Diez años después de la publicación de “Los Papeles de Panamá” no se han tomado medidas eficaces para evitar la evasión de capitales en estos “puntos ciegos” para las haciendas de los países.

Plataforma por la Justicia Fiscal. 01/04/2026

Con motivo del Día Mundial por la Abolición de los Paraísos Fiscales que se celebra el 3 de abril, la Plataforma por la Justicia Fiscal ha reclamado al Gobierno de España y a las instituciones europeas “una revisión urgente y profunda” del actual listado de  donde grandes fortunas y empresas multinacionales esconden sus beneficios para evitar contribuir a los sistemas públicos de aquellos países donde obtienen sus beneficios. 

Una década después de la histórica filtración conocida como Papeles de Panamá que evidenció el uso sistemático de estructuras para ocultar patrimonio y eludir impuestos, la plataforma denuncia que los avances han sido insuficientes y que persisten importantes lagunas en la regulación internacional que siguen permitiendo la evasión de capitales a estas “guaridas fiscales donde se refugian los piratas”

“Los criterios utilizados por la Unión Europea para elaborar su lista siguen siendo claramente ineficaces y dejan fuera a jurisdicciones clave que facilitan la evasión fiscal. La lista negra comunitaria apenas incluye actualmente una decena de territorios, mientras que numerosos países con baja o nula tributación como Bahamas, Bermudas, Islas Caimán o Luxemburgo continúan operando con total normalidad dentro del sistema financiero global. Esta falta de ambición permite mantener un modelo en el que grandes fortunas y multinacionales eluden su responsabilidad fiscal”,  destaca el coordinador de la plataforma, el economista Juan A. Gimeno. 

Según los cálculos de la plataforma Tax Justice Network, solo en 2024 España perdió cerca de 9.400 millones de euros por culpa del abuso fiscal de las multinacionales y los grandes patrimonios. Además, la Plataforma señala la desigualdad en el sistema tributario actual, puesto que las grandes empresas llegan a pagar tipos efectivos menores que la media de la ciudadanía y son precisamente las grandes fortunas quienes mayor uso hacen estos “refugios”.

Por todo ello, la Plataforma por la Justicia Fiscal insta al Gobierno español a liderar en el ámbito europeo una reforma de los criterios de identificación de paraísos fiscales, así como a apoyar iniciativas internacionales como la futura convención fiscal de Naciones Unidas y la tasa global para gravar con un 2% anual a las grandes fortunas del planeta. 

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‘La parábola del rico insensato’. (Rembrandt, alrededor de 1627).

Artículo original publicado en ctxt.es por Constantino Bértolo

Mientras los bancos –los seis grandes ganaron 34.000 millones en 2025– apliquen una política sobre el ahorro tan cicatera, el negocio inmobiliario será la inversión rentable. La izquierda debe intervenir

La socialdemocracia, desde Kautsky en Alemania y Fernández de los Ríos en España, encuentra su fundamento ideológico en la confusión entre la lógica del capital con la moral y las buenas intenciones. Y así, por ejemplo, de pronto y en plena y eterna campaña electoral, Pedro Sánchez le pide a la patronal “que paguen más” y Yolanda Díaz le reprocha a Garamendi, presidente de la CEOE, que gane más de cien veces el salario mínimo interprofesional. Como si los capitalistas pudieran dejar de ser capitalistas. Parecería que para la socialdemocracia socialista o comunista los capitalistas son gentes malas y egoístas, pecadores, en definitiva, y sin duda por eso tratan de salvarlos ayudándoles a que sean malos pero no tanto.

No deja de ser curioso que, por ejemplo, a los tenedores de pisos, como si fueran niños caprichosos u onanistas de la propiedad privada, se les intente apartar, vía decreto, ordenanzas o impuestos, de los nefastos vicios de la especulación inmobiliaria. En Cataluña, a los grandes tenedores (propietarios de cinco o más viviendas) se les quiere prohibir comprar un piso salvo que demuestren, en un plazo de doce meses –prorrogables a dieciocho– que es su residencia habitual. Cabe imaginarse a la tropa de los grandes tenedores saltando de barrio en barrio y me empadrono porque me toca, mientras que a los menos afortunados (de cinco propiedades como mucho) se les dejará comprar nuevas moradas siempre que sea para uso de un familiar hasta segundo grado de consanguinidad: hijos, hijas, sobrinos, sobrinas o nietos y nietas. ¡La familia que compra unida permanece unida! 

El 30 % de las compras de vivienda se ha efectuado mediante pago directo y el 70 % vía hipoteca

Pero si algo nos enseña el marxismo es que debajo de la playa siempre está el capital y que, por encima de los solares urbanizables, siempre está el precio del dinero. Los datos sobre vivienda del año 2025 son muy curiosos y reveladores. El fuerte incremento del número de viviendas que se heredan cada año –más de 200.000 en 2025– no deja de ser sorprendente, aunque responda a causas muy predecibles. Como si la muerte fuese la condición más favorable para aflojar tensiones entre la oferta y la demanda. La bajada del número de nacimientos durante las últimas décadas no hace sino provocar una fuerte acumulación de patrimonio inmobiliario en manos de ese 1,1 % de tasa de natalidad sobre el que están desembocando la acumulación de propiedades de abuelos y padres, sin contar otras ramas familiares sin herederos directos. Muchas hijas o hijos únicos se van a ver convertidos en pocos años, en medianos o grandes propietarios. Un fenómeno que indudablemente aumentará el tamaño de la brecha de desigualdad pero que a su vez tendrá o está teniendo ya su llamativo reflejo en el sistema inmobiliario español. Las estadísticas indican que durante este último año cambiaron de propiedad más de un millón de casas, con más de 700.000 compraventas registradas. Profundizando un poco más en las cifras, cabe destacar que, de esa totalidad, el 30 % se han efectuado mediante pago directo y el 70 % vía hipoteca. La tendencia al alza en el uso de hipotecas se explicaría por la progresiva moderación de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, que mejora las condiciones de acceso al crédito y reduce las cuotas mensuales, mientras que el pago directo sería la vía elegida por ahorradores e inversores, es decir, por aquellos que, poseyendo un patrimonio monetario más o menos importante, buscan rentabilizarlo. 

En el caso de quienes acudan a la hipoteca la cuota mensual aproximada que tendrán que amortizar es de unos 1.124€

En el caso de quienes acudan a la hipoteca, y siendo la hipoteca media en lugares muy tensionados como Madrid de casi 300.000€, a 30 años y un tipo fijo del 2,1 % TIN, la cuota mensual aproximada que tendrán que amortizar es de unos 1.124€. Dado que la media del pago de alquiler en España supone un cifra semejante o superior en la mayor parte de los casos, parece evidente que el acceso a la propiedad de un piso resulta ser una inversión segura, aunque no demasiado rentable, salvo que tenga lugar en aquellas zonas urbanas donde el alquiler real dobla la media señalada, lo que explica la concentración del problema en las áreas urbanas más tensionadas. En todo caso, la propiedad inmobiliaria goza, con destino a alquiler o no, de una sostenible y general revalorización.

La escasez de la vivienda en España es sin duda el elemento económico que explica el alza continua de su precio, con un incremento anual del 13 %, que representa más del doble de la media europea. Pero detrás de la demanda se esconde otra variable financiera: ¿cuánto vale el dinero?, que convendría tener en cuenta a la hora de interpretar y programar soluciones al problema. Como señalaba hace poco Ricardo Sobrino en un artículo en El País, “los hogares españoles acumulan más de un billón de euros en depósitos de muy escasa o nula rentabilidad”. Teniendo en cuenta que la remuneración media de los depósitos a la vista es del 0,14% anual y la de los depósitos a plazo del 1,6%, mientras que la inflación supuso en 2025 un 2,7 %, la cosa parece clara: tener el dinero en el banco no es rentable. De ahí la demanda de la “mercancía vivienda” como inversión atractiva por su mayor rentabilidad para muchas economías “domésticas”. Desde esa realidad se deriva que el incremento de la demanda no es únicamente asunto, ni mucho menos, de los grandes especuladores, sino la acción capitalista natural de cualquier economía que no se resigne a que el sistema financiero le haga perder cada año el 3% de su dinero. Dicho en otros términos: si se olvida u obvia que la usurera política de remuneración del ahorro que la banca está llevando es causa relevante del problema, de poco valdrá desviar hacia la conducta moral de los propietarios causas, iniciativas fiscales y consejos. Al respecto no puede uno dejar de sonreír al recordar cómo, en 2023, Nadia Calviño, durante su etapa como vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, pidió a la banca, en múltiples ocasiones que aumentara, en un contexto de subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, las tasas de retribución de las cuentas de ahorro y depósitos: “No me cabe ninguna duda de que el sector bancario español tiene que empezar a transmitir la subida de los tipos de interés en beneficio de los clientes y de los ciudadanos españoles”. ¿Respuesta? Silencio, fusiones, ERES y recorte de plantillas.

Una política sobre el ahorro tan cicatera en tiempos en los que sus beneficios mantienen año tras año incrementos espectaculares requiere intervenciones reales y no apaños bienintencionados. Los seis grandes bancos –Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja– ganaron 34.000 millones de euros en 2025, un récord absoluto, y apenas tributan el 5 % de sus ganancias. El capital, vía sistema financiero, se come nuestro dinero y lo evacua como inversión rentable en el negocio inmobiliario. Y no estamos hablando de nacionalizar la banca, que también, sino acaso, y aprovechando créditos que aporte Bruselas, poner en marcha algo así como una Caja Nacional de Ahorros que, al menos, compita con la banca privada en el campo de la remuneración de cuentas y depósitos. Porque, si la izquierda no asume la necesidad de intervención sobre los mecanismos que garantizan la reproducción ampliada del capital, no dejará de ser un paño de lágrimas. Con una propuesta así en su programa, quizá la izquierda sería capaz de presentarse como una fuerza única y coherente. Que falta nos hace.

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Artículo original publicado en rentabasica.org por Julen Bollain

El mundo no se ha vuelto autoritario por accidente. Se ha vuelto autoritario porque demasiada gente vive con miedo. Miedo a perder el empleo, la vivienda, los ingresos, la dignidad. En este contexto, el trumpismo —entendido no como una persona concreta, sino como un clima político global— no es una anomalía, sino una respuesta previsible a una inseguridad material crónica.

Porque cuando la vida se convierte en una carrera permanente llena de obstáculos, la promesa sencilla de orden, castigo y enemigos claros resulta altamente tentadora. Y no porque convenza intelectualmente, sino porque tranquiliza emocionalmente. Es por ello que, si queremos entender por qué las democracias actuales se están erosionando a pasos agigantados, debemos hacer menos caso a los discursos prefabricados por sesudos asesores políticos y más a las condiciones materiales que los hacen creíbles.

El autoritarismo no avanza solo porque haya más odio o más ignorancia entre la ciudadanía. Avanza cuando amplias capas de la población sienten que no tienen nada que perder. Cuando cualquier imprevisto —una enfermedad, un despido, una ruptura— puede precipitar una caída sin red. Es en ese escenario cuando la política deja de ser un espacio de deliberación y se convierte en una gestión permanente del miedo.

Y aquí es, precisamente, donde la renta básica deja de ser una política social más y se revela como algo mucho más profundo. Hablamos de una infraestructura democrática que sostiene la libertad material. No una varita mágica ni una solución total, pero sí una condición material clave para que la democracia funcione más allá del ritual electoral.

Como ya hemos dejado escrito en multitud de ocasiones, la renta básica no es caridad, ni asistencialismo, ni un premio al (de)mérito. Es un derecho incondicional que garantiza que todas las personas dispongan de una base material mínima sobre la que construir su proyecto vital. Su efecto más importante no es el consumo, ni siquiera la reducción de la pobreza —que también—, sino la reducción del chantaje económico que atraviesan las personas hoy en día en nuestras sociedades. Porque una sociedad en la que decir “no” implica caer al vacío no es una sociedad libre. Es una sociedad disciplinada por el miedo. Miedo a perder el trabajo, aunque sea un trabajo con condiciones de mierda. Miedo a quedarte en la calle si plantas cara a tu casero ante una subida abusiva. Miedo a denunciar abusos. Miedo a salir de una relación insostenible. Miedo a discrepar políticamente. Miedo, en definitiva, cuando tu vida depende de un hilo.

Y no nos engañemos. La renta básica no compra votos, como repiten algunos analistas de sobremesa que confunden cinismo con lucidez. Compra margen de decisión. Compra tiempo. Compra capacidad de disentir sin que la vida se desmorone. Y todo eso, en términos democráticos, es enormemente revolucionario.

Frente al trumpismo —y sus múltiples variantes locales—, la renta básica representa un modelo político radicalmente distinto. El autoritarismo promete protección, pero siempre a cambio de obediencia. Protege a unos frente a otros, establece jerarquías morales y convierte la sospecha en principio de gobierno. Divide entre quienes merecen y quienes no. Entre los de dentro y los de fuera. La renta básica, en cambio, se basa en una lógica totalmente opuesta. Habla en términos de seguridad universal, de derechos sin condiciones, de confianza. No pregunta quién eres, de dónde vienes o qué has hecho para merecer vivir con dignidad. Asume que la dignidad no se gana. Se garantiza.

Hay quien nos llamará ingenuos por creer en la gente. Pero es puro realismo democrático. Las sociedades que funcionan mejor no son las que castigan más, sino las que reducen el miedo estructural que empuja a la gente hacia soluciones autoritarias. La historia reciente lo demuestra una y otra vez. Cuando la inseguridad material se cronifica, el terreno queda abonado para líderes que prometen orden a cualquier precio. Aunque el precio a pagar sean nuestros derechos y nuestra libertad.

Debemos ser conscientes de que, en un mundo atravesado por crisis ecológicas, transformaciones tecnológicas y tensiones geopolíticas, la tentación autoritaria no va a desaparecer por sí sola. Al contrario, se intensificará en los próximos años. No obstante, pensar que todo ello se solucionará con mejores discursos o con mayor pedagogía democrática es, como mínimo, ingenuo. Porque, sin una base material que sostenga la libertad, la democracia se vacía por dentro.

La renta básica no es la solución a todos nuestros problemas. Pero sin ella —o sin políticas que cumplan una función similar de desmercantilización de la vida— seguiremos intentando defender la democracia con herramientas cada vez más frágiles. Y en ese terreno, quienes gobiernan desde el miedo siempre llevan ventaja. Si queremos salir de este mundo trumpista, no basta con denunciarlo y gritar muy alto en redes sociales. Hay que construir alternativas que devuelvan a la gente algo tan simple y tan radical como la seguridad de existir sin miedo. La renta básica es una de ellas. Y quizá no deberíamos seguir tratándola como una idea excéntrica, sino como lo que realmente es: una vacuna democrática.

Fuente: https://catalunyaplural.cat/es/la-renta-basica-como-vacuna-democratica/

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Artículo original publicado en matoeconomia.blogspot.com por Carlos Sánchez Mato

Los planes de pensiones privados se desangran: Una muy buena noticia

En 2025 las salidas de fondos de los planes de pensiones vía prestaciones y pagos por supuestos de especial liquidez han superado a las aportaciones en 1.659 millones de euros.

Hemos pasado de aportaciones netas superiores a 3.000 millones de euros en 2007 a que se produzcan más reintegros y pagos de prestaciones que aportaciones brutas en cada ejercicio. Buenísima noticia. Solo son negocio para sus gestores y únicamente gracias a los beneficios fiscales.

Las aportaciones netas a los planes de pensiones privados alcanzaban el 0,29% del PIB en 2007. En 2025 eran negativas del -0,10% del PIB. Una muestra clara de que, reduciendo los beneficios fiscales, las personas trabajadoras les dan la espalda. Simplemente no son atractivos.

No solo lo digo yo. Es la conclusión del informe 2025 de la patronal Inverco.

«El descenso está relacionado con la drástica reducción del límite máximo de aportación» fiscalmente deducible.

El resultado es que las aportaciones brutas se estacan y cada vez suponen un porcentaje inferior en relación con las cotizaciones sociales. En definitiva, el sistema de pensiones es cada vez «más público» lo que es una excelente noticia.

No es casual.

La rentabilidad a largo plazo de los fondos de pensiones privados es muy reducida. A un plazo de 25 años el promedio es de un 2,9%, prácticamente la mitad del retorno que ofrece el sistema de pensiones público. Por eso los planes privados se desangran. Gran noticia.

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Artículo original publicado temposdixital.gal por Cesáreo Villar Blanco

Muchos activistas deben lamentar la pérdida de la irremplazable Susan George, politóloga, socióloga, filósofa y activista franco-estadounidense, quien falleció el 14 de febrero a los 91 años. Numerosas organizaciones y grupos destacan en su despedida la magnitud de su obra, un enorme legado de análisis, argumentos e ideas para identificar las fuentes del poder, defender a los más desfavorecidos y proteger el medio ambiente. Mi reseña no puede hacer mucho por ensalzar sus evidentes méritos, pero me gustaría dejar un pequeño testimonio del relevante papel de ciertas personalidades, como ella, capaces de brindarnos herramientas para comprender los conflictos y buscar soluciones en un mundo enormemente complejo.

Ya conocía a Susan George desde la universidad, pero fue años después, a través de un documental en Televisión Española, cuando la escuché denunciar las privatizaciones, las desregulaciones y otras maniobras que empezaban a manifestarse en pleno neoliberalismo. Hablaba en nombre de Attac ( Asociación por la tributación de las transacciones financieras y la acción ciudadana ) para denunciar esa doctrina nacida en el Norte global que se imponía en detrimento de los países del Sur y de los ciudadanos más desfavorecidos. Su mensaje me pareció inicialmente abstracto, incluso un poco conspiranoico, pero lo cierto es que describía el entramado invisible de la economía y las instituciones de una forma demasiado convincente como para ignorarla. Fue esa voz serena, indignada y firme, junto con la de otros pensadores críticos, la que me condujo hasta las puertas de su organización, que por aquel entonces formaba parte de lo que se conocía como altermundismo. El resultado fue que una ciudadana confundida y pasiva como yo acababa de despertar gracias a personas como esta mujer incansable que llevaba años buscando estrategias para fortalecer a una ciudadanía indefensa.

Esas voces antiglobalización (o, mejor dicho, contra los efectos indeseables de la globalización) llevaban tiempo advirtiendo sobre las graves desigualdades, los peligros ambientales y el riesgo de crisis debido a las prácticas codiciosas de un pequeño número de agentes económicos. Finalmente, sus alarmantes análisis quedarían demostrados en la burbuja financiera que estalló en 2006-2007 en Estados Unidos hasta sacudir al mundo entero. Susan George era una persona respetable que llevaba años denunciando las perversiones de ese sistema diseñado para el beneficio de unos pocos y que ahora estaba fracasando estrepitosamente. Curiosamente, en su libro más famoso, «El Informe Lugano», concibió un dossier ficticio que describía con una verosimilitud tan asombrosa las despiadadas estrategias del gran capital y sus instituciones que acabaría sirviendo al público como una guía reveladora sobre el funcionamiento de las élites globales. Personalmente, encontré muy útiles sus ideas orientadas a la acción, que se vieron reforzadas por las reflexiones de los mejores pensadores críticos del momento (Naomi Klein, Eric Toussaint, David Graeber, etc.). Ambos contribuirían decisivamente a dar peso a movimientos de influencia global como el 15M u Occupy Wall Street , movilizaciones que redefinieron el rumbo político de muchos países. Yo tenía más de cuarenta años por aquel entonces, pero con la ayuda de intelectuales audaces y solidarios como ella, comencé a comprender los mecanismos que sustentan el lucro, la destrucción del medio ambiente, el cálculo despiadado de las grandes corporaciones y la indefensión de los humildes.

En 2010 tuve la suerte de participar en la presentación de su libro «Su crisis, nuestras soluciones» en España. Recuerdo haber depositado con entusiasmo folletos y cuadernillos de Attac en la entrada del salón de actos del Colegio Julián Besteiro de Madrid. Aquella mujer de unos 76 años apareció acompañada de mi amigo Ricardo G. Zaldívar, quien compartiría mesa con la autora en la presentación. El recinto estaba a rebosar, como era de esperar para recibir a una intelectual de renombre, pero confieso que recuerdo poco de su discurso. Sé que presentó argumentos de su libro sobre la confluencia de varias crisis (ecológica, social, financiera) y la jerarquía necesaria para resolver sus causas, pero lo que más me impresionó fue la empatía y la energía que desplegó. Como activista competente, era consciente de que este tipo de reuniones no son tanto para explicar, sino para unir y motivar. Poco antes de finalizar el evento, recuerdo que empezó a animar alegremente al público con consignas «antisistema», como si estuviera en la calle; Luego, agradeció efusivamente a los intérpretes su desinteresada colaboración y finalizó diciendo que se sentiría satisfecho si su participación lograra motivar aunque fuera a una sola persona en aquella abarrotada sala a luchar activamente por el cambio social.

Hoy han pasado casi 20 años desde aquellos días de activismo que me atrajeron por antiglobalistas tan carismáticos como ella. Y aunque tengo la sensación de que la protesta social no atraviesa uno de sus mejores momentos, albergo la esperanza de que figuras tan competentes como Susan George continúen esa inspiradora misión de guiarnos en medio de la confusión. Es cierto que una categoría humana como la suya no suele ir acompañada de una capacidad intelectual tan poderosa, pero no dudo de que su obra y su ejemplo seguirán generando una influyente atracción que nos orientará hacia el Sur y nos acercará un poco más a un mundo mejor.

Que ahora descanse en paz quien tanto luchó por ella.

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Fotografía: Trabajadoras de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre en una imagen sin fechar. / Historia Bancaria

Artículo original publicado en ctxt.es por Juan Torres López

El Banco Central Europeo se suma a más de un centenar de bancos centrales que estudian o diseñan la emisión de nuevas monedas digitales. 

La idea suena ambiciosa, casi revolucionaria. Pero conviene aclarar las cosas porque –por lo que el propio BCE viene informando sobre su proyecto– parece que lo que va a crear se parece más a un “monedero digital” que a una auténtica nueva moneda de esa naturaleza.

El euro digital ya existe

El dinero es, en términos simples, cualquier cosa que sea aceptada generalmente como medio de pago. Hoy adopta formas distintas. Por un lado, está el dinero físico –monedas y billetes de euros– que es el dinero legal emitido por el banco central. Y por otro lado hay dinero digital (en nuestro caso, euro digital), que es el que utilizamos cada día a través de nuestras cuentas bancarias, tarjetas, transferencias o aplicaciones móviles. Este último no lo crea directamente el banco central, sino los bancos comerciales cuando conceden crédito. Es dinero bancario, digital, y constituye la inmensa mayoría del dinero en circulación.

El euro ya es fundamentalmente digital. Cuando pagamos con tarjeta o hacemos una transferencia no movemos billetes ni monedas

Por lo tanto, el euro ya es fundamentalmente digital. Cuando pagamos con tarjeta o hacemos una transferencia no movemos billetes ni monedas, sino números en la cuenta de nuestro banco. Es decir, no es dinero que circule en forma de papel o metal, como los billetes y monedas, sino como apuntes electrónicos en los ordenadores de los bancos. Podemos convertirlo en billetes si queremos, pero mientras tanto son simplemente cifras anotadas en nuestra cuenta.

¿Qué es una moneda digital del banco central?

Si un instrumento reúne esas propiedades, ya no es simplemente un medio de pago digital más. Es una nueva forma de dinero público

A diferencia del dinero bancario actual, que es dinero digital creado por la banca privada, una moneda digital de banco central (MDBC) es dinero emitido directamente por el banco central en formato digital y accesible al público en general.

Por tanto, para que lo sea en sentido pleno, debería reunir al menos las siguientes características:

– Emisión directa por el banco central, como lo son hoy los billetes y monedas.

– Acceso universal, de modo que cualquier persona o empresa pueda abrir una cuenta o mantener saldo directamente en el banco central, sin necesidad de intermediación bancaria para disponer de la titularidad del dinero.

– Convertibilidad plena y paritaria. Es decir, ser intercambiable uno a uno con el dinero físico y con los depósitos bancarios.

– Ausencia de límites cuantitativos o de topes de tenencia, para que pueda utilizarse exactamente igual y con los mismos fines que cualquier otra forma actual de dinero.

– Posibilidad de ser remunerado con intereses para que así el banco central pudiera convertir su gestión en un instrumento directo más de política monetaria.

– Capacidad de funcionar como medio de pago general. Es decir, ser utilizable en todo tipo de transacciones, tanto minoristas como electrónicas, en igualdad de condiciones frente a otras formas de dinero.

Si un instrumento reúne esas propiedades, ya no es simplemente un medio de pago digital más. Es una nueva forma de dinero público plenamente equiparable al efectivo, pero en formato digital.

Lo que al parecer se propone crear el Banco Central Europeo

Según la información difundida por el Banco Central Europeo, el euro digital que se propone crear tendría características y funcionalidades bastante diferentes a las anteriores. No sería una nueva moneda digital en sentido estricto por diferentes razones:

a) Se establecen límites cuantitativos a la tenencia de euros digitales, parece ser que de 3.000 euros por sujeto. Una restricción que impide que pueda utilizarse libremente como cualquier otra forma de dinero y limita su capacidad de convertirse en alternativa real a los depósitos bancarios.

b) No tendría remuneración y, al excluir el pago de intereses, el BCE renuncia a utilizarlo como instrumento directo y flexible de política monetaria. Evita así que compita en condiciones similares con otros activos líquidos.

c) No estaría diseñado para funcionar en igualdad plena frente a los depósitos bancarios.
El propio BCE ha señalado que su objetivo es evitar que la banca privada deje de ser la principal vía de intermediación financiera. Es decir, el diseño incorpora explícitamente la intención de que no sustituya ni compita estructuralmente con los depósitos privados.

d) No supondría una ampliación sustancial del dinero público en circulación.
En la práctica, el euro digital se nutriría principalmente de transferencias desde depósitos bancarios ya existentes, más que de una expansión neta del dinero emitido por el banco central.

Las ventajas del euro digital

Una parte significativa de nuestras infraestructuras depende de redes y plataformas privadas, muchas de ellas fuera del control directo europeo

A la vista de esto último, es fácil deducir que el euro digital que se propone crear el BCE cumpliría algunas características de una moneda digital del banco central, pero no todas las que podría tener en sentido pleno. No sería una moneda digital del banco central en su versión completa, sino una versión limitada y bastante acotada de esa posibilidad. Como dije, una especie de monedero digital sofisticado.

A pesar de ello, es cierto que tendría virtudes importantes 

En primer lugar, proporcionaría un nivel de seguridad superior al de los depósitos bancarios privados, cuya garantía depende en última instancia de mecanismos de respaldo y supervisión. Tener dinero directamente emitido por el banco central elimina el riesgo de insolvencia de una entidad comercial sobre ese saldo concreto.

En segundo lugar, reforzaría la autonomía europea en el ámbito de los pagos digitales, pues una parte significativa de nuestras infraestructuras actuales depende de redes y plataformas privadas, muchas de ellas fuera del control directo europeo. Aunque esto sólo se produciría en cierta medida, como expliqué en un artículo anterior.

En tercer lugar, el euro digital actuaría como contrapeso frente a la expansión de soluciones privadas –desde grandes plataformas tecnológicas hasta iniciativas cripto– en el ámbito monetario. 

En cuarto lugar, podría mejorar la eficiencia en los pagos al reducir costes de transacción, aumentar su velocidad, ofrecer interoperabilidad en toda la eurozona y permitir pagos digitales sin conexión a la red (si se diseña para que pueda ser así).

Finalmente, si se diseña adecuadamente, puede aumentar la inclusión financiera facilitando el acceso a pagos digitales a personas con menor acceso a servicios bancarios tradicionales. 

Las renuncias del Banco Central Europeo

La creación de un euro digital que no será una auténtica nueva moneda sino algo de bastante menos alcance, como hemos visto, supone que el BCE renuncia a ventajas e instrumentos muy relevantes que tienen las monedas digitales de los bancos centrales en sentido estricto y pleno.

Renuncia, en primer lugar, a que el euro digital se convierta en una alternativa real a los depósitos bancarios.

Renuncia también a la remuneración de esos saldos, lo que excluye su utilización como instrumento directo y flexible de política monetaria.

Al establecer un límite de depósito y excluir su remuneración, el BCE garantiza que el euro digital no se convierta en una alternativa significativa a los depósitos bancarios. El resultado es que la estructura actual de creación y gestión del dinero permanece intacta, con los mismos incentivos y vulnerabilidades que han caracterizado al sistema en las últimas décadas y que han hecho necesarias en demasiadas ocasiones intervenciones públicas muy costosas para sostener la estabilidad financiera.

El argumento que invoca el Banco Central Europeo para no ir más allá es la estabilidad financiera. Por un lado, como dice el propio BCE, para evitar que se produzca una desintermediación significativa de la banca privada. Es decir, que deje de ser el eje o centro principal de la captación de depósitos y de la provisión de crédito y medios de pago en Europa. Y, por otro, que se produzcan tensiones por salidas masivas de dinero si no se pone límite a la transferencia de depósitos hacia el euro digital. Pero el resultado de ese conservadurismo es claro y negativo: el euro digital nace diseñado para no transformar la arquitectura monetaria existente. 

La transición tecnológica en la que nos encontramos, la auténtica revolución financiera que ya ha empezado a darse, ofrece una oportunidad histórica para redefinir el papel del dinero público en la economía digital y para reforzar la autonomía de la Unión Europea. 

El Banco Central Europeo podría haberla aprovechado, pero ha optado por la versión más conservadora, neutra y cuidadosamente acotada del euro digital. Y cuando la innovación tecnológica avanza y proporciona oportunidades de cambio, elige mantener el equilibrio institucional, a pesar de los graves y recurrentes problemas que ya ha dado. 

En un momento en el que Europa debate su autonomía estratégica, el dinero público digital podría haber sido una herramienta de transformación. Con lo que proyecta hacer el BCE será, sin embargo y como mucho, un instrumento complementario que no podrá desplegar todo el enorme beneficio potencial de las auténticas monedas digitales de los bancos centrales. Una gran oportunidad perdida.

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Fotografía: Tren entrando en la estación de Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes. Europa Press

Artículo original publicado en publico.es por Juantxo López de Uralde

El debate parlamentario sobre el trágico accidente ferroviario de Adamuz ha adolecido, desde mi punto de vista, de la relevante discusión sobre las políticas de transporte, y en especial ferroviarias, en nuestro país. Esta cuestión no es menor, ya que las decisiones tomadas desde 1992 sobre el tipo de tren a priorizar, su coste y el destino de las inversiones tiene una relación directa con la situación que se debate. Los sucesivos gobiernos del PSOE y el PP han priorizado sistémicamente la construcción de líneas de AVE, dejando al margen otras opciones ferroviarias. Hoy se ponen de manifiesto las debilidades de esta decisión. 

Conviene recordar, en primer lugar, que en España el 90% de los viajeros de tren utilizan el cercanías. Sin embargo, esta red ferroviaria solo recibió según datos de la AIReF, en el período 1990-2018 una inversión de 3.600 millones de euros, cifra que contrasta con los 55.888 millones de euros invertidos en Alta Velocidad en el mismo periodo, pese a que esta red solo acumuló 30 millones de viajeros en 2018, un 4,8% del total de pasajeros en ferrocarril.

En el estudio de la AIReF se afirma que «España cuenta con la segunda red de Alta Velocidad ferroviaria más extensa del mundo, con 3.086 km, por delante de la de cualquier otro país europeo y solo por detrás de la de China. Para desplegar esta red se han invertido más de 55.888 millones de euros, de los que 14.086 millones (un 25,2%) se han costeado con financiación europea. Otros 15.858 millones han pasado a ser deuda de ADIF Alta Velocidad, la entidad pública empresarial creada para financiar las inversiones y cuyos niveles de déficit y deuda no computan en las cuentas nacionales.»

El alto coste de la inversión en alta velocidad ha vaciado la capacidad inversora en cercanías, ha marginado el transporte de mercancías y el tren convencional de media distancia, y tampoco ha mejorado la vertebración territorial, ya que muchos territorios han quedado con muy poco o ninguna conexión ferroviaria.

A ello hay que sumar, y esto tiene mucha relación con el debate actual sobre las inversiones, que el mantenimiento de las líneas de alta velocidad tiene un coste muy alto en comparación con las líneas convencionales (el cálculo manejado es de 100.000 € por kilómetro y año, aunque ya esta cifra ha podido quedar obsoleta).

La cuestión que debe plantearse, nuevamente desde mi punto de vista, es si el modelo seguido hasta ahora debe perpetuarse. El vigente Plan de Infraestructuras planificó una red de Alta Velocidad de 8.740 km, por lo que quedarían por construir 5.654 km, lo que implicaría una inversión mínima de 73.000 millones de euros adicionales a los 55.888 ya invertidos. Es decir, cuando ni siquiera se ha llegado a completar el 50% de la red de alta velocidad programada,  ya las infraestructuras actuales muestran problemas evidentes.

Así las cosas, creo que la pregunta que debemos hacernos como país es si el actual modelo debe perpetuarse, o si es conveniente rectificar. Esta pregunta no interesa al binomio PP/ PSOE que han ido pasándose el testigo en sus sucesivos gobiernos de los planes de alta velocidad. Pero quizás haya llegado el momento de cuestionar si tiene sentido seguir adelante con estos planes o si conviene estudiarlos de nuevo a la luz de los déficits actuales.

La alternativa pasaría por la inversión en cercanías, el apoyo al transporte de mercancías por ferrocarril, y retomar la mejora de las líneas de media distancia para convertirlas en línea de velocidad alta. Al mismo tiempo replanteando cuales de las líneas programadas de alta velocidad son realmente necesarias, y deben seguir adelante.

Apoyar el ferrocarril es imprescindible ya que es el sistema de transporte mas ecológico y seguro. Pero el debate sobre el actual modelo basado casi exclusivamente en la alta velocidad no puede seguir evitándose.

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Fotografía de ceronegativo

Artículo original publicado en mundoobrero.es por Carlos Sánchez Mato

Solventados los obstáculos iniciales para articular las ayudas europeas para hacer frente a la crisis económica que siguió al estallido de la pandemia, estamos ya en la fase de acceso a los recursos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que constituyen el eje central del programa Next Generation EU (NGEU).

Para hacerlo, cada Estado miembro tiene que presentar un plan de inversiones y de reformas que deberá acometer antes de 2026 y que en nuestro país se concentrarán en diez grandes áreas que sumarán 140 mil millones de euros, entre transferencias y préstamos. En los Presupuestos Generales del Estado de 2021 ya se han incluido inversiones por valor de 26.634 millones de euros a cargo de estos fondos europeos.

Pero el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía no es solo “dinero que viene de la Unión Europea”. En el mismo se incluyen también las reformas estructurales que el país deberá acometer en los próximos años. Y eso no sería nada malo porque es evidente que precisamos de ellas. Urgen políticas que la pandemia ha convertido en ineludibles porque, cuando más arreció la crisis sanitaria, más se puso de relieve la precariedad de millones de trabajadoras y trabajadores, verdaderamente esenciales para que todo siga funcionando o la insuficiencia de los servicios públicos de titularidad y gestión pública para hacer frente a la crisis económica.

Pero hay quien tiene planes muy diferentes para el futuro. Igual que cuando en septiembre de 2008, Nicolas Sarkozy declaró, sin reírse siquiera, que había que “refundar el capitalismo» y asistimos a continuación a un disparatado austericidio que despojó de derechos económicos y sociales a la clase trabajadora de todo el continente, ahora hay quien aspira a dar más vueltas de tuerca a la explotación.

Y por eso el Banco de España plantea en su Informe Anual¹ una batería de reformas que tendrían que poner a organizaciones políticas, sindicales y sociales a organizar desde este momento una feroz resistencia. Porque, lejos de abordar los verdaderos retos a los que se enfrenta la mayoría social, intenta cual Caballo de Troya, destruir derechos conquistados e instalar definitivamente la precariedad en las relaciones laborales.

De hecho, el planteamiento que realiza para poder abordar la estrategia global de crecimiento tiene como objetivo aumentar la productividad con políticas que favorezcan el crecimiento empresarial y estimulen la acumulación de capital humano y tecnológico. Y la “mejor” herramienta que se le ha ocurrido plantear es dedicar recursos procedentes del programa a la aprobación de la llamada “mochila austriaca” que recibe este nombre porque fue Austria la que en 2002 reformó su normativa laboral, sustituyendo la indemnización por despido a sus trabajadores, por un sistema en el que las empresas realizan una contribución a una cuenta a nombre del trabajador, equivalente a un determinado porcentaje de su salario.

Indica el Banco de España que hay una enorme diferencia entre las indemnizaciones percibidas por trabajadores temporales y quienes tienen contratos indefinidos y antigüedad en sus empresas. Según estimaciones realizadas por el propio organismo a partir de la Muestra Continua de Vidas Laborales (MCVL), entre 2013 y 2016, el 10% de los trabajadores que percibieron indemnización al finalizar su relación laboral, recibieron 23 euros o menos, mientras que el 10% de los trabajadores que recibieron las mayores indemnizaciones cobraron 6.400 euros o más. En vez de ser consciente el Banco de España de lo que supone esa situación para la gran mayoría de trabajadores en el país, opta por echar una mano a la CEOE y propone cambiar el sistema, que tiene elevadísimas dosis de injusticia y perversidad, por uno… peor.

El nuevo empezaría por reducir a la mitad los ya recortados costes de despido y de finalización de contrato que existen en la actualidad. A cambio, las empresas aportarían una cantidad equivalente a seis días por año trabajado a fondos individuales de los trabajadores que estos podrían llevarse consigo si deciden cambiar de empleo, a diferencia de lo que ocurre actualmente y es que la indemnización solo se percibe en caso de despido. Con el “caramelo” de facilitar la movilidad laboral y de una mayor facilidad para contratar, se abarata un 50% el coste de despedir.

Pero, hay un problema. Y son los derechos adquiridos.

Porque para que este nuevo expolio funcione, es necesario cubrir el coste del período de transición en el que los actuales trabajadores acumulan de indemnizaciones hasta la entrada en vigor en su totalidad del nuevo sistema.
Pero cuando se trata de socorrer a los de arriba, el Banco de España siempre encuentra una solución. Y lo que plantea en su Informe Anual es que sea el Estado el que financie una parte de las contribuciones empresariales al nuevo fondo. Eso sí, solo en el corto plazo y de manera decreciente en el tiempo. Cinco días por año trabajado en el primer año después de la reforma, cuatro días en el segundo año, y así sucesivamente, de modo que las empresas se harían cargo totalmente de los pagos al fondo seis años después de aprobarse la reforma.

El coste total para las arcas públicas de la financiación de este nuevo hachazo a los trabajadores y trabajadoras ascendería a unos 8.660 millones de euros. Y como el Banco de España cree que podría suponer un problema defender en el mismo documento que hay que equilibrar las cuentas públicas y gastarse ese pastizal en ayudar a las empresas a que puedan recortar sus plantillas con un coste inferior en el futuro, propone que se financie, al menos parcialmente, con fondos del programa NGEU.

Lo han estudiado bien y dicen que el propio Reglamento de la Comisión Europea “indica que las reformas susceptibles de ser financiadas con estos fondos deben ayudar a potenciar el crecimiento o a mejorar la sostenibilidad económica o medioambiental” y por eso el Banco de España cree que las reformas del mercado de trabajo encajan perfectamente.

Lo que simple y llanamente propone el Banco de España es un abaratamiento del despido y la financiación de la puesta en marcha del sistema con fondos públicos. Hasta el propio organismo reconoce que la introducción del nuevo sistema podría suponer que “las empresas podrían ser más propensas a despedir al reducirse a la mitad el coste marginal de esa decisión, y estos despidos no estarían tan concentrados en los trabajadores de menor antigüedad”. Pero propone incentivar a las empresas con bonificaciones y penalizaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social a las empresas con menor rotación laboral, y viceversa. En definitiva, más ayudas públicas para que nos despidan más barato.

Al lado de este verdadero torpedo bajo la línea de flotación de los derechos laborales y sociales, las llamadas del Banco de España a recortar el gasto público en los próximos años se quedan en fuegos artificiales.

En un momento en el que es urgente poner en marcha las transformaciones profundas que requiere la economía en nuestro país y fortalecer los instrumentos del Estado para garantizar una mayor protección social y un mayor control de la economía que supedite el mercado al interés general, el Banco de España abandera medidas que, en vez de reducir la desigualdad, garantizan el empobrecimiento de la clase trabajadora. Y de nuevo se quieren servir del dinero público para ello.

Es absolutamente imprescindible que el Banco de España deje de actuar como ariete contra la mayoría social.

La historia de este nuevo Caballo de Troya puede acabar de muchas formas. Depende de nosotras y nosotros que lo haga bien para la clase trabajadora y mal para el Banco de España.

(*) Profesor de Economía Aplicada UCM / Responsable de elaboración programática de IU

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Artículo original publicado en sinpermiso.info por Albino Prada

En un informe presentado ya en el año 2020 por la Airef se constataba: “el fuerte esfuerzo inversor realizado en los últimos 35 años Alta Velocidad en España, frente a una inversión insuficiente en Cercanías, pese al fuerte incremento de la demanda de este servicio que es, además, el más utilizado en España”. Al mismo tiempo¹ se estimaba “completar nuevas líneas de Alta Velocidad exigiría inversiones muy altas. El vigente Plan de Infraestructuras planificó una red de Alta Velocidad de 8.740 km, por lo que quedarían por construir 5.654 km, lo que implicaría una inversión mínima de 73.000 millones de euros adicionales a los 55.888 ya invertidos”. Una red centrípeta (con epicentro en Madrid) y muy poco transversal que, además, cubre una demanda bastante privilegiada como veremos.

Ya con estas referencias estamos en presencia de los dos vectores que condicionan los graves problemas ferroviarios anotados en España en el comienzo de este año 2026. Por un lado los crecientes (e insuficientes) gastos en el mantenimiento de una red sobre dimensionada² de alta velocidad -que aumentan los riesgos de graves accidentes- y por otro, y como su otra cara presupuestaria, el abandono del mantenimiento y la mejora de la red convencional (por estar Adif endeudada³ a causa del AVE) como atestiguan los reiterados colapsos en las cercanías.

Todo ello sucede con el agravante de que en un caso (que devora fondos) apenas la usan el 10 % de los pasajeros⁴ y en el otro -que usan el 90 % restante- el abandono, retrasos y cierres de servicios son la norma. La siguiente tabla resume los datos básicos según el informe que estoy citando.

Viajeros e inversiones en el ferrocarril en España

Fuente: elaboración propia con datos de Airef (2020: 11)

Además la red AVE se hará con una discutible opción de diseño, que condiciona la rentabilidad social de estas lineas en España, al haber descartado el modelo alemán o italiano: “en el caso de las redes italianas y alemanas es posible el uso mixto y es habitual que se utilicen por la noche para el transporte de mercancías” (Airef 2020: 102). Además de hacerse con una separación radical (anchos de vía) entre la red convencional de pasajeros y la red de AVE.

Una red no centrípeta

Fuente: Airef 2020: 159

Se entiende así que, con estas premisas, su volumen de actividad (pasajeros-km por kilómetro de vía) sea de unos 4.500 en España frente a unos 18.000 en Alemania (Airef 2020: 102). Sin ningún volumen en lo relativo a mercancías. Con estos volúmenes de actividad los resultados operativos de Adif AV (resultado de explotación) son ligeramente positivos (Airef 2020: 116), pero lo son siempre bajo la restricción de que no se considera la amortización de los fondos invertidos en la construcción de la infraestructura (que sí provoca una deuda creciente a Adif y pago de intereses), y solo considerando el mantenimiento de la infraestructura⁵.

Con un análisis de los rendimientos socioeconómicos respecto a los costes globales (no solo operativos) mediante un análisis ACB el balance era concluyente⁶: “El análisis coste beneficio de los cuatro corredores de alta velocidad concluye que los beneficios directos conjuntos en términos de ahorro de tiempo, disposición a pagar, tráfico generado, externalidades y costes evitados en los modos de los que se desvía tráfico, están lejos de compensar los costes fijos de construcción y los costes de operación.” (Airef 2020: 148).

De lo que se deduce que ningún km de AVE debió construirse en España. Salvo que el asunto se centre en que la “flor y nata” de las constructoras españolas se hayan forrado -y lo sigan haciendo- con este disparate nacional que nos hace campeones del mundo. Menos aún con el formato en que se hizo (exclusivo de pasajeros) y con un diseño obsesivamente centrípeto.

Si a este balance socioeconómico agregamos el efecto asociado del escaso esfuerzo inversor en ferrocarril convencional (que no deja de ser un coste de oportunidad para Adif y para la sociedad española en su conjunto), es sorprendente que aún así nos encontremos con que en esta red alternativa -que mueve 562 millones de pasajeros en cercanías y 36 millones en servicios convencionales- se superen los millones de pasajeros-km de la red de AVE (Airef 2020: 161). Todo ellos con un crecimiento sostenido a pesar del abandono de esta red y de su envejecido material móvil.

Estos datos aconsejan rehacer la primera tabla presentada en este análisis, confirmándose de nuevo la enorme discriminación que está suponiendo la gestión del ferrocarril en España: en favor de unos usos (ruinosos socialmente) y en detrimento de los otros (que serían virtuosos). Y aún para los primeros sin poder garantizar ni la recuperación de los costes de la inversión ni un mantenimiento a cada paso más costoso, mientras que para los segundos los resultados de explotación solo podrán cubrir algo menos de la mitad de los costes operativos⁷.

Viajeros e inversiones en el ferrocarril en España

Fuente: elaboración propia con datos de Airef (2020: 161)

Esta es la semilla de una tormenta ferroviaria perfecta que está detrás de los colapsos ferroviarios de comienzos del año 2026. Pues de los 12.000 millones de inversiones previstas en su día en cercanías solo se llevarían ejecutados algo menos de 1.000 millones (Airef 2020: 174). Unas asimetrías -y una tormenta perfecta- que difícilmente podrán evitar las inversiones previstas -ciertamente más equilibradas- para el período 2022-2026: por doce mil millones para AdifAV y otro tanto para Adif convenciona⁸ (aún suponiendo que se ejecutasen).

Fuente: elaboración propia con base de datos de la CNMC

Claro que los hechos son tozudos y a la vista de los últimos datos -del tercer trimestre de 2025- los pasajeros movidos por cada medio no cuadran para nada con esas cifras. Seguimos con un esfuerzo público que prima los usos más elitistas (y centrípetos) sobre los más sociales (y más descentralizados).

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Artículo original publicado en menorca.info por Pablo Jiménez

La Comisión Europea, con su presidenta Ursula Von der Leyen al frente, ha decidido aplicar provisionalmente el acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur, una decisión contraria a los procesos supuestamente democráticos que rigen o deberían regir los procesos institucionales de la Unión.

El pasado 21 de enero, el Parlamento europeo votó a favor de pedir al Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) un dictamen sobre este acuerdo comercial para determinar si se ajusta al derecho de la UE, en cuanto a competencias institucionales europeas y estatales y al procedimiento elegido para su tramitación y aprobación.

La votación fue solicitada por los Verdes europeos y por La Izquierda (The Left) y apoyada por un grupo heterogéneo de diputadas y diputados, desde la extrema derecha a la izquierda alternativa, pasando por socialdemócratas y populares, ya que no todos siguieron las indicaciones de su grupo parlamentario. Ello da una idea de la división existente en torno a este acuerdo.

El procedimiento indica que, con la solicitud de dictamen aprobada, la decisión de aprobar el acuerdo queda suspendida hasta que el TJUE se pronuncie. Para la Comisión Europea este contratiempo es un varapalo, máxime si tenemos en cuenta que la votación se fue retrasando por las dudas de Italia y Francia -cuyos votos eran fundamentales- para aprobar el acuerdo en el Consejo de la UE, algo que finalmente pudo conseguirse con unas concesiones de salvaguarda al país transalpino.

Las dudas que ha de resolver el TJUE se mueven en dos ámbitos. Uno interno y otro externo, relativo a los países del Mercosur. El primer ámbito se refiere a la división del acuerdo en dos partes: una comercial y otra política. En la primera la competencia es de la Comisión Europea y su decisión es sometida únicamente a la aprobación del Consejo de la UE y del Parlamento Europeo. En la segunda, la política y de cooperación sí requiere la ratificación de los parlamentos nacionales de los Estados miembros. Las dudas se establecen desde el momento en que se entiende que muchas de las cuestiones comerciales planteadas, tales como las agrarias, laborales, sanitarias o ambientales, tienen un profundo trasfondo político que puede condicionar las políticas nacionales de los Estados miembros. En cuanto al segundo ámbito se refiere al ‘mecanismo de reequilibrio’ por el que los países latinoamericanos podrían adoptar medidas compensatorias ante decisiones reguladoras europeas que perjudicarán a sus productos. La duda aquí es determinar hasta qué punto terceros países pueden influir o condicionar las políticas europeas de cualquier sector económico, social o ambiental contempladas en el acuerdo.

Las dudas planteadas son legítimas y deben resolverse en el marco institucional y para ello se dispuso en su momento la constitución del TJUE. La decisión de la Comisión Europea y del Consejo Europeo (jefes de Estado o de Gobierno, distinto al Consejo de la UE) de aplicar provisionalmente el acuerdo comercial sin esperar el dictamen del TJUE y la votación posterior del Parlamento europeo no es acorde por tanto con el procedimiento institucional instaurado. Además de poco democrática, esta decisión socava el papel del Parlamento europeo y resulta muy arriesgada ya que el TJUE puede determinar no compatible con el derecho de la UE algunos de los planteamientos competenciales o procedimentales adoptados, lo cual obligaría a renegociar el acuerdo y enfrentarse política y económicamente a las consecuencias de una aplicación probablemente puesta ya en marcha en el momento de hacerse efectivo el dictamen. Asimismo, aumenta la pérdida de confianza de la ciudadanía, ya de por sí baja, en las instituciones europeas, al ver como se ningunea a la única de ellas votada por la población.

Como ha indicado The Left “la aplicación provisional del acuerdo Mercosur antes de que el Parlamento Europeo haya dado su consentimiento no es jurídicamente sólida ni institucionalmente apropiada y, por lo tanto, debe ser rechazada”.

En realidad, no debería ratificarse este acuerdo en las instituciones europeas, que la Comisión Europea quiere aprobar cueste lo que cueste por intereses geopolíticos y económicos de las multinacionales, ya que arrastra desde su origen, según denuncia la Campaña No a los TCI “una fuerte contestación social por sus impactos previsibles, en ambos lados del Atlántico, sobre la agricultura familiar campesina, los derechos laborales, la seguridad alimentaria, el deterioro de los servicios públicos y la aceleración de la deforestación en América Latina”.

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Artículo original publicado en ethic.es por Fernando Valladares

«El decrecimiento económico es una oportunidad única y brillante no solo para evitar los escenarios más distópicos en lo social, en lo ambiental y en lo económico, sino para poner la vida en el centro de las decisiones urgentes que debemos ir tomando», afirma Fernando Valladares, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

A una sociedad habituada a considerar el crecimiento en todos los ámbitos y especialmente en el económico como una señal de éxito, se le puede atragantar una apremiante pieza de actualidad: en un planeta finito en el que la humanidad ha rebasado 7 de los 9 límites físicos para su propia seguridad, el decrecimiento en la producción y el consumo es de las pocas cosas de las que podemos estar seguros que van a ocurrir. Nos guste o no, tengamos las opiniones e informaciones que tengamos, el decrecimiento, especialmente en el Norte Global, es solo cuestión de tiempo. Nuestra inteligencia ahora se puede poner al servicio de mantener la ilusión del crecimiento perpetuo o bien al servicio de garantizar el bienestar humano en convivencia con otros seres vivos y en armonía con las leyes de la física y de la química.

En el artículo «La falsa promesa del decrecimiento», Manuel Alejandro Hidalgo defiende que el crecimiento económico es la herramienta más eficaz para el progreso humano, citando la manida reducción de la pobreza extrema del 35% al 8,5% en las últimas décadas. Sin embargo, su propuesta colisiona, ni más ni menos, con los límites planetarios, es decir, con las condiciones físicas, químicas y biológicas para que el ser humano tenga cabida en el planeta. Tanto Hidalgo como un gran número de economistas convencionales afirman que la solución al dilema del crecimiento perpetuo es el «desacoplamiento absoluto», donde la economía crece mientras el consumo de recursos, la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyen.

Aunque varios países desarrollados han logrado reducir un poco sus emisiones de CO2 mientras sus economías crecen, no lo hacen al ritmo suficiente para mantenerse dentro de los márgenes de seguridad climática. En la mayoría de países y regiones, y durante amplios periodos de tiempo, los crecimientos económicos se acompañan indefectiblemente de un incremento en impactos y emisiones. Algo que la eficiencia y la tecnología, que el crecimiento verde y la circularización de la economía (recordemos que la economía circular no existe) solo logran amortiguar en parte. De hecho, cada vez más científicos de ámbitos tan dispares como la física, las matemáticas, las ingenierías, la filosofía, la antropología, la economía y la sociología cuestionan la posibilidad real de desacoplar del crecimiento económico no solo las emisiones, sino también el uso de materiales, biomasa y agua, al ritmo necesario para no seguir adentrándonos en zona insegura habiendo rebasado ya la mayoría de los límites planetarios.

La humanidad ha rebasado 7 de los 9 límites físicos para su propia seguridad

Es habitual argumentar, como hace Hidalgo, que imponer el decrecimiento es una forma de imponer «colonialismo» y «austeridad ecológica», algo que negaría a los países en desarrollo el acceso a necesidades básicas como el agua potable, la salud y la educación. El error de este argumento radica en entender el decrecimiento como una propuesta que afectaría por igual a todos, cuando las teorías de decrecimiento proponen una reducción planificada para las economías ricas, de forma que se liberara espacio ecológico para el Sur Global. Plantear una distribución equitativa de los recursos parecería ignorar las dificultades de implementación de algo así, dificultades que chocan con los intereses del sector privado y que derivarían en grandes tensiones sociales. Pero, en realidad, al plantear esta equitatividad se pone en evidencia que la continuación del modelo de crecimiento económico actual en naciones opulentas acelera el agotamiento de recursos de los que dependen tanto los países más vulnerables, con lo que las tensiones irían en aumento, como los más ricos, con lo que se aceleraría el colapso de las actividades económicas más atractivas y rentables y del propio sistema capitalista convencional que las impulsa y de las que depende.

Es interesante constatar que el colapso del capitalismo no es una amenaza futura. Ni una leyenda propia de los antisistema. Es una realidad constatada ya, y con gran preocupación, por las principales entidades aseguradores: ante los impactos del cambio climático, el sistema actual de seguros se hace financieramente inviable. Sin el sector seguros, podemos olvidarnos de préstamos e inversiones, la base de nuestro modelo económico. Esta inviabilidad financiera real y presente ya en el mundo bajo el nuevo clima en el que vivimos, con la fractura fundamental del capitalismo que implica, la confesaron los consejeros delegados (CEO) de las compañías aseguradoras más grandes del mundo en una amplia entrevista del periódico The Guardian, publicada el 3 de abril de 2025. Esta entrevista se publicó tan solo dos meses después del escándalo de la cancelación de 90.000 pólizas de seguros del hogar poco antes de los catastróficos incendios de California en enero de 2025. Una cancelación que dejó sin nada a miles de familias y que planteó la necesidad de un debate nacional e internacional sobre la insolvencia del sistema de seguros ante el nuevo clima.

Mientras que ante la implacable realidad ambiental y geopolítica, el capitalismo avanza en lo que viene a llamarse «necroeconomía» (conjunto de prácticas económicas y políticas que generan rentabilidad a partir del dolor, la desgracia, la injusticia o la muerte, incluyendo la manipulación de datos económicos y la mentira política, y que se apoyan en herramientas como los cat bonds o bonos catástrofe), el decrecimiento plantea una alternativa luminosa, aunque difícil de implementar por las inercias y los conflictos de interés.

El capitalismo actual necesita de la escasez, haciendo de ella algo intrínseco

Inquieta a muchos que hacer hincapié en el decrecimiento institucionalizaría la escasez, alimentando movimientos populistas y regímenes autoritarios. Para la economía convencional, el crecimiento es la única forma de evitar el conflicto social al no tener que repartir la riqueza económica global. En primer lugar, esta riqueza global se apoya en la ficción del dinero como préstamo con interés y no basado en riqueza real. Algo que impulsa la degradación ambiental por sí mismo y que constantemente empuja ciclos de profunda inflación y crisis económica. En segundo lugar, esta riqueza está cada día más amenazada por la sobreexplotación, la contaminación y el cambio climático. Por lo tanto, el conflicto que se busca evitar es inevitable, especialmente a medida que nos acercamos a un colapso de los sistemas naturales. De hecho, el conflicto, bajo el modelo extractivista actual, tiende a crecer y las perspectivas son aciagas. Basta con leer el informe anual del Foro Económico Mundial sobre las amenazas a la economía.

El riesgo en la gestión de la contracción económica ha sido muy estudiado y siempre se han desarrollado soluciones concretas para resolverlo coyuntural y no estructuralmente. Pero además de esta dificultad práctica para resolver esas contracciones «que acontecen», dentro del sistema económico imperante se ignoran o minimizan los riesgos de inestabilidad social y también económica derivados de unas crisis ambientales que son cada vez más extremas. El decrecimiento económico no solo no trae escasez, sino que es un modelo diseñado para reducirla. Por el contrario, el capitalismo actual necesita de la escasez haciendo de ella algo intrínseco. Los 12 millones de personas que mueren de hambre son necesarios para el funcionamiento de un sistema alimentario global basado en este modelo, no son una disfunción del mismo, como nos gustaría (y tranquilizaría) a todos creer. El decrecimiento económico promueve la abundancia radical, ya que abre la oportunidad para que abunden convenios, seguros y garantías que permitan consolidar los derechos humanos en cada vez más regiones del planeta. Mientras el capitalismo requiere de la incertidumbre, la desconfianza, la inseguridad, el individualismo, el unilateralismo, la competencia y el conflicto, el decrecimiento económico propone un marco para reducir todo esto en aras de la solidaridad, la confianza y la colaboración.

También inquieta mucho que el decrecimiento pueda desincentivar la innovación y la inversión en I+D al contraer los mercados. Esta inquietud se apoya en la idea de que la innovación solo puede prosperar en un entorno de expansión de mercado. Esta inquietud se desvanece cuando la innovación se reorienta y, en lugar de trabajar en la eficiencia para producir más (lo que a menudo lleva al efecto rebote o paradoja de Jevons), se enfoca en la suficiencia y la regeneración. Este enfoque fortalece la creación de empleo y permite crecer en numerosos ejes sociales que no tienen huella ecológica.

La propuesta de un crecimiento inteligente y sostenible suena bien, pero depende enteramente de la fe en la tecnología para resolver la contradicción entre un sistema económico infinito y un planeta con límites físicos finitos. Se trata de una contradicción que nadie termina de resolver sin recurrir a la promesa, aquí si que hablamos de promesa, de un desacoplamiento total. El artículo de Hidalgo se apoya en la visión tradicional de que el crecimiento es la única vía para el progreso, pero la literatura científica actual sugiere justo lo contrario.

El análisis histórico y la simulación matemática de distintos escenarios socioeconómicos revela que el capitalismo perpetúa la desigualdad imperial, juega «sucio» con la ciencia de las emisiones al confiar en tecnologías no probadas y subestima el deseo de la población de transitar hacia un sistema que priorice el bienestar de la sociedad sobre la riqueza de las élites, y la integridad del ecosistema sobre el PIB. Cuando se habla de falta de aceptación del modelo de decrecimiento económico no se tiene en cuenta la realidad que muestran las encuestas: aunque el nombre no despierta apoyo, cuando el decrecimiento se presenta como una propuesta completa (sin ceñirse a la etiqueta), el 72% de la población en países consumistas como Estados Unidos y el 82% en países europeos como el Reino Unido la apoyan. Existe la tendencia a equiparar el decrecimiento con una recesión prolongada o una crisis económica no planificada. Mientras que una recesión en el capitalismo es desastrosa y genera desempleo, el decrecimiento se propone como una transformación democrática y planificada para mejorar el bienestar reduciendo solo la producción no esencial.

El rechazo inicial a la palabra decrecimiento parece basarse en prejuicios y en impresiones superficiales, como la del miedo a perder el empleo o a que disminuyan los ingresos. Una vez que la población comprende los principios de bienestar y servicios públicos universales asociados al decrecimiento, así como la sostenibilidad a largo plazo del modelo frente a la inestabilidad creciente del capitalismo, el apoyo se mantiene alto, lo que sugiere que la propuesta decrecentista tiene potencial para ser adoptada democráticamente.

El decrecimiento económico no promete, propone. El aval histórico del economista y matemático Nicholas Georgescu-Roegen y el filósofo francés Serge Latouche, al que se han ido uniendo otros como los filósofos Kohei Saito y Jorge Riechmann, los economistas Joan Martínez Alier y José Manuel Naredo, el ingeniero Miguel Valencia y numerosos científicos de la talla de Jason Hickel, Giorgos Kallis, Tim Jackson, Peter A. Victor, Kate Raworth, Juliet Schor, Julia K. Steinberger, Diana Ürge-Vorsatz o el mismísimo Johan Rockstrom, principal impulsor del concepto y la cuantificación de los límites planetarios, hace que el decrecimiento económico, llamémoslo como lo llamemos, es una oportunidad única y brillante no solo para evitar los escenarios más distópicos en lo social, en lo ambiental y en lo económico, sino para poner la vida en el centro de las decisiones urgentes que debemos ir tomando.

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Manifiesto de entidades de la sociedad civil organizada del Estado Español respecto a la anunciada reforma de la Directiva Marco del Agua

El pasado 10 de diciembre la Comisión Europea publicó la Comunicación «Simplificar para lograr una competitividad sostenible»¹ (en adelante, la Comunicación), que engloba un amplio paquete de modificaciones en distintas directivas y otras regulaciones europeas para la protección ambiental. El pretexto que se declara para promover estas modificaciones es reducir la carga administrativa asociada a tales normativas para alcanzar los objetivos ambientales de forma más eficiente y menos costosa.

Sin embargo, junto a medidas que facilitan esta reducción de la carga burocrática sin afectar a los objetivos (como por ejemplo, unificar los formatos en los que se comparten los datos de naturaleza ambiental y espacial), se incluyen otras propuestas que suponen dar un paso atrás en la ambición y el alcance de la normativa. Entre ellas, se plantea reducir los requisitos de protección ambiental sobre ciertas actividades industriales o rebajar los mecanismos de control en las autorizaciones de nuevos proyectos.

Un ejemplo de los efectos perjudiciales de las modificaciones previstas sobre el agua y los ecosistemas acuáticos es que se pretende reducir o eliminar las obligaciones del Sistema de Gestión Ambiental de las instalaciones industriales en materia de inventario de sustancias químicas y análisis de riesgos. Otro ejemplo, es que se busca que en las instalaciones de ganadería intensiva y de acuicultura se eliminen de los informes a la Comisión Europea los impactos relativos al agua, la energía y los materiales. También se pretende suspender algunos requerimientos de la Responsabilidad Ampliada del Productor (por el que las empresas son responsables de los contenidos de los residuos que generan sus productos).

Resulta especialmente preocupante que la Comisión Europea haya previsto reformar la Directiva Marco del Agua (DMA) antes del verano de 2026, sin ajustarse a los procedimientos existentes en el propio marco legislativo europeo y obviando por completo la evaluación y el análisis detallado que se desarrolló en 2020 (Fitness-Check).

La Comunicación deja claro que en el primer trimestre de 2026 intensificará el diálogo con algunos de los sectores implicados y con los Estados Miembros sobre los permisos ambientales, teniendo en cuenta los objetivos del denominado RESource EU Action Plan. Este Plan pretende reducir la dependencia europea de materiales críticos, para lo que se llevará a cabo una simplificación de las autorizaciones ambientales «incluidos los aspectos relacionados con el sector minero». La Comunicación señala que «a más tardar en el segundo trimestre de 2026, la Comisión examinará y revisará la Directiva Marco del Agua» «con el fin de promover la circularidad y el acceso a materias primas».

¿Qué supone esta reforma de la DMA?

• Permitirá acelerar y simplificar las autorizaciones ambientales, debilitando el Principio de No Deterioro, un requerimiento clave de la DMA. Básicamente existe una obligación para los Estados Miembros de mejorar y de evitar el deterioro de los ríos, humedales y acuíferos de toda Europa.
• Relajar los estrictos requisitos que acompañan a esta obligación para los nuevos proyectos que puedan deteriorar el estado de las aguas dará lugar en muchos casos a un empeoramiento del estado de los ríos, acuíferos y ecosistemas acuáticos.
• Facilitará la aprobación de nuevos proyectos mineros sin las suficientes garantías en cuanto a la evaluación ambiental de los impactos sobre la salud de las personas y de los ecosistemas acuáticos y en cuanto a la transparencia y la participación pública en las decisiones que afectan al interés público superior, como es el acceso al agua en cantidad y calidad suficiente. Esto incrementará los riesgos de contaminación y sus impactos sobre la salud humana. También tendrá consecuencias negativas sobre otras actividades económicas, como las del sector agrario e industrial que necesitan de estos recursos hídricos, así como sobre los ecosistemas y la biodiversidad.
• Abrirá una puerta que facilitaría que también que otros proyectos y actividades, no sólo mineros, pudieran aprobarse de forma más rápida y simple, aun cuando exista un riesgo claro para la salud humana y para el deterioro de nuestros ríos, humedales y acuíferos.

Además, la anunciada reforma exprés de la DMA se salta el procedimiento establecido en dicha Directiva para su revisión; no tiene en cuenta que la evaluación de la DMA (fitness check) ya concluyó que no era necesario revisarla y no viene acompañada del necesario análisis integral de los efectos que tendría (Impact Assessment, algo habitual en la reforma de cualquier directiva), entre otros problemas importantes.

Ante esta situación, las organizaciones firmantes manifiestan que:

La aprobación de la DMA fue el resultado de un largo proceso de evaluación de la política de aguas en el conjunto de la Unión Europea que concluyó con el reconocimiento de que nuestra capacidad para atender las necesidades de agua, presentes y futuras, depende directamente del buen estado de las masas de agua y de la superación del enfoque fragmentario e ineficaz de la anterior política del agua.

Desde la sociedad civil organizada se ha defendido enérgicamente que aunque es necesario mejorar la actual aplicación de la DMA por parte de los Estados Miembros de la UE, esta directiva ha sido y sigue siendo un instrumento fundamental para proteger y mejorar el estado de nuestros ríos, acuíferos, humedales, deltas y estuarios en España y en toda Europa.

La DMA pone el foco de la política de aguas en los objetivos ambientales y en el principio básico de No Deterioro del agua, para compatibilizar su protección con actividades económicas que aporten prosperidad, empleo y calidad de vida a la ciudadanía. La DMA es la garantía para esta compatibilidad y para la propia seguridad a largo plazo de las actividades económicas y la calidad de vida, las cuales dependen de la buena salud de nuestras fuentes y ecosistemas del agua. Ninguna de las reformas que se quieren llevar a cabo suponen una mejora para la DMA y sí un claro retroceso.

Esta directiva incluye la aplicación de unos Programas de Medidas para alcanzar los objetivos previstos, los cuales se revisan en la evaluación periódica de los planes hidrológicos, con el fin de mejorar el conocimiento sobre las masas de agua, las medidas a adoptar y la transparencia y participación pública en la toma de decisiones en torno al agua.

La DMA define además el marco en el que se integran o desarrollan otras directivas relacionadas con el agua, como la directiva de prevención de los riesgos de inundación, la de aguas potables o la de aguas residuales, cuyos enfoques de gestión de riesgos dependen de la eficacia de la DMA a la hora de garantizar el buen estado de las masas de agua. El debilitamiento de la DMA por las modificaciones previstas dejaría sin sustento firme a estas otras directivas y normas derivadas, incrementando los riesgos, lo que impactará negativamente sobre la salud humana, sobre actividades económicas tales como las agrarias y sobre los ecosistemas.

Por todo ello, un amplio conjunto de organizaciones de la sociedad civil pedimos que la Comisión Europea renuncie a modificar la Directiva Marco del Agua y, en su lugar, se redoblen los esfuerzos de las instituciones europeas y de los Estados Miembros para mejorar y acelerar su aplicación, manteniendo su actual formato, dado que todavía estamos lejos de alcanzar los objetivos planteados.

Organizaciones promotoras:

WWF España

Aigua és Vida (AéV)

Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS)

Amigas de la Tierra

Comisiones Obreras (CCOO)

Ecologistas en Acción

Enginyeria Sense Fronteres

FACUA

Federación de Consumidores y Usuarios (CECU)

Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA)

Fundación Primero de Mayo

Greenpeace España

Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS)

Plataforma en Defensa de l’Ebre

Red Agua Pública (RAP)

Attac España

Formulario de recogida de apoyos: Formulario

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Artículo original publicado en mundoobrero.es por Carmen Esbrí

Reflexiones

Teniendo la Salud Universal y Comunitaria como faro de las políticas, voy a hablar de la maligna impronta de la guerra en ella. Que en pleno siglo XXI nos planteemos esta correlación ante el peligro planetario de una guerra total, es inconcebible para quiénes venimos marcando la Democracia con valores y derechos por historia y cultura. En nuestro alrededor parece que la guerra no va con nosotros, se repiten actitudes de los «felices veinte» que narcotizan a la población; el peligro está aumentando de decibelios con trompetas de voceros a rebatir con contundencia.

Con opacidad y nula actitud democrática, España y resto de la Unión Europea participan en una militarización intensa justificándola con trabajar por la seguridad sin atenerse a reglas democráticas que exigen transparencia y participación de los pueblos en decisiones que afectan a su vida. La osadía de participar en una guerra es transcendental; sin embargo, está ya claramente impuesta para actuar bajo tacones militares y erráticas decisiones gubernamentales.

Si hablamos de Salud debemos destacar de manera relevante el conocido como Informe Lalonde (1974). Su autor Marc Lalonde, abogado y político, fue Ministro de Seguridad Social en Canadá, puesto al que aportó conceptos básicos de Salud y Sostenibilidad ya que consideraba necesarios datos manejables para diseñar las políticas que dirigía. Lalonde definió con claridad los Determinantes, efectos causantes de la Salud: Medioambiente, Estilos de Vida, Modelos Asistenciales y Biología Humana.

A pesar de la relevancia y reconocimiento de dicho Informe que facilitaba un ordenamiento de interés importante a tener en cuenta en política de tiempos posteriores, es evidente que no ha servido como guía de las acciones políticas de Occidente donde surgió. Importante tenerlo en cuenta al denunciar, una vez más, la insensatez de la guerra y la de gobernantes que actúan bajo un erróneo manual que olvida personas, Naturaleza y Democracia; gobernantes que pagamos para atendernos pero que nos perjudican concienzudamente con un plan insano en cuanto nos afecta. Gobernantes que siguen un manual retrógrado para un progreso imposible de alcanzar.

Apuntes históricos

Para abordar las repercusiones entre guerra y Salud, son necesarios apuntes históricos que encarrilen el asunto. Estamos en una situación política más alarmante que las acaecidas en las dos Guerras Mundiales. En ambas, hubo un deseo de expansión a otros territorios justificada por el poder de pueblos que se creen los elegidos por derecho natural de dominación. A la vez en ambos tiempos, también ahora, los avances armamentísticos dan fuelle a un belicismo que deben amortizar aunque subordinen o aniquilen a los demás.

Ahora juegan también a ver quien tiene las armas más dañinas y eficaces para matar más y con más puntería, costosas herramientas que dan enormes frutos económicos a fabricantes y con miles de muertos inocentes a los pueblos.

Tras la Segunda Guerra Mundial surgió una actitud benefactora con el fin de mitigar de forma ecuánime sus trágicas consecuencias con evidencias palpables de inseguridad y nula Salud por una ferocidad que afectaba también a la economía. Un espíritu de solidaridad se puso en movimiento para configurar un mundo más justo, pero sobre todo productivo. Para ello aparecieron entidades supranacionales derivadas de necesidades sociales con el sano objetivo de que se dirimieran con buena fe las diferencias. Se puso en pie el Estado de Bienestar enarbolado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Previamente se creó la Organización de las Naciones Unidas, ONU, en 1945 ; su cometido era mantener la paz y seguridad internacionales, brindar asistencia humanitaria a quienes la necesitaban, proteger los Derechos Humanos y defender el Derecho Internacional. Tres años después,1948, nacía también la OMS, Organización Mundial de la Salud, con el padrinaje de China y Brasil, motivadores de la creación de Naciones Unidas. Con la OMS se pretendía avanzar en directrices que propiciaran una paz duradera y un futuro prometedor tras las tragedias vividas en el escenario principal europeo.

Nacieron otros organismos supranacionales, construyendo un emporio mundial desestructurado hoy, del que destacar la Organización del Tratado del Atlántico Norte, 1949. La OTAN es la más provocativa creación que sigue empoderándose para sí misma más que para asegurar la paz; su sombra, profundamente armamentística, se configura en una bisección clara entre el mundo occidental de tinte anglosajón que entra en todas partes para implantar «su cínica democracia» confrontando contra otras formas de Estado y gobierno, entonces de esencia comunista y ahora ni eso, presuponiendo siempre el comunismo como competidor indeseable. La toxicidad permanente de las teorías liberales han propagado que es la inspiración anglosajona la llamada a imponerse por ímpetu divino, la única capaz de hacer andar el planeta. ¿Con el poder y las armas? Por supuesto. Desde la Guerra de Corea (1950-1953), la OTAN es mucho más que una herramienta de defensa, es una herramienta feudal de colonialismo pernicioso velado bajo el compromiso de defender a sus miembros ante cualquier ataque externo, haciendo de la guerra un mecanismo permanente de supervivencia del mercado que la provee. Publicidad engañosa que cambia cuando no se quieren armas.

España y el engaño de la OTAN

España entró en la OTAN en 1982, tras un controvertido referéndum logrado con información tramposa por Felipe Gonzalez (PSOE). Se justificó su entrada como pago inevitable para nuestro acceso al Mercado Común, que prometía la «Europa Democrática”. En 1981 nos habían incorporado al ala militar de forma clandestina tras un golpe de Estado gestado por el monarca, heredero de Franco, Juan Carlos I, autoexiliado, corrupto y vendepatrias. Hasta 1999 no tuvimos pleno conocimiento de esa participación en la estructura militar.

El hilo conductor invisible de la integración en el crudo «mundo otanista» queda claro que fue y es la propia monarquía española con políticos de escaso amor patrio que sucumbieron ante la falsa idea de su propio empoderamiento personal. Ninguno se preocupó de las razones de su pueblo; su supuesto poder y prestigio quedaron anulados por dictadores imperialistas interesados en negocios de guerra y de sus grandes cuentas de beneficios. Monarquía y gobiernos, de izquierda y derecha de la Transición Española, han indignificado y sometido a su pueblo a las cada vez más peligrosas consecuencias del militarismo asesino.

El último embaucador es el actual presidente de gobierno, Pedro Sánchez, quien pidió en 2022 a la OTAN, con la connivencia de Ursula von Der layen, una cumbre ordinaria de organización que «casualmente» coincidió con el 40 aniversario de nuestro ingresó en la Alianza, programada cuatro meses después de la invasión de Ucrania. Podíamos habernos separado de semejante y peligroso artefacto, pero nos sumergió más en un espacio indeseable contra el que en los años 80 nos movimos con inmensas manifestaciones unitarias sólo comparables con las que se hicieron contra nuestra participación en la Guerra de Iraq en 2003. Esta cumbre ordinaria nos ha costado más de 50 millones € y emplear más de 10.000 efectivos para la seguridad de asistentes que gozaron todo tipo de agasajos mientras acordonaban Madrid impidiendo su natural movilidad. Lo peor es que, cual CEO gris de trasnacional, Pedro Sánchez nos trajo diversos sectores de la organización que nos marcan por una participación bélica no consentida como claros objetivos violentos, no siendo real que la ciudadanía defienda ansias bélicas y servicios pro guerra que la OTAN ofrece a precios impagables. El 11 de marzo 2004 sufrimos ataques terroristas en Madrid al suponernos culpables de la Guerra de Iraq; 2.000 heridos y 192 muertos. La actitud militarista y su amañada impronta nos colocan de nuevo en peligro constante, por un empeño deleznable.

La OTAN coloniza España con: el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas (CAOC) que controla el espacio aéreo del sur de Europa; el Centro de Excelencia contra Artefactos Explosivos Improvisados; el Cuartel Gral. Terrestre de Alta Disponibilidad con Estado Mayor internacional; con la controvertida Base Naval de Rota y su Sistema de Defensa contra Misiles Balísticos aumentado a seis los Destructores AEGIS norteamericanos y con la Base Aérea de Morón que alojan los Eurofighter Typhoon. De España, convertida en colonia de EE.UU., usan su Tierra, Mar y Aire y su posición estratégica para dominación del Planeta. Perdemos nuestra soberanía con aumento de daños a nuestra Salud; entretanto no han decidido cómo conservar y restaurar la financiación pública que sale del bolsillo de cada ciudadano; financiación que se verá recortada de forma prevaricadora con los presupuestos pendientes de presentar por el Gobierno que serán los presupuestos de la guerra.

Salud y Guerra son incompatibles

La guerra no tiene igual categoría que la Salud; en Democracia la Salud Comunitaria debe ser el primerísimo nivel; para ellos no por pura insensatez de los gobernantes preocupados en priorizar el mercado, ahora bélico. No les preocupa la Salud aunque sea el faro seguro que debe alumbrarles cada instante. Todas las democracias definen surgir sobre las soberanías de sus pueblos. ¿Entonces? ¿Gobierno por el Pueblo, pero sin el Pueblo?

La Salud define la convergencia holística de todos los Determinantes que la hacen posible; la guerra es el mayor mecanismo de destrucción masiva de la Salud que podamos señalar. La Salud sólo es posible en un mundo en Paz, el que se escribe cada día con políticas justas y gobiernos que resuelvan los problemas y no que los creen. La Salud es incompatible con la guerra que deteriora esos Determinantes que le dan sentido. Sólo gobiernos ansiosos la defienden con la falsa seguridad propiciando un ambiente militarista para asustar. No hay seguridad sin Salud porque la guerra atenta contra todo: Medioambiente, Formas de vida; Servicios Asistenciales, afectando incluso a la Biología Humana. Esta guerra en Europa, no es distinta a otras; como todas se monta sobre mecanismos opacos para negocio de las armas que nutre cuentas corrientes de halcones y oligarcas; para nada defiende la Democracia sino que usa métodos violentos aniquiladores practicando la injusticia.

La guerra es una actividad manejada por patriarcados pendencieros y gobiernos sumisos. La guerra impacta especialmente en la Naturaleza, destruye espacios vitales, rompe el ciclo ecológico, arrasa bosques, devasta prados, cultivos y tierras. Intoxica el aire y penetra los suelos infertilizándolos y convirtiéndolos en espacios tóxicos para los tiempos futuros. Ensucia las aguas.

Respecto a las Formas de vida, la incidencia en la ruptura en ellas es evidente; las armas demolen edificios; anulan infraestructuras básicas colectivas como hospitales, escuelas, universidades, museos, edificios de culto y otros, liquidan hogares y viviendas familiares; rompen el ciclo vital de las personas golpeando con miedo a los niños; sacando de sus empleos a los mayores. La elección de la guerra es impropio del siglo XXI que debería apostar sin más por la Salud para Todos como priorizaba la OMS en 1977, consejo incumplido por quienes son altamente fundamentalistas y regresivos, siendo la UE facilitadora del mercado de armas desoyendo las huellas de las crisis financiera pandémica y del cambio climático. La guerra provoca hambrunas, mala y escasa alimentación; cierra la puerta al progreso matando jóvenes, desmoralizando a mayores y abandonado a dependientes. Anula poblaciones bajo gobernantes cobardes que los pone como escudos humanos para delirios de poder territorial y económico. La Asistencia Sociosanitaria se debilita, llega a ser imposible con la desaparición de hospitales y centros sanitarios, con el miedo y la insuficiencia de recursos para superar adecuadamente estados físicos y mentales, con la aparición de todo tipo de enfermedades y la carencia de higiene y de medicamentos. La guerra ataca más a niños y vulnerables barriendo su Salud Mental con una marca indeleble para el resto de sus vidas, si logran superar las palizas y la muerte. Altera incluso la propia biología humana en la que incide bajo el horror diario de bombas y amenazas que rompen el musical silencio de la Paz.

Conclusiones

La Salud Universal es primer objetivo de un gobierno democrático; la Historia da suficiente conocimiento para no dejar que sigan gobiernos que conducen mal y mantienen la brutalidad con dolor y muerte. Con gobiernos de un sistema que financia violencia vendiendo la seguridad de las armas productoras de mayores peligros y más precarización, no podemos convivir. Pongamos el foco en la Vida, confiando en las potentes fortalezas que conformamos juntos y exigiendo respeto a nuestro papel soberano. Luchemos unidos contra el ansia bélica exigiendo un cambio sensato de paradigma para un mundo saludable con personas que gocen de Bienestar Físico y Mental con lo que será posible un verdadero progreso sin incertidumbres y con luces al final del túnel.

Tenemos un compromiso ético de unir todo nuestro poder para no permitir un € más para mantener la guerra de EE.UU. y la OTAN; para no seguir alimentando el mercado contra el genocidio de Palestina, para no permitir ninguna otra guerra a costa de la Humanidad. Martin Luther King dijo en la IIª Convención del Comité Médico de Derechos Humanos, en 1966 «De todas las formas de desigualdad, la injusticia en Salud es la más impactante e inhumana porque a menudo resulta en la muerte física”. Somos dueños de nuestro destino y no vamos a dejar que nos lo roben quiénes nos deben verdadera seguridad. Decía Gandhi que «La no colaboración con el mal es un deber tan importante como la colaboración con el bien”. No podemos colaborar en ningún momento, y desde ahora mismo, ni un minuto más con el mal; estamos obligados a rebelarnos por el bien, por la Salud de las personas y la riqueza inherente a Naturaleza. La Salud es la Vida; la Guerra, la Nada.

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Fotografía: Decenas de personas durante la cadena humana por la sanidad pública, en la Puerta del Sol, a 7 de abril de 2024, en Madrid. Matias Chiofalo / Europa Press

Artículo original publicado en espacio-publico.com por Paco Cantero

Durante décadas se nos ha repetido que vivimos en democracias consolidadas. Votamos, elegimos representantes, cambiamos gobiernos. Sin embargo, mientras la política se reducía progresivamente a un ritual electoral, el poder real se desplazaba hacia otros espacios: los mercados financieros, las infraestructuras digitales, los centros de datos, los algoritmos que organizan la economía y la vida cotidiana. Hoy, muchas de las decisiones que determinan cómo vivimos ya no pasan por parlamentos ni por urnas, sino por estructuras privadas que nadie ha votado.

Este desplazamiento no es nuevo. Comenzó con la financiarización de la economía, cuando el capital financiero empezó a imponer límites estrictos a la política democrática. Lo que sí es nuevo es la aparición de un actor que no se conforma con condicionar la democracia, sino que aspira a reemplazarla: el capitalismo tecnológico libertario. Su irrupción no elimina el poder financiero tradicional, pero lo acelera, lo reconfigura y lo lleva a un nuevo estadio, donde la política deja de ser necesaria incluso como mediación.

De la financiarización al tecnolibertarismo

Durante años, el poder financiero vació de contenido a los Estados sin necesidad de destruirlos. Bastaba con imponer disciplina fiscal, desregular los mercados y convertir la economía en un espacio técnico inaccesible para la ciudadanía. Hoy, el capitalismo tecnológico libertario va más allá: no necesita Estados debilitados, sino Estados irrelevantes.

Este proyecto se apoya en una corriente filosófica donde la democracia no es un logro que perfeccionar, sino un error histórico; la igualdad, un error catastrófico; y la deliberación colectiva, un obstáculo para la eficiencia.

En lugar de ciudadanía propone usuarios. En lugar de leyes debatidas, reglas inscritas en código informático. En lugar de política, sistemas de gestión privada. El ideal no es el autogobierno, sino la optimización; no el conflicto democrático, sino la administración técnica de la sociedad por élites que se consideran más capacitadas.

No se trata de mejorar la democracia, sino de cerrar el paréntesis democrático abierto en los últimos dos siglos.

La demolición institucional como método

Este proyecto no puede imponerse en sociedades con instituciones sólidas y legitimidad pública. Para sustituir la política por sistemas automáticos de decisión es necesario, antes, debilitar la confianza en lo común. Por eso necesita gobernantes que actúen como agentes de demolición: líderes dispuestos a erosionar desde dentro aquello que dicen gobernar.

El patrón se repite: ataques a la justicia, a la ciencia, a la prensa, a la administración pública; degradación deliberada del debate político; polarización permanente; crisis constantes que paralizan la acción colectiva. No se trata de incompetencia ni de caos accidental, sino de una estrategia. Cuando las instituciones dejan de funcionar, la ciudadanía se vuelve más receptiva a soluciones autoritarias o tecnocráticas presentadas como inevitables, aunque anteriormente las habría rechazado.

El colapso institucional no es un efecto secundario: es una condición necesaria. Allí donde la política se percibe como inútil, la tecnología aparece como neutral y eficiente. Pero no lo es: responde a intereses concretos y concentra poder en manos privadas.

Trump como operador político de un proyecto ajeno

En este marco se entiende mejor el papel de figuras como Donald Trump. No son los arquitectos intelectuales del proyecto, sino sus ejecutores políticos. Su función no es construir alternativas, sino romper normas, desacreditar mediaciones y convertir la política en un espectáculo continuo que impide cualquier respuesta colectiva coherente.

El episodio de Groenlandia ilustra bien este mecanismo. Presentado como una extravagancia personal, respondía en realidad a intereses estratégicos de sectores tecnológicos. El Ártico ofrece condiciones óptimas para centros de datos: clima frío, energía relativamente barata, aislamiento geográfico y marcos jurídicos difusos desde los que operar lejos del control democrático. Trump no diseñó esa estrategia; simplemente la hizo visible.

Finanzas privadas: la gran victoria silenciosa

Mientras el ruido político ocupaba el espacio público, el capitalismo tecnológico libertario avanzaba en uno de sus frentes más decisivos: el control del dinero. La expansión de las finanzas distribuidas (DeFi) y de las stablecoins, presentadas como herramientas de libertad individual, tiene un impacto político profundo.

Estas tecnologías desplazan la creación y regulación del dinero desde los Estados hacia plataformas privadas gobernadas por código informático. El dinero deja de ser un instrumento de política pública y se convierte en una infraestructura corporativa. Sin soberanía monetaria, la democracia pierde uno de sus pilares fundamentales.

Una alianza funcional con la extrema derecha

Este proyecto no avanza solo. Ha encontrado en la extrema derecha un aliado eficaz. Aunque sus discursos difieran en apariencia, comparten un enemigo común: cualquier forma de control democrático que limite al capital.

La relación es funcional. Las élites tecnológicas aportan capital, infraestructuras digitales y control del espacio informativo. Las extremas derechas aportan polarización, ruptura institucional y bases sociales movilizadas contra la propia democracia. Juntas generan el clima perfecto para justificar la sustitución de la política por sistemas de control privado.

El agotamiento de la democracia representativa

El resultado es una democracia cada vez más vacía de contenido. La ciudadanía vota, pero no decide. Participa, pero no influye. La política se percibe como un teatro sin consecuencias, mientras las decisiones reales se toman en espacios inaccesibles.

La pregunta ya no es solo quién gobierna, sino dónde puede todavía ejercerse el gobierno democrático.

Biorregiones: devolver la política a la vida cotidiana

Es en este punto donde el concepto de biorregión cobra sentido político. La idea fue formulada originalmente en los años setenta por activistas como Peter Berg, que defendían la necesidad de reconectar la cultura, la economía y la organización social con los sistemas naturales que sostienen la vida.

No se trata de una nueva frontera ni de un proyecto identitario, sino de un espacio donde coinciden ecología, economía y vida cotidiana. Allí donde se organizan el agua, la energía, los alimentos, los cuidados o la movilidad, la política vuelve a tener suelo. La democracia deja de ser una abstracción institucional y se convierte en una práctica ligada a interdependencias materiales reales.

Las biorregiones no sustituyen al Estado ni niegan la escala global, pero anclan la democracia en territorios habitados, frente a la lógica tecnocrática que separa la toma de decisiones de sus consecuencias.

Asambleas con mandato temporal y sorteo ciudadano

Un elemento clave para que las biorregiones no reproduzcan élites locales ni nuevas burocracias es la forma en que se organiza su deliberación. Las asambleas biorregionales no estarían compuestas por representantes permanentes ni por militancias profesionales, sino por ciudadanos y ciudadanas seleccionados por sorteo, con mandatos temporales, claros y no renovables.

El sorteo no es un gesto simbólico, sino una antigua y eficaz herramienta democrática. Reduce la captura por intereses organizados, impide la profesionalización del poder y garantiza que la diversidad social real esté presente en la toma de decisiones. Los mandatos breves aseguran que nadie pueda convertir la asamblea en una carrera política ni en una posición de influencia estable.

Estas asambleas no sustituyen a las instituciones existentes ni gobiernan en abstracto. Intervienen en decisiones estratégicas concretas —energía, suelo, agua, vivienda, infraestructuras o uso de fondos públicos— con capacidad de supervisión, corrección o veto. Su función no es administrar, sino devolver control democrático allí donde las decisiones tienen consecuencias directas sobre la vida cotidiana.

El poder que se ejerce

El proyecto que busca sustituir la democracia avanza apoyado en la demolición institucional, la privatización de las infraestructuras y la alianza entre capital tecnológico y autoritarismo. Frente a él, las biorregiones y sus formas de deliberación no son una utopía, sino una corrección democrática concreta: una forma de devolver el poder a los lugares donde la vida ocurre.

El poder que no se ejerce se ocupa. Y hoy, ejercerlo empieza cerca. En lo común. En lo cotidiano. En los espacios donde todavía es posible decidir juntos.

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El 11 de febrero, la presidenta Von der Leyen se reunió de nuevo con cientos de representantes empresariales durante un evento organizado por CEFIC, un poderoso grupo de presión de la industria química europea, apenas unas horas antes de reunirse con los jefes de Estado de la UE. Este patrón recurrente de compromiso exclusivo plantea una pregunta fundamental: ¿la política europea está siendo moldeada por sus 450 millones de ciudadanos o por los mayores grupos de presión industriales del continente? El momento elegido también brinda a la industria una oportunidad privilegiada para transmitir sus demandas directamente a la cumbre de jefes de Estado de la UE sobre competitividad que se celebrará al día siguiente. El retroceso amenaza con intensificarse tras esta cumbre, en la que se debatirá un conjunto de propuestas de desregulación, la mayoría de las cuales provienen directamente de la industria¹.

Desde 2024, la Declaración de Amberes ha actuado como una hoja de ruta paralela para la Unión Europea. Lo que se presenta como algo que impulsará la economía se ha convertido cada vez más en un vehículo para desmantelar las salvaguardias democráticas de la UE. Estamos asistiendo a un retroceso sistemático de protecciones climáticas, medioambientales y sociales vitales: los avances conseguidos con tanto esfuerzo se están cambiando ahora por concesiones a las empresas a puerta cerrada. Hasta ahora, la UE ha actuado con rapidez y dureza en favor de los contaminadores, las empresas que violan los derechos y los accionistas, pero no en favor de las personas. 

La Comisión ha llegado incluso a socavar sus propias salvaguardias procedimentales, al no proporcionar evaluaciones de impacto ni pruebas científicas o económicas creíbles para propuestas clave, y al descuidar procesos de consulta significativos. Cuando el Defensor del Pueblo Europeo expresó su preocupación, la respuesta de la Comisión no fue corregir su enfoque, sino debilitar sus propias normas de mejora de la regulación.

Al mismo tiempo, el lobby industrial ha conseguido miles de millones en subvenciones públicas, justificadas por alegaciones de crisis económica y escasez de capital que desde entonces han demostrado ser muy exageradas. Muchas de estas mismas empresas siguen dando prioridad a los pagos a corto plazo a los accionistas frente a la inversión en una transición justa y sostenible. 

Considerar las normas democráticas como obstáculos para el crecimiento alimenta una peligrosa carrera a la baja, en la que las industrias más perjudiciales se ven recompensadas con normas más laxas y más financiación pública, mientras que la población se enfrenta a la austeridad y a la disminución de las protecciones.

Rechazamos esta agenda de desregulación impulsada por las empresas. La estrategia industrial y económica de Europa debe reforzar, y no sacrificar, la integridad medioambiental, la justicia social, los derechos humanos y la responsabilidad democrática. Las normas estrictas no son una carga, sino la base de la resiliencia económica a largo plazo de Europa. El dinero público y el poder político deben servir a la sociedad en su conjunto, y no afianzar la influencia y los beneficios de las industrias más responsables de las crisis a las que nos enfrentamos.

Para defender los derechos del público a la salud, a un medio ambiente habitable y a condiciones de trabajo dignas, afirmamos que necesitamos

Normas para proteger la democracia, las personas y el planeta

1. Revitalizar la democracia europea

El enfoque de la segunda Comisión Von der Leyen en la competitividad se refleja en su contacto más intenso con los actores corporativos: el 40 % de las reuniones de los miembros del gabinete de los comisarios fueron con representantes de empresas, el 29 % con asociaciones empresariales y solo el 16 % con ONG. Este desequilibrio supone un riesgo de captura política²; Además, la Comisión ha creado nuevos espacios, como los «talleres de verificación de la realidad» y los «diálogos de implementación», que se han establecido de forma poco transparente y refuerzan aún más este desequilibrio, abriendo nuevas vías para la influencia de las empresas.

Las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, las organizaciones medioambientales, los sindicatos y el mundo académico, como representantes clave del interés público, deben ser escuchados, protegidos y tener un acceso significativo a la toma de decisiones. 

La actual agenda de desregulación de la UE refleja más el lobby empresarial que las prioridades de la gente común: abordar el coste de la vida, garantizar unos servicios públicos sólidos y tomar medidas decisivas sobre las crisis climática, de biodiversidad y de contaminación. La elaboración de leyes no debe estar dirigida por las mismas industrias responsables de la contaminación, el daño climático, la discriminación, el tratamiento ilegal de datos sensibles, la vigilancia masiva y otros daños. Estas salvaguardias no pueden desmantelarse para satisfacer las demandas de los sectores más contaminantes y riesgosos.

En lugar de reducir el espacio cívico y marginar las voces públicas, la UE debe reforzar la participación democrática. 

2. Las normas existen para proteger al público

Los ciudadanos de toda la UE están cada vez más expuestos a sustancias químicas persistentes (PFAS), a la contaminación por pesticidas y a fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes. Esto genera enormes costes para la sociedad, tanto económicos como en términos de bienestar³. En lugar de más «leyes omnibus⁴» que socavan las protecciones, necesitamos normas mejores y más estrictas que garanticen el acceso al agua, el aire y los alimentos limpios, garanticen lugares de trabajo más seguros, protejan nuestra privacidad y nuestros datos personales en línea y nos protejan de las aplicaciones peligrosas de la inteligencia artificial. 

Las personas no quieren sustancias químicas tóxicas en sus cuerpos, condiciones de trabajo inseguras, alimentos y agua potable contaminados, ni un seguimiento constante en línea. Los niños deben poder jugar en los parques sin estar expuestos a sustancias nocivas como los PFAS, y las familias no deben encontrar sustancias químicas persistentes (TFA⁵) en sus comidas debido a la desregulación de la legislación sobre pesticidas. 

3. No a los cheques en blanco para las industrias contaminantes

Las industrias contaminantes pagan dividendos astronómicos a sus accionistas, año tras año. Entre 2010 y 2023, las empresas europeas de sectores clave para la transición energética generaron 2,1 billones de euros en beneficios netos y distribuyeron 1,6 billones de euros a los accionistas, lo que supone un asombroso 75,3 % de sus beneficios netos totales (y alrededor del 40 % del PIB de Alemania, a modo de comparación⁶). No necesitan inyecciones de capital adicionales pagadas por los contribuyentes, que se enfrentan a recortes en sanidad, educación y acción climática. El problema no es la falta de capital, sino la mala asignación de los recursos existentes. Debemos invertir en una economía orientada al futuro, libre de sustancias tóxicas y descarbonizada, y no apoyar a los sectores intensivos en combustibles fósiles tóxicos que se resisten a la transición energética y libre de sustancias tóxicas. Por último, las empresas contaminantes deben asumir los costes de los daños causados por sus productos, y no la sociedad, respetando el principio de «quien contamina paga».

4. El nuevo espíritu de la elaboración de leyes debe basarse en la evidencia.

Los paquetes ómnibus están desmantelando protecciones cruciales sin pruebas científicas ni evaluaciones de impacto adecuadas⁷. Las propuestas son miopes, están impulsadas por la industria e ignoran sus efectos sobre las personas y el planeta⁸. La elaboración de leyes debe basarse en pruebas y salvaguardar la salud, los derechos, el medio ambiente y los objetivos de sostenibilidad a largo plazo de Europa. Basar las leyes en las demandas inmediatas de las industrias impulsadas por los beneficios, que a menudo son las mismas responsables de la contaminación, la explotación, la discriminación impulsada por la tecnología y la crisis climática, es fundamentalmente erróneo.

En cambio, la legislación de la UE debe basarse en pruebas sólidas, en el asesoramiento de expertos y en las opiniones de las comunidades más afectadas. Las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, las organizaciones medioambientales y los sindicatos, los científicos y los expertos independientes deben orientar la toma de decisiones, garantizando que las políticas sirvan a las personas y al planeta, y no solo a un puñado de empresas contaminantes y con un alto consumo energético.

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Manifiesto de entidades de la sociedad civil organizada del Estado Español respecto a la anunciada reforma de la Directiva Marco del Agua.

Attac, Integrada en la RAP, defiende el presente comunicado.

El pasado 10 de diciembre la Comisión Europea publicó la Comunicación “Simplificar para lograr una competitividad sostenible”1 (en adelante, la Comunicación), que engloba un amplio paquete de modificaciones en distintas directivas y otras regulaciones europeas para la protección ambiental. El pretexto que se declara para promover estas modificaciones es reducir la carga administrativa asociada a tales normativas para alcanzar los objetivos ambientales de forma más eficiente y menos costosa.

Sin embargo, junto a medidas que facilitan esta reducción de la carga burocrática sin afectar a los objetivos (como por ejemplo, unificar los formatos en los que se comparten los datos de naturaleza ambiental y espacial), se incluyen otras propuestas que suponen dar un paso atrás en la ambición y el alcance de la normativa. Entre ellas, se plantea reducir los requisitos de protección ambiental sobre ciertas actividades industriales o rebajar los mecanismos de control en las autorizaciones de nuevos proyectos.

Un ejemplo de los efectos perjudiciales de las modificaciones previstas sobre el agua y los ecosistemas acuáticos es que se pretende reducir o eliminar las obligaciones del Sistema de Gestión Ambiental de las instalaciones industriales en materia de inventario de sustancias químicas y análisis de riesgos. Otro ejemplo, es que se busca que en las instalaciones de ganadería intensiva y de acuicultura se eliminen de los informes a la Comisión Europea los impactos relativos al agua, la energía y los materiales. También se pretende suspender algunos requerimientos de la Responsabilidad Ampliada del Productor (por el que las empresas son responsables de los contenidos de los residuos que generan sus productos).

Resulta especialmente preocupante que la Comisión Europea haya previsto reformar la Directiva Marco del Agua (DMA) antes del verano de 2026, sin ajustarse a los procedimientos existentes en el propio marco legislativo europeo y obviando por completo la evaluación y el análisis detallado que se desarrolló en 2020 (Fitness-Check). La Comunicación deja claro que en el primer trimestre de 2026 intensificará el diálogo con algunos de los sectores implicados y con los Estados Miembros sobre los permisos ambientales, teniendo en cuenta los objetivos del denominado RESource EU Action Plan. Este Plan pretende reducir la dependencia europea de materiales críticos, para lo que se llevará a cabo una simplificación de las autorizaciones ambientales “incluidos los aspectos relacionados con el sector minero”. La Comunicación señala que “a más tardar en el segundo trimestre de 2026, la Comisión examinará y revisará la Directiva Marco del Agua” … “con el fin de promover la circularidad y el acceso a materias primas”.

¿Qué supone esta reforma de la DMA?

• Permitirá acelerar y simplificar las autorizaciones ambientales, debilitando el Principio de No Deterioro, un requerimiento clave de la DMA. Básicamente existe una obligación para los Estados Miembros de mejorar y de evitar el deterioro de los ríos, humedales y acuíferos de toda Europa. Relajar los estrictos requisitos que acompañan a esta obligación para los nuevos proyectos que puedan deteriorar el estado de las aguas dará lugar en muchos casos a un empeoramiento del estado de los ríos, acuíferos y ecosistemas acuáticos.
• Facilitará la aprobación de nuevos proyectos mineros sin las suficientes garantías en cuanto a la evaluación ambiental de los impactos sobre la salud de las personas y de los ecosistemas acuáticos y en cuanto a la transparencia y la participación pública en las decisiones que afectan al interés público superior, como es el acceso al agua en cantidad y calidad suficiente. Esto incrementará los riesgos de contaminación y sus impactos sobre la salud humana. También tendrá consecuencias negativas sobre otras actividades económicas, como las del sector agrario e industrial que necesitan de estos recursos hídricos, así como sobre los ecosistemas y la biodiversidad.
• Abrirá una puerta que facilitaría que también que otros proyectos y actividades, no sólo mineros, pudieran aprobarse de forma más rápida y simple, aun cuando exista un riesgo claro para la salud humana y para el deterioro de nuestros ríos, humedales y acuíferos.
  Además, la anunciada reforma exprés de la DMA se salta el procedimiento establecido en dicha Directiva para su revisión; no tiene en cuenta que la evaluación de la DMA (fitness check) ya concluyó que no era necesario revisarla y no viene acompañada del necesario análisis integral de los efectos que tendría (Impact Assessment, algo habitual en la reforma de cualquier directiva), entre otros problemas importantes.
  Ante esta situación, las organizaciones firmantes manifiestan que:
• La aprobación de la DMA fue el resultado de un largo proceso de evaluación de la política de aguas en el conjunto de la Unión Europea que concluyó con el reconocimiento de que nuestra capacidad para atender las necesidades de agua, presentes y futuras, depende directamente del buen estado de las masas de agua y de la superación del enfoque fragmentario e ineficaz de la anterior política del agua.
• Desde la sociedad civil organizada se ha defendido enérgicamente que aunque es necesario mejorar la actual aplicación de la DMA por parte de los Estados Miembros de la UE, esta directiva ha sido y sigue siendo un instrumento fundamental para proteger y mejorar el estado de nuestros ríos, acuíferos, humedales, deltas y estuarios en España y en toda Europa.
• La DMA pone el foco de la política de aguas en los objetivos ambientales y en el principio básico de No Deterioro del agua, para compatibilizar su protección con actividades económicas que aporten prosperidad, empleo y calidad de vida a la ciudadanía. La DMA es la garantía para esta compatibilidad y para la propia seguridad a largo plazo de las actividades económicas y la calidad de vida, las cuales dependen de la buena salud de nuestras fuentes y ecosistemas del agua. Ninguna de las reformas que se quieren llevar a cabo suponen una mejora para la DMA y sí un claro retroceso.
• Esta directiva incluye la aplicación de unos Programas de Medidas para alcanzar los objetivos previstos, los cuales se revisan en la evaluación periódica de los planes hidrológicos, con el fin de mejorar el conocimiento sobre las masas de agua, las medidas a adoptar y la transparencia y participación pública en la toma de decisiones en torno al agua.
• La DMA define además el marco en el que se integran o desarrollan otras directivas relacionadas con el agua, como la directiva de prevención de los riesgos de inundación, la de aguas potables o la de aguas residuales, cuyos enfoques de gestión de riesgos dependen de la eficacia de la DMA a la hora de garantizar el buen estado de las masas de agua. El debilitamiento de la DMA por las modificaciones previstas dejaría sin sustento firme a estas otras directivas y normas derivadas, incrementando los riesgos, lo que impactará negativamente sobre la salud humana, sobre actividades económicas tales como las agrarias y sobre los ecosistemas.
  Por todo ello, un amplio conjunto de organizaciones de la sociedad civil pedimos que la Comisión Europea renuncie a modificar la Directiva Marco del Agua y, en su lugar, se redoblen los esfuerzos de las instituciones europeas y de los Estados Miembros para mejorar y acelerar su aplicación, manteniendo su actual formato, dado que todavía estamos lejos de alcanzar los objetivos planteados.

Para adherirse al manifiesto, puede hacerse en el presente enlace:

Organizaciones promotoras:
Aigua és Vida (AéV)
Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS)
Amigas de la Tierra
Comisiones Obreras (CCOO)
Ecologistas en Acción
Enginyeria Sense Fronteres
FACUA
Federación de Consumidores y Usuarios (CECU)
Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA)
Fundación Primero de Mayo
Greenpeace España
Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS)
Plataforma en Defensa de l’Ebre
Red Agua Pública (RAP)
WWF España

La entrada La reforma de la Directiva Marco del Agua rebaja la protección del agua en Europa y pone en riesgo la salud y el futuro se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Fotografía: La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, explica los planes de la Entidad Estatal Casa 47, en el Congreso.Eduardo Parra / Europa Press

Artículo original publicado en publico.es por Víctor López

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana sacó un concurso en diciembre para seleccionar a las empresas o fundaciones que se van a encargar de gestionar el «arrendamiento de las viviendas asequibles» que sacará al mercado Casa 47, la nueva empresa pública de vivienda, articulada sobre los cimientos del antiguo Sepes. La idea es que los precios estén topados y que los contratos tengan una duración de 75 años, para «sustentar el derecho a una vivienda digna como quinto pilar del Estado de Bienestar«. El primer listado de compañías interesadas recoge los nombres de una docena de inmobiliarias, la mitad de ellas controladas por fondos de inversión extranjeros. Vivienda, no obstante, recalca que de momento «solo se ha mirado la forma de las propuestas, no el fondo» e insiste en que al tratarse de un concurso, no pueden vetar a ninguna compañía.

¿Quién está detrás de las empresas que se han presentado al concurso? ¿Cuántas están controladas por fondos de inversión? ¿Y cuántas se dedican realmente a la gestión de vivienda asequible?

Alquiler Seguro, una aspirante con polémica

Alquiler Seguro fua la primera en hacer pública su participación en el concurso. La agencia tiene actualmente una cartera de 30.000 viviendas, tal y como ha revelado Público en esta serie de artículos de investigación. El Ministerio de Consumo multó recientemente a la empresa por vulnerar los derechos de los inquilinos e imponerles cláusulas abusivas en los contratos de alquiler. Sumar criticó que una inmobiliaria sancionada fuese admitida en el proceso, un hecho que genera «interrogantes muy serios sobre la coherencia, los criterios y la auténtica orientación social» de la iniciativa. EH Bildu también cuestionó la presencia en el concurso de Alquiler Seguro. El concepto de «vivienda asequible» y los valores de la empresa no parecen a priori compatibles.

Alquiler Seguro pertenece desde hace una década a la sociedad instrumental Explotación de Negocios y Actividades Comerciales SL (Enacom), propiedad de tres de los cinco socios fundadores. Aurica, un fondo de inversión con sede en Barcelona, posee el 49% de Enacom. El grupo integra desde una correduría de seguros hasta dos socimis y una comercializadora de luz y gas. La facturación rozó el año pasado los 34 millones de euros.

La única excluida: un ‘servicer’ vinculado a KKR  

El Ministerio de Vivienda publicó a finales de enero la relación de candidatas que siguen en el proceso de licitación, una licitación que se estructura en cuatro lotes con arreglo a distintas zonas geográficas. De las 12 empresas que enviaron alguna oferta, solo una ha sido excluida: Hipoges, el servicer a través del cual el fondo estadounidense KKR, con intereses económicos en los territorios palestinos ocupados por Israel, administraba hasta hace poco el 55% del mercado residencial de la Sareb. Hipoges cambió de dueño en noviembre de 2025. Lo compró el fondo británico Pollen Street Capital. Vivienda dejó al servicer fuera del proceso para gestionar las viviendas de Casa 47 por «no haber presentado correctamente» la documentación requerida. Las otras once firmas han pasado a la siguiente ronda y siguen pendientes de la licitación de los contratos.

El rastro de las empresas: EEUU, Londres y Luxemburgo  

Además de Alquiler Seguro, otras diez fundaciones o compañías han pasado el primer corte: cuatro de ellas concurren mediante uniones temporales (UTE). Es el caso de Serveo Servicios SAU y La Factoría Gestión y Consultoría SL. La primera cuelga directamente del Grupo Serveo SL y tiene sus raíces en Ferrovial, durante la etapa del actual presidente, Rafael del Pino Calvo-Sotelo. La situación actual es diferente. El gigante de las infraestructuras se deshizo de la marca en dos operaciones a lo largo de los cinco últimos años.

Portobello Capital, gestora de fondos de inversión, compró el 75% de las participaciones de Serveo en octubre de 2022. Y sumó el 25% restante en julio de 2024, figurando desde entonces como propietaria única del conglomerado y de todas sus filiales. La nueva matriz creó además un vehículo para recomprar la marca el año pasado, Portobello Serveo Continuation Vehicle SCA SICAV-RAIF. La sede social la tiene en Luxemburgo, país europeo con más fondos domiciliados y segundo a nivel mundial, solo por detrás de Estados Unidos.

La Factoría Gestión y Consultoría, es decir, la empresa con la que Serveo participa en el concurso del Ministerio de Vivienda a través de una unión temporal, funciona como «consultora especializada en la externalización de servicios públicos» y tiene «más de 70.000 viviendas gestionadas» en España, según consta en su propia página web. Esta sociedad rellena por tanto la pata social para las licitaciones que contempla la cartera que regenta Isabel Rodríguez. Serveo Servicios nada tiene que ver con el sector de la vivienda, al menos, nada recoge en la descripción de su objeto social, donde habla de su especialización en la «recogida, eliminación, tratamiento» o «comercialización» de «residuos» de todo tipo.

El rastro de las empresas: EEUU, Londres y Luxemburgo  

Además de Alquiler Seguro, otras diez fundaciones o compañías han pasado el primer corte: cuatro de ellas concurren mediante uniones temporales (UTE). Es el caso de Serveo Servicios SAU y La Factoría Gestión y Consultoría SL. La primera cuelga directamente del Grupo Serveo SL y tiene sus raíces en Ferrovial, durante la etapa del actual presidente, Rafael del Pino Calvo-Sotelo. La situación actual es diferente. El gigante de las infraestructuras se deshizo de la marca en dos operaciones a lo largo de los cinco últimos años.

Portobello Capital, gestora de fondos de inversión, compró el 75% de las participaciones de Serveo en octubre de 2022. Y sumó el 25% restante en julio de 2024, figurando desde entonces como propietaria única del conglomerado y de todas sus filiales. La nueva matriz creó además un vehículo para recomprar la marca el año pasado, Portobello Serveo Continuation Vehicle SCA SICAV-RAIF. La sede social la tiene en Luxemburgo, país europeo con más fondos domiciliados y segundo a nivel mundial, solo por detrás de Estados Unidos.

La Factoría Gestión y Consultoría, es decir, la empresa con la que Serveo participa en el concurso del Ministerio de Vivienda a través de una unión temporal, funciona como «consultora especializada en la externalización de servicios públicos» y tiene «más de 70.000 viviendas gestionadas» en España, según consta en su propia página web. Esta sociedad rellena por tanto la pata social para las licitaciones que contempla la cartera que regenta Isabel Rodríguez. Serveo Servicios nada tiene que ver con el sector de la vivienda, al menos, nada recoge en la descripción de su objeto social, donde habla de su especialización en la «recogida, eliminación, tratamiento» o «comercialización» de «residuos» de todo tipo.

El nombre de la penúltima firma vuelve a conducirnos al Reino Unido. Savills se presenta al concurso del Ministerio de Vivienda con una de sus filiales, Savills Consultores Real Estate SAU, controlada, una vez más, por fondos extranjeros. La matriz tiene más de setecientas oficinas en todo el mundo y cotiza en Londres. Savills y otras consultoras se mostraron contrarias en su momento a la reforma que proponía el Gobierno para elevar la presión fiscal sobre las socimis que no destinaran una parte de sus carteras «a la promoción de vivienda en alquiler asequible».

Procuradores Gestimed cierra un listado en el que más de la mitad de las empresas -seis de once admitidas- están controladas por fondos de origen extranjero. La firma se dedica principalmente al asesoramiento y los servicios de representación legal, sin que conste experiencia previa en la gestión inmobiliaria. El plazo de inscripciones para el concurso finaliza todavía el 20 de febrero.

El Ministerio de Vivienda sostiene que la «concurrencia» de tantas empresas «demuestra que es un proyecto que suscita interés». 

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Las organizaciones de la campaña Stop UE-Mercosur denuncian el anuncio hoy de la Comisión Europea sobre la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial con Mercosur.

· Califican este paso de la UE como “un grave atropello democrático” y “un intento de imponer por la puerta de atrás un tratado profundamente rechazado por amplios sectores sociales».

· Se prevé que el acuerdo UE-Mercosur tenga fuertes impactos sociales y ambientales, al tiempo que consolida un modelo agroexportador intensivo, dependiente de cadenas largas altamente emisoras, incompatible con los compromisos climáticos europeos.

En una carta abierta dirigida a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, 170 organizaciones sociales, ecologistas, sindicales y agrarias exigen que se detenga la aplicación provisional del acuerdo antes de que el Parlamento Europeo vote y antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita su dictamen sobre las cuestiones jurídicas planteadas.

“Un desprecio a la democracia”

Las organizaciones señalan que el acuerdo UE-Mercosur arrastra desde su origen una fuerte contestación social por sus impactos previsibles, en ambos lados del Atlántico, sobre la agricultura familiar campesina, los derechos laborales, la seguridad alimentaria, el deterioro de los servicios públicos y la aceleración de la deforestación en América Latina.

“Aplicarlo provisionalmente sin esperar al Parlamento Europeo y sin conocer la opinión del Tribunal es un desprecio frontal a los procedimientos democráticos europeos”, afirman desde la campaña. A su juicio, la Comisión pretende blindar los capítulos comerciales mientras esquiva el debate político de fondo y minimiza la oposición social creciente en varios Estados miembros.

Las organizaciones recuerdan además que la tramitación del acuerdo ya ha estado marcada por decisiones polémicas que excluyeron de la ratificación a los parlamentos nacionales y por una aprobación en el Consejo de la UE sin unanimidad, algo inédito en tratados de esta magnitud. 

“Estamos ante un precedente extremadamente peligroso: convertir la política comercial en un ámbito inmune al control democrático real”, advierten.

Impactos sociales y climáticos ignorados

Las 170 organizaciones firmantes, entre las que se encuentra Attac, subrayan que el acuerdo consolida un modelo agroexportador intensivo, dependiente de cadenas largas y altamente emisoras, incompatible con los compromisos climáticos europeos. También alertan de una mayor presión competitiva sobre sectores agrarios y ganaderos europeos ya golpeados por crisis de precios y por la concentración corporativa.

En América Latina, añaden, el tratado incentivaría la expansión de monocultivos y ganadería industrial vinculados a la deforestación y a conflictos socioambientales: “Mientras la ciudadanía exige transición ecológica justa, soberanía alimentaria y protección del empleo, la Comisión insiste en un tratado anclado en la lógica del libre comercio sin límites».

Las organizaciones de la campaña Stop UE-Mercosur exigen que se revierta la aplicación provisional del acuerdo, que se respete el voto del Parlamento Europeo y que se espere el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE.

Asimismo, plantean que se abra un debate público real sobre los impactos sociales, laborales y climáticos del acuerdo y de la política comercial de la UE.

Las 170 organizaciones firmantes anuncian que intensificarán la movilización social y la presión política en los próximos meses para impedir la entrada en vigor de un acuerdo que consideran “social, ambiental y democráticamente inaceptable”.

La entrada 170 organizaciones denuncian la aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur al vulnerar principios democráticos fundamentales se publicó primero en ATTAC España | Otro mundo es posible.

Fotografía: el economista francés Gabriel Zucman. Efe

Artículo original publicado en eldiario.es por EFE

El economista francés Gabriel Zucman, creador de la propuesta de un impuesto mínimo sobre el patrimonio de los multimillonarios que se ha debatido en Francia en los últimos meses sin lograr el respaldo político suficiente, cree que España debería adoptarlo. “No es aceptable que los más ricos tengan la posibilidad de pagar menos que las clases medias o que las clases populares”, ha subrayado a la agencia EFE este jueves en París, durante la presentación del nuevo Observatorio Internacional de la Fiscalidad (ITO), heredero del Observatorio Europeo de la Fiscalidad.

El economista, que este viernes se reunirá con el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, insistió en que el problema central es la desigualdad en la contribución fiscal. A su juicio, la situación fiscal de los ultrarricos “no es ni aceptable ni sostenible”. También ha argumentado que España, como Francia y los demás países, deberían implantar un impuesto mínimo sobre las mayores fortunas, “simplemente por una cuestión de igualdad ante la ley”.

Un 2% sobre el patrimonio de más de 100 millones

Los estudios del Observatorio muestran que en países como Francia los principales multimillonarios pagan menos del 2% de sus ingresos en impuestos, una tasa muy inferior a la que soportan las clases medias, gracias a distintos mecanismos de optimización fiscal. Frente a ello, Zucman propone un impuesto mínimo del 2% sobre el patrimonio —no sobre los ingresos— de los contribuyentes con activos superiores a los 100 millones de euros.

Según el economista, esta fórmula podría trasladarse a España y a otros países, aunque matizó que los detalles deben decidirse en cada caso. “No digo que se tengan que aplicar exactamente los mismos parámetros: eso tiene que decidirse en un debate democrático parlamentario”, afirmó.

De cara a su encuentro con Bustinduy, Zucman explicó que traslada el mismo mensaje a todos los responsables políticos con los que se reúne: “Es urgente avanzar”, especialmente ante las “necesidades de inversión muy importantes” de las administraciones públicas y los problemas de déficit y deuda acumulados.

Los ultrarricos como los demás

Gravar el patrimonio con un 2%, defendió, permitiría garantizar que los ultrarricos “paguen proporcionalmente con sus ingresos tantos impuestos como las otras categorías sociales, ni más ni menos”. A su juicio, se trata de una cuestión clave para la salud democrática y económica de Europa.

El economista aseguró que “el atractivo de España” tiene que venir de la educación de su población, de su sistema sanitario y de sus infraestructuras y añadió que “para eso hace falta dinero, en particular de quienes ahora pagan menos” al defender la implementación del impuesto en el país.

Zucman rechazó además el argumento de que un impuesto de este tipo provocaría exilio fiscal o ahuyentaría la inversión. Por un lado, planteó que España podría acompañar la medida con un sistema que obligue a seguir pagando impuestos durante cinco, diez o incluso quince años a quienes trasladen su residencia al extranjero. Por otro, recordó que España no basa su modelo de desarrollo en atraer multimillonarios con ventajas fiscales, a diferencia de países como el Reino Unido, que abandonó ese enfoque en 2024 incluso bajo un gobierno conservador.

En Francia, la tasa mínima sobre el patrimonio de los multimillonarios cuenta con el respaldo de toda la izquierda, pero no del centro y la derecha, que actualmente suman mayoría parlamentaria. Un escenario político que, según el economista, retrasa pero no frena un debate que considera inevitable.

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