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CARMEN ESBRÍ , EL NEGOCIO DE LA SALUD. Estafa Democrática y Extinción del Estado de Bienestar

Por: Arturo

Esta intervención se realizó el 22 de enero 2026 en el marco de la “ Jornada Avance de la Privatización en el Sistema Sanitario Público”, organizada por el Grupo de Podemos en el Congreso de los Diputados. El avance de la privatización va a pasos agigantados sobre todo a partir de la pandemia por la Covid 19.

Los peligros que nos acechan son los derivados de una ideología de pensamiento único pernicioso para la Democracia que se refleja en: el modelo Neoliberal de libre mercado sin reglas, que entra a saco en la Mercantilización de los Servicios Públicos, convirtiendo Salud, Vida y Naturaleza en mercancías mientras convierte a toda la ciudadania en una clientela cautiva cuya metodología obedece la pura especulación.

Especulación invasora por ese modelo que nos ha convertido en victimas del capitalismo desbocado y salvaje que se incrementó a partir de la pérdida de contrapesos tras la caída del Muro de Berlín y de la URSS. Un capitalismo embrutecido por el permanente juego a la ruleta rusa con sus juegos financieros viciosos al margen de la economía productiva real.

Los lobbys o grupos de presión son puros agentes invasores de las instituciones que se camuflan de espesas telas de araña globales. Herramientas que utilizan las grandes corporaciones transnacionales que acaban sometiendo a Estados bajo fórmulas coercitivas por incumplimientos. Teniendo a su vez como jefes ejecutivos para la dirección estratégica y operativa de dichos Estados a gobiernos colaboracionista sin voluntad y a políticos sin liderazgo arrastrados por la gran manada sin ética que los arrastra.

El negocio de la Salud es una estafa democrática y no un fraude, el fraude se comete sin consentimiento de la victima, en cambio en la estafa la victima lo permite a cambio de promesas que sólo son cebos que no la van a solucionar. Sólo un Sistema sanitario Público, cuyo único objetivo es la Salud y sin reglas de Mercado, será capaz de garantizar un derecho obligado.

Lo exigen normativas internas e internacionales. No quieren entender que democracia es un sistema socialista, que se levanta sobre la “Res- Pública”, lo demás es una estafa bien adornada a costa de los trabajadores y sus impuestos. Sin embargo esos gobiernos incapaces que son meros gestores no han cumplido con trabajar por ella con plena dedicación.

Con esa farsa del plan neoliberal además estamos a punto de que se extinga el Estado de Bienestar que llegó para satisfacer a toda la sociedad, siendo más necesario hoy ante las en enormes bolsas de pobreza frente al enriquecimiento progresivo de muy pocos se han adueñado del país

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El oligopolio eléctrico amenaza con dejar en el aire el futuro de la transición verde

Por: Nuria

Placas solares en Medina del Campo, Valladolid.

Fotografía de David F. Sabadell

Artículo original publicado en elsaltodiario.com por David F. Sabadell 

Tras lograr la eliminación del impuesto extraordinario que durante dos años logró redistribuir una mínima parte de los históricos beneficios derivados de la crisis energética bajo la amenaza de retirar inversiones, el oligopolio eléctrico ha vuelto a consumar un chantaje que pone en jaque a la transición energética. Endesa, Iberdrola y EDP han dejado caer que no desembolsarán todo el dinero previsto —casi 3.000 millones de euros— para ampliar y mejorar las redes de distribución eléctrica, al borde de la saturación por el aumento de la electrificación. ¿El motivo? La disconformidad con la tasa de retribución financiera aprobada en diciembre por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). “Que las redes no se desarrollen es el veneno para que la transición verde no avance”, advierte Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables.

Para entender la extorsión hay que retroceder semanas en el calendario. Cada cuatro años, en España se fija un modelo retributivo a las inversiones en las redes, las infraestructuras que permiten transportar y distribuir la electricidad desde los centros de generación (centrales eléctricas) hasta los usuarios finales (hogares, industrias, comercios).

La red eléctrica en España se divide en transporte y distribución, con propiedad mixta. La red de transporte (alta tensión) es gestionada por Red Eléctrica de España (Redeia), con participación mayoritaria del Estado (SEPI). La red de distribución (baja tensión) es 100% privada y está controlada por cinco grandes compañías: Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo.

Estas empresas reciben una tasa de retorno por sus inversiones, dinero que sale de las facturas de todos los usuarios. El porcentaje de esta tasa lo fija la CNMC, ente que tiene como misión principal promover y defender el “buen funcionamiento del mercado” equilibrando los intereses de los consumidores y de las compañías. En diciembre, la CNMC dio a conocer la cifra para el periodo 2026-2031: 6,58%, 100 puntos básicos más que la tasa del anterior plan (5,58%). ¿El problema? Las eléctricas pedían un suelo de 7,5% “como garantía de rentabilidad para acometer las elevadas inversiones necesarias en la modernización y adaptación de la red eléctrica”.

Fernando Ferrando: “El modelo energético por el que ha apostado España, su proyecto del país, queda en el alero si las eléctricas consuman este recorte”

La respuesta empresarial no se hizo esperar: han adelantado que las inversiones adicionales a las planteadas en sus planes de negocio van a ir a “mercados más competitivos”, con mejores tasas. El recorte, según ha adelantado elEconomista, asciende a 2.800 millones de euros.

“Esto es muy grave. Si las redes no se amplían, el plan energético, el plan económico y las oportunidades de la transición energética de España desaparecen. La transición energética es electricidad. Y si no hay capacidad en redes, no podemos crecer en electricidad. Por tanto, las renovables no van a crecer, los centros de datos no se podrán ejecutar, la industria nueva no se podrá reconvertir a ser más eléctrica, no habrá vehículos eléctricos, etc. En otras palabras, seguiremos siendo un país que depende de los modelos de combustión”, describe Ferrando sobre el impacto de esa desinversión.

88% de saturación

Las redes de distribución eléctrica de buena parte de España están completamente saturadas o a punto de saturarse. Los mapas de capacidad de Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP reflejan prácticamente un tercio de las provincias con un 100% de los nudos de la red ocupados, es decir, ya no admiten nueva demanda para conectarse.

Los datos actualizados a enero de 2026 —desde el año pasado las compañías están obligadas a revelar esta información— muestran que las redes de distribución eléctrica de España están al 88,2% de su capacidad total en conjunto.

El análisis territorial revela un deterioro especialmente acusado en las grandes áreas económicas. En Madrid, el grado de saturación ha pasado del 82% al 84% en pocos meses; en Barcelona, el salto ha sido aún más brusco, del 76% al 90%. Sevilla roza el colapso total, con un 99% de nudos ocupados, mientras que Málaga y Vizcaya ya han alcanzado el 100%.

Sergio Bonati, de WWF: “Sin este refuerzo y esta inversión en redes, es muy difícil que la descarbonización se lleve a cabo”

La patronal de las grandes distribuidoras eléctricas, Aelec, advirtió a finales de diciembre que el estado de las solicitudes de acceso y conexión preliminar en 2025 confirman que sólo el 12% de los que se solicitan acceso a la red eléctrica lo obtienen.

Sergio Bonati, responsable del programa de clima y energía de WWF, explica que la ampliación de las redes es “fundamental para la transición energética”. Se necesita para acoger más renovables y electrificar sectores clave, como el transporte, la industria, o la climatización, rubros que todavía están muy lejos de estar descarbonizados. “Sin este refuerzo y esta inversión en redes, es muy difícil que la descarbonización se lleve a cabo”, resume.

Coincide Cecilia Foronda, directora de energía y personas de la organización Ecodes. Recuerda que para el 2050 se busca que la electrificación de la demanda sea casi del 90 %. “Con lo cual, eso quiere decir que nuestra red eléctrica tiene que ser muchísimo más potente para subir toda la distribución de la mayor demanda eléctrica”, explica.

Ferrando hace una analogía con las carreteras y los coches para dimensionar la importancia de las redes eléctricas. “Esto es como decir que vamos a crecer en dos millones de vehículos y no hay carreteras donde ir”, compara. Y repite: “El modelo energético por el que ha apostado España, su proyecto del país, queda en el alero si las eléctricas consuman este recorte”.

El melón que nadie quiere abrir

Ferrando, ingeniero Superior Industrial del ICAI y licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, lleva más de 40 años en el sector de las energías renovables. En su opinión, este “chantaje” de las eléctricas es una parte del problema. El melón, dice, es estructural, de modelo. Y ninguna fuerza política se anima, ni siquiera, a revisarlo.

Explica que las redes eléctricas son un “monopolio natural”. No son elementos de mercado. ¿Cuál es el problema de España? Que el monopolio natural se ha desarrollado con un oligopolio empresarial: más del 80% de las redes eléctricas de distribución pertenecen a dos compañías, Endesa e Iberdrola. “¿Qué significa esto? Que aunque sea un monopolio natural y sea básico para el desarrollo de la política energética y económica del país, la decisión de invertir la tienen los propietarios de las redes existentes”.

“Es como que tú compres una casa, firmes una hipoteca, y cuando pagues la hipoteca, la casa sea propiedad del banco”, cuestiona Ferrando

El asterisco, aclara este experto, es que las inversiones en redes, al ser un monopolio natural, son actividades reguladas. “Es decir, a ti te pagan por la inversión que has hecho, no por si esa inversión que tú has hecho está funcionando a tope o está funcionando al 50%. No es una retribución de mercado, nada tiene que ver la evolución del sector eléctrico, si se consume más, se consume menos”.

El dato no menor, agrega en su explicación, es que una actividad regulada “no tiene riesgo”. Es decir, está avalada por el mercado y por el Estado. “Lo primero que nos tendríamos que poner a discutir es que el 7,5% que pedían las compañías eléctricas es una sobreretribución en función de las características que tiene la inversión. Así lo entiende la CNMC”, subraya.

Lo que las empresas no cuentan es que las amortizaciones de las inversiones “dejan de estar retribuidas, pero la parte que los usuarios hemos pagado no es propiedad nuestra, sigue siendo propiedad del sector eléctrico”. “Es como que tú compres una casa, firmes una hipoteca, y cuando pagues la hipoteca, la casa sea propiedad del banco. Porque las redes las hemos amortizado pagándolas los usuarios. Lo lógico es que esas redes acaben en algún momento siendo públicas. Pero no. Estamos hablando de activos que son propiedad de quien los ejecutó y no de quien los pagó”, cuestiona.

Pero hay más, detalla Ferrando. Si una compañía no presenta sus planes de inversión porque considera que no están bien retribuidos, “no existe ninguna capacidad por parte del Estado para buscar una alternativa a esas inversiones”. Debería existir —puntualiza— una regulación que por ley permita “habilitar procedimientos para que sea el Estado o un tercero quien asuma la ampliación de las redes en estos casos”.

“Si tú Endesa o Iberdrola no lo quieres invertir escudándote en la libertad de mercado, yo como Estado tendría que poder habilitar procedimientos para que las inversiones se cumplan. Este mecanismo no existe. Ni tampoco hay voluntad política de que exista”, afirma Ferrando.

La Fundación Renovables, a través de las redes sociales, llama a “no permitir que las eléctricas ejecuten este chantaje”. Su presidente prefiere sacar este término de la discusión, porque las eléctricas tienen una fuerza para negociar y el Gobierno no tiene en su poder ninguna capacidad para quitarle esa fuerza. ¿Cuál es el problema de esta encerrona? “Que estamos hablando de un bien de primera necesidad”.

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Las multinacionales españolas que hacen posible el plan colonial de EEUU en Venezuela

Por: Arturo

Fotografía: Torre Trump en New York

Por Martín Cuneo. Publicado en El Salto diario

Con el secuestro de Maduro, la amenaza de nuevos ataques y un bloqueo naval que solo permite salir de Venezuela el crudo controlado por EEUU, la nueva Venezuela se construye con la participación de grandes empresas españolas.

Pocos días después del 3E, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmaba que los líderes internacionales debían tomarse “más en serio” a Donald Trump, no de forma literal —parecía decir entre líneas en su declaración en La Casa Blanca—, pero sí sobre su determinación de conseguir sus objetivos, aunque estos no sean los declarados. 

El 19 de enero, el Gobierno de Delcy Rodríguez confirmaba que había recibido de EEUU los primeros dólares —300 millones sobre un total de 500— por la venta de 50 millones de barriles de crudo. Un ingreso considerable que alivia a corto plazo las cuentas de un Estado venezolano arruinado por las sanciones, el embargo y la falta de divisas, pero que ha sido decidido de forma unilateral por el Gobierno de Trump con la ventaja negociadora que le confiere la armada desplegada en el mar Caribe.

Para gestionar los ingresos derivados de la venta de petróleo venezolano, EEUU ha abierto una cuenta en Qatar rodeada de polémica. Para Juan Hernández Zubizarreta, analista del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), se trata de un ejemplo más de la “paralegalidad” en la que está operando el Gobierno de Trump. 

Para gestionar los ingresos derivados de la venta de petróleo venezolano, EEUU ha abierto una cuenta en Qatar. En Venezuela, cinco bancos, entre ellos la filial del BBVA, gestionarán la parte que corresponde al país caribeño según criterio de Washington

Esta compleja estructura financiera, explica, persigue neutralizar las demandas de los acreedores internacionales —China sobre todo— que piden la devolución de cerca de 170.000 millones de euros o su equivalente en petróleo. Elizabeth Warren, senadora demócrata por Massachusetts, criticó esta triangulación y sus potenciales peligros: “No existe fundamento legal para que un presidente abra una cuenta en el extranjero bajo su control para vender activos confiscados por el ejército estadounidense. Esa es precisamente una medida que atraería a un político corrupto”.

Los recursos de la venta del petróleo venezolano serán gestionados en Venezuela por cinco de los mayores bancos del país. Entre las entidades seleccionadas para recibir el dinero se encuentra Provincial, la filial venezolana del banco español BBVA. Estos bancos venderán dólares a empresas y particulares para que dispongan de divisas para comprar insumos y materias primas en el extranjero así como para mantener a raya la inflación, introduciendo la moneda estadounidense en el mercado. Como último paso de esta triangulación, el Banco Central de Venezuela recibirá los bolívares derivados de esas ventas. “Con estabilidad, Venezuela es una gran oportunidad”, declaró desde Davos Carlos Torres, presidente de BBVA a Expansión.

Poco parece importar si 500 millones de dólares es una cifra justa por la venta de 50 millones de barriles, a diez dólares la unidad, cuando el barril venezolano cuesta cerca de 60 en los mercados internacionales. Los términos del “acuerdo” están claramente definidos por el Departamento de Energía de EEUU: los beneficios de la venta del petróleo venezolano se repartirá entre ambos países “a discreción del Gobierno estadounidense”.

Un banco español participará en el complejo laberinto financiero diseñado por la Administración Trump para controlar los recursos petroleros del país, pero la multinacional española que más entusiasmo ha mostrado por el nuevo esquema “paralegal” para hacer negocios en Venezuela ha sido Repsol. 

Negocios en la “paralegalidad”

En la reunión que mantuvo Trump con las petroleras el pasado 9 de enero, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, se comprometió a invertir “con fuerza” en el país y triplicar la producción de petróleo en los próximos tres años. El expresidente del PNV agradeció a Trump “abrir la puerta a una Venezuela mejor” y llegó a referirse en su discurso al Golfo de México como “Golfo de América”, la nomenclatura decretada por Trump a las pocas semanas de entrar en el Despacho Oval. 

El entusiasmo de Imaz no fue compartido por el resto de empresas presentes en la reunión, especialmente por ExxonMobil, la mayor petrolera de EEUU, para la que no existían suficientes garantías que protejan sus posibles inversiones.

Para despejar estas dudas, el 23 de enero la Asamblea Nacional de Venezuela dio luz verde en primera lectura y con tramitación acelerada una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada en los mejores momentos de Hugo Chávez como presidente. La presidenta encargada destacó la “necesidad imperativa” de que la legislación “se adapte a los nuevos tiempos”, especialmente para que los “capitales fluyan” hacia los recursos petroleros “a través de modelos de negocios exitosos”.

La multinacional española que más entusiasmo ha mostrado por el nuevo esquema “paralegal” para hacer negocios en Venezuela ha sido Repsol, quien se compromete a triplicar su producción de petróleo bajo las nuevas reglas decididas por Trump

La principal apuesta de la reforma, que la oposición de derechas apoya en el fondo aunque no en las formas, es la normalización y extensión del modelo Chevron, que permitió de forma excepcional operar a la petrolera estadounidense en una empresa mixta en la que el Gobierno cuenta con mayoría accionarial, pero es el socio privado quien tiene el control operativo, técnico y financiero.

Según explicó Orlando Camacho, diputado responsable de presentar la reforma, la nueva ley incluye una mayor “flexibilidad en las regalías”, una modificación que daría margen al Gobierno para disminuir las ganancias que se quedan en el país en determinados casos. La reforma aprobada también contempla un “aumento en las garantías jurídicas” para el sector privado con la introducción de la posibilidad, hasta ahora vetada, de que los choques entre empresas y el Estado venezolano se diriman a través de “mecanismos independientes” de resolución de conflictos. 

Aunque en 2012 el expresidente Chávez retiró a Venezuela del CIADI —organismo del Banco Mundial para resolver conflictos entre empresas y Estados en beneficio casi siempre de las empresas—, el país todavía se enfrenta a decenas de pleitos con inversores. Las compañías que buscan indemnizaciones por parte del Estado venezolano se han encontrado hasta ahora con todo tipo de obstáculos: de 15 laudos condenatorios solo uno ha sido efectivamente pagado. Según el medio especializado en el sector Petroguía, la aprobación de esta reforma supondrá la reducción de las regalías y la vuelta de Venezuela al CIADI.

Negocios a punta de pistola

Ante la pregunta de si hacer negocios bajo un esquema de extorsión, amenaza y de violencia viola el derecho internacional, Repsol ha preferido no hacer comentarios a este medio. Para Hernández Zubizarreta, especialista en impunidad corporativa, la respuesta es clara: si Repsol y otras empresas españolas participan del nuevo orden impuesto por la fuerza por Trump en Venezuela, se convierten en “cómplices de estos crímenes”.

El marco coercitivo en el que se produce la venta de petróleo venezolano en el nuevo orden en el Caribe quedó nuevamente a la vista después de que el 20 de enero EEUU interceptara el séptimo buque petrolero de Venezuela cerca de las costas de este país. El Comando Sur del Ejército de EEUU afirmó que la detención de este barco “que operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump” demuestra la “determinación” de las fuerzas armadas de EEUU de que “el único petrolero que salga de Venezuela sea el que se coordine de forma adecuada y legal”.

La “paralegalidad” también se define con palabras: el 21 de enero, El País sostenía que el cerco militar de EEUU sobre el país latinoamericano tenía como objetivo evitar el “contrabando de crudo”. En la nueva legalidad inventada por EEUU solo el petróleo controlado por Washington es legal.

Si Repsol y otras empresas españolas participan del nuevo orden impuesto por la fuerza por Trump en Venezuela, se convierten en “cómplices de estos crímenes”, dice Juan Hernández Zubizarreta, de OMAL

La ocupación y el genocidio en Palestina han servido de recordatorio y han sido varios los altos cargos de Naciones Unidas quienes han recordado que las empresas que hacen negocios aprovechándose de violaciones de derechos humanos y vulneraciones de la legalidad internacional se exponen a posibles sanciones e incluso a futuros litigios. El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo inició en septiembre una investigación de las empresas españolas que estaban ofreciendo servicios en los territorios ocupados palestinos. Sin embargo, el Gobierno se ha negado a señalar a las multinacionales españolas que se beneficiarán directamente de una intervención militar en Venezuela que sí ha condenado. Tras la polémicas declaraciones de Imaz, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró que los “criterios privados” con los que opera Repsol en Venezuela son “absolutamente legítimos”.  

¿Repsol conseguirá salirse con la suya?

Los Estados y las instituciones internacionales cuentan con herramientas para juzgar o sancionar a las empresas que se benefician de violaciones de los derechos humanos o de vulneraciones del derecho internacional, señala este investigador.

Aún así, la impunidad de las multinacionales es casi absoluta, contrapone, y en este caso lo será todavía más porque es poco probable que el Gobierno español, la Unión Europea o incluso Venezuela emitan algún tipo de denuncia o demanda: “Repsol puede argumentar que tiene la aceptación del Gobierno de Venezuela”. Pero la falta de reproches no “convalida una participación en negocios fundamentados en crímenes internacionales”, agrega. Aunque por la parte jurídica habría resquicios para juzgar o sancionar a Repsol, los aspectos políticos complican la ecuación, porque “Venezuela parece que acepta el marco de estos negocios, de este control por parte de EEUU” sobre los recursos naturales del país.

En el caso del Estado español, para juzgar a Repsol habría que aprobar antes una ley de responsabilidad extraterritorial de empresas transnacionales por la que decenas de entidades llevan años trabajando. “Si esa ley estuviera aprobada, Repsol tendría que rendir cuenta ante un tribunal español”, dice. Otra opción sería reformar la ley de jurisdicción universal para incorporar el crimen económico internacional y “permitir que se responsabilice a la empresa y a sus directivos por prácticas en crímenes internacionales extraterritoriales”.

Tras la polémica por las palabras del CEO de Repsol, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró que los “criterios privados” con los que opera la petrolera en Venezuela son “absolutamente legítimos”

Si el Gobierno español quisiera sancionar la complicidad de Repsol con el plan de Trump tendría herramientas para hacerlo: podría aplicar criterios éticos a la contratación pública, pero también revisar todos los apoyos institucionales desde el punto de vista político, económico, diplomático, de inversión, de seguros, que necesita una empresa como esta, añade el analista de OMAL.

Otras instancias, como el Tribunal Internacional de Protección de Derechos, ahora en discusión en la ONU, permitirían que las multinacionales puedan ser juzgadas si se lucran gracias a violaciones de los derechos humanos y de situaciones que no cumplen con la legalidad internacional. Pero el Tratado Internacional para Control de Empresas Transnacionales está lejos de ser una realidad. Ayudaría mucho que el Estado español y la UE tengan una “actitud favorable” hacia este asunto, precisa, algo que por ahora no ha sucedido. 

Y si el Gobierno no ha hecho nada para que este tratado se apruebe, subraya este investigador, es porque considera a estas empresas como “esenciales para el desarrollo de un modelo económico neocolonial” en el que se apoya. El Ejecutivo de Sánchez está más dispuesto a promover “armaduras jurídicas y políticas” que protejan los derechos de las multinacionales, enuncia, que a promover leyes o instituciones que los limiten. 

Tampoco ayudan las conexiones que tienen dos de los aliados de investidura del Partido Socialista, PNV y Junts, con muchas de estas grandes empresas, con las que mantienen siempre engrasadas lucrativas puertas giratorias. Para la mayoría de la izquierda parlamentaria, añade este investigador, la idea de la extraterritorialidad —juzgar a las empresas españolas por lo que hace fuera de España— tampoco ha sido un “tema central en sus agendas”. 

Sin voluntad política por parte del Gobierno y sin voluntad de confrontación por parte de los aliados del PSOE, Hernández Zubizarreta augura que “los negocios de Repsol en Venezuela seguirán manteniéndose y multiplicando la acumulación de beneficios” gracias al nuevo esquema de negocio a punta de pistola.

Aire y dinero para Repsol

La intervención de Trump y el nuevo esquema forzado de hacer negocios en el país ha llegado en el mejor momento para la empresa española. La prensa económica no ha tardado en señalar a la compañía presidida por Antonio Brufau como una de las más beneficiadas por el ataque de EEUU. El propio Trump sostuvo desde el principio que las empresas que más rápido sacarían rédito de la nueva situación serían las que ya están asentadas en el país, entre ellas Repsol, la italiana Eni o Chevron.

Desde 1993, la multinacional española ha expandido su negocio en Venezuela, especialmente gracias al gas del campo Perla, situado en el Golfo de Venezuela, uno de los mayores yacimientos de gas de América Latina. En 2016, cuando comenzaban los problemas para Caracas, Repsol prestó a Venezuela nada menos que 1.200 millones de euros, un dinero que con el default de 2017 el país no pudo devolver. En 2022, comenzó a pagar la deuda en especie, es decir, con barriles de petróleo para sus refinerías, especialmente pensadas para el tipo de petróleo venezolano. 

Con el 15% de las reservas en el país caribeño, el futuro de Repsol —unido ahora al de Donald Trump— se juega en Venezuela

Gracias a la flexibilización de las sanciones contra Venezuela durante el Gobierno de Joe Biden, Repsol pudo vender petróleo a Estados Unidos y gas venezolano a otros países. En esos años, la compañía entró con un 40% en los campos petrolíferos de La Ceiba y Tomoporro en una operación valorada en casi 1.600 millones de euros que permitiría a la española duplicar su producción de crudo. Todos estos planes se frustraron con la llegada de Trump y la retirada de las licencias para operar en Venezuela para varias multinacionales, Repsol entre ellas, en marzo de 2025. 

Después del 3 de enero, Repsol se frota las manos con una más que posible restauración de las licencias, algo que ya ha solicitado formalmente. Con el 15% de las reservas en el país caribeño, el futuro de Repsol —unido ahora al de Donald Trump— se juega en Venezuela. El Gobierno español ya le ha dado su bendición.

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Prohibidos en la UE pero exportados al Mercosur: Europa y sus contradicciones sobre los pesticidas

Por: Nuria

Mercosur

Fotografía: Unos activistas muestran carteles con el mensaje «Pesticidas no gracias. Stop al acuerdo UE-Mercosur», durante una protesta en Berlín el 20 de mayo de 2021 © John Macdougall / AFP/Archivos

Artículo original publicado en france24.com por AFP

¿Cuáles son las diferencias entre las normas sobre estos compuestos químicos de los dos bloques, que intercambiaron más de 15.000 millones de euros (unos 17.400 millones de dólares) en productos agrícolas en 2024?

La AFP comparó las normas europeas con las de Brasil, gigante agrícola que representa el 80% de los intercambios de la Unión Europea (UE) con esa alianza suramericana conformada además por Argentina, Paraguay y Uruguay.

A finales de noviembre, Brasil autorizaba 330 sustancias activas. El uso del 60% de ellas no estaba aprobado por la UE, el 37% estaba permitido y el 3% en proceso de revisión, según datos cruzados de la agencia de vigilancia sanitaria brasileña (Anvisa) y la Comisión Europea.

Por el contrario, de las 421 sustancias activas aprobadas por la UE, el 73% no lo estaba formalmente en Brasil.

Sin embargo, estas cifras deben matizarse. Los Estados miembros pueden autorizar temporalmente el uso nacional de químicos no aprobados a nivel europeo.

En Francia, el herbicida flufenacet, reconocido como disruptor endocrino y retirado del mercado europeo en diciembre, se beneficia así de un período de gracia que permite su uso durante un año más.

Por el contrario, un país puede prohibir en su territorio una sustancia autorizada por Bruselas si considera que los riesgos medioambientales y sanitarios son demasiado elevados.

Es el caso del acetamiprid, un neonicotinoide muy nocivo para las abejas, actualmente vedado en Francia pero autorizado en el resto de la UE.

Residuos en productos importados

Aunque los productos importados del Mercosur deben cumplir legalmente las normas de la UE, los agricultores denuncian una falta de controles que da lugar a una competencia desleal.

Un hombre trabaja en una plantación de arroz en Mostardas, en el estado de Rio Grande do Sul, en Brasil, el 11 de marzo de 2024
Un hombre trabaja en una plantación de arroz en Mostardas, en el estado de Rio Grande do Sul, en Brasil, el 11 de marzo de 2024 © Silvio Ávila / AFP/Archivos

Los detractores del acuerdo UE-Mercosur señalan una tolerancia a los residuos de plaguicidas (por debajo de un umbral considerado seguro), incluidos los prohibidos en el bloque europeo.

Sobre este tema, la Comisión Europea prometió a principios de enero vetar totalmente la importación de productos que contengan rastros de tres fungicidas: carbendazim, benomilo y tiofanato-metilo.

Los dos primeros ya están prohibidos en Brasil, pero el tiofanato-metilo, retirado del mercado europeo en 2021 por ser sospechoso de ser peligroso para la salud, figura entre las sustancias que aún se pueden comercializar en el gigante suramericano.

Algunos Estados van más allá. Francia ha suspendido las importaciones de productos que contengan residuos de mancozeb o glufosinato, además de los tres fungicidas señalados por Bruselas.

El mancozeb, utilizado en aguacates, mangos o pimientos, está clasificado como disruptor endocrino por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (Efsa) y como sospechoso de ser cancerígeno y tóxico para la reproducción por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (Echa).

El glufosinato, un herbicida utilizado principalmente en las papas, también se considera nocivo para la reproducción.

Prohibidas en la UE, estas sustancias se encuentran entre las más vendidas en Brasil: el mancozeb ocupa el segundo lugar entre los ingredientes activos más comercializados y el glufosinato, el sexto.

Prohibidos en Europa, enviados al Mercosur

Aún con un veto europeo, algunos pesticidas siguen siendo producidos por industrias europeas y exportados al Mercosur.

En 2024, grupos como BASF, Corteva, Syngenta o Bayer notificaron la exportación a estos países de 18.000 toneladas de productos fitosanitarios prohibidos en Europa, según datos de la Echa y autoridades nacionales obtenidos por la ONG suiza Public Eye y el medio Unearthed de Greenpeace UK.

A la cabeza se encuentra la picoxistrobina, fungicida utilizado en cereales y soja, vedado en la UE desde 2017 debido a sus riesgos genéticos y medioambientales.

La soja, de la que Brasil es el primer exportador mundial, llega a Europa en forma de forraje (residuos fibrosos del prensado de la semilla) para alimentar al ganado. En 2024-2025, Europa importó más de 20 millones de toneladas.

En cuanto a las sustancias señaladas por Bruselas y París la semana pasada, las empresas europeas notificaron la exportación de 2.300 toneladas de glufosinato, 260 toneladas de tiofanato-metilo y 250 toneladas de mancozeb al Mercosur, según cifras de septiembre de 2025.

Un comercio calificado entonces de «cínico y amoral» por asociaciones como Générations Futures, Foodwatch y CCFD-Terre Solidaire, que denunciaron una «política de doble rasero» de prohibir ciertos pesticidas en Europa mientras se siguen exportando.

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Diez tesis sobre la nueva era

Por: Nuria

Trump dio un discurso en Washington, D. C el pasado 6 de enero. / TWH / Daniel TorokTrump dio un discurso en Washington, D. C el pasado 6 de enero. / TWH / Daniel Torok

Fotografía: Trump dio un discurso en Washington, D. C el pasado 6 de enero. / TWH / Daniel Torok

Artículo original publicado en ctxt.es por Steven Forti

El regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 marcó el comienzo de una nueva era. Nuestro “mundo de ayer”, por decirlo con Stefan Zweig, ha terminado. Kaputt. Conviene darse cuenta lo antes posible. Hemos entrado en una nueva fase histórica, cuyas características son, naturalmente, aún inciertas. Intentaré esbozar sus contornos a partir de diez tesis.

1. El neoimperialismo sustituye al orden liberal global

El orden liberal global creado al final de la Segunda Guerra Mundial –frágil, perfectible, a menudo no respetado– es sustituido por una lógica imperial regida por una mezcla de ley de la selva –el más fuerte se impone– y reparto de zonas de influencia –se ha definido la nueva doctrina trumpista como “geopolítica hemisférica”– y un enfoque transaccional. Ucrania, Venezuela, Taiwán y Gaza lo demuestran. Probablemente sean solo el comienzo. El enfoque diplomático y el multilateralismo son cosa del pasado: a los organismos supranacionales como las Naciones Unidas ya no se les reconoce ninguna autoridad, ni siquiera formal. Ha llegado “la hora de los depredadores”, por citar a Giuliano da Empoli. 

Make Colonialism Great Again es un eslogan que circula en los círculos MAGA

Si queremos hacer un paralelismo histórico, la nueva era se asemeja a la época del imperialismo de finales del siglo XIX: no por casualidad, Make Colonialism Great Again es un eslogan que circula en los círculos MAGA. En el caso de los Estados Unidos, sin embargo, se trataría de un hiperimperialismo, es decir, un nuevo tipo caracterizado por una hegemonía militarizada, coercitiva y tecnológicamente impuesta sobre el Sur Global debido a la fase de declive que atraviesa el Norte Global. Por lo tanto, no se trataría de un retorno a la época imperialista clásica ni al anterior orden westfaliano, sino más bien de la instauración de un sistema internacional “neomonárquico” estructurado por un pequeño grupo de élites hiperprivilegiadas que buscan legitimarse apelando a su excepcionalidad con el objetivo de crear nuevas jerarquías materiales y de estatus

2. El neoliberalismo ha allanado el camino al nuevo autoritarismo

Los cimientos de la nueva era se están construyendo sobre las ruinas del neoliberalismo1. Hemos llegado a este punto tras tres décadas de hegemonía neoliberal que, a fuerza de golpes de piqueta y motosierra, ha derribado los muros de carga del edificio que con tanto esfuerzo se construyó después de 1945. En primer lugar, las políticas neoliberales –privatizaciones, precariedad laboral, reducción del gasto social, etc.– han debilitado el modelo de Estado del bienestar, aumentando las desigualdades y rompiendo la cohesión social. Todo ello, en segundo lugar, se ha visto reforzado por el hecho de que, como ideología, por muy “invisible” que sea, el neoliberalismo ha inculcado una serie de valores, como el individualismo exacerbado y la competitividad extrema hasta el punto de sellar una alianza con los sectores etnonacionalistas e identitarios de la derecha2. En tercer lugar, el concepto mismo de democracia ha sido vaciado de su componente social: la democracia formal –el respeto de (algunas) normas y procedimientos– ha sustituido a la democracia sustantiva, cuyo objetivo es la igualdad. 

El poder efectivo se ha desplazado hacia las élites económicas, con la consiguiente configuración de un sistema posdemocrático

En cuarto lugar, en un contexto marcado por la globalización neoliberal, el poder efectivo se ha desplazado hacia las élites económicas, con la consiguiente configuración de un sistema posdemocrático, en el que los cuerpos intermedios –partidos, sindicatos, asociaciones de la sociedad civil– se han ido desmoronando poco a poco, la participación se ha evaporado y la personalización de la política, facilitada también por la transformación de los medios de comunicación, ha favorecido la aparición de fenómenos “populistas”3. Por último, las políticas neocons posteriores al 11-S de 2001 –guerra contra el terrorismo, invasiones de Afganistán, Irak, Libia– han erosionado el orden internacional, fracasando estrepitosamente en su intento de exportar la democracia liberal. 

Como alertó Mark Lilla desde una perspectiva puramente estadounidense, al modelo rooseveltiano le sucedió a finales de los años setenta el modelo reaganiano que, aunque entró en declive con la Gran Recesión de 2008, hasta hace poco aún no había encontrado un sustituto4. En retrospectiva, el obamismo fue el último intento de mantener en pie un paradigma en declive, renovando solo su fachada, pero sin cambiar su esencia. 

3. Los tecnoligarcas se apoderan del Estado

En la era del neoliberalismo triunfante, la connivencia entre el poder político y el poder económico ha sido evidente. Ha habido resistencias, más o menos fuertes según los países. Se ha mantenido (no siempre, todo sea dicho) una apariencia de respeto por las reglas del juego: las influencias de las élites económicas eran visibles, pero se intentaba (al menos un poco) disimularlas. En la nueva era, en cambio, lo que se quiere hacer, se hace y se dice, sin ocultarlo. Esto se aplica tanto a la geopolítica como a las relaciones con los poderes económicos. 

La palabra “democracia” no aparece en los discursos de Trump, y no es ni de lejos uno de sus objetivos

Por un lado, Trump bombardea Caracas y arresta a Maduro para controlar directamente los pozos petrolíferos venezolanos: la palabra “democracia” no aparece en sus discursos y no es ni de lejos uno de sus objetivos, aunque fuese solo de fachada. Por otro lado, los robber barons del tercer milenio han establecido explícitamente una alianza estratégica con los nuevos líderes autoritarios: los tecnoligarcas de Silicon Valley no solo quieren llenarse los bolsillos de dinero, sino que, en primer lugar, defienden abiertamente proyectos autoritarios y antidemocráticos –nuevas monarquías absolutas eficientistas gobernadas por reyes-CEO, siguiendo el modelo de Qatar o Singapur, según las teorías de uno de sus principales intelectuales-cortesanos, Curtis Yarvin– y, en segundo lugar, quieren ser “intelectuales legisladores”, como afirma Evgeny Morozov.

Elon Musk y Javier Milei en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) de febrero de 2025. / Gage SkidmoreElon Musk y Javier Milei en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) de febrero de 2025. / Gage Skidmore

Elon Musk y Javier Milei en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) de febrero de 2025. / Gage Skidmore

En pocas palabras, con Peter Thiel, Elon Musk, Marc Andreessen y Alex Karp, hemos pasado de la unión entre la política y la economía de tipo neoliberal “clásico” a la voluntad explícita de capturar el Estado mediante la creación de un “complejo tecnológico autoritario” que tiene como objetivo controlar las infraestructuras de gobernanza.

4. Las autocracias electorales sustituyen a las democracias

En la nueva era, la democracia, incluso en su versión formal, se considera un mero adorno. De hecho, se ha reducido a una sombra de lo que fue. Ya en la era del neoliberalismo en declive, es decir, desde 2008 en adelante, el porcentaje de la población mundial que vive en democracia ha disminuido continuamente hasta alcanzar un mísero y preocupante 28 % en 2024. La tendencia es evidente. Desde hace unos veinte años estamos viviendo la primera gran ola de autocratización posterior a la Segunda Guerra Mundial, es decir, cada vez más países se convierten en autocracias electorales. Esto es, mantienen una apariencia de respeto por las reglas democráticas –incluso en la Rusia de Putin se celebran elecciones–, pero la democracia es, en el mejor de los casos, una cáscara vacía. Nos guste o no, la era que se ha iniciado quiere ser la era de las autocracias5.

5. La extrema derecha es el actor principal de la nueva era

Junto con los líderes fuertes –léase autoritarios– que están en el poder en medio mundo –Putin, Xi Jinping, Erdogan, Modi, los petromonarcas del Golfo, etc.–, en Occidente es la extrema derecha la que mejor representa esta nueva era. De hecho, avanza electoralmente en todas partes y ha llegado al poder en varios países: desde Estados Unidos hasta Argentina, desde Israel hasta Italia, desde Hungría hasta El Salvador y Chile. En cuanto tiene la posibilidad, instaura sistemas electorales autocráticos: se erosiona la separación de poderes, se ataca el pluralismo informativo, desaparecen los derechos para amplios sectores de la población. El líder fuerte se presenta como representante del pueblo, desprecia los controles democráticos y pone en marcha un proyecto etnonacionalista reaccionario. 

Aunque existen divergencias y peculiaridades nacionales –al fin y al cabo, cada partido es fruto de las culturas políticas de su propio país–, la extrema derecha debe entenderse como una gran familia global. Las referencias ideológicas y las estrategias políticas y comunicativas utilizadas son, de hecho, las mismas. Además, participan en las mismas redes transnacionales formadas por fundaciones, institutos y think tanks que en los últimos años han trabajado incansablemente para elaborar una agenda común, exportable y adaptable a los diferentes contextos: véanse la Heritage Foundation o la red National Conservatism. Además, Trump, Milei, Bukele, Orbán, Netanyahu, Meloni, Abascal, Ventura, Weidel, Le Pen, Farage, Wilders, Bolsonaro, Kast y compañía creen que están librando la misma batalla contra enemigos comunes, es decir, la izquierda, el liberalismo, el globalismo, el wokismo y lo políticamente correcto. Sus coaliciones parecen frágiles porque a menudo están formadas por sectores con intereses diferentes –pensemos en el trumpismo–, pero por el momento la esperanza de que se desmoronen no es más que un deseo inalcanzable. 

6. Más que fascismo, se trata de la renovación del pensamiento antiilustrado

A menudo se repite que lo que estamos viviendo es el retorno del fascismo, más o menos bajo otros ropajes. Aunque existen elementos de continuidad entre el fascismo histórico y la extrema derecha del tercer milenio –en algunos países más que en otros–, el concepto de “fascismo eterno” propuesto hace más de treinta años por Umberto Eco nos lleva por mal camino. Como señala Santiago Gerchunoff, el uso compulsivo del término –en sus más diversas variantes: fascismo tardío, fascismo fósil, tecnofascismo, etc.– muestra más bien “el deseo de encontrar una palabra mágica que conjure el peligro de abstracción de nuestro mundo y que, al mismo tiempo, cierre cualquier discusión”6. Nos tranquiliza, por así decirlo, llamar fascistas a las nuevas extremas derecha porque, en cierto sentido, nos da la falsa certeza de saber a qué nos enfrentamos. 

Ahora bien, las características de la nueva era no son las mismas que las del período de entreguerras: ha pasado ya un siglo desde los regímenes de Hitler y Mussolini. El mundo ha cambiado profundamente y nuestras sociedades lo han hecho en consecuencia: la política de masas ya no existe, la atomización es el sello distintivo de la nueva era. Por otra parte, ni siquiera en el pasado, en ese “mundo de ayer” muerto y enterrado, todos los autoritarismos eran fascistas. Digámoslo así: se puede ser reaccionario, nacionalista, autoritario y antidemocrático sin ser necesariamente fascista. Pero esto no hace que la situación sea menos grave. Lo que tenemos ante nuestros ojos es una nueva extrema derecha que defiende un autoritarismo posliberal eficientista y antiigualitario. Sus raíces se hunden en el pensamiento antiilustrado y en el reaccionarismo antiliberal de finales del siglo XVIII. En definitiva, se trata de una cultura política –plural, heterogénea– de larga trayectoria que se ha nutrido de diversas fuentes.

7. El extremismo es el nuevo mainstream

En las últimas décadas, las ideas extremistas se han normalizado. La ventana de Overton se ha desplazado radicalmente hacia la extrema derecha: ideas que se consideraban inaceptables se han convertido en sentido común y, como último paso, se incluyen en el ordenamiento jurídico. En Rusia y Hungría, la homosexualidad se compara legalmente con la pedofilia. En Estados Unidos, declararse antifascista implica ser considerado miembro de un grupo terrorista. Ya casi no escandaliza que importantes influencers MAGA afirmen en público que las mujeres no deberían tener derecho de voto, que el presidente argentino Javier Milei considere la justicia social un cáncer que hay que erradicar o que miembros del Gobierno israelí definan a los palestinos como “animales” y reivindiquen un genocidio en mundovisión. Las fantasías conspirativas se afirman a diestro y siniestro, empezando por la del Gran Reemplazo, según la cual las élites globalistas están llevando a cabo un plan para sustituir a la población europea por inmigrantes musulmanes. El presidente de la primera potencia mundial puede repetir que quiere anexionarse otros territorios, incluso de países aliados, como Groenlandia o Canadá, obviando el derecho internacional. Los referentes intelectuales de la nueva extrema derecha, como Curtis Yarvin, encuentran adeptos al afirmar que las democracias deberían ser sustituidas por nuevas monarquías absolutas y que los pobres deberían ser encerrados en una habitación y conectados día y noche a la realidad virtual.

La nueva era no es solo la época de la posverdad, la desinformación y los bulos, sino también aquella en la que el extremismo se ha convertido en mainstream. Además de las consecuencias de la hegemonía neoliberal, no se puede entender este cambio sin tener en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, que han permitido la viralización de ideas y narrativas extremistas y, por lo tanto, la normalización de la extrema derecha y el autoritarismo. No por casualidad, las dos últimas palabras del año del Oxford Dictionary fueron, en 2024, brain rot, es decir, “podredumbre cerebral” o “cerebro podrido”, en relación con el deterioro mental debido al consumo excesivo de contenidos online de baja calidad, y, en 2025, rage bait, es decir, “cebo de ira”, en referencia a los contenidos online creados para causar indignación y generar reacciones emocionales fuertes, aprovechando la polarización y el funcionamiento de los algoritmos de las plataformas sociales.

Trump en el Despacho Oval frente a Starmer, Meloni, Von Der Leyen, Merz, Macron, Stubb, Zelenski y Rutte en agosto de 2025. / TWH / Daniel TorokTrump en el Despacho Oval frente a Starmer, Meloni, Von Der Leyen, Merz, Macron, Stubb, Zelenski y Rutte en agosto de 2025. / TWH / Daniel Torok

Trump en el Despacho Oval frente a Starmer, Meloni, Von Der Leyen, Merz, Macron, Stubb, Zelenski y Rutte en agosto de 2025. / TWH / Daniel Torok

8. Los partidos y las instituciones democráticas viven una parálisis incapacitante 

A pesar de algunas victorias electorales y algunas decisiones acertadas, la mayoría de los partidos e instituciones democráticas no se han dado cuenta de que todo ha cambiado. Razonan con los viejos paradigmas y proponen recetas de antaño que, además de ser poco realistas en estos años veinte del siglo XXI, ya no tienen ningún atractivo, ni siquiera entre quienes las defienden. 

El establishment liberal ha visto cómo se le desmoronaba el terreno bajo sus pies, pero en lugar de dar un salto –o, al menos, intentarlo, como ha instado en repetidas ocasiones Mario Draghi, uno de los pocos exponentes lúcidos de las viejas élites–, intenta aferrarse al último trozo de roca, lo que, en el mejor de los casos, solo conseguirá prolongar su agonía. El ejemplo más claro es la respuesta de la Comisión Europea a las amenazas de Trump, con Ursula Von der Leyen arrodillándose en un campo de golf escocés ante los dictados del nuevo autoproclamado emperador de Mar-a-Lago, y Kaja Kallas fingiendo que nada ha cambiado en las relaciones entre Bruselas y Washington. 

En el peor de los casos, mostrando una increíble miopía, el establishment liberal intenta copiar a la extrema derecha con el objetivo de evitar ser canibalizado y superar lo que cree que es un huracán pasajero, lo que acaba por allanar el camino al autoritarismo posliberal. Así, vemos a una derecha democrática en claro declive y en profunda crisis de identidad –desde Merz hasta Macron, desde Tusk hasta Von der Leyen– e incluso a una parte de la izquierda socialdemócrata que ha perdido completamente el rumbo –desde Starmer hasta Frederiksen– aprobando políticas conservadoras y reaccionarias en materia de inmigración, defensa, seguridad, derechos o medio ambiente. A pesar de sus errores e incapacidades, son muy pocos –Lula, Sánchez, Sheinbaum, Petro, Mamdami– los que parecen entender el quid de la cuestión: nada volverá a ser como antes. 

9. La religión vuelve a ser un arma política

La nueva era se caracteriza por la renovada centralidad del uso político de la religión en todas las latitudes. Si bien el tema no es nuevo en el mundo musulmán o hindú, sin duda lo es en Occidente, donde, tras décadas de secularización, habíamos dado por amortizada la religión. Aunque aumenta el número de ateos y agnósticos, los nuevos líderes autoritarios utilizan la religión más que nunca, amparándose en la supuesta protección de Dios, como nuevos monarcas absolutos por la gracia divina.

Funeral de Charlie Kirk el 21 de septiembre de 2025 en Arizona. / TWH / Daniel Torok Funeral de Charlie Kirk el 21 de septiembre de 2025 en Arizona. / TWH / Daniel Torok 

Funeral de Charlie Kirk el 21 de septiembre de 2025 en Arizona. / TWH / Daniel Torok 

Encontramos sus variantes más dispares tanto en el mundo católico como en el protestante, evangélico y ortodoxo, pero también en el judaísmo, el hinduismo o el islamismo: la bendición de la invasión de Ucrania por parte del patriarca Kirill; las referencias al Antiguo Testamento de Netanyahu para justificar el genocidio de Gaza o la ocupación de Cisjordania; el uso que Modi hace del hinduismo; Trump, que se considera salvado por Dios por haber escapado al intento de asesinato de Boulder; Milei citando compulsivamente la Torá; Bolsonaro bautizándose en el río Jordán; la defensa de la identidad cristiana de Hungría e Italia por parte de Orbán y Meloni; las referencias a la Reconquista de Abascal y Ventura… Pero, sin salir de Estados Unidos, basta pensar en el funeral del supremacista blanco Charlie Kirk, en los tatuajes del secretario de Guerra, Pete Hegseth –la inscripción “Deus Vult” y la cruz de Jerusalén, símbolo del supremacismo blanco y referencia a las cruzadas medievales– o en las elucubraciones pseudoteológicas de Peter Thiel sobre el apocalipsis y el Anticristo. Un nuevo tipo de nacionalismo cristiano, que va de la mano del sionismo judío, está cada vez más presente con pensadores como Yoram Hazony o Rod Dreher y cada vez más activo también en las bases de la extrema derecha. Es una religión declinada de forma agresiva, excluyente e identitaria.

10. La respuesta al ‘¿Qué hacer? solo puede ser colectiva

La respuesta a la vieja pregunta leninista no caerá del cielo, ni será formulada por ningún intelectual. Solo podrá surgir de la sociedad, es decir, solo podrá ser colectiva. Me temo que llevará tiempo –seguramente años, probablemente una generación–, porque lo que hay que reconstruir, desde el punto de vista material y de valores, aumenta cada día que pasa. Ilusionarse con que una derrota de la extrema derecha en una elección concreta signifique un punto de inflexión es solo una mera ilusión. Mientras tanto, al menos se puede evitar caer en el abismo. 

Los partidos democráticos deberían evitar ceder a los cantos de sirena de la extrema derecha y defender las instituciones y los derechos conquistados. Las instituciones europeas deberían oponerse con fuerza al neoimperialismo autoritario estadounidense, evitando la no solución del apaciguamiento –un suicidio lento– y saliendo del letargo de la “vasallización feliz”: ahora mismo, hay que desengancharse de lo que se ha convertido en el lazo atlántico, construir una verdadera autonomía estratégica –que no puede ser solo militar y, mucho menos, sobre bases nacionales– y defender lo que queda del multilateralismo abriéndose a los actores democráticos del Sur Global. Como mínimo, se debería intentar gobernar la economía –redistribuyendo la riqueza y reduciendo las desigualdades– y situar en el centro de la acción política la cuestión medioambiental –que ahora ha pasado a un tercer plano– y la tecnológica con todo lo que ello conlleva –el fin de la dependencia de las Big Tech estadounidenses, cuyos proyectos autoritarios deben combatirse sin vacilaciones, y la reducción de la brecha con China7–. 

Sin embargo, es necesario replantearse completamente los paradigmas existentes: los antiguos ya no funcionan en esta nueva era. Por lo tanto, hay que empezar desde cero: reconstruir la sociedad –ahora licuada, atomizada–, crear un sentido de comunidad –que no sea el identitario y etnonacionalista de la extrema derecha–, volver a librar la batalla de las ideas –la extrema derecha lo lleva haciendo desde hace años y ahora está cosechando los frutos–, tejer alianzas y redes transnacionales –porque la solución no puede ser solo local–. Todos debemos sentirnos involucrados. 

Volviendo a las tres categorías de Hirschman, la “salida” no es una opción porque significaría dejar el campo libre para la imposición definitiva del nuevo orden autoritario, y la “lealtad” tiene poco sentido porque el establishment actual no tiene ideas o sufre una parálisis incapacitante. La única posibilidad es la “voz”, es decir la participación y la protesta8. Este debe ser el punto de partida.

1    Wendy Brown, En las ruinas del neoliberalismo: El ascenso de las políticas antidemocráticas en Occidente, Traficantes de sueños, 2021.
2    Véanse George Monbiot y Peter Hutchison, La doctrina invisible. La historia secreta del neoliberalismo (y cómo ha acabado controlando tu vida), Capitán Swing, 2025 y Quinn Slobodian, Hayek’s Bastards: The Neoliberal Roots of the Populist Right, Allen Lane, 2025.
3    Colin Crouch, Posdemocracia, Taurus, 2004.
4    Mark Lilla, El regreso liberal: Más allá de la política de la identidad, Debate, 2021.
5    Steven Forti, Democracias en extinción. El espectro de las autocracias electorales, Akal, 2024.
6    Santiago Gerchunoff, Un detalle siniestro en el uso de la palabra fascismo. Para qué no sirve la historia, Anagrama, 2025, pp. 80-81.
7    Véase Emanuele Felice, Manifesto per un’altra economia e un’altra politica, Feltrinelli, 2025.
8    Albert O. Hirschman, Salida, voz y lealtad. Respuestas al deterioro de empresas, organizaciones y estados, FCE, 1977.

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Veinticinco años después del primer Informe Lugano (2001-2026)

Por: Arturo

Imagen: reproducción de grafity de Banksy.

Albino Prada.

En el año 2001 se publicaba en castellano el ensayo de Susan George titulado “El informe Lugano” (Icaria-Intermón, Barcelona) -en lo sucesivo IL- con prólogo de Manuel Vázquez Montalbán. Veinticinco años después, y aunque la autora volvió sobre el asunto en el año 2012, me parece clarificador y oportuno reflexionar sobre el contenido de un trabajo de crítica social del máximo interés. Pues lo fue en su momento, como escribía Montalbán, y lo sigue siendo a día de hoy. Lo que intentaré argumentar en esta breve nota.

La autora se valía de un truco para desplegar su análisis. En vez de redactar en primera persona su crítica al sistema capitalista  -a la altura de finales del siglo XX- el ensayo se presentaba como un informe elaborado por un equipo interdisciplinar de expertos a petición de importantes agentes económicos, para evaluar las debilidades del sistema o economía de mercado y hacer propuestas para su blindaje en este siglo XXI. Como resume con ironía su autora[1] al final del texto, se trataba de realizar una “evaluación clara y responsable de la situación que afronta el capitalismo global y la economía de mercado en el siglo XXI y los medios teóricos y prácticos para evitar una catástrofe” (224). El lector es conocedor de este simulacro que permite así a la autora real del informe razonar formalmente al servicio del sistema pero, al mismo tiempo, deslizar las múltiples contradicciones y atolladeros que el presunto equipo de investigación comprueba y expone a lo largo de su informe.

Con estas premisas paso a sintetizar algunas de las previsiones que el paso de los últimos veinticinco años ha ido confirmando, así como algunas cuestiones que se presentaban algo borrosas en este magnífico trabajo, limitando -en mi opinión- en parte su enorme potencial para seguir siendo de lectura útil a aquellos que sigan aportando los imprescindibles argumentos para construir una sociedad decente[2].

*

Hay que tratar de volver … a una mentalidad anterior a la Ilustración en el Norte” (169). Con esta consigna el IL resume una estrategia de extremismo neoliberal que no ha cesado de avanzar posiciones hasta llegar al actual trumpismo global. Nada de ciudadanía cosmopolita, sino grupos fundamentalistas y supremacistas (115) que desprestigien a los aún solidarios. Nada de multilateralismos deliberantes, sino liderazgos ejecutivos, en “gobiernos necesariamente más autoritarios” (113). Todo ello alimentado por grandes oligopolios mediáticos (Warner, Disney, …) con el creciente concurso de “legionarios ideológicos” (107) y “patrioteros del correo electrónico” (128). No está nada mal para intuir lo que, veinticinco años después, acabará inundando las redes sociales con sus influencers y extremismo viral. Una guerra ideológica total, con una mezcla tóxica de Darwin & Hayek (darwinismo social), que se mofa de que existan libertades o derechos humanos garantizados[3].

El IL acertó también en otra profecía: “El riesgo de que se produzca un importante accidente financiero se intensifica; de hecho nos sorprende que no se haya producido aún” (35, 41, 50). Algo Escrito en 1999 que apenas diez años después -en 2008- se cumplirá cuando los mercados de derivados provoquen una Gran Recesión que ponga patas arriba las economías de los principales países capitalistas del mundo. Claro que, a pesar de ello, lejos de agrietarse, el ideologema neoliberal y la plutocracia financiera global, conseguirán que los recursos públicos los saquen del atolladero para seguir hegemonizando nuestras sociedades.

No menos dramática será la consecuencia de otro artículo de fe neoliberal que se asume en el IL: “El aire, el agua y el suelo se consideran bienes gratuitos; no se reconoce ni se calcula su valor en función de la escasez” (25), “después de nosotros, el Diluvio” (31, 60). Y su conclusión, sin pelos en la lengua, pues no habrá “medidas drásticas, coactivas e inmediatas para frenar la emisión de gases de efecto invernadero” (68). Con lo que el capitalismo neoliberal nos lleva al colapso ambiental: capitaloceno. Como se comprueba con la evolución de los niveles de partículas por millón de CO2 y en las cumbres del IPCC. Y en sus consecuencias como oleadas de incendios forestales, deshielos, graves inundaciones y no menos graves sequías. Estamos ante otra profecía autocumplida.

Y vayamos con la siguiente profecía: la relativa a la pandemia del Covid-19. Pues en el IL ya se nos decía en el año 2001: “rodeados que estamos de virus que mutan rápidamente, no cabe descartar la posibilidad de que aparezca otra gripe española (que en realidad vino de Asia)” (185). Hoysabemos que la pandemia del Covid se llevó por delante siete millones de personas, de sectores menos favorecidos y del Sur global sobre todo, que se sumarán a los cuarenta y cuatro millones del Sida (el 75 % en África). Situaciones de guerra virtual que se gestionan con una batuta: “los gobiernos occidentales … deberían hacer que sus ciudadanos se sientan amenazados” (137). Que sumadas a la proliferación de guerras tradicionales (Gaza, Ucrania, Irán, …), de terrorismos suicidas y de Estados mafiosos fallidos favorecen la corrosión social y la quiebra de todo vínculo de fraternidad y solidaridad. Más leña para la onda incendiaria neoliberal global.

*

Si de las profecías autocumplidas del IL pasamos a los aspectos borrosos (ambos con la perspectiva que nos permite hablar desde el año 2026) el que me parece más fundamental es el no haber enfatizado la existencia de dos capitalismos diferentes: el financiero (que domina en los muy reiterados ejemplos en el texto de EE.UU., la Unión Europea o Japón) que en el IL se caracteriza muy bien, y el capitalismo de Estado (sobre todo, pero no solo, el caso de China). Pues no se concreta esta diferencia en las, escasas, referencias[4] que se hacen a la evolución de China.

No  hacerlo así impide que el IL pudiese prever la singular situación actual de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y de la actual ruptura de la globalización unipolar.  Porque si bien es cierto que la OMC nacío subordinada al neoliberalismo financiero y a la globalización de finales del siglo XX, ambos al servicio de “una única economía global” (43-44), lo cierto es que el imparable papel del capitalismo de Estado chino en la economía global ha obligado al imperio declinante (EE.UU.) a disputar a cara de perro la rivalidad tecnológica y de áreas vitales. Aunque ambos compartan la corrosión de los derechos laborales, ambientales y sociales de los trabajadores (232-233) a lo largo y ancho del mundo. Y ello a la vista de que no se ha podido[5]crear una globalización alternativa” (243) como querría Susan George (que no los “redactores” del IL).

Me interesa resaltar otro aspecto borroso en el análisis del IL que si bien resulta funcional para sus “redactores virtuales” me parece muy problemático para abrir camino a una alternativa social al capitalismo (ya sea financiero, ya sea de Estado). Me refiero al posible interés del sistema capitalista (o economía de mercado) en frenar el explosivo crecimiento demográfico, que nos llevaría de los seis mil millones de habitantes de entonces a los ocho mil millones actuales frente a los cuatro mil millones que el IL quería alcanzar (100) por medio de muchas y variadas propuestas en las que aquí no me detendré. Suponer que este sea el interés del sistema me parece contradictorio con la funcionalidad que este derroche demográfico supone en cuanto ejército laboral de reserva de mano de obra (sobre todo desde el Sur al Norte). Porque, como muy bien se recuerda en un pasaje del IL, el concepto  “proletario” significa eso: servir al sistema no con tus propiedades sino con tus hijos[6] (83). Tal como se comprobaría en la propia China al desdecirse de su política de hijo único en años más recientes.

Es este un enfoque focalizado en el impacto de la población[7] (por ejemplo la Huella Ecológica se evalúa por habitante) y en sus impactos como demanda potencial, que se desliza así hacia el concepto de Antropoceno frente al de Capitaloceno[8]. Este focalizado en la lógica del capitalismo como sistema productivo y de oferta tal como se señaló más arriba. El sistema capitalista -y su relato neoliberal según los “autores” del IL -nos juega estas malas pasadas al abducirnos con su lógica individualista y no social. Porque, si bien se reiteran propuestas de disciplina neoliberal y de privatización masiva[9] que no han hecho más que ganar terreno desde entonces, pareciera que sus contrarias quedan huérfanas en el IL.

Y así, aunque solo sea para descalificarlas con ironía, no aparecen nunca propuestas sobre la reducción de la jornada laboral semanal, anual o a lo largo de la vida (adelantar y no retardar la jubilación), nada sobre que los sistemas públicos de pensiones garanticen una vida digna los jubilados, o sobre una red pública de atención a la dependencia, o sobre el blindaje de los precios de alquiler para la vivienda, o sobre un transporte público y colectivo gratuito que frene las emisiones (directas o indirectas con coches eléctricos) de CO2, etc. Cosas que están más allá de la lógica universal neoliberal.

Pero que son asuntos que conforman lo que vengo denominando una sociedad decente[10] en idéntico sentido al que señala Susan Sontang cuando al final de su ensayo, refiriéndose al criterio del velo de la ignorancia de Rawls, concluye que nadie eligiría “un mundo sometido a la lógica del Informe Lugano” (247). Sin embargo, para ello, hoy más que nunca antes necesitamos perfilar propuestas concretas de como sería esa otra lógica.

Albino Prada Blanco  es un economistaprofesor y ensayista gallego, especializado en el análisis crítico del crecimiento y desarrollo económico regional. Esmiembro del Consejo Científico de Attac España


[1]     Entre paréntesis después de cada cita figura la página de la edición en castellano del año 2001

[2]     En el año 2013 la autora publica “El Informe Lugano II”, texto que aquí dejo fuera de mi análisis para no contradecir el título del mismo.

[3]     En “La nueva razón del mundo” Christian Laval y Pierre Dardot (Gedisa, 2013, Barcelona) resumen a la perfección el ingente alcance de esta estrategia.

[4]     Ver páginas 145, 152 y 211-217 del IL

[5]     Por ejemplo una Tasa Tobin (245)

[6]     Aunque bien podría la IA abrir camino a políticas eugenésicas a consecuencia de provocar un excedente de mano de obra humana.

[7]     Ver páginas 63-70 y 96

[8]     https://www.sinpermiso.info/textos/algunas-consecuencias-de-un-diagnostico-antropoceno-o-capitaloceno

[9]     Por ejemplo sobre la privatización sanitaria en pp. 109, 168,170, 172

[10]    Prada, A. (2023) “Sociedad de mercado o sociedad decente” (Universidade de Vigo), acceso online (aquí)

Albino Prada es miembro del Consejo Científico de Attac

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Economía política, republicanismo, deuda soberana y renta básica mundial

Por: Alberto Jimenez

Por Jordi Arcarons, Daniel Raventós & Lluís Torrens. Publicado originalmente para sinpermiso.

La economía política republicano democrática no supone por sí misma una serie de propuestas y medidas económicas definidas y concretas. Más bien establece criterios, indicaciones, máximos y mínimos. No más, pero tampoco menos. Aristóteles, Ibn Jaldún, Thomas Mun, Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, Karl Polanyi, Rudolf Hilferding, Rosa Luxemburgo, Ernest Mandel, entre muchos otros, hacían economía política. Tenían mucho en común, tenían muchas diferencias también, pero todos eran economistas políticos.

Economía política republicano democrática. Hay mucho contenido en tan pocas palabras. Empecemos por la economía política. Después nos detendremos en la republicano democrática.

La economía política

La economía política estudia y analiza la economía como fenómeno social enlazado con estructuras de poder, por lo tanto, con las relaciones sociales, las clases, las desigualdades sociales, el Estado, entre otras. Así, la producción, el consumo y la distribución afectan de forma diferente según la clase a la que se pertenezca. Utiliza el análisis histórico si bien no desdeña el apoyo de cualquier instrumento técnico proveniente de cualquier conocimiento como las matemáticas, la estadística, la econometría, cuando pueda ser útil. El Estado forma parte indispensable de sus análisis puesto que este regula los mercados con lo que de forma derivada redistribuye la riqueza en favor de unas clases y en detrimento de otras. La economía política, según lo dicho, es una forma de entender cómo funciona el mundo social y económico. Una tal manera de analizar el mundo no resultaba cómoda para quien consideraba que el mundo social y económico estaba bien tal como estaba. La teoría del valor trabajo de Smith-Ricardo-Marx, por señalado ejemplo, tocaba demasiados puntos sensibles. Especialmente, la del teórico alemán cuya concepción de la explotación no se debía a las cualidades morales de las personas, aunque algunos particulares sicópatas pudieran añadir más leña al fuego, sino a las reglas del juego, a las relaciones de la forma de producir capitalista. Es decir, a la forma de organización social que nuestra especie se ha dotado en esta particular e histórica manera de producir. Que la teoría del valor trabajo en la versión de Marx fuera la base de la explotación capitalista puesto que la mercancía especial “fuerza de trabajo” produce más valor del que cuesta, y la diferencia entre el valor creado por el obrero y el salario pagado, la plusvalía, es la base de la explotación capitalista, resultaba duro, muy duro de digerir para defensores y teóricos de la realidad social como la mejor posible.

Así que la economía política fue combatida duramente, especialmente a finales del siglo XIX por lo que con mayor o menor fortuna se llamó la revolución marginalista. El marginalismo sentó las bases de la teoría económica neoclásica. Los supuestos neoclásicos son muy distintos, opuestos por decirlo más claramente, a los de la economía política. La teoría neoclásica[1], en claro contraste, está interesada en el comportamiento individual de las personas (“agentes”, en el argot) y las empresas que toman sus decisiones de manera que maximicen su utilidad o más llanamente sus beneficios, o su bienestar en el caso de las personas. Los mercados son analizados en términos de oferta, demanda y equilibrio. Utiliza modelos matemáticos de forma preferente. Considera que los mercados libres son eficientes y que el Estado no debe intervenir salvo para los anómalos fallos del mercado. La teoría neoclásica supone que los individuos actuamos sistemáticamente de forma egoísta[2], lo que matemáticamente se puede representar como funciones de utilidad (de dos personas A y B) indiferentes e independientes entre sí que es como decir de forma más llana: si a B le va bien a A le da igual, si a B le va mal a A le da igual. Más resumidamente: La utilidad de A no depende de la de B.

La teoría del valor trabajo fue combatida por la escuela marginalista-neoclásica. El valor no está en las cosas, sino en la mente de los individuos, así que depende de la utilidad marginal[3] que un bien aporta a la persona. Nada de relaciones sociales, nada de explotación, nada del mundo real. Lo expresó de forma inmejorable y de forma digamos sarcástica el economista keynesiano Abba Lerner en 1972 (The Economics and Politics of Consumer Sovereignty): “Una transacción económica es un problema político resuelto… La economía ha ganado el título de Reina de las Ciencias Sociales eligiendo como su dominio problemas políticos ya resueltos.” ¿Derechos de propiedad?, ¿Relaciones de dominación?, ¿Explotación? Nada de eso, han desaparecido, no hay política ni relaciones sociales conflictivas: el campo de la teoría económica los elimina para que puedan estudiarse las transacciones pertinentes. La teoría neoclásica convierte relaciones sociales en relaciones técnicas: el salario deja de ser una relación social y pasa a ser “producto marginal del trabajo”, la ganancia deja de ser plusvalía y pasa a ser “productividad del capital”, la explotación desaparece del análisis, las instituciones y las clases desaparecen del modelo.

Hasta aquí la economía política, nos queda explicar la variante republicana. Y dentro de la republicana, la republicano democrática[4] que es la que nos interesa[5].

La economía política republicano democrática

¿Qué aporta de específico a la economía política el republicanismo democrático? Brevemente: El republicanismo democrático aporta a la economía política una teoría de la libertad que permite analizar los mercados[6], la propiedad y el trabajo asalariado como relaciones de poder y de dominación. La economía política republicano-democrática no amplía tanto el campo de problemas como el campo de justificación y evaluación. Su contribución no es descubrir que la economía es política, que en sí ya es objeto de la economía política, sino decir qué tipo de política económica es compatible con una república de ciudadanos libres e iguales.

¿Qué criterios defiende una economía política republicana democrática? Entre otros: luchar contra la concentración de poder económico, universalizar la libertad no dominada, garantizar la capacidad colectiva de autogobierno económico, fundamentar el papel activo del Estado (esto es la neutralidad republicana del Estado: intervención activa para asegurar que los más fuertes no impongan sus condiciones), garantizar la existencia material de toda la población (con propuestas como la renta básica incondicional y universal), impedir las grandes fortunas que posibilitan que el dominium se transforme en imperium[7] (con propuestas como la renta máxima y la riqueza máxima),  rechazo de estructuras económicas y legales internacionales que limiten deliberadamente la autonomía de las naciones para su beneficio.

Nos frenamos. Vamos a desarrollar este último punto. Un reciente artículo de María Julia Bertomeu (“Economía política republicana y deuda soberana”) nos lo sugirió. Dentro del rechazo republicano democrático a las estructuras económicas y legales internacionales que limitan arbitrariamente la autonomía de las naciones pueden apuntarse varios tipos: la negación del derecho de autodeterminación de algunas naciones, algunos tratados comerciales, el dominio de determinadas estructuras internacionales como el FMI y los tratados de deuda, entre otras. La arquitectura financiera internacional actual replica a escala planetaria las mismas relaciones de dominación que observamos en el mercado laboral interno de nuestras sociedades, pero con mecanismos específicamente propios. Así como un trabajador sin patrimonio ni renta propia carece del poder de negarse a condiciones laborales abusivas —quedando sometido a la voluntad arbitraria del empleador—, un Estado dominado económico y financieramente por organismos y Estados poderosos, carece del poder de rechazar condiciones financieras leoninas, quedando sometido a la voluntad de sus acreedores y de las instituciones que gestionan el sistema de deuda global. En ambos casos, la ausencia de una base material de independencia transforma una relación que debería ser entre iguales en una relación de dominación.

La deuda soberana funciona hoy como el salario de subsistencia operaba en el capitalismo del siglo XIX: como mecanismo de disciplinamiento. Los países del Sur Global no tienen “existencia material garantizada”, para seguir utilizando el paralelismo, y deben vender soberanía política a cambio de crédito para subsistir. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no actúan como prestadores neutrales, sino como gestores de una estructura neocolonial que impone condiciones —austeridad fiscal, privatizaciones, desregulación laboral— que garantizan la continuidad del flujo extractivo de recursos del Sur hacia el Norte. Esta extracción no es meramente financiera puesto que opera en múltiples dimensiones.

Recursos naturales, en primer lugar. El Sur Global transfiere al Norte materias primas infravaloradas cuyos precios no incorporan las externalidades ecológicas reales. Cuando Europa importa coltán del Congo o litio de Bolivia, está apropiándose no solo de minerales, sino de ecosistemas destruidos, comunidades desplazadas y territorios contaminados cuyo coste ambiental y social jamás se refleja en el precio de mercado. Esta apropiación desigual del patrimonio natural común genera una deuda ecológica que el Norte ha contraído con el Sur.

En segundo lugar, conocimiento y tecnología. La riqueza acumulada del Norte no es fruto únicamente del ingenio local, sino de siglos de acumulación originaria basada en el expolio colonial y la interconexión global forzada. El conocimiento científico y tecnológico es un producto social de la humanidad entera, desde el control del fuego, de los primeros instrumentos de sílex, la rueda o la agricultura. Sin embargo, este patrimonio común se encuentra blindado tras regímenes de propiedad intelectual (como los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, TRIPS es el acrónimo en inglés, o las variantes de semillas manipuladas genéticamente) que permiten al Norte cobrar rentas monopolísticas por acceder a innovaciones que se construyeron sobre una base común[8]. Mientras se exige puntualmente el pago del servicio de la deuda soberana, se niega sistemáticamente el pago por el uso privatizado del conocimiento acumulado colectivamente. Como ha expuesto el economista surcoreano Ha-Joon Chang: “Desde finales del siglo XIX, con la producción a gran escala, las tecnologías complejas y los mercados globales, el éxito empresarial es el resultado de un esfuerzo colectivo más que individual, en el que participan no solo los líderes empresariales, sino también los trabajadores, ingenieros, científicos, administradores, responsables de las políticas públicas y hasta los propios consumidores”. Este esfuerzo colectivo hoy se convierte en beneficio privado porque la ley lo permite así. No es una ley natural, es una ley impuesta por sus beneficiarios.

En tercer lugar, la dimensión del trabajo y los cuidados. La “fuga de cerebros” —profesionales sanitarios, ingenieros, científicos formados en el Sur con recursos públicos locales y explotados en el Norte— representa una transferencia masiva de capital humano no compensada. Pero más grave aún es la cadena global de cuidados: mujeres del Sur que migran para sostener la reproducción social del Norte —cuidando niños, ancianos y enfermos de familias europeas o norteamericanas— mientras sus propias familias quedan descuidadas. Esta es una transferencia de valor incalculable que el Norte recibe gratuitamente, sosteniendo su modelo social sobre la sobreexplotación del trabajo reproductivo racializado y feminizado.

En cuarto lugar, los costes del cambio climático que pueden sufrir más algunos países del Sur Global habiendo “contribuido” a ello mucho menos que el Norte.

El Sur Global no es pobre: es un productor neto de riqueza para el Norte. La pobreza del Sur y la riqueza del Norte no son realidades paralelas, sino las dos caras de un mismo proceso de transferencia estructural de valor[9].

La Renta Básica Soberana

Nuestra propuesta de una Renta Básica Soberana (RBS), por llamarla de alguna forma y sin pretensiones de originalidad nominal, que la definimos como una transferencia incondicional entre Estados, del Norte hacia el Sur. En ningún caso debe entenderse como “ayuda al desarrollo”, ni como caridad internacional, sino como un mecanismo de justicia redistributiva global fundamentado en principios normativos de economía política republicana.

El republicano Thomas Paine argumentó en el siglo XVIII que la tierra es herencia común de la humanidad, y que quienes se apropian privadamente de ella deben compensar al resto mediante un dividendo universal. Este principio, trasladado a escala global, adquiere una dimensión adicional: ningún país “creó” el petróleo, el coltán, el litio o la capacidad de absorción de CO₂ de la atmósfera. Son patrimonio común de la humanidad. El Norte Global se ha apropiado desproporcionadamente de estos recursos finitos y de la capacidad de sumidero atmosférico del planeta. El 16 % más rico de la población mundial es responsable de más del 60 % de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero, mientras que los países más vulnerables al cambio climático son precisamente aquellos que menos han contribuido a causarlo. Esta apropiación desigual genera una deuda ecológica que debe saldarse. La RBS operaría como el dividendo de este patrimonio común apropiado desigualmente.

Si aceptamos que el conocimiento científico[10] y tecnológico es producto de la acumulación social de la humanidad entera —construido sobre milenios de innovación colectiva, intercambio cultural y experimentación común—, su privatización mediante patentes y su uso como instrumento de extracción de rentas constituye una injusticia patente y un instrumento adicional de dominación. Las empresas farmacéuticas del Norte cobran precios prohibitivos por medicamentos esenciales a países del Sur, mientras simultáneamente estos países deben pagar puntualmente el servicio de su deuda externa. Esta doble injusticia —privatizar el conocimiento común y exigir el pago de deudas muchas veces ilegítimas u odiosas— revela la asimetría brutal del sistema actual. La RBS actuaría como mecanismo de compensación por el uso privatizado de este conocimiento acumulado colectivamente.

Existe además una dimensión de justicia reparadora. El desarrollo capitalista del Norte se construyó sobre siglos de colonialismo, esclavitud, extracción de recursos y destrucción de sistemas económicos locales en África, Asia y América Latina. Las reparaciones por el colonialismo no son una demanda radical: son un reconocimiento elemental de que la riqueza actual del Norte tiene su origen parcial en el expolio sistemático del Sur. La RBS, desde esta perspectiva, no sería una transferencia generosa sino el pago de una deuda histórica pendiente.

La propuesta de la Renta Básica Europea, un antecedente

Ya exploramos anteriormente un paso intermedio en esta dirección al modelizar la viabilidad de una Renta Básica Europea. En aquellos trabajos demostramos que es financieramente posible garantizar la existencia material de la ciudadanía a escala continental mediante reformas fiscales redistributivas dentro de un espacio político y económico integrado.

El modelo europeo mostró que una RB puede financiarse mediante:

* Reformas del IRPF con tarifas únicas o progresivas que graven especialmente las rentas altas.

* Impuestos sobre la riqueza y las herencias.

* Impuestos sobre transacciones financieras y ganancias especulativas.

* Impuestos sobre emisiones de gases de efecto invernadero.

* Eliminación de deducciones y exenciones fiscales regresivas.

El resultado fue una propuesta que reduce drásticamente la pobreza y la desigualdad (el índice de Gini en el Reino de España pasaría de 0,36 a 0,25) sin requerir un aumento insostenible de la presión fiscal agregada, sino una redistribución radical de la carga fiscal de las rentas del trabajo hacia las rentas del capital y la riqueza acumulada.

Ahora, el desafío es llevar esta lógica a escala global, donde no existe un fisco unificado ni un espacio político común, pero sí existe —con toda claridad— una obligación de justicia reparadora y distributiva.

Una propuesta de Renta Básica Soberana (4%)

La RBS no debe diseñarse simplemente para equilibrar balances macroeconómicos ni para “tapar agujeros” presupuestarios. Debe cumplir el objetivo fundamental que justifica cualquier Renta Básica: garantizar incondicionalmente la existencia material de la población, que puede equipararse para lo que aquí nos interesa con la cobertura de las necesidades básicas —alimentación, agua, vivienda, energía— de toda la población, liberando a la ciudadanía de la necesidad de emigrar por pura supervivencia económica o de someterse a relaciones de dominación para acceder a lo esencial.

Si analizamos los flujos financieros que actualmente sostienen a los países de ingreso bajo y medio (LMIC, por sus siglas en inglés), observamos una “arquitectura de la precariedad” que descansa sobre tres pilares profundamente injustos:

1. Remesas de migrantes (1,8% del PIB de los LMIC). La principal fuente de divisas no son inversiones productivas ni comercio justo, sino transferencias de trabajadores migrantes que envían parte de sus salarios —generalmente magros y obtenidos en condiciones de precariedad— a sus familias en origen. No es una transferencia del Norte al Sur, sino una transferencia intra-clase: son los pobres del Norte (migrantes) sosteniendo a los pobres del Sur (sus familias). El coste humano es devastador: familias fragmentadas, migrantes sobreexplotados, niños criados sin sus padres.

2. Ayuda Oficial al Desarrollo (0,7% del PIB de los LMIC). Una transferencia voluntaria, frecuentemente condicionada a intereses geopolíticos y económicos del donante y sujeta a la arbitrariedad política. No genera derecho: es caridad internacional que puede retirarse en cualquier momento y que se utiliza como instrumento de “poder blando” (soft power) diplomático. Un instrumento de dominación, en definitiva.

3. Servicio de la deuda pública (-1,2% del PIB de los LMIC). Un drenaje sistemático y obligatorio de recursos públicos hacia acreedores del Norte. Según datos del Banco Mundial para 2024, los países pobres y de renta media pagaron aproximadamente 471.500 millones de dólares en servicio de su deuda pública externa, de los cuales 144.500 millones fueron únicamente intereses. El resultado neto actual es que el Sur recibe (2,5% del PIB) pero paga (1,2%), quedando un saldo positivo marginal (1,3% del PIB) que apenas sirve para evitar el colapso humanitario inmediato, pero no permite el desarrollo de servicios públicos robustos ni la cobertura universal de necesidades básicas. Es un sistema diseñado para la supervivencia precaria, no para la vida digna.

Existen otros sistemas de explotación limitados, como el franco de la comunidad financiera africana (CFA), que elimina la soberanía monetaria de las excolonias francesas en África, en beneficio de la metrópolis.

Nuestra estimación basada en datos del Banco Mundial sitúa la Renta Básica Soberana (RBS) en aproximadamente el 4% del PIB de los países receptores (unos 1,5 billones de dólares anuales). Esta transferencia se desglosaría en tres pilares estratégicos:

1) 1,2% para neutralizar la deuda: Cubrir automáticamente el servicio de la deuda pública externa. Esto restaura la soberanía fiscal, liberando a los Estados de la tutela permanente de los acreedores.

2) 1,8% para sustituir remesas de subsistencia: Al garantizar un suelo de protección estatal, las remesas dejan de ser vitales para comer y pasan a ser un complemento de bienestar. Esto desmercantiliza la migración: las personas se moverían por elección, no por supervivencia.

3) 1,0% para el déficit de necesidades básicas: Un componente adicional (superior a la actual AOD) para invertir en la cobertura universal de agua, energía y alimentación. El objetivo es simple: que ningún ser humano carezca de techo o comida por razón de su lugar de nacimiento. 

Esta RBS puede complementarse con una Renta Básica propia del país, mediante una reforma fiscal (allá donde existan sistemas fiscales robustos) que transfiera renta de las clases ricas (en general las más beneficiadas por el sistema colonial vigente) hacia las clases medias y pobres.

La RBS como salario de reserva estatal: El poder de decir “no”. Y la viabilidad económica: El coste de la justicia frente a la guerra

Aquí emerge el paralelismo estructural con la Renta Básica individual. Al igual que esta actúa como un salario de reserva que permite al trabajador rechazar los “trabajos de mierda” (como famosamente los bautizó David Graeber) y la “mierda de trabajos” (que no hay que confundir con los anteriores) sin poner en riesgo su existencia material, la RBS otorga a los Estados el poder de rechazar “tratados de mierda”, “condiciones de mierda” o “préstamos de mierda”. Actualmente, los Estados del Sur aceptan la austeridad del FMI, acuerdos comerciales depredadores o el acoso de fondos buitre porque la alternativa es el colapso inmediato. Con una RBS del 4% garantizada, un gobierno adquiere poder de negociación real. Puede rechazar recortes en sanidad, exigir precios justos por sus recursos naturales o resistir litigios abusivos, sabiendo que tiene asegurado el mínimo vital para su población. Transforma una relación de dominación colonial en una negociación entre iguales, o más iguales que ahora, o para ser prudentes de menor dominación que la actual.

Aunque la cifra de 1,5 billones de dólares parezca elevada, su contexto demuestra que la pobreza es una decisión política. Este monto representa apenas el 1,45% del PIB mundial y es, significativamente, inferior al Gasto Militar Global (2,4 billones en 2023 y creciendo). Financiar la existencia material de la humanidad es más barato que prepararse para la guerra.

Además, el coste neto para el Norte sería menor, ya que se estima que entre el 30% y el 40% de la transferencia retornaría vía exportaciones de bienes y tecnología. La propuesta no parte de cero: integra y racionaliza flujos ineficientes como la actual Ayuda Oficial al Desarrollo y el alivio de deuda puntual.

El mayor desafío no es financiero, sino político: evitar que los fondos sean capturados por oligarquías locales corruptas. Para ello, proponemos una arquitectura de doble canal:

1) Canal A. Dividendo Ciudadano Directo (50%): Transferencias monetarias directas a la población (vía dinero móvil y registros biométricos), sin pasar por la burocracia estatal.

2) Canal B. Fondo de Servicios Públicos (50%): Fondos gestionados mediante fideicomisos auditados internacionalmente (escrow accounts, recursos que se liberan sucesivamente cuando se van justificando los gastos), trazables con tecnología blockchain pública y ejecutados mediante smart contracts. Si se detecta desvío de fondos hacia gasto militar o represión, el flujo se suspende automáticamente[11].

Concluyendo (provisionalmente)

Para ir concluyendo, esta propuesta de una RBS no surge del vacío, sino que se presenta como la evolución natural tras décadas dedicadas a asentar los fundamentos ético-filosóficos de la RB y a modelizar rigurosamente su financiación en contextos locales, regionales, nacionales y europeos e incluso sectoriales o por edades. A lo largo de cientos de artículos y en innumerables conferencias divulgativas, una objeción recurrente que nos han hecho ha sido la supuesta inviabilidad de una RB que no fuera planetaria, bajo el temor de un hipotético “efecto llamada” hacia los territorios que la implementaran. Aunque la evidencia empírica desmonta este prejuicio —demostrando que los flujos migratorios se correlacionan con el dinamismo en la creación de empleo y no con la generosidad de la protección social, como se observa en la atracción migratoria de un Reino de España con protección deficiente frente a una Europa más robusta, o en la menor atracción relativa del País Vasco pese a su sistema de garantías superior al resto del Estado—, este artículo acepta el envite intelectual de cerrar el debate por elevación. Y demostramos, en efecto, que una RB a escala mundial no solo es posible, sino que es la pieza que faltaba en el rompecabezas: un mecanismo que, lejos de ser una utopía, ofrece una utilidad pragmática y estabilizadora tanto para el Sur, al que libera de la asfixia de la deuda y posibilita (al menos mucho más que ahora) la existencia material a sus sociedades. Como para el Norte, al que modera la presión migratoria forzosa y de la criminal xenofobia que la extrema derecha fomenta y, visto lo visto, va consiguiendo expandir entre buena parte de la población.  

La RBS no es una propuesta fantasiosa. O en todo caso no lo es más que las fantasías distópicas que la realidad nos está mostrando. Con la diferencia que estas son realidades dominadoras y depredadoras para la inmensa mayoría de la población mundial. La diferencia es que frente a la realidad del capitalismo actual, la propuesta de la RBS pretende beneficiar a la población no estrictamente rica. Extiende el principio republicano de libertad como no-dominación a escala interestatal. Permite a los países del Sur implementar políticas soberanas sin la pistola del hambre apuntando a la sien. El precio de la justicia global es ridículamente bajo comparado con el precio que pagamos por mantener la injusticia.

¿Difícil? Claro. Apuntaba Michael Roberts recientemente “La desigualdad […] es el resultado de la propiedad[12] privada del capital y de los gobiernos dedicados a mantenerla. Si no se pone fin a eso, la desigualdad de ingresos y riqueza a nivel mundial y nacional no solo se mantendrá: seguirá empeorando”. No podemos más que darle la razón, pero avanzar propuestas, si están bien fundamentadas, siempre puede ser un estímulo político e intelectual para ofrecer razones adicionales de la sociedad de mierda en la que el 0,001% de la población mundial campa por las suyas. Menos de 60.000 personas en todo el mundo y los poderes económicos y políticos que les satisfacen y obedecen. Esto afecta a la democracia de una manera que ni el más pusilánime podrá negar[13]. Quizás la RBS, con alguna idea que hemos propuesta o con otras que seguro la pueden mejorar, pueda parecer fantasiosa. También lo pareció el derecho de huelga, el derecho de sindicación, el matrimonio homosexual, el sufragio universal, el derecho al aborto y tantas (hoy) realidades que nos parecen conquistas irrenunciables. Y es que, no debe olvidarse, las conquistas que vale la pena defender (aunque vivimos unos momentos que muchas vuelven a estar amenazadas) del mundo actual, son producto de grandes luchas y de grandes movilizaciones contra las injusticias. Lo dijo Bertolt Brecht y lo hemos repetido más de una vez:  la injusticia es humana, pero más humana es la lucha contra la injusticia.


[1] Que utiliza supuestos muy conocidos. Un resumen: racionalidad individual, información perfecta, equilibrio general, preferencias estables, mercados eficientes, competencia perfecta, Ceteris paribus (se asume que, al estudiar una variable, todas las demás permanecen constantes).

[2] Supuesto el del egoísmo que a algunos partidarios, como Robert Frank, de la teoría de la elección racional no les acaba de convencer. Frank concluye que el supuesto del egoísmo no funciona bien porque no sirve para entender muchas interacciones sociales que podemos comprobar a diario: ayudar a una persona amiga, dar propina en un restaurante que se sabe que jamás se volverá (porque si se ha de volver entra dentro del supuesto del egoísmo dar propina), hacer donaciones desinteresadas, compartir informaciones aunque no aporten beneficio directo, entre muchas otras.

[3] Es decir, la satisfacción adicional que se obtiene por consumir una unidad más de un bien. Normalmente disminuye a medida que se consume más.

[4] La economía republicano socialista la hemos explicada en otras ocasiones, pero para nuestros propósitos en el presente artículo podemos prescindir de la distinción con la republicano democrática. Para no dejarlo ambiguamente: la tradición socialista aportó un análisis actualizado, dado el desarrollo al que el capitalismo ya había llegado en el siglo XIX, de las fuentes de dominación que ponían en peligro la libertad de la ciudadanía en la concepción republicana. Entre otras aportaciones está, como se desarrolla aquí, la demostración de que “la vida social en el capitalismo es una realidad que cabalga a lomos de otras formas de ‘dominación estructural’: determinadas instituciones y relaciones sociales están diseñadas de manera tal que no es preciso que el agente (x, y o z) interfiera de un modo intencional y consciente en nuestras vidas, puesto que las ‘reglas del juego’ ya se encargan de que el grueso de los desposeídos y desposeídas nos veamos obligados a terminar llamando a su puerta para que alguno de los potenciales dominadores acabe estableciendo con nosotros relaciones que nos minorizan socialmente, que nos convierten en actores vulnerables a su potencial despotismo”. Las convergencias entre ambas economías políticas, la republicano democrática y la republicano socialista, son muy grandes: sin independencia material, no hay libertad; sin control democrático de la economía, no hay ciudadanía; y sin limitar el poder del capital, no hay democracia real.

[5] Los autores hemos tratado esta diferencia entre la concepción republicana en general y la republicano democrática, entre otros muchos lugares, por ejemplo aquí.

[6] Es importante distinguir la economía de mercado de la economía con mercados. El republicanismo no es “anti-mercados”, sí es incompatible con una sociedad de mercado. Para el republicanismo, el problema no son los mercados, sino convertir a la sociedad en un mercado como guía para las relaciones sociales. Fue Polanyi que especificó que la tierra, el dinero y el trabajo solo se convirtieron en mercancías con la sociedad de mercado. Ni tierra, ni trabajo, ni dinero fueron destinados a la venta antes de esta sociedad tan particular que las trata como mercancías. La idea machacona de que los mercados libres eran anteriores y luego intervino el Estado es un cuento. Fue el Estado quien creo mercados, destruyó las regulaciones anteriores tradicionales e impuso la disciplina mercantil.

[7] En la tradición republicana dominium se refiere a las relaciones de dominación que se dan en los ámbitos privados que conforman nuestras sociedades (mercados de trabajo, hogares, etc.). Por imperium se refiere a las relaciones de dominación que posibilitan la capacidad de los poderes públicos de favorecer intereses particulares. Las grandes fortunas disponen de dominium y de imperium. La perspectiva republicana defiende la erradicación de ambos tipos de dominación.

[8] Las grandes transnacionales, básicamente del núcleo más potente de alrededor de 1.000, se aprovechan de la situación general de dominación de los países empobrecidos de muchas otras maneras. Pongamos un resumen. Las empresas transnacionales se benefician de los países empobrecidos mediante la explotación de salarios bajos, la debilidad de la regulación laboral y ambiental, y el acceso preferente a recursos naturales. O lo que el colonialismo ha hecho “natural”. Ejemplo: el café se produce hoy principalmente en Sudamérica (Brasil, Colombia) y Asia (Vietnam, Indonesia), pero es una planta africana que se cultivó masivamente por primera vez en Yemen. En cambio, el chocolate que es originario de Sudamérica (Perú y Ecuador) hoy se produce en Costa de Marfil, Nigeria, Camerún, Indonesia y Ghana que son los cinco principales productores de cacao del mundo. Los beneficios de las trasnacionales se ven reforzados por mecanismos de elusión fiscal, presión política sobre estados con poca capacidad reguladora y una inserción subordinada de los países pobres en la economía global, basada en actividades de bajo valor añadido. El resultado es una transferencia estructural de valor hacia los países ricos que tiende a perpetuar desigualdades económicas y dependencia.

[9] “El mundo está dividido en claros niveles de ingresos: regiones de altos ingresos, como América del Norte, Oceanía y Europa; grupos de ingresos medios, como Rusia, Asia Central, Asia Oriental, Oriente Medio y África del Norte; y regiones muy pobladas donde los ingresos medios siguen siendo bajos, como América Latina, Asia Meridional y Sudoriental y África Subsahariana”, como recordaba Michael Roberts en un reciente artículo.

[10] Una definición estandarizada de ciencia, que nos parece bien, según la cual se trata de una práctica racional orientada a la construcción de modelos explicativos del mundo natural y social, basados en evidencia empírica y sometidos a evaluación crítica intersubjetiva, establecerá que es más adecuado situarla temporalmente en los últimos siglos. Si bien la aceleración del conocimiento científico es evidente que se ha producido en los últimos siglos, no es desproporcionado asegurar que son milenios los que contemplan la investigación científica. Con todas las limitaciones que se quiera.

[11] No hay duda, los países del Sur Global tienen dominadores y explotadores de sus respectivas poblaciones. Las élites locales —burguesías compradoras, oligarquías terratenientes, clases políticas extractivas— se han beneficiado históricamente de la estructura del sistema de deuda y tienen incentivos para perpetuarla. Una RBS mal diseñada podría terminar financiando la fuga de capitales, la represión interna o el consumo suntuario de las élites en lugar de garantizar las necesidades básicas de la población.

[12] La propiedad es de primera importancia para el republicanismo, claro está. Nos limitamos a apuntar aquí que fue tratado con detalle en En defensa de la Renta Básica (Deusto, 2023). Decíamos allí: “La propiedad históricamente ha tenido muchas variantes y formas: común con uso privado, privada con uso común, común con uso común y privada con uso privado. Entre otras. La privada con uso privado es la que se ha convertido en la principal y dominante, pero en ningún caso la única, desde el siglo XVIII hasta la actualidad en la mayor parte de países si dejamos al margen los experimentos de propiedad colectiva y burocráticamente centralizada que hemos conocido en algunos países a lo largo del siglo XX y XXI”. Es decir, “La propiedad se configura históricamente en función de las luchas, los compromisos y las treguas temporales entre los diferentes grupos y clases sociales”.

[13] Un editorial de El País del 15 de diciembre concluía a partir del escándalo de desigualdades que supone el último informe del World Inequality Report: “Son por eso urgentes reformas legales que hagan frente a un problema que amenaza seriamente la democracia”. No se trata de un periódico extremista, precisamente.

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La vida es un derecho, no una mercancía

Por: Alberto Jimenez

Por Juan Torres López, del Consejo Científico de Attac. Publicado originalmente en su blog.

LO QUE HAY DETRÁS DE LA SANIDAD PRIVADA Y QUÉ NOS ESTAMOS JUGANDO

La salud es un derecho y convertirla en negocio pone en riesgo la vida, empobrece a las familias y rompe la equidad y la igualdad.

Cuando aparece la enfermedad, el dinero ayuda… pero no sustituye lo esencial: un sistema sanitario con medios y profesionales cuyo objetivo sea cuidarte, no facturarte.

Es fundamental que la ciudadanía esté bien informada sobre lo que implica el avance de la sanidad privada y su penetración en el sistema público.

España dispone de un privilegio: un sistema público universal financiado con impuestos, que permite acceder a la atención sin “pasar la tarjeta” al entrar en urgencias.

Este modelo está en peligro: se deteriora por financiación insuficiente, déficits de personal y políticas que derivan recursos hacia lo privado, generando listas de espera y malestar que alimentan la contratación de seguros.

La privatización avanza de forma soterrada, a menudo presentada como “colaboración” o “eficiencia”, sin reconocer su dirección estructural: sustituir progresivamente servicio público universal por negocio privado.

SE TRATA DE TU VIDA

El debate sobre el tipo de sistema sanitario no es técnico ni menor: afecta directamente a nuestra seguridad, a la calidad de nuestras vidas y al tiempo que podamos vivir.

La sanidad pública cuesta mucho dinero, aunque creamos que es gratis porque no pagamos en el acto Es fundamental saberlo para no creer que un seguro privado “barato” puede cubrir todos los tratamientos que necesitemos.

El seguro privado es un negocio: sólo puede sostenerse si la mayoría paga más de lo que gasta o si se aplican exclusiones, carencias, copagos y selección de riesgos.

Hasta ahora, los seguros médicos de la sanidad privada en España han sido relativamente asequibles porque lo que ésta atiende en mayor medida es lo más rentable, dejando lo más costoso en manos de la sanidad pública. Pero si lo público sigue deteriorándose para impulsar lo privado y éste gana terreno, los seguros subirán, la cobertura se estrechará y muchas personas quedarán desprotegidas, como ocurre en sistemas dominados por el mercado y las finanzas.

COBERTURA Y PROTECCIÓN

En un sistema universal se accede por ciudadanía; en uno privatizado se accede por dinero (pago directo o póliza).

El seguro privado puede facilitar el uso frecuente de ciertos servicios, pero no protege bien cuando aparece una contingencia grave y cara, justo cuando de verdad te juegas el patrimonio y la vida. Cuando eso ocurre, aumenta el riesgo de ruina financiera y se multiplican las quiebras vinculadas a gastos sanitarios.

MORTALIDAD Y OTROS RESULTADOS DE SALUD

El criterio decisivo para valorar lo que proporciona cada sistema sanitario es la mortalidad evitable: muertes que podrían prevenirse o retrasarse con prevención, atención primaria fuerte, diagnóstico a tiempo y tratamientos adecuados.

Cuando el sistema se orienta al lucro aparecen mecanismos que, acumulados, producen más muertes evitables: menor acceso de quienes tienen menos recursos; retraso o renuncia a tratamientos; presión por reducir costes (menos tiempo por paciente, plantillas ajustadas, rotación, precariedad…); menor inversión en prevención, salud pública y seguimiento de crónicos; concentración de recursos donde es rentable y no donde es necesario.

Todo eso se agudiza cuando los centros sanitarios privados son propiedad de fondos de inversión (lo que va a suceder cada vez más): su lógica de rentabilidad rápida se traduce en mayores recortes y estrategias financieras que deterioran la atención.

Un sistema que gana dinero con la enfermedad tiene incentivos incompatibles con minimizarla.

ATENCIÓN SANITARIA, SATISFACCIÓN Y SALUD

Para ganar más dinero, el modelo privado genera incentivos que favorecen la sobreutilización de pruebas, los tratamientos innecesarios y las intervenciones de escaso valor clínico.

El número de cesáreas es un ejemplo de ello: en la sanidad privada es notablemente más alto, lo que sugiere decisiones condicionadas por organización y rentabilidad, no sólo por necesidad médica.

En la sanidad privada se tiende a concentrar los casos simples, programables y rentables, mientras que la pública carga con la alta y más cara complejidad (UCI, trasplantes, oncología compleja, emergencias graves).

COSTES Y EFICIENCIA

En materia de la salud el rendimiento y los resultados no se pueden medir en términos de beneficio por euro, sino en salud obtenida por euro.

La sanidad privada es más cara y menos eficiente. Estados Unidos es el mejor ejemplo de ello: gasto sanitario altísimo y resultados en indicadores básicos mucho peores.

Una causa principal de ello es el alto coste administrativo en el sector privado (facturación, negociación con aseguradoras, autorizaciones, marketing, litigios…), que consume recursos que no se transforman en cuidados y atención sanitarios. Otra, la fragmentación: un sistema sanitario eficiente exige cooperación horizontal (entre centros) y coordinación vertical (entre niveles asistenciales). La lógica competitiva del mercado tiende a romper esa integración y a duplicar pruebas y procesos.

Además, en la sanidad privada, parte del gasto acaba convertido en beneficio financiero, dinero que sale del circuito sanitario.

EQUIDAD E IMPACTO DISTRIBUTIVO

La sanidad pública no solo cura: redistribuye. Al financiarse con impuestos, transfiere “renta en especie” hacia quienes más la necesitan (hogares con menos ingresos, personas enfermas o mayores…). En cambio, la sanidad privada vuelve el gasto sanitario regresivo: los hogares pobres dedican una proporción mayor de su renta a seguros, copagos y pagos directos. Cuando la salud se convierte en negocio, la enfermedad se convierte en motor de desigualdad.

COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL E IMPLICACIONES DEL AFAN DE LUCRO

Para ganar dinero hay que facturar más y recortar costes, lo que incentiva sobretratamiento rentable y contención del gasto en el paciente.

En los sistemas dominados por el mercado se estima que entre el 20% y el 30% de los actos médicos no aportan un beneficio real al paciente, pero sí generan ingresos.

La sanidad privada no tiene pacientes a los que atender sea cual sea su circunstancia: tienen clientes a los que se atiende solo si pueden pagar, directamente o a través de un seguro.

Para reducir costes, la sanidad privada costes ajusta plantillas al mínimo, incrementa el número de pacientes por profesional, reduce salarios, precariza contratos y disminuye el tiempo clínico por paciente. Está ampliamente demostrado que toso eso aumenta los errores de diagnóstico, los fallos en la medicación, las complicaciones y la mortalidad evitable. El ahorro empresarial se paga con riesgo para la vida.

Los grandes grupos sanitarios privados y los fondos de inversión que se van quedando con ellos tienen una capacidad de presión política y mediática muy grande y eso hace que la atención sanitaria se convierta en una industria de extracción de rentas. Aunque los profesionales concretos actúan con vocación, el marco empresarial empuja en dirección contraria a la salud colectiva.

EN QUÉ ES MEJOR LA SANIDAD PRIVADA

La sanidad privada puede ser más rápida en consultas, pruebas y cirugías programadas; suele ofrecer más confort; puede generar más innovación y más agilidad organizativa en nichos concretos.

Sin embargo, esas ventajas no prueban la superioridad del modelo. Casi siempre son consecuencia de que lo público ha sido debilitado o financiado insuficientemente, y de que la privada selecciona actividad rentable.

En sanidad, el “mejor servicio” no es el que parece más amable, sino el que cura, previene, acompaña y protege con criterios científicos, no comerciales.

COLABORACIÓN” PÚBLICO-PRIVADA: EVALUACIÓN

En general, la expansión de la sanidad privada no se está produciendo mediante una privatización abierta y explícita, sino a través de la llamada colaboración público-privada presentada como una solución técnica y pragmática a los problemas del sistema público.

La colaboración puede ofrecer ventajas tácticas limitadas, como reducir listas de espera en procesos simples o utilizar capacidad instalada ya existente.

Sin embargo, cuando se generaliza y se hace estructural (como está ocurriendo en España) produce efectos negativos: debilita la capacidad propia del sistema público; este pierde personal, inversión y planificación a largo plazo; lo encarece, al generar dependencia de proveedores privados y renegociaciones al alza; introduce un choque de incentivos (el sector privado gana más cuantos más procedimientos realiza, mientras que el sistema público es más eficiente cuanto más sana está la población); favorece la selección de pacientes y la derivación de los casos más complejos y costosos al sistema público; consolida un sistema sanitario dual, desigual e injusto.

La colaboración público-privada no es neutral. No refuerza simultáneamente ambos sistemas, sino que actúa como mecanismo de sustitución progresiva de la sanidad pública por la privada, utilizando dinero público para expandir el negocio sanitario.

La colaboración público-privada, tal como se viene produciendo, no arregla los problemas de la sanidad pública; los convierte en oportunidad de negocio. Si se normaliza, el futuro es un sistema de dos velocidades, más desigual, más caro, con peor prevención y con más vidas expuestas.

BALANCE

La evidencia acumulada es concluyente: los sistemas sanitarios públicos, universales y bien financiados son superiores en términos de salud, eficiencia, equidad y protección económica.

La privatización no soluciona los problemas de la sanidad pública. Los convierte en negocio.

Defender la sanidad pública no es solo una cuestión ética o ideológica: es una decisión racional de protección vital, social y económica.

Cuando la salud se mercantiliza y se pone en manos del capital privado, antes o después, lo pagas con tu vida.

Si deseas leer el texto completo donde están desarrolladas con más detalles las ideas anteriores puedes hacerlo pinchando aquí.

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Entender la intervención estadounidense en Venezuela

Por: Alberto Jimenez

Por Gabriel Zucman. Publicado originalmente en ctxt.

No se trata de minimizar los aspectos ideológicos o geopolíticos de la intervención estadounidense: reafirmar la doctrina Monroe, establecer esferas de influencia imperial.

Pero el motivo esencial de este golpe de fuerza es el petróleo: su acaparamiento y la extracción de las reservas de oro negro más importantes del mundo, explotadas durante mucho tiempo con una rentabilidad sin precedentes por las multinacionales estadounidenses y sus accionistas.

Maduro era un dictador brutal y corrupto, pero Trump se lleva muy bien con muchos dictadores brutales y corruptos, lo que no le genera ninguna hostilidad.

El objetivo principal de la expedición trumpista es otro: retomar la explotación del maná petrolero venezolano en beneficio de las grandes fortunas estadounidenses, explotación que alcanzó su primer apogeo en la década de 1950, durante la “edad de oro” mitificada por el movimiento MAGA.

Si queremos comprender la ambición de la Casa Blanca, debemos volver a esta historia poco conocida: la de un extractivismo internacional llevado al extremo, del que Trump busca escribir hoy un nuevo capítulo que, si lo consigue, podría resultar aún más extremo.

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La producción petrolera venezolana comienza en la década de 1910 con un vicio fundacional: el petróleo se entrega, por así decirlo, a las grandes empresas extranjeras.

El dictador Juan Vicente Gómez dio concesiones extraordinariamente generosas a las multinacionales estadounidenses y británicas, que rápidamente desarrollaron la producción.

En 1929, Caracas representaba más del 10 % de la producción mundial de oro negro y era el primer exportador mundial.

En 1957, el equivalente al 12 % del producto interior neto venezolano iba a parar a los accionistas estadounidenses

Inicialmente, británicos y estadounidenses se repartían el pastel. Al término de la Segunda Guerra Mundial, estos últimos acabaron llevándose todo el botín. Venezuela se convirtió en el principal receptor de inversiones internacionales estadounidenses y en su principal fuente de beneficios extranjeros.

En 1957, en el apogeo de este extractivismo transfronterizo, los beneficios registrados por las grandes empresas estadounidenses en Venezuela eran del mismo orden de magnitud que el conjunto de los beneficios obtenidos por todas las multinacionales estadounidenses –de todos los sectores– en todos los demás países de América Latina y todos los países de Europa continental juntos.

El equivalente al 12 % del producto interior neto venezolano –es decir, el valor de todos los bienes y servicios producidos cada año en el país– iba a parar a los accionistas estadounidenses. Es decir, aproximadamente lo mismo que recibía la clase popular de Venezuela, el 50 % más pobre del país.

Lectura: este gráfico muestra la evolución de la relación entre los beneficios netos antes de impuestos obtenidos por las filiales de las multinacionales estadounidenses en Venezuela y el producto interior neto de Venezuela. Fuente: cálculos del autor a partir de las encuestas plurianuales de la Oficina de Análisis Económico sobre las actividades de las multinacionales estadounidenses; véase Wright y Zucman (2018) para una presentación de estos datos.

El PIB de Venezuela aumentaba, pero en beneficio de las grandes fortunas estadounidenses que cobraban los dividendos y de los empleados estadounidenses bien remunerados.

A principios de la década de 1960, Venezuela albergaba la mayor comunidad de expatriados estadounidenses. Estos vivían en enclaves reservados para ellos, dotados de hospitales flamantes y lujosos campos de béisbol.

Es la “edad de oro” a la que el poder trumpista desea volver. Un reparto de los ingresos petroleros que difícilmente podría ser más injusto y desigual.

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También es un modelo de desarrollo profundamente inestable, que solo puede provocar reacciones violentas.

¿Cómo aceptar que los ingresos que perciben los accionistas extranjeros sean del mismo orden de magnitud que los que percibe la mitad de la población local?

Hasta la década de 1950, siguiendo los pasos de Gómez, los diferentes regímenes que se sucedieron en el poder en Caracas prefirieron mimar al capital internacional, manteniendo una fiscalidad ligera, plegándose a los deseos de las grandes empresas y, a menudo, enriqueciéndose en el proceso.

A partir de la década de 1960, al igual que en el resto de América Latina, los sucesivos gobiernos intentaron negociar condiciones financieras más equilibradas.

Venezuela se puso al frente de este movimiento. El político venezolano Juan Pablo Pérez Alfonzo fue el impulsor de la creación de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) en 1960. El país tomó las riendas del movimiento para instaurar un “nuevo orden económico internacional” y exigir una revisión de las reglas del comercio mundial.

Este proceso culminó en 1976 con la nacionalización de los activos de ExxonMobil, Shell y Chevron en Venezuela.

Donald Trump tenía entonces 30 años. Hoy en día no deja de denunciar este “robo”. Y no oculta su principal objetivo: volver a las condiciones leoninas del periodo 1920-1960.

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Si lo consigue, se puede prever una duplicación o incluso una triplicación de los beneficios de la industria petrolera estadounidense, uno de los mayores financiadores de Trump y del Partido Republicano.

Las reservas de oro negro de Venezuela son, en efecto, considerables, las más importantes del mundo. Y están prácticamente sin explotar, ya que la producción se ha desplomado debido a la mala gestión del régimen chavista y al endurecimiento de las sanciones estadounidenses en 2017.

Los intereses financieros son tanto más importantes cuanto que los precios del petróleo son más elevados que en los años cincuenta. Si Trump lograra restablecer las condiciones financieras que prevalecían a mediados del siglo XX, las ganancias obtenidas por las grandes empresas estadounidenses y sus propietarios se verían incrementadas en la misma medida.

Cuando Trump dice que quiere “gobernar” Venezuela, ese es su proyecto.

Para dar una idea de la magnitud, los beneficios de Aramco, el principal productor de petróleo de Arabia Saudí, país que alberga las segundas mayores reservas de oro negro, han ascendido en los últimos años a entre 100.000 y 150.000 millones de dólares al año.

Entre 100.000 y 150.000 millones de dólares al año: esa es la suma que está en juego hoy en día tras el secuestro de Maduro.

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Attac España condena enérgicamente la agresión militar de Estados Unidos en Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa

Por: Arturo

Attac España expresa su más profunda condena ante la operación militar ejecutada por el Gobierno de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, que ha incluido ataques aéreos en varias regiones del país y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores durante la madrugada del día 3 de enero.

La utilización de la fuerza militar por parte de una potencia extranjera para intervenir en los asuntos internos de un Estado soberano constituye una violación flagrante del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y del principio fundamental de la no injerencia. La detención y traslado de un jefe de Estado y su cónyuge sin el consentimiento del país afectado constituyen un secuestro internacional, con efectos devastadores para la paz, la estabilidad regional y la vida cotidiana de millones de personas.

ATTAC España rechaza con contundencia cualquier justificación basada en acusaciones o pretextos legales presentados unilateralmente por el Gobierno de Estados Unidos para legitimar esta agresión. La historia demuestra que las intervenciones militares “por motivos humanitarios”, “lucha contra el narcotráfico” o “lucha contra la corrupción” suelen encubrir intereses geoestratégicos y económicos que nada tienen que ver con el bienestar de las poblaciones afectadas y sólo generan sufrimiento, desplazamientos forzosos y agravamiento de crisis sociales.

Las sanciones económicas, el bloqueo financiero y las amenazas de acción militar ya venían provocando graves efectos sobre la población civil venezolana, dificultando el acceso a bienes esenciales como alimentos, medicinas y servicios básicos. Estas políticas coercitivas, ahora acompañadas de una escalada militar abierta, constituyen una forma de guerra multidimensional contra el pueblo venezolano que rechazamos sin reservas.

ATTAC España reafirma su solidaridad con el pueblo de Venezuela, con sus organizaciones sociales y movimientos populares, y con todas las voces que luchan por una solución pacífica, democrática y soberana a la compleja situación política, económica y social que vive el país latinoamericano. Llamamos a la comunidad internacional a exigir el respeto al derecho internacional, el fin de las agresiones externas, y a trabajar por un diálogo incluyente que priorice los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos.

No a la injerencia militar.
No a la violación de la soberanía de los pueblos.
Sí a la paz, la justicia y la solidaridad internacional.

ATTAC España


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La factura opaca del rescate que los bancos aún no han devuelto tras la salida de los ‘hombres de negro’

Por: Alberto Jimenez

Por Jorge Otero, publicado originalmente para Público.

  • El Estado español ya no está bajo la supervisión de la UE después de 13 años, aunque queda por pagar parte del rescate. Mientras, las entidades financieras apenas han reintegrado las ayudas públicas. 
  • El economista Carlos Sánchez Mato cree que el coste político del rescate bancario es tan alto, que en los últimos años los Gobiernos de Mariano Rajoy y de Pedro Sánchez han decidido minimizar el asunto. 
  • «Pagar el préstamo de la UE no acaba con el verdadero escándalo que ha supuesto el rescate de la banca en España», subraya Sánchez Mato.

«Ya no vendrán más». Con esta palabras, Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa anunció el pasado martes que los llamados hombres de negro iban a dejar de visitar España dos veces al año después de que el Estado español haya devuelto más del 75% del préstamo del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) que recibió en 2012 para rescatar a la banca, y especialmente a Bankia. El Tesoro realizó este jueves un nuevo pago de 4.575 millones de euros, con lo que ya se han devuelto 34.047 millones de los 41.333 millones que recibió España de las instituciones de la UE. Quedan pendientes de pagar 7.285 millones, que habrá que devolver entre 2026 y 2027.   

El final de las visitas de los hombres de negro tiene una evidente carga simbólica. Oficialmente, desde este jueves 11 de diciembre de 2025, España ya no está bajo supervisión financiera de la Unión Europea por primera vez en 13 años. Como explica el economista Carlos Sánchez Mato, el adiós a los hombres de negro invita a pensar que el Estado español ha terminado de pagar el famoso rescate bancario cuando no es así. «Da una apariencia carpetazo a una historia que está lejos de haber sido estudiada, analizada e incluso judicializada», sostiene Sánchez Mato. 

Porque los hombres de negro no volverán, pero España aún sigue pagando por el rescate bancario, que incluye las ayudas públicas que empezaron en el año 2009 con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. «El rescate a la banca es mucho más amplio», certifica Sánchez Mato, experto en banca y en las ayudas que históricamente ha recibido el sector. 

La devolución al MEDE avanza a buen ritmo, pero el coste para el Estado es mucho mayor que lo que marca ese préstamo. Las cifras bailan según quien haga las cuentas, pero hay una realidad incuestionable: el Estado no va a recuperar, ni de lejos, todo el dinero público destinado a salvar a la banca. Ésta, por su parte, tampoco va a pagar lo que debería. Aquellas promesas del Gobierno presidido por Rajoy de que el rescate bancario no le iba a costar «ni un solo euro al contribuyente» se diluyeron muy pronto como lágrimas en la lluvia. 

El Tribunal de Cuentas sostiene en su último informe que a 1 de enero de 2022 el rescate a la banca había costado hasta ese momento 71.833 millones de euros. De esa cantidad, 50.622 millones de euros corresponden al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el instrumento creado por el Estado para la reconversión y liquidación de las cajas de ahorros, y otros 21.273 millones son aportaciones de entidades de crédito. Estas cifras, sin embargo, «no pueden considerarse definitivas», advirtió el propio Tribunal de Cuentas la pasada primavera.

Las cifras del FROB son parecidas, pero no exactamente iguales. El organismo informaba el pasado mes de septiembre de que, en total, el Estado ha puesto 58.000 millones de euros de dinero público sobre la mesa para rescatar a la banca desde 2009, pero que hasta ahora solo se han recuperado 6.922, apenas el 11,93% del total. En este sentido, lo acontecido con Bankia es un ejemplo cristalino: de los 22.000 millones destinados a la entidad que presidía Rodrigo Rato, el Estado (que tras la absorción por parte de CaixaBank, tiene una participación del 16,1% en la entidad catalana) espera, en su estimación más optimista, recuperar 9.000 millones de euros. El resto, se ha perdido para siempre. 

En la misma línea que el FROB, el Banco de España nunca se ha mostrado muy optimista respecto a la posibilidad de que el Estado recupere todo el dinero público destinado a mantener los bancos a flote. Entre los años 2013 y 2019, el organismo regulador publicó una nota anual sobre las ayudas financieras a la banca en la que analizaba la situación. Sin embargo, en 2020 dejó de hacerlo. En su última nota sobre este asunto, la del año 2019, el Banco de España asumía que como mucho el Estado iba a recuperar el 21% de todas las ayudas públicas. Desde entonces el organismo regulador ha guardado silencio. 

El lastre de la Sareb

Las cuentas de Carlos Sánchez Mato son distintas. A esos 58.000 millones de euros reconocidos por el FROB, él añade los avales y las garantías que en su día exigió el MEDE para prestar dinero al Estado español y que han terminado por engrosar la factura final. Esas condiciones fueron impuestas por escrito en lo que en su día se denominó Memorando de Entendimiento (MoU por sus siglas en inglés). «El MoU suponía poner rodilla en tierra ante Bruselas. Te daban el dinero pero te ponían condiciones y los hombres de negro supervisaban esas condiciones», ilustra Sánchez Mato.

Con su préstamo, el MEDE exigía la creación de la Sareb, que en su día fue bautizado como el «banco malo». Fundado en 2012 con la participación mayoritaria del Estado, la Sareb, acrónimo de Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, asumió desde un principio los «activos tóxicos» que la banca no quería (esencialmente inmobiliarios) por valor de más de 300.000 millones. Esos activos han sufrido fuertes depreciaciones con el paso de los años hasta acumular un patrimonio negativo que superaba los 14.000 millones a principios de 2024. Solo en ese año la Sareb sufrió pérdidas netas de 2.826 millones de euros.

«Todavía están cayendo los costes de los avales y las garantías proporcionadas en las operaciones de venta y privatización de las cajas. Aún hay garantías vivas que si no se devuelven por parte de quienes se tienen que devolver, el Estado pringa. Pero la parte del león son las enormes pérdidas de la Sareb y los créditos fiscales monetizables, los DTA», puntualiza Sánchez Mato. Por todo ello, Sánchez Mato ofrece una cantidad alternativa, lo que él considera el «coste real» del rescate bancario: «Hasta el año 2024, 102.000 millones de euros», afirma categórico.

Escándalo

«Pagar el préstamo del MEDE no acaba con el verdadero escándalo que ha supuesto el rescate de la banca en España», añade Sánchez Mato. Este experto calcula que el montante final rondará los 140.000 millones de euros allá por el año 2032, que es cuando terminará de pagarse la factura según estableció en su día el Gobierno de Rajoy. 

«Los 140.000 millones no son una cantidad echada al aire. Las pérdidas de la Sareb van a ir a más, porque ya solo le queda la morralla, y además están los créditos fiscales que han salvado entre 70.000 y 80.000 millones de euros en activos de los bancos. Muchos de ellos se terminarán convirtiendo en deuda pública cuando llegue 2032″, afirma Sánchez Mato.

De ese dinero, el Estado va a recuperar muy poco. «Nadie ha dudado nunca de que España iba a poder pagar el préstamo del MEDE. El problema aquí es que no ha pagado quien tenía que pagar [los bancos]», concluye Sánchez Mato. 

El economista asegura que solo hay una razón para que los bancos no paguen lo que les corresponde: «Ha faltado voluntad política». Según su teoría, el coste político del rescate bancario es tan alto, que en los últimos años los Gobiernos de Rajoy y de Pedro Sánchez han decidido echar un tupido velo sobre el asunto y tapar las verdaderas cifras del rescate. 

A todo ello hay que añadir, según Sánchez Mato, la imposición de un relato falso: «Una de las operaciones políticas de mayor calado ha sido establecer la gran mentira de que aquí solo se rescató a las cajas de ahorro controladas por los políticos. Pero la crisis era de todo el sector, incluidos los grandes bancos. Todos estaban en quiebra. Las medidas tomadas durante el rescate y la nacionalización y posterior venta de las cajas salvaron a los grandes bancos», concluye Sánchez Mato.

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La era de los líderes desinhibidos

Por: Alberto Jimenez

Milei, Meloni y Wilders, el auge de nuevos totalitarismos sin complejos.Milei, Meloni y Wilders, el auge de nuevos totalitarismos sin complejos.

Por Javier Franzé. Publicado originalmente para ctxt.

El mal es un viejo conocido de la política. Se diría que es su sombra, aunque eso nos obligaría a identificar la luz que la produce. En cualquier caso, no hay un solo mal, sino muchos y variados. No sólo porque hay muchas acciones malas que cometer, sino también porque hay variados géneros de mal. Pero ¿cuál es el nuestro de hoy? ¿Hay alguno inédito o son los viejos conocidos de siempre? Tenemos la sensación de que algo nuevo ronda por ahí, pero no resulta fácil identificarlo.

Entre las acciones malas tenemos hoy la guerra, la mentira, el engaño y la corrupción, entre otras. Y entre los géneros a la hora de hacer el mal contamos con el disimulo, el banal y también el asumido. Pero esto, que es mucho, no parece ser todo. Hay un nuevo amigo: la desinhibición. En su libro Tiempos nihilistas, Wendy Brown acuña un sugerente nombre para hablar de líderes como Trump u Orban, a los que se puede agregar Milei y también Bolsonaro o Abascal: “liderazgos desinhibidos”.

Aunque es un concepto de la psicología, la desinhibición parece dar cuenta de los muchos vericuetos existentes en la relación entre ética y política. ¿Ética y política? ¿Todavía vamos a seguir hablando de ética y política en un mundo como éste? Sí. Veamos por qué.

El problema clásico de la ética política es que lo bueno a veces choca con lo útil. Por ejemplo, en ocasiones la paz no resulta un medio eficiente para alcanzar la paz, sino que –sin pretenderlo– conduce a la guerra. Es lo que sucedió con los Acuerdos de Múnich de 1938: Gran Bretaña y Francia acordaron con la Alemania nazi cambiar la anexión de los Sudetes por la paz, pero Hitler no cumplió su palabra y de inmediato ocupó el resto de Checoslovaquia. Eso obligó a hacer la guerra para frenar el expansionismo alemán y alcanzar la paz. Una guerra que provocó unos sesenta millones de muertos (la gran mayoría civiles), trajo la democracia social a Europa, pero también consolidó el totalitarismo soviético de Stalin y sus gulags. Quizá no haya caso más descarnado de cómo el mal puede ser más útil que el bien para conseguir algo ni siquiera completamente bueno, porque confirmó males similares a los que combatía como el totalitarismo, la Guerra Fría y el imperialismo, entre otros.

La forma clásica de faltar a la ética política es llamar al mal bien. Es decir, no reconocer el mal hecho y presentarlo en cambio como un bien: una matanza indiscriminada es justificada como un acto de legítima defensa o un ataque terrorista, como un acto de liberación antiimperialista. Sin embargo, cumplir con la ética política consiste en primer término en buscar el bien, pero también –y quizá principalmente– en asumir la necesidad de realizar el mal, no en hacer siempre y mecánicamente el bien, precisamente porque se sabe que a veces el bien puede llevar al mal (y viceversa). Es decir, ser ético en política implica buscar el medio bueno, pero sobre todo asumir el mal, no eludirlo ni arrepentirse si resulta necesario. No equivale a decir “no debería haberlo hecho” o “no volveré a hacerlo”, sino por el contrario mostrar el dolor, la pena e incluso la culpa por tener que haber recurrido en caso extremo al mal para conseguir el bien o, mejor dicho, para evitar un mal mayor.

Ese es el criterio de la ética política: males menores evitan males mayores (o consiguen bienes relativos). Llamar al mal bien o mostrarse indiferente por el mal hecho es lo que expresa la frase –habitualmente mal atribuida a Maquiavelo– “el fin justifica los medios”. En efecto, según este criterio, si el fin se consigue, todo lo que llevó a él queda justificado, sin resquemor ni aflicción alguna, porque el éxito retrospectivamente lo disculpa todo.

Curiosamente, entonces, tanto quien observa la ética política como aquel que la incumple reconocen no obstante la existencia del bien. Ambos aceptan la existencia del límite que toda acción, para ser buena, debe respetar y reconocen, por lo tanto, que si lo franquea estaría entrando en el mal. Es por eso que quien observa la ética política asume el mal cometido, pero por lo mismo el que no la cumple quiere presentar el mal como bien. Ambos buscan cobijarse en el bien, más allá de la forma y la finalidad con que lo hagan.

Pero el mal actual ya no quiere parecer bueno. Cuando Trump dice que podría disparar en la Quinta Avenida e igual sería votado o cuando Milei afirma que “no odiamos lo suficiente a los periodistas” no están siendo espontáneos, ni auténticos, ni transparentes, sino desinhibidos; es decir, están desreconociendo el límite entre el bien y el mal. Por eso no pueden ni lamentar tener que traspasarlo, ni disimular que lo han cruzado.

Antes la discusión consistía en discutir el contenido del bien y del mal; por ejemplo, para la izquierda la igualdad era buena y la iniquidad, mala, mientras que para la derecha la libertad era el bien y el igualitarismo, el mal. Esta controversia se basaba lógicamente en el reconocimiento de la existencia del bien y del mal e, incluso, de las paradójicas relaciones que la política teje entre ellos. Sin embargo, hoy nuestro problema parece ser restituir el sentido de la distinción entre el bien y el mal, cualesquiera sean sus contenidos y los criterios que tengamos para franquear ese límite. La acción de los líderes desinhibidos se sitúa, así, más allá del bien y del mal. Justo ahí parece estar la diferencia y la particularidad de nuestro mal actual.

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Sareb: el final de una gran estafa

Por: Alberto Jimenez

Por Manuel Gabarre de Sus. Publicado originalmente para ctxt.

La Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria) fue creada en 2012 durante el Gobierno de Rajoy a partir de la transferencia de activos de cuatro entidades nacionalizadas (BFA-Bankia, Catalunya Banc, NCG Banco-Banco Gallego y Banco de Valencia), junto con otras en proceso de reestructuración. La entidad que surgió de allí podría haber cambiado el acceso a la vivienda en España, puesto que llegó a adquirir 400.000 inmuebles y 100.000 préstamos a promotores, provenientes de la gran crisis inmobiliaria. Ese patrimonio debería haber sido la base de un sistema público de vivienda similar al de otros países europeos como Francia o Austria. Pero sucedió todo lo contrario: pese a financiar aquellas compras con dinero público, el Estado ha malvendido los bienes para el provecho del sector financiero. De la privatización de Sareb se han beneficiado muchas personas bien conectadas con el mundo político y empresarial, dado que la venta de sus viviendas y solares se ha realizado de manera oculta, pero no ha redundado en provecho de la sociedad española.

Ahora, una pequeña parte de aquellos bienes que todavía le quedan a Sareb pasará al fin a formar parte del sector público a través de la sociedad Casa 47. Esta política debería haberse implantado desde la creación de la entidad hace trece años. A continuación, explicamos cómo se ha llegado a esto.

La creación de Sareb

Luis de Guindos fue la persona clave en la privatización de Sareb. El 25 de junio de 2012 solicitó la asistencia financiera a la Unión Europea para sufragar el rescate de las entidades bancarias. Así, De Guindos, representando al Gobierno de España, firmó el Memorándum de Entendimiento sobre Política Financiera con la Comisión Europea y el Banco de España. 

Este contrato recogía las condiciones que imponía la Comisión Europea para rescatar a la banca española con un préstamo de cien mil millones de euros. A cambio, la troika –formada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea– imponía su programa político al Gobierno español. Este programa incluía la pérdida de derechos de los trabajadores a través de la reforma laboral, los recortes de los servicios públicos y el fin del sistema de vivienda español basado en el endeudamiento hipotecario.

El rescate también incluía la creación de un organismo que asumiera los bienes inmobiliarios de las entidades financieras con problemas

El dinero de aquel rescate provenía del Mecanismo Europeo de Estabilidad. Los países de la Unión Europea habían dotado a este fondo con 700.000 millones de euros. Su finalidad declarada era rescatar a aquellos países que no pudieran financiarse en los mercados durante una situación de crisis. Pero la finalidad real fue crear un cortafuegos que protegiese a la banca europea de la quiebra de las entidades bancarias españolas, griegas o irlandesas que estaban fuertemente endeudadas con ella.

El contrato del rescate también incluía la creación de Sareb, puesto que se exigió la constitución de una entidad que asumiera los bienes inmobiliarios de las entidades financieras con problemas. Estos bienes estaban formados por las viviendas provenientes de embargos y de desahucios, así como por todos los préstamos a las promotoras inmobiliarias. Además, el contrato de rescate exigía la privatización de los bienes inmobiliarios adquiridos. Era urgente arreglar el problema de la vivienda en España. Pero, en lugar de cambiar de modelo mediante la gestión pública de esas viviendas, la troika obligó a seguir girando la rueda del negocio inmobiliario. Lo hizo para el provecho del sector financiero europeo y, sobre todo, de Estados Unidos. Todo esto en un país donde solo en el año 2014 se produjeron más de 70.000 ejecuciones hipotecarias según el CGPJ

Los bienes de Sareb

Sareb llegó a poseer 400.000 bienes inmobiliarios. Desde suelos sin urbanizar hasta solares y viviendas en las mejores zonas

Multitud de bancos y de cajas de ahorro quebraron cuando los deudores hipotecarios quedaron en paro. A su vez, los promotores tampoco podían atender los créditos con los que financiaron la construcción de viviendas. Sareb compró los bienes inmobiliarios de estas entidades financieras pagándoles 51.000 millones de euros. Ese precio era algo menos de la mitad del valor que tenían anotado los bancos por esos bienes (107.000 millones de euros). Los bienes estaban compuestos por más de cien mil viviendas provenientes de embargos, así como por los créditos de los promotores inmobiliarios. Aunque se tratase de promotores solventes que atendían sus créditos en plazo, Sareb se quedó con ellos. Estos préstamos estaban respaldados por locales, hoteles, suelos industriales, viviendas y solares. De esta manera, Sareb llegó a poseer 400.000 bienes inmobiliarios y 100.000 préstamos a promotores. Los había de todas las categorías: desde suelos sin urbanizar hasta solares y viviendas en las mejores zonas de las ciudades españolas.

El trampantojo de Sareb

Los grandes bancos españoles aportaron unos 2.600 millones de euros y el Estado, otros 2.200 millones al capital de Sareb. De este modo, Sareb disponía de 4.800 millones de capital, pero pagó 51.000 millones a las cajas y los bancos quebrados. ¿Cómo fue posible? La respuesta es que Sareb recibió un préstamo de 51.000 millones de euros del Banco Central Europeo. El objetivo declarado era devolver ese préstamo vendiendo sus bienes. Según expuso el Ministerio de Luis de Guindos a la Comisión Europea, Sareb tendría unas ganancias del 14  % anual. El entonces ministro prometió que “Sareb no costaría ni un solo euro a los españoles”. 

El préstamo con el Banco Central Europeo escondía un truco: el Estado lo había avalado

Eran conscientes de que eso era imposible. Sareb estaba destinada a perder decenas de miles de millones de euros con cargo a la ciudadanía. El motivo era que el préstamo con el Banco Central Europeo escondía un truco: el Estado lo había avalado. Todo lo que Sareb no pudiese devolver recaería sobre la Administración. Esa es la razón por la que su quiebra en el año 2022 incrementó la deuda pública en 30.000 millones. La Unión Europea premió a Luis de Guindos por su gestión y actualmente es vicepresidente del Banco Central Europeo. Cabe preguntarse para quién se gobierna en Europa.

La opacidad de Sareb

La entidad vendió los solares y las viviendas de manera opaca. Gracias al trampantojo con el que había ocultado lo que realmente era –una gran inmobiliaria pública– pudieron funcionar como una organización de naturaleza privada y escapar de los controles administrativos. 

La legislación exige que la Administración venda sus bienes a través de subastas públicas. Cuando la venta de bienes inmuebles supera los 20 millones de euros, el Consejo de Ministros debe rubricarla. Sin embargo, Sareb esquivó todos estos controles debido a su condición fraudulenta de empresa privada. De esta manera, las inmobiliarias de los tres grandes bancos que habían aportado capital en Sareb –Santander, La Caixa y Banco Sabadell– vendieron las viviendas y los suelos de Sareb de manera opaca. Se desconoce el precio de venta, quién las compró y dónde estaban ubicados. Las inmobiliarias de los bancos cobraban comisiones a la entidad por las ventas de su patrimonio, con las que recuperaban lo perdido en su capital. Sareb es probablemente la mayor estafa a la ciudadanía de las últimas décadas. 

El fondo oportunista Cerberus se coló entre los vendedores de los bienes de Sareb. Cerberus es un fondo de inversión vinculado con el Partido Republicano: su fundador y consejero delegado es Steve Feinberg. Donald Trump lo nombró a comienzos de 2025 subsecretario de Defensa de los Estados Unidos, y desde ese cargo dirige el colosal presupuesto militar americano. Por otra parte, el principal enlace de los republicanos en España es José María Aznar desde que apoyó la guerra de Irak. Así que Cerberus contrató como consejero a José María Aznar Botella. También contrató como presidente de su inmobiliaria Haya a Juan de Hoyos, el mejor amigo del expresidente. Inmediatamente Sareb le encomendó a Haya las ventas de los bienes de la antigua Caja Madrid. Así, el entorno de los Aznar pudo vender con total opacidad los bienes de la caja que habían contribuido a arruinar con el nombramiento de Miguel Blesa. 

La quiebra de Sareb

A finales de 2020, la Comisión Europea manifestó que el engaño de que Sareb fuese una entidad privada había durado lo suficiente

Sareb generaba pérdidas de miles de millones de euros cada año. A los tres años de su creación ya debería haber declarado su quiebra. Pero el Gobierno la eximió de esta obligación. Entre los compradores de los bienes de Sareb se encuentran los fondos oportunistas de Estados Unidos como Blackstone y Goldman Sachs. Adquirieron miles de viviendas, así como el suelo urbano por donde debían crecer las ciudades españolas. Así fue cómo perdimos la oportunidad de crear un potente parque público de vivienda.

A finales del año 2020, la Comisión Europea manifestó que el engaño de que Sareb fuese una entidad privada había durado lo suficiente. Eurostat exigió a las autoridades españolas que calificasen la deuda de Sareb como pública. En el año 2022, Sareb pasó a ser una empresa pública donde el Estado tenía más de la mitad del capital. A pesar de su condición pública, el Ministerio de Economía decidió que Sareb no tenía que seguir los mismos criterios de transparencia que cualquier empresa estatal. De este modo, encomendó a los fondos oportunistas Blackstone y KKR la venta de su patrimonio. Por supuesto, las ventas continuaron realizándose de manera opaca.

Casa 47: ¿Un final feliz?

Este año, el Gobierno ha anunciado la incorporación de una parte de los bienes de Sareb a una empresa pública de vivienda llamada Casa 47. La creación de Casa 47 es una noticia excelente. Se puede ver como una victoria de los movimientos sociales, e incluso podría ser el inicio de un cambio en el sistema de vivienda. Sin embargo, desde la perspectiva de lo que pudo ser Sareb es una noticia triste: solo se traspasarán 40.000 viviendas a Casa 47, junto con 2.400 solares para construir otras 55.000 viviendas. Esas casi cien mil viviendas públicas son una cantidad muy importante, pero apenas suponen una décima parte de los bienes que tuvo Sareb en su día. 

Sareb podría haber sido el germen de una entidad pública con un millón de viviendas. Con ese volumen el gobierno habría sido capaz de intervenir en los precios y de crear unas ciudades más agradables. Aunque el Estado se ha quedado con un buen número de viviendas y solares a través de Casa 47, esa cantidad es insuficiente para determinar las condiciones del acceso a la vivienda. Además, Sareb nos ha causado unas pérdidas de unos 25.000 millones de euros. En suma: Sareb es la historia de un gran desfalco de proporciones históricas.

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2025: El año en que sentimos vergüenza de ser europeos

Por: Alberto Jimenez

Por Juan Torres López, Consejo Científico de Attac. Publicado originalmente para ctxt.

El problema de fondo no es Trump, sino que el imperio en declive ya no puede pagar aliados, que debe defenderse a sí mismo y que hará lo que sea necesario para que Europa desaparezca del tablero internacional.

Hay muchos motivos por los que el año que está a punto de acabar merece ser recordado con frustración y dolor. Hemos vuelto a contemplar auténticos genocidios. Según el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), el número de conflictos armados ha vuelto a ser el más elevado desde la Segunda Guerra Mundial, involucrándose en algunos de ellos potencias nucleares, con el riesgo añadido que eso conlleva. Amnistía Internacional ha mostrado que la situación de los derechos humanos se deteriora en todo el mundo. Las causas, según esta organización, son la “inacción colectiva para abordar la crisis climática, revertir las desigualdades cada vez más profundas y restringir el poder de las empresas”, así como “la deriva hacia prácticas autoritarias y crueles medidas represivas contra la disidencia en todo el mundo”.

Hay, pues, numerosos elementos que podrían ser tomados como muestra de la desastrosa situación en la que se encuentra el planeta. Sin embargo, me parece que hay uno que tiene una especial relevancia geopolítica y estratégica, y que yo elegiría como referente de 2025: la renuncia de la Unión Europea a ser un baluarte libre y autónomo de la paz y la democracia, y el reconocimiento público de su sometimiento servil e indigno hacia Estados Unidos.

Costaría trabajo señalar un solo mes en el que no se haya producido una ofensa, un insulto, una amenaza, alguna muestra de enemistad de la administración Trump hacia la UE

Costaría trabajo señalar un solo mes del año en el que no se haya producido una ofensa, un insulto, una amenaza, alguna muestra, en fin, de desprecio, agresividad y enemistad de la administración de Donald Trump hacia la Unión Europea, sus valores fundacionales y su ciudadanía. Y el mismo esfuerzo llevaría encontrar alguna respuesta firme, digna y con coraje por parte de sus mandatarios. 

En febrero de 2025, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, el vicepresidente JD Vance criticó que Europa defienda la democracia, y señaló a la extrema derecha neofascista como la portadora de los valores que Estados Unidos quiere compartir en nuestro continente. Poco más tarde, Trump ridiculizó a Zelenski y después los líderes europeos lo visitaron para ser recibidos como alumnos a quienes el director de la escuela apercibe y da instrucciones. Después, la mayoría de los gobiernos europeos se arrodillaron ante “papito”, según llamó el secretario general de la OTAN a Trump, y aceptaron un caprichoso, irracional e injustificado compromiso de llegar al 5 % del PIB en gasto militar. Por si eso fuese poco, la presidenta de la Comisión Europea superó todas las marcas de la indignidad aceptando las imposiciones comerciales del presidente estadounidense en un campo de golf propiedad de este último. La Estrategia Nacional de Seguridad publicada hace unas semanas confirmó de la forma más nítida posible que Estados Unidos desprecia a la Unión Europea y que se dispone a apoyar a las fuerzas políticas que ponen en cuestión su propia existencia. El año termina con sanciones a dirigentes europeos que pusieron en marcha normas comunitarias en defensa de libertades y derechos de ciudadanía elementales.

Ante todo eso, la Unión Europea apenas ha abierto la boca. O ha callado, o no ha ido más allá de mostrar algunas respuestas tibias, tan tímidas, impotentes e ineficaces que, en lugar de reforzar o marcar su posición, lo que han conseguido es producir vergüenza y quedarse en una situación aún más insignificante, en ridículo y en evidencia en el escenario internacional. Ha sido tan sumisa ante las afrentas de Estados Unidos como silente ante las crueldades de Israel en Palestina. En ambos casos, cobarde y, por tanto, cómplice de la autocracia y del crimen.

La única reacción consistente de Europa ha sido el rearme

La única reacción consistente de Europa ha sido el rearme. Una respuesta, sin embargo, que la debilita aún más porque es una estrategia que carece de elementos esenciales para poder ser una sincera y útil apuesta para garantizar nuestra defensa: unidad política y un ejército auténticamente paneuropeo, no depender del material bélico y de la inteligencia de terceros y en concreto de Estados Unidos, autonomía energética e industria potente y, sobre todo, una ciudadanía dispuesta a tomar las armas bajo una misma bandera. El aumento del presupuesto militar sólo lleva a lo único que saben hacer bien los dirigentes y las instituciones europeos, aumentar las ganancias de las grandes corporaciones.

La Unión Europea ha capitulado ante Estados Unidos cuando este se ha mostrado como enemigo de Europa. Y lo peor no es que lo haya hecho ante los aranceles, las anunciadas sanciones a empresas o las ya establecidas sobre personalidades europeas, como he mencionado, o ni siquiera ante la que va a ser cada vez mayor intromisión trumpista en Europa para apoyar al neofascismo europeo. Lo que realmente está dando por bueno es lo que Estados Unidos ya expresa sin ningún disimulo: su nueva y obligada estrategia para sobrevivir como potencia imperial pasa por reducir Europa a la nada, económica y políticamente hablando.

La pregunta clave en esta situación es si la Unión Europea está en condiciones de responder de otro modo, o si necesariamente ha de darse por vencida, aun a sabiendas de que esto sólo la llevará a la irrelevancia internacional y quizá por un camino sin vuelta atrás hacia su progresiva desintegración.

Johnny Ryan, director de Enforce, una unidad del Consejo Irlandés para las Libertades Civiles que supervisa los derechos humanos en las grandes plataformas digitales, escribió en septiembre pasado un artículo significativamente titulado Europa debe tomar la bazuca o será humillada. De él se deduce que si Europa no se está defendiendo es porque sus dirigentes no lo desean, y no porque carezcan de medios para hacerlo.

El arma a la que se refería Ryan es, simple y llanamente, que Europa cumpla sus propias leyes –en concreto el Reglamento General de Protección de Datos– y que utilice los instrumentos anticoerción de los que dispone. 

Como señala Ryan en otro un artículo posterior publicado en The Guardian, se sabe que las grandes empresas tecnológicas estadounidenses están entrenando sus modelos de IA con grandes cantidades de datos personales, algo que es ilegal en Europa y que sólo salvan gracias a que la Comisión Europea viene haciendo la vista gorda con la normativa muy laxa en ese aspecto de Irlanda. 

Ante las amenazas y agresiones trumpistas, Europa podría recurrir al mismo tipo de restricciones que impone EEUU y bloquear la producción de chips

Si la Unión Europea “tuviera el coraje de ejercer esta presión –dice Ryan– estas empresas tecnológicas estadounidenses tendrían que reconstruir sus tecnologías desde cero para gestionar los datos correctamente”. Y a esto se podría añadir que Europa dispone de otra “bomba” que produciría un daño inmenso a la economía estadounidense si la utilizara: la empresa neerlandesa ASML –sujeta a legislación neerlandesa, normativa europea, y decisiones políticas del gobierno holandés y de la Unión Europea– es la única que fabrica las máquinas de litografía sin las cuales no se pueden grabar los microchips esenciales para las grandes empresas tecnológicas estadounidenses. Ante las amenazas y agresiones trumpistas, Europa podría recurrir al mismo tipo de restricciones que impone Estados Unidos y bloquear la producción de chips.

Como dice Ryan, es poco probable que la burbuja de la inteligencia artificial sobreviviera a este doble impacto. La Unión Europea podría frenar en seco la economía estadounidense, actualmente impulsada por la inversión en inteligencia artificial. 

Son sólo dos ejemplos que fácilmente demuestran que Europa sí dispone de instrumentos para enfrentarse inmediatamente a Estados Unidos y negociar en lugar de someterse, si sus dirigentes quisieran; como han querido los de Brasil, por ejemplo, cuando han plantado cara con dignidad a una potencia mucho más poderosa.

La inacción de Europa es el resultado de muchas décadas de sometimiento al imperio, de democracia inexistente 

No se trata, sin embargo, de una simple falta de voluntad y dignidad de las autoridades europeas. Su inacción es el resultado de muchas décadas de sometimiento al imperio, de democracia inexistente a escala paneuropea, de un diseño institucional concebido para satisfacer la avaricia corporativa en lugar de para generar bienestar y que, por tanto, ha dejado sin suficiente protección ni seguridad a la gente corriente, lo que ahora la lleva a caer cada vez más en brazos de la extrema derecha. En lugar de generar pulsión democrática que le ayudara a defenderse de agresiones exteriores, los dirigentes y las instituciones europeas se han convertido en la fuente de insatisfacción que alimenta al autoritarismo; y la vergüenza y repulsa ante el modo en que se comportan sus dirigentes sustituyen al afecto y la complicidad que son imprescindibles para forjar comunidades unidas, libres y estables.

Quienes han decidido y deciden ahora los destinos de Europa sometiéndose al imperio de las grandes empresas y al interés de Estados Unidos la han convertido en enemiga de sí misma. En una especie de enferma autoinmune, pues ella misma genera los elementos que la atacan, en lugar de producir los valores de la paz, la democracia, el bienestar y la seguridad como las mejores y más efectivas defensas ciudadanas y civilizatorias que son para protegerse de cualquier amenaza exterior. 

Y sólo hay un error mayor que eso: creer que se sufre una simple enfermedad pasajera que desaparecerá cuando Donald Trump abandone la Casa Blanca. En el supuesto optimista que no venga una etapa aún peor en 2028, la vuelta del Partido Demócrata podrá aliviar las formas, pero no evitar lo fundamental, como ya empezó a ocurrir con Obama y Biden, o hubiera sucedido si hubiese ganado Kamala Harris. El problema de fondo no es Trump, sino que el imperio en declive ya no puede pagar aliados, que debe defenderse a sí mismo y que hará lo que sea necesario para que Europa desaparezca del tablero internacional. Es lo que ocurrirá inexorablemente si aquí no se recupera la dignidad y si no se da completamente la vuelta al diseño de la Unión Europea.

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Los vecinos de Tribulete 7 logran imputar por primera vez a un fondo buitre por acoso inmobiliario.

Por: Alberto Jimenez

Por Lucía Martínez Elorriaga. Publicado originalmente para Público.

Tras años de lucha contra la socimi Elix Rental Housing los vecinos de Tribulete 7 han conseguido que el Juzgado número 17 de Madrid admita a trámite su querella contra el fondo buitre por acoso inmobiliario. «Es la primera vez que se imputa a un fondo buitre como persona jurídica por acoso a los inquilinos», ha explicado este miércoles Alejandra Jacinto, abogada del Sindicato de Inquilinas. 

La portavoz del Sindicato de Inquilinas, Ruth Galán, ha declarado que entre los imputados se encuentran el socio fundador de Elixir Rental Housing, el director de inversiones de la empresa, la mediadora y el arquitecto responsable de las obras. Todos ellos deberán declarar el próximo 19 de febrero de 2026 como acusados de un delito de carácter penal. Por su parte, el 3 de marzo tendrá que prestar declaración el jefe de obra de la constructora Serrazar, empresa subcontratada por Elix para la realización de las obras en el edificio. 

Los vecinos de Tribulete llevan luchando contra Elix desde marzo de 2024, fecha en la que la empresa compró el bloque de viviendas de Lavapiés. Los vecinos, con la ayuda del Sindicato de Inquilinas, comenzaron la estrategia Nos quedamos que «consiste en resistir en sus viviendas a pesar de la expiración del contrato de alquiler, pero pagando religiosamente al fondo sus respectivas cuotas», ha explicadoRuth Galán. Sin embargo, la propiedad ha respondido -ha asegurado la portavoz- aumentando la presión y el acoso contra las vecinas, en vez de iniciar los trámites legales pertinentes. 

En noviembre de 2024 se iniciaron unas obras en Tribulete que causaron la expulsión de varios de los vecinos. «El objetivo es echarnos a todos«, ha afirmado Cristina Gómez, vecina del inmueble. «Las obras han provocado inundaciones en las viviendas, caídas de casquetes, goteras… están dejando las viviendas inhabitables», ha asegurado. El acoso a las vecinas no ha cesado desde entonces y se ha incrementado acompañado de amenazas y coacciones. 

La querella colectiva se presentó el pasado mayo por prácticas de mobbing inmobiliario, una forma de acoso para conseguir que los individuos abandonen su vivienda. «Esta querella está motivada por la injusticia,» ha relatado Cristina. Asimismo, Alejandra Jacinto ha advertido sobre el reiterado uso de estas prácticas entre los rentistas: «Este caso no es un caso aislado; se está repitiendo una praxis habitual que utilizan muchos fondos de inversión para expulsar a los vecinos y así ahorrarse todos los procedimientos judiciales existentes». 

La abogada ha confirmado que «hay indicios más que suficientes para entender que hay acoso, hostigamiento y una afectación en la salud física, mental y a la integridad moral de los vecinos de Tribulete».  

Además, desde el Sindicato de Inquilinas afirman que «al ser el primer edificio que ha seguido adelante con contra un gran tenedor, va a servir para que otros bloques se acerquen al sindicato y sigan el mismo camino». «La lucha del bloque Tribulete 7 no busca sólo poner fin al acoso inmobiliario, sino que es un paso más para acabar con las expulsiones del barrio de Lavapiés y de todo Madrid», concluyen. 

Fotografía: reproducción de graffiti de Banksy en el Museo Banksy.

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Soberanía cero

Por: Alberto Jimenez

Por Paco Cantero, Coordinador de Attac Madrid. Publicado originalmente para Espacio Público.

En el siglo XXI, la ambición de poder ha encontrado una nueva expresión: ya no se manifiesta principalmente mediante la conquista territorial directa, sino a través de una colonización tecnológica, financiera e infraestructural. Una red tecnoautoritaria, con figuras como Donald Trump y capitalistas de la tecnología de Silicon Valley como Peter Thiel a la cabeza, está erigiendo un dominio de carácter global. Su sofisticación y alcance rivalizan con los proyectos de poder más ambiciosos de la historia. Este artículo, apoyándose en lo publicado recientemente por Francesca Bria en medios como La Vanguardia y Le Monde Diplomatique, analiza cómo la imposición de un sistema monetario privado, el adormecimiento crítico de la ciudadanía y la corrosión sistemática de las instituciones democráticas constituyen los pilares de esta invasión silenciosa pero implacable.

La frontera digital y la pérdida de soberanía

El proyecto de poder contemporáneo opera bajo una lógica de captura de las infraestructuras críticas que definen la soberanía de los estados modernos. Como detalla Francesca Bria en sus análisis, no se trata de anexionar territorios, sino de controlar los sistemas operativos de la gobernanza misma. Europa, en su búsqueda de una autonomía estratégica cada vez más elusiva, está cayendo en un vasallaje tecnológico.

Contratos millonarios con empresas como Palantir para gestionar sistemas de salud nacionales (como el NHS británico) o datos de defensa, la integración de Starlink de Elon Musk en las comunicaciones críticas de la OTAN, o el despliegue de drones autónomos de Anduril a través de joint ventures con conglomerados europeos, son los vectores de esta colonización. Estas plataformas tecnológicas se convierten en el sistema nervioso del Estado y que Francesca Bria denomina la Pila Autoritaria.

Al igual que las arterias de comunicación eran vitales para los imperios del pasado, los gobiernos europeos dependen ahora de algoritmos y plataformas estadounidenses para funciones de Estado esenciales: inteligencia, logística, salud e incluso la gestión de la inmigración. La soberanía no se pierde en un campo de batalla convencional, sino que se cede discretamente en la firma de contratos que convierten a los gobiernos en rehenes funcionales de un ecosistema tecnológico cuyos dueños, como Thiel, han declarado abiertamente la incompatibilidad entre libertad y democracia.

El nuevo sistema monetario: exportando inflación y sosteniendo la deuda

En el capitalismo global, el control monetario es la forma suprema de poder. Bajo la Ley GENIUS de Trump, las stablecoins (criptomonedas vinculadas a activos estables como el dólar) están siendo reclasificadas como infraestructura de seguridad nacional. Este no es un cambio técnico menor, sino la piedra angular de un sistema monetario privado y paralelo.

Al otorgar a emisores privados poderes cuasifiduciarios, se está creando un mecanismo para exportar la inflación y financiar la colosal deuda estadounidense, que supera los 37 billones de dólares. Scott Bessent, una figura clave en este escenario, afirma que este sistema podría generar hasta dos billones de dólares en nueva demanda de bonos del tesoro. En esencia, se está construyendo un circuito financiero descentralizado, gobernado por algoritmos de naturaleza profundamente libertaria, que permite a Estados Unidos monetizar su deuda a escala global.

Las stablecoins, operando en una red fuera del control directo de los bancos centrales tradicionales, pueden comprar masivamente deuda pública estadounidense. Esto alivia la presión inflacionaria interna y la externaliza al mundo. Es un mecanismo de dominio financiero de una eficacia brutal: los ciudadanos de todo el planeta, a menudo sin saberlo, acaban sosteniendo la solvencia de este poder a través de un sistema opaco y desregulado.

El adormecimiento de los pueblos: el ataque a la conciencia crítica

Ningún sistema de dominio puede perpetuarse sin el consentimiento, activo o pasivo, de los gobernados. La estrategia tecnoautoritaria contemporánea es infinitamente más sofisticada que el «pan y circo» de antaño, pero persigue el mismo fin: anular el pensamiento crítico ciudadano.

El método es doble y letal. Por un lado, se libra una guerra cultural contra las instituciones que tradicionalmente han fomentado dicho pensamiento, como la universidad pública. Se la critica y desprestigia sistemáticamente, tachándola de elitista, desconectada o ideologizada, con el objetivo claro de debilitar su autoridad como faro de conocimiento crítico y debate racional.

Por otro lado, se inunda el espacio público con un ecosistema mediático y de entretenimiento diseñado para la pasividad intelectual. Programas de televisión superficiales, narrativas simplistas y una retórica política emocional y anti-intelectual crean una ciudadanía adormecida. Esta ciudadanía se vuelve incapaz de analizar la complejidad de los procesos que la rodean, como la privatización encubierta de su soberanía. Cuando la atención es un recurso escaso y la información veraz es ahogada por un océano de distracción y desinformación, la capacidad de resistencia se diluye. Un pueblo que no piensa críticamente es un pueblo que no puede defender su democracia.

La «extrema derecha patriótica» y la red de corrupción ideológica

Ante este panorama, cabe preguntarse: ¿Qué papel juegan aquellos movimientos que se autoproclaman patriotas y seguidores incondicionales de este proyecto? La respuesta, lejos de basarse en un idealismo genuino, suele encontrarse en los flujos de dinero y poder. Los análisis de Francesca Bria aluden a la enorme influencia de redes de think tanks y organizaciones de lobby, como la Atlas Network, que opera a nivel global.

Estas organizaciones, financiadas de forma opaca por grandes capitales afines al proyecto tecnoautoritario, actúan como mecenas de determinados líderes políticos, intelectuales y medios de comunicación. Su objetivo es claro: promover una agenda de desregulación, privatización y nacionalismo excluyente, al tiempo que desacreditan mediante una lluvia constante de mentiras y medias verdades al sistema actual (las instituciones democráticas, la prensa libre, el estado de derecho).

Esta ultraderecha patriótica no defiende la nación, sino los intereses de una élite que busca reemplazar la soberanía popular por la soberanía privada. Su patriotismo es una fachada que esconde una lealtad inquebrantable a los flujos de capital y a la consolidación de un poder que considera la democracia como un obstáculo técnico a superar.

Un llamamiento a la resistencia colectiva

La invasión silenciosa de la Pila Autoritaria es el desafío definitorio de nuestra era. No llega con estandartes y espadas, sino con contratos, algoritmos y stablecoins. Frente a esta amenaza existencial para la soberanía y la democracia global, es imperativo que todas las organizaciones, movimientos sociales y la ciudadanía progresista en su conjunto superen sus diferencias internas y luchas fragmentadas.

No hay tiempo para divisiones estériles. Se requiere una alianza estratégica y un frente común que priorice la defensa de lo público: una universidad fuerte y crítica, un sistema mediático independiente, una soberanía digital y financiera real, y la recuperación del control democrático sobre las infraestructuras críticas. Debemos exigir transparencia en los contratos públicos, regular el poder de las Big Tech y construir alternativas tecnológicas abiertas y soberanas.

Frente a esta ofensiva, defender la libertad no puede significar regresar a un concepto simplista de ausencia de regulación, que en la práctica solo despeja el camino para que los más poderosos impongan su ley. La verdadera libertad, la que hoy debemos reivindicar con urgencia, es justamente lo contrario a la esclavitud tecnológica y la sumisión a los algoritmos. Es la libertad colectiva de un pueblo que mantiene el control sobre las decisiones que le afectan; es la defensa de la agenda humana frente a la automatización de lo político; y es la deliberación democrática como el único mecanismo legítimo para definir nuestro futuro común.

Se trata, en definitiva, de decidir si seremos ciudadanos con soberanía o meros usuarios en una plataforma de gobernanza dirigida por intereses privados. El futuro que los tecnoautoritarios pretenden construir es un mundo de infraestructuras vivas y opresivas, un sistema de vigilancia total algorítmica donde la elección democrática sea técnicamente imposible. No permitamos que este futuro se concrete. La historia nos juzgará por nuestra capacidad de olvidar las pequeñas diferencias y unirnos para frenar, aquí y ahora, esta nueva y sutil forma de imperio.

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Cómo Von der Leyen está manipulando la legislación de la UE

Por: Alberto Jimenez

La ministra de Defensa alemana, Ursula von der Leyen, saluda a varios soldados.La ministra de Defensa alemana, Ursula von der Leyen, saluda a varios soldados.

Publicado por Rafael Poch.

Truco número uno: se declara una situación de emergencia que, en todo caso, solo existe en Ucrania. Sin embargo, la UE no es competente en materia de emergencias financieras, como acaba de constatar el BCE.

Truco número dos: se declara que el apoyo a Ucrania es una cuestión existencial para la UE, a pesar de que el país no es miembro de la UE y de que oficialmente no estamos en guerra con Rusia Aufgelesen: Ein Plan zur «Entmachtung» Russlands – Lost in EUrope .

Truco número tres: las sanciones contra Rusia https://lostineu.eu/best-of-2022-sanktionen-made-in-washington/, que hasta ahora tenían una duración limitada de seis meses, se convertirán en permanentes para evitar un posible veto, por ejemplo, de Hungría, y la devolución de los fondos a Rusia.

Truco número cuatro: las sanciones se complementarán con una nueva normativa que obligará a las instituciones financieras como Euroclear a entregar los activos rusos depositados en ellas. Russisches Vermögen: EU plant «Diebstahl» durch die Hintertür – Lost in EUrope Esto se aplicará en toda la UE, también en Alemania.

Truco número cinco: los actos jurídicos decisivos se aprobarán por mayoría cualificada. Esto significa que no habrá veto, ¡ni siquiera Bélgica podría impedir por sí sola el acceso a Euroclear!

Para poner en práctica estos trucos, Von der Leyen quiere invocar el artículo 122 del Tratado de la UE. No soy jurista, pero, en mi opinión, con ello está tergiversando el Derecho de la UE. Pero léalo usted mismo (aquí en español: EUR-Lex – 12012E122 – ES – EUR-Lex ):

(1) Sin perjuicio de los demás procedimientos previstos en los Tratados, el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá adoptar, en un espíritu de solidaridad entre los Estados miembros, las medidas adecuadas a la situación económica, en particular si se producen graves dificultades en el abastecimiento de determinados productos, especialmente en el sector de la energía.

(2) Si un Estado miembro se ve afectado por dificultades o se encuentra seriamente amenazado por dificultades graves como consecuencia de catástrofes naturales o acontecimientos extraordinarios ajenos a su control, el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá decidir conceder a dicho Estado miembro, en determinadas condiciones, ayuda financiera de la Unión. El presidente del Consejo informará al Parlamento Europeo de la decisión.

¿Qué tiene que ver la política económica de la UE con Ucrania? ¿Y desde cuándo es Ucrania miembro? Aquí se está manipulando el Derecho de la UE para poder pasar por alto a Bélgica y sacar a Ucrania del apuro.

No es la primera vez. El reconocimiento de Ucrania como candidato a la adhesión ya se produjo incumpliendo las normas de la UE. Von der Leyen incluso viajó a Kiev en abril de 2022 (¡!) para entregar los formularios de adhesión y echar una mano… Von der Leyen verspricht Ukraine Tempo bei EU-Beitritt – news.ORF.at

P.D.: No soy el único que piensa así. El Financial Times también enumera toda una serie de problemas jurídicos…

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Cacicadas del Partido Popular Europeo con el acuerdo UE-Mercosur

Por: Nuria

Roberta Metsola, Presidenta del Parlamento EuropeoRoberta Metsola, Presidenta del Parlamento Europeo

Fotografía: Roberta Metsola, Presidenta del Parlamento Europeo

Artículo original publicado en elsaltodiario.com por Tom Kucharz

La presidencia conservadora del Parlamento Europeo ha bloqueado la votación de una resolución que pretendía pedir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) un examen jurídico del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur. La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola (Partido Nacionalista, Malta), declaró “inadmisible” la propuesta pese a contar con 145 firmas de eurodiputados de cinco grupos políticos. Una decisión sin base legal explícita que ha sido denunciada como una maniobra política para impedir el control democrático del polémico tratado.

Desde septiembre, un grupo informal de eurodiputadas y eurodiputados ha promovido una propuesta de resolución en la que iban a solicitar al TJUE que se pronuncie sobre si el Acuerdo de Asociación UE-Mercosur y del Acuerdo Comercial Provisional UE-Mercosur estén acordes con los Tratados de la Unión.

Tras 25 años de desencuentros, ambos textos se terminaron de negociar en diciembre de 2024 entre la Comisión Europea y los gobiernos del Mercosur, el bloque comercial que agrupa a Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Venezuela está suspendido del bloque y a Bolivia se aplicaría más tarde. Aunque en 2019 ya se había alcanzado otro “acuerdo político” —cuando aún presidía Brasil el ultraderechista Jair Bolsonaro, condenado por intento de golpe de Estado— no se logró rematar por la oposición que el asunto suscitó en numerosos países.

El Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen inició el proceso de ratificación en septiembre y pretende firmar el acuerdo el 20 de diciembre.

Hace dos semanas, se registró la resolución y si se hubiera aprobada en la sesión del Parlamento Europeo, podría haber arruinado el plan de la presidenta de la Comisión Europea de rubricar el acuerdo en Foz do Iguaçu (Brasil) para crear una zona de “libre comercio” con el Mercosur.

La moción ha sido firmada por 145 diputadas y diputados del Partido Popular Europeo (PPE), Renew, S&D, los Verdes/EFA y la Izquierda, de 21 nacionalidades diferentes. Los firmantes proceden en su mayoría de países que tradicionalmente se han opuesto al acuerdo, como Polonia, Francia, Bélgica e Irlanda.

La resolución se apoyaba en el artículo 117 del Reglamento del Parlamento Europeo y en el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que permiten solicitar al TJUE un dictamen previo sobre la compatibilidad de un acuerdo internacional con los Tratados antes de su aprobación.

Estas normas ofrecen una vía limitada para ejercer control democrático, dado que el parlamento no participa en las negociaciones comerciales y sólo puede votar sí o no a los textos cerrados por la Comisión Europea, sin añadir ni una sola coma.

Manifestación de la Confédération Paysanne el 14 de octubre en París. Tom KucharzManifestación de la Confédération Paysanne el 14 de octubre en París. Tom Kucharz
Manifestación de la Confédération Paysanne el 14 de octubre en París. Tom Kucharz

“No admisible”

El martes, 18 de noviembre, mientras varias organizaciones protestaron ante el Ministerio de Agricultura en Madrid contra el acuerdo comercial, los representantes del grupo informal recibieron una respuesta oficial de la administración de la eurocámara argumentando que la resolución no era admisible porque el Consejo de la UE (los gobiernos de los 27 Estados Miembros) no había requerido aún el consentimiento del Parlamento.

Los legisladores también solicitaban que el TJUE evaluara la base jurídica utilizada para dividir el acuerdo en dos partes: un capítulo comercial y otro de diálogo político y cooperación

“No han ofrecido ninguna base legal para justificar esta decisión. Por una simple razón, no existe base legal para ello”, respondieron en un comunicado Krzysztof Hetman (EPP), Benoît Cassart (Renew), Chloé Ridel (S&D), Majdouline Sbai (Greens/EFA), Manon Aubry (Left), Céline Imart (EPP), Ciaran Mullooly (Renew), Jean-Marc Germain (S&D), Saskia Bricmont (Greens/EFA) y Lynn Boylan (Left).

Bajo la presión de von der Leyen y Manfred Weber, presidente del grupo parlamentario del Partido Popular Europeo (PPE), la presidenta Metsola (de la misma fracción) ha utilizado esta interpretación retorcida para abortar el voto e impedir que el Parlamento Europeo obstaculice la firma del acuerdo, ya de por sí altamente controvertido, entre la UE y el Mercosur.

La Conferencia de Presidentes —que reúne a las direcciones de los grupos parlamentarios— avaló el veto de Metsola, aunque algunos “líderes de grupo se pronunciaron en contra de la decisión de Metsola, incluidos los Verdes, la Izquierda y Renew”, indicaron fuentes del Parlamento Europeo a El Salto. Por lo que la resolución no se ha incluido en el orden del día de la sesión plenaria, que se celebra en Estrasburgo. Una cacicada en toda regla.

El movimiento refleja la preocupación de que el Parlamento no cuente con mayoría suficiente para respaldar el pacto. En octubre, 269 eurodiputados rechazaron un párrafo de otra resolución sobre la estrategia política de la UE para América Latina que valoraba positivamente el acuerdo con el Mercosur, frente a 259 a favor.

¿Qué dice el derecho?

Según el artículo 218 del Tratado de Funcionamiento de la UE, cualquier Estado miembro, el Parlamento Europeo, el Consejo o la Comisión pueden solicitar al Tribunal de Justicia un dictamen sobre la compatibilidad con los Tratados de un acuerdo internacional antes de su entrada en vigor. Si el dictamen fuera negativo, el acuerdo no podría aplicarse sin modificarlo o revisar los Tratados. Esta posibilidad, conocida por las juristas como “control preventivo ex ante”, no exige que una institución espere a otra para activar la consulta.

El artículo 117 del Reglamento interno del Parlamento añade que, antes de votar la aprobación de un acuerdo, la comisión competente o al menos una décima parte de los eurodiputados pueden proponer solicitar ese dictamen al Tribunal. Las prerrogativas parlamentarias derivadas de los Tratados no pueden ser restringidas ni por interpretaciones del reglamento interno —norma jerárquicamente inferior— ni por las decisiones de otras instituciones, señalan los promotores de la iniciativa.

El propio TJUE, en su opinión 2/94, reconoció que puede pronunciarse incluso sobre textos preliminares. Además, existe un precedente directo: en abril de 2019 el Parlamento pidió un dictamen sobre la adhesión de la UE al Convenio de Estambul antes de que el Consejo iniciara formalmente la ratificación.

El sector ganadero familiar, especialmente en España, Francia, Irlanda y Polonia, teme pérdidas y cierres ante un aumento de importaciones

Finalmente, ya ha comenzado en la Comisión de Comercio el proceso para elaborar la resolución de acompañamiento del acuerdo UE–Mercosur. Por coherencia institucional, argumentan los legisladores, el Parlamento no puede avanzar hacia su adopción sin haber solicitado previamente la opinión del Tribunal.

Un dictamen del TJUE retrasaría la ratificación

“Más allá de las opiniones sobre los pros y contras del acuerdo con el Mercosur, debemos garantizar que sea plenamente compatible con los Tratados europeos”, señaló la eurodiputada belga Saskia Bricmont. De haberse aprobado la resolución, la votación de ratificación habría quedado suspendida hasta que el TJUE emitiera su dictamen.

Ese trámite podría haber retrasado el proceso, ya que las consultas judiciales en Luxemburgo suelen prolongarse. Un dictamen crítico obligaría a reabrir el texto, reavivando la oposición de gobiernos reticentes —como Francia, Polonia o Irlanda— y tensando la relación con los países del Mercosur. Incluso sin invalidar todo el acuerdo, cualquier cambio podría posponer su aprobación durante un año o más.

Los impulsores de la iniciativa anuncian que volverán a plantearla en 2026, tras la votación del Consejo.

¿Qué dudas debería aclarar el tribunal?

Los miembros del Parlamento Europeo querían que el Tribunal de Justicia analizara varios puntos del acuerdo. El primero es el llamado “mecanismo de reequilibrio”, que permitiría a cualquiera de las partes exigir compensaciones —en forma de aranceles o cuotas— si considera que una medida del otro lado “anula o perjudica” los beneficios comerciales del pacto.

Organizaciones como ClientEarth y Greenpeace alertan de que este mecanismo podría debilitar la aplicación del Reglamento europeo contra la deforestación (EUDR), convirtiendo decisiones ambientales en objeto de disputa comercial y presión política. Con ello, los Estados miembros podrían verse disuadidos de aplicar controles estrictos por temor a represalias, favoreciendo los intereses de grandes multinacionales como Bunge, Cargill o JBS.

Los legisladores también solicitaban que el TJUE evaluara la base jurídica utilizada para dividir el acuerdo en dos partes: un capítulo comercial, que podría ser aprobado rápidamente solo por el Consejo y el Parlamento Europeo, y otro de diálogo político y cooperación, sujeto a un proceso más largo. La coalición Stop EU–Mercosur considera que esta separación es un “truco institucional” para evitar la intervención de los parlamentos nacionales, reducir la capacidad de veto y acelerar la aprobación de la parte comercial, la más lesiva en términos socioambientales. Según estas organizaciones, el “splitting” rebaja la transparencia, el control democrático y la rendición de cuentas.

Por último, los eurodiputados pedían que el Tribunal analizara si el acuerdo respeta el principio de precaución, ante el riesgo de que quede debilitado cuando la UE intente actuar frente a amenazas sanitarias o medioambientales.

La “cláusula de salvaguardia”, bajo sospecha

El cuarto aspecto para ser evaluado por el alto tribunal europeo es la “cláusula de salvaguardia”, introducida por la Comisión para convencer a Estados miembros reticentes, especialmente Francia, de apoyar la ratificación del acuerdo. París había sido uno de los principales opositores por motivos agrícolas y ambientales, pero suavizó su postura tras el anuncio de esta medida.

La cláusula prevé activarse si los precios medios de un producto sensible —como carne de cerdo, azúcar o miel— caen un 10% y las importaciones anuales aumentan un 10% en uno o varios Estados miembros. Sin embargo, la Coordinadora Europea de La Vía Campesina la considera improvisada, arbitraria e ineficaz, diseñada “para no activarse nunca” y sin capacidad para responder a impactos estructurales sobre el mundo rural. Apunta que ignora diferencias territoriales y sectoriales, y que las variaciones de precios pueden deberse a la especulación financiera. El sector ganadero familiar, especialmente en España, Francia, Irlanda y Polonia, teme pérdidas y cierres ante un aumento de importaciones controladas por operadores cárnicas gigantes como JBS.

Acción de la Confédération Paysanne contra la multinacional BASF el 17 de noviembre en Saint Aubin lès Elbeuf. Tom KucharzAcción de la Confédération Paysanne contra la multinacional BASF el 17 de noviembre en Saint Aubin lès Elbeuf. Tom Kucharz
Acción de la Confédération Paysanne contra la multinacional BASF el 17 de noviembre en Saint Aubin lès Elbeuf. Tom Kucharz


Las organizaciones agrarias subrayan que el mecanismo no permite suspender importaciones ni imponer contingentes adicionales, solo aranceles limitados, mientras los costes de producción en Brasil son tres veces inferiores a los franceses. A su juicio, esto empujará al abandono de explotaciones y desincentivará el relevo generacional. Aunque los contingentes agrícolas del acuerdo son relativamente pequeños respecto a la producción europea, llegan en un contexto de fuerte tensión y tras la pérdida de 4,5 millones de empleos agrarios entre 2005 y 2020.

La abogada Clémentine Baldon advierte además que el reglamento propuesto por la Comisión solo define cómo la UE pretende aplicar la salvaguardia, pero no garantiza que sea considerada legal por los países del Mercosur. Para La Vía Campesina, la cláusula es una herramienta de comunicación destinada a calmar al sector y permitir a los responsables políticos “lavarse las manos” mientras “fingen” preocuparse por la protección del campo.

Un atropello generalizado

Para incorporar la “salvaguardia” al acervo comunitario, los embajadores de los Estados miembros aprobaron el Reglamento sin modificaciones, aunque aún debe validarlo el Parlamento Europeo. El Partido Popular Europeo intentó tramitarlo por vía de urgencia para evitar el paso por las comisiones de Comercio (INTA) y Agricultura (AGRI) y someterlo directamente al pleno esta semana, pero retiró su solicitud a última hora por temor a una derrota.

La maniobra tampoco contó con el apoyo de sus aliados habituales —Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) y Patriotas por Europa (PfE)— y fue rechazada por los presidentes de los grupos. Aun así, el PPE ha impuesto un calendario acelerado que apenas permite presentar enmiendas y que “equivale casi a ir directo al plenario”, según fuentes de La Izquierda. Parte de sus propias delegaciones —rumana, irlandesa, polaca y francesa— también se posicionó en contra, un dato relevante dada la incierta postura del Gobierno rumano.

Próximos pasos: la comisión de Comercio votará el texto de las salvaguardias el 8 de diciembre y el pleno el 16 de diciembre, apenas cuatro días antes del viaje previsto de von der Leyen a Brasil para la ceremonia de firma.

Macron traiciona al campo francés

Las organizaciones agrarias francesas han estallado después de que Emmanuel Macron parezca suavizar su oposición al acuerdo UE-Mercosur, lo que llevó al sindicato FNSEA a acusarlo de “traición”. Tras reunirse con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante la COP30 en Belém, el mandatario francés adoptó un tono más conciliador, lo que fue interpretado como una ruptura con los intereses agrícolas.

Aunque Macron intentó rectificar posteriormente y la ministra de Agricultura, Annie Genevard, afirmó que “Francia no puede aprobar por ahora el acuerdo porque no protege a los agricultores”, todo indica que París ya no aspira a liderar una minoría de bloqueo en el Consejo y que se conformará con la cláusula de salvaguardia como garantía simbólica.

Una minoría de bloqueo requiere al menos cuatro Estados miembros que representen el 35% de la población. Por ahora, Hungría y Polonia se oponen; Irlanda y Austria siguen indecisas, mientras que el nuevo gobierno neerlandés ha pasado a una posición favorable.

Además, la Asamblea Nacional francesa votará este jueves una resolución presentada por La Francia Insumisa que insta al Gobierno a no autorizar la firma del acuerdo y denuncia como ilegal que la Comisión evite la aprobación por los parlamentos nacionales.

Movilización en Estrasburgo y Belém

Pese al escaso margen político, la Confédération Paysanne se ha concentrado ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo para apoyar la petición de un dictamen del TJUE y reclamar el rechazo del acuerdo UE-Mercosur. La organización alerta de riesgos jurídicos y posibles vulneraciones del derecho comunitario, especialmente porque el mecanismo de reequilibrio podría limitar nuevas medidas de protección ambiental o sanitaria.

Las protestas recuerdan a las tractoradas del invierno de 2024, cuando el descontento rural estalló frente a los tratados comerciales, los recortes en las ayudas agrarias y la futura PAC post-2027. Desde entonces los problemas no se han disipados para la mayoría de explotaciones agrícolas. En este contexto, las principales organizaciones agrarias europeas han convocado una gran protesta en Bruselas para el 18 de diciembre.

En paralelo, durante las movilizaciones de la Cumbre de los Pueblos contra las “falsas soluciones” en la COP30 de Belém, la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) y otros actores sociales denunciaron que el comercio con la UE beneficia a grandes empresas agroindustriales a costa de las comunidades indígenas y campesinas, la mitigación climática y bosques como la Amazonía. Las políticas comerciales incentivan la expansión de la ganadería intensiva y el cultivo de soja o algodón para exportación, lo que impulsa la deforestación, destruye ecosistemas y concentra el poder agrícola en grandes empresas, desplazando la producción local y sostenible.

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La Mesa Social del Agua de Andalucía critica la expulsión de los operadores públicos del agua

Por: Nuria

El embalse de Melonares este año / Juan Carlos MuñozEl embalse de Melonares este año / Juan Carlos Muñoz

Fotografía: El embalse de Melonares este año / Juan Carlos Muñoz

Artículo original publicado en diariosevilla.es por Redacción DDS Diario de Sevilla

Las organizaciones que integran la Mesa Social del Agua de Andalucía (MSA) lamentan profundamente la exclusión de la Asociación de Operadores Públicos de Agua (AEOPAS) del Observatorio del Agua de Emasesa, que ha celebrado este jueves 27 de noviembre su reunión plenaria. La Mesa del Agua recalca que se trata de una decisión contraria a los principios de gobernanza pública y participación ciudadana que han regido este órgano desde su creación y reclama su restitución inmediata para garantizar una gestión transparente, plural y orientada al interés general en el ciclo urbano del agua en el área metropolitana de Sevilla.

Tras la lectura de una Declaración colectiva las organizaciones que integran la Mesa Social del Agua han abandonado la sesión como acto de protesta.

En su escrito de queja, la Mesa Social del Agua de Andalucía explica que desde hace más de ocho años, organizaciones sociales y ambientales han participado activamente en la mejora del servicio público de agua que presta Emasesa en el Área Metropolitana de Sevilla. Este trabajo colaborativo se ha canalizado a través del Observatorio del Agua, un órgano que desde sus inicios se ha sustentado en la pluralidad, la transparencia y la confianza entre distintas entidades, para la adopción de medidas consensuadas que garanticen una gestión sostenible y equitativa del ciclo urbano del agua.

La Mesa exponen que la reciente expulsión de AEOPAS del Observatorio constituye «una grave ruptura con los principios de participación pública que deben regir un servicio esencial como el abastecimiento y el saneamiento urbano. Tras más de cinco años de cooperación acreditada en ámbitos estratégicos —planes de sequía, adaptación climática, digitalización y planificación a largo plazo— esta decisión carece de justificación técnica y desvirtúa el propósito fundacional del Observatorio del Agua de EMASESA: impulsar una gestión participativa y corresponsable que sitúe a la ciudadanía en el centro de las decisiones».

Las organizaciones de la Mesa consideran que esta exclusión no es un hecho aislado. «En los últimos meses se han producido prácticas que han debilitado la integridad de este órgano de participación, como la atribución indebida de respaldo al incremento tarifario del agua. La exclusión de actores clave convierte el Observatorio en un mero ejercicio de “participación aparente”, alejándolo de su función de análisis técnico y deliberación rigurosa, lo que compromete la transparencia y la calidad de las decisiones».

Las organizaciones que conforman la Mesa Social del Agua de Andalucía, muchas de ellas integrantes del Observatorio, solicitan la restitución inmediata de AEOPAS y la recuperación de los principios de pluralidad y control público que garantizan la gestión democrática del agua. Fortalecer lo público requiere sumar conocimientos y experiencias, no excluirlos. Solo mediante la creación compartida de diagnósticos y soluciones con todas las entidades se podrán afrontar los retos de la gestión hídrica que afectan a nuestras ciudades.

Como forma de manifestar su protesta la organizaciones firmantes junto con otros miembros del Observatorio que se suman a la protesta, abandonan la sesión tras leer una Declaración colectiva.

Componen la Mesa Social del Agua de Andalucía: la Fundación Nueva Cultura del Agua, FACUA-Andalucía, Ecologistas en Acción-Andalucía, GREENPEACE, WWF, SEOBirdLife, Fundación Savia por el Compromiso y los Valores, CCOO-Andalucía, UGT-Andalucía, COAG-Andalucía, UPA-Andalucía, AEOPAS.

La declaración institucional de queja que se ha leído en la sesión plenaria

«Desde hace más de ocho años, las organizaciones sociales y ambientales venimos participando, incluso antes de la creación del Observatorio, en mejorar el servicio que presta EMASESA a la ciudadanía del Área Metropolitana de Sevilla. Ha sido una tarea ilusionante, fecunda, aunque como es lógico no exenta de tensiones. El Observatorio se basaba en la libre expresión de los posicionamientos de los diversos miembros representantes de los sectores ciudadanos y en la confianza de que se adoptarían por EMASESA las mejores y más consensuadas medidas de gestión del ciclo del agua».

«La expulsión de AEOPAS del Observatorio del Agua de EMASESA constituye una ruptura severa con los principios de gobernanza pública que deben estructurar la gestión de un servicio esencial como el agua. Después de más de cinco años de cooperación acreditada en ámbitos estratégicos —planes especiales de sequía, adaptación climática, procesos deliberativos, digitalización operativa, revisión normativa y planificación de largo alcance— la decisión adoptada carece de sustento técnico y desvirtúa el propósito fundacional del propio Observatorio: impulsar una gestión pública del agua urbana participativa, cooperativa, transparente y corresponsable, situando a la ciudadanía en el centro de las decisiones».

«La expulsión de AEOPAS no es un episodio aislado. Durante este mandato se han sucedido prácticas que erosionan la integridad del órgano. El ejemplo más revelador fue la utilización del Observatorio para atribuirle un respaldo inexistente al incremento tarifario del agua. Varias entidades exigieron explicaciones ante aquella manipulación y jamás obtuvieron respuesta. Aquello, que ya fue una grieta, se convierte hoy en fractura».

«El Observatorio está siendo reducido a un ejercicio de citizen-washing: la participación se escenifica, pero se excluye de los procesos reales de planificación hidrológica, del análisis técnico solvente y de la evaluación rigurosa que exigen los sistemas de agua urbana. Este vaciamiento instrumental desnaturaliza su razón de ser y debilita la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad técnica de las decisiones estructurales».

«Esta negativa evolución del funcionamiento del Observatorio, alejándose de sus presupuestos originales basados en la pluralidad, la representatividad y la operatividad de la participación ciudadana, ha sido denunciada reiteradas veces sin resultado en las propias sesiones del Observatorio. Tampoco han tenido respuesta solicitudes concretas presentadas por diversas organizaciones participantes en el mismo. Pero la expulsión de AEOPAS constituye un hecho gravísimo que enciende todas las alarmas».

«Por ello, las organizaciones que conformamos la Mesa Social del Agua de Andalucía, muchas de ellas participantes en el Observatorio, reclamamos la restitución inmediata de AEOPAS como miembro del Observatorio, en coherencia con los principios de pluralidad, participación cualificada y control público que deben regir un servicio que es patrimonio común. Un Observatorio sin saber técnico es un órgano hueco; protegerlo exige dialogar, consensuar, sumar, no expulsar, a quienes contribuyen a reforzar la garantía pública y el interés genera»l.

«Las soluciones de gestión del agua pasan por fortalecer lo público a través de la participación real, la concreción de diagnósticos y alternativas con los numerosos actores que configuran la vida de nuestras ciudades».

Porque *se escribe agua y se lee democracia*.

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