino también responder a las dinámicas de guerra económica lanzadas por Estados Unidos y sus aliados. Por ejemplo, la guerra arancelaria lanzada en 2025 por Trump, que pretendía incrementar los aranceles a productos chinos hasta un 145%, fue revertida y anulada por las restricciones chinas a la exportación de tierras raras para las corporaciones de defensa y automoción norteamericanas.

Estas estrategias de guerra económica, no obstante, se siguen impulsando dentro de una amplia batería de agresivas medidas impulsadas por un Occidente vulnerable y dependiente de suministros externos: ampliación de la frontera minera en sus propios territorios, bajo la premisa de garantizar la “autosuficiencia estratégica”; desarrollo de normativas proteccionistas y de exclusión de facto de suministros chinos; firma febril de tratados de comercio y acuerdos de materiales críticos y/o estratégicos, así como de proyectos internacionales de inversión como el Global Gateway europeo, o el proyecto Bóveda de Estados Unidos para el control de las tierras raras; impulso de estrategias imperiales, como la recuperación explícita de la Doctrina Monroe para América Latina por parte de Estados Unidos, en un intento por apropiarse de sus bienes naturales; y, por supuesto, agresiones militares directas como vía de expropiación y despojo sobre los mismos, tanto por su vertiente fósil como minera.

En conclusión, la minería metálica, aún lejos de las cebadas expectativas de crecimiento de su demanda, consolida su tendencia expansiva, y se convierte en uno de los principales ejes de la disputa económica y geopolítica en ciernes, acrecentando el caos vigente.

Principales alertas en torno al fenómeno minero-metálico

Concluimos el artículo alertando sobre tres de los procesos más significativos y peligrosos derivados de este fenómeno global.

Destacamos en primer lugar la proliferación de megaproyectos mineros, tanto en los países periféricos como centrales, impulsados por empresas transnacionales y protegidos por sus alianzas institucionales. La minería supone una tipología de megaproyectos especialmente nociva –máxime en el marco de impunidad corporativa que impera en muchos territorios–, generadora de grandes desastres ecológicos, criminalización, violencia, autoritarismo, división social y devastación económica. El marco para el crecimiento exponencial de la conflictividad social, por tanto, está servido, en un contexto no sólo de desregulación sino de destrucción de derechos.

En segundo término, asistimos con preocupación al fortalecimiento de un contexto geopolítico de imperialismo, colonialismo, dependencia y reprimarización, al que la disputa minera contribuye notablemente. Por un lado, corporaciones y estados centrales utilizan todos sus dispositivos económicos, diplomáticos y militares para apropiarse de los recursos que necesitan sus cadenas de valor, sin rubor alguno. Por el otro, gobiernos y élites de países periféricos se abonan crecientemente al extractivismo como vía de inserción internacional. El sector metálico, en consecuencia, contribuye a la consolidación de agendas violentas y de desestructuración política y social.

Por último, es especialmente grave el vínculo directo y creciente entre la minería metálica y el avance del régimen de guerra. Como ya hemos señalado previamente, son sobre todo las inversiones digitales y armamentísticas las que definen el horizonte económico y geopolítico actual, especialmente en la conexión entre inteligencia artificial y el complejo militar y securitario.

Si la guerra económica no ha dado para Occidente los resultados esperados, es la guerra pura y dura donde Estados Unidos y sus aliados sitúan ahora el desesperado intento tanto por fomentar la acumulación de capital de sus corporaciones, como la herramienta principal para sostener su posición internacional, a partir de su aparente primacía tecnológica en el vínculo entre belicismo e IA. Las nuevas herramientas militares utilizadas en Gaza, Venezuela e Irán evidencian esta apuesta estratégica, fortaleciendo la lógica de bloque público-privado entre estados y grandes tecnológicas como Palantir.

Esta agenda bélico-digital en ascenso, centrada en el desmantelamiento del Estado social, el control social masivo y del desarrollo armamentístico de última generación sería imposible sin la minería metálica, por lo ya expuesto en la introducción.

Por tanto, el extractivismo minero supone hoy un fenómeno global de primer orden, modelador del caos geopolítico vigente y del régimen de guerra en expansión. Es fundamental acelerar la movilización popular contra su avance, la regulación democrática de su uso, así como el impulso de una agenda minera propia por parte de pueblos y movimientos sociales en pos de una transición ecosocial justa.

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El fin de la hiperglobalización, el resurgimiento del imperialismo y las perspectivas de una transformación genuina

Por: Nuria

Imagen: Reproducción pintura de Banksy

Profesora emérita Jane Kelsey, Universidad de Auckland, Aotearoa (Nueva Zelanda)*

Mesa redonda principal: «El Derecho internacional en un orden mundial fracturado», Conferencia de Derecho Internacional de Bogazici, Estambul, 13 de junio de 2026

Parece que últimamente está de moda empezar citando a Antonio Gramsci: «Nos encontramos en un interregno: lo viejo muere, lo nuevo aún no ha nacido, y estamos rodeados de síntomas mórbidos». Lo «viejo» es el orden internacional «basado en normas» que ha prevalecido desde la Segunda Guerra Mundial, o en el régimen comercial internacional, desde la década de 1980. Su desmoronamiento se atribuye, según quién, al auge del nacionalismo económico, a las rivalidades entre grandes potencias y a las políticas populistas que han propiciado gobiernos autoritarios.

Pero con demasiada frecuencia esos comentaristas olvidan que Gramsci fue un comunista encarcelado por el régimen fascista de Mussolini y que describió la crisis hegemónica a la que se enfrentaban la clase dominante italiana y su sistema de gobierno en la década de 1920. Los síntomas mórbidos que observó —autoritarismo, extremismo político y desintegración social— eran producto de una lucha política en torno a las relaciones materiales y sociales, entendida desde la perspectiva del materialismo histórico. A nivel internacional, a ello se sumaban la brutalidad y el nihilismo de la colonización y el imperialismo, que quedaban fuera del foco inmediato de Gramsci.

Si lo trasladamos a la actualidad, los mismos síntomas mórbidos del autoritarismo, el extremismo político y la desintegración social deben entenderse como productos del capitalismo hiperglobalizado que ha prevalecido desde la década de 1980. Y las profundas disparidades entre quienes dictan las normas y quienes las acatan en el régimen internacional de comercio e inversión se asientan en su legado colonial, al que se suman nuevas formas de militarización e imperialismo.

La versión anémica y popular de Gramsci evita tener que abordar las desigualdades de la hiperglobalización y el capitalismo financiarizado, y reajustar en consecuencia las reglas del juego a nivel mundial.

Tomemos como ejemplo el tan celebrado discurso que el primer ministro canadiense y antiguo gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, pronunció en el Foro Económico Mundial el pasado mes de enero. Carney reconoció que el actual «sistema internacional basado en normas» fue diseñado por y para los Estados poderosos, principalmente Estados Unidos, con el fin de servir a sus intereses. Canadá y las potencias medias se conformaban con «vivir en esa mentira» porque les resultaba beneficioso.

Ahora que esa ficción ha quedado al descubierto, la solución que propone Carney pasa por «gestionar los riesgos» y construir un mundo más cooperativo y resiliente. Él y otros líderes de potencias medias se han propuesto restablecer el equilibrio del sistema basado en normas que se está desmoronando y del que han llegado a depender, desarrollando una multiplicidad de relaciones nuevas y más diversas que reduzcan su dependencia de la antigua potencia hegemónica, Estados Unidos. En otras palabras, trasvasar el viejo vino neoliberal a botellas nuevas. Al mismo tiempo, se esfuerzan por mantener el equilibrio geoestratégico separando su dependencia comercial de China de las alianzas de defensa y seguridad con Estados Unidos, para evitar tener que tomar partido.

Los especialistas en política comercial reconocerán esto como la «teoría de la bicicleta tambaleante». Cuando el sistema del que depende tu economía corre el riesgo de derrumbarse, y las soluciones auténticas requerirían un reajuste masivo del poder público y privado, pedaleas más rápido en la misma dirección para mantener la bicicleta en pie, acompañado por tantos compañeros de viaje como sea posible. Incluso si esa dirección te lleva al precipicio.

No hay necesidad, ni espacio, para analizar críticamente por qué el sistema está roto, y mucho menos para replantearse el paradigma. Como fieles ciudadanos de la OMC, están ocupados ampliando sus «normas» a través de acuerdos de libre comercio (ALC) bilaterales y regionales, cada vez más en sectores como el digital, los «relacionados con el medio ambiente» y los minerales críticos.

Mi propio país, Aotearoa Nueva Zelanda, es el ejemplo perfecto de esta miopía. Parece que cada dos meses se lanzan a negociar un nuevo acuerdo de alcance limitado con un grupo de países afines, sin otro objetivo claro que el de dar la impresión de que se está avanzando. Como me dijo recientemente un funcionario de comercio: «Nueva Zelanda será el último país en apagar la luz del sistema actual». Su agenda de «reformas» busca apaciguar a EE. UU. y rescatar a la OMC y su sistema basado en normas, ignorando de manera pragmática las partes ahora inconvenientes del reglamento que pretenden defender. No hay debate, y mucho menos respuesta, sobre el dilema de que nuestra economía nacional, dependiente de las exportaciones, se apoya en China como su principal mercado, mientras busca apaciguar a EE. UU. y mantener una relación asimétrica en materia de estrategia, defensa e inteligencia.

Para algunos de nosotros, el colapso del «sistema basado en normas» no es ninguna sorpresa. Llevamos mucho tiempo defendiendo que es intrínsecamente insostenible. A lo largo de cuatro décadas, el «libre comercio» ha agravado las desigualdades dentro de las naciones y entre ellas, y ha propiciado una forma inestable de capitalismo financiarizado. Las normas de nueva generación sobre el comercio electrónico y el comercio digital han empoderado a oligarcas irresponsables y sin límites para que ejerzan un control económico, político y militar casi sin restricciones sobre los datos, las tecnologías digitales, las plataformas y la IA.

Ahora vivimos en un mundo que, literalmente, se está consumiendo a sí mismo y generando una catástrofe climática existencial. Las soluciones a esto, según nos dicen, residen en extraer tierras raras y minerales críticos de la tierra y el mar, repitiendo la explotación colonial de Estados ricos en recursos, pero económicamente empobrecidos. La última tendencia en los acuerdos sobre minerales críticos, diseñados para abastecer de materias primas a EE. UU. y excluir a China de las cadenas de suministro, y los denominados acuerdos de economía verde que promueven los créditos de carbono negociables y la captura, utilización y almacenamiento de carbono (CCU), evitan cuidadosamente cualquier compromiso que socave la producción emisora de carbono de la que depende el capitalismo contemporáneo.

El colapso de la OMC

Permítanme analizar un síntoma mórbido específico. La OMC se creó en 1995 para impulsar el paradigma de la hiperglobalización. Como admite Carney, las normas comerciales vigentes en materia de agricultura, bienes, servicios financieros y de otro tipo, y derechos de propiedad intelectual estaban sesgadas a favor de EE.UU., la UE y sus empresas y mercados. Los países en desarrollo aceptaron los resultados asimétricos de la Ronda Uruguay —los Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (MIC), el Acuerdo sobre la Agricultura y el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) — con la promesa de un futuro reequilibrio que reflejara el acervo de la OMC en materia de desarrollo. Se les dijo que la ronda multilateral de Doha, iniciada en 2001, abordaría las cuestiones pendientes en materia de desarrollo. Pero la ronda quedó efectivamente descartada cuando los Estados poderosos retiraron su apoyo en la conferencia ministerial de Nairobi de 2015. 

Durante la última década, los responsables de la elaboración de normas, encabezados por Estados Unidos, han trabajado sistemáticamente para remodelar la OMC con el fin de que se adapte a sus nuevas prioridades; en la práctica, han llevado a cabo un golpe de estado que les permite eludir sus propias reglas. Este proceso comenzó mucho antes de la llegada de Trump. Estados Unidos empezó a bloquear los nombramientos para el Órgano de Apelación de la OMC hace más de una década, y este se encuentra paralizado desde 2019. Recientemente, han vetado nuevos nombramientos por 91.ª vez.

En la Reunión Ministerial de Buenos Aires de 2017, algunos grupos de miembros de la OMC anunciaron planes para negociar acuerdos plurilaterales sobre sus temas prioritarios, sin un mandato, pero con el apoyo de la Secretaría. La nueva directora general, la Dra. Ngozi Konjo-Iweala, ha defendido con entusiasmo lo que ella denomina «reforma mediante la acción», al margen de las normas de la OMC. Irónicamente, la India y Sudáfrica han sido tachadas de «obstaculizadoras» por insistir en que los Miembros cumplan el Acuerdo de Marrakech y cumplan los mandatos existentes.

La agenda de reformas llegó a su punto álgido en la 14.ª Conferencia Ministerial celebrada en Yaundé (Camerún) en marzo. He sido testigo de muchas conferencias ministeriales fallidas. Pero la manipulación y los juegos de poder que se vivieron aquí no se parecían a nada visto antes. El programa de la CM14 reflejaba dos documentos radicales, y en gran medida complementarios, presentados por EE.UU. y la UE. En lugar de abandonar la organización, EE. UU. expuso sus exigencias fundamentales. La UE se hizo eco en gran medida de ellas. Su objetivo común era diluir la primacía del multilateralismo y normalizar la negociación de acuerdos plurilaterales entre miembros autoseleccionados, que pueden elegir a su antojo los temas que les convienen y a los que atribuyen la etiqueta de «relacionados con el comercio». Las disputas geopolíticas podrían trasladarse a través de acuerdos plurilaterales rivales sobre el mismo tema, presionando a los países en desarrollo a tomar partido. Las prioridades de los países en desarrollo quedarían aún más relegadas.

En la agenda de la 14.ª Conferencia Ministerial (MC14) figuraban tres reformas principales: en primer lugar, la «toma de decisiones», para redefinir y diluir el consenso; en segundo lugar, el «desarrollo y la industrialización», para vincular el nivel de desarrollo a criterios limitados y redefinir el trato especial y diferenciado de modo que suponga más tiempo para adoptar las normas de los países ricos;  y la «igualdad de condiciones», que se centraba en las prácticas no basadas en el mercado y las empresas estatales de China, al tiempo que ignoraba las evidentes asimetrías a favor del Norte global.

Estos temas se habían seleccionado cuidadosamente a lo largo del año anterior mediante consultas selectivas llevadas a cabo por un «facilitador de la reforma» elegido a dedo, el embajador de Noruega, y supervisadas por la directora general Ngozi. El restablecimiento de un sistema de solución de diferencias que funcionara se pospuso hasta un momento más oportuno.

Las potencias medias «amigas del sistema» parecían dispuestas a respaldar cualquier compromiso que fuera necesario para mantener a EE.UU. dentro de la OMC y preservar esta organización de alguna forma. Es significativo que China también estuviera dispuesta a facilitar estas medidas, salvo en lo que respecta a la «igualdad de condiciones».

La normalización del plurilateralismo está a la vanguardia del golpe. Desde Buenos Aires en 2017, varios grupos disidentes de Miembros que operan sin mandato han concluido varias «Iniciativas de Declaraciones Conjuntas» o JSI. Pero se enfrentan a un obstáculo importante: el Acuerdo de Marrakech establece que los acuerdos plurilaterales deben adoptarse por consenso en el Consejo General o en la Conferencia Ministerial.

El Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico intentó alcanzar un consenso, pero fracasó. Así pues, 66 de los 91 signatarios originales se limitaron a declarar en la 14.ª Reunión del Consejo Ministerial que adoptaban lo que seguían describiendo como un acuerdo de la OMC. Muchos signatarios se autoproclamaban «amigos del sistema», al igual que China. El nuevo acuerdo sería administrado por la Secretaría de la OMC y el Director General, quienes carecen de autoridad para hacerlo. Esto fue rápidamente aclamado como un precedente para los «acuerdos provisionales» promovidos por EE. UU.

La agenda de «reformas» ha vuelto ahora a Ginebra. Estados Unidos insiste en que la OMC debe ser «reestructurada» para «dar prioridad y proteger los intereses nacionales, garantizando al mismo tiempo el equilibrio y la equidad», al tiempo que se mantienen los buenos acuerdos sobre servicios y propiedad intelectual. Al mismo tiempo, el embajador brasileño, que ahora preside el Órgano de Solución de Diferencias y se espera que sea el próximo presidente del Consejo General, ha señalado sus planes de reanudar las conversaciones sobre las reformas del órgano de solución de diferencias.

¿En qué situación quedan los países del Sur global? En las islas del Pacífico y en África escucho constantemente quejas por la falta de capacidad para añadir valor a sus recursos y la transferencia de tecnología, por unas normas comerciales que impiden exigir el procesamiento local y por el déficit digital. La crisis climática y las recientes pandemias suponen una amenaza existencial para toda su población, sus economías basadas en materias primas y servicios, su soberanía alimentaria y su propia supervivencia.

Entonces, ¿sería el colapso de esas «reglas» algo malo para ellos? Se enfrentan a una elección casi imposible. ¿Luchan en una batalla cuesta arriba para mantener un régimen internacional de normas comerciales cuyas asimetrías nacieron de la colonización y se han afianzado a través de sucesivas maniobras de poder? ¿Abandonan la OMC y buscan alternativas? Si es así, ¿cómo serían esas alternativas en un espacio internacional donde se está legitimando el poder bruto, incluyendo la invasión militar y el sabotaje económico? ¿Podrán siquiera ponerse de acuerdo cuando la solidaridad entre ellos se ha visto gravemente fracturada por los acuerdos de sus capitales con la administración Trump? ¿Ofrecen alianzas como el BRICS alternativas reales cuando China, India, Brasil, Sudáfrica y Rusia adoptan posiciones contradictorias?

Alianzas fracturadas

Esto me lleva a mi segundo síntoma preocupante. Si bien Estados Unidos siempre ha cumplido de forma selectiva con las normas comerciales internacionales, la Administración Trump ha hecho añicos cualquier pretensión de cumplimiento. El uso de los aranceles como arma, impulsado por motivos económicos, políticos, geoestratégicos y personales, ha sido unilateral, arbitrario y errático. Sin embargo, Estados Unidos sí cuenta con una estrategia sistemática, establecida en la Estrategia de Seguridad Nacional, la Agenda de Política Comercial y otros documentos normativos detallados.

Esta estrategia se ha puesto en práctica, en parte, a través de «acuerdos comerciales recíprocos» (RTA) vinculantes y exigibles, actualmente con nueve países en desarrollo y de renta media, que son «recíprocos» solo de nombre, y de «acuerdos marco» con nueve actores principales, entre ellos Japón, la UE, el Reino Unido, Suiza, Corea del Sur y, de forma inminente, la India, que no son vinculantes, pero están sujetos a cancelación por parte de Estados Unidos. Estos textos incorporan disposiciones que EE. UU. ha perfeccionado en los TLC a lo largo de varias décadas en materia de tecnología digital, empresas estatales, contratación pública, trabajo y medio ambiente, así como una excepción de seguridad de aplicación discrecional.

Los Acuerdos Comerciales Regionales (ART) van más allá, como instrumentos del imperialismo contemporáneo. Empezando por Camboya y Malasia, países que tenían escasa capacidad de negociación cedieron de hecho su autonomía soberana a EE. UU. en materia de políticas cruciales de asuntos exteriores y defensa, prioridades y decisiones de inversión, así como en las cadenas de suministro de minería y minerales, las normas alimentarias y los OMG, las infraestructuras como los puertos, y el control de los datos y la fiscalidad y regulación del ámbito digital. EE. UU. puede rescindir de hecho estos acuerdos a su antojo, junto con las limitadas concesiones arancelarias.  Estos acuerdos, negociados en secreto, ya han generado malestar interno entre productores locales, consumidores, sindicatos y parlamentarios.

La nueva prioridad de Estados Unidos en materia de «seguridad económica» queda patente en los compromisos sobre minerales críticos, cadenas de suministro, contratación pública y comercio de defensa, control de inversiones, controles a la exportación y prácticas «no de mercado». Una vez más, esto no es nuevo: el Marco Económico Indo-Pacífico (IPEF) de Biden concluyó acuerdos blandos sobre la resiliencia de la cadena de suministro y la economía limpia, en virtud de los cuales se estableció un Diálogo sobre Minerales Críticos con la contención de China y la revitalización nacional en mente. Pero los acuerdos de Trump conllevan obligaciones estrictas vigiladas por EE. UU., y que sitúan a los países en conflicto directo con China, con quien la mayoría de los signatarios mantienen profundos vínculos.

Los acuerdos sectoriales más específicos sobre minerales críticos complementan los acuerdos comerciales regionales (ACR). Algunos actores con abundantes recursos, como Australia, tienen suficiente poder de negociación para obtener el mejor resultado posible en los acuerdos. Entre ellos se incluyen planes de acción diseñados para sentar las bases de un acuerdo comercial preferencial vinculante posterior sobre minerales críticos. Por el contrario, los acuerdos marco que se están firmando con países ricos en recursos pero con bajos ingresos reproducen las relaciones extractivas coercitivas del pasado. Aunque formalmente no son vinculantes, están respaldados por amenazas de sanciones por parte de Estados Unidos. Varios de los Estados que firman estos acuerdos tienen acuerdos paralelos con China que incluyen minerales críticos. Otros, a menudo en la misma región, han respaldado una moratoria sobre la minería en aguas profundas en su océano compartido, por temor a los impactos en los medios de vida y el ecosistema en una zona de riesgo climático.

Estos, entre muchos otros síntomas preocupantes, demuestran que el «sistema basado en normas» está roto. No se solucionará con un cambio de administración en Estados Unidos. Las «potencias medias» se engañan a sí mismas creyendo que mantener la bicicleta en pie evitará el colapso y las demandas de cambio. El propio Sur Global está fracturado.

Activismo, populismo y transformación

Este análisis aún no ha abordado las contradicciones del capitalismo como desencadenante de este colapso. Así que recurramos a otro viejo marxista, Karl Polanyi, autor de La gran transformación, para dar algo de protagonismo a las personas en la lucha dialéctica que subyace a esta crisis.

Polanyi insistía en que las relaciones económicas, la política y la ideología no existen en un vacío social. La economía está integrada en lo social, y la finalidad social del Estado es hacer efectiva esa realidad. Atribuyó el colapso del laissez faire en la década de 1920 a los intentos de desvincular lo social del mercado. En lo que denominó un «doble movimiento», las fuerzas del mercado sin restricciones causaron estragos, mientras que las fuerzas sociales dentro de los Estados-nación se organizaron para protegerse mediante una resistencia espontánea y localizada de las comunidades cuyas vidas habían quedado trastornadas.

En la misma línea, el modelo fallido actual de hiperglobalización y capital financiarizado no deja espacio para la función social del Estado. Como demostró Thomas Piketty, en las últimas décadas se han producido desigualdades sin precedentes, tanto a nivel externo como interno, en cuanto a riqueza e ingresos. El coste humano de los elementos no comerciales del régimen comercial quedó crudamente al descubierto durante las pandemias del VIH/sida y la COVID-19: algunos gobiernos infringieron las normas, pero Estados Unidos, la UE y Suiza han bloqueado la reforma del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). Las sucesivas crisis financieras dieron lugar a intervenciones temporales para reestabilizar este modo de capitalismo y luego restablecer el statu quo anterior mediante una mayor liberalización de los servicios financieros y la inversión. Los oligarcas de las grandes tecnológicas que redactaron las normas del comercio digital dominan ahora el complejo militar-digital, mientras sus drones impulsados por IA siembran la muerte a diario en Palestina y el Líbano. La soberanía alimentaria indígena se ve amenazada por los desastres climáticos, la biopiratería y los OMG. Las economías impulsadas por las exportaciones están atrapadas en cadenas de suministro insostenibles que dependen del transporte marítimo y aéreo alimentado con combustibles fósiles, que elude la responsabilidad por el calentamiento global.

Estos efectos, y muchos otros, no se han soportado en silencio. El llamado movimiento antiglobalización, que ha protestado contra la OMC desde la Ronda de Uruguay, y posteriormente en Seattle en 1999, Cancún en 2003 y Hong Kong en 2005, puso de manifiesto una falta de «aceptación social» de la que la OMC nunca se ha recuperado. Campañas más recientes detuvieron la mayoría de los acuerdos megaregionales puestos en marcha por los responsables de la elaboración de normas debido al fracaso de la OMC: el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA), el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPPA), la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TiSA), entre otros. Estas campañas comerciales se desarrollaron en paralelo a la exitosa oposición internacional al Acuerdo Multilateral sobre Inversiones a finales de la década de 1990. La resistencia actual al mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados ha llevado a los países a bloquear el ISDS en los ALC y a abandonar por completo los tratados bilaterales de inversión.

En cierto modo, los movimientos activistas liderados por comunidades de agricultores afectadas, sindicatos, pueblos indígenas y ONG han sido víctimas de su propio éxito. La presión «antiglobalización» ha disminuido en los últimos años. La OMC ya no es un objetivo tan importante, los acuerdos megaregionales han quedado en gran medida marginados y los activistas se centran más en crisis más concretas, como el cambio climático, la minería, el ámbito digital y las guerras.

En su lugar, el auge del populismo de derecha en todo el mundo es otro síntoma mórbido del capitalismo disfuncional, del fracaso del Estado a la hora de cumplir sus funciones sociales, de la captura de los canales de información por parte de oligarcas digitales privados y del miedo a «los otros». Tal y como predijo Polanyi, el doble movimiento ha exigido que los Estados aborden la precaria existencia de las personas y del planeta, incluso en Estados Unidos. Los actores oportunistas han aprovechado este descontento para sus regímenes autoritarios y buscan normalizar el poder económico, militar y político en estado puro.

Los grupos de presión empresariales se han adaptado a este periodo de transición. Aprovechando todas las vías que su riqueza les permite abrir, siguen presionando para que se establezcan normas globales que faciliten la acumulación de riqueza y reduzcan al mínimo la regulación, ya sea a través de relaciones políticas corruptas y del uso de los aranceles como arma, del secuestro de la OMC o de la plétora de acuerdos asimétricos y nuevos microacuerdos. La bicicleta tambaleante toma caminos secundarios para llegar al mismo destino.

Algunas reflexiones finales

Gramsci predijo que el interregno sería un espacio muy disputado, mientras lo «nuevo» lucha por nacer. Hoy en día, el desmantelamiento del capitalismo hiperglobalizado está siendo impulsado por la derecha populista y los gobiernos autoritarios, en colaboración con oligarcas de doble cara. Quienes buscan un orden social y económico más justo, y medidas para salvar el planeta para nuestras futuras generaciones, ya no están en auge.

Me gustaría terminar con una nota positiva. Pero el futuro es muy incierto. No vendrá determinado por lo que ocurra con la OMC o los TLC. Se verá afectado sobre todo por cómo abordemos el interregno. El «viejo» orden fallido tiene cuatro décadas de antigüedad. Algunos gobiernos intentan mantenerlo con vida, pedaleando en sus bicicletas mientras siguen tratando las crisis sociales y ecológicas como externalidades. Otros autoritarios se sienten atraídos por el régimen estadounidense de nacionalismo económico impuesto por decreto, pero carecen del poder y la protección de que goza Estados Unidos. China afirma acatar las normas, mientras que su propio nacionalismo económico respalda los cambios que benefician a sus intereses a largo plazo. La mayoría de las naciones del mundo y sus pueblos siguen siendo meros receptores de normas en esta era de neocolonialismo e imperialismo.

Es posible que los Estados no tengan las respuestas, o al menos no las que su población necesita. Si no se abordan las causas de la crisis del capitalismo contemporáneo, las comunidades se verán obligadas a recurrir de nuevo a sus propios recursos. Sin caer en el romanticismo, hay que reconocer que la población local es resiliente. En Aotearoa (Nueva Zelanda), los maoríes indígenas se centran en una supervivencia sostenible que aplica los conocimientos tradicionales a los retos actuales de la soberanía alimentaria, la crisis climática y el control de los datos. Pero es una batalla cuesta arriba. No es algo que podamos dejar para dentro de otra década, mientras nuestros gobiernos siguen pedaleando en las bicicletas del libre comercio que nos llevan hacia el precipicio.

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* Aotearoa es la denominación de Nueva Zelanda en Maorí

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Imagina un mundo rico sin crecimiento

Por: Alberto Jimenez

DesigualdadDesigualdad

Por Alberto Garzón Espinosa, originalmente para El Diario.es.

El recién publicado informe del ‘Global Justice Report’ (GJR), elaborado por el equipo de Thomas Piketty, se esfuerza por demostrar que la lucha contra la desigualdad va necesariamente de la mano de la defensa del planeta que sostiene la vida. Esto es ir a contracorriente de una forma de pensar que todavía invade la mayor parte del pensamiento económico progresista y, por supuesto, conservador.

¿Te imaginas vivir en una sociedad en la que toda la población, a lo largo de todo el planeta, recibiera un ingreso anual de 60.000 euros? Esa cifra se corresponde con unos 5.000 euros al mes, lo que está algo por encima de la media actual en Norte América, pero muy por encima de los 290 euros de media del África subsahariana. Pues esa es la cifra que el recién publicado informe del Global Justice Report (GJR) considera viable para lograr combatir la desigualdad mundial y sus consecuencias y, al mismo tiempo, evitar el calentamiento global.

El informe ha sido elaborado por el equipo del economista Thomas Piketty, y merece un reconocimiento especial porque se esfuerza por demostrar que la lucha contra la desigualdad va necesariamente de la mano de la defensa del planeta que sostiene la vida. Esto es ir a contracorriente de una larga tradición que entiende que la lucha contra la desigualdad —así como la cuestión económica en general— es sólo posible mediante el crecimiento económico y a costa del medio natural; una forma de pensar que todavía invade la mayor parte del pensamiento económico progresista y, por supuesto, conservador.

La clave de bóveda del informe es, de hecho, la constatación de que la actividad económica conlleva necesariamente un consumo de recursos naturales y energía que genera impactos ecológicos, destacadamente el cambio climático. Así, la única manera de que en el año 2100 la temperatura promedio global se mantenga por debajo de los 2 °C respecto a la era preindustrial —y evitar así una catástrofe de costes impredecibles— es reducir desde hoy la actividad económica, esto es, el crecimiento económico. En este sentido, el informe comparte intuiciones centrales de la tradición del ‘decrecimiento’, aunque sus autores no asumen la etiqueta. Y aporta, además, matices de calado propios.

Para empezar, no se trata sólo de un reescalado hacia abajo de la actividad económica, como ocurriría con una crisis económica, una pandemia o una guerra. Lo que se defiende es una reorientación general del modelo de producción y consumo buscando una desmaterialización de la economía, lo que significa el crecimiento de sectores poco intensivos en consumo de materiales y energía, pero muy intensivos en proporcionar bienestar: por ejemplo, los sectores de educación y sanidad crecerían enormemente. Como señalaba el economista ecológico Herman Daly, es importante recordar que crecimiento y desarrollo no son lo mismo y que, mientras el primero se refiere al valor monetario de la producción, el segundo nos interpela sobre los servicios que nos proporcionan directamente bienestar o felicidad. El GJR se centra en las condiciones biofísicas y sociales que hacen viable el desarrollo del conjunto de la población mundial; nada más y nada menos.

En estas páginas hemos hablado a menudo del paradójico papel que juega la tecnología y la productividad bajo el sistema económico capitalista. El punto es que aunque las innovaciones permiten producir la misma cantidad de bienes en menos tiempo, bajo el capitalismo esta opción está clausurada. La razón es que la lógica del sistema obliga a todos los agentes a competir entre ellos y, en consecuencia, a recurrir a la tecnología no para producir lo mismo en menos tiempo, sino para producir más en el mismo tiempo. La opción liberadora —trabajar menos manteniendo el bienestar— queda así bloqueada. De este modo, durante dos siglos la productividad ha aumentado de forma extraordinaria, pero la mayor parte de ese incremento se ha traducido en más producción y consumo antes que en más tiempo libre. Solo la lucha del movimiento obrero logró compensarlo en parte, consiguiendo que una fracción de esas ganancias se destinara a reducir la jornada. El informe del GJR abunda en esta idea al plantear que las horas de trabajo deben ser reducidas desde la media actual de 2.100 horas por año hacia las 1.000 horas para 2100. Equivaldría, grosso modo, a jornadas de algo más de cuatro horas o a semanas laborales notablemente más cortas que las actuales.

La idea es desplazar el bienestar desde la acumulación de bienes materiales hacia el acceso universal a servicios, tiempo libre y seguridad económica

Una de las variables centrales que ajusta todo el modelo es precisamente la que llaman suficiencia, y que tiene que ver con el consumo. Con jornadas laborales mucho más reducidas y con un crecimiento de los sectores inmateriales como educación y sanidad, el consumo necesariamente tiene que basarse en un cambio de hábitos: una dieta más sostenible ecológicamente (con una reducción del 25% del consumo de carne a nivel mundial) e incluso con impuestos no lineales donde las primeras compras de un bien (como un vuelo) sean asequibles, pero no tanto las siguientes. Todas estas propuestas responden a una misma idea: desplazar el bienestar desde la acumulación de bienes materiales hacia el acceso universal a servicios, tiempo libre y seguridad económica. La suficiencia también implica una rápida y contundente transición energética para descarbonizar la economía, así como una reforestación que permita recuperar la masa de bosques que existía en 1900. Es decir, no hay un decrecimiento que pretenda volver a los parámetros de las sociedades preindustriales sino un aprovechamiento del conocimiento y tecnología acumulados para “saltar” hacia un nuevo modelo energético renovable.

Para que todo ello sea posible, el informe subraya la necesidad de combatir ferozmente la desigualdad de ingresos entre países (para permitir que los más pobres crezcan y puedan converger hacia un nivel de vida digno) así como dentro de cada país. No sólo por razones de índole moral sino también económica: de una fuerte imposición a los estratos más ricos sale el dinero necesario para comenzar el programa. El informe no apela a la creación monetaria, sino a la redistribución, ya que el gasto se financia al principio gravando a quienes más tienen. Luego, en cambio, se crea un fondo común (de todos los países) que invierte en las empresas sostenibles para obtener la financiación necesaria: una idea con ecos de las propuestas socialdemócratas radicales. En todo caso, esta transferencia de renta y riqueza desde los estratos altos hacia la base de la sociedad explica por qué en el modelo se compatibiliza el crecimiento económico casi cero de los países más ricos con el hecho de que la mayoría de su población pueda mejorar considerablemente tanto sus ingresos como su bienestar. De la misma forma que actualmente el crecimiento económico no “llega” a una gran parte de la población, la ausencia de crecimiento agregado es compatible con la mejora del bienestar individual de la mayoría.

Aunque el informe contiene mucha más información y datos, es importante quedarse con la imagen general: es posible imaginar un mundo donde toda la población tiene unos mínimos de vida muy razonables (sanidad, educación, tiempo libre), donde el bienestar no depende del crecimiento económico ni de un consumo ilimitado de recursos naturales, y donde la desigualdad ha sido drásticamente reducida como consecuencia de una gran ofensiva contra las élites económicas. Gracias a eso, los parámetros del Sistema-Tierra pueden mantenerse dentro de unos márgenes que, sin estar exentos de riesgo, evitan los puntos de no retorno. Suena radical, y en cierto sentido lo es (lo que no es malo, porque supone ir a la raíz del problema), pero cualquier otra alternativa —como seguir como hasta ahora— supondría adentrarse en un terreno muy oscuro para la civilización humana y para la vida en general.

Frente a ese terreno oscuro, el informe del GJR se inscribe en la tradición utópica, pero en su connotación positiva: aquella que, como en News from Nowhere de William Morris, hizo soñar a la población con mundos deseables y la activó políticamente. La principal virtud de aquellas utopías clásicas, desde Moro hasta las esbozadas por Marx, es el deseo de proyectar en el futuro horizontes deseables que, en el presente, debían empezar a construirse. Necesitamos estas guías utópicas porque dibujan el perímetro de lo que es posible, y trazan un camino que, aunque no esté perfectamente definido —nunca lo estará—, es ya claramente la senda que tenemos que recorrer.

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El patrimonio oculto en paraísos fiscales supera al de la mitad más pobre de la humanidad

Por: Alberto Jimenez

Tax the richTax the rich

Por Alberto Mesas, publicado originalmente en ctxt.

Diez años después de los ‘Papeles de Panamá’ sigue faltando voluntad política para acabar con el fraude y la evasión.

La riqueza que oculta en paraísos fiscales el 0,1 % más rico del planeta (5,5 millones de individuos) supera con creces el patrimonio total de la mitad más pobre de la humanidad (4.000 millones de personas). Son los datos que arroja un estudio publicado el pasado mes de abril por la confederación de oenegés Oxfam International. La organización estima que en el año 2024 esa riqueza oculta alcanzó los tres billones de euros, una cifra cercana al PIB de países como Francia y que dobla el PIB combinado de los 44 países más pobres del mundo.

No obstante, este dato no refleja únicamente la desigualdad en el patrimonio, sino que pone el acento en que esa monumental cantidad de dinero queda fuera del alcance de las arcas públicas y de los sistemas tributarios al estar escondido en paraísos fiscales, cuentas opacas o entramados de ingeniería fiscal que impiden que tribute.

La investigación de Oxfam coincide con el décimo aniversario de los ‘Papeles de Panamá’, la filtración coordinada que reveló el uso masivo de sociedades pantalla y trucos varios para evadir impuestos por parte de empresarios, celebridades y dirigentes políticos de todo el planeta. Desde entonces, algunos organismos transnacionales como la OCDE o la Unión Europea han endurecido los mecanismos tributarios, pero las grandes fortunas continúan evitando pagar los impuestos que les corresponden.

Los ricos evaden porque el sistema lo permite

Las multinacionales y millonarios del planeta tienen a su disposición múltiples mecanismos e instrumentos para evadir o reducir considerablemente los impuestos que deberían pagar. En toda esta ingeniería de la trampa, los paraísos fiscales y las sociedades offshore juegan un papel clave, y se calcula que en ellos se encuentra en torno al 8 % del PIB mundial (unos 10.000 billones de euros).

Los paraísos fiscales y las sociedades offshore juegan un papel clave, y se calcula que en ellos se encuentra en torno al 8 % del PIB mundial

Además, quienes más tienen también poseen mayor conocimiento y capacidad para aprovechar las fisuras de los sistemas tributarios, que en algunos casos premian esa concentración de riqueza y tienen un efecto regresivo sobre las rentas más bajas. En muchas ocasiones se ha abierto el debate de instaurar un impuesto mínimo global para las grandes fortunas, pero instituciones como el EU Tax Observatory critican que este tipo de medidas únicamente confirman y perpetúan el hecho de que los ultrarricos tributan a niveles muy inferiores a los de otros contribuyentes en proporción a su riqueza, y que los gobiernos no pueden o no quieren hacer eficaz el principio de fiscalidad progresiva.

En concreto, los multimillonarios del mundo tributan en tipos impositivos que van del 0 % al 0,5 %. Esto no significa que todos los grandes patrimonios paguen lo mismo ni que todos evadan impuestos, pero sí demuestra que el sistema les permite hacer artimañas para pagar mucho menos que el contribuyente medio.

Los superricos pagan proporcionalmente mucho menos que la gente corriente. / World Inequality LabLos superricos pagan proporcionalmente mucho menos que la gente corriente. / World Inequality Lab
Los superricos pagan proporcionalmente mucho menos que la gente corriente. / World Inequality Lab

La responsable de Justicia Fiscal de Oxfam en España, Susana Ruiz, destaca el caso de nuestro país, donde “el impuesto sobre el patrimonio está diseñado de tal forma que permite a los más ricos estructurar su patrimonio para pagar mucho menos que el conjunto de la ciudadanía”. Ruiz comenta que el resultado de ese desajuste “es que ocho de cada diez euros de la recaudación potencial del impuesto sobre el patrimonio se pierden, y el tipo efectivo que paga el 0,1 % más rico es del 0,22 %, muy lejos del 3,5 % del impuesto para los tramos más altos”. 

No es solo que los ricos paguen poco, es que sus gobiernos ni siquiera pueden saber cuánto dinero y activos tienen

En el intento de lograr esa progresividad también existe una diferencia muy pronunciada entre el norte y el sur global. El World Social Report de la ONU constata que las políticas fiscales justas son capaces de reducir las desigualdades, pero que eso ocurre sobre todo en los países industrializados frente a los países en vías de desarrollo. Mientras que Bélgica, Finlandia o Dinamarca han logrado avances para hacer tributar a sus grandes fortunas, naciones como Gambia o Camboya carecen de la capacidad técnica y legal para llevarlo a cabo. No es solo que los ricos de esos países paguen poco, es que sus gobiernos ni siquiera pueden saber cuánto dinero y activos tienen.

En contra de lo que se cree, los paraísos fiscales no suelen ser islas paradisíacas en el Caribe o el Pacífico, sino que donde primero se permite el fraude es en las grandes economías occidentales. Tal y como asegura Bemnet Agata, responsable de comunicación de la organización británica Tax Justice Network, que investiga sobre la evasión de impuestos y el fraude fiscal, “los mayores riesgos suelen estar arraigados en las propias grandes economías avanzadas y centros financieros. En la UE, alrededor del 34 % del secreto financiero que amenaza a los Estados miembros procede de centros financieros dentro de la propia UE”.

Agata remarca que estas instituciones del capital desempeñan un papel clave dentro del sistema financiero mundial facilitando la ocultación de beneficios y patrimonio a través de sofisticados mecanismos jurídicos y financieros: “El secreto financiero se genera y se mantiene a través de decisiones políticas y jurídicas deliberadas, y muchos de los países más implicados en facilitar estos flujos de dinero no figuran en absoluto en ninguna lista negra, sino que se encuentran entre las economías y los centros financieros más grandes e influyentes del planeta”.

 “Seguimos contando con listas de paraísos fiscales que son meramente testimoniales y no cumplen con su función”

En la ineficacia de esas listas coincide Susana Ruiz: “Seguimos contando con listas de paraísos fiscales que son meramente testimoniales y no cumplen con su función. Si se contara con listas efectivas y bien diseñadas, se podrían también implementar mejores sanciones o reforzar los controles”. Ruiz también propone “reforzar la transparencia, hacer públicos los registros de titulares reales de cuentas bancarias, sociedades y trusts (fideicomisos), y poner coto a las sociedades fantasma o pantalla, que no ejercen actividad económica real y son una vía para la ocultación de activos”.

Se grava más el trabajo que la propiedad

Estructuralmente, los sistemas fiscales están configurados no tanto para gravar a las empresas y la propiedad como a los salarios y el trabajo. Según la OCDE, en los países desarrollados aproximadamente la mitad de la recaudación procede de impuestos sobre el trabajo, mientras que el impuesto de sociedades representa en torno al 10 % y los impuestos sobre la propiedad alrededor del 5 %. Esto significa que la mayor parte del esfuerzo fiscal recae sobre los salarios y el consumo (el IVA, por ejemplo, no tiene en cuenta la renta ni el patrimonio).

Susana Ruiz, de Oxfam incide en esta cuestión al afirmar que “uno de los problemas esenciales es que los sistemas tributarios están diseñados para gravar la renta, pero no tanto la riqueza o el capital”. Ruiz habla de que en los niveles más altos de la escala, los ricos no suelen generar rentas del trabajo, sino rentas del capital debido al patrimonio que acumulan. “Está clara la incapacidad del IRPF para gravar a los individuos con mayor riqueza”, remarca. 

En el caso de la UE, los datos de la Comisión Europea muestran que en 2026 los impuestos sobre el trabajo representan el 51,5 % del total de ingresos fiscales, mientras que los impuestos sobre el capital y la propiedad se sitúan en torno al 21,6 %. El Fondo Monetario Internacional ha advertido en varias ocasiones de que esta estructura amplifica las desigualdades, ya que los sistemas fiscales tienden a depender de ingresos más fáciles de recaudar pero menos progresivos, como el trabajo y el consumo, en detrimento de bases más concentradas y móviles como el capital.

La OCDE también destaca la bajada progresiva y la ampliación de mecanismos de deducción y exención del impuesto de sociedades en los últimos lustros. Conocido como race to the bottom (competir a la baja en salarios y precios), esta tendencia limita la capacidad de los Estados para gravar los beneficios de las grandes empresas de manera efectiva.

“El fraude fiscal suele abordarse como una cuestión técnica o financiera, pero sus consecuencias son muy tangibles y se notan en la vida cotidiana”

La consecuencia más directa de la evasión de impuestos es que los Estados recaudan menos dinero y, por tanto, tienen menos recursos a su disposición para hacer políticas públicas. “El fraude fiscal suele abordarse como una cuestión técnica o financiera, pero sus consecuencias son muy tangibles y se notan en la vida cotidiana”, afirma Agata, de Tax Justice Network. “Los efectos recaen en la sanidad y la educación públicas, la vivienda, el transporte, las infraestructuras, el cuidado infantil, las pensiones y los sistemas de protección social, al tiempo que debilitan la capacidad de los gobiernos para responder eficazmente a las crisis económicas y climáticas, y las pandemias”, continúa.

En España, por ejemplo, las arcas públicas dejan de ingresar entre 4.000 y 8.000 millones de euros cada año por la evasión fiscal de las grandes fortunas –principalmente empresas–. Se estima que entre 2016 y 2021 España perdió 33.000 millones de euros (casi la mitad del presupuesto en Educación). 

Agata comenta que, en muchas ocasiones, los gobiernos tratan de compensar ese descenso en los ingresos públicos mediante formas de tributación regresivas como el IVA, los recortes del gasto público, la contención salarial, privatizaciones, austeridad y endeudamiento público.

Aumento de la riqueza de los multimillonarios en los últimos treinta años. / World Inequality LabAumento de la riqueza de los multimillonarios en los últimos treinta años. / World Inequality Lab
Aumento de la riqueza de los multimillonarios en los últimos treinta años. / World Inequality Lab

Los más ricos cada vez son más ricos

En los últimos treinta años, la riqueza global privada ha crecido ocho veces más que la pública (300.000 billones de euros frente a 40.000 billones), lo que ha contribuido enormemente al incremento sostenido de la concentración de riqueza de quienes se encuentran en la cúspide de la pirámide, y un aumento desproporcionado de la desigualdad.

Evolución de la riqueza pública y privada en los últimos treinta años. / OxfamEvolución de la riqueza pública y privada en los últimos treinta años. / Oxfam
Evolución de la riqueza pública y privada en los últimos treinta años. / Oxfam

Desde 2015, el 1 % más rico del planeta ha incrementado su patrimonio en unos 34.000 millones de euros, un dinero con el que se podría cubrir varias veces el coste estimado de erradicación de la pobreza extrema según los baremos del Banco Mundial. En los años posteriores a 2020, una parte muy importante de toda esa nueva riqueza generada a escala mundial ha sido acaparada por el 1% más rico.

Desde Oxfam, Susana Ruiz señala que “en los últimos 15 años, la riqueza de las 200 familias más ricas en España ha crecido un 188 %. La concentración de riqueza se acelera y hay que tratarla de manera diferente en la tributación”, insiste.

Con los años también se ha instaurado el argumento de que subirles los impuestos a los millonarios hace que se marchen del país, pero los datos lo desmienten.

Según datos de Tax Justice Network, la tasa de movilidad anual de los millonarios es de apenas del 0,2 %.

En cualquier caso, Agata señala que “la cuestión no es si los ricos se van, sino si los gobiernos tienen la capacidad de diseñar y aplicar sistemas fiscales para gravar la riqueza de manera justa, en vez de permitir que la política fiscal se vea influenciada por las preferencias de una élite de megarricos”.

España se encuentra por encima de la media mundial en cuanto a riqueza oculta en paraísos fiscales. / Informe Capital is Back: Wealth-Income Ratios in Rich Countries 1700-2010, Thomas Piketty y Gabriel Zucman.España se encuentra por encima de la media mundial en cuanto a riqueza oculta en paraísos fiscales. / Informe Capital is Back: Wealth-Income Ratios in Rich Countries 1700-2010, Thomas Piketty y Gabriel Zucman.
España se encuentra por encima de la media mundial en cuanto a riqueza oculta en paraísos fiscales. / Informe Capital is Back: Wealth-Income Ratios in Rich Countries 1700-2010, Thomas Piketty y Gabriel Zucman.

Sin voluntad política para perseguir el fraude

Tras las filtraciones de los ‘Papeles de Panamá’, la lucha contra el fraude fiscal cogió un impulso que con los años se ha ido desinflando. Varios países del G20 se comprometieron a mejorar sus mecanismos para identificar y perseguir a los tramposos, pero la realidad es que no existe una acción coordinada y realmente efectiva, a pesar de que hay tecnología para ello.

Básicamente, la lucha contra los paraísos fiscales gira en torno a unas pocas pautas de transparencia marcadas por instituciones como la OCDE. El eje central es el Common Reporting Standard, que facilita el intercambio de información financiera entre países, pero no todos los Estados –especialmente en el sur global– participan en condiciones equivalentes ni tienen la misma capacidad para recibir, procesar y usar esos datos.

En resumidas cuentas, hay más información que hace una década, pero sigue faltando la voluntad política necesaria para lograr que todo ese patrimonio evadido, o al menos una parte importante, tribute como debería. En el marco de Naciones Unidas también se ha discutido la creación de una convención fiscal internacional que refuerce la coordinación global, aunque aún está sobre el papel y no hay mucho compromiso por llevarla a cabo.

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No basta solo con un decreto: es necesaria una batalla contra la financiarización de la vivienda y de la vida

Por: Alberto Jimenez

Por Juan Laborda. Publicado originalmente en El Salto.

Si el Gobierno no combate la financiarización, la extrema derecha crecerá alimentándose precisamente de la frustración social que ese modelo produce.

Lo ocurrido en el Congreso de los Diputados el martes 28 de abril no fue un mero accidente parlamentario. Fue una definición política en toda regla. El Pleno derogó el Real Decreto-ley 8/2026 por 177 votos en contra, 166 a favor y 5 abstenciones, tumbando una prórroga extraordinaria para contratos de alquiler que vencieran antes de 2028. La propia información oficial del Congreso recuerda que la finalidad del decreto era evitar que la carga media del alquiler, sumados gastos y suministros básicos, rebasara el 30% de los ingresos medios de los hogares. Que Partido Popular, Vox y Junts per Catalunya votaran contra eso significa, lisa y llanamente, colocarse del lado de la renta inmobiliaria frente al derecho social a una vivienda digna. En otros momentos de la historia serían echados a gorrazos. Ahora vivimos tiempos de maleza, de “vivan las cadenas”, y demás distopías inimaginables.

Cuando la derecha parlamentaria bloquea siquiera un alivio temporal para inquilinos vulnerables, no está defendiendo la libertad; está defendiendo una determinada jerarquía social

Y aquí conviene llamar a las cosas por su nombre. La Constitución no consagra un “derecho a especular”; consagra, en su Artículo 47, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y además ordena a los poderes públicos regular el suelo “para impedir la especulación”. Es verdad que el Artículo 47 no tiene la misma aplicación inmediata que los derechos fundamentales clásicos, pero eso no lo convierte en adorno retórico: es un mandato constitucional inequívoco. Cuando la derecha parlamentaria bloquea siquiera un alivio temporal para inquilinos vulnerables, no está defendiendo la libertad; está defendiendo una determinada jerarquía social, en la que la propiedad rentista pesa más que la vida material de la mayoría.

Dicho esto, también sería un error convertir el decreto rechazado en una solución milagrosa. Era una medida defensiva y coyuntural, no una transformación estructural. Servía para amortiguar un golpe, no para desactivar la máquina que lo produce. Precisamente por eso la crítica debería ser doble: contra quienes tumbaron una protección mínima y contra quienes siguen respondiendo a una crisis sistémica con parches de emergencia.

La vivienda y los alimentos convertidos en activos

El problema de fondo no es solo el alquiler en España. El problema es que dos esferas que deberían permanecer fuera del casino —la vivienda y la alimentación— han sido progresivamente absorbidas por la lógica de la rentabilidad financiera. No es un desvío accidental; es una orientación política acumulada durante décadas. En Estados Unidos, la gran ola desreguladora fue también bipartidista: la administración de Bill Clinton impulsó la Gramm-Leach-Bliley Act de 1999, que favoreció la integración financiera, y Clinton firmó además la Commodity Futures Modernization Act de 2000, que rehízo el marco regulatorio de derivados y favoreció la expansión de los mercados “over the counter (OTC)”. En Europa, la Tercera Vía Laborista asumió amplias dosis de liberalismo de mercado como horizonte de modernización. La financiarización no fue solo obra de la derecha clásica; también fue administrada, legitimada y normalizada por buena parte de la socialdemocracia atlántica.

En vivienda, la literatura es ya abrumadora. Manuel B. Aalbers explicó hace tiempo que la financiarización convierte no solo la casa, sino también al propietario y al deudor, en objetos de extracción financiera. Más recientemente, trabajos de Aalbers y Cody Hochstenbach describen un “desacoplamiento” entre precios de la vivienda y deuda hipotecaria: tras la crisis global, los precios pueden dispararse incluso cuando el peso relativo de la deuda hipotecaria ya no crece al mismo ritmo, porque el motor pasa a ser cada vez más la riqueza, el capital institucional y la inversión patrimonial. Para el caso español, Javier Gil García y Miguel A. Martínez López sostienen que varias reformas estatales reactivaron la financiarización de la vivienda a partir de 2013, y Jordi G. Guzmán habla ya sin rodeos de un verdadero “complejo vivienda-finanzas” en la España posterior a 2008.

Lo que antes servía, al menos parcialmente, como activo diversificador frente a renta variable y renta fija se comporta hoy mucho más como una extensión de los mercados de riesgo

En materias primas alimentarias, el cambio ha sido igualmente profundo. Tang y Xiong mostraron que, con la entrada masiva de inversión indexada desde los primeros dos mil, los futuros de materias primas en Estados Unidos se volvieron crecientemente correlacionados entre sí, especialmente los incluidos en grandes índices. El BCE constató que las correlaciones entre rendimientos de materias primas y rendimientos financieros aumentaron desde comienzos de siglo. Adams y Glück concluyen que la mayor comovilidad entre commodities y bolsa no puede explicarse solo por ventas forzadas durante la crisis de 2007-2009; y Ding y coautores hallan que la financiarización elevó la volatilidad y estrechó la relación dinámica entre materias primas y mercado bursátil. En Román Paladín: lo que antes servía, al menos parcialmente, como activo diversificador frente a renta variable y renta fija se comporta hoy mucho más como una extensión de los mercados de riesgo.

Sobre la cuestión de si las series han pasado de estacionarias a no estacionarias conviene introducir un matiz serio. La literatura no es unánime. Hay trabajos que encuentran tendencias estocásticas comunes, alta volatilidad y una estructura de dependencia mucho más “financiera” en los precios de commodities; incluso se ha descrito que, en el régimen posterior a la financiarización, las variables presentan tendencias estocásticas de alta volatilidad. Pero también existen análisis que, una vez se modelizan bien las rupturas estructurales y la no linealidad, encuentran estacionariedad tendencial en muchas commodities, con la notable excepción del petróleo en varios ejercicios.

El Decreto protegía a una parte de los inquilinos durante un tiempo, pero dejaba intacto el mecanismo que convierte la vivienda en activo financiero

El punto políticamente importante no es convertir un debate econométrico complejo en eslogan, sino entender su significado material: si una serie es estacionaria, los shocks acaban disipándose alrededor de una tendencia; si domina una dinámica integrada o con fuertes tendencias estocásticas, los shocks dejan cicatrices más persistentes, hacen más difícil distinguir fundamento y especulación y facilitan episodios de overshooting, burbujas y spikes de precios. Además, organismos como la UNCTAD subrayan que la actividad especulativa en mercados alimentarios financiarizados aumenta de forma muy marcada durante las crisis.

Por qué el decreto era insuficiente

Precisamente por eso el Decreto era insuficiente incluso antes de ser derribado. Protegía a una parte de los inquilinos durante un tiempo, pero dejaba intacto el mecanismo que convierte la vivienda en activo financiero y el parque residencial en soporte de extracción rentista. España sigue llegando tarde al núcleo del problema: el parque de vivienda social apenas ha pasado del 2,5% al 3,4% del total nacional, todavía lejísimos del 8% europeo que el propio Ministerio de Vivienda toma como referencia de convergencia. No hablamos de una desviación marginal: hablamos de un diseño histórico que ha preferido subvencionar acceso privado, endeudamiento y valorización patrimonial antes que construir una infraestructura pública de alojamiento realmente anticíclica.

Tampoco basta con repetir que “falta oferta” si después se deja la solución en manos de un sector privado fragmentado, con poca escala industrial y sometido a ciclos de suelo, financiación y rentabilidad. El Banco de España estimó primero un déficit en torno a 600.000 viviendas hasta 2025 y, en su actualización posterior, situó el desajuste acumulado entre nuevas viviendas y creación de hogares en 400.000-450.000 entre 2022 y 2024, concentrado sobre todo en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga. Al mismo tiempo, el INE proyecta 3,69 millones de hogares más entre 2024 y 2039, y la población residente ya se situó en 49,69 millones a 1 de abril de 2026. Es decir: el país no solo arrastra déficit; además gana población y hogares a una velocidad que vuelve grotesco cualquier enfoque de pura administración del síntoma.

Incluso el nuevo PERTE de industrialización de la vivienda, siendo una señal valiosa en la dirección correcta, revela los límites del momento político. La inversión pública prevista es de 1.300 millones en diez años con el objetivo de consolidar un ritmo de unas 15.000 viviendas industrializadas al año y llegar a 20.000 anuales en una década. Eso puede ayudar a mover el modelo productivo, pero no alcanza ni de lejos la escala del desequilibrio actual. Y parte, además, de una posición muy débil: distintos informes sectoriales sitúan la cuota de la construcción industrializada residencial en España en torno al 1%-2% de las viviendas terminadas. El decreto rechazado, por tanto, era insuficiente no porque regular el alquiler sea inútil, sino porque regular solo el alquiler sin transformar la estructura de producción de vivienda equivale a achicar agua sin cerrar la vía de entrada.

Construir a la escala del problema

La comparación con China debe leerse como una lección de escala industrial. El plan quinquenal chino para 2021-2025 fijó que los edificios prefabricados superaran el 30% de la nueva construcción, dentro de una estrategia explícita de industrialización, digitalización y robotización del sector. La literatura reciente sobre construcción fuera de la obra en China muestra además el enorme despliegue normativo, territorial y productivo con el que el Estado ha empujado esa transición, aunque también señala barreras y cuellos de botella. La diferencia con España es brutal: allí la cuestión se trata como política industrial de país; aquí todavía se aborda demasiadas veces como nicho tecnológico o como promesa voluntarista.

Por eso hace falta una construcción masiva de vivienda asequible financiada públicamente o avalada por una banca pública de desarrollo con mandato claro. Y aquí tampoco conviene inventar nada exótico. Europa está llena de precedentes. KfW es uno de los mayores bancos públicos de inversión y desarrollo del mundo: financia vivienda, industria e infraestructuras actuando por cuenta del Estado alemán y de los Länder. En Francia, Bpifrance funciona como el gran brazo financiero público para impulsar el crecimiento empresarial y la inversión estratégica. España cuenta con ICO, una entidad de titularidad estatal con un papel relevante, pero históricamente orientada sobre todo a captar financiación en los mercados y canalizar crédito a través de bancos colaboradores. Ese modelo puede ser útil para determinadas políticas, pero resulta insuficiente para liderar una gran estrategia de reindustrialización residencial basada en vivienda asequible, financiación estable y plazos largos.

Si el crédito largo para vivienda asequible, industrialización, rehabilitación y suelo urbanizado depende casi en exclusiva de un oligopolio privado, la política de vivienda siempre llegará tarde

Además, la necesidad de una banca pública fuerte se vuelve más clara cuanto más concentrado está el sistema privado. Según el Banco de España, el peso de los cinco mayores bancos españoles ha pasado de alrededor del 40% en 2007 a cerca del 70% en 2023, y el supervisor situaba a España entre los países europeos con mayor concentración bancaria entre las grandes economías. Si el crédito largo para vivienda asequible, industrialización, rehabilitación y suelo urbanizado depende casi en exclusiva de un oligopolio privado cuyo criterio básico es la rentabilidad ajustada al riesgo, la política de vivienda siempre llegará tarde y a menor escala de la necesaria.

La prueba de fuego para Pedro Sánchez

Si Pedro Sánchez quiere revalidar el poder en las próximas elecciones generales, no le bastará con administrar mejor que la derecha una crisis heredada. Tiene que ofrecer una ruptura legible con un modelo agotado. No hablo de retórica; hablo de asumir políticamente que el neoliberalismo ha dejado de ser una solución y se ha convertido en parte esencial del problema. El adversario no es solo electoral. Es una constelación de intereses inmobiliarios, financieros y regulatorios que ha colonizado la conversación pública con una idea tóxica: que vivienda, crédito y alimentos deben ordenarse ante todo por precio de mercado, aunque eso destroce vidas. Si el Gobierno no combate la financiarización, la extrema derecha crecerá alimentándose precisamente de la frustración social que ese modelo produce.

Lo primero es blindar de forma permanente la función social de la vivienda, ampliar el parque público y cerrar puertas a la extracción rentista sobre derechos básicos

Eso exige varias decisiones a la vez. Primera: blindar de forma permanente la función social de la vivienda, ampliar el parque público y cerrar puertas a la extracción rentista sobre derechos básicos. Segunda: construir una palanca financiera pública con músculo para industrialización, promoción asequible y rehabilitación a gran escala. Tercera: disputar el terreno intelectual a la ortodoxia de la escasez autoprovocada.

En la eurozona, la independencia del Banco Central Europeo está blindada por el artículo 130 del TFUE y por el propio diseño institucional del banco. Democratizar esa arquitectura no debería significar politizar cada decisión de tipos de interés, sino someter objetivos, coordinación fiscal-monetaria y rendición de cuentas a un control democrático mucho más fuerte del actual. Y, si se quiere estudiar la Teoría Monetaria Moderna, hay que hacerlo con seriedad: varias contribuciones europeas recuerdan que los Estados del euro no gozan de soberanía monetaria plena, de modo que cualquier traslación mecánica de la MMT exigiría reformar, no solo reinterpretar, la gobernanza monetaria europea.

El sanchísmo solo tendrá dimensión histórica si abandona definitivamente la ilusión de que bastan incentivos marginales, pequeñas correcciones regulatorias y algo de comunicación política

Dicho de otra manera: el sanchísmo solo tendrá dimensión histórica si abandona definitivamente la ilusión de que bastan incentivos marginales, pequeñas correcciones regulatorias y algo de comunicación política. El momento exige un giro rooseveltiano: expulsar a los lobbies del centro del Estado, reordenar las prioridades del crédito, tratar la vivienda como infraestructura social y devolver a la política la capacidad de mandar sobre las finanzas cuando estas invaden lo que nunca debieron dominar. Si no se hace, vendrán otros a capitalizar el malestar con una mezcla de xenofobia, autoritarismo cultural y obediencia económica a los mismos intereses de siempre.

Corolario

Mi tesis final, en suma, es esta: el liberalismo está agotado, muerto, finiquitado. Su promesa de prosperidad general ha desembocado en una economía donde los bienes básicos se convierten en activos, la desigualdad se normaliza y la política se limita a gestionar el daño. La OCDE lleva años documentando un aumento sostenido de la desigualdad de ingresos en la mayoría de economías avanzadas. Si a eso añadimos la mercantilización de la vivienda, la precarización de los alimentos y la subordinación del Estado a la lógica rentista, el resultado no es libertad: es inseguridad material de masas.

La defensa de la vivienda digna y la desfinanciarización de la vida no son una agenda sectorial; son una agenda de salud pública, de democracia material y de supervivencia ecológica

Y el balance ecológico es igual de demoledor. La OMS considera el cambio climático una amenaza fundamental para la salud; el IPCC sostiene que ya ha afectado negativamente a la salud física y mental en todas las regiones evaluadas; y el PNUMA advierte de que, sin recortes mucho más rápidos de emisiones, el objetivo de 1,5 °C se escapará en pocos años. Cuando un modelo económico necesita depredar suelo, energía, hogares y alimentos para seguir generando rentas, no solo fabrica desigualdad: también fabrica vulnerabilidad climática y enfermedad. Por eso la defensa de la vivienda digna y la desfinanciarización de la vida no son una agenda sectorial; son una agenda de salud pública, de democracia material y de supervivencia ecológica.

El verdadero debate, entonces, no es si había que prorrogar dos años unos alquileres. Claro que había que hacerlo. El verdadero debate es si vamos a seguir tolerando que comer y habitar dependan de la rentabilidad de fondos, bancos y mercados de derivados. Ahí está la línea divisoria de nuestro tiempo. Y quien no la vea, quien siga creyendo que todo se arregla dejando “hacer al mercado”, no está defendiendo la modernidad: está protegiendo un orden viejo, desigual y cada vez más autoritario en sus salidas políticas.

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Permiso para contaminar

Por: Arturo

La UE deroga las normas sobre permisos y financia infraestructuras contaminantes

El nuevo informe de Corporate Europe «Permiso para contaminar», revela cómo la Comisión Europea está recortando drásticamente las normas de concesión de permisos para las infraestructuras energéticas e industriales. Esto forma parte de una amplia campaña desreguladora impulsada por algunas de las industrias más contaminantes de Europa. Aunque la UE presenta esta agenda como una «simplificación» de la legislación en materia de permisos, en la práctica se corre el riesgo de socavar las protecciones sociales y medioambientales, conseguidas con tanto esfuerzo, que sustentan estas normas.

Desde que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, asumió su segundo mandato, las normas de concesión de permisos han sido objeto de un ataque constante por parte de las grandes empresas tecnológicas, la industria de los combustibles fósiles y los grupos de presión del sector minero. Es más, bajo etiquetas como «estratégico» o «interés público superior», los proyectos perjudiciales pueden eludir cada vez más los procedimientos habituales de concesión de permisos. Pero, ¿quién decide qué tipo de proyectos se benefician de esa etiqueta?

Los documentos obtenidos por CEO (Observatorio Europeo de las empresas) revelan cómo los principales contaminadores han presionado para obtener un acceso más fácil a los permisos —y a las subvenciones públicas— para proyectos de infraestructura contaminantes. Revelan cómo la Comisión Europea ha invitado activamente a los actores del sector a dar forma a su agenda de desregulación de los permisos. Europa corre el riesgo no solo de vivir con más contaminación, sino también de pagar a los contaminadores para que la generen.

Entre las principales medidas que se están aplicando para satisfacer las exigencias del sector se incluyen:

  • la tramitación acelerada de los permisos para infraestructuras industriales y energéticas, dejando de lado la participación democrática;
  • evaluaciones medioambientales más sencillas y rápidas, lo que se traduce en una menor protección;
  • un mayor número de proyectos contaminantes clasificados como «estratégicos» o de «interés público» y que, por lo tanto, reciben un trato especial en los procesos de concesión de permisos, por encima de las preocupaciones medioambientales o sociales;
  • la apertura a la posibilidad de debilitar las leyes de protección del agua y de la naturaleza.

Entre las principales conclusiones del informe se incluyen:

Exigencias del sector incorporadas a la nueva legislación de la UE: Las medidas propuestas en ReSourceEU, el «Omnibus medioambiental», el «Paquete de redes» y la Ley de Aceleración Industrial acelerarían los proyectos, debilitarían o eludirían las evaluaciones de impacto ambiental, ampliarían las aprobaciones tácitas y restringirían el acceso a la justicia. Los sectores y proyectos estratégicos —entre los que se incluyen la minería, el gas fósil, la captura, el transporte y el almacenamiento de CO₂, el hidrógeno y los centros de datos— serían calificados de «interés público» y se beneficiarían de una tramitación acelerada de los permisos. Se esperan más concesiones a la presión de la industria en la próxima Ley de Desarrollo de la Nube y la IA, así como en la propuesta de infraestructura de transporte de CO₂.

La industria celebra los logros en materia de desregulación, pero quiere más: el grupo de presión del sector del petróleo y el gas IOGP elogió la Ley Ómnibus de Medio Ambiente y el Paquete de Redes por lograr «avances reales en las demandas de larga data de la industria». Los miembros de BusinessEurope presionaron con éxito para conseguir exenciones de las evaluaciones de impacto ambiental para los proyectos de infraestructura de hidrógeno y CO₂ en la Ley de Aceleración Industrial. La IOGP y Euromines han formado una «Coalición Informal sobre Permisos» para hacer campaña a favor de un amplio «paquete ómnibus de permisos» destinado a debilitar múltiples protecciones medioambientales de una sola vez.

Una influencia sin precedentes de la industria en la formulación de políticas: Ursula von der Leyen solicitó consejos sobre desregulación directamente a la Mesa Redonda Europea de la Industria, se asoció con grupos del sector de los combustibles fósiles para organizar talleres sobre cómo «agilizar» la concesión de permisos y se basó en nuevos procesos de consulta —los «Diálogos de Implementación» y las «Evaluaciones de la Realidad»— dominados en gran medida por la industria.

Fondos públicos para respaldar a las industrias contaminantes: A petición de estas, la Comisión también está apoyando financieramente a las industrias contaminantes mediante nuevas medidas de «reducción de riesgos», un Banco de Descarbonización Industrial, normas de ayudas estatales más flexibles y otros mecanismos de financiación pública.

El informe incluye tres estudios de caso que ilustran los efectos potencialmente devastadores sobre las personas y el medio ambiente.

En Suecia, los modos de vida indígenas están siendo destruidos, se están perdiendo hogares y se está contaminando el agua en aras de un nuevo proyecto minero.
En toda Europa, las comunidades podrían verse obligadas a aceptar nuevos gasoductos de CO₂ que plantean graves riesgos de seguridad en caso de fuga, al tiempo que prolongan la dependencia de los combustibles fósiles.
En Irlanda, el aumento vertiginoso de la demanda de electricidad procedente de los nuevos centros de datos está contribuyendo al alza de los precios de la energía y al riesgo de apagones, mientras se construyen nuevas centrales de combustibles fósiles para abastecerlos.

«Permiso para contaminar» ponen de manifiesto solo algunas de las consecuencias potencialmente desastrosas que tendría la supresión de las normas de la UE en materia de permisos para las personas y el medio ambiente. Puede leer los casos prácticos completos aquí. o bien los resúmenes a continuación.

Nuevas minas en el norte de Suecia

Destrucción del modo de vida indígena: La nueva mina de mineral de hierro y metales de tierras raras de la empresa minera estatal LKAB, Per Geijer, amenaza con interrumpir la última migración estacional que queda de la comunidad indígena sami local de Gabna, dedicada al pastoreo de renos. Lars-Marcus Kuhmunen, presidente de Gabna, explica: «Todo gira en torno al pastoreo de renos. Si eso deja de existir, la cultura sami también dejará de existir. »

Calificada como estratégica: Per Geijer es uno de los 47 proyectos dentro de la UE calificados como estratégicos en virtud de la Ley de Materias Primas Críticas, que limita el proceso de concesión de permisos a «no más de 27 meses», restringiendo las evaluaciones ambientales y la consulta a la comunidad. LKAB ejerció una influencia desmesurada sobre el proceso, reuniéndose con altos funcionarios de la Comisión en seis ocasiones durante los tres meses previos a que la Comisión concediera a Per Geijer el estatus estratégico.

LKAB lleva la batalla a la UE: El recientemente dimitido director ejecutivo de LKAB, Jan Moström, también ha sido presidente del poderoso grupo de presión Euromines, que se ha asegurado de que la agenda de desregulación de la industria minera sueca se promueva a nivel de la UE, por ejemplo, mediante la creación de la Coalición Informal para la Concesión de Permisos junto con el grupo de presión del petróleo y el gas IOGP.

Desregulación del agua: En diciembre de 2025, la UE anunció que reabriría la Directiva Marco del Agua para fomentar una mayor actividad minera. La comisaria responsable de la legislación sobre el agua, la sueca Jessica Roswall, se reunió con LKAB y Euromines en múltiples ocasiones, e incluso visitó a Per Geijer junto con Moström.

Recurso judicial: Gabna ha presentado un recurso contra Per Geijer ante los tribunales, pero no son los únicos. Varias organizaciones de Portugal han llevado a la Comisión ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la mina de litio de Barroso, que también ha sido calificada de «proyecto estratégico». Cabe esperar más resistencia.

Gasoductos de CO₂ en toda Europa

Los nuevos gasoductos de CO₂ construidos por la vía rápida pueden ser letales: los planes de la UE para los gasoductos de CO₂ se están acelerando gracias a lagunas en la normativa. Sin embargo, como han demostrado los accidentes en el condado de Yazoo (EE. UU.), suponen un grave riesgo para la salud. Las fugas pueden provocar asfixia, hospitalizaciones masivas y efectos duraderos sobre la salud. Dada la densidad de población mucho mayor en Europa, la rotura de un gasoducto podría incluso resultar mortal.

Retrasan la eliminación gradual de los combustibles fósiles: Los gasoductos se utilizan para justificar el uso continuado del petróleo y el gas, con la promesa (poco realista) de que las emisiones serán capturadas, transportadas y almacenadas.

Italia y Alemania tienen grandes planes: La UE tiene previsto construir 19 000 km de gasoductos de CO₂ para 2050, con un coste de hasta 23 000 millones de euros, que atravesarán algunas de sus zonas más densamente pobladas. Alemania e Italia tienen grandes planes, y sus respectivos líderes, Mertz y Meloni, abogan por una flexibilización de las leyes de concesión de permisos. En ambos casos se están encontrando con una fuerte oposición.

Los gasoductos de CO₂ en Italia: como parte del polémico proyecto de captura y almacenamiento de carbono de Rávena, y con el respaldo de los gigantes del gas Eni y Snam, se prevé construir gasoductos de CO₂ a solo unos metros de viviendas. Se prevé la construcción de un gasoducto de CO₂ de 100 km a través de zonas con alto riesgo de terremotos e inundaciones, así como de lugares con gran biodiversidad y hábitats importantes protegidos por la normativa europea Natura 2000. Se está tramitando por la vía rápida y se considera de interés público superior gracias a su inclusión en la lista de la UE de proyectos de interés común.

La industria consiguió lo que quería: tanto la Mesa Redonda Europea de la Industria (ERT) como BusinessEurope presionaron para que se introdujeran lagunas normativas en relación con las infraestructuras de CO2. La ERT también presionó para crear una «red troncal de infraestructuras de CO2» de tuberías en toda Europa, algo que probablemente conseguirá en la próxima ley sobre infraestructuras y mercados de CO2, impulsada también por grupos como el de petróleo y gas IOGP.

Centros de datos en Irlanda

Grandes planes de expansión: El plan de la Comisión —marcado por las grandes empresas tecnológicas— consiste en triplicar el número de centros de datos en Europa en un plazo de cinco a siete años. Esto supondrá un aumento de las emisiones, escasez de agua y facturas de energía más elevadas, al tiempo que supondrá un respiro para la industria de los combustibles fósiles, ya que se construirán nuevas infraestructuras de gas para abastecerlos. Debido a la gran presencia de las grandes empresas tecnológicas en Irlanda, este país se encuentra en primera línea en Europa del crecimiento exponencial de estas «fábricas de IA».

Las facturas de los hogares subvencionan las fábricas de IA: Irlanda tiene los segundos precios de electricidad para los hogares más altos de Europa, pero los operadores de centros de datos solo pagan la mitad de lo que pagan los hogares, y esta desigualdad va a empeorar. Mientras que se espera que las facturas de los hogares aumenten entre un 8 % y un 21 % en los próximos cinco años, los centros de datos verán cómo sus precios bajan un 14 %.

La gran demanda de electricidad conduce al uso de combustibles fósiles: en las afueras de Dublín se han construido grandes complejos que agrupan a docenas de centros de datos, los cuales consumen la asombrosa cifra del 50 % de la demanda eléctrica de la ciudad. Debido a la escasez de electricidad, estos complejos se alimentarán cada vez más con combustibles fósiles, como es el caso de las instalaciones de Microsoft en Grange Castle.

El Gobierno irlandés respalda a las grandes tecnológicas: Ya en 2017, el Gobierno irlandés intentó eludir la aprobación de las autoridades locales proponiendo calificar los centros de datos como infraestructura «estratégica», lo que habría limitado las posibilidades de recurso y acelerado la concesión de permisos. Además, está realizando importantes inversiones en nuevas infraestructuras de GNL para satisfacer la creciente demanda de electricidad, lo que socava los objetivos climáticos del país.

Éxito del lobby de las grandes tecnológicas en Irlanda: Las grandes tecnológicas ya han conseguido revocar una moratoria de facto sobre los nuevos centros de datos en Dublín, impuesta por el regulador energético irlandés, y desde entonces el Gobierno irlandés ha introducido una política favorable a los centros de datos, denominada LEAP.

Las grandes tecnológicas apuntan a las leyes de la UE: Los planes para centros de datos recientemente aprobados podrían incumplir múltiples leyes de la UE que forman parte de su sistema de concesión de permisos, razón por la cual ahora son objeto del cabildeo de las grandes tecnológicas. Pero en lugar de plantar cara, la UE ha desplegado la alfombra roja, invitando a grupos de la industria tecnológica como Digital Europe y la CCIA a un evento especial para partes interesadas sobre el Paquete Medioambiental, que posteriormente incluyó la aceleración de las evaluaciones ambientales.

Las grandes tecnológicas apuntan a la concesión de permisos: los documentos de presión política revelan que las grandes tecnológicas quieren acelerar el proceso de concesión de permisos, minimizar las obligaciones climáticas y medioambientales y debilitar la capacidad de las comunidades locales para oponerse a sus planes. Google quiere que la Comisión Europea limite el derecho a presentar objeciones contra los permisos para centros de datos únicamente a quienes vivan en un radio de 50 metros.

Lee los casos prácticos completos y mucho más en nuestro último informe «Permiso para contaminar: la UE deroga las normas sobre permisos y financia infraestructuras contaminantes».

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Otra historia de justicia al revés

Por: Arturo

Imagen: Fotograma de la película La Gran Apuesta (Adam Mckay 2015)

El Tribunal Supremo se alinea con los bancos y estima que el sobrecoste de las hipotecas, más de 25.000 euros de media que han pagado casi un millón de clientes, no es abusivo

Juan Torres López Publicado originalmente en CTXT

El magistrado emérito y presidente de honor de esta revista, José Antonio Martín Pallín, está mostrando en sus intervenciones y libros que en España se viene produciendo un golpe de Estado judicial. Sus argumentos me parecen de gran solidez y comparto esa opinión. Todavía más, viendo cómo se instruye y acusa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o a la esposa del presidente del Gobierno, por no hablar de lo sucedido con el anterior fiscal general. En este artículo, sin embargo, no me propongo incidir en esa idea, sino mostrar que el Tribunal Supremo español tiene una querencia especial que le lleva a favorecer de forma desproporcionada a los poderosos en general y a los bancos en particular.

Utilizaré como prueba de ello un caso que ha tenido un enorme coste para millones de españoles, el de las reclamaciones por la utilización por las entidades bancarias del denominado Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH).

El IRPH

El IRPH es un índice oficial calculado por el Banco de España como media de los tipos de los préstamos hipotecarios que dan las entidades bancarias. A diferencia de otro quizá más conocido, el Euríbor (tipo de interés medio al que los bancos europeos se prestan dinero entre sí en el mercado interbancario), el IRPH incorpora en su cálculo los diferenciales (el tipo fijo que los bancos pueden sumar al interés de referencia) y las comisiones que los bancos cobran. Por tanto, es más caro para el consumidor. 

Por esta última razón, el Banco de España advirtió en 1994 de que, para igualar ambos índices, cuando se aplicara el IRPH se debería añadir un diferencial negativo al precio real del mercado.

El problema

Esa cantidad de dinero supuso una merma muy notable de gasto en consumo que afectó directamente a la demanda de bienes y servicios

Si ese diferencial no se incluye, el consumidor al que un banco aplica el IRPH terminará pagando bastante más al final de la hipoteca que si se le aplica cualquier otro. Y el problema se produjo cuando, en miles de casos, los bancos no sólo no lo aplicaron, sino que ni siquiera informaron con un mínimo detalle a sus clientes del sobrecoste en el que incurrían.

El daño total producido es difícil de calcular, pero hay estimaciones que dan buena medida de su magnitud y gravedadLas del beneficio extraordinario que obtuvieron los bancos españoles al aplicar el IRPH en lugar de otros índices más bajos varían entre los 25.000 millones de euros entre 2004 y 2009 de la asociación de consumidores Asufin, los 37.000 millones de euros calculados por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y los 44.000 millones de Goldman Sachs. El sobrecoste pagado en promedio por cada consumidor se situó entre 25.000 y 28.000 de euros, y el número de personas afectadas se estima entre 500.000 y un millón.

Es importante señalar que el sobreprecio que los bancos impusieron a sus clientes no provocó solamente un daño o coste económico particular a las personas afectadas. Esa cantidad de dinero tan grande que dejó de estar en sus bolsillos para irse a la cuenta de beneficios de los bancos supuso una merma muy notable de gasto en consumo o de ahorro familiar que afectó directamente a la demanda de bienes y servicios. Por lo tanto, disminuyó también los ingresos de miles de empresas productivas. Un efecto muy negativo para la economía que se produjo, además, en años particularmente complicados por vivirse bajo el impacto de una gran crisis económica.

Las reclamaciones

Cuando los pagos mensuales de la hipoteca comenzaron a darse, miles de personas comprobaban que pagaban más dinero que otras personas que las tenían de la misma cuantía. Enseguida descubrieron que los bancos les habían aplicado un tipo de interés basado en un índice más elevado sin haberles informado de ello. Comenzaron a interponerse entonces cientos de reclamaciones y demandas judiciales.

Sobre la mesa se pusieron dos cuestiones esenciales. La primera, si los bancos habían actuado con buena fe profesional, si cumplieron con un elemental deber de transparencia y, como he dicho, si informaron a sus clientes de que el índice aplicado terminaría por hacerles pagar una cantidad más elevada. La segunda, si la posible falta de información había supuesto un abuso real, es decir un sobrecoste sustancial y no poco significativo.

Las disputas llegaron finalmente al Tribunal Supremo y al de Justicia de la Unión Europea y el resultado ha sido muy claro: proteger a la banca, recurriendo para ello a construcciones jurídicas que poco tienen que ver con la idea material de justicia, en el sentido más elemental y auténtico de este término.

La trampa del Tribunal Supremo 

Para comprender lo que ha hecho el Supremo, no basta con decir que falló a favor de los bancos. Hay que saber explicar cómo lo hizo, porque la sofisticación del mecanismo es precisamente lo que lo hace tan eficaz y difícil de combatir.

El Tribunal construyó a lo largo de varios años un mecanismo de protección a los bancos basado en tres elementos fundamentales.

El primero, separar transparencia de abuso para vaciar de contenido a ambas. El Supremo estableció en 2017 que el IRPH era un índice oficial y que su mera oficialidad implicaba transparencia. Cuando en 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le obligó a corregir esa posición, el Supremo lo aceptó formalmente. Pero rápidamente neutralizó su efecto estableciendo que la transparencia quedaba cumplida sólo con que el contrato mencionara el índice e hiciera referencia a la Circular del Banco de España, sin necesidad de explicar al cliente qué dice ni qué implica. 

El segundo elemento fue hacer que el desequilibrio entre las partes fuese prácticamente indemostrable. Para ello, el Supremo estableció que, aunque se acreditara falta de transparencia, la cláusula seguía siendo válida salvo que se demostrara que había una desproporción “muy evidente” entre el tipo efectivo y el de mercado en el momento de la firma. Y para ello descartó expresamente la comparación entre el IRPH y el euríbor (el único dato que la mayoría de los afectados puede acreditar con facilidad), exigiendo en cambio una prueba pericial que es de enorme complejidad y de alto coste, sobre todo para los consumidores.

Para demostrar que hubiera habido abuso, el perito del consumidor afectado tendría que reconstruir el coste medio real de todas las hipotecas firmadas en España en el mes exacto de la firma, para lo cual se necesita combinar fuentes del Banco de España, estadísticas del INE y datos de tipos medios de mercado, y justificar en cada caso la elección metodológica realizada. Pero el banco, por su parte, contratará a su propio economista con criterios diferentes, igualmente defendibles. Y el Supremo se reserva el derecho a rechazar cualquier metodología sin haber fijado de antemano qué fuentes son válidas, ni cuántos puntos de diferencia constituyen una desproporción suficiente. 

El tercer elemento fue aún más ingenioso y taimado. Para determinar el daño real, el Supremo no pidió comparar el IRPH con el euríbor ni tomar en consideración el sobrecoste total de la hipoteca. Estableció que el IRPH se debía comparar con un índice sintético representativo del coste medio del crédito general en el mercado, y no sólo con otros índices hipotecarios. Al incorporar referencias más amplias, el resultado es un índice inevitablemente más elevado, lo que facilita concluir que el daño ocasionado por la aplicación del IRPH es reducido. 

Como añadido, el Supremo exigió que cada afectado probase individualmente qué entendió a la hora de contratar, qué información recibió y cómo se produjo la comercialización concreta de su hipoteca, lo cual hizo prácticamente inviable la litigación colectiva, que es la que favorece la resolución de este tipo de abusos a favor de los consumidores.

El resultado del mecanismo completo es evidente y previsible: si la transparencia se supera con casi cualquier mención formal al índice, y si el abuso sólo se declara ante una desproporción que hay que demostrar con una pericial que el Supremo puede rechazar sin argumentos objetivos, y comparando el IRPH con índices de tarjetas de crédito, la nulidad del IRPH se convierte en prácticamente imposible.

Europa corrigió en falso

Muchas personas afectadas por el IRPH pusieron sus esperanzas en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) porque la Directiva europea 13 de 1993 estableció con claridad que una cláusula no negociada individualmente puede ser declarada nula si causa un desequilibrio importante en perjuicio del consumidor, y que el consumidor debe poder comprender sus consecuencias económicas reales. Una directiva que tiene primacía sobre el derecho nacional.

Con ese fundamento, el TJUE sentenció en 2020 que el IRPH no es intocable por el hecho de ser un índice oficial; que los bancos debían haber facilitado información suficiente; y que, si no lo hicieron, el juez puede declarar la nulidad. Y en 2024 reafirmó que la publicación oficial no bastaba para cumplir la exigencia de transparencia y que la comparación debe hacerse con el conjunto del mercado hipotecario, no solo con el euríbor.

Sin embargo, el tribunal europeo no declaró abusivo el IRPH, no dijo que las cláusulas fueran nulas por definición y no estableció una consecuencia automática. Manteniendo formalmente una posición diferente a la del Supremo, lo que hizo en realidad fue establecer principios abstractos y devolver la pelota a los tribunales españoles.

Y lo más revelador llegó en febrero de 2026. Una sentencia de 12 de febrero vino a respaldar explícitamente la posición del Supremo: la transparencia no exige al banco explicar la metodología del índice, siendo suficiente informar de la variabilidad y sus consecuencias económicas. Seis años después de su primera corrección al Supremo, el tribunal europeo se puso de acuerdo con él. 

No es justicia, es política. Son privilegios

A la hora de juzgar el comportamiento de los bancos, muchos jueces dictaron sentencias sensatas y equilibradas. El Tribunal Supremo, por el contrario, recurrió a argumentos sibilinos para imposibilitar, en la práctica, que los abusos de los bancos pudieran revelarse. Recurriendo a argumentos claramente torticeros ha permitido que estos últimos hayan producido un daño multimillonario a millones de españoles, a miles de empresas y al conjunto de la economía. 

En la crisis de 2008 se quiso convencer a la gente de que los bancos que se habían hundido a base de estafar a sus clientes mediante todo tipo de irregularidades y engaños eran “demasiado grandes para dejarlos caer”. En el caso del IRPH, el Tribunal Supremo español nos ha demostrado que, además, son suficientemente poderosos como para que no se pueda (o no se quiera) quitarles sus privilegios. No ha hecho justicia, ha dado otros nuevos al más fuerte. 

Y eso quizá explique también por qué se dan golpes de Estado contra unos políticos y no contra otros.

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El último barril

Por: Nuria

El último barrilEl último barril

Artículo original publicado en enriquedans.com por Enrique Dans

Que más de cincuenta países se reunan en Santa Marta, Colombia, en la primera conferencia dedicada específicamente a la transición fuera de los combustibles fósiles no es una extravagancia diplomática ni un gesto para la galería. Es, en realidad, la constatación de algo mucho más incómodo: que el sistema energético basado en carbón, petróleo y gas ya no puede seguir presentándose como sinónimo de estabilidad, seguridad o sentido común.

La propia organización del encuentro habla de una participación de más de 53 naciones entre los que se encuentra España, y su mera existencia revela hasta qué punto el debate ha cambiado de naturaleza: ya no se trata de discutir si conviene «reducir emisiones» en abstracto, sino de cómo se abandona, de manera justa y ordenada, una dependencia que se ha convertido en un riesgo sistémico.

Durante décadas, la industria fósil se ha vendido como supuesto garante de la seguridad energética. Era, supuestamente, lo firme, lo serio, lo disponible, frente a unas renovables caricaturizadas como intermitentes, inmaduras y casi decorativas. Basta mirar lo ocurrido con la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz para entender que esa narrativa se ha roto. El precio del Brent subió entre un 10% y un 13% en las primeras horas del conflicto hasta rozar los 82 dólares por barril, mientras la AIE calificaba la situación como «la mayor perturbación del suministro en la historia del mercado global del petróleo». Europa podía tener «quizá seis semanas» de combustible de aviación si el bloqueo persistía, mientras en Asia varios gobiernos activaban medidas de emergencia como teletrabajo, restricciones de viajes oficiales, cierres escolares o semanas laborales de cuatro días para ahorrar combustible. Si eso es «seguridad», a lo mejor convendría revisar el diccionario.

Si alguien dudaba todavía de lo que significa esa dependencia en términos concretos, la crisis del estrecho de Ormuz lo ha aclarado de forma brutal: no solo se trata de gasolina o electricidad. Los precios spot del gas en Asia subieron más de un 140% tras el ataque al complejo de Ras Laffan en Qatar. Más del 30% de la urea mundial, el fertilizante que hace posible producir trigo y maíz a escala global, pasa por ese estrecho. Cuando se corta el suministro de gas, no sube el precio de llenar el depósito: sube el precio del pan.

La gran paradoja de nuestro tiempo es que seguimos llamando «fiables» a unas fuentes de energía cuyo precio, suministro y disponibilidad dependen de estrechos marítimos, guerras regionales, petromonarquías, autocracias varias y cadenas logísticas que pueden romperse en cuestión de días. En realidad, los combustibles fósiles no ofrecen seguridad: ofrecen vulnerabilidad geopolítica aplazada. Y eso explica que la cita de Santa Marta no deba interpretarse como el delirio de un grupo de idealistas, sino como la respuesta racional de países que empiezan a comprender que la soberanía energética del siglo XXI no consistirá en encontrar el último barril, sino en dejar de necesitarlo.

A estas alturas, además, la discusión tecnológica está muy lejos de donde estaba hace apenas una década. La pregunta de si puede el mundo funcionar solo con renovables ya no pertenece al terreno de la especulación militante, sino al de la literatura científica consolidada. Un paper académico publicado en IEEE Access concluye que el 100% renovable es factible a escala global y a bajo coste. El artículo divulgativo de Helsinki Times basado en ese trabajo resume con bastante claridad algo que muchos llevamos tiempo defendiendo: solar, eólica, almacenamiento, electrificación, acoplamiento sectorial e hidrógeno para aquellos usos difíciles de electrificar forman ya una arquitectura coherente, no una colección de experimentos inconexos. Y sí, sobre esto mismo escribí ya en 2022, precisamente porque las excusas empezaban entonces a sonar viejas.

Lo interesante es que, desde entonces, la realidad ha seguido avanzando más deprisa que la conversación pública. Según el análisis global citado por AP a partir de datos de Ember, en 2025 las renovables superaron por primera vez un tercio de la generación eléctrica mundial, mientras el carbón cayó por debajo de otro tercio. Más importante aún: la electricidad limpia creció lo suficiente como para cubrir todo el aumento neto de la demanda, y solar más eólica llegaron a cubrir el 99% de ese crecimiento. Esto no significa que hayamos ganado nada de forma irreversible, pero sí que el relato de que las renovables son un «complemento» ha dejado de corresponderse con los hechos. Ya no están adornando el sistema: están empezando a redefinirlo.

Además, las dos variables que durante años sirvieron como refugio retórico de los inmovilistas, coste y almacenamiento, se están desmoronando. El coste de los módulos solares ha caído un 99% en las últimas cuatro décadas. El precio de las baterías de ion-litio ha bajado más de un 99% desde 1991. Y cuando una tecnología mejora y se abarata de ese modo, deja de ser una alternativa para convertirse en una trayectoria dominante. Por eso la cuestión ya no es si las renovables pueden competir: es cuánto tiempo más pretendemos seguir fingiendo que no han ganado ya gran parte de esa competición.

Por supuesto, un mundo sin combustibles fósiles no se construye solo con placas solares en los tejados y aerogeneradores en las costas. Requiere redes mucho más robustas, almacenamiento a distintas escalas, electrificación masiva del transporte y de la calefacción, rediseño industrial, flexibilidad de la demanda y vectores como el hidrógeno o los electrocombustibles para usos específicos donde la electrificación directa no baste. El informe Renewables 2025 de la IEA enlazado antes y las propuestas de IRENA para triplicar la capacidad renovable y doblar la eficiencia energética antes de 2030 insisten en ello. Es decir: no estamos ante una transición simple, pero sí ante una transición perfectamente imaginable, modelizable y técnicamente abordable. Lo que falta no es física. Lo que falta es decisión política, alineación regulatoria y voluntad de enfrentarse a intereses creados.

Ahí es donde la discusión se vuelve realmente incómoda: porque si el obstáculo ya no es tecnológico, entonces hay que señalar a los responsables reales del retraso. Y esos responsables tienen nombres, balances y consejos de administración. La lógica del sector fósil sigue siendo brutalmente simple: como explicaba un reportaje de The Guardian, toda compañía quiere producir el último barril vendido. No el penúltimo. No uno menos por responsabilidad climática. El último. De ahí la importancia de intentar construir marcos políticos nuevos, como la Declaración de Belém o incluso la idea de un tratado de no proliferación fósil: no porque vayan a resolver por sí solos el problema, sino porque ayudan a desplazar la norma social y política. Igual que ocurrió con otras industrias cuya legitimidad empezó a erosionarse antes de desaparecer o encogerse.

Lo utópico no es pensar en un mundo post-fósil. Lo utópico, en el peor sentido del término, es creer que podemos seguir quemando hidrocarburos como hasta ahora sin que el coste económico, social y geopolítico se nos lleve por delante.

La objeción habitual es que todo esto suena muy bien mientras no se hable de cemento, acero, fertilizantes, aviación o transporte marítimo. Pero precisamente ahí es donde la transición deja de ser un eslogan y pasa a ser una estrategia seria: electrificar todo lo electrificable, reservar las moléculas verdes para lo difícil, reducir despilfarros absurdos y reorganizar la demanda. No hay magia: hay ingeniería, planificación y prioridades. La alternativa, además, no es mantener el mundo tal como está, sino resignarnos a un sistema fósil cada vez más caro, más volátil, más litigioso, más subsidiado y más destructivo climáticamente.

La pregunta correcta, por tanto, no es si un mundo sin combustibles fósiles es posible. La evidencia disponible dice que sí lo es, y cada año con más claridad. La pregunta correcta es quién está dispuesto a acelerarlo y quiénes siguen trabajando, con subvenciones, lobby y propaganda, para retrasarlo todo lo que puedan. Porque el futuro energético ya no se decide entre lo posible y lo imposible, sino entre lo inevitable y lo bloqueado. Y cuanto antes entendamos que la dependencia fósil no es una garantía de prosperidad sino una forma de chantaje estructural, antes empezaremos a tratar las renovables no como una opción moralmente deseable, sino como lo que son: la infraestructura básica de una economía moderna, segura y civilizada.

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Renacimiento de Europa: la encrucijada de una civilización

Por: Nuria

Foto de Guillaume Périgois en UnsplashFoto de Guillaume Périgois en Unsplash

Artículo original publicado en espacio-publico.com por Paco Cantero

Fotografía: Guillaume Périgois en Unsplash

La civilización europea (aquella que se forjó en el mármol de Atenas, se ordenó bajo el derecho de Roma, brilló en la elegancia de Viena y alcanzó su cima estética en el Renacimiento del siglo XV) no está simplemente en crisis: es víctima de una erosión sistémica. Lo que hoy conocemos como la estructura institucional de la Unión Europea se ha convertido en una arquitectura rígida, cada vez más alejada del interés ciudadano y crecientemente subordinada a lógicas financieras globales que desplazan el bien común. En un mundo que vira aceleradamente hacia la multipolaridad, donde nuevos bloques de poder emergen con soberanía real, Europa corre el riesgo de convertirse en un actor irrelevante.

Para que Europa recupere su esencia, debemos reconocer que las estructuras actuales han agotado su propósito histórico. La construcción de una Alternativa Continental no es solo una propuesta ideológica, sino una de las pocas vías reales que tiene el continente para recuperar protagonismo. Esta alternativa exige la superación del orden unilateral y la construcción de un espacio euroasiático soberano, cimentado en una formación humana de excelencia y una economía de soberanía productiva real.

El realismo de la fractura: La permanencia de los pueblos

Cualquier visión de futuro debe partir de un diagnóstico honesto del presente. La construcción de este espacio soberano choca hoy con la realidad de una fractura profunda entre Europa occidental y Rusia. Estas diferencias constituyen un problema grave cuya resolución no será inmediata; la situación geopolítica contemporánea ha levantado muros que tardarán años, quizás décadas, en derribarse.

Sin embargo, al abordar este conflicto, debemos elevar la mirada: los dirigentes políticos y sus decisiones son, por definición, temporales y transitorios. Las administraciones pasan, pero los pueblos permanecen. La identidad de una nación y su cultura están siempre por encima de la política de turno.

El reencuentro hacia una auténtica cooperación euroasiática debe ser un proceso gradual de desescalada y reconstrucción de la confianza. El imperativo de la unión responde a una necesidad histórica y estratégica que trasciende las crisis del presente. Sin la profundidad geográfica y energética del espacio ruso y la tradición humanista e industrial de Europa occidental, el continente seguirá siendo un escenario de disputa para potencias externas. Solo reconociendo los intereses compartidos podremos recuperar la capacidad de actuar como bloque coherente.

El desafío de la financiarización global

La reconstrucción europea requiere identificar los modelos que hoy limitan la soberanía de los Estados y que deben ser reemplazados por una estructura de gobernanza más equitativa. En primer lugar, la creciente influencia de la gran gestión de activos financieros globales. Fondos de inversión de escala sistémica (BlackRock) operan con lógicas de rentabilidad que con frecuencia entran en conflicto con los intereses de largo plazo de ciudadanos y Estados. Esta estructura debería dar paso a una gobernanza que priorice el bienestar colectivo frente a los intereses de los fondos de inversión internacionales.

En segundo lugar, nos enfrentamos al riesgo de un tecno-feudalismo impulsado por actores del sector tecnológico (Peter Thiel y Elon Musk) que, bajo una retórica de innovación, promueven modelos donde la soberanía de los datos y las infraestructuras críticas queda en manos privadas. La Alternativa Continental rechaza este modelo: la tecnología debe servir a la ciudadanía y al interés general, no consolidar nuevas formas de monopolio.

El imperativo Euroasiático y la autonomía productiva

La superación del actual marco de dependencia es una condición necesaria para construir un espacio de mayor autonomía estratégica. La combinación de la capacidad industrial y tecnológica de Alemania, Francia e Italia con la inmensidad de recursos energéticos del espacio euroasiático crearía un bloque productivo sin precedentes. Esta vía es la única que podría sostener una voz propia frente a las grandes hegemonías externas. Para que esta soberanía sea real, la economía debe blindarse contra la especulación:

  • Moneda Soberana Euroasiática: una unidad monetaria anclada a Activos Puros (reservas energéticas, producción industrial de alta tecnología, metales estratégicos, infraestructuras) que elimine la dependencia de la deuda fiduciaria y la volatilidad de los mercados de divisas.
  • Blindaje de Servicios Públicos: la educación, la sanidad y los servicios sociales no pueden ser tratados como nichos de mercado. Su gestión debe responder a criterios de interés general.
  • La Vivienda como Derecho: la vivienda debe ser reconocida como necesidad básica y pilar de la cohesión social, alejada de su función como activo puramente especulativo.
  • Sectores Estratégicos: el acceso a la energía, el agua y las redes de comunicación se definen como patrimonio colectivo, no susceptible de gestión con lógica meramente especulativa.

El canon de la excelencia: belleza, verdad y ciencia

Nuestra respuesta al vacío cultural es el retorno al Canon de la Excelencia occidental y euroasiática. No podemos construir un futuro sin cimientos sólidos en el pasado. Reivindicamos la herencia del Renacimiento italiano de los siglos XV y XVI: desde el Quattrocento temprano de Donatello, cuya revolución escultórica preparó el terreno para el Renacimiento clásico de Miguel Ángel y Rafael, hasta la síntesis plena de proporciones y humanismo que caracteriza a estos últimos. Reconocer la distancia generacional y estilística entre estos maestros no mengua su grandeza, sino que enriquece nuestra comprensión de una tradición en permanente diálogo consigo misma.

Recuperamos también la mirada de los impresionistas de la segunda mitad del siglo XIX (Monet, Renoir y tantos otros) que devolvieron a la pintura la capacidad de apreciar la belleza efímera del entorno natural. Junto a ellos, Camille Pissarro, nacido en las Antillas Danesas en 1830 y formado entre la tradición caribeña y la escuela parisina, enriqueció el movimiento con una sensibilidad singular que trasciende las fronteras nacionales y testimonia la fecundidad del diálogo entre culturas.

La soberanía se funda también en la palabra. No existe Europa sin Miguel de Cervantes, que nos legó la ética del idealismo frente al materialismo vulgar. Esta visión se enriquece con la profundidad de Fiódor Dostoyevski y León Tolstói, quienes comprendieron que el ser humano necesita raíces profundas para no ser arrastrado por el nihilismo. Regresamos igualmente a la razón como fundamento político: el imperativo moral de Immanuel Kant, la visión histórica de Hegel y el equilibrio institucional propuesto por Montesquieu, cuya influencia sobre el constitucionalismo moderno es inseparable de la Ilustración francesa en la que también participó Voltaire.

En el ámbito científico, honramos el legado de Max Planck, Albert Einstein y Niels Bohr, cuyos descubrimientos en física cuántica y relatividad nacieron de un pensamiento riguroso y de la libertad académica, no de la rentabilidad inmediata. Reivindicamos igualmente a Dmitri Mendeléyev, cuya sistematización del universo químico en la tabla periódica (1869) sigue siendo uno de los logros intelectuales más perfectos de la ciencia moderna, y a Konstantin Tsiolkovski, el pionero ruso de la astrofísica teórica y la cohetería, cuyas ecuaciones de propulsión (desarrolladas entre finales del siglo XIX y principios del XX) siguen siendo fundamento de la ingeniería espacial contemporánea.

Para ser verdaderamente soberanos, proponemos el desarrollo de una infraestructura digital euroasiática propia. No podemos permitir que nuestros datos y comunicaciones dependan de servidores extranjeros controlados por intereses ajenos al continente. La tecnología debe ser el nuevo acero de nuestra independencia estratégica.

Una nueva educación y resistencia cultural

Para formar a los ciudadanos del mañana, proponemos un sistema que proteja nuestra identidad cultural y prepare para el futuro tecnológico:

  • El Legado Clásico como Soberanía Intelectual: recuperar el estudio del latín y el griego antiguo como ejercicios de libertad intelectual y acceso directo a las fuentes de nuestra civilización.
  • Excelencia Tecnológica y Politécnica: la formación debe ser puntera en ciencias exactas e ingeniería. Queremos ciudadanos capaces de comprender tanto el pensamiento filosófico clásico como la arquitectura de la inteligencia artificial.
  • Independencia Educativa: revisión crítica de las agendas ideológicas financiadas por fundaciones externas, devolviendo el espacio académico al debate plural y a la búsqueda honesta de la verdad.

Para contrarrestar la deriva cultural actual, se propone una estructura de diplomacia cultural a través de la Red de Organizaciones Culturales Euroasiáticas (ROCE):

  • Centros de Pensamiento Independientes: espacios de resistencia intelectual inspirados en el papel histórico del Ateneo de Madrid, refugio de la inteligencia libre frente al dogmatismo durante los siglos XIX y XX, y que actualmente mantiene encendida la llama de una institución que ha sido cuna y escenario de algunos de los movimientos sociales, culturales y políticos más importantes de la historia de España. Estos nuevos centros funcionarán como foros de debate elevados donde la palabra sea soberana, desafiando los consensos fijados por las agendas globalistas y recuperando la autonomía del pensamiento civil frente al poder financiero y estatal.
  • Mecenazgo Popular: creación de fondos ciudadanos para financiar el arte clásico, la arquitectura tradicional y los medios de comunicación independientes, rompiendo el monopolio de los grandes fondos de inversión sobre la cultura.
  • El Eje de la Inteligencia: intercambio masivo de estudiantes y científicos para liderar la investigación biotecnológica ética y el desarrollo de la energía de fusión, protegiendo los descubrimientos europeos de lógicas extractivas de patentes.

El triunfo de la identidad

Las estructuras actuales deben ser superadas para que Europa renazca con plena consciencia de su historia y de sus responsabilidades. Ante el ascenso de un mundo multipolar, la Alternativa Continental representa una de las pocas vías para recuperar el control colectivo de nuestro destino. Frente a la financiarización sin límites y la dependencia tecnológica, debemos levantar el proyecto de una Eurasia fuerte, intelectualmente orgullosa y conectada con su herencia plural. Es el momento de que los pueblos vuelvan a caminar por la senda de la grandeza que ellos mismos construyeron.

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Alto TLC UE-México

Por: Arturo

No mñas "modernización" del acuerdo global TLC UE-MNo mñas "modernización" del acuerdo global TLC UE-M

Alto al Acuerdo Global y Comercial “modernizado” entre la Unión Europea y México

Attac España suscribe el presente comunicado

Las organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, defensores/as de derechos humanos, de bienestar animal y del medio ambiente que firmamos la presente carta nos dirigimos a las y los responsables políticas/os de México y de la Unión Europea (UE) para exigir que no ratifiquen ni el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México (TLCUEM) “modernizado” ni el Acuerdo Global que contiene un apartado sobre protección de inversiones y un mecanismo controversial que permite el  arbitraje inversor-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés).  

El texto se negoció a espaldas de la ciudadanía sin debate y ni consulta pública. Se finalizó en abril de 2020, en medio de una de las peores crisis sanitarias, sociales y económicas del mundo, desencadenada por la pandemia de COVID19. Seis años más tarde, en medio de múltiples crisis y conflictos, los mandatarios europeos y mexicanos se apuran a firmar un acuerdo “modernizado” que tendrá peores consecuencias que su versión anterior, vigente desde 2000, por las siguientes razones:

  1. Beneficia a los inversores extranjeros en detrimento de la población local, el ambiente y el clima.

El Acuerdo Global incluye un apartado sobre la protección de inversiones que contiene el recurso del arbitraje inversor-Estado. Este mecanismo, conocido también por sus letras en inglés: ISDS (Investor-State-Dispute Settlement) le concede a inversores extranjeros el acceso privilegiado y exclusivo a un tribunal internacional para resolver sus controversias con estados. México es el 3er país más demandado ante tribunales de arbitraje a nivel mundial. Lleva más de 500 millones de dólares gastados en laudos perdidos y costos de defensa y aún hay demandas pendientes que suman al menos 5.500 millones de dólares. El Acuerdo Global amplía los derechos del arbitraje a inversores de otros países europeos y restringe la soberanía mexicana de decidir sobre sus políticas públicas a favor de la población, del ambiente y del clima y vice versa.

  1. Promueve un modelo extractivo sin fortalecer la producción local

El TLCUEM contiene un capítulo sobre recursos naturales que le impide a México poner precios diferenciales para el uso de sus minerales y recursos energéticos a nivel nacional y para la exportación. El capítulo de inversiones prohíbe la restricción del libre flujo de capitales y la imposición de los llamados requisitos de desempeño. Entonces ni los gobiernos europeos, ni el mexicano pueden obligar a los inversores del otro país a que, por ejemplo, usen un cierto porcentaje de contenido local en su producción o que transfieran tecnología y conocimiento. Sobre todo para México, país con recursos de interés para la Unión Europea, esto implica la restricción de medidas que promuevan el desarrollo económico y social a nivel  nacional y local. 

Debilita la producción agrícola mexicana

A cambio de obtener tres años más del derecho de regular su mercado energético, México eliminó aún más aranceles para la importación de alimentos a su mercado interno, sobre todo de carne y productos lácteos. Sumado a las concesiones ya dadas para la importación de más lácteos y otros productos agrícolas o alimentos procesados, esto amenaza la producción local de alimentos en México y la situación del campesinado. Además, promueve un comercio innecesario – ya que México no necesita importar ni más carne ni más lácteos para satisfacer la demanda nacional – que contribuye al cambio climático.

  1. Promueve la relocalización de producción de ciertas industrias a México, sin garantizar estándares ambientales y laborales

El TLCUEM constituye el marco para que empresas europeas puedan relocalizar con más facilidad su producción a México. De hecho, muchas empresas europeas ya producen en México. La experiencia de Electrolux en Cd Juarez con su represión a los trabajadores que quieren formar un sindicato es  bien conocida. Recientemente, Volkswagen anunció el traslado de más partes de su producción de automóviles a México, donde lxs trabajadorxs ganan considerablemente menos y las leyes ambientales se implementan menos. Al mismo tiempo, la corporación anunció que eliminaría 30,000 puestos de trabajo en sus plantas en Alemania hasta 2030.

Actualmente, 50 zonas en México se encuentran en emergencia sanitaria y ambiental. La razón: la producción industrial indiscriminada. Una de las zonas más afectadas es la de Puebla-Tlaxcala donde Volkswagen y otras empresas europeas tienen sus plantas. El TLCUEM, como todos los tratados firmados por la UE, incluye solo un capítulo sobre comercio y desarrollo sostenible con disposiciones que no son vinculantes. El debilitamiento en la UE de la ley de debida diligencia (CSDDD) empeora esta situación.

A esto se suma que el tema de género es soslayado en el tratado aún cuando este comercio afecta directamente a muchas mujeres en México a nivel laboral y de consumo, pero también a nivel ambiental.

Estos son sólo algunos puntos preocupantes de este acuerdo. Se podría mencionar también la apertura a nivel nacional y de los estados provinciales de las licitaciones públicas a empresas europeas sin precedentes y con un impacto en la promoción de PYMES y el grave impacto sobre los derechos humanos. De hecho, la actualización del Acuerdo Global México–UE se ha realizado sin una evaluación integral de su impacto en derechos humanos. Al reducir el análisis al ámbito comercial, se oculta la responsabilidad de la relación bilateral en contextos de violaciones graves, como la desaparición forzada, el desplazamiento forzado o el asesinato de personas defensoras en México. Ratificar el acuerdo en estas condiciones constituye una decisión política que asume responsabilidad en la continuidad de estas violencias.

El TLCUEM y el Acuerdo Global son instrumentos que profundizan un modelo económico destructor en México y en la Unión Europea con privilegios para inversores y daños para la población. No subsanan la asimetría existente entre las dos economías, ni promueven un desarrollo sostenible o un comercio que respete los límites planetarios. Por eso, instamos a los representantes políticxs de ambos lados del Atlántico a no ratificar estos acuerdos. 

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Observatorio de la Desregulación

Por: Arturo

Una herramienta imprescindible de seguimiento de las políticas europeas de desregulación y una alerta sobre las posibles consecuencias sociales y ambientales de  la agenda de competitividad de la UE, donde se prioriza la competitividad empresarial sobre la regulación pública, bajo el pretexto de simplificación de trámites administrativos.

Arturo Martínez. Comunicación Attac España.

EL Observatorio Europeo de las Empresas (CEO por sus siglas en inglés) es un grupo de investigación y activismo que trabaja para sacar a la luz y cuestionar el acceso privilegiado y la influencia de que gozan las empresas y sus grupos de presión en la elaboración de las políticas de la Unión Europea (UE)

El observatorio nos advierte de las consecuencias sociales y ambientales que la vigente priorización de la competitividad empresarial sobre la regulación pública de la UE nos traerá si no revertimos la situación. Y para ello lleva a cabo el proyecto “Deregulation Watch” (Observatorio de la Desregulación) del que, desde Attac, ya os hemos dado cuenta y recomendado anteriormente. Deregulation watch analiza y documenta la agenda de desregulación promovida por la Comisión Europea presidida por Ursula von der Leyen.

La Unión Europea está entrando en una nueva fase política en la que el objetivo de aumentar la “competitividad” empresarial se traduce en una reducción o flexibilización de normas sociales, ambientales, digitales y de protección de derechos.

Esta orientación política está fuertemente influida por las grandes patronales y grupos de presión empresariales, que consideran que muchas regulaciones europeas representan costes excesivos para las empresas. La consecuencia puede ser un debilitamiento progresivo de estándares construidos durante décadas en ámbitos como la protección ambiental, los derechos laborales, la privacidad digital, la transparencia corporativa y la salud pública.

La herramienta “Deregulation Watch”, que desde Attac España recomendamos, nos sirve de seguimiento  a las organizaciones sociales, sindicatos, activistas y ciudadanas interesadas en comprender cómo avanza este proceso de desregulación y qué sectores económicos son sus principales beneficiarios.

Contexto político y económico

El CEO sitúa el origen de esta ofensiva desreguladora en la preocupación de las instituciones europeas por la pérdida de competitividad frente a Estados Unidos y China. Diversos actores económicos y políticos sostienen que Europa tiene un exceso de regulación que ralentiza la innovación, las inversiones y el crecimiento económico.

En este contexto, la Comisión Europea ha empezado a presentar propuestas de “simplificación normativa”, justificadas oficialmente como medidas para reducir burocracia y facilitar la actividad empresarial. Bajo este término de “simplificación” lo que se oculta es una estrategia más amplia de desmantelamiento regulatorio.

Las políticas europeas estén priorizando los intereses de grandes empresas industriales, tecnológicas, químicas y financieras frente a objetivos como la transición ecológica, la protección de consumidores o los derechos laborales.

Principales mecanismos de desregulación identificados

1. Paquetes “ómnibus” legislativos

Uno de los instrumentos más relevantes son las llamadas leyes “ómnibus”. Estas iniciativas agrupan múltiples modificaciones regulatorias en un solo paquete legislativo. El mecanismo dificulta el debate democrático y facilita la eliminación simultánea de distintas obligaciones regulatorias. Entre las áreas afectadas se encuentran:

  • Requisitos de sostenibilidad empresarial.
  • Normas medioambientales.
  • Obligaciones de transparencia corporativa.
  • Controles sobre cadenas de suministro.
  • Protección de consumidores.

Este procedimiento favorece procesos rápidos y opacos, con poca supervisión pública.

2. Reducción de obligaciones de información empresarial

Otro aspecto central es la reducción de obligaciones de reporte y transparencia para las empresas.

La Comisión Europea ha planteado disminuir significativamente las exigencias de información relacionadas con sostenibilidad ambiental y responsabilidad social corporativa (RSC). El argumento oficial es que las pequeñas y medianas empresas soportan cargas administrativas excesivas.

Sin embargo, estas medidas pueden limitar la capacidad de controlar impactos ambientales, violaciones de derechos humanos y prácticas empresariales abusivas. Al tiempo que las empresas disponen de mayores márgenes para practicar “greenwashing”. Si no hay posibilidad de verificarlo ¿Qué va a evitar que se presenten como sostenibles sin serlo?

3. Obstáculos para nuevas regulaciones

El observatorio denuncia la creación de nuevos mecanismos institucionales que dificultan aprobar futuras regulaciones.

Entre ellos destaca el uso creciente de evaluaciones de impacto económico centradas casi exclusivamente en costes empresariales. Dejando en segundo plano beneficios sociales y ambientales.

Además, critica que determinadas propuestas exijan revisiones constantes de la legislación ya existente bajo criterios de competitividad, generando presión permanente para reducir normas protectoras.

4. Limitación de regulaciones nacionales

Otro elemento relevante es el intento de reforzar el mercado único europeo limitando la capacidad regulatoria de los Estados miembros. La Comisión Europea está impulsando controles más estrictos sobre las normativas nacionales que pueden afectar al funcionamiento del mercado interior. Esto puede dificultar que algunos países adopten estándares ambientales o sociales más ambiciosos que los mínimos europeos.

Se trata de una centralización normativa favorable a las grandes corporaciones multinacionales, interesadas en operar bajo reglas homogéneas y menos exigentes.

Sectores especialmente afectados

Sector ambiental y climático

Las políticas ambientales son uno de los principales objetivos de la agenda desreguladora.

Las industrias químicas, energéticas y automovilísticas aparecen frecuentemente como actores influyentes en las campañas de presión contra regulaciones ecológicas. El Observatorio advierte de posibles retrasos o debilitamientos en:

  • Objetivos climáticos.
  • Normas sobre sustancias tóxicas.
  • Regulaciones de emisiones industriales.
  • Requisitos de transición energética.
  • Legislación sobre economía circular.

La narrativa de la competitividad se utiliza para justificar excepciones regulatorias y ayudas públicas a sectores altamente contaminantes.

Sector digital y tecnológico

Grandes empresas tecnológicas están ejerciendo una intensa presión para suavizar normas relacionadas con:

  • Protección de datos.
  • Inteligencia artificial.
  • Transparencia algorítmica.
  • Competencia digital.
  • Moderación de contenidos.

Algunas propuestas de “simplificación digital” pueden reducir garantías fundamentales de privacidad y derechos de usuarios.

Por otro lado es alarmante la falta de transparencia en determinadas negociaciones entre instituciones europeas y grandes plataformas tecnológicas.

Derechos laborales y sociales

Entre las preocupaciones señaladas destacan:

  • Debilitamiento de normas de seguridad laboral.
  • Flexibilización de obligaciones empresariales.
  • Menor protección para trabajadores de plataformas digitales.
  • Reducción de estándares sociales en nombre de la competitividad.

Algunos sectores empresariales presentan las protecciones sociales como obstáculos económicos, favoreciendo un enfoque donde la reducción de costes laborales se convierte en prioridad política sobre otros derechos sociales.

Crítica al papel de los lobbies empresariales

Uno de los ejes centrales del análisis del Observatorio de la Desregulación es la influencia de los grupos de presión corporativos en la toma de decisiones europeas. Muchas de las propuestas actuales reproducen demandas históricas de grandes asociaciones empresariales europeas. Y representantes de la industria mantienen un acceso privilegiado a comisarios europeos y altos funcionarios.

El Observatorio denuncia especialmente:

  • La desproporción entre acceso empresarial y acceso de organizaciones civiles.
  • La opacidad de algunas reuniones y procesos consultivos.
  • La incorporación casi literal de demandas empresariales en propuestas regulatorias.
  • El uso del discurso de la competitividad para legitimar retrocesos normativos.

Estamos ante una forma de “captura corporativa” pavorosa de las instituciones europeas.

Riesgos identificados por el observatorio

El Corporate Europe Observatory considera que la actual ola desreguladora puede tener consecuencias profundas a medio y largo plazo. Y entre los riesgos principales menciona:

  1. Debilitamiento de estándares ambientales y climáticos.
  2. Menor transparencia empresarial.
  3. Retroceso en derechos laborales y sociales.
  4. Pérdida de protección de consumidores.
  5. Reducción de controles democráticos sobre grandes empresas.
  6. Aumento de la influencia corporativa en la legislación europea.
  7. Obstáculos para futuras políticas progresistas.
  8. Fragmentación de la confianza ciudadana en las instituciones europeas.

El observatorio teme que Europa abandone progresivamente su modelo regulatorio, históricamente más protector que el estadounidense, para adoptar una lógica más orientada a la liberalización económica.

Conclusión

Frente a todo ello, el Corporate Europe Observatory propone reforzar la vigilancia ciudadana, aumentar la transparencia institucional y mantener mecanismos regulatorios sólidos capaces de equilibrar intereses económicos con objetivos sociales, climáticos y democráticos.

Para saber más os remitimos a nuestra entrada: https://attac.es/curso-intensivo-sobre-la-ola-de-desregulacion-de-la-ue/

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Antiglobalización versus capitalismo autoritario

Por: Nuria

Capitalismo autoritarioCapitalismo autoritario

Artículo original publicado en france.attac.org por Frédéric Lemaire

Dos de los puntos fuertes de Attac, desde finales de la década de 1990 en adelante, fueron la precisión de sus análisis críticos del neoliberalismo, la globalización y la financiarización, así como la amplitud de sus propuestas para abordarlos. Attac contribuyó a refutar la idea de que no existía alternativa (el famoso TINA de Margaret Thatcher), demostrando en cambio que otro mundo era posible.

Hoy nos enfrentamos a otro dilema: el del capitalismo autoritario, que acompaña al auge de la extrema derecha, catalizado por la victoria de Trump en Estados Unidos. Se está produciendo una transformación global de nuestras economías y sociedades, aparentemente solo en oposición a la ortodoxia neoliberal.

La transformación autoritaria del capitalismo parece estar afectando a todos los sectores de la economía y la sociedad. En materia de comercio, el libre comercio y el multilateralismo superficial promovidos por el neoliberalismo se ven desafiados por el neomercantilismo de Trump (del cual los aranceles son una herramienta). Esta tendencia se acompaña de una creciente subyugación de las economías, en Europa y en todo el mundo, a las potencias hegemónicas.
Las multinacionales, desde las tecnológicas hasta las de combustibles fósiles y las industrias extractivas, colaboran estrechamente con gobiernos de derecha y ultraderecha. Ejercen presión para desmantelar las normas sociales, ambientales y sanitarias (tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, véanse los Paquetes Ómnibus ). Pero también buscan cada vez más financiación pública y posiciones dominantes que les permitan eliminar toda competencia.

En el ámbito financiero y monetario, las finanzas autoritarias y opacas, lideradas por los fondos de cobertura , están ganando cada vez más protagonismo a expensas de los mercados regulados, incluso cuando la regulación es mínima. En el ámbito monetario, las criptomonedas están abriendo nuevas vías para la privatización de la moneda, beneficiando a los gigantes tecnológicos.

Una tendencia autoritaria global

Estas transformaciones económicas forman parte de una tendencia autoritaria global: mayor represión de los movimientos sociales, políticas racistas y antimigrantes, cuestionamiento de los derechos fundamentales, el derecho internacional, los principios democráticos y la separación de poderes, aumento del gasto militar, normalización de la agresión imperial…

Aunque aparentemente contraria a la ortodoxia neoliberal, esta transformación autoritaria del capitalismo radicaliza sus principios mediante el aumento de la violencia . No se limita a ciertos países gobernados por la extrema derecha, como Estados Unidos, sino que se observa en todo el mundo. Se beneficia de las alianzas cada vez más descaradas entre la derecha y la extrema derecha.
En Estados Unidos, la segunda administración Trump y el proyecto 2025 de la Heritage Foundation, que actúa como su fuerza motriz, encarnan a la perfección la coherencia general de un proyecto autoritario y global. El nuevo poder estadounidense parece decidido a fomentar el ascenso de las fuerzas de extrema derecha en todo el mundo y, con este fin, recurre a todo tipo de injerencias.

En la Unión Europea, fue la alianza entre las fuerzas de derecha y de extrema derecha la que hizo posible, por primera vez en la historia del Parlamento Europeo, la aprobación del paquete ómnibus que socava el deber de vigilancia; la extrema derecha se encuentra en una posición de fuerza en la UE para imponer la agenda del capitalismo autoritario .

También en Francia, el centro extremo y la derecha están allanando el camino a la extrema derecha.

En Francia, los sucesivos gobiernos de los últimos años han demostrado que el proyecto de Macron es perfectamente compatible con la evolución autoritaria del capitalismo, no solo en términos de represión, sino también en cuanto al endurecimiento de las políticas a favor de los ricos, las empresas y el medio ambiente (leyes presupuestarias, el caso Duplomb, etc.). En varias ocasiones, el partido de Macron, la derecha y la Agrupación Nacional han votado conjuntamente a favor de medidas reaccionarias . Al hacerlo, el centro extremo y la derecha allanan el camino para que la extrema derecha llegue al poder. Su sumisión a los ultrarricos, incluido Bernard Arnault, quien ha expresado su simpatía por Donald Trump , contribuye a esta permeabilidad.

En otras palabras, el capitalismo autoritario no es un modelo alternativo marginal; se está consolidando como un modelo con ambiciones hegemónicas . En la década de 2000, Attac y el movimiento antiglobalización contribuyeron a construir un análisis crítico, a unir movimientos de resistencia y a desarrollar propuestas y modelos alternativos frente a la globalización neoliberal. En el período crucial que estamos viviendo, nuestra organización debe volver a desempeñar este papel de desarrollo y unión contra la transformación autoritaria del capitalismo.

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«La transformación energética es una batalla para cambiar el modelo y una apuesta antifascista»

Por: Nuria

El filósofo Eudald Espluga, que publica 'Imagina el fin'El filósofo Eudald Espluga, que publica 'Imagina el fin'

Fotografía: El filósofo Eudald Espluga, que publica ‘Imagina el fin’.M. Font

Artículo original publicado en publico.es por Marc Font

Hablamos con el filósofo, que publica el ensayo ‘Imaginar el fin’, donde cuestiona la idea del colapso inevitable y defiende las narrativas apocalípticas como una herramienta para la «ruptura y transformación» hacia «futuros posibles».

Imaginar el fin. Pensamiento apocalíptico para un futuro potstcapitalista (editado por Paidós en castellano y por Raig Verd en catalán) es el documentadísimo ensayo del filósofo Eudald Espluga (Girona, 1990) que cuestiona la idea de que vamos hacia a un colapso inevitable, fruto de la expansión de unos relatos colapsistas que, entre otros elementos, dificultan la movilización y la acción colectiva para avanzar hacia otros escenarios.

Nos reunimos con Espluga en la sede de la editorial Raig Verd  para conversar sobre una obra en la que defiende la necesidad de cambiar los relatos y, por tanto, los marcos de debate y discusión para plantear lo que considera unos “futuros posibles” con soluciones que ya existen. Que, a grandes rasgos, suponen realizar una transición hacia una sociedad postcapitalista.

Sin negar la evidencia de unos datos científicos que constatan que «estamos en un momento de cambio de época», el filósofo apuesta por los relatos apocalípticos como herramienta emancipadora que, a diferencia del colapso, nos puede llevar a la movilización colectiva, a las alianzas entre diferentes sectores y a una «transformación radical».

P. Sin negar que estamos en un momento de policrisis global -climática, geopolítica, energética o económica-, ‘Imaginar el fin’ cuestiona la idea de que el colapso sea inevitable. De entrada, ¿por qué cree que aparentemente esta idea parece haberse hecho hegemónica?

R. Porque en los últimos años, tanto en los medios de comunicación como en los medios audiovisuales, ha habido una proliferación de discursos y de proyecciones, a través de películas, series o relatos, de toda clase de representaciones de este fin del mundo que están muy encaradas a mostrar esta policrisis. Los datos son los que son, pero lo que quería cuestionar es que de estos datos no surge un relato cultural hegemónico de por sí, sino que de los datos a las representaciones sociales y políticas que nos hacemos de este fin del mundo o de la posibilidad del colapso hay una codificación cultural y social.

Las fantasías del colapso me parecen una forma muy estrecha de representar esta realidad que amenaza nuestra forma de existencia

Quería cuestionar cómo tanto las visiones más hegemónicas, y podemos pensar en películas o en series, sean de zombis o tipo The Last of Us, hasta determinados relatos políticos que enfocan que podemos hacer frente a la emergencia climática, la falta de recursos energéticos o la situación bélica actual también derivada de la cuestión económica, siempre están filtradas por lo que llamo fantasías del colapso. Y me parece una forma muy estrecha de representar antropológicamente, éticamente, políticamente e, incluso, ontológicamente los modos posibles de navegar esos datos y esa realidad que amenaza nuestra forma de existencia.

P. Supongo que un factor que lo puede explicar es que imaginar un mundo que se acaba no deja de ser una narrativa muy efectista, ¿no?

R. Sí, evidentemente todas son efectistas, pero la dimensión de sentir que estamos en el tiempo del fin creo la podemos tener en una narrativa colapsista o en una narrativa más de imaginación apocalíptica. Para mí, lo definitorio no es el efectismo de este «estamos en el fin de los tiempos», que por datos estamos en un momento no sé si del fin de los tiempos en los términos que lo conceptualizamos, pero sí en un momento de transformación brutal. A mí me gusta mucho lo que plantea Lizzie Wade, que parte desde una perspectiva arqueológica y dice que para que haya un apocalipsis no basta con una gran catástrofe, no basta con la destrucción de ciudades, de formas de vida y de más, sino que esta destrucción tiene que ser relativamente rápida y tiene que provocar una transformación simbólica en la autopercepción de una comunidad sobre sus formas de vida.

Hay una destrucción y cambios bastante rápidos para que simbólicamente nos planteemos que nos encontramos en una situación de fin de los tiempos

Creo que sí que nos encontramos en una situación apocalíptica en el sentido que la describe Wade, es decir, está habiendo una destrucción y cambios suficientemente rápidos para que simbólicamente todo el mundo hoy nos planteemos que nos encontramos en esta situación de fin de los tiempos o de cambio de época. Para mí lo importante es ver que en estas fantasías colapsistas esto está asociado a esta dimensión más antropológica, que es lo que lo hace muy atractivo para las series, las películas o los relatos. Caer en un pesimismo antropológico y pensar que a la mínima que haya una falla en la cadena de distribución de alimentos y que no haya papel de váter en los supermercados habrá una guerra de todos contra todos y una lucha. Esta idea de cómo que a la mínima que fallen las instituciones sociales y las dinámicas de mercados a las que estamos acostumbrados habrá una guerra brutal en la que se impondrá el egoísmo de todos contra los demás.

Creo que sí que nos encontramos en una situación apocalíptica en el sentido que la describe Wade, es decir, está habiendo una destrucción y cambios suficientemente rápidos para que simbólicamente todo el mundo hoy nos planteemos que nos encontramos en esta situación de fin de los tiempos o de cambio de época. Para mí lo importante es ver que en estas fantasías colapsistas esto está asociado a esta dimensión más antropológica, que es lo que lo hace muy atractivo para las series, las películas o los relatos. Caer en un pesimismo antropológico y pensar que a la mínima que haya una falla en la cadena de distribución de alimentos y que no haya papel de váter en los supermercados habrá una guerra de todos contra todos y una lucha. Esta idea de cómo que a la mínima que fallen las instituciones sociales y las dinámicas de mercados a las que estamos acostumbrados habrá una guerra brutal en la que se impondrá el egoísmo de todos contra los demás.

Creo que sí que nos encontramos en una situación apocalíptica en el sentido que la describe Wade, es decir, está habiendo una destrucción y cambios suficientemente rápidos para que simbólicamente todo el mundo hoy nos planteemos que nos encontramos en esta situación de fin de los tiempos o de cambio de época. Para mí lo importante es ver que en estas fantasías colapsistas esto está asociado a esta dimensión más antropológica, que es lo que lo hace muy atractivo para las series, las películas o los relatos. Caer en un pesimismo antropológico y pensar que a la mínima que haya una falla en la cadena de distribución de alimentos y que no haya papel de váter en los supermercados habrá una guerra de todos contra todos y una lucha. Esta idea de cómo que a la mínima que fallen las instituciones sociales y las dinámicas de mercados a las que estamos acostumbrados habrá una guerra brutal en la que se impondrá el egoísmo de todos contra los demás.

P. Unos relatos, por otra parte, que benefician mucho a las tesis de la extrema derecha.

R. Efectivamente, porque básicamente lo que esto acaba propiciando es que si antropológicamente asumimos que somos egoístas por naturaleza y que el hombre es un lobo para el hombre, la consecuencia es que si el colapso o cualquier forma de crisis ecosocial se tiene que transformar en esta guerra, lo que tenemos que hacer es empezar a prepararnos para el momento del colapso. Y aquí es donde entran las tesis de la extrema derecha y donde vemos estas narrativas survivalistas o preparacionistas, con las que consideran que te tienes que entrenar mucho físicamente, en plan cryptobro, también está la parte de criptomonedas, que es como ante una posible caída de los mercados y de las instituciones tradicionales tenemos que ir a las cadenas propias, y también el hecho de llevar esas mochilas de 70 litros con las navajas, el DNI plastificado, la tienda de campaña y todo lo que necesitarás para sobrevivir en caso de que haya un gran apagón o una falta de recursos.

​Para mí esto es muy grave porque estas cuestiones ligadas a una narrativa preparacionista ya no son tan de nicho y, por ejemplo, cada vez ves más estas mochilas y, casi siempre, los que las llevan van con símbolos fascistas. Me parece muy interesante que haya esta unión casi entre el preparacionismo y la extrema derecha porque esto se traslada a políticas públicas a través de los partidos de extrema derecha y los que no lo son. Este imaginario colapsista va más allá de ellos, y hace un año o poco más la Unió Europea recomendaba que hiciéramos kits de supervivencia.

El discurso de refuerzo de fronteras tanto en Europa como en los Estados Unidos es una política preparacionista

Haciendo un análisis un poco a lo basto de la situación geopolítica que tenemos ahora, con los bombardeos en Irán y todo lo que está haciendo de política exterior Estados Unidos, se puede entender en esta clave de la nación que debe prepararse para asegurarse los recursos en un mundo en el que habrá escasez de petróleo y habrá una escasez energética fuerte. E, incluso, esta protección se traslada en tesis de defensa de de la población blanca en clave supremacista. Todo el discurso de refuerzo de fronteras tanto en Europa como en Estados Unidos, allí con las actuaciones de la ICE y las deportaciones masivas, también es una política preparacionista de si vamos hacia un mundo que colapsa, necesitamos vivir en esta fortaleza, en este Estado búnker para defendernos de los invasores.

P. Seguramente los casos más extremos de este preparacionismo serían los proyectos de búnkeres para megamillonarios o las huidas hacia el espacio también de este colectivo, que al final numéricamente son muy pocos y, en buena parte, responsables directos de las crisis sistémicas que sufrimos.

R. Sí, sí, totalmente. Me parece muy interesante lo que dice un autor como Ben Ware, que plantea que ante estos relatos colapsistas se genera una doble actitud, que he intentado reseguir en el libro. Si el miedo que tienes es que en dos días o en quince fallen todas las cadenas de distribución y al final no te acabe llegando agua potable a casa, no haya medicamentos en los hospitales, etc, y que todo el mundo esté compitiendo por ello, es decir, si has comprado el relato del colapso o acabas con la pasividad nihilista y, por tanto, como el mundo se tiene que ir a la mierda pues hedonismo puro y nos entregamos a lo que quede y venga a quemar fósiles hasta que no quede mañana; o acabas con la hiperactividad narcisista, que es la que encontramos en esta doble vía de los escapistas. Ya sea o nos vamos a un búnker o todas las ideas de Elon Musk y compañía con esta voluntad de ir a construir a Marte lo que no has querido en la Tierra.

Si has comprado el relato del colapso, acabas con la pasividad nihilista o con la hiperactividad narcisista

P. En un momento escribe que «el cierre imaginativo en torno al colapso ha limitado salvajemente las maneras de acercarnos al futuro». Es decir, que ensanchar este imaginario de futuro es un paso imprescindible para actuar y para generar unas respuestas colectivas a la situación actual.

R. Sí, completamente, por eso el título del libro. Y por eso vuelvo a esta frase tan repetida y tan pesada de «es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo». Pero al final, Fredric Jameson, en el origen la cita, no defiende la frase, sino que tras analizarla y dar muchas vueltas lo que dice es que quizás lo que tenemos que hacer es plantearnos cómo llegar al fin del capitalismo a través del relato sobre el fin del mundo. Y es aquí donde le interesa la lógica apocalíptica porque tiene ese juego dialéctico entre una destrucción o un cambio de un modelo social. Y a mí me interesaba ver como sin renunciar a este horizonte escatológico y sin dejar de pensar estas problemáticas reales de la policrisis [que tenemos], se podían empezar a generar relatos que no solo fueran esperanzados, sino que aprovecharan este momento de transición y de complejidad.

P. Ligado a esto, en un momento del libro cita a Rebecca Solnit que defiende que la acción está determinada por la visión. Es decir, que nuestra manera de ver el mundo determina lo que podemos hacer y, por tanto, si no ofreces un relato esperanzador que plantee un futuro diferente difícilmente actuarás.

R. Totalmente, pero es verdad que después de que Mark Fisher publicara el libro Realismo capitalista y se empezara a discutir sobre ello, han empezado a aparecer muchos pensadores en los últimos 10-15 años que sí hacen un ejercicio de imaginación proyectiva de cómo pueden ser estos escenarios diferentes. Por ejemplo, es muy interesante la propuesta del comunismo de lujo completamente automatizado. Es un poco una locura porque parte de asumir la base más radical del pensamiento capitalista de un Elon Musk y asumir que por la ley de Moore habrá un crecimiento exponencial en el desarrollo de las tecnologías y eso nos permitirá en el lapso de 15 o 20 años llegar a un estado de abundancia total. Hasta el punto de que podremos crear carne sintética y, por tanto, podremos dejar de matar animales y seguir comiendo toda la carne que queramos, o que podremos tener un sistema energético 100% renovable y seguir gastando y consumiendo la misma cuota de energía habiendo renunciado a las energías fósiles. Es una propuesta muy interesante y muy discutible, pero que al mismo tiempo nos confronta con esa necesaria imaginación de futuros que no se rijan por las lógicas del presente.

O lo mismo, por ejemplo, con el socialismo de medio planeta, que propone que se necesita renaturalizar medio planeta y, por tanto, los humanos tenemos que habitar sólo en la mitad del planeta. Y que en esa mitad haya una reducción muy grande del consumo de energía, que se repartirá por cuotas y será sólo de origen renovable, que toda la sociedad adoptará una dieta vegana, y a partir de ahí habrá un sistema de planificación socialista que repartirá los trabajos. Para mí, estas eran como las primeras propuestas para salir un poco de los debates que estaban ya un poco entroncados sobre el decrecimiento y muy encarados en la idea de colapso.

Solnit nos invita a transformar nuestra visión sobre el presente y darnos cuenta de que hay cosas que ya están cambiando

R. Estas propuestas encajarían perfectamente en la idea de cambiar la visión para cambiar la acción, pero en la medida que eran proyecciones utópicas de una transformación tan total lo que me parece interesante de Solnit es que en su libro no mira como utopías de transformación a muy largo plazo, sino que nos invita a transformar nuestra visión sobre el presente y darnos cuenta de que hay cosas que ya están cambiando. Mirando los movimientos sociales, desde los años 70 hasta la actualidad, lo que hace es ver cosas que en su momento percibimos, dice ella, como un éxito sin victoria. Como, por ejemplo, que no hemos conseguido acabar con el cambio climático construyendo un huerto urbano, pero de golpe lo que podía parecer solo para una pequeña comunidad autogestionada empieza a ser una política urbana adoptada por ayuntamientos y por instituciones más amplias. Podríamos pensar lo mismo con los refugios climáticos. O podemos ir escalándolo en propuestas más generales, por ejemplo, a mí la de superilla me parece muy clara, porque en Barcelona la tenemos muy presente, pero lo mismo se ha estado haciendo en parte en Nueva York, y en parte pasó con la ciudad de los 15 minutos en Francia.

Y la reticencia y el rechazo que ha habido por parte de sectores de la derecha y de la extrema derecha a estas políticas, con el argumento de que puedas ir donde quieras con tu vehículo privado de gasolina, no es solo una batalla urbanística o de ciudad, es una batalla por el modelo. Porque cuestionas la esencia misma de la cosmovisión de la extrema derecha según la cual tú tienes derecho a tus cosas, a tu propiedad, a tu acceso,… El modelo de las transformaciones urbanísticas me parece muy evidente, pero hay muchos otros que se han propuesto, por ejemplo, en el campo de la vivienda.

P. Seguramente mucha gente que lea el libro se sorprenderá de que la tesis que defiende es que el apocalipsis «no es la narración cataclísmica de una destrucción total, sino una historia de transformación radical». Por lo tanto un «tiempo de ruptura, una puerta abierta al cielo que nos narra otros futuros posibles». ¿Por dónde pasarían estos futuros?

R. Primero, las cosas que ya tenemos sobre la mesa o que ya se están haciendo y que se pueden hacer a una escala mucho mayor. Y después transformaciones en clave de la vivienda o, por ejemplo, este momento geopolítico que nos encontramos con la subida del precio del petróleo, hace que de golpe tengas otra mirada hacia la transición energética y que esté mucho más politizada de lo que lo había sido antes. Para mí, de golpe, la transformación energética ya no pasa a ser solo cambiar tu coche por un Tesla, por así decirlo, y esa idea de la descarbonización sin intentar cambiar la sociedad, sin que cambie nada, sino entender que la batalla por la transformación energética es una transformación por el modelo. Y que la apuesta por las renovables y por las energías limpias es una apuesta antifascista de una forma muy evidente.

​En la vivienda, propuestas como las que ya estamos viendo de cooperativas de viviendas me parecen muy interesante. Pero autoras como Helen Hester van más allá, y en el libro Contra el realismo doméstico, plantea que empecemos a reflexionar sobre las nuevas formas de construcción de viviendas y, por ejemplo, si tiene sentido que en un edificio de ocho plantas y cuatro pisos por planta todo el mundo tenga una cocina o tenga una lavadora. ¿Por qué no vamos hacia cantinas públicas o hacia supermercados públicos donde la distribución de los alimentos sea de productos de proximidad?

De repente, la transformación energética es una batalla para cambiar el modelo y una apuesta antifascista

Creo que esta transformación, esta transición hacia la sociedad postcapitalista, debe darse en estas instituciones que estén a medio camino entre lo que hasta ahora ha sido el mercado y lo que entendemos por espacio público. Un nuevo modelo que no debemos imaginar como este comunismo completamente automatizado, sino como una idea de lujo público que no sea una idea tan futurista, sino que esté mucho más arraigado. El ejemplo más evidente de lujo público que tenemos y al que nos hemos acostumbrado y no reflexionamos mucho sobre ello son las bibliotecas. Tienes acceso a prácticamente todo, puedes estar en ellas sin que nadie te diga nada, es de las instituciones que mejor refleja la diversidad social, es un lugar de estancia, de juego,… Si el modelo de las bibliotecas de lujo público lo podemos trasladar a supermercados públicos, a cantinas públicas, a lavaderos, a otros modelos de organizar los cuidados y el trabajo productivo y reproductivo, creo que aquí hay un poco esta clave de transformación urbana e, incluso, de la relación entre lo urbano y lo no urbano donde para mí pasa la imaginación de estos nuevos futuros.

P. Estos futuros tienen un vínculo con los relatos colapsistas hechos desde las tesis del decrecimiento, en el sentido de defender la necesidad de romper con el actual modelo económico.

R. Para mí es clave. Cuando cuestiono los relatos colapsistas no es porque no exista la necesidad de ese cambio, sino precisamente porque creo que lo que debe hacer el cambio de relato es marcar las formas de creación de esa agencia colectiva o esa agencia política. Si partimos de un relato completamente colapsista es mucho más fácil que tendamos hacia soluciones hiperindividualistas o preparacionistas como decíamos. O, incluso, hacia propuestas como el comunismo del desastre, a partir de modelos de decrecimiento basados en el colapso. O la idea casi pseudoanarquista de pensar que una vez caigan las instituciones solo en comunidades pequeñas y ruralizadas podremos encontrar la solución a este momento de colapso.

Si partimos de un relato completamente colapsista es mucho más fácil que tendamos hacia soluciones hiperindividualistas o preparacionistas

Y, por ejemplo, una de las cosas que puede ser más problemáticas de la tesis del libro es que creo que la solución debe ser urbana o en gran parte debe pasar por lo urbano, que es donde vive la mayoría de la población. Si no queremos acabar adoptando las teorías problemáticas que si la gran sustitución o las tesis lamarckistas y eugenésicas, creo que nos tenemos que replantear cómo vivimos en estas ciudades, cómo consumimos y cómo nos organizamos en general a nivel de transporte público.

P. ¿Entiendo que con el planteamiento de soluciones ya existentes y, por tanto, que se ven posibles, también quiere buscar que el relato sea más atractivo para gran parte de la población, lo que facilitaría la movilización?

R. Bueno, es que justamente creo que, además de atractivo, tiene que dar motivos y tiene que facilitar esta movilización. Por eso cuando vuelvo al apocalipsis bíblico lo hago no solo por una cierta fascinación, sino porque, aunque no lo hayamos leído, todos tenemos en la cabeza unas imágenes que movilizan una imaginación y lo que busco es despertar un poco esa imaginación, llevándolo mucho a lo que fue durante tiempo su lectura. No tanto en el momento de su escritura, cuando era muy difícil que por sí solas aquellas iglesias cristianas se rebelaran contra el imperio, pero sí en movimientos que van desde el siglo V hasta el XV. Lejos de lo que pensamos hoy por los memes tipo «el milenarismo va a llegar», los movimientos milenaristas no son sectas de locos, sino que utilizan el carácter profético o las promesas de este mundo mejor [del apocalipsis], no como una forma de abandonar la acción, porque ya llegará en otra en otra vida, sino para movilizarse y buscar alianzas entre sectores depauperados ante la injusticia presente.

La extrema derecha ve los relatos apocalípticos como un peligro porque son capaces de generar movilización y alianzas entre diferentes sectores

Hay muchos movimientos que terminan en grandes revueltas campesinas y en un cuestionamiento muy fuerte de las autoridades feudales o de una burguesía incipiente. Y son movimientos que, de hecho, llegan hasta el siglo XVIII-XIX con movimientos anticoloniales. Y justamente la extrema derecha ve los relatos apocalípticos como un peligro porque son capaces de generar esta movilización, esta concentración de las agencias colectivas. Porque percibir el fin del mundo como una posibilidad real pero al mismo tiempo como la posibilidad de un mundo mejor, es lo que puede acabar generando estas alianzas entre diferentes sectores, de clases bajas, clases depauperadas, sectores industriales, etc.

P. En cierto modo esta defensa de la organización y la necesidad de una respuesta colectiva une, o así lo interpreto yo, Imaginar el fin, con su anterior libro, No seas tú mismo, cuando apostaba por buscar soluciones políticas y, por tanto, colectivas a los malestares generalizados de la sociedad.

R. Sí, para mí es claramente como esta evolución, incluso en la idea del doomer que también es una línea que conecta bastante. Al final, No seas tú mismo cuestionaba un poco que los problemas que sufrían los jóvenes hoy fueran generacionales. De lo que hablaba era de la emergencia de unos nuevos problemas, como por ejemplo el relacionado con el capitalismo de plataformas, que de acuerdo lo vemos muy acentuado en los millenials y un poco en los zetas, pero eso no quiere decir que esa misma cancelación del futuro que vemos no afecte a las otras generaciones o que el capitalismo de plataformas no afecte a todo el mundo. Si miramos Airbnb y lo que está generando en la ciudad pues sí, los jóvenes tenemos problemas de vivienda, pero es una afectación muy intergeneracional.

​Lo que hago ahora es ir un poco más allá y ver como muchos de estos problemas en la situación presente han rebasado incluso las estructuras políticas clásicas y, por tanto, los problemas ya no se pueden enmarcar solo en el contexto más o menos estrecho de este neoliberalismo. Sino que muchas de las tesis que ya se han convertido en una realidad política evidente, como las de la ilustración oscura que han influido muchísimo en políticos como J.D. Vance y la administración Trump o en tecnomillonarios tipo Elon Musk o Peter Thiel, van directamente en contra de la democracia. Buscan la imposición de unos dictadores CEO que rijan los Estados como si fueran empresas, gobiernos corporativistas que en la práctica ya los estamos viendo. Cuando los servicios de defensa se hacen a través de los programas de Peter Thiel y Palantir pues estamos viendo como ya se está produciendo esto.

​Por lo tanto, creo que el tipo de amenaza que tenemos hoy es tan grande o es sustantivamente capaz de amenazar la situación existencial del presente que me parecía importante volver a pensar la relación entre política y escatología. Al igual que en el pasado había sucedido, por ejemplo, con la cuestión nuclear, y que había llevado a Susan Sontag o a Günther Anders considerar durante la época de la Guerra Fría que había como una transformación filosófica de las herramientas políticas mediante las cuales teníamos que enfrentar los problemas que vivíamos.

P. Es decir, ¿hay una especie de salto de escala en los objetivos de esta tecnomillonarios que van más allá de los meramente económicos?

R. Creo que con el crecimiento de la inteligencia artificial estamos en un momento de toda una transformación tecnológica de este capitalismo de plataformas, que ha ido más allá. Ya no se rige por esta falsa idea del libre mercado y del neoliberalismo, con la libre competencia de empresas, si no que estamos en un escenario monopólico. Y, además, lo que hace es pensar al Estado como una de las armas principales para transformar el mundo y asegurar la emergencia de un mundo diferente en clave neoconservadora. De hecho, Ben Tarnoff y Quin Slobodian acaban de publicar un libro que se llama Muskism, donde dicen que olvidémonos de decir que son neoliberales o que son anarcocapitalistas. Tienen una lógica de totalitarismo tecnológico a través del Estado, que es también lo que plantea Donatella Di Cesare en su libro Tecnofascismo.

Los tecnomillonarios como Elon Musk tienen una lógica de totalitarismo tecnológico a través del Estado

Me parece muy interesante dejar de pensar en ellos como millonarios capitalistas que lo que hacen es querer ganar dinero, que sí lo quieren ganar, pero que el modelo que tienen detrás es una ideología de Estado totalitario. Por lo tanto, ya no es solo pensar el capitalismo de plataformas por cómo genera esta individualidad, sino que tenemos que ir a mirar las empresas y cómo funcionan estas plataformas y las soluciones políticas que tenemos que traer no son «yo me desconecto, me borro las redes sociales y vivo offline». Cuando Palantir está armando el ejército de Estados Unidos, da igual que tú no tengas Meta o Instagram.

P. Ya para terminar, a pesar del contexto de policrisis, o precisamente por eso, no sé si a la vez tiene la sensación de que hay un embrión de una cierta revuelta ciudadana a través de la movilización popular, sobre todo en el ámbito de la vivienda, en el que no sólo se cuestiona el modelo dominante, sino que también se plantean alternativas y horizontes diferentes.

R. Sí y me parece fundamental porque, además, creo que una de las grandes victorias del Sindicat de Llogateres ha sido precisamente la de transformación del relato, porque los problemas de la vivienda a día de hoy son sensiblemente diferentes de los que había post crisis del ladrillo en 2008. Desde el principio, el Sindicat de Llogateres ha sido capaz de trazar mediáticamente y explicar también socialmente a todo el mundo que hay la emergencia de una nueva clase rentista. Y que se trata de un problema que va más allá de las decisiones individuales que hacemos nosotros al comprarnos una casa o al asumir un alquiler más o menos caro, sino que los desahucios que se están produciendo responden a unas lógicas que son completamente especulativas y que no tienen que ver con la relación que debe tener supuestamente una vivienda para asegurar un derecho, sino que se acaban convirtiendo en bienes de consumo. Y, por tanto, puede generar esta movilización social porque el relato que marca dirige mucho hacia dónde va la acción.

Una de las grandes victorias del Sindicat de Llogateres ha sido la de transformación del relato sobre vivienda

Si defiendo algo en el libro es que debemos cambiar los relatos para que en otras luchas que son prioritarias para nuestra supervivencia, como la emergencia climática, la defensa de un modelo de ciudad, de un modelo de instituciones públicas muy concreto o de un modelo de transición de energías renovables, entre otras, también se produzcan cambios de marcos que sean capaces de generar esas agencias colectivas que vayan destinadas a una confrontación política amplia. Y no a una lógica que puede acabar muchas veces en una división más dentro de la propia izquierda, de si tenemos que tender más hacia un modelo de decrecimiento, cuando menos renovables, si las tenemos que poner aquí o allá. Debemos tender más hacia esta repolitización de las propias herramientas para hacer un frente amplio.

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¿A dónde van a parar los beneficios de la guerra?

Por: Nuria

Un pozo petrolífero en California. / Javi (CC BY-SA 2.0)Un pozo petrolífero en California. / Javi (CC BY-SA 2.0)

Fotografía: Un pozo petrolífero en California. / Javi (CC BY-SA 2.0)

Artículo original publicado en ctxt.es por Gabriel Zucman

Para los pueblos y los dirigentes de la década de 1970 era evidente que los beneficios generados por la explosión de los precios del oro negro tras las crisis petroleras de 1973 y 1979 debían socializarse, en gran parte.

Algunos países productores, como Arabia Saudí y Venezuela, optaron por nacionalizar su producción (entre 1973 y 1980 en el caso del primero, en 1976 en el del segundo); otros, por gravarla con tipos casi confiscatorios.

Así, Estados Unidos creó en 1980 un impuesto sobre los superbeneficios petroleros con un tipo del 70 %, que se aplicaba tras haber pagado el impuesto normal de sociedades con un tipo del 46 %. Es decir, una imposición total de cerca del 85 %. El Reino Unido hizo lo mismo en 1975.

Al igual que se habían confiscado los beneficios de los comerciantes de armas durante las guerras del siglo XX –con una imposición del 95 % sobre los superbeneficios en Estados Unidos en 1942–, era impensable que los ingresos del petróleo, fruto de conflictos armados y revoluciones, fueran a parar a cualquier poder privado.

Así fue como las riquezas faraónicas generadas por la explosión del precio del oro negro, ese precio tan codiciado, se escaparon de las manos de las grandes petroleras y de sus propietarios.

Muy descontentos, estos últimos se prometieron que no volverían a caer en la misma trampa.

***

A partir de los años ochenta, las compañías petroleras, esas grandes multinacionales del siglo XX,  pusieron todo su poder al servicio de un proyecto de reescritura de las reglas del juego económico internacional, que debía garantizar su prosperidad.

En esta nueva organización del comercio mundial –que desembocó en la globalización que hemos conocido desde los años 1980 hasta los años 2020– dos innovaciones debían impedir que se repitiera el episodio de los años setenta.

La competencia internacional, en primer lugar, debía garantizar que ningún Estado gravara los beneficios con impuestos demasiado elevados. Por supuesto, los yacimientos de petróleo, a diferencia de las fábricas, no pueden deslocalizarse, pero el chantaje se centraría en la inversión: demasiados impuestos aquí, en el Reino Unido o en Noruega, y las empresas irían a perforar allí, en Rusia o en Canadá.

Bajo esta amenaza, los países productores fueron bajando, uno tras otro, sus tipos impositivos sobre las empresas extractivas.

El auge de los paraísos fiscales, a continuación: si un Estado intentaba recaudar su parte, las empresas petroleras deslocalizarían no su producción, sino sus beneficios contables hacia cielos más clementes, mediante transferencias intragrupo y otras técnicas de ingeniería financiera.

Las investigaciones llevadas a cabo por las economistas Alice Chiocchetti y Ninon Moreau-Kastler han permitido cuantificar este fenómeno. Por cada euro de beneficio obtenido por la industria extractiva, unos 12 céntimos acaban en paraísos fiscales, gravados a tipos irrisorios. Y en tiempos de crisis, no es el 12 %, sino el 20 % de los superbeneficios lo que se registra en los centros financieros offshore, en las Bermudas, Luxemburgo o Singapur.

***

Así, los tipos impositivos efectivos en la industria petrolera, aunque siguen siendo superiores a los vigentes en otros sectores de la economía (pues es difícil ocultar que se extrae petróleo, lo que da poder a los países productores), se han desplomado a lo largo del último medio siglo.

Se dispone de las series históricas más largas para las multinacionales estadounidenses, lo que permite comprender bien la magnitud de esta transformación. En vísperas de la primera crisis del petróleo, las empresas petroleras estadounidenses pagaban un 65 % en impuestos sobre sus beneficios obtenidos en el extranjero. Una tasa que ascendió al 90 % a mediados de la década de 1970 (sin contar el coste de las nacionalizaciones). Antes de descender progresivamente a partir de la década de los ochenta, hasta alcanzar el 37 % en 2023, el último año del que se dispone de datos.

Interpretación y fuentes: este gráfico muestra la evolución del tipo impositivo efectivo de las empresas petroleras estadounidenses sobre sus beneficios en el extranjero (es decir, la relación entre los impuestos pagados en el extranjero y los beneficios registrados en el extranjero). Fuente: cálculos del autor a partir de las encuestas plurianuales de la Oficina de Análisis Económico sobre las actividades de las multinacionales estadounidenses; véase Wright y Zucman (2018) para una presentación de estos datos.

En concreto, mientras que en la década de 1970 el 90 % de la renta petrolera se socializaba, hoy en día dos tercios de esta van a parar a los bolsillos de los accionistas.

Por eso, con la subida vertiginosa de los precios del petróleo, las acciones de las empresas petroleras se han disparado desde el inicio de los bombardeos israelo-estadounidenses en Irán, y antes de eso, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en Venezuela.

El índice de las 120 mayores empresas petroleras y gasísticas del mundo, la mitad de las cuales son estadounidenses, se ha disparado un 30 % desde principios de 2026, lo que supone un aumento de la capitalización bursátil de más de un billón de dólares en tres meses. Este aumento ya supera con creces al observado en el momento de la invasión de Ucrania en 2022.

Una paradoja abrumadora: mientras que nunca ha sido tan urgente detener la extracción de energía fósil en favor de fuentes descarbonizadas, los beneficios que los actores económicos privados pueden obtener de esta actividad nunca han sido tan fabulosos. “Cuando suben los precios del petróleo, ganamos mucho dinero”, declaró ingenuamente Donald Trump en marzo. Por “nosotros” hay que entender, por supuesto, a las empresas petroleras (que se cuentan entre los principales financiadores de su campaña) y a los hogares más acomodados (titulares de acciones).

Es cierto que los precios de la gasolina suben, pero –a diferencia de lo que ocurría en los años setenta– son muchos los que, en la América tan querida por Trump, salen al final ganando.

Es difícil comprender la duración de la guerra en Irán si se ignora esta siniestra aritmética.

***

¿Qué hacer?

En 2022, la Unión Europea había adoptado un impuesto, modestamente denominado “contribución de solidaridad”, con un tipo del 33 % sobre los beneficios extraordinarios de las empresas petroleras y gasísticas. A principios de abril de 2026, Alemania, Italia, España, Portugal y Austria instaron a la Comisión Europea a reintroducir un instrumento de la misma naturaleza.

No obstante, es fundamental no repetir los errores del pasado. En Francia, la contribución de solidaridad apenas ha reportado ingresos. Mientras que se podían esperar 3.000 millones de euros, los ingresos recaudados finalmente solo ascendieron a 69 millones de euros, es decir, 40 veces menos.

Es cierto que Francia había optado por una aplicación particularmente minimalista de la norma europea, excluyendo de forma arbitraria la mayoría de las actividades petroleras del ámbito de la contribución. Pero hay otra razón para este fiasco, puesta de relieve por los trabajos de Alice Chiocchetti y Ninon Moreau-Kastler: la propensión de las empresas petroleras a deslocalizar sus superbeneficios a paraísos fiscales.

De cada euro de superbeneficio, como hemos visto, 20 céntimos van a parar allí. Los 80 céntimos restantes se quedan en los países productores, y no se registra nada en los países de refinado o de consumo, como Francia. No se trata de una fatalidad, sino de una elección política. La solución más eficaz consistiría en gravar los superbeneficios mundiales de las empresas extractivas, difíciles de manipular, y no aquellos que pretenden “obtener” en Francia, que logran reducir sin dificultad a la mínima expresión.

El reto financiero es de primer orden. Juzguen ustedes mismos: en 2022, TotalEnergies obtuvo unos 10.000 millones de euros de superbeneficios a nivel mundial. Imaginemos, pues, que el escenario se repite en 2026. Una imposición del 90 % sobre estos superbeneficios –lo que era más o menos la norma internacional hasta los años ochenta– permitiría recaudar 9.000 millones de euros en ingresos fiscales, es decir, el equivalente a 130 euros por francés, 650 euros para una familia de cinco miembros.

Estos ingresos podrían redistribuirse de forma equitativa entre todos los franceses: es la política seguida desde hace tiempo por Alaska, que revierte los beneficios socializados de la explotación petrolera a cada habitante, por un importe de 1.704 dólares por unidad familiar en 2024.

Se pueden barajar otras soluciones, como gravar los aumentos de capitalización bursátil en lugar de los superbeneficios, tal y como propusimos mis colegas del Observatorio Europeo de la Fiscalidad (que desde entonces se ha convertido en el Observatorio Internacional de la Fiscalidad) en 2022.

Sea como fuere, una cosa está clara: sería inaceptable que las empresas –como TotalEnergies– que se enriquecen a costa de nuestro planeta, acentuando nuestra dependencia del petróleo y nuestras vulnerabilidades geopolíticas, lograran, como en 2022, eludir la solidaridad nacional. Al igual que sus predecesores del siglo XX, los especuladores de la guerra deben pagar.

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Hacienda local, presupuestos municipales y financiación autonómica

Por: Arturo

Jornada online organizada por la Plataforma por la Justicia Fiscal de Madrid: «Hacienda local, presupuestos municipales y financiación autonómica».

🗣🗣 Con la intervención de Carlos Sánchez Mato, Doctor en Economía y Profesor en la Universidad Complutense de Madrid.

Modera: María Teresa Vida, coordinadora de la Plataforma por la Justicia Fiscal en la Comunidad de Madrid.

Realizada el 20 de marzo de 2026

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