Las organizaciones de la campaña Stop UE-Mercosurdenuncianel anuncio hoy de la Comisión Europea sobre la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial con Mercosur.
· Califican este paso de la UE como “un grave atropello democrático” y “un intento de imponer por la puerta de atrás un tratado profundamente rechazado por amplios sectores sociales«.
· Se prevé que el acuerdo UE-Mercosur tenga fuertes impactos sociales y ambientales, al tiempo que consolida un modelo agroexportador intensivo, dependiente de cadenas largas altamente emisoras, incompatible con los compromisos climáticos europeos.
En una carta abierta dirigida a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y al presidente del Consejo Europeo, António Costa, 170organizaciones sociales, ecologistas, sindicales y agrarias exigen que se detenga la aplicación provisional del acuerdo antes de que el Parlamento Europeo vote y antes de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita su dictamen sobre las cuestiones jurídicas planteadas.
“Un desprecio a la democracia”
Las organizaciones señalan que el acuerdo UE-Mercosur arrastra desde su origen una fuerte contestación social por sus impactos previsibles, en ambos lados del Atlántico,sobre la agricultura familiar campesina, los derechos laborales, la seguridad alimentaria, el deterioro de los servicios públicos y la aceleración de la deforestación en América Latina.
“Aplicarlo provisionalmente sin esperar al Parlamento Europeo y sin conocer la opinión del Tribunal es un desprecio frontal a los procedimientos democráticos europeos”, afirman desde la campaña. A su juicio, la Comisión pretende blindar los capítulos comerciales mientras esquiva el debate político de fondo y minimiza la oposición social creciente en varios Estados miembros.
Las organizaciones recuerdan además que la tramitación del acuerdo ya ha estado marcada por decisiones polémicas que excluyeron de la ratificación a los parlamentos nacionales y por una aprobación en el Consejo de la UE sin unanimidad, algo inédito en tratados de esta magnitud.
“Estamos ante un precedente extremadamente peligroso: convertir la política comercial en un ámbito inmune al control democrático real”, advierten.
Impactos sociales y climáticos ignorados
Las 170 organizaciones firmantes, entre las que se encuentra Attac, subrayan que el acuerdo consolida un modelo agroexportador intensivo, dependiente de cadenas largas y altamente emisoras, incompatible con los compromisos climáticos europeos. También alertan de una mayor presión competitiva sobre sectores agrarios y ganaderos europeos ya golpeados por crisis de precios y por la concentración corporativa.
En América Latina, añaden, el tratado incentivaría la expansión de monocultivos y ganadería industrial vinculados a la deforestación y a conflictos socioambientales: “Mientras la ciudadanía exige transición ecológica justa, soberanía alimentaria y protección del empleo, la Comisión insiste en un tratado anclado en la lógica del libre comercio sin límites«.
Las organizaciones de la campaña Stop UE-Mercosur exigen que se revierta la aplicación provisional del acuerdo, que se respete el voto del Parlamento Europeo y que se espere el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la UE.
Asimismo, plantean que se abra un debate público real sobre los impactos sociales, laborales y climáticos del acuerdo y de la política comercial de la UE.
Las 170 organizaciones firmantes anuncian que intensificarán la movilización social y la presión política en los próximos meses para impedir la entrada en vigor de un acuerdo que consideran “social, ambiental y democráticamente inaceptable”.
Fotografía: el economista francés Gabriel Zucman. Efe
Artículo original publicado en eldiario.es por EFE
El economista francés Gabriel Zucman, creador de la propuesta de un impuesto mínimo sobre el patrimonio de los multimillonarios que se ha debatido en Francia en los últimos meses sin lograr el respaldo político suficiente, cree que España debería adoptarlo. “No es aceptable que los más ricos tengan la posibilidad de pagar menos que las clases medias o que las clases populares”, ha subrayado a la agencia EFE este jueves en París, durante la presentación del nuevo Observatorio Internacional de la Fiscalidad (ITO), heredero del Observatorio Europeo de la Fiscalidad.
El economista, que este viernes se reunirá con el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, insistió en que el problema central es la desigualdad en la contribución fiscal. A su juicio, la situación fiscal de los ultrarricos “no es ni aceptable ni sostenible”. También ha argumentado que España, como Francia y los demás países, deberían implantar un impuesto mínimo sobre las mayores fortunas, “simplemente por una cuestión de igualdad ante la ley”.
Un 2% sobre el patrimonio de más de 100 millones
Los estudios del Observatorio muestran que en países como Francia los principales multimillonarios pagan menos del 2% de sus ingresos en impuestos, una tasa muy inferior a la que soportan las clases medias, gracias a distintos mecanismos de optimización fiscal. Frente a ello, Zucman propone un impuesto mínimo del 2% sobre el patrimonio —no sobre los ingresos— de los contribuyentes con activos superiores a los 100 millones de euros.
Según el economista, esta fórmula podría trasladarse a España y a otros países, aunque matizó que los detalles deben decidirse en cada caso. “No digo que se tengan que aplicar exactamente los mismos parámetros: eso tiene que decidirse en un debate democrático parlamentario”, afirmó.
De cara a su encuentro con Bustinduy, Zucman explicó que traslada el mismo mensaje a todos los responsables políticos con los que se reúne: “Es urgente avanzar”, especialmente ante las “necesidades de inversión muy importantes” de las administraciones públicas y los problemas de déficit y deuda acumulados.
Los ultrarricos como los demás
Gravar el patrimonio con un 2%, defendió, permitiría garantizar que los ultrarricos “paguen proporcionalmente con sus ingresos tantos impuestos como las otras categorías sociales, ni más ni menos”. A su juicio, se trata de una cuestión clave para la salud democrática y económica de Europa.
El economista aseguró que “el atractivo de España” tiene que venir de la educación de su población, de su sistema sanitario y de sus infraestructuras y añadió que “para eso hace falta dinero, en particular de quienes ahora pagan menos” al defender la implementación del impuesto en el país.
Zucman rechazó además el argumento de que un impuesto de este tipo provocaría exilio fiscal o ahuyentaría la inversión. Por un lado, planteó que España podría acompañar la medida con un sistema que obligue a seguir pagando impuestos durante cinco, diez o incluso quince años a quienes trasladen su residencia al extranjero. Por otro, recordó que España no basa su modelo de desarrollo en atraer multimillonarios con ventajas fiscales, a diferencia de países como el Reino Unido, que abandonó ese enfoque en 2024 incluso bajo un gobierno conservador.
En Francia, la tasa mínima sobre el patrimonio de los multimillonarios cuenta con el respaldo de toda la izquierda, pero no del centro y la derecha, que actualmente suman mayoría parlamentaria. Un escenario político que, según el economista, retrasa pero no frena un debate que considera inevitable.
Estimada Señora Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, Estimado Señor Costa, presidente del Consejo Europeo,
Les instamos a que respeten los procesos democráticos y se abstengan de aplicar el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur antes de que el Parlamento Europeo haya ejercido su derecho a votar sobre el acuerdo.
El acuerdo UE-Mercosur es muy controvertido y ha suscitado repetidamente la preocupación de muchos ciudadanos y grupos de la sociedad civil, tanto en la UE como en los países del Mercosur, por cuestiones como las normas de seguridad alimentaria, las repercusiones en el empleo y la agricultura, y la deforestación. En una democracia, es fundamental que se escuche la voz de la ciudadanía en asuntos como estos.
La base democrática del acuerdo ya ha sido puesta en tela de juicio. El acuerdo solo ha podido seguir adelante gracias a decisiones polémicas que han eludido a los parlamentos nacionales. Además, la aprobación del Consejo Europeo se obtuvo por una estrecha mayoría, siendo la primera vez que un acuerdo comercial se ha llevado a cabo sin el apoyo unánime de todos los Estados miembros. Ahora, el Parlamento Europeo ha solicitado asesoramiento al Tribunal de Justicia Europeo sobre cuestiones jurídicas relacionadas con el acuerdo, lo que envía una clara señal de que los/as parlamentarios/as no quieren aprobar el acuerdo sin un examen adecuado.
La aplicación provisional, sin la opinión del Tribunal y sin el consentimiento del Parlamento, pisotearía los procesos democráticos que existen precisamente para que las voces de los ciudadanos puedan ser escuchadas, representadas y tenidas en cuenta cuando surgen desacuerdos. Socavaría la confianza pública y la legitimidad democrática de la Unión Europea. En un momento en el que muchos en nuestra sociedad se sienten marginados y están perdiendo la fe en los procesos políticos, optar por la aplicación provisional sería profundamente antidemocrático y correría el riesgo de avivar las tensiones en y entre los Estados miembros de la Unión.
Les pedimos que apoyen los principios democráticos establecidos y se comprometan a esperar la opinión del Tribunal y el voto en el Parlamento Europeo antes de aplicar el acuerdo.
Fotografía: encuentro entre Trump y Milei en febrero de 2025. / The White House
Artículo original publicado en ctxt.es por Juan Torres López
A la hora de analizar lo que está ocurriendo en el mundo no se debería caer en lo que a mí me parece una peligrosa simplificación: considerar que estamos en una simple anomalía producida por la personalidad singular del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Este es, sin duda, lo suficientemente excéntrico, autoritario y disruptivo como para poner en peligro por sí solo el ya frágil entramado de derechos, libertades e instituciones democráticas, no sólo en su país sino en todo el mundo. Su narcisismo enfermizo y el desprecio por las normas están abriendo las puertas a un auténtico vendaval neofascista de consecuencias funestas.
El autoritarismo y la crisis de la democracia se extienden por razones que van mucho más allá de las características personales de Trump
Sin embargo, me temo que el autoritarismo y la crisis de la democracia se extienden por razones que van mucho más allá de las características personales de Trump. Y analizar como algo personal lo que en realidad es estructural puede hacer ingenuamente que el problema se resuelve reemplazando a un líder por otro.
A mi juicio, nada brota si no existen condiciones que le permitan crecer y desarrollarse, sin un medio ambiente favorable, y por eso creo que Trump no es exactamente la causa principal de la crisis democrática de Estados Unidos y del mundo entero. Es, en realidad, el efecto emergente de una serie de grandes fracturas económicas, institucionales, mediáticas, culturales, tecnológicas y geopolíticas que afectan al planeta.
Dicho de otra manera: la aparición de líderes autoritarios y neofascistas como Trump no es la causa de la crisis de la democracia y las libertades; es esa crisis la que da lugar y explica la aparición y la funcionalidad de Trump. Por eso su llegada al poder no puede considerarse como un accidente pasajero, sino como auténtico punto de inflexión en la historia del capitalismo contemporáneo y me atrevería a decir que de la humanidad.
Un sistema incompatible con la democracia y la libertad
Lo que está ocurriendo en Estados Unidos y va a ocurrir también en los demás países avanzados es la consecuencia de una mutación del capitalismo que lo ha hecho cada vez más incompatible con la democracia.
Esa incompatibilidad se produce por tres razones principales.
– La gran desigualdad de nuestro tiempo ha deteriorado las economías y ha obligado a limitar cada día más los derechos y libertades de desposeídos a cuya costa se genera la concentración de la riqueza y el poder que la producen.
– Cuando esa desposesión se hace indisimulable hay que recurrir a la mentira y al falseamiento del debate social para poder justificarla, para hacer creer que es la inmigración, el feminismo o la política democrática lo que amenaza el empleo, los salarios, la provisión de los servicios públicos, la seguridad o la soberanía.
– El nuevo capitalismo tecnológico que se ha hecho dominante necesita plena libertad para utilizar en su favor todos los recursos del Estado.
Estos procesos están produciendo las grandes fracturas económicas, institucionales, mediáticas, culturales, tecnológicas y geopolíticas que están convirtiendo al capitalismo de nuestros días en un sistema incompatible con la democracia, y este es el medio ambiente en el que líderes políticos como Trump, Milei, Le Pen, Orbán… no aparecen como sorpresas o incidencias casuales, sino como las respuestas necesarias para intentar consolidarlo.
El 1 % más rico posee el 31,7 % de la riqueza total de EEUU, mientras que la mitad inferior de la población apenas supera el 2 %
Fracturas económicas y sociales profundas
En las últimas cuatro décadas, la economía estadounidense viene experimentando transformaciones que han erosionado los cimientos sociales que pueden sostener a la democracia, por débil que esta sea:
– Concentración extrema de la riqueza y el poder económico que ha producido una desconexión creciente entre el crecimiento de la economía y el bienestar de la mayoría de la población. Hoy, el 1 % más rico posee el 31,7 % de la riqueza total del país, mientras que la mitad inferior de la población apenas supera el 2 %.
– Profunda desindustrialización debida a la externalización productiva, es decir a la marcha de las grandes empresas al exterior, al amparo de la globalización, para buscar costes más bajos, que ha producido desempleo generalizado en muchas áreas, precarización salarial y estancamiento salarial. Desde 1980 se han perdido más de 7,5 millones de empleos industriales, y en amplias zonas la renta per cápita real es hoy inferior a la de hace tres décadas.
– Desigualdad territorial extrema, con grandes espacios y regiones enteras sumidos en un gran declive económico y social.
– Debilitamiento del poder sindical y del trabajo organizado, que reduce la capacidad de acción colectiva.
Además de desigualdad y deterioro económico, estas dinámicas han generado una inseguridad vital que se ha hecho crónica en amplios sectores sociales que viven con la sensación de pérdida de estatus, de futuro bloqueado y de ruptura del contrato social. Eso ha hecho que la política se haya convertido para ellos en un campo de continua amenaza y la demanda social ha dejado de ser la de redistribución o reforma para buscar, simplemente, la protección que supuestamente proporcionan los líderes autoritarios.
Democracia vaciada
La segunda base en que se ha sustentado el avance del trumpismo es el diseño y funcionamiento degradado de las instituciones políticas estadounidenses.
– El sistema electoral se ha ido distorsionando cada vez más, se han generalizado los casos de manipulación de distritos para favorecer a uno u otro partido o mecanismos encaminados a suprimir el voto de algunos grupos sociales, quebrándose así el principio de igualdad política. En 2016, Donald Trump perdió el voto popular por casi tres millones de votos y aun así ganó la presidencia.
– La financiación privada masiva de la política ha otorgado a grandes fortunas y corporaciones una influencia decisiva sobre el proceso legislativo y el gobierno ha sido materialmente capturado por grupos de presión, especialmente financieros, energéticos, tecnológicos y militares. En las elecciones de 2020 se gastaron más de 14.000 millones de dólares, aportados de forma desproporcionada por un porcentaje ínfimo de grandes donantes.
– Las puertas giratorias que disuelven la frontera entre interés público e interés privado se han hecho una constante.
Los contrapesos institucionales (tribunales, agencias reguladoras y administración profesional) se han ido debilitando o desapareciendo
– Los contrapesos institucionales (tribunales, agencias reguladoras y administración profesional) se han ido debilitando, cuando no desapareciendo, en los últimos años, permitiendo que, aunque los ciudadanos voten, no sean realmente los que decidan cómo se gobierna.
Todo ello ha producido una brecha entre participación formal y poder real que genera frustración, cinismo y deslegitimación del sistema (sólo un 17 % de los estadounidenses confía en el Congreso). Y eso es lo que permite que personajes estrambóticos como Trump aparezcan aquí como ajenos a un sistema que se percibe como corrupto, aunque en la práctica se hayan enriquecido con él, lo utilicen y lo profundicen. El atractivo social de personas como Trump no nace a pesar de esas disfunciones institucionales, sino gracias a ellas.
Degradación mediática del espacio público
El sistema mediático estadounidense (como en la inmensa mayoría de otros países) también ha mutado:
– El periodismo ha pasado de ser un medio de control del poder a una industria de la atención.
– La información ha dejado de ser contextualizada para convertirse en espectáculo permanente.
– En lugar de promover y ayudar a generar un espacio público común y compartido se dedica a crear burbujas ideológicas rentables.
Y todo ello ha sido intensificado por las plataformas digitales y los algoritmos que, buscando aumentar la interacción que los hace más rentables, amplifican el extremismo y la polarización, fragmentan la realidad en relatos incompatibles, y anteponen la emoción sobre el análisis. Numerosos estudios muestran que los contenidos falsos y extremos se difunden más rápido y alcanzan mayor audiencia que la información verificada. Basta recordar la difusión masiva de la narrativa del fraude electoral en 2020, sostenida durante semanas, pese a la inexistencia de pruebas y al rechazo sistemático de los tribunales.
El funcionamiento actual de los medios de comunicación busca y hace que desaparezcan los hechos compartidos que son condición básica para que la democracia no se degrade.
En este entorno, las personas y líderes que encarnan la lógica del sistema son los que, como Trump o Milei, basan su comportamiento en la mentira, el conflicto, el simplismo y la provocación.
Vulnerabilidad cognitiva, generacional y simbólica
El deterioro de la educación y de la cultura cívica que se viene produciendo en las últimas décadas debido a causas diversas agrava todas las dinámicas anteriores.
El retroceso en competencias básicas y pensamiento crítico, la mercantilización de la educación superior, la segregación educativa creciente por renta y territorio, la reducción de la educación cívica y de la comprensión institucional, la politización e incluso la censura expresa de contenidos históricos y científicos han creado una ciudadanía con menos herramientas cognitivas, más vulnerable a la manipulación, a la simplificación del populismo y a la guerra cultural.
Eso ha hecho posible que la política haya dejado de ser un debate transparente sobre intereses y proyectos colectivos para convertirse en una lucha de identidades que enfrenta y paraliza.
Personalidades como la de Trump o Milei ofrecen relatos simples, culpables claros y promesas de restauración simbólica
La consecuencia ha sido también una crisis subjetiva profunda que provoca miedo existencial y al declive nacional, frustración generacional y colapso de expectativas, crisis de estatus y masculinidad en sectores tradicionales; soledad, ansiedad y fatiga cognitiva y ausencia de un proyecto colectivo de futuro en una gran parte de la población.
Personalidades como la de Trump o Milei ofrecen relatos simples, culpables claros y promesas de restauración simbólica. No resuelven los problemas, pero alivian emocionalmente a quienes se sienten perdidos y desplazados.
Un poder real que mueve los hilos
Ninguno de esos procesos podría haberse producido sin el impulso y la financiación del mundo de los negocios, de las grandes corporaciones y el capital financiero. Han logrado que la democracia se vacíe de contenido redistributivo, desplazar el conflicto del eje económico al cultural, generar una constante sensación de amenaza, condicionar así la política exterior y presupuestaria y limitar el espacio de la diplomacia y la deliberación democrática.
Trump no gobierna contra el poder económico. Gobierna para una parte significativa de él. No es casual que grandes fortunas, corporaciones y sectores tecnológicos hayan financiado, tolerado o normalizado su figura.
No es Trump, es el sistema
En definitiva, Donald Trump no puede entenderse como una aparición inesperada ni como un cuerpo extraño al sistema de poder económico, político y mediático que domina Estados Unidos. Al contrario, ese tipo de figura se convierte en el instrumento político que requiere una fase del nuevo capitalismo en la que amplios sectores del poder real –financiero, tecnológico, energético, industrial y mediático– necesitan aplicar políticas profundamente regresivas sin aparecer como sus responsables directos.
Y para que esa estrategia de captura sea factible y tenga éxito social y electoral, resulta clave que sean encarnadas por figuras que se presenten como ajenas al sistema, como outsiders que “dicen lo que otros no se atreven a decir” y que aparentan enfrentarse a las élites, aunque en la práctica gobiernen para una parte significativa de ellas. Trump cumple perfectamente ese papel: su estilo estridente, su retórica antisistema y su provocación constante funcionan como una cortina de humo que oculta la continuidad de fondo de las políticas que se aplican.
Las condiciones que han hecho posible el trumpismo en Estados Unidos se reproducen en buena parte de las otras democracias occidentales y periféricas
Es una lógica que no es nueva ni exclusiva de Estados Unidos. En contextos de creciente desigualdad, debilitamiento democrático y frustración social, el sistema tiende a necesitar líderes que parezcan venir de fuera para poder profundizar transformaciones que, de otro modo, encontrarían mayor resistencia. Por eso, las condiciones que han hecho posible el trumpismo en Estados Unidos se reproducen (y se van a reproducir cada vez en mayor medida si no se pone freno a los procesos que hemos visto), con más o menos variaciones en buena parte de las otras democracias occidentales y periféricas. Allí donde ya han empezado a emerger partidos y figuras similares que combinan discurso antisistema, liderazgo personalista y políticas funcionales a los intereses dominantes.
Ausencia de elementos de freno y corrección
La ausencia de un freno o corrección internos y externos efectivos ha permitido que estas dinámicas se profundicen. El tipo de relación que el resto del mundo mantiene con Estados Unidos también forma parte del problema por el vasallaje imperial.
La dependencia militar y monetaria, la legitimación acrítica de su liderazgo incluso cuando viola normas internacionales y el aceptar que Estados Unidos asuma la función de gran policía global reduce los costes externos de su deriva autoritaria y que las disfunciones que eso provoca internamente se acumulen sin ajuste.
El silencio –o, al menos, la falta de una respuesta suficientemente efectiva– tanto a nivel externo como interno ante la quiebra democrática e institucional que se viene produciendo no es casual. Es el resultado, por un lado, de un auténtico cálculo racional de los actores sociales más poderosos que necesitan y a quienes beneficia la desregulación extrema de los mercados, el dejar de gravar la riqueza, la liquidación de los derechos laborales o que se dé libertad a los monopolios. Y, por otro, de la inoperancia, debilidad y fracaso de las izquierdas de nuestro tiempo.
No es anomalía: hay manual de instrucciones
Trump no es un verso suelto que aparece en la vida política con partitura propia y en contra del ecosistema de poder en el que nace. Viene, por decirlo metafóricamente, con manual de instrucciones y –por muy relevante que sean su personalidad y singularidad– es, en realidad, el ejecutor de un proyecto estructurado. Basta leer el llamado Proyecto 2025 para comprobarlo.
Con ese documento, elaborado por cientos de especialistas y financiado por grandes empresas y bancos, se demuestra que vaciar la democracia desde dentro, convertir el Estado en instrumento de facción y hacer irreversible la concentración de poder no es una tarea improvisada que Trump haya emprendido por su cuenta, sino una estrategia consciente, premeditada y muy bien diseñada. Alrededor del 61 % de las más de 320 medidas propuestas ya se han puesto en marcha o están en proceso de ejecución. Eso significa que, si no estuviese Trump en el poder, otra persona podría ser quien hiciera su mismo trabajo de desmantelamiento de la democracia, liberalización extrema de los mercados y de apoyo y privilegio a los grandes grupos de poder.
Trump concentra la atención porque encarna de forma grotesca y provocadora procesos mucho más profundos que llevan décadas gestándose
Donald Trump no es el origen de la quiebra democrática que vivimos, sino su manifestación más visible y, hasta ahora, más extrema. Su figura concentra la atención porque encarna de forma grotesca y provocadora procesos mucho más profundos que llevan décadas gestándose. Por eso, centrar el debate exclusivamente en él resulta engañoso y puede ser que inútil.
Lo verdaderamente inquietante no es que Trump haya llegado al poder, sino que el entramado económico, institucional, mediático y geopolítico de nuestro tiempo no sólo lo tolere, sino que lo necesite. El llamado Proyecto 2025 demuestra que no estamos ante una deriva improvisada ni ante el capricho de un líder excéntrico, sino ante una estrategia consciente para vaciar la democracia desde dentro y hacer irreversible la concentración de poder.
La pregunta decisiva, por tanto, no es cómo impedir la presencia personal de Trump o de otras figuras similares, sino qué transformaciones profundas son necesarias para desactivar las condiciones que las hacen posibles. Porque mientras esas condiciones permanezcan intactas –desigualdad extrema, democracia formal vaciada, captura del poder económico, degradación del espacio público y silencio cómplice a escala interna e internacional– Trump no será una anomalía histórica. Será un precedente.
Y los precedentes, cuando no se corrigen, se convierten en norma.
Nuestra amiga Susan George falleció el pasado 14 de febrero.
Nuestra condolencia para nuestros compañeros de Attac Francia en cuya organización fue activista significada, cofundadora en 1999 y presidenta honoraria.
Susan colaboró y ayudó en múltiples ocasiones a ATTAC España. Todavía recordamos su brillante intervención en el centro cultural Galileo el 19 de enero de 2017, con motivo del encuentro abierto que inauguraba los actos de la Red Europea de ATTAC (EAN) en Madrid, en la que analizó la situación social y económica de Europa en aquel momento.
Expresamos nuestro agradecimiento a una figura inspiradora y tejedora del altermundismo. Politizada por su oposición a la guerra de Vietnam y la recepción en Francia de los rebeldes estadounidenses, su fibra internacionalista nunca ha flaqueado. Durante esos años de guerra y represión, trabajó para traer a Europa un think tank estadounidense, el Institute for Policy Studies, que se convirtió en el TNI, el Transnational Institute, con sede en Ámsterdam, y del cual fue presidenta y presidenta honoraria.
Tras encargársele la redacción de un informe para la FAO en 1974, publicó su primer libro en 1976, que le trajo éxito internacional: Comment meurt l’autre moitié du monde (Como muere la otra mitad del mundo (Laffont, 1978). Este fue el comienzo de su lucha contra las multinacionales que matan de hambre al planeta, contra el perverso colonialismo de la «deuda» de los países del Sur y el papel de las instituciones internacionales en su fabricación.
En 2000, publicó The Lugano Report (El Informe Lugano), una explosiva «ficción factual», que presenta a un grupo de expertos en Lugano, Suiza, reunidos para salvar el capitalismo y que hoy sigue siendo relevante. Sensible a las alteraciones ecológicas, fue miembro del Consejo de Administración de Greenpeace International y Greenpeace France desde 1989 y participó en el lanzamiento en Francia de la organización conocida en el Reino Unido como Extinction Rebellion.
Frente al neoliberalismo encarnado por el dogma del mercado generalizado, el libre comercio y el desenlace de las finanzas, ha estado involucrada en todas nuestras luchas, desde el bloqueo de la OMC en Seattle (1999), los Foros Sociales Mundiales iniciados en Porto Alegre (2001), hasta la organización concreta, junto con los comités locales de Attac, de campañas nacionales contra los acuerdos de libre comercio (el GATS en particular, Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios), paraísos fiscales o campañas contra los OGM y Monsanto.
Recordamos su determinación, su disponibilidad, su elegancia y su sentido del humor, a menudo devastadores para sus oponentes. En los tiempos oscuros en los que vivimos, escuchamos su mensaje: «Por supuesto, a veces puedo sentirme desanimada. Pero no creo haber perdido el tiempo. Creo que los efectos de una acción, y aún más de la acumulación de acciones, pueden ocurrir en cualquier momento y a menudo cuando menos se espera»
Nos ha dejado una mujer valiente y luchadora, además de una compañera muy cercana. Estará siempre en nuestro recuerdo, DEP.
20 de enero por Eric Toussaint , CADTM International , Colectivo , Joao Pedro Stedile , Jeremy Corbyn , Yanis Varoufakis , Rafael Bernabe , Fátima Martín , Martín Mosquera , Zoe Konstantopoulou , Jean-Luc Mélenchon , Teresa Rodríguez , Verónica Gago , Olga Rodríguez , Manon Aubry , Annie Ernaux , Ada Colau , Irene Montero , Ana Miranda…
La extrema derecha y neofascista avanza en todos los continentes. La amenaza adopta formas particulares en cada país o región, pero es fácil señalar sus elementos comunes: el objetivo de aniquilar derechos y protecciones laborales, el estrangulamiento de las organizaciones obreras, el desmantelamiento de la seguridad social y la imposición de un régimen de precariedad a empleados y desempleados, la privatización de servicios públicos, la negación del cambio climático, la utilización del pretexto del alto nivel de la deuda pública para intensificar las políticas de austeridad, la desposesión del campesinado para abrir paso al agro-negocio, el fortalecimiento el desplazamiento de pueblos originarios para propiciar el extractivismo desenfrenado, el endurecimiento de las políticas migratorias inhumanas, el aumento del gasto militar. Son políticas que, para imponerse, requieren una restricción del derecho a la huelga, de expresión, de asociación, de reunión, un silenciamiento de la prensa y de las voces críticas en las escuelas y universidades, una negación de la ciencia cuando sus hallazgos contradicen esas políticas y un fortalecimiento de las ramas y aparatos de represión y vigilancia.
La derecha extrema pone el descontento con las consecuencias nefastas del neoliberalismo al servicio de una aceleración de esas políticas. Para lograrlo, al igual que el fascismo clásico, pretende dirigir ese descontento contra sectores oprimidos y desposeídos: los migrantes, las mujeres, las personas LGBTQ+, los sectores que se benefician de programas de inclusión, las personas racializadas, la minorías nacionales o religiosas. El chovinismo nacional, el racismo, la xenofobia, el sexismo, la homofobia, el cultivo del odio, la normalización de la crueldad, acompañan a cada paso el avance de la derecha radical, según las particularidades de cada país.
El deseo de acumular riqueza en manos del capital, la búsqueda desenfrenada del máximo beneficio que sustenta las políticas de extrema derecha, se manifiesta también en la intensificación de las agresiones imperialistas para apoderarse de los recursos y explotar a las poblaciones. Esto va de la mano con la perpetuación de situaciones coloniales que, en el caso de Palestina, toma la forma de un genocidio orquestado por el Estado de Israel, con la complicidad de sus aliados imperialistas.
Más allá de la complicidad con el gobierno de Netanyahu, la extrema derecha teje sus lazos internacionales: congresos, think tanks, declaraciones conjuntas, apoyo mutuo en procesos electorales, colaboración de podcasters y agendas de propaganda y desinformación. Nuestra lucha contra las derechas y las agresiones imperialistas es urgente y, para ser efectiva, tiene que ser internacional.
Las fuerzas que luchan contra el auge de la extrema derecha, el fascismo y las agresiones imperialistas no son monolíticas ni homogéneas. Nunca lo han sido. Son diversas y existen diferencias innegables de análisis, estrategia y tácticas, programa y política de alianzas, de énfasis y prioridades. La experiencia nos enseña que, sin dejar de reconocer esas diferencias, es indispensable coordinar la lucha contra enemigos cada vez más amenazantes. Esa convergencia puede y debe incluir a todas las fuerzas dispuestas a defender la clase trabajadora, el campesinado, los migrantes, las mujeres, las personas LGBTQ+, las personas racializadas, las minorías nacionales o religiosas oprimidas, los pueblos originarios; a defender la naturaleza ante un capitalismo ecocida; a combatir las agresiones imperialistas y coloniales, independientemente de su procedencia, y a apoyar a la lucha de los pueblos que se resisten a ellas, incluso con las armas en la mano si es necesario.
Es urgente compartir análisis, estrechar lazos, acordar acciones concretas. Esos objetivos inspiraron la iniciativa de convocar una Conferencia Internacional Antifascista y Antiimperialista en la ciudad de Porto Alegre, Brasil los días 26 a 29 de marzo 2026 https://antifas2026.org/es/ .
La conferencia de Porto Alegre es una etapa importante en una ruta mucho más larga. Las organizaciones y los individuos que firmamos nos comprometemos a continuar luchando sin descanso, y de la manera más unitaria posible, contra la extrema derecha en ascenso y las agresiones imperialistas, una dimensión esencial de nuestro proyecto emancipador, socialista, ecologista, feminista, antirracista e internacionalista.
Como lo escribió Che Guevara a sus hijos: Sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Es la cualidad más linda de un revolucionario.
Primero/as firmantes:
Alemania 1. Angela Klein, redactora jefa responsable de la revista SOZ. 2. Carola Rackete, bióloga, activista, capitana de barco arrestada en Italia en junio de 2019 por proteger a refugiados, exmiembro del Parlamento Europeo.
Argentina 3. Atilio A. Boron, docente Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Avellaneda. 4. Verónica Gago, activista feminista e investigadora en la Universidad de Buenos Aires. 5. Julio Gambina, Corriente Política de Izquierda, ATTAC Argentina, CADTM AYNA. 6. Claudio Katz, profesor de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. 7. Beverly Keene, Diálogo 2000-Jubileo Sur Argentina y Autoconvocatoria por la Suspensión del Pago e Investigación de la Deuda. 8. Claudio Lozano, Presidente del Instrumento Electoral por la Unidad Popular. 9. Jorgelina Matusevicius, referente de Vientos del Pueblo Frente por el Poder Popular. 10. Felisa Miceli, Economista, Ex Ministra de Economía de Argentina 2005/2007. 11. Martín Mosquera, editor de Jacobin América Latina (Jacobinlat). 12. María Elena Saludas, integrante ATTAC- Cadtm Argentina, Corriente Política de Izquierda (CPI).
Australia 13. Federico Fuentes, editor LINKS International Journal of Socialist Renewal. 14. Pip Hinman, Coeditora de Green Left. 15. Susan Price, Coeditora de Green Left.
Bélgica 16. Vanessa Amboldi, directora del CEPAG movimiento de educación popular. 17. France Arets, profesora de historia jubilada, activa en el apoyo a personas sin papeles, CRACPE. 18. Eléonore Bronstein, secretaria federal del Mouvement Ouvrier Chrétien Bruselas. 19. Céline Caudron, Gauche Anticapitaliste, militante sindical y feminista. 20. Giulia Contes, Copresidenta de la Coordination Nationale d’Action pour la Paix et la Démocratie (CNAPD). 21. Paul-Emile Dupret, jurista, exfuncionario de The Left en el Parlamento Europeo. 22. Pierre Galand, exsenador, presidente de la Association Belgo-Palestinienne (ABP), presidente de la Conférence européenne de coordination du soutien au peuple sahraoui (EUCOCO). 23. Corinne Gobin, profesora de la Université libre de Bruxelles. 24. Henri Goldman, miembro de la Unión de Judíos Progresistas de Bélgica. 25. Jean-François Tamellini, secretario general de la FGTB wallonne. 26. Éric Toussaint, portavoz de CADTM international. 27. Felipe Van Keirsbilck, secretario general de la Centrale Nationale des Empoyés (CNE/CSC). 28. Arnaud Zacharie, maestro de conferencias en la ULB y en la ULiège, secretario general del Centre National de Coopération au Développement (CNCD).
Benín 29. Émilie Atchaka, feminista, presidenta de la CADD Benín.
Bolivia 30. Gabriela Montaño, médica, ex Presidenta de la Cámara de Diputados y Senadores, exministra de Salud.
Brasil 31. Ricardo Abreu de Melo «Alemão», FMG. 32. Luana Alves, feminista negra, concejala del PSOL en São Paulo. 33. Frei Betto, escritor. 34. Sâmia Bomfim, diputada federal PSOL. 35. Bianca Borges, presidenta de la UNE. 36. Ana Cristina Carvalhaes, Periodista, revista Inprecor. 37. Raul Carrion, Historiador, exdiputado, miembro de la FMG y de la Secretaría de Relaciones Internacionales del PC de Brasil. 38. Rodrigo Dilelio, presidente del Partido dos Trabalhadores de la ciudad de Porto Alegre; Comité Organizador. 39. Olívio Dutra, Ex Gobernador del Estado de Rio Grande do Sul; Ex Ministro de las Ciudades (PT). 40. Israel Dutra, Secretario de Movimientos Sociales del PSOL, miembro de la Dirección Nacional del PSOL. 41. Luciana Genro, diputada estadual de Rio Grande do Sul y presidenta de la Fundação Lauro Campos/Marielle Franco. 42. Tarso Genro, Ex Gobernador del Estado de Rio Grande do Sul; Ex Ministro de Justicia (PT). 43. Socorro Gomes, CEBRAPAZ y Consejo Mundial de la Paz. 44. Amanda Harumy, Analista internacional y latinoamericanista. 45. Elias Jabbour, geógrafo y especialista en China. 46. Joao Machado, economista, PSOL. 47. Fernanda Melchionna, diputada federal PSOL de Rio Grande do Sul. 48. Maria do Rosário Nunes, Diputada Federal; Ex Ministra de Derechos Humanos (PT). 49. Misiara Oliveira, secretaria adjunta de Relaciones Internacionales / Comisión Ejecutiva Nacional (PT). 50. Raul Pont, historiador, exalcalde de Porto Alegre, PT. 51. Ana Maria Prestes, historiadora, doctora en Ciencias Políticas y secretaria de Relaciones Internacionales del CC del PC de Brasil. 52. Edson Puchalski, presidente del PC do B Rio Grande do Sul. 53. Roberto Robaina, concejal y presidente del PSOL de Porto Alegre. 54. Miguel Rossetto, líder del PT en la Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul. 55. Juliana Souza, líder del PT en el Concejo Municipal de Porto Alegre. 56. Joao Pedro Stedile, activista social, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST). 57. Gabi Tolotti, presidenta del PSOL Rio Grande do Sul. 58. Thiago Ávila, coordinación internacional de la Global Sumud Flotilla para Gaza.
Cataluña 59. Ada Colau, activista social, ex Alcaldesa de Barcelona, Presidenta de la Fundación Sentit Comú. 60. Gerardo Pisarello, diputado en el Congreso por Comuns. Profesor de derecho. Universitat de Barcelona. 61. Daniel Raventós, profesor de la Universidad de Barcelona. Comité de Redacción de la revista Sin Permiso y presidente de la Red Renta Básica. 62. Carles Riera, sociólogo, exdiputado y miembro de la Mesa del Parlamento de Catalunya por la CUP (2016-2024), presidente de la Fundación FDC, presidente de la Red Mundial por los Derechos Colectivos de los Pueblos.
Chile 63. Daniel Jadue, Partido Comunista de Chile. 64. Jorge Sharp Fajardo, ex alcalde de Valparaíso, miembro de Transformar Chile.
Colombia 65. Wilson Arias, senador de la República. 66. Isabel Cristina Zuleta, senadora del Pacto Histórico.
Congo, República Democrática del 67. Yvonne Ngoyi, feminista, presidenta de la Unión de Mujeres para la Dignidad Humana (UFDH).
Costa de Marfil 68. Solange Kone Sanogo, presidenta del Foro Nacional sobre Estrategias Económicas y Sociales (FNSES), Coordinación Nacional Marcha Mundial de las Mujeres.
Cuba 69. Rafael Acosta, escritor, académico e investigador. 70. Aurelio Alonso, subdirector de la revista Casa de las Américas. 71. Katiuska Blanco, escritora y periodista, RedEDH. 72. Olga Fernández Ríos, Instituto de Filosofía y vicepresidenta de la Academia de Ciencias de Cuba. 73. Norma Goicochea, presidenta de la Asociación Cubana de las Naciones Unidas, integrante de la Red en Defensa de la Humanidad (REDH). 74. Georgina Alfonso González, Dra., directora del Instituto de Filosofía. 75. Rafael Hernández, politólogo y profesor. Director, Revista Temas. 76. Marilín Peña Pérez, educadora popular, Centro Memorial Dr. Martin Luther King (CMLK). 77. Pedro Prada, periodista, investigador y diplomático. 78. Abel Prieto, escritor, ex ministro de Cultura, diputado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, presidente de la Casa de las Américas. 79. Raul Suárez, Rev., pastor emérito de la iglesia Bautista Ebenezer, Fundador del Centro Memorial Dr. Martin Luther King, Jr. 80. Marlene Vázquez Pérez, directora del Centro de Estudios Martianos.
Dinamarca
81. Per Clausen, miembro del Parlamento Europeo, GUE/NGL, Alianza Roja-Verde. 82. Søren Søndergaard, miembro del Parlamento, Alianza Roja-Verde.
Ecuador 83. Alberto Acosta, ex presidente de la Asamblea Constituyente en 2007-2008.
España 84. Fernanda Gadea, coordinadora de ATTAC España. 85. Estrella Galán, eurodiputada SUMAR, grupo The Left. 86. Manuel Garí Ramos, economista ecosocialista, miembro del Consejo Asesor de la revista Viento Sur. 87. Vicent Marzà i Ibáñez, diputado en el Parlamento Europeo por Compromís, País Valenciano. 88. Fátima Martín, periodista, editora del periódico onlineFemeninoRural.com, integrante del CADTM. 89. Irene Montero, secretaria política de PODEMOS, eurodiputada y ex Ministra de Igualdad. 90. Jaime Pastor, redactor de la revista Viento Sur. 91. Manu Pineda, ex diputado al Parlamento Europeo y responsable de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Español. 92. Olga Rodríguez, periodista y escritora. 93. Teresa Rodríguez, co-portavoz de Adelante Andalucía. Profesora de secundaria y bachillerato. 94. Isabel Serra Sánchez, Diputada en el Parlamento Europeo de Podemos/The Left. 95. Miguel Urban, ex eurodiputado, miembro del consejo editorial de la revista Viento Sur. 96. Koldobi Velasco Vázquez, participante de Alternativa antimilitarista y del Movimiento Objetor de Conciencia/Acción Directa No Violenta. Docente universitaria de Trabajo Social, Canarias.
Estados Unidos 97. David Adler, Coordinador General Adjunto de la Internacional Progresista. 98. Anthony Arnove, editor. Revista Tempest y Haymarket Books. 99. Tithi Bhattacharya, profesora de Historia, Purdue University, coautora de Manifiesto de un feminismo para el 99%. 100. Robert Brenner, profesor emérito de historia y director del Center for Social Theory and Comparative History en la University of California, Los Angeles (UCLA). 101. Vivek Chibber, profesor de sociología en la New York University. Editor de Catalyst. 102. Olivia DiNucci, organizadora antimilitarismo y justicia climática con sede en Washington D.C. y escritora, afiliada a Code Pink, una organización feminista de base que trabaja para poner fin a las guerras y el militarismo estadounidense. 103. Dianne Feeley, trabajadora automotriz jubilada (UAW Local 235), miembro de Solidarity, Metro Detroit DSA y editora de la revista Against the Current. 104. Nancy Fraser, profesora emérita, New School for Social Research y miembro del Comité Editorial de New Left Review, coautora de Manifiesto de un feminismo para el 99%. 105. Michael Hudson, profesor de economía, emérito, UMKC, y autor de Super Imperialism. 106. Neal Meyer, miembro de DSA y editor para Socialist Call. 107. Christian Parenti, periodista de investigación, académico, autor y editor colaborador de The Nation. 108. Jana Silverman, Profesora de Relaciones Internacionales, Universidade Federal do ABC (UFABC) y copresidenta, Comité Internacional de los Socialistas Democráticos de América (DSA) 109. Bhaskar Sunkara, editor fundador de Jacobin, presidente de la revista The Nation. 110. Suzi Weissman, profesora de Ciencias Políticas en el Saint Mary’s College of California.
Filipinas 111. Walden Bello, copresidente del consejo de administración, Focus on the Global South. 112. Jen Cornelio, Presidenta de Inged Fintailan (Organización de Mujeres IP/ Mindanao). 113. Dorothy Guerrero, consultora, Alianza Womin africana; Copresidenta del consejo de administración de la Red Minera de Londres. 114. Reihana Mohideen, Internacional Office, Partido Lakas ng Masa-PLM (Partido de las Masas Trabajadoras). 115. Lidy Nacpil, Coordinadora del Movimiento Popular Asiático sobre Deuda y Desarrollo. 116. Reyna Joyce Villagomez, secretaria general del Movimiento de los Pobres Rurales.
Francia 117. Manon Aubry, copresidenta (LFI) del grupo de la Izquierda (The Left) en el Parlamento Europeo. 118. Ludivine Bantigny, historiadora. 119. Olivier Besancenot, NPA – l’Anticapitaliste. 120. Leila Chaibi, miembro del parlamento europeo, La France Insoumise, The Left. 121. Fabien Cohen, Secretario General de France Amérique Latine-FAL. 122. Hendrik Davi, diputado a la Asamblea Nacional del grupo ecologista y social y miembro de la APRES. 123. Penelope Duggan, miembra de la dirección de la Cuarta Internacional, redactora jefe de International Viewpoint. 124. Annie Ernaux, Premio Nobel de Literatura 2022. 125. Angélique Grosmaire, secretaria general de la Federación Sud PTT. 126. Rima Hassan, miembro del parlamento europeo, LFI. 127. Michael Löwy, sociólogo, ecosocialista. 128. Jean-Luc Mélenchon, La France Insoumise. 129. Ugo Palheta, editor de la Revue ContreTemps, autor de «La nouvelle internationale fasciste». 130. Patricia Pol, universitaria, representante de Attac France en el Consejo internacional del Foro Social Mundial. 131. Raymonde Poncet Monge, senadora Les Écologistes. 132. Thomas Portes, diputado LFI a la Asamblea Nacional. 133. Christine Poupin, Portavoz del NPA – l’Anticapitaliste. 134. Denis Robert, fundador y director de la redacción de Blast, medio de información independiente. 135. Catherine Samary, investigadora en economía política, especialista de los Balcanes, miembro de la QI y de la ENSU (European Network in Solidarity with Ukraine). 136. Aurélie Trouvé, diputada a la Asamblea Nacional, La France Insoumise. 137. Cem Yoldas, Portavoz de la Jeune Garde Antifasciste. 138. Sophie Zafari, sindicalista FSU.
Galicia 139. Ana Miranda, miembro del Parlamento Europeo, Bloque Nacionalista Galego (BNG).
Grecia 140. Zoe Konstantopoulou, abogada, jefa del Movimiento Político «Curso a la Libertad», miembro del Parlamento, ex presidenta del Parlamento griego, iniciadora-presidenta del Comité de la Verdad sobre la Deuda Pública. 141. Nadia Valavani, economista y autora, ministra alterna de finanzas en 2015 y exmiembro del Parlamento griego. 142. Yanis Varoufakis, líder de MeRA25, cofundador de DiEM25, profesor de economía – Universidad de Atenas.
Haití 143. Camille Chalmers, profesor de la Université d’Etat d’Haiti (UEH), director de la PAPDA, miembro del comité ejecutivo regional de la Assemblée des Peuples de la Caraïbe (APC), miembro del Comité nacional haïtien pour la restitution et les réparations (CNHRR).
India 144. Sushovan Dhar, revista Alternative Viewpoint, miembro del CI del Foro Social Mundial y de CADTM India. 145. Vijay Prashad, director, Instituto de Investigación Social Tricontinental. 146. Achin Vanaik, profesor jubilado de la Universidad de Delhi y miembro fundador de la Coalición para el Desarme Nuclear y la Paz (CNDP).
Indonesia 147. Rahmat Maulana Sidik, Director Ejecutivo, Indonesia for Global Justice (IGJ).
Irak 148. Noor Salem, periodista de radio.
Irlanda 149. Paul Murphy, miembro del Parlamento.
Italia 150. Eliana Como, miembra de la Assemblea Nazionale del sindicato CGIL. 151. Nadia De Mond, activista e investigadora feminista, Centro de Estudios para la Autogestión. 152. Domenico Lucano, alcalde de Riace en Calabria, miembro del Parlamento Europeo (grupo de izquierda The Left), perseguido por su política humanista de acogida de migrantes y refugiados por el sistema judicial italiano y el ministro del Interior de extrema derecha, el Sr. Salvini, injustamente condenado a 13 años de prisión antes de ganar su apelación tras una larga batalla legal y gracias a la solidaridad. 153. Cristina Quintavalla, profesora de filosofía, militante decolonial, contra las privatizaciones y la deuda pública. 154. Ilaria Salis, activista antifascista, injustamente encarcelada en Budapest hasta su elección en junio de 2024, miembro del Parlamento Europeo (The Left).
Kenia 155. Ikal Angelei, Dra., activista académica por los derechos indígenas. 156. David Otieno, Coordinador General, Liga de Campesinos de Kenia y Presidente Convocante del Grupo de Referencia de la Sociedad Civil, miembro de La Vía Campesina.
La Reunión/Francia 157. Françoise Vergès, autora, militante feminista decolonial.
Líbano 158. Sara Salloum, cofundadora y presidenta de AgriMovement en Líbano.
Luxemburgo 159. Justin Turpel, ex diputado de ’déi Lénk – la Gauche’ en la Cámara de Diputados. 160. David Wagner, miembro de déi Lénk de la Cámara de Diputados.
Madagascar 161. Zo Randriamaro, presidenta del Movimiento de los Pueblos del Océano Índico.
Malasia 162. Jeyakumar Devaraj, presidente del Partido Socialista de Malasia.
Malí 163. Massa Kone, del comité organizador del Foro Social Mundial 2026 en Benín.
Marruecos 164. Fatima Zahra El Belghiti, miembro de Attac CADTM Marruecos.
Martinica/Francia 165. Mireille Fanon-Mendes-France, copresidenta de la Fundación Frantz Fanon internacional. 166. Fondación Frantz Fanon, https://fondation-frantzfanon.com/
México 167. Armando Bartra, escritor, sociólogo, filósofo y analista político. 168. Verónica Carrillo Ortega, integrante de la Promotora Nacional para la Suspensión de la Deuda Pública en México, CADTM AYNA. 169. Ana Esther Ceceña, coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica y de la Agencia Latinoamericana de Información. Universidad Nacional Autónoma de México. 170. Martín Esparza Flores, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). 171. Diana Fuentes, filósofa y analista política, profesora-investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana. 172. María Auxilio Heredia Anaya, sindicalista y feminista, Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). 173. Sara Lovera Lopez, periodista/feminista. 174. Ana López Rodríguez, una fundadora del PRT y dirigente campesina Sonora, integrante del MSP. 175. Pablo Moctezuma Barragán, politólogo, historiador y urbanista; investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, vocero del Congreso por la Soberanía. 176. Massimo Modonesi, historiador, sociólogo y politólogo, profesor Ordinario de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 177. Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). 178. Magdalena Núñez Monreal, Diputada Federal en el Congreso de México. 179. César Enrique Pineda, sociólogo y activista, docente en la Facultad de Políticas Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. 180. Mónica Soto Elízaga, feminista y cofundadora de la Promotora por la suspensión del pago de la deuda pública (México), CADTM AYNA. 181. Paco Ignacio Taibo II, escritor y director del Fondo de Cultura Económica. 182. Carolina Verduzco Ríos, antropóloga, profesora en el Instituto Politécnico Nacional, integrante del Comité 68.
Nigeria 183. Emem Okon, fundadora y directora del Centro de Desarrollo y Recursos de Mujeres de Kebetkache.
País Vasco 184. Garbiñe Aranburu Irazusta, Coordinadora General del Sindicato LAB. 185. Igor Arroyo Leatxe, Coordinadora General del Sindicato LAB. 186. Josu Chueca, ex profesor de la EHU. Activista de la memoria histórica. 187. Irati Jiménez, parlamentaria en Navarra, EH Bildu. 188. Mitxel Lakuntza Vicario, secretario general del Sindicato ELA Sindikatua. 189. Oskar Matute, diputado en el Congreso del estado español, EH Bildu. 190. Luisa Menendez Aguirre, activista antirracista y feminista, Bilbao. 191. Amaia Muñoa Capron-Manieux, secretaria general adjunta del Sindicato ELA Sindikatua. 192. Anabel Sanz Del Pozo, activista feminista, Bilbao. 193. Igor Zulaika, parlamentario en la CAPV, EH Bildu.
Pakistán 194. Sheema Kermani, Artista escénica, defensora de los derechos humanos.
Palestina/Francia 195. Salah Hamouri, abogado franco-palestino, ex detenido político durante 10 años en las prisiones israelíes, deportado a Francia en 2022.
Perú 196. Evelyn Capchi Sotelo, secretaria de Organización Nacional del NUEVO PERÚ POR EL BUEN VIVIR. 197. Jorge Escalante Echeandia, responsable político de la corriente SÚMATE, dirigente nacional de la organización NUEVO PERÚ POR EL BUEN VIVIR. 198. Yolanda Lara Cortez, Dirigente feminista y socio ambiental de la provincia del Santa Ancash. 199. Flavio Olortegui, Dirigente de la Federación Nacional de trabajadores textiles del Perú.
Portugal 200. Mamadou Ba, investigador, dirigente de SOS Racismo Portugal. 201. Jorge Costa, periodista, miembro de la dirección nacional del Bloco de Esquerda. 202. Mariana Mortágua, economista, Bloco de Esquerda. 203. José Manuel Pureza, coordinador del Bloco de Esquerda. 204. Alda Sousa, ex diputada europea del Bloco de Esquerda.
Puerto Rico 205. Manuel Rodríguez Banchs, portavoz del Instituto Internacional de Investigación y Formación Obrera y Sindical. iNFOS. 206. Rafael Bernabé, autor y profesor universitario; ex miembro del Senado de Puerto Rico por el Movimiento Victoria Ciudadana.
Reino Unido 207. Gilbert Achcar, profesor emérito, SOAS, University of London. 208. Jeremy Corbyn, miembro del Parlamento, cofundador de Your Party. 209. Michael Roberts, economista y autor. 210. Zarah Sultana, miembro del Parlamento, cofundadora de Your Party.
Senegal 211. Aly Sagne, fundador y director de Lumière Synergies pour le Développement.
Sri Lanka 212. Swasthika Arulingam, Presidenta de la Federación Unida del Trabajo. 213. Kalpa Rajapaksha, Dr., profesor titular, Departamento de Economía, Universidad de Peradeniya. 214. Amali Wedagedara, Centro Bandaranaike de Estudios Internacionales.
Sudáfrica 215. Mercia Andrews, coordinadora de la Asamblea de Mujeres Rurales del África Austral, miembro fundadora de la campaña de solidaridad palestina y miembro activo de BDS Sudáfrica. 216. Patrick Bond, Profesor Distinguido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Johannesburgo, donde dirige el Centro para el Cambio Social. 217. Samantha Hargreaves, fundadora y directora de WoMin. 218. Trevor Ngwane, presidente, United Front, Johannesburgo.
Suiza 219. Sébastien Bertrand, Enseignant.e.s pour le climat, Syndicat des Services Publics y miembro de solidaritéS Ginebra. 220. Hadrien Buclin, diputada Ensemble à Gauche en el Parlamento del Cantón de Vaud. 221. Marianne Ebel, Marcha Mundial de las Mujeres y de solidaritéS Neuchâtel. 222. Jocelyne Haller, solidaritéS, ex diputada cantonal de Ginebra. 223. Gabriella Lima, miembro del CADTM Suiza y de la plataforma Ensemble à Gauche. 224. Mathilde Marendaz, diputada Ensemble à Gauche en el Parlamento del Cantón de Vaud. 225. Aude Martenot, investigadora y coordinadora asociativa. 226. Mathieu Menghini, historiador de la acción cultural. 227. Françoise Nyffler, Colectivo Huelga feminista Suiza. 228. Stefanie Prezioso, ex diputada, Parlamento suizo. 229. Juan Tortosa, portavoz del CADTM-Suiza y miembro de SolidaritéS Suiza. 230. María Wuillemin, militante ecofeminista, miembro del Colectivo Jaguar. 231. Jean Ziegler, escritor, ex parlamentario, antiguo Relator Especial de la ONU para el derecho a la alimentación.
Siria 232. Joseph Daher, académico y especialista en economía política de Oriente Medio (residente en Suiza). 233. Munif Mulhen, activista político de izquierda. Ex prisionero político durante 16 años durante el régimen de Hafez al-Assad (1970-2000).
Túnez 234. Imen Louati, militante tunecina, una de las miembros fundadoras de la red de soberanía alimentaria árabe (Siyada). 235. Layla Riahi, miembro de la red Siyada pour la souveraineté alimentaire.
Venezuela 236. Luis Bonilla-Molina, director de Otras Voces en Educación.
Los hábitos de los mercados financieros mundiales tienen un impacto directo en el coste de la vida y en la crisis climática. Las sociedades y los gobiernos deben recuperar el control para evitar una catástrofe.
Durante más de veinte años, entre 1980 y 2016, Donald Trump construyó, saqueó y luego llevó a la quiebra un imperio de casinos —Trump Entertainment Resorts— a lo largo del emblemático paseo marítimo de Atlantic City. Sus casinos despojaron a los apostadores de sus ganancias ganadas con esfuerzo, arruinaron a los tenedores de bonos y a los inversores del mercado de valores, y terminaron siendo fracasos prolongados y costosos, incluso mientras enriquecían a Trump. «El dinero que saqué de allí fue increíble», declaró al New York Times.
El presidente del casino era conocido por emitir acciones y bonos y pedir prestadas montañas de «bonos basura» para financiar sus casinos de Atlantic City, solo para despojarse de los activos y enriquecerse a sí mismo y a su familia. Las acciones se vendieron a personas crédulas y pronto se desplomaron; luego incumplió el pago de los bonos (promesas de pago); y los casinos quebraron, no una, ni dos, sino cinco veces.
Al igual que Trump, Wall Street ha emitido, desde la gran crisis financiera, cantidades desconocidas de deuda en mercados privados y no regulados. Esto ha llevado a los analistas financieros a advertir sobre los crecientes problemas de deuda en los mercados de capital privado y de crédito privado, y sobre una repetición de la crisis financiera mundial de 2007. Los grandes bancos de Wall Street también están implicados: ya tienen 1,3 billones de dólares en préstamos al sector «bancario en la sombra», no regulado. Al igual que Trump, Wall Street ha utilizado la desregulación financiera para saquear la economía mundial, extraer y explotar la naturaleza, y ha enriquecido enormemente al 1 % más rico.
Del mismo modo, los grandes gigantes del sector tecnológico han creado «vehículos de propósito especial» para ocultar en sus balances 120 000 millones de dólares de préstamos destinados a financiar centros de datos. Tenemos motivos para preocuparnos por los riesgos financieros de la enorme apuesta de Wall Street por la inteligencia artificial. Los multimillonarios tecnológicos están apostando más de un billón de dólares por una tecnología —la inteligencia artificial general (AGI)— que aún no existe, pero que promete, literalmente, «el mundo». Su apuesta cuenta con el respaldo de grandes y pequeños especuladores que han invertido 5 billones de dólares en el éxito de esta apuesta.
El capitalismo siempre ha producido audaces creativos y apostadores, aquellos que soñaron, invirtieron y construyeron los ferrocarriles, las computadoras e Internet. Lo que es diferente hoy en día es que, a diferencia de los ferrocarriles, las computadoras e incluso Internet, la IGA no existe. La burbuja de la IGA puede ser solo un vasto juego de poder tecno-distópico, diseñado para poner a los jefes de Silicon Valley en control político y financiero sobre una vasta y debilitada fuerza laboral global. Se trata de una guerra de clases en su forma más brutal: una guerra de clases que ha sido posible gracias a un sistema financiero global fuera de control.
Al igual que Trump, sus amigos de Wall Street y las grandes tecnológicas están enamorados de la «moneda» criminal que es la criptomoneda. En vísperas de su toma de posesión, el presidente del casino y su esposa lanzaron los memes digitales $TRUMP y $MELANIA, que añadieron millones a su fortuna combinada. A los dos días de asumir el cargo, la presidencia de Estados Unidos ya se había convertido en más lucrativa para Trump que para cualquier otro presidente de la historia del país, según el editor jefe de la revista Forbes. Y al igual que Trump, Wall Street y Estados Unidos se encuentran «una vez más en el centro de una vorágine fiscal y financiera global», como sostiene el distinguido columnista del Financial Times John Plender.
El casino global
Estos son los problemas de lo que yo denomino el casino global, que facilita las apuestas demenciales de los mercados financieros internacionales y el impacto directo de sus actividades en nuestras pensiones, nuestro pan de cada día, la energía y la vivienda, pero también en la biosfera.
Los hábitos de juego de los mercados financieros globales son en gran medida invisibles para los no economistas y el público en general. La visión convencional del público sobre la relación entre la economía y la democracia es una ilusión, al igual que la visión convencional de que el clima era lo mismo que el tiempo atmosférico fue en su día una ilusión muy extendida.
Nosotros, y las economías en las que vivimos, no estamos gobernados por políticos elegidos, dictadores y sus funcionarios públicos. En cambio, las decisiones políticas clave las toman los operadores del sistema financiero global, en gran medida desregulado.
El valor de la economía y de la moneda de una nación está determinado en gran medida por actores invisibles en los mercados financieros. Lo mismo ocurre con los tipos de interés de una nación, que a su vez determinan si los empresarios están dispuestos, o pueden permitirse, invertir en la economía nacional. El valor de nuestras pensiones y los precios de los alimentos, la energía y la vivienda son palancas económicas clave que en gran medida manejan financieros irresponsables y que no rinden cuentas, que operan en los mercados financieros y de materias primas internacionales.
Aunque nuestros políticos electos pueden ser culpables, no podemos culparlos con toda sinceridad del fracaso y la volatilidad económicos. Junto con los tecnócratas de los bancos centrales, las decisiones y actividades de los banqueros globales, los gestores de activos, los propietarios de fondos de cobertura y los profesionales del capital privado —que nunca se presentan a las elecciones— tienen un impacto mucho mayor en nuestras economías, nuestras vidas y nuestros medios de subsistencia, de formas poderosas, aunque invisibles. Y, sin embargo, sus actividades y debates sobre el sistema se minimizan. Nos obsesionamos con las últimas cifras de inflación y desempleo, persuadidos por los economistas de que ambas son en gran medida el resultado de las decisiones tomadas por el Gobierno británico y el Banco de Inglaterra.
A pesar de ello, el público no se deja engañar fácilmente. Aunque desconoce cómo se toman estas decisiones, es muy consciente de que los mercados dictan las políticas económicas y de que los políticos elegidos son relativamente impotentes frente a ellos. Sin embargo, su mejor comprensión del funcionamiento del sistema (para poder cambiarlo) se ve dificultada por una profesión económica que descuida en gran medida la cuestión del dinero y las finanzas, prefiriendo centrarse en lo tangible: las transacciones económicas nacionales y el comercio.
Para la mayoría de los economistas convencionales, el enfoque de la economía es estrecho y terrenal, fijado en lo que se denomina el nivel micro: el individuo, el hogar y la empresa. Los microeconomistas tienden a pasar por alto el impacto del sistema internacional y a centrarse en los acontecimientos de «la economía cotidiana», que es precisamente el título de un libro de la ministra de Hacienda británica, Rachel Reeves. Reeves define «tres partes constitutivas de esta economía política: el trabajo y los salarios, las familias y los hogares, y los lugares locales a los que pertenecen las personas».
El enfoque nacional se basa en los supuestos de la microeconomía convencional. Es decir, que la demanda y la oferta de capital, bienes y servicios dependen de una multitud de tomadores de decisiones racionales que operan dentro de las fronteras de la nación y sus mercados competitivos nacionales. De hecho, la mayoría de esos tomadores de decisiones operan en rincones remotos de El casino global.
Al igual que el público ha aprendido a distinguir entre el tiempo y el clima, entre lo local y lo planetario, es esencial comprender mejor el sistema financiarizado, en gran medida invisible, si se quiere cambiar el sistema. La tarea es urgente. Las instituciones democráticas han sido vaciadas y despojadas de su poder por aquellos que ocupan los puestos más altos del sistema financiero mundial. Bajo el orden mundial actual, estamos gobernados de facto por actores ricos y poderosos de los mercados con sede en Silicon Valley, Wall Street, la Bolsa Mercantil de Chicago y la City de Londres. (A partir de ahora, englobaré a todos estos actores bajo el término «Wall Street»).
El gobierno del dinero organizado se ha vuelto insoportable para la sociedad humana. Los mercados financieros que dictan precios elevados para servicios esenciales para la humanidad, como el agua, la vivienda, la energía, la salud y la educación, han desencadenado fuertes reacciones políticas. La sociedad ha recurrido a hombres fuertes, dictadores y autoritarios para que la «protejan» de los mercados. El razonamiento, como explicó Karl Polanyi en 1944, es sencillo: el gobierno de los mercados (es decir, el capitalismo) no podría existir durante mucho tiempo sin «aniquilar la sustancia humana y natural de la sociedad; habría destruido físicamente al hombre [sic] y transformado su entorno en un desierto».
Inevitablemente, la sociedad tomó medidas para protegerse, continuó. Pero cualquier medida que tomara la sociedad —por ejemplo, la elección de Donald Trump, que prometió protección frente a los mercados chino y mexicano— perjudicaba a esos mercados, desorganizaba la vida industrial y ponía en peligro a la sociedad estadounidense de otras maneras.
Cerrar el casino
El triunfalismo actual de los mercados financieros y las empresas desvinculados y autorregulados es una prueba del control privado del mercado sobre el sistema financiero internacional. Con demasiada frecuencia se pasa por alto la base sistémica del poder corporativo y se centra la atención en las personas que están al frente de las organizaciones o en sus actividades. Sin embargo, debemos centrarnos en el poder global de un sistema financiero internacional gestionado por autoridades privadas, no públicas, y reconocer que no será posible abordar la crisis ecológica hasta que el sistema internacional vuelva a estar gobernado por instituciones democráticas y públicamente responsables.
¿Puede otra lucha de los internacionalistas progresistas derrotar el poder y los nacionalismos fundamentales para el modelo actual de globalización financiarizada y rentismo? ¿O estamos condenados a soportar el inevitable efecto dominó del fracaso económico, el colapso de los sistemas terrestres y otra guerra mundial?
Aunque el sector parece vasto e imparable, eso cambiará en caso de una catástrofe ecológica o financiera importante, o de algún otro acontecimiento transformador. En 2007-2009, la izquierda (en sentido amplio) no estaba preparada para la crisis financiera mundial. No había un «plan B», por lo que The Global Casino se consolidó —y ahora es aún más poderoso—, demasiado grande para quebrar y demasiado grande para ir a la cárcel. La sociedad debe desarrollar, debatir y defender un sistema alternativo, internacionalista y más estable al que recurrir.
Para estabilizar el sistema financiero internacional basado en el mercado es necesario, en primer lugar, volver a comprender bien la naturaleza del dinero y sus posibilidades y limitaciones. Esa comprensión sigue estando fuera del alcance de la mayoría de los economistas convencionales y, por lo tanto, de muchos en el sector financiero. Pero puede revivirse.
En segundo lugar, la intermediación bancaria y financiera debe volver a integrarse en el mundo democrático real de la regulación bancaria, si se quiere movilizar el crédito o la financiación necesarios para la transformación de la economía mundial.
Para hacer frente a la amenaza del colapso climático y la pérdida de biodiversidad es necesario, una vez más, subordinar los mercados de capitales a los intereses de la sociedad y el ecosistema, como Keynes y Roosevelt lograron en parte en los años treinta y cuarenta. Eso exige lo que Greta Thunberg denomina «pensamiento catedralicio». Para el cambio es fundamental la gestión de los flujos de capital transfronterizos, libres y no regulados. Es la movilidad del capital lo que permite a los ricos eludir los impuestos y trasladar sus beneficios a paraísos fiscales. Es la interrupción repentina de los flujos de capital lo que puede destruir una moneda. Y es la falta de regulación de los flujos de capital lo que dificulta tanto que el coste del dinero (el interés) se fije en función de los intereses de la economía nacional.
Para restaurar la autoridad pública democrática sobre la economía, la prioridad de la izquierda debe ser gestionar —no «controlar»— los flujos de capital transfronterizos. Para ello será necesario ir más allá de los fundamentos: la necesidad de comprender la naturaleza del sistema que llamamos dinero. Los componentes importantes de una economía mundial más estable son una arquitectura o un marco internacional para la coordinación y la cooperación internacionales, sobre la gestión de la movilidad del capital mundial, los tipos de cambio, los tipos de interés, los tipos impositivos y la armonización normativa. El respetado funcionario sudamericano José Antonio Ocampo describe el actual acuerdo como «el (no) sistema monetario internacional». Un nuevo sistema comercial más estable puede basarse en el plan de Keynes para una Unión Internacional de Compensación, presentado por primera vez al mundo en abril de 1943, cuando Gran Bretaña propuso reformas monetarias globales. Ese plan sigue siendo relevante y está disponible para su adopción.
El tercer requisito es contar con políticas que generen y apoyen la inversión necesaria para ayudar a la transformación de la economía global, alejándola de su adicción a los combustibles fósiles y creando economías más sostenibles.
Un objetivo clave es reorientar la actividad hacia el impulso interno de la demanda interna, en lugar del externo, es decir, hacia el extranjero. En 1984, Richard Kahn, probablemente el guardián más fiable del legado de Keynes, reiteró la conclusión de este:
Si las naciones pueden aprender a proporcionarse pleno empleo mediante su política interna… no será necesario que existan fuerzas económicas importantes calculadas para enfrentar los intereses de un país con los de sus vecinos.
El mundo aún tiene que aceptar esta sencilla lección que nos enseñó Keynes. La única forma de domar el poder del casino global es que los flujos de capital se contengan dentro de «compartimentos» o estados, y que los estados trabajen de forma cooperativa para gestionar los flujos de capital libre y sus propios compartimentos de capital.
Puede que este pensamiento parezca ilusorio ante los mercados de capitales actualizados, poderosos e irresponsables, incluido el sector bancario en la sombra, o como prefiere llamarlo el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB): el sector de intermediación financiera no bancaria, compuesto principalmente por fondos de pensiones, compañías de seguros y otros intermediarios financieros (OFI). Según informa el FSB, el sector bancario paralelo ha crecido más rápidamente que el sector bancario durante la última década, incluido 2019. Los activos financieros del sector NBFI ascendieron a 200,2 billones de dólares en 2019, lo que representa casi la mitad del sistema financiero mundial de ese año, frente al 42 % en 2008.
Pero, aunque el sector parece enorme e imparable, eso cambiará en caso de una catástrofe ecológica importante o de algún otro acontecimiento transformador. La sociedad debe entonces contar con un sistema alternativo, internacionalista y más estable al que recurrir.
Hoy en día, el vasto sector bancario paralelo opera en lo que equivale a la estratosfera financiera; se dedica a los préstamos con garantía y utiliza acuerdos de recompra (repos) para aumentar (apalancar) la liquidez en los mercados de capitales. Este sector se ha desarrollado debido a una concepción convencional y errónea del dinero como medio de intercambio basado en garantías que facilita el suministro de bienes y servicios. Esa concepción errónea del dinero como una mercancía sujeta a las fuerzas de la oferta y la demanda también explica la explosión de los acuerdos de recompra en el sector bancario paralelo y el auge de las criptomonedas, incluido el bitcoin.
Como ha argumentado Claudio Borio, jefe del Departamento Monetario y Económico del Banco de Pagos Internacionales:
Pocas cuestiones en economía han generado debates tan acalorados como la naturaleza del dinero y su papel en la economía. ¿Qué es el dinero? ¿Cómo se relaciona con la deuda? ¿Cómo influye en la actividad económica? La literatura económica dominante reciente es una desafortunada excepción. Salvo unos pocos que se han adentrado en estas aguas, la profesión macroeconómica ha permitido que el dinero se hunda. Y con poco o ningún remordimiento.
The Global Casino: How Wall Street Gambles With People and the Planet, de Ann Pettifor, se publicó el 27 de enero por Verso.
El último informe de Oxfam llega con cifras que ya conocemos pero que siguen siendo espectaculares: los pocos milmillonarios acumulan riqueza a velocidad récord mientras muchos millones de personas pasan hambre. Y otros muchos millones viven de forma miserable, sin ninguna perspectiva de vida que vaya más allá de la supervivencia inmediata. Y sí, una de las respuestas (no institucionales, no políticas, sí quizás populares) es señalar con el dedo a los de arriba. Con buenas razones, cierto, pero hay una pregunta más incómoda que deberíamos hacernos: ¿qué parte de responsabilidad tenemos el resto en mantener este sistema que hace posible esta realidad?
La teoría de la elección pública: cuando la culpa es de todos y de nadie
Existe una corriente de pensamiento económico que nos pone frente a un espejo muy incómodo. La escuela del Public Choice, desarrollada por economistas como James Buchanan, Anthony Downs, Mancur Olson y Gordon Tullock entre otros, sostiene algo que los malos gobiernos no solo existen porque haya políticos corruptos. Existen porque el sistema electoral y el comportamiento de los votantes los premian.
El argumento es el siguiente: informarse bien sobre política cuesta tiempo, esfuerzo, energía. Para un votante individual, el beneficio de dedicar horas a entender cuestiones complejas es casi nulo. Su voto es uno entre millones. ¿Para qué molestarse? Esto es lo que llaman “ignorancia racional”. No es que la gente sea tonta. Es que, desde el punto de vista del coste-beneficio individual, ser un ciudadano bien informado no compensa.
El resultado es que los políticos no responden a lo que funciona a largo plazo, sino a lo que da votos a corto plazo. Y los votantes, racionalmente ignorantes, premian eslóganes simples, promesas imposibles y chivos expiatorios convenientes. Cuando todo va mal, nadie paga el coste político porque la responsabilidad está tan difusa que es imposible identificar culpables concretos.
Esta escuela está basada en unos postulados que pueden resumirse así, entre otros: la política es un mercado, las personas dedicadas a la política son agentes racionales, el Estado está sujeto a decisiones públicas con los mismos fallos e incentivos que las decisiones privadas, la intervención del estado empeora los resultados de los llamados “fallos del mercado”.
El institucionalismo: el problema no es moral, es estructural
Los economistas institucionales fueron asesores del New Deal de los treinta del siglo pasado sea dicho de pasada. Esta tendencia, de la vieja o nueva escuela institucional, siguiendo la estela de Douglass North, Elinor Olstrom, Ronald Coase y Oliver Williamson entre otros, añaden una capa importante a este análisis: el problema no es que la gente sea mala o ignorante. El problema es que las instituciones —las reglas del juego— generan incentivos perversos. Si el sistema premia la irresponsabilidad, la irresponsabilidad será racional.
Tomemos un ejemplo concreto del informe de Oxfam: en 2024, las empresas vinculadas a los 10 hombres más ricos del mundo gastaron 88 millones de dólares en actividades de cabildeo en Estados Unidos, más que todos los sindicatos juntos. ¿Es esto corrupción? Desde el punto de vista legal, no necesariamente. Es simplemente usar las reglas del juego de manera racional para maximizar beneficios.
El problema, dirían los institucionalistas, no son los milmillonarios que hacen lobby. El problema son las instituciones que permiten que el dinero compre acceso político, que permiten las puertas giratorias entre reguladores y regulados, que permiten la concentración de medios de comunicación en manos de unos pocos.
La trampa de esta mirada: individualizar lo colectivo
Pero aquí hay un problema serio con este enfoque. Cuando decimos “la culpa es de los votantes que no se informan” o “el problema son las malas instituciones”, estamos individualizando algo que es fundamentalmente colectivo. Estamos convirtiendo un problema de poder en un problema de información o de diseño institucional.
Los datos de Oxfam muestran algo muy distinto: los milmillonarios tienen 4.000 veces más probabilidades que el ciudadano común de ocupar un cargo político. El 11% de los milmillonarios del mundo han ocupado o aspirado a cargos públicos. Elon Musk compra Twitter por 44.000 millones de dólares y lo convierte en una plataforma para amplificar sus ideas políticas y atacar a sus enemigos. Pero no vayamos tan lejos. Los parlamentarios del Congreso y del Senado españoles no son milmillonarios. Pero el 57% tiene más de una vivienda (muy por encima de la media de la población), las propiedades múltiples son muy superiores también a la media de la población, el salario medio sin contar complementos por cargos y funciones, es de unos 3.300 euros brutos mensuales (la media de la población está en menos de 2.700, y muchos millones de trabajadores están muy por debajo de los 2.000). Resumiendo, la realidad de la mayoría de los parlamentarios y parlamentarias españoles están en niveles de patrimonio superiores a la mayoría de la población. No es nada extraño que estén sesgados hacia determinadas políticas económicas que benefician a los ricos.
¿Es esto un problema de información de los votantes? ¿O es simplemente que algunos tienen un poder que pueden moldear las reglas del juego a su favor, independientemente de lo informados que estén los demás?
La responsabilidad colectiva que no se nombra
Pero reconocer esto no nos libera de responsabilidad. Al contrario, nos enfrenta a una responsabilidad más profunda y más incómoda. No es solo que votemos mal por estar mal informados. Es que, colectivamente, hemos construido y mantenemos un sistema en el que es racional para cada individuo actuar de manera que, en agregado, nos lleva al desastre. Esto es un viejo problema de algunos estudios de la teoría de la elección racional.
Cuando compramos en Amazon porque es más barato, estamos eligiendo. Cuando consumimos contenido en plataformas que algorítmicamente amplifican el odio porque genera más clics, estamos participando. Cuando votamos a políticos que prometen bajar impuestos sin preguntarnos de dónde saldrá el dinero para la sanidad o la educación, estamos decidiendo.
Y aquí está la trampa: cada una de estas decisiones es individualmente racional. Ahorrar dinero es racional. Entretenerse con contenido viral es racional. Pagar menos impuestos es individualmente racional. Pero el resultado agregado de todas estas racionalidades individuales es un sistema profundamente irracional desde el punto de vista colectivo. Y, aunque es ocioso recordarlo, la teoría de la elección racional estándar incluye dentro de uno de sus supuestos fundamentales el comportamiento egoísta. Que dicho de otra forma más técnica supone que dos funciones de utilidad de dos individuos son independientes e indiferentes entre sí. El supuesto de egoísmo en la teoría estándar de la elección racional, aunque no se entienda como una condición psicológica ni moral sino como una simplificación metodológica, acostumbra a ser una justificación normativa de instituciones que reproducen comportamientos egoístas.
El poder como variable oculta
Lo que la escuela del Public Choice y el institucionalismo tienden a minimizar es la variable del poder. No es lo mismo la “ignorancia racional” de alguien que trabaja en tres empleos precarios para llegar a fin de mes, que la ignorancia deliberada de quien puede permitirse contratar cabilderos para que diseñen las leyes que le afectan.
El informe de Oxfam documenta algo crucial: el 48% de la población mundial vive en situación de pobreza. Sin embargo, el ahogo no es solo económico, sino también político, ya que menos del 3% de la humanidad vive en países con un espacio cívico abierto. Las protestas contra la austeridad y el coste de la vida se reprimen violentamente; en Kenia, por ejemplo, 39 personas fueron asesinadas en las protestas contra los impuestos regresivos. ¿Es esto un problema de diseño institucional? Sí, pero también es un ejercicio deliberado de poder para mantener un sistema de desigualdad.
Hacia una renta básica soberana: cambiar las reglas del juego
Aquí es donde la propuesta de una renta básica mundial, financiada con impuestos sobre la riqueza extrema, cobra sentido no solo desde la redistribución sino desde el cambio institucional. No se trata solo de dar dinero. Se trata de cambiar radicalmente los incentivos del sistema.
Una renta básica garantizada modificaría la ecuación de poder. Daría a la gente la capacidad real de decir “no” a trabajos indignos o simplemente indeseados, de organizarse, de dedicar tiempo a informarse y participar políticamente sin tener que elegir entre pagar el alquiler o ir a una manifestación. Cambiaría el coste-beneficio de la participación política.
Desde el punto de vista del institucionalismo, una renta básica es un cambio de reglas del juego: modifica incentivos, redistribuye poder de negociación, reduce la asimetría entre quienes solo tienen su fuerza de trabajo y quienes tienen capital. No es caridad. Es reingeniería institucional. Más aún, desde un punto de vista republicano socialista la renta básica es una condición de la libertad. De la libertad republicana, es decir, de la concepción que no desliga las condiciones materiales de existencia de la libertad. Como con tanto éxito histórico-práctico sí que hizo la concepción liberal que divorció tan pimpantemente las condiciones materiales y la libertad. Y entonces la libertad se convierte en algo política y filosóficamente muy vulgar y que sirve de poca cosa más que de simple cobertura a los grandes poderes para hacer y deshacer a su gusto. Porque cuando se protegen los derechos de los trabajadores, cuando se incrementa el salario mínimo… ¿no estamos atentando a la libertad de los empresarios? ¿Cuándo se abolió la esclavitud, no se atentaba contra la libertad de los esclavistas? ¿Cuándo se abolió el trabajo infantil, no se atentaba contra la libertad de los empresarios que libremente los contrataban?
La pregunta que incomoda: ¿queremos realmente cambiar las reglas?
Los economistas del Public Choice tienen razón en algo: los malos gobiernos no caen del cielo. Son el resultado de decisiones individuales agregadas en un marco institucional concreto. Pero se equivocan al pensar que el problema es principalmente de información o de diseño técnico. El problema es de poder. Ya mucho antes, geniales revolucionarios como Marat, Saint-Just y Robespierre dejaron dicho repetidamente que el pueblo tiene a un enemigo especialmente peligroso: su gobierno. La libertad exige estar en guardia ante los que gobiernan. Robespierre lo decía muy claramente: “En todo estado libre, la ley debe defender, sobre todo, la libertad pública e individual contra el abuso de autoridad de quienes gobiernan”.
Y nosotros, como ciudadanos, enfrentamos una pregunta incómoda: ¿estamos dispuestos a organizarnos para construir el poder colectivo necesario para cambiar las reglas? Porque ese es el punto ciego tanto del Public Choice como del institucionalismo: asumen que las instituciones se cambian mediante decisiones técnicas racionales. Pero la historia muestra que las instituciones cambian cuando hay suficiente poder organizado para forzar el cambio.
El ejemplo de Kenya: cuando el poder colectivo funciona
La historia de las protestas de la Generación Z en Kenya es reveladora. Jóvenes sin recursos económicos consiguieron que el presidente retirara un proyecto de ley de impuestos regresivos. No lo hicieron con mejor información. No lo hicieron con diseño institucional más refinado. Lo hicieron con organización, con persistencia, con la disposición a arriesgar sus cuerpos en las calles.
Pagaron un precio alto: 39 muertos, tortura sistemática, persecución. Pero demostraron algo fundamental: el poder colectivo organizado puede cambiar las reglas del juego, incluso contra las élites más poderosas.
No es, claro está, el único ejemplo. Pero nos parece digno de apuntar.
La responsabilidad de imaginar juntos
Quizás nuestra mayor responsabilidad o incluso posibilidad de resistir a la barbarie que es la realidad social que vive gran parte de la población mundial no es solo informarnos mejor o votar mejor, que también sirve. Es organizarnos para construir poder colectivo. Los sindicatos tienen razón cuando aseguran que los trabajadores si están organizados mejoran los salarios no solo de los sindicalizados sino de todos en el sector. No tienen razón cuando afirman que una renta básica no ayudaría también a este fin. Cuando hay organizaciones de base fuertes, los políticos tienen que responder a más gente que solo a los cabilderos corporativos.
El informe de Oxfam documenta más de 142 protestas masivas en los últimos 12 meses. En Serbia, en Nepal, en Ecuador, en todo el mundo, la gente está diciendo “basta”. Y en algunos casos, están ganando. No porque estén mejor informados individualmente. Porque están mejor organizados colectivamente.
Propuestas concretas: cómo cambiar las reglas
Si el problema es de poder, del poder que tienen directamente o utilizan en su beneficio las grandes propiedades (recordemos al viejo de Tréveris: “La propiedad es el fruto del trabajo… de los demás”), las soluciones tienen que redistribuir, al menos, poder y propiedad. O subvertirlos. No se trata solo de políticas redistributivas, sino de mecanismos que cambien quién tiene capacidad de decisión. Algunas propuestas concretas:
1. Renta básica: el suelo que permite estar de pie
Una renta básica no es solo dinero. Es poder de negociación. Es la diferencia entre tener que aceptar cualquier trabajo en cualquier condición, y poder decir “no” a lo que no es digno. Cambia radicalmente el coste de participar políticamente: puedes ir a una manifestación sin perder el jornal, puedes dedicar tiempo a organizarte con tus vecinos, puedes arriesgarte a enfrentarte a tu empleador.
Como muestra Oxfam, con lo que aumentó la riqueza de los milmillonarios en un solo año se podrían dar 250 dólares a cada persona del planeta y aún seguirían siendo millonarios. No es una cuestión de recursos. Es una cuestión de decisión política.
2. Democracia participativa: decisión directa sobre presupuestos
El ejemplo de Porto Alegre en Brasil lo demostró: cuando la ciudadanía decide directamente sobre parte del presupuesto municipal, las prioridades cambian. Se invierte en barrios populares, en transporte público, en servicios básicos. No porque los técnicos no sepan, sino porque quienes viven los problemas son quienes mejor saben qué necesitan.
Y más importante aún: la participación genera más participación. La gente que decide sobre el presupuesto se politiza, se organiza, aprende. El problema no es la “ignorancia racional” de la que habla el Public Choice. El problema es la falta de espacios reales donde la gente pueda ejercer poder.
3. Fortalecimiento de sindicatos y organizaciones de base
Los datos son contundentes: donde hay sindicatos fuertes, hay menos desigualdad salarial. No solo para los trabajadores sindicalizados, sino para todos. Los sindicatos funcionan como un cierto contrapoder cuando no se convierten en dóciles siervos del mismo: obligan a negociar, fuerzan transparencia, documentan abusos. Y una renta básica sería un enorme empujón a disponer de una caja de resistencia efectiva para sostener reivindicaciones, especialmente en los sectores más precarizados. Aunque muchas direcciones de algunos sindicatos no lo hayan entendido aún.
Pero necesitan protección legal real: prohibición de despidos antisindicales, derecho de huelga efectivo, acceso a los lugares de trabajo. En Argentina, el gobierno de Milei está desmantelando sistemáticamente estas protecciones. Y no es casualidad: un trabajador aislado no tiene poder, un trabajador organizado sí.
4. Democratización radical de los medios
Si Elon Musk puede comprar Twitter y convertirlo en su megáfono personal, algo falla. Necesitamos:
Límites antimonopolio estrictos: ninguna persona o corporación debería poder controlar más del 15% de audiencia mediática en un país.
Medios públicos realmente independientes: financiados por impuestos, pero gobernados por consejos ciudadanos, no por el gobierno de turno.
Apoyo a medios comunitarios y cooperativos: con fondos públicos, pero sin control editorial gubernamental.
Regulación de algoritmos: transparencia obligatoria sobre cómo las plataformas amplifican contenidos. Si un algoritmo decide qué ven mil millones de personas, no puede ser propiedad privada de tres tipos en Silicon Valley.
5. Democracia en el lugar de trabajo
La empresa no puede ser un espacio libre de democracia. Hace muchos años, en la llamada “transición” española se defendía con un eslogan: “que la democracia entre en las empresas”. Si pasamos un tercio de nuestra vida trabajando en lugares donde no tenemos voz, eso moldea nuestra capacidad de ser ciudadanos. Entre los puntos a tener en cuenta de forma prioritaria:
Representación obligatoria de trabajadores en consejos de administración: como en Alemania, donde un tercio o la mitad del consejo son representantes electos por los trabajadores.
Derecho de veto sobre decisiones que afectan condiciones laborales: despidos masivos, cambios de turnos, introducción de vigilancia tecnológica.
Fomento de cooperativas de trabajadores: con acceso preferente a contratos públicos y crédito barato.
6. Asambleas ciudadanas deliberativas
Irlanda lo hizo para decidir sobre el aborto. Bélgica para cuestiones climáticas. Se sortea un grupo representativo de ciudadanos, se les da tiempo, información de calidad, expertos diversos, y deliberan. Las decisiones que salen de ahí son, sistemáticamente, más progresistas y mejor informadas que las que salen del juego político habitual.
No es que la gente sea ignorante. Es que el sistema electoral premia la polarización y el cortoplacismo. Las asambleas ciudadanas sortean (literalmente) ese problema.
7. Protección legal del derecho a protestar
El informe de Oxfam documenta la represión sistemática de protestas en todo el mundo. 39 muertos en Kenya, como se ha dicho. Tortura en Pakistán. Criminalización en Argentina. Si manifestarse te puede costar la vida o años de cárcel, el coste de cambiar las reglas se vuelve imposible para la mayoría. En EEUU, hoy esto ya es una realidad que cuesta muertes por impunidad policial.
Necesitamos:
Protocolos estrictos contra el uso de violencia policial en manifestaciones.
Prohibición de leyes antiterroristas para criminalizar protestas.
Protección legal a organizaciones de derechos humanos que documentan abusos.
8. Financiación pública de campañas electorales
Si las campañas se financian con donaciones privadas, quien más tiene más influye. Simple. La solución es simple también: financiación 100% pública, con techos bajos. Todas las candidaturas con un apoyo mínimo ciudadano reciben la misma cantidad. Se acabó el “un dólar, un voto”.
9. Renta y riqueza máximas
Una renta máxima, un impuesto a la riqueza y una limitación a las grandes fortunas. Una renta y una riqueza máximas. Ya hay quien lo está moviendo en Europa. La propuesta de una renta máxima puede definirse técnicamente como el establecimiento de un tipo impositivo marginal del 100% a partir de una determinada cantidad de renta ganada en un período de tiempo, normalmente un año. La limitación de las grandes fortunas o riqueza máxima puede definirse como la imposibilidad legal de acumular por encima de determinada cantidad de propiedades. Más políticamente, la renta básica y la riqueza máxima son condiciones para la libertad de la ciudadanía.
10. Control público de los medios de producción en sectores estratégicos de la vida económica y social
Los grandes poderes económicos privados interfieren o pueden interferir arbitrariamente en la libertad de buena parte de la población. Pensamos, sin ir más lejos, en el papel de la banca, de los oligopolios eléctricos, de los grandes fondos inmobiliarios, de las corporaciones farmacéuticas, etc., en nuestras sociedades. Unos servicios públicos en especie -sanidad, educación, vivienda, cuidados, energía, agua, transporte, comunicaciones, etc.- que constituyan la garantía de derechos sociales también decisivos a la hora de consolidar posiciones de invulnerabilidad social para todos. Una banca pública que tenga como objetivo garantizar estas posiciones de invulnerabilidad y, también, poner los flujos de ahorro y de inversión al servicio de una economía democrática e inclusiva.
1
Mirarnos al espejo, pero con honestidad
Sí, los milmillonarios tienen una responsabilidad enorme en mantener un sistema que los beneficia obscenamente. Sí, los políticos tienen responsabilidad en diseñar instituciones que perpetúan la desigualdad. Pero nosotros también la tenemos. No porque votemos mal o porque estemos mal informados. Sino porque no nos organizamos lo suficiente para cambiar las reglas del juego. Recordemos una vez más al gran dramaturgo alemán Bertolt Brecht cuando decía que si humana era la injusticia, más humana es la lucha contra la injusticia. El mundo en el que ahora vivimos es producto de ambas: de la injusticia y de las luchas contra ella. Luchas que han conseguido el sufragio universal, el derecho a la huelga, la libertad de expresión, el derecho al aborto, la ilegalización del esclavismo… Conquistas que han beneficiado a los que han luchado y a los que consideraban que no servía de nada la rebelión, que era perder el tiempo.
La escuela del Public Choice nos recuerda que los incentivos importan. Tienen razón. Pero se olvidan de preguntarse: ¿quién tiene el poder para cambiar los incentivos? Y la respuesta no es “votantes mejor informados” o “tecnócratas más inteligentes”. La respuesta es: ciudadanía organizada con capacidad de movilización colectiva.
La propuesta de Oxfam de establecer Planes Nacionales de Reducción de Desigualdad, de limitar la concentración de medios, de garantizar una renta básica, no son solo políticas técnicas. Pueden ser parte de la institucionalización de un poder colectivo que todavía está por construir.
Y esa es nuestra responsabilidad: no solo votar mejor, sino construir el poder organizado que fuerce a que las reglas cambien. Porque, nos guste o no, el cambio institucional no viene de buenos argumentos técnicos. O no solo. Viene de correlaciones de fuerza. Y ahí, cada uno de nosotros tiene que decidir (si quiere, claro está) de qué lado está.
1 Algunas de estas propuestas están desarrolladas en el libro colectivo en el que hemos participado los autores de este artículo y que se acaba de publicar: Quan convé seguem cadenes. Per una Renda Bàsica a Catalunya. Ed. Manifest.
“Hemos metido un gol desde mitad de la cancha”. Así, en pocas palabras, describe Vicky Canalla, portavoz de Regularización Ya, el acuerdo alcanzado entre Podemos y PSOE que cristalizará en una regularización extraordinaria para las personas migrantes que se encuentren en España en situación administrativa irregular antes del 31 de diciembre de 2025. “Hemos marcado la agenda política y cambiado la narrativa, España es hoy un poco más democrática”, expresa Canalla con lo que valora la medida “más garantista” de toda la legislatura del actual gobierno de coalición, impulsada por colectivos migrantes.
Pero, hasta llegar a este punto, hay que retroceder hasta abril de 2020, cuando en plena pandemia, y después de que el Gobierno portugués anunciara la regularización extraordinaria temporal de todos los inmigrantes con solicitudes pendientes, el colectivo Regularización Ya, una plataforma donde confluyen más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil, comenzara a caminar con una carta al Gobierno que incluía la demanda de una regularización urgente, rubricada por más de 1.200 colectivos. Después vino la Proposición No de Ley, tumbada por el Congreso en septiembre de 2020, con los votos en contra de las derechas y también del PSOE.
El 9 de abril de 2024 se aprobó la toma en consideración de la ILP y, desde entonces, la difícil aritmética parlamentaria la ha mantenido secuestrada en la cámara
Lejos de desfallecer, en julio de 2021 desde Regularización Ya decidieron subir otro escalón más: conseguir más de 500.000 firmas para la aprobación de una Iniciativa Legislativa Popular de regularización masiva(ILP). En febrero de 2022 arrancaba la campaña de manera simultánea en más de 30 ciudades. En menos de un año, cuando corría diciembre de 2022, entregaron las firmas necesarias. Firmas que se toparon con la paralización de los trámites por las elecciones de julio de 2023. Pero el movimiento de presión no se detuvo y la ILP pudo seguir su curso con el establecimiento de una nueva legislatura. El 9 de abril de 2024 se aprobó la toma en consideración de la ILP y, desde entonces, la difícil aritmética parlamentaria la ha mantenido secuestrada en la cámara.
Desde Regularización Ya decidieron cambiar de estrategia: intentarlo por la vía del Real Decreto y así saltarse las posibles enmiendas de grupos como Vox, Junts y PP. “Nosotras habíamos convocado a todos los partidos políticos para que remaran para que se aprobara en el Congreso, pero la aritmética no daba. El Real Decreto era la mejor medida, por lo que interpelamos a todos los partidos para que presionaran para ello. Podemos nos ofreció la oportunidad de redactar el texto conjunto y hemos conseguido meterlo”, resume Canalla.
De fondo, unas negociaciones entre Podemos y PSOE que se iniciaron cuando el partido morado dio su ‘no’ a un posible traspase de competencias entre Gobierno y Junts en materia migratoria. El PSOE se vio obligado a sentarse con Podemos para negociar. Y ahí fue cuando el partido, liderado por Ione Belarra, propuso la aprobación del Real Decreto que este lunes salía del consejo de ministros. “El traspaso de competencias frustrado entre Junts y PSOE fue clave para este acuerdo. Les dijimos a Podemos que lo bloquearan y no salió adelante. Hemos marcado la agenda política y cambiado la narrativa, España es hoy un poco más democrática”, expresa Canalla.
En que consiste el Real Decreto
Según los datos más recientes de Funcas, a 1 de enero de 2025 en España habría 840.000 personas en situación irregular, lo que representaría el 17,2% de la población extranjera procedente de países no comunitarios. A todos ellos va dirigida esta medida, que supondrá una modificación del reglamento de la Ley de Extranjería.
El nuevo Real Decreto permitirá, de manera excepcional y transitoria, el acceso a las figuras de arraigo a personas que ya están en España. Para ello será necesario acreditar permanencia de cinco meses en el país antes del 31 de diciembre de 2025. También incluye a las personas solicitantes de protección internacional que hayan presentado su solicitud antes de la misma fecha, cuya petición de asilo no decaerá con la petición de regularización. Estas, además, no deberán acreditar cinco meses de residencia. Otro requisito es carecer de antecedentes penales.
Quienes cumplan con estos requerimientos podrán acceder a una autorización de residencia legal en España con una vigencia inicial de un año. Los hijos e hijas menores de estas personas obtendrán una autorización de cinco años. Posteriormente “podrán incorporarse a las figuras previstas en el propio reglamento de la Ley de Extranjería, lo que permitirá una integración progresiva en el sistema”, apuntaba la ministra Elma Saiz, durante la presentación de la medida.
Desde el momento en que se apruebe la solicitud de regularización la persona podrá trabajar, sin esperar a su resolución, y saltándose el tapón que se suele crear en las administraciones
Canalla celebra las medidas garantistas que han conseguido introducir en el redactado del Real Decreto del que, asegura, han supervisado todos los puntos. Esto es, por ejemplo, la no exigencia de empadronamiento para demostrar los cinco meses de residencia, papel que en la práctica se convierte en un obstáculo para acceder a derechos. Bastará con un recibo, una cita médica o cualquier documento como un comprobante de envío de dinero. Además, desde el momento en que se apruebe la solicitud de regularización, para lo que la administración cuenta con un máximo de 15 días, y que se podrá hacer en cualquier registro público, la persona podrá trabajar, sin esperarse a su resolución y saltándose el tapón que se suele crear en las administraciones.
Y esto, no acaba aquí, alertan desde Regularización Ya: “Nosotros hemos pedido que, después de iniciado el trámite, se pueda seguir trabajando en perfeccionar todo”, explica. Además no pierden próximos objetivos, entre los que estaría obligar a cerrar los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
“Los partidos políticos de izquierdas tienen que aprender a ser interpelados por los colectivos, si no no vamos a avanzar. Les hemos metido ahí para que trabajen por los movimientos sociales. Hemos sido muy duras con Podemos y Sumar cuando se han olvidado de nosotras”, advierte Canalla, mientras asegura un contundente: “Nosotros vamos a por más”.
Esta intervención se realizó el 22 de enero 2026 en el marco de la “ Jornada Avance de la Privatización en el Sistema Sanitario Público”, organizada por el Grupo de Podemos en el Congreso de los Diputados. El avance de la privatización va a pasos agigantados sobre todo a partir de la pandemia por la Covid 19.
Los peligros que nos acechan son los derivados de una ideología de pensamiento único pernicioso para la Democracia que se refleja en: el modelo Neoliberal de libre mercado sin reglas, que entra a saco en la Mercantilización de los Servicios Públicos, convirtiendo Salud, Vida y Naturaleza en mercancías mientras convierte a toda la ciudadania en una clientela cautiva cuya metodología obedece la pura especulación.
Especulación invasora por ese modelo que nos ha convertido en victimas del capitalismo desbocado y salvaje que se incrementó a partir de la pérdida de contrapesos tras la caída del Muro de Berlín y de la URSS. Un capitalismo embrutecido por el permanente juego a la ruleta rusa con sus juegos financieros viciosos al margen de la economía productiva real.
Los lobbys o grupos de presión son puros agentes invasores de las instituciones que se camuflan de espesas telas de araña globales. Herramientas que utilizan las grandes corporaciones transnacionales que acaban sometiendo a Estados bajo fórmulas coercitivas por incumplimientos. Teniendo a su vez como jefes ejecutivos para la dirección estratégica y operativa de dichos Estados a gobiernos colaboracionista sin voluntad y a políticos sin liderazgo arrastrados por la gran manada sin ética que los arrastra.
El negocio de la Salud es una estafa democrática y no un fraude, el fraude se comete sin consentimiento de la victima, en cambio en la estafa la victima lo permite a cambio de promesas que sólo son cebos que no la van a solucionar. Sólo un Sistema sanitario Público, cuyo único objetivo es la Salud y sin reglas de Mercado, será capaz de garantizar un derecho obligado.
Lo exigen normativas internas e internacionales. No quieren entender que democracia es un sistema socialista, que se levanta sobre la “Res- Pública”, lo demás es una estafa bien adornada a costa de los trabajadores y sus impuestos. Sin embargo esos gobiernos incapaces que son meros gestores no han cumplido con trabajar por ella con plena dedicación.
Con esa farsa del plan neoliberal además estamos a punto de que se extinga el Estado de Bienestar que llegó para satisfacer a toda la sociedad, siendo más necesario hoy ante las en enormes bolsas de pobreza frente al enriquecimiento progresivo de muy pocos se han adueñado del país
Tras lograr la eliminación del impuesto extraordinario que durante dos años logró redistribuir una mínima parte de los históricos beneficios derivados de la crisis energética bajo la amenaza de retirar inversiones, el oligopolio eléctrico ha vuelto a consumar un chantaje que pone en jaque a la transición energética. Endesa, Iberdrola y EDP han dejado caer que no desembolsarán todo el dinero previsto —casi 3.000 millones de euros— para ampliar y mejorar las redes de distribución eléctrica, al borde de la saturación por el aumento de la electrificación. ¿El motivo? La disconformidad con la tasa de retribución financiera aprobada en diciembre por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC). “Que las redes no se desarrollen es el veneno para que la transición verde no avance”, advierte Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables.
Para entender la extorsión hay que retroceder semanas en el calendario. Cada cuatro años, en España se fija un modelo retributivo a las inversiones en las redes, las infraestructuras que permiten transportar y distribuir la electricidad desde los centros de generación (centrales eléctricas) hasta los usuarios finales (hogares, industrias, comercios).
La red eléctrica en España se divide en transporte y distribución, con propiedad mixta. La red de transporte (alta tensión) es gestionada por Red Eléctrica de España (Redeia), con participación mayoritaria del Estado (SEPI). La red de distribución (baja tensión) es 100% privada y está controlada por cinco grandes compañías: Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo.
Estas empresas reciben una tasa de retorno por sus inversiones, dinero que sale de las facturas de todos los usuarios. El porcentaje de esta tasa lo fija la CNMC, ente que tiene como misión principal promover y defender el “buen funcionamiento del mercado” equilibrando los intereses de los consumidores y de las compañías. En diciembre, la CNMC dio a conocer la cifra para el periodo 2026-2031: 6,58%, 100 puntos básicos más que la tasa del anterior plan (5,58%). ¿El problema? Las eléctricas pedían un suelo de 7,5% “como garantía de rentabilidad para acometer las elevadas inversiones necesarias en la modernización y adaptación de la red eléctrica”.
Fernando Ferrando: “El modelo energético por el que ha apostado España, su proyecto del país, queda en el alero si las eléctricas consuman este recorte”
La respuesta empresarial no se hizo esperar: han adelantado que las inversiones adicionales a las planteadas en sus planes de negocio van a ir a “mercados más competitivos”, con mejores tasas. El recorte, según ha adelantado elEconomista, asciende a 2.800 millones de euros.
“Esto es muy grave. Si las redes no se amplían, el plan energético, el plan económico y las oportunidades de la transición energética de España desaparecen. La transición energética es electricidad. Y si no hay capacidad en redes, no podemos crecer en electricidad. Por tanto, las renovables no van a crecer, los centros de datos no se podrán ejecutar, la industria nueva no se podrá reconvertir a ser más eléctrica, no habrá vehículos eléctricos, etc. En otras palabras, seguiremos siendo un país que depende de los modelos de combustión”, describe Ferrando sobre el impacto de esa desinversión.
88% de saturación
Las redes de distribución eléctrica de buena parte de España están completamente saturadas o a punto de saturarse. Los mapas de capacidad de Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP reflejan prácticamente un tercio de las provincias con un 100% de los nudos de la red ocupados, es decir, ya no admiten nueva demanda para conectarse.
Los datos actualizados a enero de 2026 —desde el año pasado las compañías están obligadas a revelar esta información— muestran que las redes de distribución eléctrica de España están al 88,2% de su capacidad total en conjunto.
El análisis territorial revela un deterioro especialmente acusado en las grandes áreas económicas. En Madrid, el grado de saturación ha pasado del 82% al 84% en pocos meses; en Barcelona, el salto ha sido aún más brusco, del 76% al 90%. Sevilla roza el colapso total, con un 99% de nudos ocupados, mientras que Málaga y Vizcaya ya han alcanzado el 100%.
Sergio Bonati, de WWF: “Sin este refuerzo y esta inversión en redes, es muy difícil que la descarbonización se lleve a cabo”
La patronal de las grandes distribuidoras eléctricas, Aelec, advirtió a finales de diciembre que el estado de las solicitudes de acceso y conexión preliminar en 2025 confirman que sólo el 12% de los que se solicitan acceso a la red eléctrica lo obtienen.
Sergio Bonati, responsable del programa de clima y energía de WWF, explica que la ampliación de las redes es “fundamental para la transición energética”. Se necesita para acoger más renovables y electrificar sectores clave, como el transporte, la industria, o la climatización, rubros que todavía están muy lejos de estar descarbonizados. “Sin este refuerzo y esta inversión en redes, es muy difícil que la descarbonización se lleve a cabo”, resume.
Coincide Cecilia Foronda, directora de energía y personas de la organización Ecodes. Recuerda que para el 2050 se busca que la electrificación de la demanda sea casi del 90 %. “Con lo cual, eso quiere decir que nuestra red eléctrica tiene que ser muchísimo más potente para subir toda la distribución de la mayor demanda eléctrica”, explica.
Ferrando hace una analogía con las carreteras y los coches para dimensionar la importancia de las redes eléctricas. “Esto es como decir que vamos a crecer en dos millones de vehículos y no hay carreteras donde ir”, compara. Y repite: “El modelo energético por el que ha apostado España, su proyecto del país, queda en el alero si las eléctricas consuman este recorte”.
El melón que nadie quiere abrir
Ferrando, ingeniero Superior Industrial del ICAI y licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, lleva más de 40 años en el sector de las energías renovables. En su opinión, este “chantaje” de las eléctricas es una parte del problema. El melón, dice, es estructural, de modelo. Y ninguna fuerza política se anima, ni siquiera, a revisarlo.
Explica que las redes eléctricas son un “monopolio natural”. No son elementos de mercado. ¿Cuál es el problema de España? Que el monopolio natural se ha desarrollado con un oligopolio empresarial: más del 80% de las redes eléctricas de distribución pertenecen a dos compañías, Endesa e Iberdrola. “¿Qué significa esto? Que aunque sea un monopolio natural y sea básico para el desarrollo de la política energética y económica del país, la decisión de invertir la tienen los propietarios de las redes existentes”.
“Es como que tú compres una casa, firmes una hipoteca, y cuando pagues la hipoteca, la casa sea propiedad del banco”, cuestiona Ferrando
El asterisco, aclara este experto, es que las inversiones en redes, al ser un monopolio natural, son actividades reguladas. “Es decir, a ti te pagan por la inversión que has hecho, no por si esa inversión que tú has hecho está funcionando a tope o está funcionando al 50%. No es una retribución de mercado, nada tiene que ver la evolución del sector eléctrico, si se consume más, se consume menos”.
El dato no menor, agrega en su explicación, es que una actividad regulada “no tiene riesgo”. Es decir, está avalada por el mercado y por el Estado. “Lo primero que nos tendríamos que poner a discutir es que el 7,5% que pedían las compañías eléctricas es una sobreretribución en función de las características que tiene la inversión. Así lo entiende la CNMC”, subraya.
Lo que las empresas no cuentan es que las amortizaciones de las inversiones “dejan de estar retribuidas, pero la parte que los usuarios hemos pagado no es propiedad nuestra, sigue siendo propiedad del sector eléctrico”. “Es como que tú compres una casa, firmes una hipoteca, y cuando pagues la hipoteca, la casa sea propiedad del banco. Porque las redes las hemos amortizado pagándolas los usuarios. Lo lógico es que esas redes acaben en algún momento siendo públicas. Pero no. Estamos hablando de activos que son propiedad de quien los ejecutó y no de quien los pagó”, cuestiona.
Pero hay más, detalla Ferrando. Si una compañía no presenta sus planes de inversión porque considera que no están bien retribuidos, “no existe ninguna capacidad por parte del Estado para buscar una alternativa a esas inversiones”. Debería existir —puntualiza— una regulación que por ley permita “habilitar procedimientos para que sea el Estado o un tercero quien asuma la ampliación de las redes en estos casos”.
“Si tú Endesa o Iberdrola no lo quieres invertir escudándote en la libertad de mercado, yo como Estado tendría que poder habilitar procedimientos para que las inversiones se cumplan. Este mecanismo no existe. Ni tampoco hay voluntad política de que exista”, afirma Ferrando.
La Fundación Renovables, a través de las redes sociales, llama a “no permitir que las eléctricas ejecuten este chantaje”. Su presidente prefiere sacar este término de la discusión, porque las eléctricas tienen una fuerza para negociar y el Gobierno no tiene en su poder ninguna capacidad para quitarle esa fuerza. ¿Cuál es el problema de esta encerrona? “Que estamos hablando de un bien de primera necesidad”.
Con el secuestro de Maduro, la amenaza de nuevos ataques y un bloqueo naval que solo permite salir de Venezuela el crudo controlado por EEUU, la nueva Venezuela se construye con la participación de grandes empresas españolas.
Pocos días después del 3E, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmaba que los líderes internacionales debían tomarse “más en serio” a Donald Trump, no de forma literal —parecía decir entre líneas en su declaración en La Casa Blanca—, pero sí sobre su determinación de conseguir sus objetivos, aunque estos no sean los declarados.
El 19 de enero, el Gobierno de Delcy Rodríguez confirmaba que había recibido de EEUU los primeros dólares —300 millones sobre un total de 500— por la venta de 50 millones de barriles de crudo. Un ingreso considerable que alivia a corto plazo las cuentas de un Estado venezolano arruinado por las sanciones, el embargo y la falta de divisas, pero que ha sido decidido de forma unilateral por el Gobierno de Trump con la ventaja negociadora que le confiere la armada desplegada en el mar Caribe.
Para gestionar los ingresos derivados de la venta de petróleo venezolano, EEUU ha abierto una cuenta en Qatar rodeada de polémica. Para Juan Hernández Zubizarreta, analista del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), se trata de un ejemplo más de la “paralegalidad” en la que está operando el Gobierno de Trump.
Para gestionar los ingresos derivados de la venta de petróleo venezolano, EEUU ha abierto una cuenta en Qatar. En Venezuela, cinco bancos, entre ellos la filial del BBVA, gestionarán la parte que corresponde al país caribeño según criterio de Washington
Esta compleja estructura financiera, explica, persigue neutralizar las demandas de los acreedores internacionales —China sobre todo— que piden la devolución de cerca de 170.000 millones de euros o su equivalente en petróleo. Elizabeth Warren, senadora demócrata por Massachusetts, criticó esta triangulación y sus potenciales peligros: “No existe fundamento legal para que un presidente abra una cuenta en el extranjero bajo su control para vender activos confiscados por el ejército estadounidense. Esa es precisamente una medida que atraería a un político corrupto”.
Los recursos de la venta del petróleo venezolano serán gestionados en Venezuela por cinco de los mayores bancos del país. Entre las entidades seleccionadas para recibir el dinero se encuentra Provincial, la filial venezolana del banco español BBVA. Estos bancos venderán dólares a empresas y particulares para que dispongan de divisas para comprar insumos y materias primas en el extranjero así como para mantener a raya la inflación, introduciendo la moneda estadounidense en el mercado. Como último paso de esta triangulación, el Banco Central de Venezuela recibirá los bolívares derivados de esas ventas. “Con estabilidad, Venezuela es una gran oportunidad”, declaró desde Davos Carlos Torres, presidente de BBVA a Expansión.
Poco parece importar si 500 millones de dólares es una cifra justa por la venta de 50 millones de barriles, a diez dólares la unidad, cuando el barril venezolano cuesta cerca de 60 en los mercados internacionales. Los términos del “acuerdo” están claramente definidos por el Departamento de Energía de EEUU: los beneficios de la venta del petróleo venezolano se repartirá entre ambos países “a discreción del Gobierno estadounidense”.
Un banco español participará en el complejo laberinto financiero diseñado por la Administración Trump para controlar los recursos petroleros del país, pero la multinacional española que más entusiasmo ha mostrado por el nuevo esquema “paralegal” para hacer negocios en Venezuela ha sido Repsol.
Negocios en la “paralegalidad”
En la reunión que mantuvo Trump con las petroleras el pasado 9 de enero, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, se comprometió a invertir “con fuerza” en el país y triplicar la producción de petróleo en los próximos tres años. El expresidente del PNV agradeció a Trump “abrir la puerta a una Venezuela mejor” y llegó a referirse en su discurso al Golfo de México como “Golfo de América”, la nomenclatura decretada por Trump a las pocas semanas de entrar en el Despacho Oval.
El entusiasmo de Imaz no fue compartido por el resto de empresas presentes en la reunión, especialmente por ExxonMobil, la mayor petrolera de EEUU, para la que no existían suficientes garantías que protejan sus posibles inversiones.
Para despejar estas dudas, el 23 de enero la Asamblea Nacional de Venezuela dio luz verde en primera lectura y con tramitación acelerada una reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, aprobada en los mejores momentos de Hugo Chávez como presidente. La presidenta encargada destacó la “necesidad imperativa” de que la legislación “se adapte a los nuevos tiempos”, especialmente para que los “capitales fluyan” hacia los recursos petroleros “a través de modelos de negocios exitosos”.
La multinacional española que más entusiasmo ha mostrado por el nuevo esquema “paralegal” para hacer negocios en Venezuela ha sido Repsol, quien se compromete a triplicar su producción de petróleo bajo las nuevas reglas decididas por Trump
La principal apuesta de la reforma, que la oposición de derechas apoya en el fondo aunque no en las formas, es la normalización y extensión del modelo Chevron, que permitió de forma excepcional operar a la petrolera estadounidense en una empresa mixta en la que el Gobierno cuenta con mayoría accionarial, pero es el socio privado quien tiene el control operativo, técnico y financiero.
Según explicó Orlando Camacho, diputado responsable de presentar la reforma, la nueva ley incluye una mayor “flexibilidad en las regalías”, una modificación que daría margen al Gobierno para disminuir las ganancias que se quedan en el país en determinados casos. La reforma aprobada también contempla un “aumento en las garantías jurídicas” para el sector privado con la introducción de la posibilidad, hasta ahora vetada, de que los choques entre empresas y el Estado venezolano se diriman a través de “mecanismos independientes” de resolución de conflictos.
Aunque en 2012 el expresidente Chávez retiró a Venezuela del CIADI —organismo del Banco Mundial para resolver conflictos entre empresas y Estados en beneficio casi siempre de las empresas—, el país todavía se enfrenta a decenas de pleitos con inversores. Las compañías que buscan indemnizaciones por parte del Estado venezolano se han encontrado hasta ahora con todo tipo de obstáculos: de 15 laudos condenatorios solo uno ha sido efectivamente pagado. Según el medio especializado en el sector Petroguía, la aprobación de esta reforma supondrá la reducción de las regalías y la vuelta de Venezuela al CIADI.
Negocios a punta de pistola
Ante la pregunta de si hacer negocios bajo un esquema de extorsión, amenaza y de violencia viola el derecho internacional, Repsol ha preferido no hacer comentarios a este medio. Para Hernández Zubizarreta, especialista en impunidad corporativa, la respuesta es clara: si Repsol y otras empresas españolas participan del nuevo orden impuesto por la fuerza por Trump en Venezuela, se convierten en “cómplices de estos crímenes”.
El marco coercitivo en el que se produce la venta de petróleo venezolano en el nuevo orden en el Caribe quedó nuevamente a la vista después de que el 20 de enero EEUU interceptara el séptimo buque petrolero de Venezuela cerca de las costas de este país. El Comando Sur del Ejército de EEUU afirmó que la detención de este barco “que operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump” demuestra la “determinación” de las fuerzas armadas de EEUU de que “el único petrolero que salga de Venezuela sea el que se coordine de forma adecuada y legal”.
La “paralegalidad” también se define con palabras: el 21 de enero, El País sostenía que el cerco militar de EEUU sobre el país latinoamericano tenía como objetivo evitar el “contrabando de crudo”. En la nueva legalidad inventada por EEUU solo el petróleo controlado por Washington es legal.
Si Repsol y otras empresas españolas participan del nuevo orden impuesto por la fuerza por Trump en Venezuela, se convierten en “cómplices de estos crímenes”, dice Juan Hernández Zubizarreta, de OMAL
La ocupación y el genocidio en Palestina han servido de recordatorio y han sido varios los altos cargos de Naciones Unidas quienes han recordado que las empresas que hacen negocios aprovechándose de violaciones de derechos humanos y vulneraciones de la legalidad internacional se exponen a posibles sanciones e incluso a futuros litigios. El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo inició en septiembre una investigación de las empresas españolas que estaban ofreciendo servicios en los territorios ocupados palestinos. Sin embargo, el Gobierno se ha negado a señalar a las multinacionales españolas que se beneficiarán directamente de una intervención militar en Venezuela que sí ha condenado. Tras la polémicas declaraciones de Imaz, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró que los “criterios privados” con los que opera Repsol en Venezuela son “absolutamente legítimos”.
¿Repsol conseguirá salirse con la suya?
Los Estados y las instituciones internacionales cuentan con herramientas para juzgar o sancionar a las empresas que se benefician de violaciones de los derechos humanos o de vulneraciones del derecho internacional, señala este investigador.
Aún así, la impunidad de las multinacionales es casi absoluta, contrapone, y en este caso lo será todavía más porque es poco probable que el Gobierno español, la Unión Europea o incluso Venezuela emitan algún tipo de denuncia o demanda: “Repsol puede argumentar que tiene la aceptación del Gobierno de Venezuela”. Pero la falta de reproches no “convalida una participación en negocios fundamentados en crímenes internacionales”, agrega. Aunque por la parte jurídica habría resquicios para juzgar o sancionar a Repsol, los aspectos políticos complican la ecuación, porque “Venezuela parece que acepta el marco de estos negocios, de este control por parte de EEUU” sobre los recursos naturales del país.
En el caso del Estado español, para juzgar a Repsol habría que aprobar antes una ley de responsabilidad extraterritorial de empresas transnacionales por la que decenas de entidades llevan años trabajando. “Si esa ley estuviera aprobada, Repsol tendría que rendir cuenta ante un tribunal español”, dice. Otra opción sería reformar la ley de jurisdicción universal para incorporar el crimen económico internacional y “permitir que se responsabilice a la empresa y a sus directivos por prácticas en crímenes internacionales extraterritoriales”.
Tras la polémica por las palabras del CEO de Repsol, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró que los “criterios privados” con los que opera la petrolera en Venezuela son “absolutamente legítimos”
Si el Gobierno español quisiera sancionar la complicidad de Repsol con el plan de Trump tendría herramientas para hacerlo: podría aplicar criterios éticos a la contratación pública, pero también revisar todos los apoyos institucionales desde el punto de vista político, económico, diplomático, de inversión, de seguros, que necesita una empresa como esta, añade el analista de OMAL.
Otras instancias, como el Tribunal Internacional de Protección de Derechos, ahora en discusión en la ONU, permitirían que las multinacionales puedan ser juzgadas si se lucran gracias a violaciones de los derechos humanos y de situaciones que no cumplen con la legalidad internacional. Pero el Tratado Internacional para Control de Empresas Transnacionales está lejos de ser una realidad. Ayudaría mucho que el Estado español y la UE tengan una “actitud favorable” hacia este asunto, precisa, algo que por ahora no ha sucedido.
Y si el Gobierno no ha hecho nada para que este tratado se apruebe, subraya este investigador, es porque considera a estas empresas como “esenciales para el desarrollo de un modelo económico neocolonial” en el que se apoya. El Ejecutivo de Sánchez está más dispuesto a promover “armaduras jurídicas y políticas” que protejan los derechos de las multinacionales, enuncia, que a promover leyes o instituciones que los limiten.
Tampoco ayudan las conexiones que tienen dos de los aliados de investidura del Partido Socialista, PNV y Junts, con muchas de estas grandes empresas, con las que mantienen siempre engrasadas lucrativas puertas giratorias. Para la mayoría de la izquierda parlamentaria, añade este investigador, la idea de la extraterritorialidad —juzgar a las empresas españolas por lo que hace fuera de España— tampoco ha sido un “tema central en sus agendas”.
Sin voluntad política por parte del Gobierno y sin voluntad de confrontación por parte de los aliados del PSOE, Hernández Zubizarreta augura que “los negocios de Repsol en Venezuela seguirán manteniéndose y multiplicando la acumulación de beneficios” gracias al nuevo esquema de negocio a punta de pistola.
Aire y dinero para Repsol
La intervención de Trump y el nuevo esquema forzado de hacer negocios en el país ha llegado en el mejor momento para la empresa española. La prensa económica no ha tardado en señalar a la compañía presidida por Antonio Brufau como una de las más beneficiadas por el ataque de EEUU. El propio Trump sostuvo desde el principio que las empresas que más rápido sacarían rédito de la nueva situación serían las que ya están asentadas en el país, entre ellas Repsol, la italiana Eni o Chevron.
Desde 1993, la multinacional española ha expandido su negocio en Venezuela, especialmente gracias al gas del campo Perla, situado en el Golfo de Venezuela, uno de los mayores yacimientos de gas de América Latina. En 2016, cuando comenzaban los problemas para Caracas, Repsol prestó a Venezuela nada menos que 1.200 millones de euros, un dinero que con el default de 2017 el país no pudo devolver. En 2022, comenzó a pagar la deuda en especie, es decir, con barriles de petróleo para sus refinerías, especialmente pensadas para el tipo de petróleo venezolano.
Con el 15% de las reservas en el país caribeño, el futuro de Repsol —unido ahora al de Donald Trump— se juega en Venezuela
Gracias a la flexibilización de las sanciones contra Venezuela durante el Gobierno de Joe Biden, Repsol pudo vender petróleo a Estados Unidos y gas venezolano a otros países. En esos años, la compañía entró con un 40% en los campos petrolíferos de La Ceiba y Tomoporro en una operación valorada en casi 1.600 millones de euros que permitiría a la española duplicar su producción de crudo. Todos estos planes se frustraron con la llegada de Trump y la retirada de las licencias para operar en Venezuela para varias multinacionales, Repsol entre ellas, en marzo de 2025.
Después del 3 de enero, Repsol se frota las manos con una más que posible restauración de las licencias, algo que ya ha solicitado formalmente. Con el 15% de las reservas en el país caribeño, el futuro de Repsol —unido ahora al de Donald Trump— se juega en Venezuela. El Gobierno español ya le ha dado su bendición.
¿Cuáles son las diferencias entre las normas sobre estos compuestos químicos de los dos bloques, que intercambiaron más de 15.000 millones de euros (unos 17.400 millones de dólares) en productos agrícolas en 2024?
La AFP comparó las normas europeas con las de Brasil, gigante agrícola que representa el 80% de los intercambios de la Unión Europea (UE) con esa alianza suramericana conformada además por Argentina, Paraguay y Uruguay.
A finales de noviembre, Brasil autorizaba 330 sustancias activas. El uso del 60% de ellas no estaba aprobado por la UE, el 37% estaba permitido y el 3% en proceso de revisión, según datos cruzados de la agencia de vigilancia sanitaria brasileña (Anvisa) y la Comisión Europea.
Por el contrario, de las 421 sustancias activas aprobadas por la UE, el 73% no lo estaba formalmente en Brasil.
Sin embargo, estas cifras deben matizarse. Los Estados miembros pueden autorizar temporalmente el uso nacional de químicos no aprobados a nivel europeo.
En Francia, el herbicida flufenacet, reconocido como disruptor endocrino y retirado del mercado europeo en diciembre, se beneficia así de un período de gracia que permite su uso durante un año más.
Por el contrario, un país puede prohibir en su territorio una sustancia autorizada por Bruselas si considera que los riesgos medioambientales y sanitarios son demasiado elevados.
Es el caso del acetamiprid, un neonicotinoide muy nocivo para las abejas, actualmente vedado en Francia pero autorizado en el resto de la UE.
Residuos en productos importados
Aunque los productos importados del Mercosur deben cumplir legalmente las normas de la UE, los agricultores denuncian una falta de controles que da lugar a una competencia desleal.
Los detractores del acuerdo UE-Mercosur señalan una tolerancia a los residuos de plaguicidas (por debajo de un umbral considerado seguro), incluidos los prohibidos en el bloque europeo.
Sobre este tema, la Comisión Europea prometió a principios de enero vetar totalmente la importación de productos que contengan rastros de tres fungicidas: carbendazim, benomilo y tiofanato-metilo.
Los dos primeros ya están prohibidos en Brasil, pero el tiofanato-metilo, retirado del mercado europeo en 2021 por ser sospechoso de ser peligroso para la salud, figura entre las sustancias que aún se pueden comercializar en el gigante suramericano.
Algunos Estados van más allá. Francia ha suspendido las importaciones de productos que contengan residuos de mancozeb o glufosinato, además de los tres fungicidas señalados por Bruselas.
El mancozeb, utilizado en aguacates, mangos o pimientos, está clasificado como disruptor endocrino por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (Efsa) y como sospechoso de ser cancerígeno y tóxico para la reproducción por la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (Echa).
El glufosinato, un herbicida utilizado principalmente en las papas, también se considera nocivo para la reproducción.
Prohibidas en la UE, estas sustancias se encuentran entre las más vendidas en Brasil: el mancozeb ocupa el segundo lugar entre los ingredientes activos más comercializados y el glufosinato, el sexto.
Prohibidos en Europa, enviados al Mercosur
Aún con un veto europeo, algunos pesticidas siguen siendo producidos por industrias europeas y exportados al Mercosur.
En 2024, grupos como BASF, Corteva, Syngenta o Bayer notificaron la exportación a estos países de 18.000 toneladas de productos fitosanitarios prohibidos en Europa, según datos de la Echa y autoridades nacionales obtenidos por la ONG suiza Public Eye y el medio Unearthed de Greenpeace UK.
A la cabeza se encuentra la picoxistrobina, fungicida utilizado en cereales y soja, vedado en la UE desde 2017 debido a sus riesgos genéticos y medioambientales.
La soja, de la que Brasil es el primer exportador mundial, llega a Europa en forma de forraje (residuos fibrosos del prensado de la semilla) para alimentar al ganado. En 2024-2025, Europa importó más de 20 millones de toneladas.
En cuanto a las sustancias señaladas por Bruselas y París la semana pasada, las empresas europeas notificaron la exportación de 2.300 toneladas de glufosinato, 260 toneladas de tiofanato-metilo y 250 toneladas de mancozeb al Mercosur, según cifras de septiembre de 2025.
Un comercio calificado entonces de «cínico y amoral» por asociaciones como Générations Futures, Foodwatch y CCFD-Terre Solidaire, que denunciaron una «política de doble rasero» de prohibir ciertos pesticidas en Europa mientras se siguen exportando.
El regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 marcó el comienzo de una nueva era. Nuestro “mundo de ayer”, por decirlo con Stefan Zweig, ha terminado. Kaputt. Conviene darse cuenta lo antes posible. Hemos entrado en una nueva fase histórica, cuyas características son, naturalmente, aún inciertas. Intentaré esbozar sus contornos a partir de diez tesis.
1. El neoimperialismo sustituye al orden liberal global
El orden liberal global creado al final de la Segunda Guerra Mundial –frágil, perfectible, a menudo no respetado– es sustituido por una lógica imperial regida por una mezcla de ley de la selva –el más fuerte se impone– y reparto de zonas de influencia –se ha definido la nueva doctrina trumpista como “geopolítica hemisférica”– y un enfoque transaccional. Ucrania, Venezuela, Taiwán y Gaza lo demuestran. Probablemente sean solo el comienzo. El enfoque diplomático y el multilateralismo son cosa del pasado: a los organismos supranacionales como las Naciones Unidas ya no se les reconoce ninguna autoridad, ni siquiera formal. Ha llegado “la hora de los depredadores”, por citar a Giuliano da Empoli.
Make Colonialism Great Again es un eslogan que circula en los círculos MAGA
Si queremos hacer un paralelismo histórico, la nueva era se asemeja a la época del imperialismo de finales del siglo XIX: no por casualidad, Make Colonialism Great Again es un eslogan que circula en los círculos MAGA. En el caso de los Estados Unidos, sin embargo, se trataría de un hiperimperialismo, es decir, un nuevo tipo caracterizado por una hegemonía militarizada, coercitiva y tecnológicamente impuesta sobre el Sur Global debido a la fase de declive que atraviesa el Norte Global. Por lo tanto, no se trataría de un retorno a la época imperialista clásica ni al anterior orden westfaliano, sino más bien de la instauración de un sistema internacional “neomonárquico” estructurado por un pequeño grupo de élites hiperprivilegiadas que buscan legitimarse apelando a su excepcionalidad con el objetivo de crear nuevas jerarquías materiales y de estatus.
2. El neoliberalismo ha allanado el camino al nuevo autoritarismo
Los cimientos de la nueva era se están construyendo sobre las ruinas del neoliberalismo1. Hemos llegado a este punto tras tres décadas de hegemonía neoliberal que, a fuerza de golpes de piqueta y motosierra, ha derribado los muros de carga del edificio que con tanto esfuerzo se construyó después de 1945. En primer lugar, las políticas neoliberales –privatizaciones, precariedad laboral, reducción del gasto social, etc.– han debilitado el modelo de Estado del bienestar, aumentando las desigualdades y rompiendo la cohesión social. Todo ello, en segundo lugar, se ha visto reforzado por el hecho de que, como ideología, por muy “invisible” que sea, el neoliberalismo ha inculcado una serie de valores, como el individualismo exacerbado y la competitividad extrema hasta el punto de sellar una alianza con los sectores etnonacionalistas e identitarios de la derecha2. En tercer lugar, el concepto mismo de democracia ha sido vaciado de su componente social: la democracia formal –el respeto de (algunas) normas y procedimientos– ha sustituido a la democracia sustantiva, cuyo objetivo es la igualdad.
El poder efectivo se ha desplazado hacia las élites económicas, con la consiguiente configuración de un sistema posdemocrático
En cuarto lugar, en un contexto marcado por la globalización neoliberal, el poder efectivo se ha desplazado hacia las élites económicas, con la consiguiente configuración de un sistema posdemocrático, en el que los cuerpos intermedios –partidos, sindicatos, asociaciones de la sociedad civil– se han ido desmoronando poco a poco, la participación se ha evaporado y la personalización de la política, facilitada también por la transformación de los medios de comunicación, ha favorecido la aparición de fenómenos “populistas”3. Por último, las políticas neocons posteriores al 11-S de 2001 –guerra contra el terrorismo, invasiones de Afganistán, Irak, Libia– han erosionado el orden internacional, fracasando estrepitosamente en su intento de exportar la democracia liberal.
Como alertó Mark Lilla desde una perspectiva puramente estadounidense, al modelo rooseveltiano le sucedió a finales de los años setenta el modelo reaganiano que, aunque entró en declive con la Gran Recesión de 2008, hasta hace poco aún no había encontrado un sustituto4. En retrospectiva, el obamismo fue el último intento de mantener en pie un paradigma en declive, renovando solo su fachada, pero sin cambiar su esencia.
3. Los tecnoligarcas se apoderan del Estado
En la era del neoliberalismo triunfante, la connivencia entre el poder político y el poder económico ha sido evidente. Ha habido resistencias, más o menos fuertes según los países. Se ha mantenido (no siempre, todo sea dicho) una apariencia de respeto por las reglas del juego: las influencias de las élites económicas eran visibles, pero se intentaba (al menos un poco) disimularlas. En la nueva era, en cambio, lo que se quiere hacer, se hace y se dice, sin ocultarlo. Esto se aplica tanto a la geopolítica como a las relaciones con los poderes económicos.
La palabra “democracia” no aparece en los discursos de Trump, y no es ni de lejos uno de sus objetivos
Por un lado, Trump bombardea Caracas y arresta a Maduro para controlar directamente los pozos petrolíferos venezolanos: la palabra “democracia” no aparece en sus discursos y no es ni de lejos uno de sus objetivos, aunque fuese solo de fachada. Por otro lado, los robber barons del tercer milenio han establecido explícitamente una alianza estratégica con los nuevos líderes autoritarios: los tecnoligarcas de Silicon Valley no solo quieren llenarse los bolsillos de dinero, sino que, en primer lugar, defienden abiertamente proyectos autoritarios y antidemocráticos –nuevas monarquías absolutas eficientistas gobernadas por reyes-CEO, siguiendo el modelo de Qatar o Singapur, según las teorías de uno de sus principales intelectuales-cortesanos, Curtis Yarvin– y, en segundo lugar, quieren ser “intelectuales legisladores”, como afirma Evgeny Morozov.
Elon Musk y Javier Milei en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) de febrero de 2025. / Gage Skidmore
En pocas palabras, con Peter Thiel, Elon Musk, Marc Andreessen y Alex Karp, hemos pasado de la unión entre la política y la economía de tipo neoliberal “clásico” a la voluntad explícita de capturar el Estado mediante la creación de un “complejo tecnológico autoritario” que tiene como objetivo controlar las infraestructuras de gobernanza.
4. Las autocracias electorales sustituyen a las democracias
En la nueva era, la democracia, incluso en su versión formal, se considera un mero adorno. De hecho, se ha reducido a una sombra de lo que fue. Ya en la era del neoliberalismo en declive, es decir, desde 2008 en adelante, el porcentaje de la población mundial que vive en democracia ha disminuido continuamente hasta alcanzar un mísero y preocupante 28 % en 2024. La tendencia es evidente. Desde hace unos veinte años estamos viviendo la primera gran ola de autocratización posterior a la Segunda Guerra Mundial, es decir, cada vez más países se convierten en autocracias electorales. Esto es, mantienen una apariencia de respeto por las reglas democráticas –incluso en la Rusia de Putin se celebran elecciones–, pero la democracia es, en el mejor de los casos, una cáscara vacía. Nos guste o no, la era que se ha iniciado quiere ser la era de las autocracias5.
5. La extrema derecha es el actor principal de la nueva era
Junto con los líderes fuertes –léase autoritarios– que están en el poder en medio mundo –Putin, Xi Jinping, Erdogan, Modi, los petromonarcas del Golfo, etc.–, en Occidente es la extrema derecha la que mejor representa esta nueva era. De hecho, avanza electoralmente en todas partes y ha llegado al poder en varios países: desde Estados Unidos hasta Argentina, desde Israel hasta Italia, desde Hungría hasta El Salvador y Chile. En cuanto tiene la posibilidad, instaura sistemas electorales autocráticos: se erosiona la separación de poderes, se ataca el pluralismo informativo, desaparecen los derechos para amplios sectores de la población. El líder fuerte se presenta como representante del pueblo, desprecia los controles democráticos y pone en marcha un proyecto etnonacionalista reaccionario.
Aunque existen divergencias y peculiaridades nacionales –al fin y al cabo, cada partido es fruto de las culturas políticas de su propio país–, la extrema derecha debe entenderse como una gran familia global. Las referencias ideológicas y las estrategias políticas y comunicativas utilizadas son, de hecho, las mismas. Además, participan en las mismas redes transnacionales formadas por fundaciones, institutos y think tanks que en los últimos años han trabajado incansablemente para elaborar una agenda común, exportable y adaptable a los diferentes contextos: véanse la Heritage Foundation o la red National Conservatism. Además, Trump, Milei, Bukele, Orbán, Netanyahu, Meloni, Abascal, Ventura, Weidel, Le Pen, Farage, Wilders, Bolsonaro, Kast y compañía creen que están librando la misma batalla contra enemigos comunes, es decir, la izquierda, el liberalismo, el globalismo, el wokismo y lo políticamente correcto. Sus coaliciones parecen frágiles porque a menudo están formadas por sectores con intereses diferentes –pensemos en el trumpismo–, pero por el momento la esperanza de que se desmoronen no es más que un deseo inalcanzable.
6. Más que fascismo, se trata de la renovación del pensamiento antiilustrado
A menudo se repite que lo que estamos viviendo es el retorno del fascismo, más o menos bajo otros ropajes. Aunque existen elementos de continuidad entre el fascismo histórico y la extrema derecha del tercer milenio –en algunos países más que en otros–, el concepto de “fascismo eterno” propuesto hace más de treinta años por Umberto Eco nos lleva por mal camino. Como señala Santiago Gerchunoff, el uso compulsivo del término –en sus más diversas variantes: fascismo tardío, fascismo fósil, tecnofascismo, etc.– muestra más bien “el deseo de encontrar una palabra mágica que conjure el peligro de abstracción de nuestro mundo y que, al mismo tiempo, cierre cualquier discusión”6. Nos tranquiliza, por así decirlo, llamar fascistas a las nuevas extremas derecha porque, en cierto sentido, nos da la falsa certeza de saber a qué nos enfrentamos.
Ahora bien, las características de la nueva era no son las mismas que las del período de entreguerras: ha pasado ya un siglo desde los regímenes de Hitler y Mussolini. El mundo ha cambiado profundamente y nuestras sociedades lo han hecho en consecuencia: la política de masas ya no existe, la atomización es el sello distintivo de la nueva era. Por otra parte, ni siquiera en el pasado, en ese “mundo de ayer” muerto y enterrado, todos los autoritarismos eran fascistas. Digámoslo así: se puede ser reaccionario, nacionalista, autoritario y antidemocrático sin ser necesariamente fascista. Pero esto no hace que la situación sea menos grave. Lo que tenemos ante nuestros ojos es una nueva extrema derecha que defiende un autoritarismo posliberal eficientista y antiigualitario. Sus raíces se hunden en el pensamiento antiilustrado y en el reaccionarismo antiliberal de finales del siglo XVIII. En definitiva, se trata de una cultura política –plural, heterogénea– de larga trayectoria que se ha nutrido de diversas fuentes.
7. El extremismo es el nuevo mainstream
En las últimas décadas, las ideas extremistas se han normalizado. La ventana de Overton se ha desplazado radicalmente hacia la extrema derecha: ideas que se consideraban inaceptables se han convertido en sentido común y, como último paso, se incluyen en el ordenamiento jurídico. En Rusia y Hungría, la homosexualidad se compara legalmente con la pedofilia. En Estados Unidos, declararse antifascista implica ser considerado miembro de un grupo terrorista. Ya casi no escandaliza que importantes influencers MAGA afirmen en público que las mujeres no deberían tener derecho de voto, que el presidente argentino Javier Milei considere la justicia social un cáncer que hay que erradicar o que miembros del Gobierno israelí definan a los palestinos como “animales” y reivindiquen un genocidio en mundovisión. Las fantasías conspirativas se afirman a diestro y siniestro, empezando por la del Gran Reemplazo, según la cual las élites globalistas están llevando a cabo un plan para sustituir a la población europea por inmigrantes musulmanes. El presidente de la primera potencia mundial puede repetir que quiere anexionarse otros territorios, incluso de países aliados, como Groenlandia o Canadá, obviando el derecho internacional. Los referentes intelectuales de la nueva extrema derecha, como Curtis Yarvin, encuentran adeptos al afirmar que las democracias deberían ser sustituidas por nuevas monarquías absolutas y que los pobres deberían ser encerrados en una habitación y conectados día y noche a la realidad virtual.
La nueva era no es solo la época de la posverdad, la desinformación y los bulos, sino también aquella en la que el extremismo se ha convertido en mainstream. Además de las consecuencias de la hegemonía neoliberal, no se puede entender este cambio sin tener en cuenta el impacto de las nuevas tecnologías, que han permitido la viralización de ideas y narrativas extremistas y, por lo tanto, la normalización de la extrema derecha y el autoritarismo. No por casualidad, las dos últimas palabras del año del Oxford Dictionary fueron, en 2024, brain rot, es decir, “podredumbre cerebral” o “cerebro podrido”, en relación con el deterioro mental debido al consumo excesivo de contenidos online de baja calidad, y, en 2025, rage bait, es decir, “cebo de ira”, en referencia a los contenidos online creados para causar indignación y generar reacciones emocionales fuertes, aprovechando la polarización y el funcionamiento de los algoritmos de las plataformas sociales.
Trump en el Despacho Oval frente a Starmer, Meloni, Von Der Leyen, Merz, Macron, Stubb, Zelenski y Rutte en agosto de 2025. / TWH / Daniel Torok
8. Los partidos y las instituciones democráticas viven una parálisis incapacitante
A pesar de algunas victorias electorales y algunas decisiones acertadas, la mayoría de los partidos e instituciones democráticas no se han dado cuenta de que todo ha cambiado. Razonan con los viejos paradigmas y proponen recetas de antaño que, además de ser poco realistas en estos años veinte del siglo XXI, ya no tienen ningún atractivo, ni siquiera entre quienes las defienden.
El establishment liberal ha visto cómo se le desmoronaba el terreno bajo sus pies, pero en lugar de dar un salto –o, al menos, intentarlo, como ha instado en repetidas ocasiones Mario Draghi, uno de los pocos exponentes lúcidos de las viejas élites–, intenta aferrarse al último trozo de roca, lo que, en el mejor de los casos, solo conseguirá prolongar su agonía. El ejemplo más claro es la respuesta de la Comisión Europea a las amenazas de Trump, con Ursula Von der Leyen arrodillándose en un campo de golf escocés ante los dictados del nuevo autoproclamado emperador de Mar-a-Lago, y Kaja Kallas fingiendo que nada ha cambiado en las relaciones entre Bruselas y Washington.
En el peor de los casos, mostrando una increíble miopía, el establishment liberal intenta copiar a la extrema derecha con el objetivo de evitar ser canibalizado y superar lo que cree que es un huracán pasajero, lo que acaba por allanar el camino al autoritarismo posliberal. Así, vemos a una derecha democrática en claro declive y en profunda crisis de identidad –desde Merz hasta Macron, desde Tusk hasta Von der Leyen– e incluso a una parte de la izquierda socialdemócrata que ha perdido completamente el rumbo –desde Starmer hasta Frederiksen– aprobando políticas conservadoras y reaccionarias en materia de inmigración, defensa, seguridad, derechos o medio ambiente. A pesar de sus errores e incapacidades, son muy pocos –Lula, Sánchez, Sheinbaum, Petro, Mamdami– los que parecen entender el quid de la cuestión: nada volverá a ser como antes.
9. La religión vuelve a ser un arma política
La nueva era se caracteriza por la renovada centralidad del uso político de la religión en todas las latitudes. Si bien el tema no es nuevo en el mundo musulmán o hindú, sin duda lo es en Occidente, donde, tras décadas de secularización, habíamos dado por amortizada la religión. Aunque aumenta el número de ateos y agnósticos, los nuevos líderes autoritarios utilizan la religión más que nunca, amparándose en la supuesta protección de Dios, como nuevos monarcas absolutos por la gracia divina.
Funeral de Charlie Kirk el 21 de septiembre de 2025 en Arizona. / TWH / Daniel Torok
Encontramos sus variantes más dispares tanto en el mundo católico como en el protestante, evangélico y ortodoxo, pero también en el judaísmo, el hinduismo o el islamismo: la bendición de la invasión de Ucrania por parte del patriarca Kirill; las referencias al Antiguo Testamento de Netanyahu para justificar el genocidio de Gaza o la ocupación de Cisjordania; el uso que Modi hace del hinduismo; Trump, que se considera salvado por Dios por haber escapado al intento de asesinato de Boulder; Milei citando compulsivamente la Torá; Bolsonaro bautizándose en el río Jordán; la defensa de la identidad cristiana de Hungría e Italia por parte de Orbán y Meloni; las referencias a la Reconquista de Abascal y Ventura… Pero, sin salir de Estados Unidos, basta pensar en el funeral del supremacista blanco Charlie Kirk, en los tatuajes del secretario de Guerra, Pete Hegseth –la inscripción “Deus Vult” y la cruz de Jerusalén, símbolo del supremacismo blanco y referencia a las cruzadas medievales– o en las elucubraciones pseudoteológicas de Peter Thiel sobre el apocalipsis y el Anticristo. Un nuevo tipo de nacionalismo cristiano, que va de la mano del sionismo judío, está cada vez más presente con pensadores como Yoram Hazony o Rod Dreher y cada vez más activo también en las bases de la extrema derecha. Es una religión declinada de forma agresiva, excluyente e identitaria.
10. La respuesta al ‘¿Qué hacer?’ solo puede ser colectiva
La respuesta a la vieja pregunta leninista no caerá del cielo, ni será formulada por ningún intelectual. Solo podrá surgir de la sociedad, es decir, solo podrá ser colectiva. Me temo que llevará tiempo –seguramente años, probablemente una generación–, porque lo que hay que reconstruir, desde el punto de vista material y de valores, aumenta cada día que pasa. Ilusionarse con que una derrota de la extrema derecha en una elección concreta signifique un punto de inflexión es solo una mera ilusión. Mientras tanto, al menos se puede evitar caer en el abismo.
Los partidos democráticos deberían evitar ceder a los cantos de sirena de la extrema derecha y defender las instituciones y los derechos conquistados. Las instituciones europeas deberían oponerse con fuerza al neoimperialismo autoritario estadounidense, evitando la no solución del apaciguamiento –un suicidio lento– y saliendo del letargo de la “vasallización feliz”: ahora mismo, hay que desengancharse de lo que se ha convertido en el lazo atlántico, construir una verdadera autonomía estratégica –que no puede ser solo militar y, mucho menos, sobre bases nacionales– y defender lo que queda del multilateralismo abriéndose a los actores democráticos del Sur Global. Como mínimo, se debería intentar gobernar la economía –redistribuyendo la riqueza y reduciendo las desigualdades– y situar en el centro de la acción política la cuestión medioambiental –que ahora ha pasado a un tercer plano– y la tecnológica con todo lo que ello conlleva –el fin de la dependencia de las Big Tech estadounidenses, cuyos proyectos autoritarios deben combatirse sin vacilaciones, y la reducción de la brecha con China7–.
Sin embargo, es necesario replantearse completamente los paradigmas existentes: los antiguos ya no funcionan en esta nueva era. Por lo tanto, hay que empezar desde cero: reconstruir la sociedad –ahora licuada, atomizada–, crear un sentido de comunidad –que no sea el identitario y etnonacionalista de la extrema derecha–, volver a librar la batalla de las ideas –la extrema derecha lo lleva haciendo desde hace años y ahora está cosechando los frutos–, tejer alianzas y redes transnacionales –porque la solución no puede ser solo local–. Todos debemos sentirnos involucrados.
Volviendo a las tres categorías de Hirschman, la “salida” no es una opción porque significaría dejar el campo libre para la imposición definitiva del nuevo orden autoritario, y la “lealtad” tiene poco sentido porque el establishment actual no tiene ideas o sufre una parálisis incapacitante. La única posibilidad es la “voz”, es decir la participación y la protesta8. Este debe ser el punto de partida.
1 Wendy Brown, En las ruinas del neoliberalismo: El ascenso de las políticas antidemocráticas en Occidente, Traficantes de sueños, 2021.
2 Véanse George Monbiot y Peter Hutchison, La doctrina invisible. La historia secreta del neoliberalismo (y cómo ha acabado controlando tu vida), Capitán Swing, 2025 y Quinn Slobodian, Hayek’s Bastards: The Neoliberal Roots of the Populist Right, Allen Lane, 2025.
3 Colin Crouch, Posdemocracia, Taurus, 2004.
4 Mark Lilla, El regreso liberal: Más allá de la política de la identidad, Debate, 2021.
5 Steven Forti, Democracias en extinción. El espectro de las autocracias electorales, Akal, 2024.
6 Santiago Gerchunoff, Un detalle siniestro en el uso de la palabra fascismo. Para qué no sirve la historia, Anagrama, 2025, pp. 80-81.
7 Véase Emanuele Felice, Manifesto per un’altra economia e un’altra politica, Feltrinelli, 2025.
8 Albert O. Hirschman, Salida, voz y lealtad. Respuestas al deterioro de empresas, organizaciones y estados, FCE, 1977.
En el año 2001 se publicaba en castellano el ensayo de Susan George titulado “El informe Lugano” (Icaria-Intermón, Barcelona) -en lo sucesivo IL- con prólogo de Manuel Vázquez Montalbán. Veinticinco años después, y aunque la autora volvió sobre el asunto en el año 2012, me parece clarificador y oportuno reflexionar sobre el contenido de un trabajo de crítica social del máximo interés. Pues lo fue en su momento, como escribía Montalbán, y lo sigue siendo a día de hoy. Lo que intentaré argumentar en esta breve nota.
La autora se valía de un truco para desplegar su análisis. En vez de redactar en primera persona su crítica al sistema capitalista -a la altura de finales del siglo XX- el ensayo se presentaba como un informe elaborado por un equipo interdisciplinar de expertos a petición de importantes agentes económicos, para evaluar las debilidades del sistema o economía de mercado y hacer propuestas para su blindaje en este siglo XXI. Como resume con ironía su autora[1] al final del texto, se trataba de realizar una “evaluación clara y responsable de la situación que afronta el capitalismo global y la economía de mercado en el siglo XXI y los medios teóricos y prácticos para evitar una catástrofe” (224). El lector es conocedor de este simulacro que permite así a la autora real del informe razonar formalmente al servicio del sistema pero, al mismo tiempo, deslizar las múltiples contradicciones y atolladeros que el presunto equipo de investigación comprueba y expone a lo largo de su informe.
Con estas premisas paso a sintetizar algunas de las previsiones que el paso de los últimos veinticinco años ha ido confirmando, así como algunas cuestiones que se presentaban algo borrosas en este magnífico trabajo, limitando -en mi opinión- en parte su enorme potencial para seguir siendo de lectura útil a aquellos que sigan aportando los imprescindibles argumentos para construir una sociedad decente[2].
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“Hay que tratar de volver … a una mentalidad anterior a la Ilustración en el Norte” (169). Con esta consigna el IL resume una estrategia de extremismo neoliberal que no ha cesado de avanzar posiciones hasta llegar al actual trumpismo global. Nada de ciudadanía cosmopolita, sino grupos fundamentalistas y supremacistas (115) que desprestigien a los aún solidarios. Nada de multilateralismos deliberantes, sino liderazgos ejecutivos, en “gobiernos necesariamente más autoritarios” (113). Todo ello alimentado por grandes oligopolios mediáticos (Warner, Disney, …) con el creciente concurso de “legionarios ideológicos” (107) y “patrioteros del correo electrónico” (128). No está nada mal para intuir lo que, veinticinco años después, acabará inundando las redes sociales con sus influencers y extremismo viral. Una guerra ideológica total, con una mezcla tóxica de Darwin & Hayek (darwinismo social), que se mofa de que existan libertades o derechos humanos garantizados[3].
El IL acertó también en otra profecía: “El riesgo de que se produzca un importante accidente financiero se intensifica; de hecho nos sorprende que no se haya producido aún” (35, 41, 50). Algo Escrito en 1999 que apenas diez años después -en 2008- se cumplirá cuando los mercados de derivados provoquen una Gran Recesión que ponga patas arriba las economías de los principales países capitalistas del mundo. Claro que, a pesar de ello, lejos de agrietarse, el ideologema neoliberal y la plutocracia financiera global, conseguirán que los recursos públicos los saquen del atolladero para seguir hegemonizando nuestras sociedades.
No menos dramática será la consecuencia de otro artículo de fe neoliberal que se asume en el IL: “El aire, el agua y el suelo se consideran bienes gratuitos; no se reconoce ni se calcula su valor en función de la escasez” (25), “después de nosotros, el Diluvio” (31, 60). Y su conclusión, sin pelos en la lengua, pues no habrá “medidas drásticas, coactivas e inmediatas para frenar la emisión de gases de efecto invernadero” (68). Con lo que el capitalismo neoliberal nos lleva al colapso ambiental: capitaloceno. Como se comprueba con la evolución de los niveles de partículas por millón de CO2 y en las cumbres del IPCC. Y en sus consecuencias como oleadas de incendios forestales, deshielos, graves inundaciones y no menos graves sequías. Estamos ante otra profecía autocumplida.
Y vayamos con la siguiente profecía: la relativa a la pandemia del Covid-19. Pues en el IL ya se nos decía en el año 2001: “rodeados que estamos de virus que mutan rápidamente, no cabe descartar la posibilidad de que aparezca otra gripe española (que en realidad vino de Asia)” (185). Hoysabemos que la pandemia del Covid se llevó por delante siete millones de personas, de sectores menos favorecidos y del Sur global sobre todo, que se sumarán a los cuarenta y cuatro millones del Sida (el 75 % en África). Situaciones de guerra virtual que se gestionan con una batuta: “los gobiernos occidentales … deberían hacer que sus ciudadanos se sientan amenazados” (137). Que sumadas a la proliferación de guerras tradicionales (Gaza, Ucrania, Irán, …), de terrorismos suicidas y de Estados mafiosos fallidos favorecen la corrosión social y la quiebra de todo vínculo de fraternidad y solidaridad. Más leña para la onda incendiaria neoliberal global.
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Si de las profecías autocumplidas del IL pasamos a los aspectos borrosos (ambos con la perspectiva que nos permite hablar desde el año 2026) el que me parece más fundamental es el no haber enfatizado la existencia de dos capitalismos diferentes: el financiero (que domina en los muy reiterados ejemplos en el texto de EE.UU., la Unión Europea o Japón) que en el IL se caracteriza muy bien, y el capitalismo de Estado (sobre todo, pero no solo, el caso de China). Pues no se concreta esta diferencia en las, escasas, referencias[4] que se hacen a la evolución de China.
No hacerlo así impide que el IL pudiese prever la singular situación actual de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y de la actual ruptura de la globalización unipolar. Porque si bien es cierto que la OMC nacío subordinada al neoliberalismo financiero y a la globalización de finales del siglo XX, ambos al servicio de “una única economía global” (43-44), lo cierto es que el imparable papel del capitalismo de Estado chino en la economía global ha obligado al imperio declinante (EE.UU.) a disputar a cara de perro la rivalidad tecnológica y de áreas vitales. Aunque ambos compartan la corrosión de los derechos laborales, ambientales y sociales de los trabajadores (232-233) a lo largo y ancho del mundo. Y ello a la vista de que no se ha podido[5] “crear una globalización alternativa” (243) como querría Susan George (que no los “redactores” del IL).
Me interesa resaltar otro aspecto borroso en el análisis del IL que si bien resulta funcional para sus “redactores virtuales” me parece muy problemático para abrir camino a una alternativa social al capitalismo (ya sea financiero, ya sea de Estado). Me refiero al posible interés del sistema capitalista (o economía de mercado) en frenar el explosivo crecimiento demográfico, que nos llevaría de los seis mil millones de habitantes de entonces a los ocho mil millones actuales frente a los cuatro mil millones que el IL quería alcanzar (100) por medio de muchas y variadas propuestas en las que aquí no me detendré. Suponer que este sea el interés del sistema me parece contradictorio con la funcionalidad que este derroche demográfico supone en cuanto ejército laboral de reserva de mano de obra (sobre todo desde el Sur al Norte). Porque, como muy bien se recuerda en un pasaje del IL, el concepto “proletario” significa eso: servir al sistema no con tus propiedades sino con tus hijos[6] (83). Tal como se comprobaría en la propia China al desdecirse de su política de hijo único en años más recientes.
Es este un enfoque focalizado en el impacto de la población[7] (por ejemplo la Huella Ecológica se evalúa por habitante) y en sus impactos como demanda potencial, que se desliza así hacia el concepto de Antropoceno frente al de Capitaloceno[8]. Este focalizado en la lógica del capitalismo como sistema productivo y de oferta tal como se señaló más arriba. El sistema capitalista -y su relato neoliberal según los “autores” del IL -nos juega estas malas pasadas al abducirnos con su lógica individualista y no social. Porque, si bien se reiteran propuestas de disciplina neoliberal y de privatización masiva[9] que no han hecho más que ganar terreno desde entonces, pareciera que sus contrarias quedan huérfanas en el IL.
Y así, aunque solo sea para descalificarlas con ironía, no aparecen nunca propuestas sobre la reducción de la jornada laboral semanal, anual o a lo largo de la vida (adelantar y no retardar la jubilación), nada sobre que los sistemas públicos de pensiones garanticen una vida digna los jubilados, o sobre una red pública de atención a la dependencia, o sobre el blindaje de los precios de alquiler para la vivienda, o sobre un transporte público y colectivo gratuito que frene las emisiones (directas o indirectas con coches eléctricos) de CO2, etc. Cosas que están más allá de la lógica universal neoliberal.
Pero que son asuntos que conforman lo que vengo denominando una sociedad decente[10] en idéntico sentido al que señala Susan Sontang cuando al final de su ensayo, refiriéndose al criterio del velo de la ignorancia de Rawls, concluye que nadie eligiría “un mundo sometido a la lógica del Informe Lugano” (247). Sin embargo, para ello, hoy más que nunca antes necesitamos perfilar propuestas concretas de como sería esa otra lógica.
[1] Entre paréntesis después de cada cita figura la página de la edición en castellano del año 2001
[2] En el año 2013 la autora publica “El Informe Lugano II”, texto que aquí dejo fuera de mi análisis para no contradecir el título del mismo.
[3] En “La nueva razón del mundo” Christian Laval y Pierre Dardot (Gedisa, 2013, Barcelona) resumen a la perfección el ingente alcance de esta estrategia.
Por Jordi Arcarons, Daniel Raventós & Lluís Torrens. Publicado originalmente para sinpermiso.
La economía política republicano democrática no supone por sí misma una serie de propuestas y medidas económicas definidas y concretas. Más bien establece criterios, indicaciones, máximos y mínimos. No más, pero tampoco menos. Aristóteles, Ibn Jaldún, Thomas Mun, Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, Karl Polanyi, Rudolf Hilferding, Rosa Luxemburgo, Ernest Mandel, entre muchos otros, hacían economía política. Tenían mucho en común, tenían muchas diferencias también, pero todos eran economistas políticos.
Economía política republicano democrática. Hay mucho contenido en tan pocas palabras. Empecemos por la economía política. Después nos detendremos en la republicano democrática.
La economía política
La economía política estudia y analiza la economía como fenómeno social enlazado con estructuras de poder, por lo tanto, con las relaciones sociales, las clases, las desigualdades sociales, el Estado, entre otras. Así, la producción, el consumo y la distribución afectan de forma diferente según la clase a la que se pertenezca. Utiliza el análisis histórico si bien no desdeña el apoyo de cualquier instrumento técnico proveniente de cualquier conocimiento como las matemáticas, la estadística, la econometría, cuando pueda ser útil. El Estado forma parte indispensable de sus análisis puesto que este regula los mercados con lo que de forma derivada redistribuye la riqueza en favor de unas clases y en detrimento de otras. La economía política, según lo dicho, es una forma de entender cómo funciona el mundo social y económico. Una tal manera de analizar el mundo no resultaba cómoda para quien consideraba que el mundo social y económico estaba bien tal como estaba. La teoría del valor trabajo de Smith-Ricardo-Marx, por señalado ejemplo, tocaba demasiados puntos sensibles. Especialmente, la del teórico alemán cuya concepción de la explotación no se debía a las cualidades morales de las personas, aunque algunos particulares sicópatas pudieran añadir más leña al fuego, sino a las reglas del juego, a las relaciones de la forma de producir capitalista. Es decir, a la forma de organización social que nuestra especie se ha dotado en esta particular e histórica manera de producir. Que la teoría del valor trabajo en la versión de Marx fuera la base de la explotación capitalista puesto que la mercancía especial “fuerza de trabajo” produce más valor del que cuesta, y la diferencia entre el valor creado por el obrero y el salario pagado, la plusvalía, es la base de la explotación capitalista, resultaba duro, muy duro de digerir para defensores y teóricos de la realidad social como la mejor posible.
Así que la economía política fue combatida duramente, especialmente a finales del siglo XIX por lo que con mayor o menor fortuna se llamó la revolución marginalista. El marginalismo sentó las bases de la teoría económica neoclásica. Los supuestos neoclásicos son muy distintos, opuestos por decirlo más claramente, a los de la economía política. La teoría neoclásica[1], en claro contraste, está interesada en el comportamiento individual de las personas (“agentes”, en el argot) y las empresas que toman sus decisiones de manera que maximicen su utilidad o más llanamente sus beneficios, o su bienestar en el caso de las personas. Los mercados son analizados en términos de oferta, demanda y equilibrio. Utiliza modelos matemáticos de forma preferente. Considera que los mercados libres son eficientes y que el Estado no debe intervenir salvo para los anómalos fallos del mercado. La teoría neoclásica supone que los individuos actuamos sistemáticamente de forma egoísta[2], lo que matemáticamente se puede representar como funciones de utilidad (de dos personas A y B) indiferentes e independientes entre sí que es como decir de forma más llana: si a B le va bien a A le da igual, si a B le va mal a A le da igual. Más resumidamente: La utilidad de A no depende de la de B.
La teoría del valor trabajo fue combatida por la escuela marginalista-neoclásica. El valor no está en las cosas, sino en la mente de los individuos, así que depende de la utilidad marginal[3] que un bien aporta a la persona. Nada de relaciones sociales, nada de explotación, nada del mundo real. Lo expresó de forma inmejorable y de forma digamos sarcástica el economista keynesiano Abba Lerner en 1972 (The Economics and Politics of Consumer Sovereignty): “Una transacción económica es un problema político resuelto… La economía ha ganado el título de Reina de las Ciencias Sociales eligiendo como su dominio problemas políticos ya resueltos.” ¿Derechos de propiedad?, ¿Relaciones de dominación?, ¿Explotación? Nada de eso, han desaparecido, no hay política ni relaciones sociales conflictivas: el campo de la teoría económica los elimina para que puedan estudiarse las transacciones pertinentes. La teoría neoclásica convierte relaciones sociales en relaciones técnicas: el salario deja de ser una relación social y pasa a ser “producto marginal del trabajo”, la ganancia deja de ser plusvalía y pasa a ser “productividad del capital”, la explotación desaparece del análisis, las instituciones y las clases desaparecen del modelo.
Hasta aquí la economía política, nos queda explicar la variante republicana. Y dentro de la republicana, la republicano democrática[4] que es la que nos interesa[5].
La economía política republicano democrática
¿Qué aporta de específico a la economía política el republicanismo democrático? Brevemente: El republicanismo democrático aporta a la economía política una teoría de la libertad que permite analizar los mercados[6], la propiedad y el trabajo asalariado como relaciones de poder y de dominación. La economía política republicano-democrática no amplía tanto el campo de problemas como el campo de justificación y evaluación. Su contribución no es descubrir que la economía es política, que en sí ya es objeto de la economía política, sino decir qué tipo de política económica es compatible con una república de ciudadanos libres e iguales.
¿Qué criterios defiende una economía política republicana democrática? Entre otros: luchar contra la concentración de poder económico, universalizar la libertad no dominada, garantizar la capacidad colectiva de autogobierno económico, fundamentar el papel activo del Estado (esto es la neutralidad republicana del Estado: intervención activa para asegurar que los más fuertes no impongan sus condiciones), garantizar la existencia material de toda la población (con propuestas como la renta básica incondicional y universal), impedir las grandes fortunas que posibilitan que el dominium se transforme en imperium[7] (con propuestas como la renta máxima y la riqueza máxima), rechazo de estructuras económicas y legales internacionales que limiten deliberadamente la autonomía de las naciones para su beneficio.
Nos frenamos. Vamos a desarrollar este último punto. Un reciente artículo de María Julia Bertomeu (“Economía política republicana y deuda soberana”) nos lo sugirió. Dentro del rechazo republicano democrático a las estructuras económicas y legales internacionales que limitan arbitrariamente la autonomía de las naciones pueden apuntarse varios tipos: la negación del derecho de autodeterminación de algunas naciones, algunos tratados comerciales, el dominio de determinadas estructuras internacionales como el FMI y los tratados de deuda, entre otras. La arquitectura financiera internacional actual replica a escala planetaria las mismas relaciones de dominación que observamos en el mercado laboral interno de nuestras sociedades, pero con mecanismos específicamente propios. Así como un trabajador sin patrimonio ni renta propia carece del poder de negarse a condiciones laborales abusivas —quedando sometido a la voluntad arbitraria del empleador—, un Estado dominado económico y financieramente por organismos y Estados poderosos, carece del poder de rechazar condiciones financieras leoninas, quedando sometido a la voluntad de sus acreedores y de las instituciones que gestionan el sistema de deuda global. En ambos casos, la ausencia de una base material de independencia transforma una relación que debería ser entre iguales en una relación de dominación.
La deuda soberana funciona hoy como el salario de subsistencia operaba en el capitalismo del siglo XIX: como mecanismo de disciplinamiento. Los países del Sur Global no tienen “existencia material garantizada”, para seguir utilizando el paralelismo, y deben vender soberanía política a cambio de crédito para subsistir. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial no actúan como prestadores neutrales, sino como gestores de una estructura neocolonial que impone condiciones —austeridad fiscal, privatizaciones, desregulación laboral— que garantizan la continuidad del flujo extractivo de recursos del Sur hacia el Norte. Esta extracción no es meramente financiera puesto que opera en múltiples dimensiones.
Recursos naturales, en primer lugar. El Sur Global transfiere al Norte materias primas infravaloradas cuyos precios no incorporan las externalidades ecológicas reales. Cuando Europa importa coltán del Congo o litio de Bolivia, está apropiándose no solo de minerales, sino de ecosistemas destruidos, comunidades desplazadas y territorios contaminados cuyo coste ambiental y social jamás se refleja en el precio de mercado. Esta apropiación desigual del patrimonio natural común genera una deuda ecológica que el Norte ha contraído con el Sur.
En segundo lugar, conocimiento y tecnología. La riqueza acumulada del Norte no es fruto únicamente del ingenio local, sino de siglos de acumulación originaria basada en el expolio colonial y la interconexión global forzada. El conocimiento científico y tecnológico es un producto social de la humanidad entera, desde el control del fuego, de los primeros instrumentos de sílex, la rueda o la agricultura. Sin embargo, este patrimonio común se encuentra blindado tras regímenes de propiedad intelectual (como los Acuerdos sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio, TRIPS es el acrónimo en inglés, o las variantes de semillas manipuladas genéticamente) que permiten al Norte cobrar rentas monopolísticas por acceder a innovaciones que se construyeron sobre una base común[8]. Mientras se exige puntualmente el pago del servicio de la deuda soberana, se niega sistemáticamente el pago por el uso privatizado del conocimiento acumulado colectivamente. Como ha expuesto el economista surcoreano Ha-Joon Chang: “Desde finales del siglo XIX, con la producción a gran escala, las tecnologías complejas y los mercados globales, el éxito empresarial es el resultado de un esfuerzo colectivo más que individual, en el que participan no solo los líderes empresariales, sino también los trabajadores, ingenieros, científicos, administradores, responsables de las políticas públicas y hasta los propios consumidores”. Este esfuerzo colectivo hoy se convierte en beneficio privado porque la ley lo permite así. No es una ley natural, es una ley impuesta por sus beneficiarios.
En tercer lugar, la dimensión del trabajo y los cuidados. La “fuga de cerebros” —profesionales sanitarios, ingenieros, científicos formados en el Sur con recursos públicos locales y explotados en el Norte— representa una transferencia masiva de capital humano no compensada. Pero más grave aún es la cadena global de cuidados: mujeres del Sur que migran para sostener la reproducción social del Norte —cuidando niños, ancianos y enfermos de familias europeas o norteamericanas— mientras sus propias familias quedan descuidadas. Esta es una transferencia de valor incalculable que el Norte recibe gratuitamente, sosteniendo su modelo social sobre la sobreexplotación del trabajo reproductivo racializado y feminizado.
En cuarto lugar, los costes del cambio climático que pueden sufrir más algunos países del Sur Global habiendo “contribuido” a ello mucho menos que el Norte.
El Sur Global no es pobre: es un productor neto de riqueza para el Norte. La pobreza del Sur y la riqueza del Norte no son realidades paralelas, sino las dos caras de un mismo proceso de transferencia estructural de valor[9].
La Renta Básica Soberana
Nuestra propuesta de una Renta Básica Soberana (RBS), por llamarla de alguna forma y sin pretensiones de originalidad nominal, que la definimos como una transferencia incondicional entre Estados, del Norte hacia el Sur. En ningún caso debe entenderse como “ayuda al desarrollo”, ni como caridad internacional, sino como un mecanismo de justicia redistributiva global fundamentado en principios normativos de economía política republicana.
El republicano Thomas Paine argumentó en el siglo XVIII que la tierra es herencia común de la humanidad, y que quienes se apropian privadamente de ella deben compensar al resto mediante un dividendo universal. Este principio, trasladado a escala global, adquiere una dimensión adicional: ningún país “creó” el petróleo, el coltán, el litio o la capacidad de absorción de CO₂ de la atmósfera. Son patrimonio común de la humanidad. El Norte Global se ha apropiado desproporcionadamente de estos recursos finitos y de la capacidad de sumidero atmosférico del planeta. El 16 % más rico de la población mundial es responsable de más del 60 % de las emisiones históricas de gases de efecto invernadero, mientras que los países más vulnerables al cambio climático son precisamente aquellos que menos han contribuido a causarlo. Esta apropiación desigual genera una deuda ecológica que debe saldarse. La RBS operaría como el dividendo de este patrimonio común apropiado desigualmente.
Si aceptamos que el conocimiento científico[10] y tecnológico es producto de la acumulación social de la humanidad entera —construido sobre milenios de innovación colectiva, intercambio cultural y experimentación común—, su privatización mediante patentes y su uso como instrumento de extracción de rentas constituye una injusticia patente y un instrumento adicional de dominación. Las empresas farmacéuticas del Norte cobran precios prohibitivos por medicamentos esenciales a países del Sur, mientras simultáneamente estos países deben pagar puntualmente el servicio de su deuda externa. Esta doble injusticia —privatizar el conocimiento común y exigir el pago de deudas muchas veces ilegítimas u odiosas— revela la asimetría brutal del sistema actual. La RBS actuaría como mecanismo de compensación por el uso privatizado de este conocimiento acumulado colectivamente.
Existe además una dimensión de justicia reparadora. El desarrollo capitalista del Norte se construyó sobre siglos de colonialismo, esclavitud, extracción de recursos y destrucción de sistemas económicos locales en África, Asia y América Latina. Las reparaciones por el colonialismo no son una demanda radical: son un reconocimiento elemental de que la riqueza actual del Norte tiene su origen parcial en el expolio sistemático del Sur. La RBS, desde esta perspectiva, no sería una transferencia generosa sino el pago de una deuda histórica pendiente.
La propuesta de la Renta Básica Europea, un antecedente
Ya exploramos anteriormente un paso intermedio en esta dirección al modelizar la viabilidad de una Renta Básica Europea. En aquellos trabajos demostramos que es financieramente posible garantizar la existencia material de la ciudadanía a escala continental mediante reformas fiscales redistributivas dentro de un espacio político y económico integrado.
El modelo europeo mostró que una RB puede financiarse mediante:
* Reformas del IRPF con tarifas únicas o progresivas que graven especialmente las rentas altas.
* Impuestos sobre la riqueza y las herencias.
* Impuestos sobre transacciones financieras y ganancias especulativas.
* Impuestos sobre emisiones de gases de efecto invernadero.
* Eliminación de deducciones y exenciones fiscales regresivas.
El resultado fue una propuesta que reduce drásticamente la pobreza y la desigualdad (el índice de Gini en el Reino de España pasaría de 0,36 a 0,25) sin requerir un aumento insostenible de la presión fiscal agregada, sino una redistribución radical de la carga fiscal de las rentas del trabajo hacia las rentas del capital y la riqueza acumulada.
Ahora, el desafío es llevar esta lógica a escala global, donde no existe un fisco unificado ni un espacio político común, pero sí existe —con toda claridad— una obligación de justicia reparadora y distributiva.
Una propuesta de Renta Básica Soberana (4%)
La RBS no debe diseñarse simplemente para equilibrar balances macroeconómicos ni para “tapar agujeros” presupuestarios. Debe cumplir el objetivo fundamental que justifica cualquier Renta Básica: garantizar incondicionalmente la existencia material de la población, que puede equipararse para lo que aquí nos interesa con la cobertura de las necesidades básicas —alimentación, agua, vivienda, energía— de toda la población, liberando a la ciudadanía de la necesidad de emigrar por pura supervivencia económica o de someterse a relaciones de dominación para acceder a lo esencial.
Si analizamos los flujos financieros que actualmente sostienen a los países de ingreso bajo y medio (LMIC, por sus siglas en inglés), observamos una “arquitectura de la precariedad” que descansa sobre tres pilares profundamente injustos:
1. Remesas de migrantes (1,8% del PIB de los LMIC). La principal fuente de divisas no son inversiones productivas ni comercio justo, sino transferencias de trabajadores migrantes que envían parte de sus salarios —generalmente magros y obtenidos en condiciones de precariedad— a sus familias en origen. No es una transferencia del Norte al Sur, sino una transferencia intra-clase: son los pobres del Norte (migrantes) sosteniendo a los pobres del Sur (sus familias). El coste humano es devastador: familias fragmentadas, migrantes sobreexplotados, niños criados sin sus padres.
2. Ayuda Oficial al Desarrollo (0,7% del PIB de los LMIC). Una transferencia voluntaria, frecuentemente condicionada a intereses geopolíticos y económicos del donante y sujeta a la arbitrariedad política. No genera derecho: es caridad internacional que puede retirarse en cualquier momento y que se utiliza como instrumento de “poder blando” (soft power) diplomático. Un instrumento de dominación, en definitiva.
3. Servicio de la deuda pública (-1,2% del PIB de los LMIC). Un drenaje sistemático y obligatorio de recursos públicos hacia acreedores del Norte. Según datos del Banco Mundial para 2024, los países pobres y de renta media pagaron aproximadamente 471.500 millones de dólares en servicio de su deuda pública externa, de los cuales 144.500 millones fueron únicamente intereses. El resultado neto actual es que el Sur recibe (2,5% del PIB) pero paga (1,2%), quedando un saldo positivo marginal (1,3% del PIB) que apenas sirve para evitar el colapso humanitario inmediato, pero no permite el desarrollo de servicios públicos robustos ni la cobertura universal de necesidades básicas. Es un sistema diseñado para la supervivencia precaria, no para la vida digna.
Existen otros sistemas de explotación limitados, como el franco de la comunidad financiera africana (CFA), que elimina la soberanía monetaria de las excolonias francesas en África, en beneficio de la metrópolis.
Nuestra estimación basada en datos del Banco Mundial sitúa la Renta Básica Soberana (RBS) en aproximadamente el 4% del PIB de los países receptores (unos 1,5 billones de dólares anuales). Esta transferencia se desglosaría en tres pilares estratégicos:
1) 1,2% para neutralizar la deuda: Cubrir automáticamente el servicio de la deuda pública externa. Esto restaura la soberanía fiscal, liberando a los Estados de la tutela permanente de los acreedores.
2) 1,8% para sustituir remesas de subsistencia: Al garantizar un suelo de protección estatal, las remesas dejan de ser vitales para comer y pasan a ser un complemento de bienestar. Esto desmercantiliza la migración: las personas se moverían por elección, no por supervivencia.
3) 1,0% para el déficit de necesidades básicas: Un componente adicional (superior a la actual AOD) para invertir en la cobertura universal de agua, energía y alimentación. El objetivo es simple: que ningún ser humano carezca de techo o comida por razón de su lugar de nacimiento.
Esta RBS puede complementarse con una Renta Básica propia del país, mediante una reforma fiscal (allá donde existan sistemas fiscales robustos) que transfiera renta de las clases ricas (en general las más beneficiadas por el sistema colonial vigente) hacia las clases medias y pobres.
La RBS como salario de reserva estatal: El poder de decir “no”. Y la viabilidad económica: El coste de la justicia frente a la guerra
Aquí emerge el paralelismo estructural con la Renta Básica individual. Al igual que esta actúa como un salario de reserva que permite al trabajador rechazar los “trabajos de mierda” (como famosamente los bautizó David Graeber) y la “mierda de trabajos” (que no hay que confundir con los anteriores) sin poner en riesgo su existencia material, la RBS otorga a los Estados el poder de rechazar “tratados de mierda”, “condiciones de mierda” o “préstamos de mierda”. Actualmente, los Estados del Sur aceptan la austeridad del FMI, acuerdos comerciales depredadores o el acoso de fondos buitre porque la alternativa es el colapso inmediato. Con una RBS del 4% garantizada, un gobierno adquiere poder de negociación real. Puede rechazar recortes en sanidad, exigir precios justos por sus recursos naturales o resistir litigios abusivos, sabiendo que tiene asegurado el mínimo vital para su población. Transforma una relación de dominación colonial en una negociación entre iguales, o más iguales que ahora, o para ser prudentes de menor dominación que la actual.
Aunque la cifra de 1,5 billones de dólares parezca elevada, su contexto demuestra que la pobreza es una decisión política. Este monto representa apenas el 1,45% del PIB mundial y es, significativamente, inferior al Gasto Militar Global (2,4 billones en 2023 y creciendo). Financiar la existencia material de la humanidad es más barato que prepararse para la guerra.
Además, el coste neto para el Norte sería menor, ya que se estima que entre el 30% y el 40% de la transferencia retornaría vía exportaciones de bienes y tecnología. La propuesta no parte de cero: integra y racionaliza flujos ineficientes como la actual Ayuda Oficial al Desarrollo y el alivio de deuda puntual.
El mayor desafío no es financiero, sino político: evitar que los fondos sean capturados por oligarquías locales corruptas. Para ello, proponemos una arquitectura de doble canal:
1) Canal A. Dividendo Ciudadano Directo (50%): Transferencias monetarias directas a la población (vía dinero móvil y registros biométricos), sin pasar por la burocracia estatal.
2) Canal B. Fondo de Servicios Públicos (50%): Fondos gestionados mediante fideicomisos auditados internacionalmente (escrow accounts, recursos que se liberan sucesivamente cuando se van justificando los gastos), trazables con tecnología blockchain pública y ejecutados mediante smart contracts. Si se detecta desvío de fondos hacia gasto militar o represión, el flujo se suspende automáticamente[11].
Concluyendo (provisionalmente)
Para ir concluyendo, esta propuesta de una RBS no surge del vacío, sino que se presenta como la evolución natural tras décadas dedicadas a asentar los fundamentos ético-filosóficos de la RB y a modelizar rigurosamente su financiación en contextos locales, regionales, nacionales y europeos e incluso sectoriales o por edades. A lo largo de cientos de artículos y en innumerables conferencias divulgativas, una objeción recurrente que nos han hecho ha sido la supuesta inviabilidad de una RB que no fuera planetaria, bajo el temor de un hipotético “efecto llamada” hacia los territorios que la implementaran. Aunque la evidencia empírica desmonta este prejuicio —demostrando que los flujos migratorios se correlacionan con el dinamismo en la creación de empleo y no con la generosidad de la protección social, como se observa en la atracción migratoria de un Reino de España con protección deficiente frente a una Europa más robusta, o en la menor atracción relativa del País Vasco pese a su sistema de garantías superior al resto del Estado—, este artículo acepta el envite intelectual de cerrar el debate por elevación. Y demostramos, en efecto, que una RB a escala mundial no solo es posible, sino que es la pieza que faltaba en el rompecabezas: un mecanismo que, lejos de ser una utopía, ofrece una utilidad pragmática y estabilizadora tanto para el Sur, al que libera de la asfixia de la deuda y posibilita (al menos mucho más que ahora) la existencia material a sus sociedades. Como para el Norte, al que modera la presión migratoria forzosa y de la criminal xenofobia que la extrema derecha fomenta y, visto lo visto, va consiguiendo expandir entre buena parte de la población.
La RBS no es una propuesta fantasiosa. O en todo caso no lo es más que las fantasías distópicas que la realidad nos está mostrando. Con la diferencia que estas son realidades dominadoras y depredadoras para la inmensa mayoría de la población mundial. La diferencia es que frente a la realidad del capitalismo actual, la propuesta de la RBS pretende beneficiar a la población no estrictamente rica. Extiende el principio republicano de libertad como no-dominación a escala interestatal. Permite a los países del Sur implementar políticas soberanas sin la pistola del hambre apuntando a la sien. El precio de la justicia global es ridículamente bajo comparado con el precio que pagamos por mantener la injusticia.
¿Difícil? Claro. Apuntaba Michael Roberts recientemente “La desigualdad […] es el resultado de la propiedad[12] privada del capital y de los gobiernos dedicados a mantenerla. Si no se pone fin a eso, la desigualdad de ingresos y riqueza a nivel mundial y nacional no solo se mantendrá: seguirá empeorando”. No podemos más que darle la razón, pero avanzar propuestas, si están bien fundamentadas, siempre puede ser un estímulo político e intelectual para ofrecer razones adicionales de la sociedad de mierda en la que el 0,001% de la población mundial campa por las suyas. Menos de 60.000 personas en todo el mundo y los poderes económicos y políticos que les satisfacen y obedecen. Esto afecta a la democracia de una manera que ni el más pusilánime podrá negar[13]. Quizás la RBS, con alguna idea que hemos propuesta o con otras que seguro la pueden mejorar, pueda parecer fantasiosa. También lo pareció el derecho de huelga, el derecho de sindicación, el matrimonio homosexual, el sufragio universal, el derecho al aborto y tantas (hoy) realidades que nos parecen conquistas irrenunciables. Y es que, no debe olvidarse, las conquistas que vale la pena defender (aunque vivimos unos momentos que muchas vuelven a estar amenazadas) del mundo actual, son producto de grandes luchas y de grandes movilizaciones contra las injusticias. Lo dijo Bertolt Brecht y lo hemos repetido más de una vez: la injusticia es humana, pero más humana es la lucha contra la injusticia.
[1] Que utiliza supuestos muy conocidos. Un resumen: racionalidad individual, información perfecta, equilibrio general, preferencias estables, mercados eficientes, competencia perfecta, Ceteris paribus (se asume que, al estudiar una variable, todas las demás permanecen constantes).
[2] Supuesto el del egoísmo que a algunos partidarios, como Robert Frank, de la teoría de la elección racional no les acaba de convencer. Frank concluye que el supuesto del egoísmo no funciona bien porque no sirve para entender muchas interacciones sociales que podemos comprobar a diario: ayudar a una persona amiga, dar propina en un restaurante que se sabe que jamás se volverá (porque si se ha de volver entra dentro del supuesto del egoísmo dar propina), hacer donaciones desinteresadas, compartir informaciones aunque no aporten beneficio directo, entre muchas otras.
[3] Es decir, la satisfacción adicional que se obtiene por consumir una unidad más de un bien. Normalmente disminuye a medida que se consume más.
[4] La economía republicano socialista la hemos explicada en otras ocasiones, pero para nuestros propósitos en el presente artículo podemos prescindir de la distinción con la republicano democrática. Para no dejarlo ambiguamente: la tradición socialista aportó un análisis actualizado, dado el desarrollo al que el capitalismo ya había llegado en el siglo XIX, de las fuentes de dominación que ponían en peligro la libertad de la ciudadanía en la concepción republicana. Entre otras aportaciones está, como se desarrolla aquí, la demostración de que “la vida social en el capitalismo es una realidad que cabalga a lomos de otras formas de ‘dominación estructural’: determinadas instituciones y relaciones sociales están diseñadas de manera tal que no es preciso que el agente (x, y o z) interfiera de un modo intencional y consciente en nuestras vidas, puesto que las ‘reglas del juego’ ya se encargan de que el grueso de los desposeídos y desposeídas nos veamos obligados a terminar llamando a su puerta para que alguno de los potenciales dominadores acabe estableciendo con nosotros relaciones que nos minorizan socialmente, que nos convierten en actores vulnerables a su potencial despotismo”. Las convergencias entre ambas economías políticas, la republicano democrática y la republicano socialista, son muy grandes: sin independencia material, no hay libertad; sin control democrático de la economía, no hay ciudadanía; y sin limitar el poder del capital, no hay democracia real.
[5] Los autores hemos tratado esta diferencia entre la concepción republicana en general y la republicano democrática, entre otros muchos lugares, por ejemplo aquí.
[6] Es importante distinguir la economía de mercado de la economía con mercados. El republicanismo no es “anti-mercados”, sí es incompatible con una sociedad de mercado. Para el republicanismo, el problema no son los mercados, sino convertir a la sociedad en un mercado como guía para las relaciones sociales. Fue Polanyi que especificó que la tierra, el dinero y el trabajo solo se convirtieron en mercancías con la sociedad de mercado. Ni tierra, ni trabajo, ni dinero fueron destinados a la venta antes de esta sociedad tan particular que las trata como mercancías. La idea machacona de que los mercados libres eran anteriores y luego intervino el Estado es un cuento. Fue el Estado quien creo mercados, destruyó las regulaciones anteriores tradicionales e impuso la disciplina mercantil.
[7] En la tradición republicana dominium se refiere a las relaciones de dominación que se dan en los ámbitos privados que conforman nuestras sociedades (mercados de trabajo, hogares, etc.). Por imperium se refiere a las relaciones de dominación que posibilitan la capacidad de los poderes públicos de favorecer intereses particulares. Las grandes fortunas disponen de dominium y de imperium. La perspectiva republicana defiende la erradicación de ambos tipos de dominación.
[8] Las grandes transnacionales, básicamente del núcleo más potente de alrededor de 1.000, se aprovechan de la situación general de dominación de los países empobrecidos de muchas otras maneras. Pongamos un resumen. Las empresas transnacionales se benefician de los países empobrecidos mediante la explotación de salarios bajos, la debilidad de la regulación laboral y ambiental, y el acceso preferente a recursos naturales. O lo que el colonialismo ha hecho “natural”. Ejemplo: el café se produce hoy principalmente en Sudamérica (Brasil, Colombia) y Asia (Vietnam, Indonesia), pero es una planta africana que se cultivó masivamente por primera vez en Yemen. En cambio, el chocolate que es originario de Sudamérica (Perú y Ecuador) hoy se produce en Costa de Marfil, Nigeria, Camerún, Indonesia y Ghana que son los cinco principales productores de cacao del mundo. Los beneficios de las trasnacionales se ven reforzados por mecanismos de elusión fiscal, presión política sobre estados con poca capacidad reguladora y una inserción subordinada de los países pobres en la economía global, basada en actividades de bajo valor añadido. El resultado es una transferencia estructural de valor hacia los países ricos que tiende a perpetuar desigualdades económicas y dependencia.
[9] “El mundo está dividido en claros niveles de ingresos: regiones de altos ingresos, como América del Norte, Oceanía y Europa; grupos de ingresos medios, como Rusia, Asia Central, Asia Oriental, Oriente Medio y África del Norte; y regiones muy pobladas donde los ingresos medios siguen siendo bajos, como América Latina, Asia Meridional y Sudoriental y África Subsahariana”, como recordaba Michael Roberts en un reciente artículo.
[10] Una definición estandarizada de ciencia, que nos parece bien, según la cual se trata de una práctica racional orientada a la construcción de modelos explicativos del mundo natural y social, basados en evidencia empírica y sometidos a evaluación crítica intersubjetiva, establecerá que es más adecuado situarla temporalmente en los últimos siglos. Si bien la aceleración del conocimiento científico es evidente que se ha producido en los últimos siglos, no es desproporcionado asegurar que son milenios los que contemplan la investigación científica. Con todas las limitaciones que se quiera.
[11] No hay duda, los países del Sur Global tienen dominadores y explotadores de sus respectivas poblaciones. Las élites locales —burguesías compradoras, oligarquías terratenientes, clases políticas extractivas— se han beneficiado históricamente de la estructura del sistema de deuda y tienen incentivos para perpetuarla. Una RBS mal diseñada podría terminar financiando la fuga de capitales, la represión interna o el consumo suntuario de las élites en lugar de garantizar las necesidades básicas de la población.
[12] La propiedad es de primera importancia para el republicanismo, claro está. Nos limitamos a apuntar aquí que fue tratado con detalle en En defensa de la Renta Básica (Deusto, 2023). Decíamos allí: “La propiedad históricamente ha tenido muchas variantes y formas: común con uso privado, privada con uso común, común con uso común y privada con uso privado. Entre otras. La privada con uso privado es la que se ha convertido en la principal y dominante, pero en ningún caso la única, desde el siglo XVIII hasta la actualidad en la mayor parte de países si dejamos al margen los experimentos de propiedad colectiva y burocráticamente centralizada que hemos conocido en algunos países a lo largo del siglo XX y XXI”. Es decir, “La propiedad se configura históricamente en función de las luchas, los compromisos y las treguas temporales entre los diferentes grupos y clases sociales”.
[13] Un editorial de El País del 15 de diciembre concluía a partir del escándalo de desigualdades que supone el último informe del World Inequality Report: “Son por eso urgentes reformas legales que hagan frente a un problema que amenaza seriamente la democracia”. No se trata de un periódico extremista, precisamente.
Por Juan Torres López, del Consejo Científico de Attac. Publicado originalmente en su blog.
LO QUE HAY DETRÁS DE LA SANIDAD PRIVADA Y QUÉ NOS ESTAMOS JUGANDO
La salud es un derecho y convertirla en negocio pone en riesgo la vida, empobrece a las familias y rompe la equidad y la igualdad.
Cuando aparece la enfermedad, el dinero ayuda… pero no sustituye lo esencial: un sistema sanitario con medios y profesionales cuyo objetivo sea cuidarte, no facturarte.
Es fundamental que la ciudadanía esté bien informada sobre lo que implica el avance de la sanidad privada y su penetración en el sistema público.
España dispone de un privilegio: un sistema público universal financiado con impuestos, que permite acceder a la atención sin “pasar la tarjeta” al entrar en urgencias.
Este modelo está en peligro: se deteriora por financiación insuficiente, déficits de personal y políticas que derivan recursos hacia lo privado, generando listas de espera y malestar que alimentan la contratación de seguros.
La privatización avanza de forma soterrada, a menudo presentada como “colaboración” o “eficiencia”, sin reconocer su dirección estructural: sustituir progresivamente servicio público universal por negocio privado.
SE TRATA DE TU VIDA
El debate sobre el tipo de sistema sanitario no es técnico ni menor: afecta directamente a nuestra seguridad, a la calidad de nuestras vidas y al tiempo que podamos vivir.
La sanidad pública cuesta mucho dinero, aunque creamos que es gratis porque no pagamos en el acto Es fundamental saberlo para no creer que un seguro privado “barato” puede cubrir todos los tratamientos que necesitemos.
El seguro privado es un negocio: sólo puede sostenerse si la mayoría paga más de lo que gasta o si se aplican exclusiones, carencias, copagos y selección de riesgos.
Hasta ahora, los seguros médicos de la sanidad privada en España han sido relativamente asequibles porque lo que ésta atiende en mayor medida es lo más rentable, dejando lo más costoso en manos de la sanidad pública. Pero si lo público sigue deteriorándose para impulsar lo privado y éste gana terreno, los seguros subirán, la cobertura se estrechará y muchas personas quedarán desprotegidas, como ocurre en sistemas dominados por el mercado y las finanzas.
COBERTURA Y PROTECCIÓN
En un sistema universal se accede por ciudadanía; en uno privatizado se accede por dinero (pago directo o póliza).
El seguro privado puede facilitar el uso frecuente de ciertos servicios, pero no protege bien cuando aparece una contingencia grave y cara, justo cuando de verdad te juegas el patrimonio y la vida. Cuando eso ocurre, aumenta el riesgo de ruina financiera y se multiplican las quiebras vinculadas a gastos sanitarios.
MORTALIDAD Y OTROS RESULTADOS DE SALUD
El criterio decisivo para valorar lo que proporciona cada sistema sanitario es la mortalidad evitable: muertes que podrían prevenirse o retrasarse con prevención, atención primaria fuerte, diagnóstico a tiempo y tratamientos adecuados.
Cuando el sistema se orienta al lucro aparecen mecanismos que, acumulados, producen más muertes evitables: menor acceso de quienes tienen menos recursos; retraso o renuncia a tratamientos; presión por reducir costes (menos tiempo por paciente, plantillas ajustadas, rotación, precariedad…); menor inversión en prevención, salud pública y seguimiento de crónicos; concentración de recursos donde es rentable y no donde es necesario.
Todo eso se agudiza cuando los centros sanitarios privados son propiedad de fondos de inversión (lo que va a suceder cada vez más): su lógica de rentabilidad rápida se traduce en mayores recortes y estrategias financieras que deterioran la atención.
Un sistema que gana dinero con la enfermedad tiene incentivos incompatibles con minimizarla.
ATENCIÓN SANITARIA, SATISFACCIÓN Y SALUD
Para ganar más dinero, el modelo privado genera incentivos que favorecen la sobreutilización de pruebas, los tratamientos innecesarios y las intervenciones de escaso valor clínico.
El número de cesáreas es un ejemplo de ello: en la sanidad privada es notablemente más alto, lo que sugiere decisiones condicionadas por organización y rentabilidad, no sólo por necesidad médica.
En la sanidad privada se tiende a concentrar los casos simples, programables y rentables, mientras que la pública carga con la alta y más cara complejidad (UCI, trasplantes, oncología compleja, emergencias graves).
COSTES Y EFICIENCIA
En materia de la salud el rendimiento y los resultados no se pueden medir en términos de beneficio por euro, sino en salud obtenida por euro.
La sanidad privada es más cara y menos eficiente. Estados Unidos es el mejor ejemplo de ello: gasto sanitario altísimo y resultados en indicadores básicos mucho peores.
Una causa principal de ello es el alto coste administrativo en el sector privado (facturación, negociación con aseguradoras, autorizaciones, marketing, litigios…), que consume recursos que no se transforman en cuidados y atención sanitarios. Otra, la fragmentación: un sistema sanitario eficiente exige cooperación horizontal (entre centros) y coordinación vertical (entre niveles asistenciales). La lógica competitiva del mercado tiende a romper esa integración y a duplicar pruebas y procesos.
Además, en la sanidad privada, parte del gasto acaba convertido en beneficio financiero, dinero que sale del circuito sanitario.
EQUIDAD E IMPACTO DISTRIBUTIVO
La sanidad pública no solo cura: redistribuye. Al financiarse con impuestos, transfiere “renta en especie” hacia quienes más la necesitan (hogares con menos ingresos, personas enfermas o mayores…). En cambio, la sanidad privada vuelve el gasto sanitario regresivo: los hogares pobres dedican una proporción mayor de su renta a seguros, copagos y pagos directos. Cuando la salud se convierte en negocio, la enfermedad se convierte en motor de desigualdad.
COMPORTAMIENTO EMPRESARIAL E IMPLICACIONES DEL AFAN DE LUCRO
Para ganar dinero hay que facturar más y recortar costes, lo que incentiva sobretratamiento rentable y contención del gasto en el paciente.
En los sistemas dominados por el mercado se estima que entre el 20% y el 30% de los actos médicos no aportan un beneficio real al paciente, pero sí generan ingresos.
La sanidad privada no tiene pacientes a los que atender sea cual sea su circunstancia: tienen clientes a los que se atiende solo si pueden pagar, directamente o a través de un seguro.
Para reducir costes, la sanidad privada costes ajusta plantillas al mínimo, incrementa el número de pacientes por profesional, reduce salarios, precariza contratos y disminuye el tiempo clínico por paciente. Está ampliamente demostrado que toso eso aumenta los errores de diagnóstico, los fallos en la medicación, las complicaciones y la mortalidad evitable. El ahorro empresarial se paga con riesgo para la vida.
Los grandes grupos sanitarios privados y los fondos de inversión que se van quedando con ellos tienen una capacidad de presión política y mediática muy grande y eso hace que la atención sanitaria se convierta en una industria de extracción de rentas. Aunque los profesionales concretos actúan con vocación, el marco empresarial empuja en dirección contraria a la salud colectiva.
EN QUÉ ES MEJOR LA SANIDAD PRIVADA
La sanidad privada puede ser más rápida en consultas, pruebas y cirugías programadas; suele ofrecer más confort; puede generar más innovación y más agilidad organizativa en nichos concretos.
Sin embargo, esas ventajas no prueban la superioridad del modelo. Casi siempre son consecuencia de que lo público ha sido debilitado o financiado insuficientemente, y de que la privada selecciona actividad rentable.
En sanidad, el “mejor servicio” no es el que parece más amable, sino el que cura, previene, acompaña y protege con criterios científicos, no comerciales.
COLABORACIÓN” PÚBLICO-PRIVADA: EVALUACIÓN
En general, la expansión de la sanidad privada no se está produciendo mediante una privatización abierta y explícita, sino a través de la llamada colaboración público-privada presentada como una solución técnica y pragmática a los problemas del sistema público.
La colaboración puede ofrecer ventajas tácticas limitadas, como reducir listas de espera en procesos simples o utilizar capacidad instalada ya existente.
Sin embargo, cuando se generaliza y se hace estructural (como está ocurriendo en España) produce efectos negativos: debilita la capacidad propia del sistema público; este pierde personal, inversión y planificación a largo plazo; lo encarece, al generar dependencia de proveedores privados y renegociaciones al alza; introduce un choque de incentivos (el sector privado gana más cuantos más procedimientos realiza, mientras que el sistema público es más eficiente cuanto más sana está la población); favorece la selección de pacientes y la derivación de los casos más complejos y costosos al sistema público; consolida un sistema sanitario dual, desigual e injusto.
La colaboración público-privada no es neutral. No refuerza simultáneamente ambos sistemas, sino que actúa como mecanismo de sustitución progresiva de la sanidad pública por la privada, utilizando dinero público para expandir el negocio sanitario.
La colaboración público-privada, tal como se viene produciendo, no arregla los problemas de la sanidad pública; los convierte en oportunidad de negocio. Si se normaliza, el futuro es un sistema de dos velocidades, más desigual, más caro, con peor prevención y con más vidas expuestas.
BALANCE
La evidencia acumulada es concluyente: los sistemas sanitarios públicos, universales y bien financiados son superiores en términos de salud, eficiencia, equidad y protección económica.
La privatización no soluciona los problemas de la sanidad pública. Los convierte en negocio.
Defender la sanidad pública no es solo una cuestión ética o ideológica: es una decisión racional de protección vital, social y económica.
Cuando la salud se mercantiliza y se pone en manos del capital privado, antes o después, lo pagas con tu vida.
Si deseas leer el texto completo donde están desarrolladas con más detalles las ideas anteriores puedes hacerlo pinchando aquí.
Por Gabriel Zucman. Publicado originalmente enctxt.
No se trata de minimizar los aspectos ideológicos o geopolíticos de la intervención estadounidense: reafirmar la doctrina Monroe, establecer esferas de influencia imperial.
Pero el motivo esencial de este golpe de fuerza es el petróleo: su acaparamiento y la extracción de las reservas de oro negro más importantes del mundo, explotadas durante mucho tiempo con una rentabilidad sin precedentes por las multinacionales estadounidenses y sus accionistas.
Maduro era un dictador brutal y corrupto, pero Trump se lleva muy bien con muchos dictadores brutales y corruptos, lo que no le genera ninguna hostilidad.
El objetivo principal de la expedición trumpista es otro: retomar la explotación del maná petrolero venezolano en beneficio de las grandes fortunas estadounidenses, explotación que alcanzó su primer apogeo en la década de 1950, durante la “edad de oro” mitificada por el movimiento MAGA.
Si queremos comprender la ambición de la Casa Blanca, debemos volver a esta historia poco conocida: la de un extractivismo internacional llevado al extremo, del que Trump busca escribir hoy un nuevo capítulo que, si lo consigue, podría resultar aún más extremo.
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La producción petrolera venezolana comienza en la década de 1910 con un vicio fundacional: el petróleo se entrega, por así decirlo, a las grandes empresas extranjeras.
El dictador Juan Vicente Gómez dio concesiones extraordinariamente generosas a las multinacionales estadounidenses y británicas, que rápidamente desarrollaron la producción.
En 1929, Caracas representaba más del 10 % de la producción mundial de oro negro y era el primer exportador mundial.
En 1957, el equivalente al 12 % del producto interior neto venezolano iba a parar a los accionistas estadounidenses
Inicialmente, británicos y estadounidenses se repartían el pastel. Al término de la Segunda Guerra Mundial, estos últimos acabaron llevándose todo el botín. Venezuela se convirtió en el principal receptor de inversiones internacionales estadounidenses y en su principal fuente de beneficios extranjeros.
En 1957, en el apogeo de este extractivismo transfronterizo, los beneficios registrados por las grandes empresas estadounidenses en Venezuela eran del mismo orden de magnitud que el conjunto de los beneficios obtenidos por todas las multinacionales estadounidenses –de todos los sectores– en todos los demás países de América Latina y todos los países de Europa continental juntos.
El equivalente al 12 % del producto interior neto venezolano –es decir, el valor de todos los bienes y servicios producidos cada año en el país– iba a parar a los accionistas estadounidenses. Es decir, aproximadamente lo mismo que recibía la clase popular de Venezuela, el 50 % más pobre del país.
Lectura: este gráfico muestra la evolución de la relación entre los beneficios netos antes de impuestos obtenidos por las filiales de las multinacionales estadounidenses en Venezuela y el producto interior neto de Venezuela. Fuente: cálculos del autor a partir de las encuestas plurianuales de la Oficina de Análisis Económico sobre las actividades de las multinacionales estadounidenses; véase Wright y Zucman (2018) para una presentación de estos datos.
El PIB de Venezuela aumentaba, pero en beneficio de las grandes fortunas estadounidenses que cobraban los dividendos y de los empleados estadounidenses bien remunerados.
A principios de la década de 1960, Venezuela albergaba la mayor comunidad de expatriados estadounidenses. Estos vivían en enclaves reservados para ellos, dotados de hospitales flamantes y lujosos campos de béisbol.
Es la “edad de oro” a la que el poder trumpista desea volver. Un reparto de los ingresos petroleros que difícilmente podría ser más injusto y desigual.
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También es un modelo de desarrollo profundamente inestable, que solo puede provocar reacciones violentas.
¿Cómo aceptar que los ingresos que perciben los accionistas extranjeros sean del mismo orden de magnitud que los que percibe la mitad de la población local?
Hasta la década de 1950, siguiendo los pasos de Gómez, los diferentes regímenes que se sucedieron en el poder en Caracas prefirieron mimar al capital internacional, manteniendo una fiscalidad ligera, plegándose a los deseos de las grandes empresas y, a menudo, enriqueciéndose en el proceso.
A partir de la década de 1960, al igual que en el resto de América Latina, los sucesivos gobiernos intentaron negociar condiciones financieras más equilibradas.
Venezuela se puso al frente de este movimiento. El político venezolano Juan Pablo Pérez Alfonzo fue el impulsor de la creación de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) en 1960. El país tomó las riendas del movimiento para instaurar un “nuevo orden económico internacional” y exigir una revisión de las reglas del comercio mundial.
Este proceso culminó en 1976 con la nacionalización de los activos de ExxonMobil, Shell y Chevron en Venezuela.
Donald Trump tenía entonces 30 años. Hoy en día no deja de denunciar este “robo”. Y no oculta su principal objetivo: volver a las condiciones leoninas del periodo 1920-1960.
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Si lo consigue, se puede prever una duplicación o incluso una triplicación de los beneficios de la industria petrolera estadounidense, uno de los mayores financiadores de Trump y del Partido Republicano.
Las reservas de oro negro de Venezuela son, en efecto, considerables, las más importantes del mundo. Y están prácticamente sin explotar, ya que la producción se ha desplomado debido a la mala gestión del régimen chavista y al endurecimiento de las sanciones estadounidenses en 2017.
Los intereses financieros son tanto más importantes cuanto que los precios del petróleo son más elevados que en los años cincuenta. Si Trump lograra restablecer las condiciones financieras que prevalecían a mediados del siglo XX, las ganancias obtenidas por las grandes empresas estadounidenses y sus propietarios se verían incrementadas en la misma medida.
Cuando Trump dice que quiere “gobernar” Venezuela, ese es su proyecto.
Para dar una idea de la magnitud, los beneficios de Aramco, el principal productor de petróleo de Arabia Saudí, país que alberga las segundas mayores reservas de oro negro, han ascendido en los últimos años a entre 100.000 y 150.000 millones de dólares al año.
Entre 100.000 y 150.000 millones de dólares al año: esa es la suma que está en juego hoy en día tras el secuestro de Maduro.
Attac España expresa su más profunda condena ante la operación militar ejecutada por el Gobierno de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela, que ha incluido ataques aéreos en varias regiones del país y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores durante la madrugada del día 3 de enero.
La utilización de la fuerza militar por parte de una potencia extranjera para intervenir en los asuntos internos de un Estado soberano constituye una violación flagrante del derecho internacional, de la Carta de las Naciones Unidas y del principio fundamental de la no injerencia. La detención y traslado de un jefe de Estado y su cónyuge sin el consentimiento del país afectado constituyen un secuestro internacional, con efectos devastadores para la paz, la estabilidad regional y la vida cotidiana de millones de personas.
ATTAC España rechaza con contundencia cualquier justificación basada en acusaciones o pretextos legales presentados unilateralmente por el Gobierno de Estados Unidos para legitimar esta agresión. La historia demuestra que las intervenciones militares “por motivos humanitarios”, “lucha contra el narcotráfico” o “lucha contra la corrupción” suelen encubrir intereses geoestratégicos y económicos que nada tienen que ver con el bienestar de las poblaciones afectadas y sólo generan sufrimiento, desplazamientos forzosos y agravamiento de crisis sociales.
Las sanciones económicas, el bloqueo financiero y las amenazas de acción militar ya venían provocando graves efectos sobre la población civil venezolana, dificultando el acceso a bienes esenciales como alimentos, medicinas y servicios básicos. Estas políticas coercitivas, ahora acompañadas de una escalada militar abierta, constituyen una forma de guerra multidimensional contra el pueblo venezolano que rechazamos sin reservas.
ATTAC España reafirma su solidaridad con el pueblo de Venezuela, con sus organizaciones sociales y movimientos populares, y con todas las voces que luchan por una solución pacífica, democrática y soberana a la compleja situación política, económica y social que vive el país latinoamericano. Llamamos a la comunidad internacional a exigir el respeto al derecho internacional, el fin de las agresiones externas, y a trabajar por un diálogo incluyente que priorice los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos.
No a la injerencia militar. No a la violación de la soberanía de los pueblos. Sí a la paz, la justicia y la solidaridad internacional.
