El Movimiento Europeo del Agua (EWM), del cual la Red Agua Pública forma parte, alerta de las consecuencias negativas que conllevaría la modificación de la Directiva Marco del Agua anunciada por la Comisión Europea este 10 de diciembre en la rueda de prensa sobre el Omnibus Ambiental.
El pasado fin de semana, del 5 al 7 de diciembre, Girona ha acogido el encuentro anual del EWM. Uno de los objetivos fue analizar las propuestas de desregulación de las normas de la Unión Europea relativas a la gestión del agua, tanto en términos de derogaciones como de financiación.
“Sin este marco legal común, desaparece cualquier garantía del buen estado ecológico y químico de las masas de agua de la Unión Europea”, alertan los miembros del EWM. La Directiva Marco del Agua es el pilar vital de toda la política hídrica europea, por lo que piden a los eurodiputados que defiendan la norma y sus estándares vigentes.
El EWM denuncia la deriva de la Comisión Europea, “cediendo a lobbies mineros e industriales con intereses particulares que amenazan el derecho a un medio ambiente sano y la salud pública de todos los ciudadanos europeos”. Las organizaciones recuerdan que la Comisión Europea ha repetido numerosas veces que apoya el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, tras los casi 2 millones de ciudadanos que apoyaron la primera Iniciativa Ciudadana Europea (ICE Right2Water) que pide el reconocimiento del derecho al agua.
Estas acusaciones se dan después de que la Comisaria europea de Medio Ambiente, Agua y Economía circular, Jessika Roswall, afirmara la semana pasada que la revisión de la Directiva Marco del Agua responde al objetivo de facilitar la apertura de minas en territorio europeo para dejar de depender de China y EEUU. También para acelerar proyectos considerados estratégicos para la Comisión Europea como son los centros de datos.
El EWM vincula la amenaza ambiental orquestada por la Comisión Europea con su plan de rearme y su aparente plan de competitividad en la carrera global por liderar sectores industriales tecnológicos como el de la Inteligencia Artificial. “Cabe recordar que aún se desconoce el enorme consumo de agua y energía de la IA, lo que debería impedir que la Comisión elimine los procedimientos de evaluación e impacto ambiental, más aún en una región del mundo afectada por la escasez permanente de agua”, denuncian.
La potencial revisión de la Directiva Marco del Agua llega solo unos años después de que la Comisión haya hecho una evaluación de la directiva, con la que concluyó que es adecuada para responder a los objetivos comunes de protección del agua y de la salud.
Organizaciones1 de España, Francia, Italia, Países Bajos, Alemania, Grecia, Bosnia y Herzegovina, Bélgica y Serbia, se encontraron y acordaron priorizar para este 2026 la protección de la Directiva Marco del Agua. Entre los asistentes participaron operadores públicos, administraciones locales y el Relator Especial de la ONU por los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento.
Para ver la reacción del Relator Especial de la ONU por los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento, consulte aquí.
1 Ayuntamiento de Girona, Diputación de Barcelona, Ayuntamiento del Masnou, Ayuntamiento de Torelló, Ayuntamiento de Viladrau, Institut Català de Recerca en Aigua (ICRA), Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA-UAB), Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), CAEB-CSIC, CT BETA UVic, LEQUIA – UdG, Wageningen University, Asociación Española de Operadores Públicos de Agua y Saneamiento (AEOPAS), Aqua Publica Europea (APE), Associació de Municipis per l’Aigua Pública (AMAP), Cicle de l’Aigua del Ter SA (CATSA), Consorci per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya (CONGIAC), Consorci de Medi Ambient i Salut Pública SIGMA, Castelló d’Empúries 2000 SA, Gestió Urbanística i Serveis Arenys de Munt SA, Aigües Municipals de Xàbia (AMJASA), EYATH SA, Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT), Mesa Social del Agua, European Environmental Bureau (EEB), Ingeniería Sin Fronteras (ISF), Aigua és Vida, Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE), Grup de Defensa del Ter (GDT), Càritas Girona, Naturalistes de Girona, Observatori del Deute en la Globalització, European Public Services Union (EPSU), The Netherlands Trade Union Confederation (FNV), Red Agua Pública (RAP), Plataforma Contra la Privatización del Canal Isabel II, Foro Italiano dei Movimenti per l’Acqua, ENDA Colombia, Eau Secours 31, Coordination Eau Ile de France, Water Observatory Xabia, Water Observatory Terrassa, Water Observatory Girona, CEE Bankwatch Network y Polekol/Pravo na Vodu.
Campaña de recogida de firmas para pedir al gobierno la creación de una Banca Postal.
La voracidad en el proceso de desmantelamiento de lo público tiene una contestación muy general en los ámbitos de la sanidad o la enseñanza. Es posible que una de las razones sea que aún queda allí un sector que referencia bien un derecho que la ciudadanía se niega a perder.
Los servicios financieros también son hoy esenciales para el público. Hablamos de un servicio público. Ya no se puede ni recibir nóminas, pensiones, o pagar recibos de grandes compañías sin que nos obliguen a una cuenta corriente, sin la intermediación de la banca. Sin embargo, llevamos decenios de desmantelamiento de cualquier organismo financiero público con la mayor impunidad. No importa si eran rentables, no sólo socialmente, sino económicamente; también los gobiernos del PSOE entregaron las carteras económicas a colaboradores de ese desmantelamiento.
Por otro lado, el enorme poder mediático (incluso político) de la banca ha naturalizado que sus ingentes beneficios son imprescindibles, porque si les va mal (normalmente por su irresponsable asunción de riesgos) tendremos que salvarles y asumir sus pérdidas. ¡Y la sociedad, anestesiada!
La tendencia esencial del capitalismo a la concentración demostró sus inconvenientes y lleva a los poderes a la necesaria regulación contra los monopolios, o los oligopolios, los cuales coordinan sus políticas para imponer condiciones de abuso. Pues eso tenemos en los servicios bancarios de España.
Con cada crisis se reduce la competencia. El último gran mordisco se lo dieron a casi la mitad de los depósitos del país: Las Cajas de Ahorro, que, aún no siendo públicas sino de propiedad social, habían cumplido un gran papel y con menos crisis que los bancos hasta que, empujadas por la marea neoliberal, empezaron a “bancarizarse”. En la crisis de la burbuja financiera, además de muchos bancos (de los que no se habla) se reflotaron Cajas con ingentes cantidades de dinero, para luego ser “regaladas” a la banca privada (beneficiada por tanto en última instancia de su crisis). ¡Y la sociedad, anestesiada!
Buen trabajo de publicidad para convencernos de las malicias de lo público en lo que al servicio financiero se refiere. Y mientras, la exclusión financiera de personas y de territorios avanza galopante al tiempo que la banca reduce personal y atención a los usuarios, a la vez que abusa de posición dominante para imponernos pago de comisiones, créditos más caros y retribuciones más bajas por nuestros depósitos. ¡Y la sociedad, anestesiada!
A diferencia de los países europeos, España es una anomalía en la que sólo queda pública una reducida participación accionarial en la Caixa y un escuálido ICO que no cumple las funciones de desarrollo e inversión pública que todo el mundo demanda.
Digo todo lo anterior porque aún tenemos tiempo de salvar algún mueble y recuperar una actividad de banca de proximidad que tan buen recuerdo dejó en la ciudadanía: la Caja Postal. Hacerlo dentro del servicio público de Correos permitirá aprovechar la extensa red de oficinas y la capilaridad de sus miles de carteros. Aunque lo fundamental será los beneficios sociales de la existencia de un polo de referencia público en el servicio bancario, también puede esa iniciativa dar mayor viabilidad a una empresa pública que está amenazada por una despiadada competencia internacional de plataformas de distribución mientras va desapareciendo la cartería física.
En estos días hay una campaña de recogida de firmas para pedir al gobierno la creación de esa Banca Postal. Ojalá tenga amplitud como para presionar a los poderes públicos. Está en el siguiente enlace: https://c.org/DDSKpYFprLy te invitamos a firmarla.
Con motivo de la presentación del libro El regreso de China. La globalización imposiblela (Universidade de Vigo, 2025, y distribuido por el Consorcio Editorial Galego), Rosa Pascual y Emilio Zunzunegui —miembros del Ateneo Atlántico de Vigo— mantuvieron a finales del pasado mes de octubre una conversación —en gallego— con su autor, que aquí transcribimos.
¿Por qué elaboraste este ensayo y por qué lo titulas así?
En un momento dado reparé en que en mis cuatro ensayos precedentes, escritos y publicados entre 2020 y 2023, China aparecía más de doscientas veces, y muchas menos Estados Unidos. Por eso creí que debía abordar el tema de China en un ensayo específico, y hacerlo de forma crítica, ni sinofóbica, ni sinófila. Porque además no observé mucho donde elegir en las bibliotecas o librerías.
En cuanto al título, en la primera parte del ensayo recuerdo que China fue la primera potencia mundial en el siglo XV y luego decidió aislarse del mundo exterior, mientras que hoy vuelve a ser una potencia mundial, pero necesita del mundo exterior; de ahí El regreso de China. El subtítulo Globalización Imposible se debe a que su objetivo principal desde la revolución de la década de 1950 —la soberanía nacional— es ahora más que nunca imposible sin definir cuestiones clave que no estén subordinadas a Estados Unidos, como explico en la tercera parte. En otras palabras, hoy en día el vínculo entre la tecnología (digital, IA, big data, etc.) y la soberanía nacional ocupa un lugar central a nivel mundial y está provocando una globalización —un mundo plano— ya imposible.
¿Podrías describir a grandes rasgos las etapas de China desde la revolución?, en la actualidad, ¿representa Xi un cambio importante de rumbo?
En el ensayo distingo una primera etapa (entre 1950 y 1975) de Mao, con un punto de inflexión en la Revolución Cultural. Antes de él, Li Dazhao tomó nota de la experiencia bolchevique e inspirará a Mao para apostar por una revuelta rural contra el neocolonialismo y el fracaso burgués (consolidando el EPL y el PCCh). Se abrirá así una línea de desafíos para la independencia, primero de Japón (1938), luego de la URSS (1963) y ahora de Estados Unidos (desde 2008). Fue aquella una primera larga etapa de desarrollo de las fuerzas productivas, de mejora de la cobertura de las necesidades básicas (educación y salud) y control demográfico.
La segunda etapa (1978-1997) de Deng será igualmente decisiva y tendrá su momento crítico en la revuelta de Tiananmén. Implica una apertura rotunda, pero controlada, al exterior, la incorporación de tecnología y capital productivo (como predijo Ernest Mandel en 1979), una enorme dotación de infraestructura empresarial y urbana. Y como resultado, la recuperación del PIB per cápita, pasando de ser de una quinta parte a alcanzar la mitad de la media mundial.
Ya en la tercera y actual etapa (2000-2024), terminamos con el liderazgo de Xi, que experimenta un momento de inflexión global durante la pandemia de la COVID-19. Con una vertiginosa homologación con la media mundial en PIB por habitante (aun así, por debajo del 30% del de Estados Unidos y del 40% del de España). Pero también llegando a ser mucho más que la fábrica del mundo. Pasan a tener autonomía y liderazgo tecnológico, a gestionar la dependencia energética y alimentaria del exterior, y a afrontar la simbiosis galopante entre tecnología y soberanía nacional.
Desde Hu Jintao (2002-2012), en esta tercera etapa, se enfrentan a la contradicción entre el “crecimiento cuantitativo” y el “desarrollo armonioso” (en materia ambiental, de desigualdad y de bienestar social), lo que yo llamo una sociedad decente. Porque en la China actual, la desigualdad social ha alcanzado su máximo, como diagnostica Piketty (el 10% más rico y el 50% más pobre partían de un mismo 25% en 1980, y alcanzan el 40% y el 15%, respectivamente en 2017), algo en cualquier caso compatible con una disminución radical del porcentaje de la población en situación de pobreza extrema.
China está acelerando el desarrollo económico pareciera que con la idea de que antes de redistribuir la riqueza, esta debe generarse, ¿estamos ante un sistema económico socialista, un capitalismo de Estado o, más bien, un sistema híbrido?
En mi análisis, existen diferencias sustanciales entre el capitalismo financiero de EE. UU. (o el nuestro, donde las finanzas controlan al Estado y se maximizan los ingresos no salariales) y el capitalismo de Estado de China (donde el partido-Estado controla las finanzas y se destina a la formación y acumulación de capital un máximo de riqueza). Lo llamo capitalismo de Estado como Samir Amin en 2014 (lo que en 2020 Branco Milanovic denomina capitalismo político).
En el primer caso, tenemos a un Obama obligado a rescatar a Wall Street en 2008 (y hoy tenemos a un Trump que no puede subordinar la Reserva Federal), y mucho menos a Blackrock o Vanguard. En la UE el actual canciller alemán proviene de Blackrock y en España cambiamos la Constitución en 24 horas. Hablo de capitalismo porque en ambos casos el sector privado empresarial ocupa a más del 70% de los trabajadores en China (en España alcanza el 80% según la EPA del INE), con lo que tenemos un 30% de empleo público en China y un 20% en España. En ambos casos, el poder legislativo-ejecutivo está muy condicionado (por las finanzas o por el Partido-Estado), y siempre con la absoluta subordinación de los trabajadores. Ni siquiera en el sector público de estos capitalismos (ya sea financiero o estatal), un sector que no es de mercado, con trabajadores asalariados y la lógica gerencial del capital, nos encontramos ante un sector socialista.
No obstante, mientras, por ejemplo, el coste de la deuda en España representaba en 2023 tanto como el esfuerzo en I+D e infraestructuras (un 3% del PIB) y se destinaba a los acreedores financieros, en China en ausencia de esos extractores pueden duplicar el esfuerzo en estos gastos. Actualmente, con la irrupción de la IA, el big data y la tecnología digital, este capitalismo de Estado puede considerarse más disruptivo (y no menos invasivo de la privacidad) que el capitalismo financiero, ya que en él estos no compiten entre sí (por ejemplo, en el sector tecnológico —IA— o la banca).
¿Crees que permite el modelo chino una mayor autonomía para construir democracias igualitarias y sociedades decentes?
Para contestar a tu pregunta debemos enfrentamos a la diferencia entre crecimiento económico y desarrollo social (“sociedad armoniosa” en el argot chino, y “sociedad decente” para mí). Como acabo de decir el objetivo central del crecimiento económico, mediante el fomento de las fuerzas productivas en el capitalismo de Estado chino, se traduce (además de la reducción de su brecha en PIB per cápita con respecto al promedio mundial) en una formación bruta de capital fijo (privado y público) muy superior a los niveles de las economías capitalistas occidentales de escala similar (EE.UU. o la UE).
Hablamos de porcentajes anuales que representan más del 40 % del PIB en un caso y el 20 % en el otro. El doble en el modelo chino. Esto explicaría por qué allí los ingresos más altos se concentran en los sectores que controlan este capital creciente (público o privado), en detrimento de los ingresos de los muchos que dependen del consumo público (servicios públicos) o privado. Con lo que a la postre en los dos modelos de capitalismo (estatal o financiero), una cosa (el crecimiento) no garantiza la otra (el desarrollo social). Porque o bien una buena parte del PIB se destina al uno por ciento, o bien a la acelerada acumulación de capital.
Así pues, los salarios directos se gestionan a la baja (con una alta desigualdad personal y una territorial aún mayor), los salarios indirectos están controlados y limitados por el Estado (salud, educación, dependencia, vivienda), los salarios diferidos (sistema público de pensiones) también son escasos y los derechos de las generaciones futuras están infravalorados (medio ambiente, endeudamiento). En ambos casos se impulsan desigualdades crecientes que impiden la existencia de una democracia efectiva basada en la igualdad (ni dentro ni fuera de la empresa).
Además, en sus relaciones comerciales con el mundo exterior (con subordinación militar en un caso y subordinación blanda en el otro), ambos modelos impulsan una igualación global a la baja en derechos que nos aleja del avance hacia una sociedad decente a escala global.
¿Cuál es tu opinión sobre la sostenibilidad ambiental en estos dos modelos de capitalismo…?
En el dilema entre el negacionismo climático trumpista de un imperio en decadencia y el crecentismo de China, creo que debemos apostar por un menor crecimiento con un mayor desarrollo (también ambiental) en ambos casos. Pero sin nunca olvidar que, en las emisiones totales acumuladas por habitante entre 1850 y 2024 (que son las que causan el colapso climático actual), las de Estados Unidos son cinco veces mayores que las de China.
Esto, como criterio de gestión, obligaría a una disminución de la huella ecológica en el Norte (y de su consumismo) convergiendo por ejemplo hacia la media de Portugal, como ya se decía en el informe Meadows de los años 70, y por tanto descartando la media actual del Norte como posible para el Sur global. Tampoco para China, cuyo principal vector de consumo actual y a medio plazo sigue siendo los hidrocarburos, muchos de ellos importados. Por eso, el modelo de movilidad chino (automóvil, aéreo, marítimo, etc.) no puede imitar al occidental, ya que colapsaría los mercados de hidrocarburos y de materiales críticos (para baterías y energía fotovoltaica), lo que aceleraría aún más la crisis climática… o implicaría un enorme crecimiento del parque nuclear, con los consiguientes riesgos ambientales que heredarían las generaciones futuras.
¿Cómo opera la circulación de capital en estos dos modelos?
En cuanto a la circulación de capital (entradas o salidas), lo primero que hay que destacar es que China cuenta con una capacidad de ahorro que le permite no tener que financiar su deuda pública con recurso al exterior, mientras que es un crucial comprador de deuda estadounidense. En el caso de las inversiones en compras o acciones de empresas hasta el año 2000, eran principalmente receptores. Pero en sectores no estratégicos, en operaciones controladas, casi siempre con condiciones diseñadas (empresas conjuntas, transferencias de tecnología, etc.) para obtener capital industrial. Porque su Comisión Estatal de Supervisión y Gestión de Activos establece siete sectores estratégicos en los que el Estado debe tener control absoluto: armamento, carbón, petróleo, generación y distribución de energía, navegación, aviación y telecomunicaciones.
Es cierto que en los últimos veinte años ha aumentado el número de salidas de capital chino que, en ocasiones, han encontrado barreras de entrada en sectores estratégicos (UNOCAL o Rio Tinto en EE. UU. Aixtron en Alemania o recientemente en Nexperia en Países Bajos). No en sectores alimentarios o industriales no estratégicos. Pero siempre en el capitalismo de Estado chino la circulación de capital es controlada (especialmente las entradas a corto plazo e inestables), cosa que no sucede en nuestro modelo.
China suele ser muy celosa de su no dependencia del mundo exterior, y cuando no le queda más remedio que aceptarla (en energía, alimentación, etc.), intenta asegurarla con inversiones en infraestructuras en los países proveedores (de ahí la Iniciativa de la Franja y la Ruta), o bien atarla con el argumento de ser un cliente gigantesco y buen pagador.
¿Cuál es el grado de dependencia y competencia entre ambos modelos de capitalismo?
En mi libro recuerdo los cinco ejes que definen la dependencia o subordinación entre países según analizó en su día Samir Amin: la tecnología, las finanzas, los recursos naturales, las comunicaciones y las armas de destrucción masiva. Dentro de este marco de análisis, y como ya Ernest Mandel predijo en la década de 1970, lo más probable es desembocar en una “competencia Inter imperialista entre unas pocas superpotencias”. Algo que para Mandel sería más probable en la medida en que los sistemas financieros de esas dos superpotencias —como es el caso hoy entre Estados Unidos y China— fueran independientes.
Sabemos que China nunca ha renunciado al control estatal de las finanzas ni de los recursos naturales, mientras ha estado construyendo su no dependencia en tecnología y comunicaciones, áreas que hoy son inseparables de las armas de destrucción masiva (con un arsenal nuclear disuasorio) y de la IA, en relación al imperio estadounidense/OTAN.
En el caso de los financieros, como anota Dani Rodrik, China practica la “intervención en el mercado cambiario y en los flujos de capital a corto plazo”, lo que le permite mantener un tipo de cambio estable del yuan frente al dólar (algo que no estamos logrando en la eurozona). Por lo tanto, no asumen una devaluación competitiva del dólar como pretende Trump, y como está sucediendo con la UE. También evitan la dependencia de ser gigantescos tenedores de bonos norteamericanos (con creciente riesgo de impago o depreciación) al deshacerse de buena parte de ellos en los últimos años (siendo el sistema financiero de la eurozona el que los está reemplazando).
Y en el sector de las TIC, la IA, el big data, etc., su independencia pasa por barreras de seguridad en el software y evitar las aplicaciones GAFAM, e incluso últimamente (en el caso de Nvidia-Intel-EE. UU.) por no adquirir hardware que pudiera ponerlos en riesgo de vulnerabilidad estratégica (industrial o de seguridad).
En resumen, que si a Estados Unidos no le sirve otro papel mundial que el de ser única superpotencia hegemónica, la China actual es demasiado grande, competitiva y celosa de su autonomía para dejarse subordinar. Podríamos decir que Estados Unidos querría hacer de China otro Japón subordinado, algo que es imposible.
En este escenario, ¿sería posible que la Unión Europea se posicionase como tercer agente global?
Frente a la globalización proteccionista de Trump, China practica una globalización de libre comercio que le permite seguir creciendo con la oferta y la demanda externa (sin importarle las políticas internas de sus socios). Porque su demanda interna (salarios directos y sociales) sigue bloqueada por la enorme contribución a la FBCF. Creo que este es un eje claro en la actual competencia Inter imperialista.
Es cierto que la UE tiene una dimensión suficiente para ser un tercer agente global, pero su lógica confederal y no federal le impide actuar como tal. Y los conflictos en Ucrania-Rusia o Israel-Gaza-Irán vemos que constatan el pobre papel que la UE actual desempeña, más allá del ámbito comercial en un mundo bipolar. Y porque —aún en lo comercial— las dos globalizaciones del Pacífico no priorizan ni el medio ambiente, ni el trabajo decente, ni los servicios públicos o el salario social en el diseño de un sistema arancelario decente. Para así impedir la igualación a la baja que favorecen a las dos globalizaciones mencionadas. Además, en esta parte del mundo, abandonamos los servicios (digitales, IA) al control absoluto de las GAFAM.
En consecuencia, en la última cumbre de la OTAN y en los acuerdos comerciales UE/EE. UU. no se dibuja una Unión Federal Europea soberana en el mundo con un Parlamento sólido. Apenas el mantenimiento de una confederación posdemocrática al servicio de los grupos financieros globales de esta parte del mundo. En los cinco ejes de Samir Amin (militar, digital, energético, financiero, armas, recursos) fracasamos. Porque no asumimos ser un tercer polo en el contexto de la actual bipolaridad entre EE. UU. y China. Nos sumamos como un apéndice subordinado al capitalismo financiero global (Vanguard Group, Blackrock, GAFAM) y a la sociedad de mercado pilotada por Estados Unidos.
A lo largo de tu libro se comprueba la lejanía de esos dos capitalismos respecto a la construcción de una sociedad decente; si una sociedad socialista es imposible sin democracia y pluralismo político ¿es posible que China avance hacia esos dos horizontes?
De entrada, reitero que el sector público del capitalismo (ya sea financiero o estatal) (que puede ser decente y no mercantil, pero siempre con trabajadores asalariados y la lógica del capital) no tiene nada que ver con un sector socialista.
Sobra con decir que la transición de una sociedad decente (con necesidades preferentes no cubiertas a través del mercado) a una sociedad socialista implicaría una reducción radical de la jornada laboral y una renta básica universal que desalarice el trabajo, además de una socialización cooperativa del capital en la línea de las propuestas de John Rawls o de Thomas Piketty. En otras palabras, mientras que una sociedad decente implica modificar la distribución de la riqueza y los límites del mercado, una sociedad socialista supone cambiar la producción de riqueza y que el trabajo deje de ser una mercancía más. Sobre todo, esto incluí en mi libro un apéndice final titulado Capitalismo, socialismo, democracia.
Por eso los líderes chinos asumen la necesidad de una etapa muy larga (quizás cien años) antes de lo que sería la etapa socialista; para Mao ya en 1963, “el socialismo sería imposible durante décadas e incluso siglos”, y para Deng, la etapa primaria previa (sociedad harmoniosa) sería muy prolongada y podría durar cien años. Deng llegó a decir que “alcanzaremos el socialismo dando un largo rodeo a través del capitalismo”. Aunque creo que con un creciente deterioro democrático y de la igualdad social se puede perder fácilmente ese norte.
¿El acelerado proceso de crecimiento económico chino sugiere alguna lección para el caso de España o la Unión Europea?
Como afirmó en 2018 Dani Rodrick, un autor nada sospechoso de marxismo o izquierdismo:, “China lo ha hecho extremadamente bien con una heterodoxa combinación entre las fuerzas de mercado y el dirigismo estatal. Han reformado la gestión de su economía, pero siempre a su ritmo. Creo que el resto del mundo no tiene mucho que enseñar a los chinos sobre cómo deben gestionar su economía. Y tampoco hay razones por las cuales los líderes chinos deberían escuchar esos ‘consejos’”.
Por eso creo que España, o el conjunto de la Unión Europea, debiéramos tomar buena nota de la conveniencia de, al menos, tener un control público sobre las finanzas y sobre los recursos energéticos. Y no dejarlos en manos de corporaciones privadas. Para no ser una sociedad desorientada y en decadencia.
Sin embargo, para avanzar hacia una sociedad decente creo que debieran ser ellos los que tomasen nota de nuestra actual cobertura —aunque sea insuficiente en muchos casos— de las necesidades básicas: educativas, sanitarias, dependencia, vivienda, desempleo, jubilación.
Por Julen Bollain. Publicado originalmente para Público.
El debate sobre la vivienda en la izquierda española se ha convertido en un intercambio de eslóganes que rara vez aterriza en la realidad material. Y, sin embargo, la cuestión es bastante sencilla. O la izquierda asume que es imprescindible aumentar de forma sostenida la vivienda asequible o seguirá administrando la escasez mientras la extrema derecha convierte la frustración cotidiana en combustible político.
En los últimos días ha vuelto la idea de que ciudades como Viena «no son comparables» con España porque surgieron en condiciones históricas irrepetibles. Es una objeción elegante, pero profundamente conservadora. Porque, si aceptáramos ese marco, no podríamos usar referencias internacionales para nada. Ni educación, ni fiscalidad, ni política industrial. Viena no es un modelo perfecto ni plenamente trasladable, pero sí demuestra algo que atraviesa toda la evidencia internacional y es que, cuando un país combina regulación firme con construcción sostenida de vivienda asequible, los precios dejan de comportarse como un mecanismo de expulsión social.
La anomalía, en realidad, está aquí. Hemos convertido la construcción en un debate identitario, como si edificar vivienda protegida fuese una concesión ideológica y la regulación fuese la única forma legítima de intervenir. Todo esto tendría cierta gracia si no fuera porque detrás hay vidas muy concretas: jóvenes que no pueden emanciparse, familias que destinan más del 50% de sus ingresos al alquiler, ciudades donde es normal pagar 1.300 euros por un UCZ (un-casi-zulo) y donde la vivienda social continúa siendo una rareza estadística.
Si uno observa el paisaje actual de posiciones dentro de la izquierda, se pueden distinguir tres grandes enfoques:
El primero es el de la izquierda reguladora, que sitúa el problema en el poder de fijación de precios y la captura de rentas. Sin esta mirada, no habría topes al alquiler, protección frente a desahucios injustos o control del alquiler turístico. Y esta izquierda tiene razón, sobre todo, en un punto nuclear: dejar la vivienda completamente en manos del mercado conduce a procesos de exclusión rápida. Pero, desde mi modesta opinión, cuando esta posición se absolutiza —cuando se concibe la regulación como sustituto de la producción de vivienda asequible— se termina gobernando la escasez, no resolviéndola.
El segundo enfoque es el de la izquierda que reivindica la planificación y la provisión pública. Aquí el diagnóstico es que ningún país ha garantizado el derecho a la vivienda sin un parque público o cooperativo robusto. España tiene apenas un 3% de vivienda con algún tipo de protección, frente a medias europeas mucho mayores. No es casual que los precios se comporten como lo hacen. Y no es solo Viena. También son Países Bajos, Dinamarca o Austria, quienes llevan décadas construyendo vivienda asequible de manera estable. La clave no es replicar modelos, sino asumir que la oferta pública y concertada debe crecer de forma sostenida, año tras año, para que el alquiler deje de ser un mecanismo de selección por renta.
El tercer enfoque es el de la izquierda que considera que, dadas las limitaciones fiscales y técnicas de muchas administraciones, no se podrá escalar la vivienda asequible sin colaboración con actores privados sometidos a reglas estrictas. Es decir, sometidos a topes de rentabilidad, cesiones obligatorias de suelo, precios congelados de por vida o participación de cooperativas de uso. Este enfoque no busca entregar la ciudad al mercado, sino utilizar la capacidad regulatoria del Estado para orientar inversiones y multiplicar el impacto del suelo público disponible.
El problema no es que existan tres sensibilidades. El problema es que la izquierda española sigue atrapada en un marco dicotómico que no ayuda. Regular o construir, intervención o colaboración, Estado o mercado. Ese marco es falso. Y, además, a quien beneficia es a la derecha, porque mientras se discute la pureza doctrinal, los precios siguen subiendo, la oferta asequible sigue siendo insuficiente y los sectores más vulnerables del mercado del alquiler se encuentran cada vez más solos.
La realidad es bastante más prosaica y más urgente. En 2024, el alquiler medio de un piso en Barcelona rozó los 1.600 euros. En Madrid superó los 1.450. En ciudades intermedias como Málaga, Bilbao o Palma, es habitual que un piso cueste entre 1.100 y 1.300 euros al mes. Y, claro, no hablamos de lujo. Hablamos de viviendas estándar. Con salarios medios de 1.500 a 1.800 euros, la aritmética se vuelve devastadora.
España necesita regulación firme para contener abusos, pero también necesita construir vivienda pública. Necesita limitar el alquiler turístico, pero también necesita promover vivienda en cesión de uso, en alquiler público y en fórmulas de precio tasado permanente. Necesita colaboración con cooperativas, fundaciones y, en determinados marcos, con promotores privados sometidos a condiciones estrictas.
Lo que no necesita es seguir creyendo que el mercado, si se le deja «respirar», resolverá mágicamente la crisis. Ese es el camino que nos ha traído hasta aquí. Un camino que ha desembocado en un país con uno de los mayores porcentajes de viviendas vacías de Europa, pero con un parque público raquítico y una presión de precios que golpea de forma desigual a jóvenes, migrantes, familias monoparentales y trabajadores con salarios medios.
No se trata de elegir entre intervenir o construir. Se trata de asumir que una política de vivienda seria debe hacer ambas cosas y debe hacerlas bien. Regular para frenar abusos. Construir para reducir la escasez. Planificar para evitar que la ciudad se convierta en un mecanismo de selección por renta. Y, sobre todo, consolidar un parque estable de vivienda asequible que dé seguridad y horizonte vital a quienes hoy viven pendientes de cada renovación contractual.
La vivienda no es un símbolo. Es una infraestructura social. Si la izquierda renuncia a construirla —material y políticamente— otros decidirán cómo, dónde y para quién se construyen las ciudades del futuro. Y la mayoría social no puede permitirse que eso vuelva a ocurrir.
Por Juan Gimeno. Publicado originalmente para El Salto.
La globalización financiera ha implicado en el campo tributario la impunidad fiscal de los más poderosos. Empresas y personas con alta capacidad de pago eluden pagar impuestos. Las clases medias y trabajadoras, en paralelo, sostienen los sistemas tributarios y ven decrecer su capacidad económica.
Rodrik señalaba que los Estados no pueden optar al mismo tiempo por globalización, soberanía nacional y democracia. Es cada vez más notoria la presión de los superricos contra normas o acuerdos contrarias a sus intereses y su apoyo a partidos de extrema derecha y antidemocráticos.
Quienes tienen iniciativa, quienes crean empleo, merecen reconocimiento y recompensa. No tanto quienes se enriquecen utilizando medios ilegales e inmorales, o por la especulación o una herencia no ganada. Lo que se trata es de que los rentistas contribuyan a los gastos comunes no menos que cualquier trabajador con los mismos ingresos, y progresivamente más cuando su nivel de ingresos crece desmesuradamente.
Pensemos un decálogo de medidas para avanzar hacia ese objetivo de justicia fiscal.
1. Gravar los grandes patrimonios
El objetivo es que los superricos paguen sus impuestos como el resto de contribuyentes, sin que puedan refugiarse en territorios con impuestos bajos o nulos. Una decisión mundial vinculante, de acuerdo con las iniciativas ya existentes (G-20, Sevilla, Zucman, Tax the super rich…) reforzaría los esfuerzos nacionales, debilitados por la movilidad financiera.
2. Combatir las Guaridas fiscales
Las Guaridas fiscales provocan no solo pérdidas fiscales y de consiguiente bienestar social, sino que favorecen la corrupción, las mafias de todo tipo y el terrorismo, que encuentran en esos refugios la base financiera que los posibilita.
Es necesario exigir criterios más estrictos para que se incluyan automáticamente en la lista negra a todos los países con tipos impositivos muy bajos o inexistentes; que se aplique el criterio sobre transparencia de la propiedad efectiva de las empresas; que se incluya la evasión fiscal de los particulares ricos; y que se impida que las administraciones públicas realicen contrataciones u otorguen beneficios fiscales a quienes operen en guaridas fiscales.
3. Hacer tributar adecuadamente a las finanzas
La propuesta de un impuesto sobre las transacciones financieras tiene más de un cuarto de siglo. España, Italia, Francia, Grecia, Bélgica ya los han puesto en vigor, aunque de forma limitada.
No tiene sentido que cualquier transacción de bienes o servicios, incluso de primera necesidad, soporte impuestos superiores a lo que se pagan en las operaciones financieras. Por ello, el ámbito del impuesto debería ser más amplio. Dada que la mayor parte de esas operaciones se realizan por los más ricos, es otra vía de ir consiguiendo que contribuyan adecuadamente.
En el impuesto sobre la renta, las de trabajo soportan tipos superiores a los que se aplican a las rentas de capital. Debería seguir el avance en el acercamiento de las dos tarifas del impuesto
4. Tributación de las grandes empresas y los beneficios desorbitados
La importancia de participaciones en empresas y en la percepción de dividendos aumenta notoriamente con la renta. La elusión/evasión fiscal de los superricos guarda una relación directa con la inadecuada tributación de las grandes sociedades.
Las grandes empresas multinacionales imputan ingresos y costes a los territorios donde la fiscalidad es especialmente favorable, cuando no inexistente. Los países de la OCDE y del G20 iniciaron en 2013 un Plan de Acción (BEPS) que busca garantizar la recaudación en cada país alineando la potestad tributaria con la actividad económica y la creación de valor.
Un ejemplo en esa línea es la que se conoció como Tasa Google. En España se ha materializado en el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales que grava las prestaciones de determinados servicios digitales con usuarios situados en territorio español.
Hay que aplaudir el acuerdo para gravar los beneficios de cualquier sociedad con un tipo mínimo del 15%. Entró en vigor en la UE desde 2024. Es criticable que el tipo impositivo sea bajo, pero es un avance importante porque los grandes grupos pagan de media un 7,24% y los tecnológicos ni siquiera… Como señala Harari, un sistema tributario que solo sabe gravar dinero pronto quedará obsoleto, pues hay innumerables transacciones que ya no implican transacciones de dinero. La lista de las personas más ricas del mundo la encabezan magnates procedentes de ese tipo de empresas. No pagan impuestos al tiempo que se enriquecen con grandes ayudas y contratas estatales.
Es necesario endurecer la legislación sobre sociedades pantalla, sin actividad económica real, y perseguir la utilización de sociedades para esconder ingresos, gastos y patrimonios particulares.
Hay que resaltar el movimiento en favor del gravamen sobre los beneficios extraordinarios “caídos del cielo”, no por éxitos de gestión sino por circunstancias externas. Lo que posibilita esos beneficios extraordinarios es el poder monopolístico de las empresas. Por ello, este tipo de impuestos deberían aplicarse con carácter permanente. Beneficios muy por encima de la media general y sectores oligopolísticos suponen dos pistas importantes de por dónde se puede avanzar.
5. Gravar las grandes herencias
El 68,8% de la desigualdad en España tiene su causa en la herencia. Dejar libre de gravamen a las grandes herencias es contrario a principios como la igualdad de oportunidades y la meritocracia.
En el caso español, de mantenerse su tributación en el ámbito autonómico, es imprescindible fijar una solución como la aplicada para los grandes patrimonios, de modo que se evite la fuga de ingresos de los más adinerados y la suicida competencia a la baja entre distintas comunidades.
Podría aprovecharse para revisar y actualizar ambos impuestos e impedir las vías de evasión a través de sociedades.
6. Gravar el lujo
El consumo suntuario es una vía cómoda de hacer pagar más a los super ricos. Puede arbitrarse a través de distintas formas, incluso de forma complementaria: un impuesto sobre el lujo, tipos más elevados del IVA para determinados productos, progresividad más acusada en otros tributos como el IBI sobre viviendas de lujo, etc.
Otra vía interesante sería un impuesto medioambiental especial sobre el consumo de bienes y servicios con elevada intensidad de emisiones de CO2 como jets privados, yates de gran tamaño, turismo de lujo… Es preciso que el impuesto recaiga sobre el consumo y no sobre la propiedad. Es habitual que estos bienes figuren como propiedad o gasto de empresas, aunque el disfrute sea de particulares.
7. Reducir los beneficios fiscales
Hablamos del conjunto de medidas en casi todas las figuras tributarias que reducen la cuantía final que debe pagar el contribuyente. En su gran mayoría, suponen una merma importante de ingresos, son regresivos, responden a presiones de lobbies concretos, y tienen dudosa o escasa utilidad social. Además, favorecen la elusión fiscal porque son las personas más ricas y las grandes empresas las que tienen acceso al eficaz asesoramiento para encontrar en esa maraña de beneficios la mejor forma para no pagar.
8. Combatir eficazmente la evasión y el fraude fiscal
Es evidente que es en los niveles altos de renta y en las grandes empresas donde se encuentran las mayores cifras de defraudación y elusión. La lucha contra las guaridas fiscales y algunas de las advertencias recogidas en los puntos anteriores son medidas cuyo éxito conlleva aumentar la tributación efectiva de los superricos.
Fortalecer los recursos humanos de la Agencia tributaria y reforzar la eficacia, rapidez y proporcionalidad de las sanciones a los defraudadores se añadirían a los principales ajustes que necesita la lucha contra el fraude.
9. Ingeniería fiscal
La casi totalidad de las grandes vías de elusión de pago de impuestos por los más potentados encuentran la colaboración necesaria en expertos asesores fiscales. Buena parte de ellos provienen de la propia Agencia Tributaria. Procedería reforzar las sanciones penalizadoras a quienes asesoren a defraudadores y penalizar en mayor medida las puertas giratorias.
10. Renta básica de ciudanía
Es necesario completar el objetivo de que los superricos paguen los impuestos que deben con un apoyo especial a quienes ocupan el lado opuesto en la escala de renta y riqueza. El Ingreso Mínimo Vital fue un gran avance. Pero no llega ni a la mitad de sus potenciales destinatarios. Por ello, es necesario pasar a una prestación universal, incondicional y automática como derecho de ciudadanía a una vida digna. Es muy fácil conseguir después, a través del impuesto sobre la renta, que quienes no la necesiten la devuelvan por vía impositiva de forma progresiva.
En resumen, o se corrigen los efectos negativos de la globalización financiera sobre las haciendas nacionales y se consigue que los más ricos paguen los impuestos que deben y no pagan, o estamos poniendo en grave peligro los sistemas de bienestar europeos e, incluso, la democracia.
Nosotros, los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes, estamos profundamente preocupados por los intentos de desmantelar el derecho internacional, en particular desde la llegada al poder de la administración Trump y sus ataques contra el sistema multilateral. Mientras varios Estados poderosos violan el derecho internacional en diversos contextos, Estados Unidos comete abusos sin precedentes que socavan directamente los principios fundamentales del multilateralismo y del derecho internacional.
Estados Unidos no solo se ha retirado de organismos clave de las Naciones Unidas y de acuerdos internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud la UNESCO, y han animado activamente a otros Estados a abandonar o socavar los marcos multilaterales, sino que también han dejado de pagar sus contribuciones financieras obligatorias, lo que ha provocado graves perturbaciones operativas en todo el sistema de las Naciones Unidas. Además, el Gobierno estadounidense ha impuesto sanciones a titulares de mandatos de las Naciones Unidas, en particular a la Sra. Francesca Albanese, Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados, lo que ha obstaculizado gravemente su capacidad para cumplir su mandato de manera independiente y eficaz. También ha atacado a la Corte Penal Internacional (CPI) mediante sanciones e intimidaciones políticas destinadas a paralizar su labor.
Estados Unidos ha restringido la libertad de circulación o ha denegado en repetidas ocasiones la concesión de visados a representantes debidamente acreditados de los Estados miembros de las Naciones Unidas, en particular a funcionarios de la Autoridad Palestina y a representantes de organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales, impidiéndoles así participar en los períodos de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Esto constituye un obstáculo directo al derecho de los Estados miembros a acceder al principal foro multilateral mundial, un derecho garantizado explícitamente por el derecho internacional y el acuerdo de sede de 1947. El hecho de que el país anfitrión abuse de su posición privilegiada para obstaculizar la participación en las propias Naciones Unidas constituye una violación intolerable de los principios sobre los que se fundó la ONU.
Además, el plan del presidente estadounidense para Gaza (octubre de 2025) es una nueva demostración del desprecio de este país por el derecho internacional. Si bien apoyamos plenamente el cese inmediato de las masacres y el envío urgente de ayuda humanitaria, como reclaman las ciudadana y los ciudadanos de todo el mundo, este plan tiene en realidad por objeto perpetuar la dominación colonial bajo nuevas formas y niega el derecho del pueblo palestino a la libre determinación. Al privilegiar la seguridad de las fuerzas colonizadares en detrimento de la justicia, en realidad concede impunidad a los autores de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, cuando el derecho internacional prohíbe categóricamente cualquier amnistía por tales crímenes. Por lo tanto, cualquier plan de paz auténtico debe incluir mecanismos de justicia transicional y reparadora, de rendición de cuentas y garantizar el acceso de las víctimas a la justicia y a la reparación.
En este contexto, hacemos un llamamiento a la movilización de los pueblos, los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil para defender el derecho internacional basado en la Carta de las Naciones Unidas y los derechos inalienables de los pueblos. Juntos debemos reforzar un multilateralismo centrado en los pueblos, capaz de hacer respetar la justicia y la responsabilidad. Nuestra acción colectiva será esencial para promover la justicia reparadora para las víctimas y garantizar que los responsables de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad rindan cuentas plenamente.
Con este fin, también instamos a los Estados miembros de las Naciones Unidas a que:
asuman sus responsabilidades y adopten medidas concretas para luchar contra la erosión sistemática del derecho internacional, defendiendo al mismo tiempo el sistema multilateral en la perspectiva de la búsqueda de la paz, los derechos humanos, la justicia social y la protección del medio ambiente;
consideren el traslado inmediato de la sede de la ONU de Nueva York a Ginebra, a la espera de una decisión colectiva sobre la futura ubicación de la sede principal de la ONU, con el fin de poner fin a la injerencia arbitraria e ilegal del Gobierno estadounidense en el funcionamiento de la Organización.
En este sentido, abogamos por un sistema multilateral libre del dominio omnipotente de los Estados poderosos y los intereses económicos, un sistema que garantice así un multilateralismo democrático, inclusivo y participativo. La defensa y el fortalecimiento de dicho sistema exigen una oposición decidida a la ley del más fuerte y un compromiso firme con la defensa de la igualdad de derechos de todos los pueblos y Estados a ser escuchados, representados y protegidos en virtud del derecho internacional.
* Asociación de Abogados Democráticos (IADL) * Emmaus Internacional * Centro Europa – Tercer Mundo (CETIM) * La Vía Campesina (LVC) * Instituto Transnacional (TNI) * Movimiento por la Salud de los Pueblos (PHM) * Derecho Igualitario * Marcha Mundial de las Mujeres * Amigos de la Tierra Internacional FOEI-ATI * FIAN Internacional * Flotilla Global Sumud * Paraguas Global de Cirugía (GSU) * Justicia Social Global * Convergencia Global de Luchas por la Tierra y el Agua en África Occidental (CGLTE-OA) * Federación Internacional para la Protección de los Derechos de las Minorías Étnicas, Religiosas, Lingüísticas y Otras (IFPRERLOM) * Fraternidad Internacional de Reconciliación (IFOR) * Buró Internacional de la Paz (IPB) * Coalición Internacional del Hábitat (HIC) * Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades para el Estudio de la Deuda Pública (RICDP) * Reparaciones Revolucionarias * Asociación para la Defensa de los Derechos de los Agricultores (AFRD) * Red de ONG Libanesas * Congreso de los Pueblos – Colombia * Red de Alimentación Patrimonial Africana y Caribeña * Coordinación Europea Vía Campesina (ECVC) * Red de Derechos de la Vivienda y la Tierra – Coalición Internacional del Hábitat * Asociación Belgacem Yagoubi para la Cultura y la Creatividad * Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) * Convergencia Maliense contra el Acaparamiento de Tierras (CMAT) * Liga Yibutiana de Derechos Humanos * Mariposa Negra – Patrimonio Cultural para África * Confederación de Trabajadores Unificados y Progresistas (SENTRO) – Filipinas * Centro Nuevos Modelos de Desarrollo (CNMS Italia) * Centro para los Derechos Humanos y el Desarrollo * Coordinación por la Soberanía Alimentaria en MENA * Foro de Personas con Discapacidad de Uganda * Federación Internacional de la Diáspora Afar (FIDA) * Fundación ALICA – Bosnia y Herzegovina * Alianza de Trabajadores de la Cadena Alimentaria * Foro para la Democracia y la Paz * Observatorio DESCA – Cataluña (España) * Asociación Tierra y Cielo * Pax Christi Uvira – RDC * Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR) – Colombia * Movimiento por la Buena Gobernanza y la Promoción en Gabón * SOHRAM-CASRA – Centro de Acción Social para la Rehabilitación y Reintegración de Víctimas de Tortura y Guerra * Asociación para la Promoción y Protección de Defensores de Derechos Humanos Xumek – Argentina * Asociación Americana de Juristas (AAJ) * Asociación de Empleados y Trabajadores de la Conservación Ambiental (AGOEC) – Argentina * COECOCEIBA – Movimiento Ecologista de Costa Rica * Asociación PoleRani – Bulgaria * Movimiento Anti-Jindal y Anti-POSCO (JPPSS) – India * Fundación Jeshil – Pristina * Movimiento Pacifista Vrede vzw – Bélgica * Foro Indio de Acción Social * Magazine du Monde – Suiza * Red Wiphalas * ATTAC España * ATTAC France * Coalición Internacional del Hábitat – América Latina (HIC-AL) * SOLIFONDS * Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo SJ” (CSMM) * Asociación Ecuatoriana de Amistad con el Pueblo Saharaui (AEAPS) * RESF 04 Digne-les-Bains * Red Hospitalidad
Lo público se encuentra parasitado por lo privado.
Por Liliana Pineda, representante de ATTAC España en la Red de Agua Pública & Salvador Martínez, coordinador de ATTAC Mallorca. Publicado originalmente para Público.
Los mercados de los servicios públicos no son libres, ni competitivos, ni transparentes, ni perfectos.
Es falso que los intereses privados dominantes quieran mercados libres, transparentes y perfectos.
Lo público se encuentra parasitado por lo privado.
Es falso que los intereses privados coincidan con los intereses del COMÚN, ni, por supuesto, con los intereses de las personas libres, pues están determinados por el lucro.
Para hablar de Servicios Públicos (SSPP), primero tenemos que reconocer que, históricamente, los SSPP han conservado rasgos de soberanía que establecen una distancia y una superioridad del gestor sobre el usuario, confundiendo el ejercicio del poder público (potestas publica) con el servicio aportado a la población. Si a eso se añade que, desde hace más de un siglo, venimos soportando el discurso que enfrenta lo público a lo privado y administración pública a gestión privada, comprenderemos por qué hay que desmontar mentiras y clarificar conceptos.
Desde ese discurso, interesadamente se concluye que la gestión privada es mejor y más eficiente que la gestión pública y se identifica la gestión privada con Mercado Libre, competitivo, transparente y con información perfecta, en el que se realizan operaciones conforme a reglas de juego prefijadas. Pero es obvio que el mercado libre no existe, y que por fuerza se apoya sobre un marco institucional y unos derechos muy definidos que condicionan su funcionamiento, como se ve, por ejemplo, en la gestión del agua y de la sanidad. Además, la gestión de los SSPP ya es en buena medida privada e, incluso, las propias competencias públicas de su gestión (la planificación o la atribución de concesiones) están intervenidas por intereses privados, por los forcejeos del poder y por el ánimo de lucro. Los intereses privados se imponen como si fueran públicos y establecen el marco jurídico que les es más propicio. Las compraventas de servicios a las que se llama MERCADO no se ajustan al modelo idealizado. Su único objetivo es la ganancia y están absolutamente determinados por el ánimo de LUCRO.
La gestión de los servicios públicos ya es en buena medida privada e, incluso, las propias competencias públicas de su gestión están intervenidas por intereses privados
Por otra parte, según se trate de SERVICIOS PÚBLICOS (como los abastecimientos de agua, los hospitales y centros de salud, las escuelas, las universidades, los servicios sociales, de cuidados, funerarios, de salvamento, la justicia gratuita, los transportes, la vivienda social…), o de SERVICIOS PRIVADOS (financieros, de seguros, de comunicación y un largo etcétera), lo cierto es que la realidad social y el régimen jurídico que los regula son muy distintos.
Mientras que en los privados el poder de negociación está marcado por el lucro y es claramente desequilibrado, en los públicos es falto de transparencia y su regulación legal es, o muy deficiente, o muy restrictiva, lo cual propicia que las transacciones transcurran en la clandestinidad o con excesiva discrecionalidad (es decir, “hago lo que quiero”) en la propia Administración, cuyos gestores huyen continuamente del derecho público, alejándose de los controles y garantías del procedimiento administrativo. Lo cual facilita la corrupción e implica una evasión de las normativas reguladoras creando oportunidades delictivas propias en la administración pública.
Además, existe un pacto de silencio, una especie de dispensa o privilegio que abarca los modelos de financiación, monopolio, o reparto de las decisiones políticas sobre los SSPP. Dispensa que, asimismo, obra de manera evidente en la promulgación de leyes y normativas en todas las escalas competenciales, que, en la práctica, son cada vez más permisivas con los procesos privatizadores, incluso con las conductas corruptoras. Ese pacto se ha extendido a la creación de redes ocultas de intercambios perdurables de beneficios y favores, con amplia experiencia en ingeniería tributaria a través de asociaciones, sociedades y organizaciones pantalla o vehículo.
Y es que los SSPP, desde un punto de vista inversor no constituyen un terreno propicio para la libre competencia, ya que suponen, todos ellos, inversiones tan fuertes que una vez constituidos o construidos con dinero público no resulta razonable ni lucrativo que empresas competidoras dupliquen o tripliquen costosas infraestructuras, por lo que solo caben las opciones privatizadoras:
Subcontratar a las empresas privadas todas o algunas fases de su gestión
Vender a la empresa privada la red e infraestructuras del servicio público a precio de saldo o muy inferior a su coste real, para que al privado le resulte lucrativa y rentable la compra situándolo así en una posición monopolista, sólo condicionada por la ley vigente, que puede ser variable y ondeante, a discreción del poder…
En los dos casos se suele establecer una regulación para que la gestión cumpla algunas exigencias ecológicas, sanitarias, sociales, de igualdad, pero que generalmente reducen el lucro entrando en franca confrontación con los intereses privados dominantes.
En España las fórmulas privatizadoras de la gestión de los SSPP que han conducido a la situación actual se llevan experimentando durante más de 140 años
En estas condiciones los intereses privados presionan por adquirir la concesión y el monopolio de determinados SSPP —todo lo contrario a la libre competencia—, lógicamente sin asegurar la gestión transparente, publicitada, asequible, participativa, con rendición de cuentas, y sin garantizar que sea universal, igualitaria e integradora de los ecosistemas vinculados a esos SSPP.
En España, tal y como le hemos escuchado exponer repetidamente a José Manuel Naredo (cuyos escritos son fuente principal de este texto) [1], las fórmulas privatizadoras de la gestión de los SSPP que han conducido a la situación actual se llevan experimentando durante más de 140 años. Es decir, antes de que se acuñara el concepto, privatización.
Lo público se encuentra parasitado por lo privado. La gestión de lo público es SUSTANCIALMENTE privada. Se presupone que lo público es independiente de lo privado y que se gestiona pensando en el bien común o atendiendo a intereses generales. Sin embargo, la manipulación del concepto de «lo público» va unida a una serie de mitos que justifican dicha manipulación. Por ejemplo, el hacer grandes obras públicas con la excusa de resolver carencias (como sucedió en Madrid, durante la pandemia, con la construcción de un hospital a toda prisa). Este tipo de obras contribuyen a expandir la escasez, originando una espiral de insatisfacción y deterioro, y su mala gestión contribuye, además, a ampliar el negocio de las grandes obras y nuevas concesiones, promoviendo “el despilfarro” y configurando el conglomerado de intereses empresariales y corporativos en torno al “negocio” de los servicios, que abarca tanto lo público como lo privado, debido al trasvase mismo de técnicos/gestores entre la administración pública, la universidad y las empresas privadas.
La propia legitimación social, que las políticas públicas acumularon en décadas con sus iniciales efectos liberadores y modernizadores, ha permitido que el complejo de intereses económicos, técnicos y administrativos pueda operar, en torno a su gestión, prácticamente sin límites ni control público. Así las condiciones para el abuso, la corrupción están garantizadas.
Es falso que los intereses privados dominantes quieran mercados libres, transparentes y perfectos
En resumidas cuentas, la penosa situación actual de la gestión de los SSPP no es fruto de la ineficiencia de la Administración Pública, o de la planificación y del intervencionismo estatal, que ingenuamente presumimos orientados al servicio del interés público. Pero desactivar el conglomerado de instituciones, intereses, presiones y justificaciones, para sustituirlo por otro, orientado a promover la buena gestión no puede acometerse sin un acuerdo social firme que lo apoye, y sin cambios importantes en las normativas.
Es falso que los intereses privados dominantes quieran mercados libres, transparentes y perfectos. Curiosamente, los intereses privados hegemónicos no quieren que se cree el marco institucional propicio para que se generen centros de intercambio regulados, en los que se produzcan transacciones libres y transparentes entre concesionarios y usuarios.
El equívoco se produce al presuponer que los mismos intereses privados alcanzan a todos los individuos en general o que los intereses privados son siempre partidarios del “dejar hacer, dejar pasar” mercantil y de la igualdad de derechos y oportunidades. Lo que evidentemente no ocurre en nuestras sociedades desiguales y polarizadas. Y es que ninguna gestión es posible sin conocer la realidad a gestionar.
Los procesos de gestión deberían ser participativos, igualitarios y transparentes, pero da vergüenza ajena oír hablar a representantes de la Administración y la política, de su afán de promover la participación, a la vez que se silencia a las asociaciones de personas usuarias, afectadas, y a los observatorios sociales, que deberían ocupar un lugar prioritario en todo proceso participativo.
La gestión de los SSPP transparente, con rendición de cuentas, asequible, participativa, universal, igualitaria e integradora de ecosistemas vinculados a ellos debe ir unida a la actualización y reajuste del marco legislativo que lo posibilite.
En resumen, es evidente que la información clara de los SSPP no favorece los intereses hegemónicos vinculados a inversores y empresarios. Tampoco le interesa a los gestores con poder y discrecionalidad suficiente para suscribir contratos, otorgar autorizaciones u obtener la permisividad implícita. Y sólo favorece a los intereses lucrativos, a la espiral de obras y al despilfarro que redunda en perjuicio de la población más vulnerable. Solo hace falta observar el grado de irracionalidad al que han conducido los regímenes concesionales (que no tienen que ver nada con la libre concurrencia a la contratación pública, la cual es prácticamente inexistente).
Las concesiones ahora mismo favorecen acuerdos y cambios sin discutir su contenido concreto
Las concesiones ahora mismo favorecen acuerdos y cambios sin discutir su contenido concreto y es la manera de satisfacer a concesionarios con suficiente poder como para arrancar de la Administración la permisividad necesaria para sus intereses.
Lo cual explica que desde la Administración se arbitren acuerdos discrecionales de cesión, y que operen otros más opacos que se producen de forma desregulada, que generan una especie de mercado sumergido de los SSPP, el cual, desde luego, se sitúa en las antípodas del mercado transparente y de libre competencia que se propugna.
No olvidemos tampoco que la regulación de la gestión de los SSPP está obligadamente asociada a la política propiamente dicha, y que para conseguir una buena gestión de los SSPP, más que proponer soluciones ideales imaginarias, hay que profundizar en el conocimiento riguroso de cada territorio, población y sector.
Las mejoras realizables deben practicarse tomando medidas previas respecto a la modificación o caducidad de las concesiones y a las posibles subvenciones encubiertas unidas a las operaciones de cesión para evitar abusos y consecuencias negativas sobre bienes de dominio público. Para ello, hay que potenciar los foros de discusión adecuados en los que se informen, seleccionen y apoyen los cambios a emprender. A la vez hay que apoyar a las asociaciones de usuarios, incentivando sus funciones como partícipes en la gestión y rompiendo con la inercia de un comportamiento viciado por el paternalismo estatal[2].
Por eso no podemos conformarnos con recuperar el discurso idealizado del Estado sobre él mismo. Más que limitarnos a seguir la línea tradicional de defensa de los SSPP, se trata de transformarlos mediante la creación de órganos democráticos que den a los gestores, pero también a las personas destinatarias de dichos SSPP, un derecho de intervención, de deliberación y de decisión, dentro del respeto a las leyes generales y el sentido propio de los servicios.
Hay que transformar los SSPP en instituciones destinadas a los derechos de uso común y gestionadas democráticamente
La cuestión entonces es transformar los SSPP en instituciones destinadas a los derechos de uso común y gestionadas democráticamente. Para responder a las necesidades de todas las personas conviene que estas necesidades sean expresadas, debatidas, y elaboradas por vías democráticas. Así, tiene que producirse una transformación de la concepción del Estado que se construyó principalmente como imperium, al Estado como obsequium [3], es decir, el que está obligado, el que tiene una responsabilidad.
El Servicio Público no debe ser, por tanto, la manifestación de la soberanía, sino la traducción de una necesidad que debe ser satisfecha; el efecto de una regla objetivamente establecida que engendra derechos individuales. Y la relación entre las personas y lo común no tiene que ser la de la apropiación, sino la de sujetos que actúan para satisfacer necesidades esenciales y hacer efectivos cierto número de derechos no a las cosas sino a su uso.
Todo esto, supone iniciar una potente campaña racionalizadora contando con grupos de usuarios objetivamente interesados en el cambio. Si esto no ocurre, y las fuerzas políticas que por turno gobiernen mantienen o agravan la presión favorable al statu quo, seguirá sin clarificarse el panorama de abuso en la gestión de los SSPP y los ecosistemas asociados. Es decir, frente a la huida del derecho público debemos promover el regreso a la regulación pública efectiva, así como un marco de información exhaustiva, sin el cual el “problema de los SSPP” continuará en conflicto y con crispación social en cada uno de los sectores concernidos. No olvidemos que la desinformación provoca la parcialidad de los análisis, permitiendo que se sigan promoviendo impunemente desde la Administración proyectos socialmente insuficientes, deficitariamente financiados y ecológicamente insostenibles.
Los servicios públicos deberían ser instituciones de la sociedad y no sólo instrumentos del poder público
Los SSPP deberían ser instituciones de la sociedad y no sólo instrumentos del poder público. Esto no significa que haya que esperar del Estado que proteja y extienda lo estatal, ampliando o extendiendo el dominio o imperium de la Administración burocrática sobre la sociedad y la economía, porque al igual que la protección social, la forma estatal no agota la significación histórica de los SSPP, de modo que hay que considerarlos no únicamente como instrumentos de dominación política, sino como servicios comunes de la sociedad, que sólo han podido encontrar históricamente los medios para su crecimiento en el poder encargado del orden público y de la Administración de la población.
Debemos aceptar que la intervención del Estado no es absolutamente indispensable en todos los servicios, pero el Estado sí debe desempeñar un papel jurídico y simbólico como garante de la aplicación de los principios generales de la ley. No se trata ya de concebir el Estado como una gigantesca Administración centralizada, sino más bien como un garante de los derechos de las personas respecto a la satisfacción de las necesidades consideradas esenciales democráticamente.
Los municipios podrían asegurar lo esencial de su financiación, y su gestión podría ser confiada a consejos locales, pero esta gestión local debe entrar en el marco de una ley general, y su aplicación debe estar controlada por cuerpos de inspección, aportando garantías universales en lo que se refiere a la suficiencia financiera, igualitaria y con rendición de cuentas.
Es decir: Democracia participativa y presupuestos participativos. El ejercicio de la democracia participativa no se debe reducir a simples consultas sobre los objetivos de una gestión despolitizada, a niveles locales o micro locales. El ejemplo de lo que algún día fueron consejos de barrio (democracia de proximidad) demuestra que el proceso de deliberación y de decisión puede y debe permanecer bajo el control de los ediles y de las Administraciones locales. En esta práctica, se pudo ver el esbozo, todavía imperfecto, de otra forma de democracia, dirigida a transformar las políticas de SSPP y a instituir servicios comunes a escala local, servicios que a su vez podrían formar una red, implicando a la población en la construcción de sus políticas. Por otra parte, esta democracia participativa podría trascender el nivel «local», y adquirir una dimensión regional o supranacional (como las confederaciones hidrográficas). No se trata entonces sólo de sustraer al mercado cierto número de dominios, sino de impedir que perdure un sistema político basado en la corrupción, la prevaricación y la depredación. Porque el desastre de los SSPP no proviene sólo de la privatización de la gestión entregándosela a las multinacionales, sino también del uso que se ha hecho de la propiedad pública por el sistema de partidos políticos y corporaciones.
El desastre de los SSPP no proviene sólo de la privatización de la gestión, sino también del uso que se ha hecho de la propiedad pública por el sistema de partidos políticos y corporaciones
En últimas, se trata de socavar las bases de una representación política que se nutre de la propiedad pública mediante el clientelismo, el nepotismo, la distribución de cargos, y la desviación de fondos. El rechazo social que provocan estas prácticas, no se logra trasladar con contundencia al ámbito de lo político, pues si las fuerzas políticas se hacen eco de la evidente insostenibilidad económica y ecológica de esta mala gestión, mientras están en la oposición, paradójicamente, cuando llegan al gobierno, se ven atrapadas en la maraña de intereses, leyes e instituciones establecidos y omiten afrontarlos, o directamente terminan reproduciendo las mismas prácticas, pues en el corto horizonte de la política habitual, es más fácil pactar con los grupos de presión que tratar de trascenderlos y modificarlos.
Así que para trascender y modificar el statu quo se necesita, fundamentalmente, un movimiento social bien informado dispuesto a defender, conservar y transformar las instituciones que sostienen el servicio público como algo esencial para la conservación de la vida.
Liliana Pineda, representante de ATTAC España en la Red de Agua Pública. Salvador Martínez, coordinador de ATTAC Mallorca
Las organizaciones que integran la Mesa Social del Agua de Andalucía (MSA) lamentan profundamente la exclusión de la Asociación de Operadores Públicos de Agua (AEOPAS) del Observatorio del Agua de Emasesa, que ha celebrado este jueves 27 de noviembre su reunión plenaria. La Mesa del Agua recalca que se trata de una decisión contraria a los principios de gobernanza pública y participación ciudadana que han regido este órgano desde su creación y reclama su restitución inmediata para garantizar una gestión transparente, plural y orientada al interés general en el ciclo urbano del agua en el área metropolitana de Sevilla.
Tras la lectura de una Declaración colectiva las organizaciones que integran la Mesa Social del Agua han abandonado la sesión como acto de protesta.
En su escrito de queja, la Mesa Social del Agua de Andalucía explica que desde hace más de ocho años, organizaciones sociales y ambientales han participado activamente en la mejora del servicio público de agua que presta Emasesa en el Área Metropolitana de Sevilla. Este trabajo colaborativo se ha canalizado a través del Observatorio del Agua, un órgano que desde sus inicios se ha sustentado en la pluralidad, la transparencia y la confianza entre distintas entidades, para la adopción de medidas consensuadas que garanticen una gestión sostenible y equitativa del ciclo urbano del agua.
La Mesa exponen que la reciente expulsión de AEOPAS del Observatorio constituye «una grave ruptura con los principios de participación pública que deben regir un servicio esencial como el abastecimiento y el saneamiento urbano. Tras más de cinco años de cooperación acreditada en ámbitos estratégicos —planes de sequía, adaptación climática, digitalización y planificación a largo plazo— esta decisión carece de justificación técnica y desvirtúa el propósito fundacional del Observatorio del Agua de EMASESA: impulsar una gestión participativa y corresponsable que sitúe a la ciudadanía en el centro de las decisiones».
Las organizaciones de la Mesa consideran que esta exclusión no es un hecho aislado. «En los últimos meses se han producido prácticas que han debilitado la integridad de este órgano de participación, como la atribución indebida de respaldo al incremento tarifario del agua. La exclusión de actores clave convierte el Observatorio en un mero ejercicio de “participación aparente”, alejándolo de su función de análisis técnico y deliberación rigurosa, lo que compromete la transparencia y la calidad de las decisiones».
Las organizaciones que conforman la Mesa Social del Agua de Andalucía, muchas de ellas integrantes del Observatorio, solicitan la restitución inmediata de AEOPAS y la recuperación de los principios de pluralidad y control público que garantizan la gestión democrática del agua. Fortalecer lo público requiere sumar conocimientos y experiencias, no excluirlos. Solo mediante la creación compartida de diagnósticos y soluciones con todas las entidades se podrán afrontar los retos de la gestión hídrica que afectan a nuestras ciudades.
Como forma de manifestar su protesta la organizaciones firmantes junto con otros miembros del Observatorio que se suman a la protesta, abandonan la sesión tras leer una Declaración colectiva.
Componen la Mesa Social del Agua de Andalucía: la Fundación Nueva Cultura del Agua, FACUA-Andalucía, Ecologistas en Acción-Andalucía, GREENPEACE, WWF, SEOBirdLife, Fundación Savia por el Compromiso y los Valores, CCOO-Andalucía, UGT-Andalucía, COAG-Andalucía, UPA-Andalucía, AEOPAS.
La declaración institucional de queja que se ha leído en la sesión plenaria
«Desde hace más de ocho años, las organizaciones sociales y ambientales venimos participando, incluso antes de la creación del Observatorio, en mejorar el servicio que presta EMASESA a la ciudadanía del Área Metropolitana de Sevilla. Ha sido una tarea ilusionante, fecunda, aunque como es lógico no exenta de tensiones. El Observatorio se basaba en la libre expresión de los posicionamientos de los diversos miembros representantes de los sectores ciudadanos y en la confianza de que se adoptarían por EMASESA las mejores y más consensuadas medidas de gestión del ciclo del agua».
Organizaciones de la Mesa Social del Agua de Andalucía / Mesa Social del Agua
«La expulsión de AEOPAS del Observatorio del Agua de EMASESA constituye una ruptura severa con los principios de gobernanza pública que deben estructurar la gestión de un servicio esencial como el agua. Después de más de cinco años de cooperación acreditada en ámbitos estratégicos —planes especiales de sequía, adaptación climática, procesos deliberativos, digitalización operativa, revisión normativa y planificación de largo alcance— la decisión adoptada carece de sustento técnico y desvirtúa el propósito fundacional del propio Observatorio: impulsar una gestión pública del agua urbana participativa, cooperativa, transparente y corresponsable, situando a la ciudadanía en el centro de las decisiones».
«La expulsión de AEOPAS no es un episodio aislado. Durante este mandato se han sucedido prácticas que erosionan la integridad del órgano. El ejemplo más revelador fue la utilización del Observatorio para atribuirle un respaldo inexistente al incremento tarifario del agua. Varias entidades exigieron explicaciones ante aquella manipulación y jamás obtuvieron respuesta. Aquello, que ya fue una grieta, se convierte hoy en fractura».
«El Observatorio está siendo reducido a un ejercicio de citizen-washing: la participación se escenifica, pero se excluye de los procesos reales de planificación hidrológica, del análisis técnico solvente y de la evaluación rigurosa que exigen los sistemas de agua urbana. Este vaciamiento instrumental desnaturaliza su razón de ser y debilita la transparencia, la rendición de cuentas y la calidad técnica de las decisiones estructurales».
«Esta negativa evolución del funcionamiento del Observatorio, alejándose de sus presupuestos originales basados en la pluralidad, la representatividad y la operatividad de la participación ciudadana, ha sido denunciada reiteradas veces sin resultado en las propias sesiones del Observatorio. Tampoco han tenido respuesta solicitudes concretas presentadas por diversas organizaciones participantes en el mismo. Pero la expulsión de AEOPAS constituye un hecho gravísimo que enciende todas las alarmas».
«Por ello, las organizaciones que conformamos la Mesa Social del Agua de Andalucía, muchas de ellas participantes en el Observatorio, reclamamos la restitución inmediata de AEOPAS como miembro del Observatorio, en coherencia con los principios de pluralidad, participación cualificada y control público que deben regir un servicio que es patrimonio común. Un Observatorio sin saber técnico es un órgano hueco; protegerlo exige dialogar, consensuar, sumar, no expulsar, a quienes contribuyen a reforzar la garantía pública y el interés genera»l.
«Las soluciones de gestión del agua pasan por fortalecer lo público a través de la participación real, la concreción de diagnósticos y alternativas con los numerosos actores que configuran la vida de nuestras ciudades».
Por Alberto Fraguas Herrero. Ecólogo, coordinador de Ecología Política de ATTAC y de la Alianza Más Allá del Crecimiento. Publicado originalmente para Efeverde.
I. CONTEXTO
Nos encontramos en una crítica encrucijada con una intrincada red de desafíos interconectados (ecológico, sanitario, alimentario, etc…), todos ellos multiplicados por la creciente amenaza del cambio climático, una situación de inestabilidad global que genera inseguridad y que exigiría una profunda reevaluación de los vigentes modelos de pensamiento y acción, de los principios y paradigmas que rigen al menos en el Norte Global.
Las actuales estructuras geopolíticas, ancladas en la competencia interestatal por el poder y el control de los recursos, todas ellas basadas en un imaginario de crecimiento económico permanente, demuestran una alarmante incapacidad para abordar estas crisis sistémicas. En este sentido, cabría preguntarse si todas estas crisis están provocando otra global relativa a la legitimidad de un sistema patriarcal, productivista y capitalista, que como el actual no cuida a la gente ni al planeta.
En este contexto emerge la necesidad imperante de un nuevo enfoque, de una nueva perspectiva ecosocial que integre la Economía y el bienestar social en la Ecología como pilares fundamentales de estabilidad.
Porque la salud del planeta y el bienestar de la humanidad no son objetivos contrapuestos sino intrínsecamente interdependientes. Ignorar los límites ecológicos del planeta incrementa las brechas de desigualdad existentes, socavando la seguridad global.
II. BASES PARA UN NUEVO MODELO ECOSOCIAL
La transición hacia un nuevo modelo ecosocial basado en la equidad, la armonía ecológica y la cooperación no es opcional: debe darse si queremos un futuro más seguro y justo para todos y todas, aunque esto entre en colisión con las estructuras oligárquicas del sistema dominante.
El actual momento exige un nuevo marco cultural, civilizatorio, de relaciones entre sociedad y naturaleza en el cual deben deconstruirse mitos como el de la competencia, la producción y el del relato de permanente crecimiento como paradigmas sociales, un relato donde se entiende que lo civilizado es ir contra la naturaleza, la cual se concibe erróneamente que está a nuestro servicio, justificando así el extractivismo y los colonialismos, señas de identidad del capitalismo.
Pero la tozuda realidad, avalada por la Ciencia desde hace ya más de 50 años¹, cuestiona estos prejuicios demostrando que ese relato de permanente crecimiento choca con la realidad del carácter finito de los recursos, un choque que no ha sido resuelto con la eficacia exigida a pesar de las insuficientes (y fallidas) políticas de crecimiento verde, desarrollo sostenible y hoy transición ecológica, que se han planteado bajo la misma escala de valores que los problemas que pretenden solucionar. Esta insuficiencia se demuestra si nos atenemos a que actualmente estamos ante los peores indicadores ecosociales de la historia².
El necesario cambio implica retos de gran trascendencia y empieza por atender a un nuevo equilibrio de objetivos a corto y largo plazo para ir avanzando en una ecointegración donde se prime el valor de uso sobre el de cambio, y donde se planifique, mirando al interés común, la reducción de determinados flujos metabólicos de energía y materiales. Un decrecimiento que no puede hacerse sin cambiar las reglas del juego que mueven estos flujos.
Una economía de la suficiencia donde desaprender (olvidar mitos); desmaterializar, desmercantilizar y descentralizar, y que abandone el PIB como métrica principal de supuesta calidad de vida; que planifique la contracción buscando redistribuir, incentivando los servicios públicos y bienes comunes, garantizando así los derechos y las necesidades básicas de la ciudadanía.
¹ Informe Meadows: Los Límites del Crecimiento, 1972 (y también otros documentos estratégicos). ² Según los paneles internacionales IPCC e IPBES, y del Instituto de Resiliencia de Estocolmo, así como de otros organismos internacionales independientes.
III. ESTRATEGIA
Pero la configuración e implementación de este nuevo modelo global Más Allá del Crecimiento, donde integrar decrecimientos selectivos explicados a la población como herramientas de equilibrio y esperanza, no tiene una única hoja de ruta. Es preciso buscar lugares comunes para confluir donde se rehúyan estériles debates segregadores y se dé prioridad a lo que nos une (la necesidad de cambio radical) sobre los detalles que separan.
Para ello es esencial generalizar este debate, llevarlo a donde no esté y también salir de ciertas endogamias académicas o activistas que dificultan esta generalización; es decir, atender más la justificación de la necesidad del cambio que a los calificativos que podrían definirlo. Solo así podremos hacer políticamente factible lo que es necesario a nivel ecosocial.
Es imprescindible, pues, abrir un proceso en torno a ir más allá del crecimiento como paradigma, si bien un hecho de tal envergadura requiere de otras estrategias de las que hasta ahora hemos aplicado.
El priorizar este proceso exogámico es tender a la unidad desde la diversidad para la creación de nuevas hegemonías en base a esos denominadores comunes que nos unen y tendiendo al posicionamiento público desde la extensión a toda la sociedad civil dispuesta a hacer autocríticas, que también son críticas.
Y esto es también lo que pretendemos en la recientemente creada Alianza Más Allá del Crecimiento³, una plataforma de organizaciones sociales de distintas naturalezas (economistas, ecologistas, jóvenes científicos, sindicatos, de cooperación, etc.), en la creencia firme de que la configuración de dinámicas postcrecentistas debe alimentar posicionamientos políticos con identidad propia, que superen los fallidos planteamientos del crecimiento verde y en clara oposición a la deriva reaccionaria que tiende a un control oligárquico, con tintes ecofascistas, de los recursos naturales.
Pero es preciso extender el debate de los límites del crecimiento. Para ello se está urdiendo un gran movimiento de pensamiento y acción que confluirá en 2026 en un gran Foro Social, donde centenares de organizaciones de la sociedad civil plantearán alternativas que ya están sobre la mesa. Este foro, que tendrá lugar en la Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Madrid, será la antesala de otros muchos donde se generalice el debate crítico y se avance en los caminos comunes hacia la esperanza activa por el cambio.
Nunca olvidemos a la utopía como porvenir que se esfuerza en nacer y no el pasado que se obstina en seguir. (Víctor Hugo)
Alberto Fraguas Herrero es ecólogo, coordinador de Ecología Política de ATTAC y de la Alianza Más Allá del Crecimiento.
1 Informe Meadows: Los Límites del Crecimiento 1972 (y también otros documentos estratégicos).
2 Según los Paneles Internaciones IPCC y IPBES, y del Instituto de resiliencia de Estocolmo, así como de otros organismos internacionales independientes.
3 Actualmente la Alianza está integrada por las siguientes organizaciones sociales: ATTAC, ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD/ACTION AID, ASOCIACIÓN “MAREAS BLANCAS”, CCOO, CECU, INSTITUTO DE DERECHOS HUNANOS, DEMOCRACIA Y CULTURA DE PAZ Y NO VIOLENCIA (DEMOS PAZ), ECONOMISTAS FRENTE A LA CRISIS, FUNDACION RENOVABLES, ECONOMISTAS SIN FRONTERAS, ECOOO, FORO TRANSICIONES, FUNDACIÓN ALTERNATIVAS, FUNDACIÓN NUEVA CULTURA DEL AGUA, GREENPEACE, REBELIÓN CIENTÍFICA, SOCIEDAD ESPAÑOLA DE AGRICULTURA ECOLÓGICA, UGT, FUNDACIÓN CONAMA, EUREKA. RED POR LA RENTA BÁSICA INCONDICIONAL, PLATAFORMA CONTRA LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO, FUNDACIÓN TRANSICIÓN VERDE, ASOCIACIÓN COOPERATIVA “GARBANCITA ECOLÓGICA”, FUNDACIÓN “ESPACIO PÚBLICO”, PLATAFORMA POR UN NUEVO MODELO ENERGÉTICO, FUNDACIÓN SAVIA, OBSERVATORIO DE SOSTENIBILIDAD, CONSEJO DE LA JUVENTUD, ASOCIACIÓN AMARME, FUTURO ALTERNATIVO.Alberto Fraguas. El actual momento exige un nuevo marco cultural, civilizatorio, de relaciones entre sociedad y naturaleza en el cual deben deconstruirse mitos como el de la competencia, la producción y el del relato de permanente crecimiento como paradigmas sociales, un relato donde se entiende que lo civilizado es ir contra la naturaleza, la cual se concibe erróneamente que está a nuestro servicio, justificando así el extractivismo y los colonialismos, señas de identidad del capitalismo.
“Trabajé la tierra en Lescun, el lugar de mis raíces familiares, pero crecí en un barrio obrero de Burdeos. Tuve la suerte de no ser rico y de haber mantenido siempre a mis amigos obreros. Ese es mi orgullo. Dicen que conozco al pueblo, pero es mentira, formo parte de él. Mi origen humilde me ha permitido vivir modestamente, y educar a mis hijos sin grandes lujos”. Así se definía René Passet en una entrevista realizada por Miguel Mora para El País en 2013, con motivo de la publicación en lengua castellana de su libro Las grandes representaciones del mundo y la economía a lo largo de la historia (Clave Intelectual/Siglo XXI y Eudeba 2013, traducción de Mariana Saúl).
Profesor emérito de la Universidad Paris-Pantheón-Sorbonne, René Passet ha sido uno de los economistas más importantes de Francia. Pionero del enfoque transdisciplinar en las ciencias económicas, fue el primer presidente del Consejo Científico del movimiento internacional Attac. Miembro fundador del Collegium International Éthique, Politique et Scientifique (IC Ethiques), ha sido columnista en Le Monde, y articulista en Le Monde Diplomatique. Es autor de varios libros, entre otros y además del citado más arriba, de L’Economique et le vivant (galardonado por la Academia de Ciencias Morales y Políticas de Francia), La ilusión neoliberal (Debate, 2001, traducción de María Victoria López Paños) o Elogio de la globalización por una “mundialización humana” (Salvat, 2002, traducción de Manuel Serrat Crespo).
Amigo de Stéphane Hessel, las ideas de René Passet fueron un estímulo para el movimiento de indignados. Participó en el primer Foro Social celebrado en Porto Alegre, fue uno de los pocos economistas que advirtieron de la crisis económica de 2007-2008 y que avisó de las nefastas consecuencias que traería la desregulación financiera. Su concepción de la economía vincula las formas económicas de organización de las sociedades humanas con las teorías y avances científicos producidos en cada época. Y contiene una dura crítica al reduccionismo económico neoliberal, que pretende rebajar a las personas a meros seres económicos. Defensor de un nuevo paradigma: la bioeconomía, los trabajos de Passet integran las actividades económicas en los sistemas naturales, porque hay bienes comunes, como el aire y el agua, que tienen que ir más allá de la lógica de los mercados.
“La perfección a la que todos aspiramos nunca se alcanzará y esta es una noticia excelente: la historia no tiene fin; en tanto que mujeres y hombres habiten este planeta habrá lugar para los sueños, la utopía y la superación de uno mismo”,afirmaba en una entrevista hecha por Iván Gil y publicada en El Confidencial.
Un año antes de cumplir los 100 años (nació en 1926), René Passet nos ha dejado. Como compañera de Attac, como editora de dos de sus libros en lengua castellana (La ilusión neoliberal y Las grandes transformaciones del mundo y la economía a lo largo de la historia) y, sobre todo, como amiga, la desaparición de René es una gran pérdida. Pero haber tenido la oportunidad de conocerlo y tratarlo ha sido también una suerte y un privilegio. Su coherencia y su compromiso han sido modélicos. Su obra y su ejemplo quedarán siempre vigentes.
Por Alberto Garzón Espinosa. Publicado originalmente para ElDiario.es.
El exdirigente de extrema derecha Juan García-Gallardo, de 34 años, ha declarado que «la generación boomer está impidiendo la prosperidad de los jóvenes». Los boomers —los que hoy tienen entre 61 y 79 años— son, en su mayoría, jubilados. El ultraderechista no está solo: la periodista de El País Estefanía Molina, también de 34, asegura que «los pensionistas están devorando a sus hijos». Y Analía Plaza, de 36, acaba de publicar La vida cañón, un libro que apunta a los boomers como «el grupo por edad con mayor riqueza del país» y que describe su vida como más cómoda, más fácil, más segura que la de sus padres o la de sus hijos.
El mensaje cala: los mayores serían los culpables de la pobreza y precariedad juvenil. Pero esa lectura es una trampa, como la ha definido el periodista Carlos Sánchez, de 69 años y mucho más escéptico respecto a este relato. En realidad, los datos avalan que la desigualdad creciente no es fundamentalmente un problema entre generaciones, sino entre distintas posiciones en la estructura de clases. No son los jubilados los que devoran a los jóvenes, sino un sistema que permite que la riqueza se concentre arriba mientras el resto se pelea por las migajas.
El debate tiene dos niveles: uno de diagnóstico y otro propositivo. Respecto al segundo, la mayoría de los análisis culmina con una crítica devastadora al sistema de pensiones públicas, considerado como excesivamente generoso. Molina, por ejemplo, justifica que los jóvenes piensen, según ella, que «es un despropósito la indexación de todas las pensiones a un IPC desbocado» y sugiere que la necesidad de rentas de los nuevos jubilados «quizás no es tan elevada». El economista Gonzalo Bernardos, de 62 años y habitual en los medios de comunicación, ha subrayado que «lo de la generosidad de las actuales pensiones es imposible de mantener», mientras que Plaza concluye sobre las pensiones públicas que «ahora mismo el debate está en que no hay dinero suficiente para pagarlas».
Estas críticas parten de un diagnóstico cada vez más compartido: la existencia de una creciente brecha intergeneracional en España. En los últimos meses, dos trabajos sólidos y completos han apuntado en esa dirección: el informe de J. Ignacio Conde-Ruiz y Francisco García-Rodríguez para Fedea, centrado en la riqueza, y el informe de Javier Martínez Santos y Jorge Galindo para EsadeEcPol, que aborda tanto renta como riqueza. A partir de este diagnóstico emerge –por parte de otros actores, como los citados más arriba– la culpabilidad de las pensiones y de los pensionistas. Pero ¿y si ese diagnóstico no justifica realmente la crítica al sistema de pensiones? ¿Y si la brecha intergeneracional está en otro lugar —uno mucho más incómodo de mirar— y poco o nada tiene que ver con las pensiones? ¿Y si más que la edad lo que determina la desigualdad y nuestras posibilidades es la clase social?
La desigual evolución de la renta
El núcleo del diagnóstico tradicional suele resumirse en un mismo gráfico: la evolución de las rentas netas medias desde 2008. Este indicador, utilizado con ligeras variaciones por la mayoría de los analistas, sirve de base para argumentar la existencia de una creciente brecha generacional que se sostiene principalmente por el enriquecimiento muy superior de las generaciones mayores de 65 años.
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE)
Como se puede observar, el grupo de más de 65 años (línea en amarillo oscuro) era el tercero con mayor renta media en el año 2008, pero desde el año 2013 es el primero. Es decir, desde que empezaron a jubilarse los boomers, el grupo de más de 65 años pasó a ser el que disfrutaba de mayor renta en España. El estudio de EsadeEcPol usa estos mismos datos para llegar a la conclusión de que «los mayores de 65 experimentan ingresos medios sustancialmente más elevados en 2024 respecto a 2008, unos 2.500 € más, superando en promedio a todos los grupos de edad más jóvenes». También emplea esos datos el siempre atento Kiko Llaneras, en su artículo «¿Jóvenes contra boomers?», aunque en este caso usando la mediana (más adecuada que la media). El problema es que la elección respecto del indicador, al que recurren todos ellos, es incorrecta.
Ese famoso gráfico mide la renta media per cápita, lo que implica dividir el ingreso del hogar entre el número de miembros. Eso genera un sesgo por tamaño de hogar y heterogeneidad de las rentas dentro de cada grupo, al considerar la aportación de todos los miembros por igual. Por esa razón Eurostat considera por defecto otra forma de medirlo: la renta media por unidad de consumo, que asigna a cada miembro del hogar una ponderación establecida por la OCDE. Si recurrimos a este otro indicador, mucho más adecuado, las tendencias se mantienen, pero la fotografía cambia:
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE)
Ahora en ningún momento los mayores de 65 años son el grupo con más renta media. Sigue existiendo un crecimiento de las rentas de este grupo durante los años de crisis, mientras la del resto de los grupos descendía, pero el cambio es mucho más modesto que en la medición anterior. La recuperación tras 2015 se presenta similar y solamente en los últimos años el ritmo de crecimiento de la renta media de los mayores de 65 años es superior. Con todo, en esta nueva fotografía los boomers no parecen ni tan extraordinarios ni tan culpables.
De hecho, lo que observamos no es ninguna anomalía. Las rentas laborales de los trabajadores siempre se mueven al compás del ciclo económico: caen cuando el PIB se contrae y suben cuando la economía se recupera. Son, por naturaleza, endógenas a la actividad. Por el contrario, las transferencias públicas, como las pensiones, no siguen ese vaivén: dependen de decisiones políticas y, por tanto, se comportan de forma más estable. Esa diferencia permitió sostener la demanda agregada durante las recesiones, pero también modificó la distancia entre las rentas medias de unas generaciones y otras.
De este modo cabe argüir que el problema no está en el nivel de las pensiones —que han evolucionado de manera bastante regular y predecible—, sino en el golpe asimétrico que las crisis económicas propinaron a los jóvenes. La precariedad y la inestabilidad laboral hicieron que fueran los primeros expulsados del mercado de trabajo y los últimos en recuperar sus condiciones previas. Los trabajadores de más edad también sufrieron, pero menos, y esa desigualdad en la exposición a la crisis amplió las brechas de renta entre generaciones.
A la diferencia entre la renta de los jóvenes y la de otros grupos la llamamos “brecha intergeneracional”, y puede medirse mediante una ratio: cuando esta aumenta, también lo hace la distancia entre generaciones. Para hacerlo he utilizado distintas fuentes estadísticas, con metodologías algo diferentes, pero todas expresando la misma tendencia:
Fuente: elaboración propia con datos de INE, Eurostat y The Luxembourg Income Study. Cada una usa distintas metodologías de cálculo
La línea amarilla expresa la ratio entre la renta del grupo de personas de más de 65 años (al que he llamado ‘jubilados’) y la renta del grupo de los jóvenes, y como hemos visto ya antes, tanto en INE (renta media por unidad de consumo) como Eurostat (renta mediana) es positiva desde 2012. Ese es el momento en el que el grupo de jubilados supera en renta media a los jóvenes. Por otro lado, en INE (renta media per cápita) y LIS (renta media por unidad de consumo) las rentas medias del grupo de jubilados siempre han estado por encima de las de los jóvenes, pero desde 2010 lo han estado mucho más.
La novedad de este gráfico es la incorporación de una nueva ratio (línea azul), que compara las rentas del grupo de 50 a 64 años o trabajadores en su etapa laboral final —a los que denomino ‘seniors’— con las de los jóvenes. Los resultados son reveladores. Salvo en los datos del INE (renta per cápita), en todas las demás fuentes esta ratio es superior a la anterior. Dicho de otro modo: la verdadera brecha generacional no se da entre jóvenes y pensionistas, sino entre jóvenes y quienes están en la fase final de su carrera laboral. Si tienes 30 años, tu diferencial con un trabajador de 60 es mayor que con un jubilado de 70.
Los datos de The Luxemburg Income Study (cuadro inferior derecho) refuerzan esta idea. Su metodología está armonizada para permitir comparaciones a nivel internacional, y de ahí las ligeras diferencias con EU-SILC e INE. Usando los datos de LIS, Gabriele Guaitoli y Roberto Pancrazi analizaron la brecha intergeneracional en medio centenar de países y hallaron un patrón claro: la brecha crece en todas las economías ricas, y lo hace especialmente entre los jóvenes que se incorporan al mercado laboral y los trabajadores seniors. En otras palabras, la desigualdad creciente en las rentas medias no nace del sistema de pensiones, sino del propio funcionamiento del mercado laboral. Si es un fenómeno que se repite en todas las economías avanzadas, la acusación al sistema de pensiones español pierde fundamento.
En este sentido, gran parte del diagnóstico sobre la brecha generacional en rentas sigue siendo válido, pero el foco debe desplazarse: no se trata de un problema nacional ni de las pensiones, sino de un fenómeno internacional ligado a las dinámicas del mercado laboral. Por eso, muchos de los discursos anti-pensiones que escuchamos a diario parten de un diagnóstico equivocado. El problema no está en lo que se ha mantenido estable —la revalorización de las pensiones medias para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo—, sino en lo que ha dejado de funcionar: un mercado laboral capaz de garantizar condiciones de vida dignas y equitativas para todos los trabajadores.
Si queremos evaluar las causas profundas de la desigualdad, es mucho más apropiado mirar la posición de clase. El análisis de clase perdió fuerza en los años noventa, pero está recuperando protagonismo en las últimas décadas. Un reciente estudio para la Comisión Europea realizado por un equipo estupendo de investigadores españoles ha puesto de relieve la importancia de mirar a la clase como factor diferencial. Para destacar su importancia en este debate, he construido una clasificación de clases sociales utilizado los datos de la última Encuesta de Condiciones de Vida y he comparado la desigualdad de clase con la de edad. Este es el resultado:
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE). Ponderación para el conjunto de la población de más de 16 años y clasificación de clases sociales inspirada en Oesch
Como puede ver a simple vista, la desigualdad es mucho mayor cuando miramos por clase social que cuando lo hacemos por edad. Y, en realidad, es puro sentido común: un joven directivo o profesional cualificado gana bastante más que un trabajador manual no cualificado de sesenta años o ya jubilado (a estos últimos, jubilados o desempleados, les he asignado la clase correspondiente a su último empleo). Lo sorprendente es, por tanto, el peso mediático que recibe el conflicto entre generaciones —que existe, sí, pero refleja promedios de grupos muy heterogéneos— y el silencio mucho más doloroso sobre las diferencias entre clases sociales.
Ahora bien, como subrayan con acierto los informes de EsadeEcPol y, con particular brillantez, el de Fedea, hay otra brecha igual o más preocupante y aún más estructural: la de la riqueza.
Desigualdad de riqueza
En condiciones normales, la riqueza se hereda o es el producto de la acumulación de rentas, por lo que una gran desigualdad de estas últimas apunta a una creciente desigualdad de riqueza –en ausencia de políticas redistributivas eficaces. En España, además, se da la circunstancia de que el patrimonio principal de la mayoría de los hogares es la vivienda, cuyo acceso no sólo depende de las rentas y la riqueza sino también de la ‘suerte’: aquellas familias que pudieron acceder a una vivienda cuando el mercado inmobiliario era asequible disfrutan hoy de una riqueza que se presenta inalcanzable para las generaciones actuales.
Como explican Conde-Ruíz y García-Rodríguez, entre 2002 y 2008 todas las familias con propiedades inmobiliarias vieron cómo su riqueza se multiplicaba como efecto del boom inmobiliario. Por ejemplo, las personas entre 55 y 64 años llegaron a ver aumentada su riqueza un 67,4%. Ese es el componente de ‘suerte’, que favoreció particularmente a las personas que adquirieron viviendas en los noventa. Aunque la crisis de 2008-2014 desvalorizó esas viviendas –y, por lo tanto, su riqueza–, la recuperación económica posterior está siendo una carrera desigual entre grupos de edad: algunos comenzaron teniendo ya vivienda, adquirida cuando era asequible y en general ya sin deudas hipotecarias, y otros grupos –como los jóvenes– o bien no pueden adquirirlas o bien lo hacen a costa de un endeudamiento enorme. Actualmente tienen una propiedad inmobiliaria el 60% de los mayores de 65 años, frente a poco más del 20% de los menores de 35 años.
Este fenómeno explica que «los mayores de 75 años han incrementado de forma sostenida su participación en la riqueza total, pasando de aproximadamente un 8,3% en 2002 a un 18,3% en 2022», como recuerda el citado informe de Fedea. Al mismo tiempo, «los menores de 35 años han reducido de forma continua su peso en la riqueza neta total, pasando de 8,2% en 2002 a apenas 2,1% en 2022, lo que indica crecientes dificultades para acceder a la propiedad o construir patrimonio desde edades tempranas». Además, con mayor patrimonio y rentas es más fácil acumular nuevos activos (otras propiedades, productos financieros, etc.), lo que ayuda a explicar por qué los mayores de 65 años tienen de promedio más de 2 propiedades frente a menos de un 0,5 para el caso de los menores de 35 años.
Todas estas desigualdades entre generaciones son grandes y evidentes. Pero, como ocurría con el caso de la renta, ocultan otros fenómenos aún más importantes. Al fin y al cabo, las variables de edad no pueden explicar lo que el informe de Fedea pone negro sobre blanco: «el 1% más rico ha concentrado de forma sostenida una fracción significativa del patrimonio total –en torno al 21,1% en 2022– seguido de los percentiles 91-99, cuya participación también ha aumentado en los últimos años hasta el 32,6%». Esto es lo mismo que decir que el 10% de los hogares más ricos concentran más del 50% de la riqueza en España. La contracara es que la mitad más pobre de la población española solo tiene un 7,1% de la riqueza patrimonial total en España.
¿Qué está pasando aquí? Sencillamente que la desigualdad de riqueza está aumentando por mecanismos endógenos que, de nuevo, nada tienen que ver con las pensiones ni con las transferencias públicas. Al margen de la dinámica del mercado laboral (donde ya vimos que las clases altas reciben significativamente mejores rentas), los hogares más ricos –y las personas que viven en ellos– tienen muchas más oportunidades para enriquecerse aún más. Lo hacen a través de la adquisición de otras propiedades inmobiliarias (para obtener rentas por alquileres, especulación, etc.) y de productos financieros que ofrecen rendimientos fáciles.
Hace unas semanas, el nuevo dirigente británico del partido verde, Zack Polanski, atrajo gran atención mediática al denunciar en un vídeo –magnífico, por cierto– que había gente que se enriquecía mientras dormía, en oposición a quienes viven de las rentas laborales y apenas lograban conciliar el sueño. Lo que Polanski estaba señalando es lo que hace diez años Thomas Piketty denominó capitalismo patrimonial –y que en otros lugares se ha llamado “capitalismo rentista”–. Es decir, un sistema institucional en el que la desigualdad de renta y de riqueza se refuerzan mutuamente cuando el Estado no interviene para corregirlas. En la actualidad esta dinámica está alimentada por una economía profundamente financiarizada y en la que vivienda funciona como un activo especulativo más.
En España los datos más fidedignos a los que podemos recurrir para medir este fenómeno son también los de la Encuesta de Condiciones de Vida. Según su última publicación, un 16% de los hogares (unos tres millones) reciben ingresos por el alquiler de propiedades y un 32% (unos seis millones) reciben rentas del capital en forma de intereses, dividendos, etc. Estos componentes de la renta son los que he definido como “cuota rentista”, ya que se trata de ingresos que “caen del cielo” solo por el sencillo hecho de tener propiedades. Pero, claro, ahí se incluye al que alquila una vivienda en un pueblo rural para obtener unos pocos ingresos complementarios, y el multipropietario que se permite vivir a cuerpo de rey gracias únicamente a esa actividad. Así que la pregunta es: ¿cómo se distribuye en la sociedad esta cuota rentista?
Por no alargarme más, iré al grano: es captada en su mayoría por los más ricos. Prácticamente la mitad de los ingresos por alquiler del año 2024 fueron captados por el 20% de los hogares más ricos de España, quienes también se hicieron con el 65% de los ingresos derivados de intereses, dividendos y otros productos financieros. Por el contrario, el 60% más pobre de los hogares España no captura ni el 30% de los ingresos de alquiler y ni el 20% de las rentas del capital. Estos datos son coherentes con los de la Encuesta Financiera de las Familias analizados en el informe de Fedea, que demuestran una muchísimo mayor presencia de activos financieros entre las familias más ricas.
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE). Ponderación para el conjunto de hogares
Por otro lado, cuando pasamos a observar la distribución de los ingresos rentistas por edad o clase social tenemos que hacer el análisis a nivel individual y no de hogares. En este caso no tiene sentido medir la concentración, porque cada grupo está formado por un número distinto de personas (por ejemplo, hay muchos más jubilados y trabajadores no manuales). Sin embargo, podemos medir la prevalencia, es decir, el porcentaje de personas dentro de cada grupo que dispone de ingresos rentistas (por alquiler o por rentas del capital). El gráfico resultante es coherente con el análisis hasta ahora:
Fuente: elaboración propia con datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (INE)
Como se puede observar, son las clases altas (profesionales y directivos) los que disponen en mayor medida de ingresos rentistas, mucho más que los trabajadores no cualificados o trabajadores manuales. Y desde luego, la desigualdad entre clases es mucho más pronunciada que entre grupos de edad, donde también esperábamos encontrar una mayor proporción de ingresos rentistas entre los grupos mayores (porque debido al ciclo vital son capaces de acumular más activos desde los que extraer ingresos rentistas).
CARTA ABIERTA a los eurodiputados, suscrita por Attac.
Estimado miembro del Parlamento Europeo:
La semana que viene se les pedirá que voten sobre una cuestión crucial, el presupuesto para 2026, y se avecinan o ya están en marcha otras votaciones y negociaciones importantes, como el próximo presupuesto a largo plazo de la UE (MFF 2028-2034) y una serie de «paquetes ómnibus», es decir, procesos de desregulación. Todas estas propuestas contienen aumentos masivos del gasto militar y regalos a la industria armamentística. Les pedimos encarecidamente que se opongan a estas peligrosas medidas y que redirijan los recursos hacia políticas de paz auténticas.
Somos Stop ReArm Europe, una coalición de más de 800 organizaciones y movimientos de la sociedad civil de toda Europa, que representamos a una gran variedad de sectores y/o procedencias políticas, y tenemos algo en común:
Queremos una seguridad genuina, es decir, una seguridad centrada en las necesidades humanas, como la seguridad medioambiental y climática, la seguridad alimentaria y económica, la seguridad social y sanitaria, y la seguridad comunitaria y política, tanto para los europeos como para todos los ciudadanos del mundo.
Queremos una paz transformadora y justa que incluya las condiciones necesarias para que las sociedades prosperen, como abordar las causas profundas de los conflictos, la buena gobernanza, la libertad y el fomento del potencial creativo humano.
En resumen, una seguridad común tanto para los Estados como para los pueblos.
Como actores de la sociedad civil, estamos más decididos que nunca a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que esto se haga realidad, pero no podemos hacerlo solos.
Necesitamos su ayuda como responsables políticos; necesitamos su ayuda para que los valores universales de los derechos humanos y el Derecho internacional sean los principios rectores de las políticas de la UE, y para poner fin a décadas de prácticas hipócritas que se han vuelto tan evidentes en los últimos años.
La propia historia de la integración europea la hace especialmente vulnerable a la influencia indebida de los intereses empresariales, como demuestran numerosos informes, y las políticas de rearme no son una excepción a esta regla, sino todo lo contrario.
El discreto pero poderoso cabildeo de la industria armamentística desempeñó un papel decisivo en la adopción de las primeras subvenciones de la UE hace diez años, y su influencia en las políticas europeas, tanto militares como civiles, no ha dejado de crecer desde entonces. Los presupuestos destinados al cabildeo de las diez mayores empresas armamentísticas aumentaron un 40 % entre 2022 y 2023. Solo en 2025 (hasta octubre), la Comisión se reunió 89 veces con los grupos de presión del sector armamentístico para debatir sobre el rearme y la geopolítica, y solo 15 veces con sindicatos, ONG o científicos sobre los mismos temas. Por su parte, los eurodiputados se reunieron con el lobby armamentístico 197 veces entre junio de 2024 y junio de 2025, frente a las 78 veces de los cinco años anteriores. Como resultado, el llamado plan de «preparación para la defensa» para la supuesta autonomía europea se reduce en última instancia a subvencionar a las grandes empresas militares, a menudo internacionales, impulsar la producción y aumentar las ventas de armas, incluidas las exportaciones fuera de Europa.
El paquete «defensa ómnibus» sigue la misma lógica, ya que desregula aún más las normas sociales y medioambientales, así como las normas éticas y de exportación de armas, desvía recursos de programas civiles como la política de cohesión y pervierte los principios de la financiación sostenible, todo ello en interés del sector armamentístico. ¿Cuándo será suficiente para la industria armamentística?
Además de endeudar a Europa, y por tanto a sus ciudadanos, en beneficio de la industria armamentística y de un modelo económico extractivo e injusto, los planes de rearme desvían recursos financieros, humanos y políticos dela seguridad humana, así como de la prevención y la resolución pacífica de conflictos y de los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad, desde el cambio climático hasta la pérdida de biodiversidad o la crisis sanitaria, por nombrar solo algunos.
Y la propuesta para el próximo marco financiero da un paso más en esa dirección, ya que prevé quintuplicar el presupuesto asignado directamente a las políticas de defensa y espaciales, además de que los programas civiles están en gran medida abiertos a la industria armamentística. Dado que el presupuesto global de la UE se mantiene prácticamente estable, esto supone necesariamente un desvío de los recursos financieros anteriormente asignados a las políticas civiles, aunque la profunda reestructuración del MFP hace muy difícil identificar transferencias específicas.
En general, el plan ReArm Europe de marzo de 2025, junto con todas las políticas anteriores y posteriores relacionadas con él, está condenado al fracaso porque, en esencia, reforzará la inseguridad europea y mundial, alimentará la carrera armamentística mundial —que a su vez alimenta los conflictos armados— y agravará el cambio climático y el daño medioambiental, dada la huella de carbono y medioambiental del ejército.
¿Es este el futuro que ustedes y nosotros queremos para la próxima generación? Nosotros no, y estamos convencidos de que ustedes tampoco.
Por lo tanto, les instamos a que destinen el dinero de la guerra a la paz, con el fin de crear las condiciones ambientales, económicas, sociales, políticas y diplomáticas necesarias parauna paz positiva, la seguridad humana y la seguridad común.
Hay una serie de medidas y decisiones concretas que pueden tomar en las próximas semanas y meses para empezar a preparar un futuro mejor. En particular, les instamos a que:
Rechazar el presupuesto para 2026 en la votación plenaria de la próxima semana y solicitar:
Reanudar las negociaciones para reducir las subvenciones a la industria armamentística y aumentar las asignaciones a la diplomacia y a la prevención y resolución pacífica de conflictos con carácter urgente.
El fin de todas las cláusulas de exención que impiden la supervisión parlamentaria normal de todos los programas relacionados con el ámbito militar.
Defender las normas sociales y medioambientales, así como los estándares éticos, oponiéndose a las diferentes propuestas del «paquete global de defensa», en particular:
Rechazar la propuesta actual del próximo Marco Financiero Plurianual (MFP 2028-2034) en lo que respecta a los siguientes aspectos:
rechazar el Fondo de Competitividad que asigna 130 000 millones de euros a armas y al espacio militarizado
rechazar el desvío de programas civiles, en particular de investigación civil como Horizonte, así como de programas digitales, de movilidad, de cohesión y otros, con fines militares.
Reasignar estos fondos al fortalecimiento de la diplomacia y la ayuda exterior, con un claro enfoque en la lucha contra el cambio climático, la pobreza y la desigualdad, así como en la protección de los derechos humanos y el medio ambiente, y un apoyo decidido y coherente a la resolución pacífica de los conflictos con la participación de las mujeres, los jóvenes y las comunidades marginadas.
Si desea interactuar y debatir con nosotros sobre los temas planteados en esta carta, póngase en contacto con nosotros en contact@stoprearm.org . Estaremos encantados de organizar reuniones en línea en las que pueda intercambiar opiniones con muchos de nosotros sobre su visión, sus esperanzas y sus planes para la paz.
Le agradecemos su atención y esperamos tener noticias suyas.
En nombre de la campaña Stop ReArm Europe El equipo de coordinación de StopReArm Europe
Artículo original publicado en jacobinlat por Luciana Ghiotto. Attac Argentina
El segundo gobierno de Donald Trump parece haber modificado el tablero del comercio global. La administración trumpista puso el foco en el libre comercio porque lo entiende como una práctica que ha dañado la hegemonía de Estados Unidos al generar desbalances comerciales con sus socios (especialmente China). Desde esa perspectiva, los altos aranceles podrían ayudar a recuperar parte del poderío industrial y económico perdido con la globalización. «La palabra más bonita del diccionario es arancel», decía Trump en 2024, y desde su asunción en enero hemos entendido que no estaba exagerando.
En este artículo nos proponemos examinar las políticas arancelarias de Trump desde una perspectiva crítica, trascendiendo las interpretaciones predominantes que las presentan como una ruptura radical con el orden económico global previo. Nuestra investigación se estructura en torno a tres objetivos fundamentales. Primero, desarrollar un análisis riguroso sobre la naturaleza, alcance e historicidad de las transformaciones generadas por las políticas arancelarias trumpistas, situándolas en la trayectoria más amplia de las relaciones entre Estado y capital en el capitalismo contemporáneo.
Segundo, problematizar críticamente la concepción dominante del «libre comercio», interrogando si las políticas proteccionistas actuales representan una verdadera ruptura con el paradigma librecambista o si constituyen, más bien, una reconfiguración de los mecanismos de acumulación dentro de la misma lógica sistémica. Tercero, examinar las implicaciones de estas transformaciones para los movimientos sociales que han articulado sus estrategias en torno a la crítica del libre comercio durante las últimas tres décadas, evaluando los desafíos que este nuevo escenario plantea para sus marcos interpretativos y prácticas políticas.
Sostenemos que una lectura crítica del momento actual resulta fundamental para repensar las estrategias de los movimientos sociales, particularmente en lo que respecta a su relación con los Estados nacionales y a las formas de construir solidaridades transnacionales efectivas. Las transformaciones en curso exigen reconsiderar tanto los sujetos políticos protagonistas de las resistencias como las escalas en que estas deben articularse para confrontar un sistema cuyas contradicciones se manifiestan simultáneamente en múltiples niveles.
Rupturas y continuidades en el modelo económico estadounidense
Las políticas proteccionistas de Trump no son una anomalía histórica sino un retorno a estrategias fundamentales en la construcción de Estados Unidos como potencia industrial. Contrariamente a la narrativa liberal dominante, este país desarrolló su economía bajo un intenso proteccionismo durante el siglo XIX, con aranceles que superaban el 40% hasta la Segunda Guerra Mundial. Lejos de representar una «desviación» del libre comercio, esta medida era una herramienta para gestionar asimetrías de poder económico, permitiendo a las potencias emergentes acumular capacidad industrial antes de competir globalmente. La Gran Depresión de 1930 intensificó el proteccionismo con la ley Smoot-Hawley, que elevó aranceles a niveles históricos. Esta crisis representó más que una recesión económica: fue una crisis orgánica del capitalismo donde el proteccionismo funcionó como mecanismo de emergencia para contener el cataclismo dentro de las fronteras nacionales y facilitar la reestructuración de las relaciones capital-trabajo.
El New Deal de Roosevelt supuso la masiva intervención estatal, con inversiones en infraestructura, subsidios industriales y regulación financiera, mientras la Segunda Guerra Mundial justificó una planificación económica centralizada que consolidó el complejo militar-industrial estadounidense. Tras la guerra, el capital de base estadounidense se internacionalizó, lentamente, pero sin pausa. La reconstrucción de Europa y su proceso de integración regional con la nueva Comunidad Europea promovió el aumento de la inversión extranjera directa a ese territorio. En ese mismo periodo se crearon en México las primeras maquiladoras con capital estadounidense, cuando en 1965 el gobierno mexicano implementó el Programa de Industrialización Fronteriza. Para 1970 ya existían 132 maquiladoras en la zona de frontera con Estados Unidos.
Paralelamente, durante estos años aumentaron las protestas sindicales en los países industrializados (con eventos como Mayo Francés y el Otoño Caliente italiano), expresando la insubordinación obrera a los dictados del capital y contribuyendo a la caída de la tasa de ganancia a principios de los años setenta. A este proceso deben añadirse también los procesos de lucha en América Latina, como el Cordobazo argentino, las huelgas del ABC paulista o la masacre estudiantil de Tlatelolco, todo en el contexto de la revolución cubana como horizonte de posibilidad de cambio sistémico.
La liberalización comercial se intensificó con la Ronda Kennedy del GATT (1964-1967), que incluyó no solo aranceles sino también barreras no arancelarias, expandiendo el ámbito regulatorio para satisfacer las necesidades de un capital que se volvía lentamente transnacional. Esta trayectoria culminó con la Ronda Uruguay (1986-1994) y la creación de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que extendió radicalmente el alcance regulatorio a áreas como la propiedad intelectual, las inversiones extranjeras, los servicios y las compras gubernamentales.
En este proceso, Estados Unidos actuó como arquitecto principal, impulsando la liberalización en sectores en los que sus corporaciones tenían ventajas (servicios, propiedad intelectual, finanzas) mientras preservaba protecciones en áreas sensibles (agricultura, textiles, acero). Esta estrategia dual —«haz lo que digo, no lo que hago»— permitió al país norteamericano posicionarse como un defensor del libre comercio mientras mantenía elementos proteccionistas en su política doméstica, tales como subsidios encubiertos, compras gubernamentales discriminatorias y medidas antidumping.
Navegando esta dualidad, Estados Unidos se posicionó como el principal defensor y promotor del discurso y la práctica del libre comercio a escala global. Los distintos gobiernos emplearon su influencia diplomática, económica y militar para impulsar la liberalización en aquellos sectores donde sus corporaciones mantenían ventajas competitivas. La transformación del GATT en OMC y la expansión cualitativa del ámbito regulatorio que esto implicó respondió fundamentalmente a esta agenda impulsada por Estados Unidos y sus corporaciones transnacionales, que buscaban instrumentos jurídicos más fuertes para garantizar condiciones favorables para la penetración en los nuevos mercados.
La globalización como reestructuración cualitativa
Siguiendo esta línea, los años noventa no representaron el «nacimiento» de la globalización, sino una nueva disposición de las relaciones entre los Estados nacionales y el mercado mundial, caracterizada por la expansión geográfica de las relaciones capitalistas, el aumento de la inversión extranjera directa y la incorporación de nuevos territorios a los circuitos globales de acumulación. Este periodo no significó una ruptura absoluta con el pasado, sino que expresó una reconfiguración de las relaciones sociales capitalistas en respuesta a las contradicciones de los Estados de bienestar keynesianos.
El desplome soviético y la apertura china ofrecieron al capital acceso a vastos territorios con mano de obra barata, nuevos mercados y recursos estratégicos. Estos espacios ofrecían múltiples ventajas: enormes reservas de fuerza de trabajo disciplinada y de bajo costo, mercados potenciales para la venta de productos y servicios, oportunidades para inversiones de capital fijo en infraestructura, y acceso a recursos naturales estratégicos. Los capitales estadounidenses respondieron a estas transformaciones implementando una serie de estrategias de instalación en los nuevos territorios incorporados al mercado global. En China, adoptaron principalmente la forma de inversión productiva directa en sectores manufactureros intensivos en trabajo, instalando plantas en las Zonas Económicas Especiales.
Esta expansión geográfica de las empresas estadounidenses (y europeas) implicó la transformación cualitativa en la organización del capitalismo global. Facilitó la conformación de un entramado productivo transnacional que profundizaba el proceso de relocalización industrial iniciado en los años sesenta. Las cadenas globales de valor emergieron como la forma organizativa dominante, permitiendo a las corporaciones transnacionales fragmentar los procesos productivos y distribuirlos a través de múltiples territorios para maximizar las ventajas comparativas de cada territorio.
Este proceso económico tuvo su reflejo en un entramado jurídico específico, una nueva «arquitectura jurídica de la impunidad» para las corporaciones, al decir de Juan Hernández Zubizarreta. Esta arquitectura, compuesta por un conjunto de instituciones y tratados internacionales, generó una asimetría normativa articulada en torno a una idea básica: proteger a toda costa los negocios de las multinacionales mediante un ordenamiento jurídico internacional fundamentado en las reglas del comercio y la inversión.
Se conformó, entonces, una lex mercatoria compuesta por miles de normas: contratos de explotación y comercialización, tratados comerciales bilaterales y regionales, acuerdos de protección de las inversiones, políticas de ajuste y préstamos condicionados, laudos arbitrales, etc. Un derecho duro (hard law) (coercitivo y sancionador) que protege con fuerza los intereses empresariales. Y a este entramado se sumó también la creación, en 1995, de la Organización Mundial del Comercio (OMC), institución que reúne los objetivos del libre mercado y los vuelve regla para todos los Estados.
En definitiva, la globalización no está determinada solamente por la integración económica (aunque se trata de un elemento central) ni por las innovaciones tecnológicas (esenciales para la internacionalización) ni por el nuevo entramado jurídico (clave para otorgar seguridad a la propiedad privada). Todo esto define a la globalización, marcando una fase específica de la lucha entre capital y trabajo donde el capital buscó recomponer su dominación frente a las luchas obreras de los años sesenta que habían encarecido el precio del trabajo y reducido la ganancia.
Asimismo, todas las economías que se habían mantenido semicerradas en la posguerra, durante los Estados de bienestar, fueron conectadas en el mercado global. Ya no habría más lugar para economías nacionales autonomizadas, sino que se imponía ahora la regla del mercado. La globalización, entonces, representa una estrategia ofensiva del capital para escapar de las restricciones nacionales y disciplinar a la clase trabajadora mediante la amenaza constante de relocalización y precarización. La movilidad global del capital y la desregulación financiera que caracterizan esta etapa no son más que expresiones de la crisis de la forma tradicional de dominación capitalista y su intento desesperado por restaurar la rentabilidad.
¿Trump contra el libre comercio?
La política económica de la administración Trump marcó un quiebre significativo con el consenso bipartidista «globalizador» y en favor del libre comercio que dominó la política estadounidense durante cuatro décadas. Este «neoproteccionismo» representa una forma explícita de intervención estatal que defiende selectivamente a empresas con base en Estados Unidos ofreciéndoles protección contra los competidores extranjeros. Esto revela la verdadera naturaleza del proyecto económico trumpista: no un rechazo al neoliberalismo ni al libre comercio en sí mismos, sino una reconfiguración de las relaciones entre el Estado, las corporaciones y el mercado mundial, desarrollando un nacionalismo económico con fuerte impacto en la base electoral.
Los partidos Demócrata y Republicano habían convergido en su apoyo a políticas de libre comercio, desde el TLCAN bajo Clinton hasta el TPP con Obama. Trump rompió con esta tradición, calificando al TLCAN como «el peor tratado de la historia» y forzando su renegociación entre 2017 y 2018. Hay que reconocer que Trump no estaba tan errado: el TLCAN redujo empleos en sectores industriales clave de Estados Unidos, particularmente en estados del llamado «cinturón del óxido». Se estiman pérdidas de alrededor de 700 000 puestos de trabajo estadounidenses como resultado directo del acuerdo. Este fenómeno evidencia las contradicciones inherentes a la internacionalización del capital, donde la promesa de prosperidad generalizada chocó con la realidad de una redistribución desigual de costos y beneficios.
En su primer gobierno, Trump redobló la apuesta contra las instituciones del libre comercio. En 2017 boicoteó el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC y retiró a Estados Unidos del TPP. A su vez, impuso aranceles a China, México, Canadá y la Unión Europea, e inició una guerra comercial con China desde 2018. El demócrata Joe Biden no modificó los aranceles impuestos por Trump, sino que los mantuvo y profundizó con iniciativas como la Ley de Reducción de la Inflación, la Ley de Chips y Ciencia, y políticas de Buy American, consolidando un nuevo enfoque proteccionista bipartidista.
El proteccionismo de Trump recupera una forma explícita de intervención estatal a favor de empresas con base administrativa en Estados Unidos, cobijándolas de la competencia internacional. Literalmente, los aranceles impuestos actúan como una coraza protectora, un escudo para amplios segmentos del capital estadounidense que habían perdido ventajas competitivas frente a rivales internacionales, especialmente empresas chinas. El objetivo de las políticas de Trump es, reforzar el poder de las corporaciones estadounidenses, no limitarlo.
Asimismo, este proteccionismo es selectivo: mientras defiende sectores industriales tradicionales, desregula el sector financiero y reduce impuestos al gran capital. Implementa altos aranceles para lograr un efecto positivo en sectores manufactureros tradicionales, pero simultáneamente ejecuta una agenda de desregulación financiera que desmantela el andamiaje regulatorio construido tras la crisis de 2008. En 2018, el gobierno de Trump terminó con la Ley Dodd-Frank que había sido aprobada en 2010 para reforzar las exigencias de capital de respaldo a los bancos, obligándolos a llevar a cabo test de resistencia anuales para mostrar su fortaleza y prohibía a las instituciones financieras dedicarse a actividades de alto riesgo con el dinero de sus clientes.
Por otra parte, la Ley de Recortes de Impuestos y Empleos (Tax Cuts and Jobs Act) de 2017 representó la mayor reforma fiscal en tres décadas y constituyó el logro legislativo más significativo del primer mandato de Trump. La pieza central de esta legislación fue la dramática reducción del impuesto federal sobre la renta corporativa del 35% al 21%, un recorte sin precedentes que transformó el panorama tributario empresarial estadounidense. Los legisladores republicanos argumentaron que un entorno fiscal más favorable incentivaría a las empresas a expandir sus operaciones en Estados Unidos y las haría más competitivas en el mercado global.
La drástica reducción del impuesto corporativo reveló una profunda contradicción en el núcleo de la política económica trumpista: mientras se implementaban aranceles y restricciones comerciales bajo el discurso de proteger a los trabajadores estadounidenses, se otorgaban enormes beneficios fiscales a las mismas corporaciones multinacionales que habían relocalizado empleo durante décadas. Esta contradicción aparente revela la verdadera naturaleza del proyecto: no se trata de un retorno al proteccionismo integral del siglo XIX o del período de sustitución de importaciones, sino de una reconfiguración del rol estatal dentro del capitalismo globalizado para defender selectivamente ciertos sectores mientras se mantienen y profundizan las ventajas para el capital financiero y las grandes corporaciones.
Lo que Trump consiguió fue sincerar la relación entre Estado y capital corporativo: abandonó la pretensión neoliberal de separación entre ambos, reconociendo de manera explícita que el poder estatal sigue siendo esencial para garantizar la rentabilidad del capital estadounidense en un contexto de creciente competencia internacional. El proteccionismo trumpista, en este sentido, no es una limitación del capitalismo estadounidense sino un intento de salvarlo de su crisis de rentabilidad y pérdida de ventajas competitivas, utilizando el poder estatal como escudo para preservar posiciones privilegiadas que ya no podían sostenerse mediante la pura competencia en los mercados globales.
La contradicción fundamental del proyecto económico de Trump radica en querer capturar los beneficios de la globalización (ganancias extraordinarias, dominio tecnológico, influencia geopolítica) mientras rechaza sus consecuencias inevitables: la relocalización productiva y los impactos negativos sobre el mercado laboral doméstico. El gobierno pretende reconciliar el nacionalismo económico del siglo XX con la realidad de corporaciones cuyo poder deriva precisamente de su capacidad para operar más allá de las fronteras nacionales. Esta tensión revela que el America First económico no puede materializarse mediante un simple retorno de la producción, sino que requiere una transformación radical de las lógicas de acumulación global que estas mismas corporaciones han construido durante décadas y de las cuales depende actualmente su posición dominante en la economía mundial.
Más allá del dilema: los movimientos anti-TLC en la encrucijada trumpista
Las organizaciones sociales que tradicionalmente se han opuesto a los TLC desde una crítica al neoliberalismo ahora enfrentan un dilema: oponerse frontalmente a las políticas comerciales de Trump podría interpretarse como una defensa implícita del statu quo neoliberal; apoyarlas significaría legitimar un proyecto que, aunque nombradamente contrario al libre comercio, está diseñado para fortalecer el poder del capital estadounidense sin cuestionar las relaciones sociales de explotación y desigualdad que le subyacen.
Pero Trump se ha apropiado de la retórica anti libre comercio desde un foco diferente a las campañas contra los tratados. Es cierto que algunos puntos de su argumento son similares: la crítica a la relocalización productiva, los impactos de los TLC sobre los trabajadores, la oposición a acuerdos como el TPP y las críticas del TLCAN y la OMC. Pero esto lo hace principalmente desde una matriz nacionalista-corporativa que no cuestiona las asimetrías fundamentales del orden económico global ni incorpora demandas de justicia ambiental o laboral internacional. Por el contrario, lo que Trump reivindica es un nacionalismo económico excluyente: su objetivo no es rediscutir el rol de las corporaciones estadounidenses, sino hacerlas nuevamente fuertes. Antes que «Make America Great Again», «Make US Corporations Great Again».
Esta situación revela una crisis más profunda en los marcos interpretativos tradicionales que planteaban «libre comercio vs. proteccionismo». Se evidencia ahora la necesidad de desarrollar un análisis más sofisticado que juegue en dos niveles: por un lado, una crítica del neoliberalismo y del libre comercio, pero, por otro, una crítica radical basada en el entendimiento de cómo funciona el capitalismo en su conjunto, y cómo el tema de comercio se entreteje con los temas financieros, ambientales, digitales, productivos, etc.
Lo que el trumpismo ha puesto en crisis es la mirada centrada en el nacionalismo económico que muchos movimientos sociales han sostenido desde los años noventa, cuando el foco era la crítica al neoliberalismo. La reivindicación de la centralidad del Estado y su capacidad regulatoria se convirtió en el eje articulador de proyectos progresistas que buscaban recuperar espacios de autonomía para las políticas públicas nacionales frente al avance de la globalización neoliberal. Sin embargo, esta estrategia política ha encontrado su límite en la profunda transformación estructural que el capitalismo global ha experimentado.
El problema fundamental es que estas políticas centradas en la recuperación de la soberanía económica nacional chocan inevitablemente contra la realidad de una interconexión económica global que ha reconfigurado las bases materiales de reproducción social. El neoliberalismo no fue simplemente un conjunto de políticas reversibles mediante la voluntad estatal, sino un proceso de reorganización profunda de las relaciones de producción a escala planetaria. Las economías nacionales fueron orgánicamente integradas en cadenas globales de valor, circuitos financieros transnacionales y redes tecnológicas que reducen drásticamente el margen de maniobra para experimentos económicos autonomizados.
En este contexto, los movimientos sociales que se oponen a los tratados de libre comercio enfrentan varios desafíos. La superación del nacionalismo metodológico constituye quizás el más importante y urgente, en tanto implica trascender una visión que ha estructurado tanto el análisis como la praxis política de numerosos movimientos populares durante décadas: la centralidad incuestionada del Estado-nación como articulador del horizonte utópico y como contenedor natural de los procesos sociales.
Esto no es meramente una cuestión ideológica ni un enamoramiento con los debates históricos dentro de las izquierdas sobre el rol del Estado en los procesos emancipatorios. La crisis de este enfoque refleja las transformaciones estructurales en el capitalismo. Frente a esta realidad, la reivindicación de la soberanía económica nacional como horizonte estratégico principal resulta insuficiente. Sin embargo, reconocer los límites del nacionalismo metodológico tampoco implica abrazar un internacionalismo abstracto que ignore las asimetrías de poder entre naciones y regiones, o que desconozca la importancia que los espacios nacional-estatales siguen teniendo como terrenos de disputa política. Se trata, más bien, de desarrollar perspectivas analíticas y estrategias políticas que puedan operar simultáneamente en múltiples escalas.
Desde los años noventa, el foco político puesto en los tratados de libre comercio ha permitido visibilizar los mecanismos concretos mediante los cuales el poder corporativo transnacional se institucionalizaba y expandía. La creación de alianzas transnacionales efectivas que superen las tentaciones del nacionalismo económico sin diluir las especificidades de cada contexto constituye otro reto significativo. Hoy, la solidaridad internacional requiere la identificación de la contradicción fundamental del capitalismo contemporáneo (la cual a menudo queda invisibilizada en los análisis políticos convencionales). Efectivamente, el libre comercio no es simplemente un conjunto de políticas erróneas, sino un mecanismo estructural que produce necesariamente sectores «sacrificables» cuya exclusión y precarización no es un efecto colateral, sino una condición constitutiva del modelo de acumulación global. Esta expulsión no podría corregirse mediante mejores políticas públicas dentro del mismo marco, sino que se ha vuelto una necesidad estructural del sistema.
Las comunidades afectadas por el extractivismo minero y petrolero constituyen los territorios que deben ser despojados para alimentar las cadenas globales de producción y consumo. Su desplazamiento y la destrucción de sus formas de vida no son «daños colaterales» sino requisitos operativos de la acumulación por desposesión que caracteriza al capitalismo contemporáneo. Del mismo modo, los trabajadores informales y autónomos que proliferan en las economías periféricas representan la materialización de un proceso donde el trabajo formal, regulado y con derechos laborales se convierte en una excepción histórica, no en la norma. La economía global requiere esta masa creciente de trabajo precarizado, disponible y desprovisto de protecciones sociales para mantener las tasas de ganancia.
Esta comprensión tiene efectos profundos sobre la construcción de solidaridades políticas. Significa que los movimientos sociales deben centrar su atención precisamente en estos sectores cuya opresión es constitutiva del sistema, no accidental. Las comunidades despojadas por el extractivismo, los trabajadores informalizados, los migrantes precarizados, las comunidades indígenas y campesinas amenazadas por megaproyectos: todos ellos expresan, en sus luchas concretas, las contradicciones fundamentales que el sistema no puede resolver mediante reformas parciales.
La solidaridad política debe construirse, entonces, no a partir de la promesa ilusoria de una inclusión plena en el capitalismo global, sino desde el reconocimiento de que la emancipación de estos sectores requiere necesariamente trascender la lógica misma del sistema que los sacrifica. La tarea, en síntesis, es transitar de una crítica al neoliberalismo hacia una crítica integral al capitalismo, comprendiendo que el libre comercio no es simplemente una «política equivocada» sino una expresión orgánica de las tendencias expansivas inherentes al capital como relación social.
La pregunta que se abre entonces es: ¿puede el movimiento trascender la dicotomía libre comercio/proteccionismo? ¿Es posible desarrollar una praxis internacionalista que reconozca los límites estructurales del nacionalismo económico sin caer en la resignación ante el poder del capital global? Esta crítica más profunda no implica abandonar la lucha contra los tratados de libre comercio, sino recontextualizarla en una comprensión más profunda de las dinámicas del capitalismo contemporáneo y en un proyecto de transformación radical que abarque simultáneamente las múltiples dimensiones de la dominación capitalista.
Una perspectiva integrada abriría posibilidades para una praxis más efectiva. No basta con oponerse a acuerdos específicos; es necesario construir modelos alternativos de relaciones económicas internacionales que cuestionen la propia lógica capitalista. Esto hará posible tender puentes entre distintos niveles de análisis, conectando las críticas a las cláusulas específicas de los TLC con cuestionamientos más profundos al sistema capitalista, al tiempo que permitirá ir más allá de los debates reduccionistas entre «nacionalismo económico» versus «globalismo neoliberal», reconociendo que ambos operan dentro de la misma lógica sistémica.
Victoriano Ángel Suárez Rincón es Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga. Profesor de curso on-line de gestión presupuestaria en la Fundación CEDDET. En la actualidad ejerce como Interventor municipal de Lebrija. Es socio de Attac España.
El análisis de las liquidaciones presupuestarias anuales de las administraciones públicas territoriales muestra la insuficiencia financiera del sistema tributario español. La elevada disminución de los ingresos tributarios a partir de la crisis económica de 2008 y su ralentización en su crecimiento en 2015 y posteriores, ha producido un efecto dominó en las magnitudes presupuestarias. El descenso de ingresos tributarios ha generado secuencialmente déficits presupuestarios, déficits financieros, mayores endeudamientos para cubrir esos desequilibrios, crecimiento elevado de la deuda pública acumulada, elevación de los gastos de la carga financiera y, finalmente, un descenso cuantitativo y cualitativo en los servicios públicos de carácter preferente (sanidad, educación y cultura).
Y podríamos inferir que este efecto dominó no es exclusivo de nuestro país sino de carácter global, dada la elevación de la deuda pública en la generalidad de naciones con modelos económicos neoliberales.
El principio de suficiencia tributaria en los sistemas impositivos.
Los tributos surgen de la necesidad de los estamentos políticos para financiar los gastos públicos de las entidades territoriales o funcionales. Cada sistema económico que se ha desarrollado en las distintas etapas históricas ha configurado su peculiar modelo tributario en cuanto a los fines perseguidos. Y la suficiencia económica tributaria ha tenido un dispar comportamiento en su grado de relevancia en los modelos económicos versus tributarios.
En las etapas históricas de las monarquías absolutas anteriores al liberalismo económico el lograr los precisos ingresos públicos tributarios era el objetivo primario y exclusivo salvo, en su caso, el castigo punitivo a los sujetos pasivos. Y las reformas tributarias se planteaban casi con generalidad para maximizar los ingresos públicos. En el siglo XVI la corriente de pensamiento económico del cameralismo busca fortalecer las riquezas reales, surgiendo así el principio teórico de suficiencia económica tributaria.
Con el surgimiento del liberalismo económico, primer modelo del capitalismo, se impone el pensamiento de los economistas clásicos del principio de neutralidad impositiva según el cual la tributación no debía interferir en la producción y en el consumo, siendo la máxima expresión de este pensamiento la de los economistas liberales libertarios que abogan hacia la supresión de los impuestos. Es con esta directriz que el principio de suficiencia tributaria deja de ser un objetivo prioritario.
En el estado del bienestar, segundo modelo económico del capitalismo, el principio de suficiencia económica no es el único ni incluso el principal de los diversos fines y objetivos que se persiguen con la tributación. Economistas hacendistas del pasado siglo XX como Fritz Neumark y Richard Musgrave desarrollaron las utilidades del binomio de la tributación y del presupuesto para el desarrollo económico y social de las naciones. Neumark con una amplia catalogación de los principios de la imposición y Musgrave con las tres funciones del presupuesto: la estabilidad de indicadores macroeconómicos (inflación y desempleo), la redistribución equitativa de la renta y la asignación eficiente de recursos.
El modelo tributario neoliberal lo podemos simbolizar como el de las cuatro “ies” por las características que lo definen: injusto, insuficiente, ineficaz e ineficiente
Con la aparición del neoliberalismo, tercer modelo del capitalismo, las políticas económicas de la tributación y del presupuesto decrecen en las potencialidades mostradas por los hacendistas de la economía del bienestar. Son escasas y poco relevantes las aportaciones de los teóricos neoliberales sobre los fines de los tributos y del presupuesto, de sus mecanismos y sus efectos macroeconómicos. La suficiencia tributaria deja de ser un objetivo y el presupuesto un instrumento esencial de política macroeconómica. Los estados neoliberales aprueban sus presupuestos con déficit económicos y financieros, generando insuficiencia en los ingresos públicos tributarios que son cubiertos con deuda pública. El modelo tributario neoliberal lo podemos simbolizar como el de las cuatro “ies” por las características que lo definen: injusto, insuficiente, ineficaz e ineficiente.
La evolución de los objetivos tributarios de la reforma impositiva de 1977 en España.
El actual sistema tributario español deriva de la reforma tributaria de 1977 diseñada por el profesor Fuentes Quintana que fue ministro de Hacienda en el primer gobierno democrático. Esta reforma tuvo un efecto muy positivo para el desarrollo económico y social de nuestro país. En el “Informe del Sistema Tributario Español”, redactado en 1972, que fue el diseño del modelo impositivo de la reforma de 1977, se exponen por orden prioritario los siguientes objetivos de la reforma tributaria a emprender:
– La justicia tributaria.
– Favorecer el desarrollo.
– Mejorar la eficacia de la política fiscal estabilizadora.
– Configurar la estructura y dirigir la aplicación del sistema tributario de acuerdo con los principios de la técnica fiscal.
Es llamativo que en este Informe no se señala la suficiencia tributaria entre los fines perseguidos en la reforma diseñada. Exclusión que parece deberse al estar lograda como se acredita por la relevancia de los ingresos tributarios en los presupuestos: “En 1971 el presupuesto de ingresos era el 82,8% de tributos, el 16,0% de ingresos de tasas, patrimoniales y transferencias y el 1,1% de ingresos de capital”. En ese ejercicio de 1971 aún no se había producido la crisis del petróleo del 73 que produjo grandes desequilibrios macroeconómicos.
En 2010, 13 años después de nuestra reforma fiscal, el profesor Fuentes Quintana en su libro “La reforma fiscal y los problemas de la Hacienda Pública española” señala los efectos producidos por la misma: la explosión del gasto público, el rápido crecimiento de la presión fiscal, la presencia de un déficit público continuado, un aumento sustancial de la deuda pública acumulada y sus cargas financieras, la pérdida de eficacia de las limitaciones presupuestarias como elemento central de la actividad financiara y un proceso de importante descentralización del gasto público, con un creciente protagonismo de las haciendas autonómicas y locales.
El efecto dominó de la insuficiencia tributaria en España
Como efecto dominó la insuficiencia económica y financiera de nuestro sistema tributario ha quedado de manifiesta a partir del año 2008: secuencialmente la caída de los ingresos tributarios ha generado déficits presupuestarios económicos, déficits presupuestarios financieros, incremento desorbitante de la deuda pública y de su carga financiera y disminución cualitativa de los gastos sociales.
Disminución y ralentización en el crecimiento de los ingresos tributarios desde 2007
Evolución de los ingresos tributarios en términos corrientes
El gráfico de “Evolución de los ingresos tributarios”, (derechos liquidados/tributos puestos al cobro), evidencia la caída del total de los ingresos públicos de las administraciones públicas territoriales a partir del año 2007 con un montante de 284.785,3 millones de euros, sólo alcanzándose en el año 2017 el nivel de ese ejercicio, desarrollándose un pausado aumento con un leve descenso en 2020 motivado por la incidencia de la pandemia del COVID-19.
Los ingresos tributarios alcanzan el nivel de 2007 en la administración central en 2022, en las comunidades autónomas en 2011 y en la administración local en 2012. Las administraciones autónomas y locales a partir de esos años experimentan moderados aumentos.
Derechos liquidados de la Administraciones Públicas territoriales (Total sin consolidar). Millones de euros. Elaboración propia,
Evolución de los ingresos tributarios en términos constantes
Considerando en términos de ingresos tributarios constantes, actualizando los ingresos corrientes desde el 2007 según el aumento/disminución del IPC, el hito de ingresos tributarios de ese ejercicio sólo se consigue alcanzar su nivel en 2022
Derechos liquidados de la Administraciones Públicas territoriales (Total sin consolidar). Millones de euros. Elaboración propia,
Cobertura de los ingresos tributarios al presupuesto de gastos
El gráfico que representa la cobertura o el peso en tantos por ciento de los ingresos tributarios sobre los presupuestos de gastos muestra que a partir del ejercicio 2008 nuestro sistema tributario es anualmente más insuficiente financieramente para cubrir el total de gastos públicos. El total de las administraciones públicas territoriales no alcanza el nivel del año 2007, salvo las comunidades autónomas y las entidades locales.
Porcentaje de derechos tributarios sobre obligaciones netas liquidadas de la Administraciones Públicas territoriales (Total sin consolidar)
Fuente Ministerio de Hacienda. Elaboración propia
Los análisis económicos que a continuación vamos a realizar ponen de relieve la falacia informativa que se traslada a la opinión pública de que los presupuestos generales de las administraciones públicas se aprueban de forma saneada
Los déficits económicos presupuestarios.
La disminución de los ingresos tributarios en las administraciones territoriales origina unos desequilibrios económicos de gran importancia por no cubrir los ingresos los gastos públicos. Esos desequilibrios ingresos/gastos a partir del año 2008 y el insuficiente aumento, tras sus nivelaciones en las Comunidades Autónomas y en las Administraciones Locales ha producido en las cuentas públicas unos desequilibrios económicos generándose déficits presupuestarios de gran relevancia.
Los análisis económicos que a continuación vamos a realizar ponen de relieve la falacia informativa que se traslada a la opinión pública de que los presupuestos generales de las administraciones públicas se aprueban de forma saneada. Para crear esta entelequia se hace valer el cumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la dura supervisión de las autoridades económicas de la Comunidad Europea para no incurrir en déficits presupuestarios. Con la ley citada se ha hecho permisible a las administraciones públicas territoriales, salvo en las entidades locales, incurrir en déficit presupuestarios económicos en los que los gastos superan a los ingresos públicos. La no prohibición de déficit económico anual es sustituida por el concepto “déficit estructural” como déficit ajustado al ciclo sin que el mismo termine de cerrarse se positivamente.
La medición del déficit público o presupuestario sobre el producto interior bruto del país es un indicador que carece de rigor técnico para calibrar la capacidad del Estado para cubrir las necesidades públicas y su fortaleza para atender su deuda pública. Pues la menor o mayor riqueza del país no puede representar o ser el correlato de la bondad económica y financiera de las Administraciones Públicas gestoras.
Saldo de operaciones no financieras
El saldo de operaciones no financieras evalúa el grado de cobertura de los ingresos no financieros sobre los gastos no financieros. Un saldo positivo es indicativo de superávits presupuestarios monetarios y un saldo negativo de déficits. Las operaciones no financieras están constituidas por los ingresos/gastos corrientes y las operaciones de capital (enajenación de inversiones y transferencias de capital recibidas/gastos en inversiones reales y transferencias de capital otorgadas)
En el gráfico de “Saldo de Operaciones no Financieras” se constata que hasta el ejercicio 2007 ha existido superávit (salvo 2003 y en una pequeña cuantía) entrando en años posteriores en una senda creciente de déficits presupuestarios en el total de las administraciones públicas territoriales, de las que hay que exceptuar a las administraciones locales que solo han incurridos en déficits presupuestarios de 2008 a 2011.
Derechos y obligaciones netas liquidadas de la Administraciones Públicas territoriales (Total sin consolidar). Fuente Ministerio de Hacienda. Elaboración propia
Ahorro neto de las liquidaciones presupuestarias
De los indicadores económicos legales existentes en España, el que mejor interpreta la capacidad presupuestaria de una administración pública es el “ahorro neto y neto”, establecido en artículo 53 del Real Decreto 2/2004 de Haciendas Locales. Tal es así que un resultado negativo en la liquidación presupuestaria de un año impide la concertación de préstamos a las entidades locales y les obliga a la elaboración de un plan de saneamiento de cuatro años. Tal prevención no está implantada en la Administración Central y en las CC.AA. Por ello, constataremos que las entidades locales tienen una senda de estabilidad presupuestaria al contrario que la administración central y las comunidades autónomas.
El ahorro neto es la diferencia de los ingresos corrientes y los gastos de personal, corrientes y de transferencias (ahorro bruto) minorados a su vez por los gastos de la carga financiera de la deuda (amortización de préstamos e intereses), resultando el ahorro neto.
En el gráfico de “Evolución del ahorro neto” se observa un importante desequilibrio económico a partir del 2008 en la Administración Central y en las Comunidades Autónomas, mostrando sus liquidaciones presupuestarias que carecen de los suficientes recursos económicos para hacer frente a sus gastos corrientes y a la carga financiera de la deuda. Por el contrario, las Entidades Locales reflejan en sus liquidaciones presupuestarias un saneamiento económico permanente.
Derechos y obligaciones netas liquidadas. En millones de euros.
Fuente: Ministerio de Hacienda. Elaboración propia
Los déficits financieros presupuestarios.
Los déficits económicos presupuestarios generan insuficiencias financieras para atender los gastos públicos.
Saldo de operaciones financieras
El saldo de operaciones financieras es un indicador que refleja la solvencia o insolvencia financiera de los presupuestos. Este indicador señala la necesidad o no necesidad de financiación externa para lograr un equilibrio en las cuentas públicas.
Esta magnitud se obtiene por diferencia entre los ingresos y gastos de los activos financieros (devolución de empréstitos otorgados y constitución de deuda pública) y los pasivos financieros (otorgamiento financiero a terceros y amortización de deuda pública).
Si el saldo de operaciones financieras es positivo mostrará que ha existido en términos netos una necesidad de financiación externa y al contrario un saldo negativo indicara un sobrante de financiación presupuestaria. Tal es así que un saldo negativo indicara la suficiencia financiera de los ingresos públicos al mostrar una disminución del endeudamiento financiero público.
El grafico siguiente de “Evolución de los saldos de operaciones financieras” refleja la inflexión que se ha producido en los mismos a partir del año 2008. De existir un exceso de financiación presupuestaria hasta el 2007 se ha generado en la Administración Central y en las Comunidades Autónomas una necesidad de financiación externa para cubrir los déficits económicos presupuestarios. La necesidad de financiación presupuestaria alcanza su máximo en 2009 con 108.502 millones de euros iniciando un proceso de descenso hasta el 2019 con 4.966 millones de euros, aumentado significativamente en 2020 y 2021 por la incidencia de la pandemia del COVID-19.
Derechos y obligaciones netas liquidadas. En millones de euros. Total sin consolidar.
Fuente: Ministerio de Hacienda. Elaboración propia
Evolución del endeudamiento público/pasivos financieros de ingresos
La secuencia de la disminución y ralentización de los ingresos tributarios, los déficits económicos presupuestarios y los déficits financieros presupuestarios han motivado que las administraciones públicas se hayan visto obligadas al acceso a los empréstitos financieros para cubrir el diferencial entre los gastos e ingresos públicos. El gráfico “Evolución de ingresos de pasivos financieros” señala el constante aumento de la concertación de financiación de empréstitos anuales.
De unos niveles inferiores a 51.000 millones de euros hasta 2007, las concertaciones de préstamos para cubrir los déficits de ingresos públicos se acrecientan aceleradamente en los posteriores ejercicios. Llegándose a hitos de 177.541 millones en 2009, 211.612 millones en 2012, 193.243 millones en 2015 y 258.732 millones de euros en 2020. De las tres administraciones territoriales la administración central es la que muestra el más acusado acceso al crédito financiero y la administración local prácticamente no requiere de una mayor financiación por encima de los niveles de 2007.
Derechos netos liquidados. En millones de euros. Total sin consolidar.
Fuente: Ministerio de Hacienda. Elaboración propia
Cobertura del endeudamiento en el presupuesto de gastos
El gráfico de cobertura de los ingresos de pasivos financieros sobre el total del presupuesto de gastos muestra como gradualmente el acceso a la deuda pública es anualmente más elevado en las liquidaciones presupuestarias. Representando el total de las administraciones públicas en 2007 un 11,2% para triplicarse prácticamente en 2023 con un 29,6%.
Porcentaje de derechos y obligaciones netas liquidadas. Total sin consolidar.
Fuente: Ministerio de Hacienda. Elaboración propia
Deuda pública acumulada y elevación de la carga financiera presupuestaria.
El recurrente acceso anual al crédito financiero para cubrir los déficits presupuestarios y financieros ha generado una muy elevada deuda pública acumulada y, en consecuencia, un aumento anual gradual de la carga financiera del endeudamiento para atender los intereses y amortización de la misma.
Evolución de la deuda pública acumulada
El gráfico “Evolución de la deuda pública acumulada” de las administraciones públicas territoriales es indicativo del muy acelerado aumento de la deuda financiera como consecuencia de los reiterados aumentos anuales del acceso a la financiación externa. De un nivel de 392.182 millones de euros en 2007 el volumen de la deuda pública de las administraciones públicas territoriales ha ido elevándose exorbitantemente hasta alcanzar un máximo de 1.461.296 millones de euros en 2023.
Fuente: Boletín Estadistico del Banco de España. Octubre 2023. En millones de euros
Evolución de la carga financiera de la deuda pública
El engrose de la deuda pública acumulada ha producido lógicamente un gradual aumento de la carga financiera de la misma al ser mayores los montantes anuales de las amortizaciones de pasivos e intereses. El gráfico de “Evolución de la carga financiera” señala la elevación de la misma de 72.152 millones de euros en 2007 a 175.688 en 2023.
Obligaciones netas liquidadas. En millones de euros, Total sin consolidar.
Fuente: Ministerio de Hacienda. Elaboración propia
La incidencia que se evidencia en el gráfico “Cobertura de la carga financiera en el presupuesto de gasto” muestra el continuado aumento del peso de la misma en los gastos totales del presupuesto. De un 16,7% que representaba la carga financiera en el total de gastos públicos liquidados en 2007 se ha elevado a un 23,9% en 2023. La mayor proporción de la carga financiera en el total de los gastos públicos implica un menor porcentaje de los demás gastos liquidados.
Porcentaje obligaciones netas liquidadas. Total sin consolidar.
Fuente: Ministerio de Hacienda. Elaboración propia
La incidencia en los Servicios Públicos de Carácter Preferente
El acrecentamiento de la carga financiera derivada de la deuda pública acumulada ha provocado la redistribución de las masas presupuestarias, repercutiendo en una menor proporción de las demás dentro del presupuesto total de gastos.
Este efecto de la redistribución de las masas presupuestarias se plasma en la estructura presupuestaria funcional que muestra en sus diferentes funciones “para que se gasta”. En esta estructura presupuestaria la función más identificadora del estado del bienestar es la 3 de “Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente”. Un análisis de la evolución de estos gastos públicos sociales refleja una disminución cualitativa y cuantitativa a partir del ejercicio 2008.
El gráfico “Servicios Públicos de Carácter Preferentes” muestra que el total de los gastos de los servicios de carácter preferentes experimentan un continuado aumento hasta el año 2009 (123.689,3 millones de euros) iniciandose un continuado descenso que solo se supera en el ejercicio 2020 (138.379,4 millones de euros), igualación que hay que atribuir a las mayores dotaciones en sanidad por la incidencia del COVID-19.
Obligaciones netas liquidadas. En millones de euros, Total sin consolidar.
Fuente: Ministerio de Hacienda. Elaboración propia
El gráfico “Servicos públicos de cerácter preferentes y carga financiera”, en su comparación indica:
– Que los gastos de los servicios públicos de carácter preferente superan a los la carga financieran hasta el año 2009 (123.389,3 y 61.389,8 millones de euros respectivamente en este ejercicio)
– Que a partir del 2009 ese diferencial va disminuyendo hasta el ejercicio 2013 en que se inicia una senda en que los gastos de la carga financiera de la deuda pública es mayor que los gastos de los servicios de carácter preferentes.
– En 2023, los servicios públicos de carácter preferentes se situán en 162.795,1 millones siendo supurados por la carga financiera de la deuda publica que alcanza 175.688,0 millones de euros.
Obligaciones netas liquidadas. En millones de euros, Total sin consolidar.
Fuente: Ministerio de Hacienda. Elaboración propia
En estas semanas, la Unión Europea está allanando el terreno para firmar el acuerdo comercial con los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) y otro acuerdo con México.
Esto se inscribe en la línea de las políticas neoliberales que blindan el control sobre la economía de las multinacionales y los fondos especulativos, en particular los gigantes de la agroindustria, la petroquímica y el sector automotriz.
Pero estos acuerdos tienen importantes impactos en la vida de la gente y en los ecosistemas, por lo que las organizaciones convocantes denunciamos la política comercial de la UE y los tratados de comercio que firma con terceros países, porque agravan la emergencia climática, la pobreza, el hambre, el desempleo y las desigualdades sociales. Así ha pasado con numerosos países de Asia, África y América Latina y también en Europa.
Hoy estamos delante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación porque rechazamos el acuerdo entre la UE y los países del MERCOSUR. Y porque el ministro Planas es uno de los dirigentes políticos que más apoya este acuerdo, representando los intereses de las grandes empresas, que han hundido al campo, y no el interés general. Con su apoyo a un comercio devastador, el Gobierno de España pone en juego el futuro de la naturaleza, las bases para producir alimentos y nuestra salud. Se trata de un enésimo ataque a la soberanía alimentaria de los países, a los derechos laborales, a la viabilidad económica del trabajo en el sector agrícola en muchas regiones y a la salud de las comunidades.
El acuerdo entre la UE y Mercosur impulsaría, por ejemplo, el comercio de pesticidas prohibidos en la UE exportados a América Latina; tóxicos que vuelven como residuos en los alimentos importados. Esto perjudicaría a la salud de las personas que trabajan en la agricultura y de las consumidoras de ambos lados del Atlántico, a los pueblos originarios y a la biodiversidad, al tiempo que contribuye a la extinción masiva de flora y fauna.
En estos días, se celebra la Cumbre de los Pueblos en Belém, Brasil, coincidiendo con la COP30, señalando los causantes de la crisis climática como los acuerdos comerciales que incrementan los gases de efecto invernadero responsables del cambio climático. La evaluación sobre los impactos del acuerdo comercial UE-Mercosur reconoció que provocaría un aumento de la emisión de los gases contaminantes. La agricultura industrial y la deforestación son el motor de este incremento. Por tanto, este acuerdo comercial, es contrario a la legislación europea e internacional sobre el clima.
Si el acuerdo es perjudicial para el planeta ¿quién se beneficia? Los gigantes de la agroindustria -como Bayer-Monsanto, BASF y otros-, el mayor productor de carne del mundo, JBS, o los comerciantes de soja y maíz, Bunge y Cargill. Estas empresas tienen estrechos vínculos con partidos de extrema derecha en sus respectivos países, así como el apoyo financiero de conocidas entidades bancarias que solo ven en el sector de la alimentación como una fuente de seguir aumentando sus beneficios.
¿Quién sale perdiendo? La pequeña y mediana agricultura y ganadería, los pueblos indígenas y personas migrantes, las personas trabajadoras de la industria y los cuidados, la mayoría de pequeñas y medianas empresas, la economía social y solidaria y, en general, las mayorías sociales.
Pero la reivindicación de la justicia en el comercio va más allá del sector agrícola y de la cuestión de la calidad de los alimentos: es un reto social global, tanto en lo que respecta a los aspectos socioeconómicos como a los climáticos.
Desde hace mucho tiempo nos movilizamos en las calles de muchos países por el trabajo digno y justamente remunerado, los derechos humanos, los pueblos originarios y afrodescendientes, la salud pública, el bienestar animal, el acceso a una alimentación de calidad y la protección del medio ambiente.
Sin embargo, una y otra vez, las clases dirigentes blindan los intereses económicos y financieros que persiguen estos acuerdos comerciales.
Las campesinas y los campesinos, sindicalistas, activistas de organizaciones de solidaridad internacional y ecologistas, colectivos antirracistas, anticoloniales y en defensa de los pueblos originarios, científicas, artistas y la ciudadanía organizada, exigimos la regulación de los mercados internacionales y denunciamos las políticas del mal llamado «libre comercio» que deslocaliza las producciones agrarias, cierra el pequeño comercio y la industria de PYMES, privatiza los servicios públicos así como rebaja las normas sociales y medioambientales.
Esta acción se inscribe plenamente en la movilización social contra el genocidio en Palestina, contra los recortes en los servicios públicos, contra el negacionismo climático y en total solidaridad con las comunidades de los países del Sur global, también víctimas de los acuerdos de comercio y el despojo racista de las grandes empresas europeas y españolas.
Reivindicamos el derecho a unos ingresos dignos de las campesinas y los campesinos, la protección de la agricultura familiar y una alimentación sana y libre de agrotóxicos frente a la lógica del mercado y el dominio de las multinacionales.
Defendemos una verdadera democracia alimentaria y el apoyo a un modelo agrícola que proteja el futuro de las generaciones venideras y de nuestro planeta.
Impedir el acuerdo comercial UE-MERCOSUR abre una oportunidad para cuestionar estructuralmente este sistema económico injusto y sacar la agricultura y la alimentación de la lógica de los mercados.
Hacemos un llamamiento a todas las agricultoras y agricultores para que se rebelen contra estas políticas injustas aplicadas al sector agrícola.
Hacemos un llamamiento a todos los sindicatos para que se movilicen en defensa de una remuneración justa del trabajo, la desglobalización y la relocalización de una industria que funcione respetando los límites del planeta y con criterios de justicia social.
Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones preocupadas por las cuestiones de solidaridad internacional, democracia, protección del medio ambiente y salud pública para que digamos claro y alto al Gobierno de España y al parlamento que NO queremos estos acuerdos de comercio que entierran cualquier atisbo de política pública de justicia social y ambiental.
Hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía preocupada por la vivienda, el mundo rural, la educación, la sanidad, el transporte público, la cultura, la calidad de los alimentos y la salud a cuestionar el sistema económico.
Ante los colapsos mundiales, necesitamos más cooperación en lugar de comercio de productos nocivos.
¡Por una economía social y solidaria!
¡No más acuerdos de comercio e inversiones!
¡Los ingresos justos para quienes producen nuestra alimentación, junto con los derechos humanos, los derechos laborales, la igualdad real, el bienestar animal, el clima y la biodiversidad deben primar sobre los intereses económicos!
¡Sí a la soberanía alimentaria, la justicia climática y la solidaridad internacionalista!
Attac, Amigas de la Tierra, CGT, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Justicia Alimentaria, Sindicato Labrego Galego (SLG).
Texto leído en la acción-performance realizada en Madrid, el 18 de noviembre de 2025.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se convierte en el escenario de una performance donde una pirámide de barriles derrama productos tóxicos sobre líderes políticos
Con esta acción, Attac, Amigas de la Tierra, CGT, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Justicia Alimentaria y Sindicato Labrego Galego denuncian que el acuerdo comercial alimentará el colapso climático, el comercio de sustancias tóxicas y la injusticia social
Las organizaciones convocantes coinciden en sus demandas con la Confederación General de Cooperativas Agrarias
El apoyo del Gobierno español al acuerdo comercial contradice sus compromisos frente al cambio climático y los derechos humanos
Madrid (España), 18 de noviembre de 2025 – El Toxic Trade Tour, una protesta itinerante por diversas ciudades europeas contra el acuerdo comercial UE-Mercosur, ha hecho hoy escala en Madrid. Desde finales del pasado mes de octubre y hasta finales de noviembre, una coalición de organizaciones sociales y ambientales europeas coordinadas por la European Trade Justice Coalition, de la que forma parte la Coordinadora Europea de La Vía Campesina, Ecologistas en Acción o Greenpeace, están llevando a cabo esta protesta por diversos países de la UE para denunciar este acuerdo entre la Unión Europea y los países del bloque del Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).
La protesta se ha celebrado en vísperas de que el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE, previsto para el próximo 24 de noviembre, se reúna para tomar una decisión sobre el acuerdo. La firma formal podría tener lugar el 5 de diciembre en la cumbre del Mercosur en Brasil y se espera que la votación del Parlamento Europeo se celebre poco después.
“Este tratado comercial establece una relación tóxica entre la UE y los países del Mercosur, al perpetuar un modelo de relaciones internacionales de corte extractivista y neocolonial, consolidando una forma de globalización que destruye la naturaleza, pone en riesgo la salud y amenaza la pervivencia de culturas y economías locales a ambos lados del Atlántico. Por eso reclamamos al PSOE que no apoye la firma de este acuerdo y sea coherente con sus propias promesas electorales en esta materia”, han afirmado las organizaciones convocantes.
Dentro del Toxic Trade Tour, las organizaciones convocantes en el Estado español —Attac, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Greenpeace, Justicia Alimentaria— (2) han realizado una performance en Madrid frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para señalar el apoyo del Gobierno español a la firma de este tratado. Durante la acción, han colocado una pirámide de barriles tóxicos ante el Ministerio, mientras que activistas con disfraces de responsables políticos (del presidente español Pedro Sánchez, la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen y el ministro de Agricultura español Luis Planas) han sido interpelados por el público sobre los riesgos que entraña este acuerdo comercial para el clima, la salud y la justicia social. Ante las respuestas esquivas o no creíbles de los políticos, estos han recibido una reprimenda en forma de ducha de productos tóxicos (3). Acto seguido, se ha leído un manifiesto (4) recordando la gran cantidad de colectivos de la sociedad civil y de lo sectores agrícolas afectados que se oponen a este acuerdo (5).
La semana pasada, la Confederación General de Cooperativas Agrarias de la Unión Europea (COPA-COPEGA) rechazó la firma de este acuerdo comercial denunciado los perjuicios sobre algunas producciones de los países de la UE (maíz, azúcar, carne de vacuno) y señalando también la incoherencia que supone que la UE permita la exportación de agrotóxicos prohibidos en la UE al tiempo que quiere permitir la entrada de materias primas y productos agrícolas con presencia de esas mismas sustancias tóxicas no autorizadas.
Un acuerdo comercial que traerá más emisiones y más pesticidas peligrosos
Según las organizaciones convocantes, “mientras en la COP30 en Belém se está hablando de la necesidad de una mayor ambición a la hora reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, los que negocian este acuerdo comercial caminan en la dirección contraria, incentivando un mayor flujo de productos y materias primas entre continentes, algunas de las cuales (como la soja o la carne de vacuno) están detrás de procesos de deforestación y gran cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Sin una reducción inmediata y profunda de las emisiones en todos los sectores será imposible limitar el calentamiento global a 1,5 ºC y evitar los peores efectos”.
Entre los graves problemas que lleva aparejado este acuerdo comercial, los movimientos sociales recuerdan que la Evaluación del Impacto sobre la Sostenibilidad (EIS), realizada a finales de 2020 por encargo de la Comisión Europea, calculó que este tratado comercial provocaría un aumento global de metano y óxido nitroso, así como un aumento de las emisiones de CO2 en la UE, Brasil y Argentina y un “aumento moderado general” de las emisiones de GEI en otros países del Mercosur.
Aunque el propio estudio señalaba que las emisiones derivadas de los cambios en el uso del suelo y la deforestación representan el 55 % de las emisiones de CO2 de Brasil y el 70 % de las de Paraguay, la consultora redactora de la evaluación admitió que estas proyecciones excluyen cualquier cálculo de las emisiones derivadas de los cambios en el uso del suelo y la deforestación.
«La evaluación del impacto social y ambiental de este acuerdo comercial ha sido un mero trámite. La política comercial de la UE no se puede construir escondiendo debajo de la alfombra la deforestación, producida por materias primas como la soja, la caña de azúcar o la producción de carne de vacuno, amén de modernas formas de trabajo esclavo, invasión de tierras indígenas y la vulneración de los derechos humanos”, han declarado las organizaciones.
Asimismo, en la declaración leída durante el acto, las entidades convocantes han recordado que una investigación de Greenpeace Alemania (5) encontró residuos de varios pesticidas en limas producidas en Brasil y vendidas dentro del mercado de la UE, a través del análisis en laboratorio de más de 50 muestras de limas compradas en supermercados y mercados mayoristas en Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, España y Suecia.
Los pesticidas, entre ellos el herbicida glifosato y los insecticidas imidacloprid y cipermetrina, son fabricados en la UE y vendidos por empresas europeas en Brasil, uno de los principales países consumidores de plaguicidas del mundo. Más de la mitad de los pesticidas encontrados son considerados altamente peligrosos porque suponen un grave riesgo para la salud humana, los animales o el medio ambiente. El acuerdo UE-Mercosur propuesto eliminaría los aranceles sobre las exportaciones de plaguicidas de la UE a los países del Mercosur y reduciría el control en los alimentos importados, lo que significa que tanto el uso de pesticidas como sus efectos adversos aumentarían exponencialmente.
“Todo lo que rodea el acuerdo UE-Mercosur es tóxico. Primero, los gigantes de la industria química de la UE ya producen y exportan a Brasil sustancias tóxicas, algunas de las cuales ni siquiera están aprobadas para su uso dentro de la UE; y luego, la UE las reimporta en forma de residuos en los alimentos. Este acuerdo impulsará el comercio de pesticidas y potenciará este ciclo tóxico”, han concluído las entidades convocantes.
Fotografía: La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el escrache sufrido en la UCM. EP/Archivo.
Artículo original publicado en elprural.com por Eva Aladro Vico
Desde hace más de treinta años, en que en la Comunidad de Madrid gobierna la derecha del PP, se ha producido una muerte lenta en la Educación y la Sanidad Públicas. La situación en la Enseñanza Universitaria Pública ha empeorado con los gobiernos de Esperanza Aguirre y especialmente de Isabel Díaz Ayuso, cuya estrategia supone unaverdadera eutanasia de los servicios públicos de la Educación Universitaria. Díaz Ayuso emplea desde 2019 una doble tenaza mortífera con la universidad pública, basada en dos eutanasias, activa y pasiva, que los lectores reconocerán en seguida.
Con los sucesivos gobiernos del PP en Comunidad de Madrid, las universidades han perdido ni más ni menos que un 40% de su poder adquisitivo. Desde la crisis mundial de 2007, en que los presupuestos públicos se hundieron en todas las instituciones, la Comunidad de Madrid sólo ha recuperado un 5% de incremento sobre los fondosque se destinan a las 6 universidades de Madrid. En su Gobierno se jactan ruidosamente de esta subida, pero si tenemos en cuenta la inflación en estos casi 20 años desde aquella crisis, que supera el 45%, entonces en realidad lo que se ha hecho es mermar los fondos destinados a la universidad pública. Al mismo tiempo, en los últimos 6 años se han creado y consolidado, a pesar de informes académicos negativos, hasta 16 universidades privadas.
Esta es la eutanasia pasiva que Díaz Ayuso ha aplicado, cada vez con mayor crudeza, a la universidad pública madrileña. En 2024 los rectores de los 6 centros públicos solicitaron un mínimo de 200 millones de euros para poder salir a flote en una universidad debilitada por décadas de infrafinanciación. La respuesta fueron 60 millones de euros, una cuarta parte de lo que los 6 académicos pedían en nombre de sus comunidades investigadoras y docentes. Díaz Ayuso pretendía subir los presupuestos de las universidades en sólo un 0,5,y los rectores consiguieron unos puntos más, aún insuficientes. Este otoño, se aprueba una “subida” de presupuestos de un 6% que, compensada con la inflación, se queda en la misma cantidad del año anterior. Recordemos que la economía en la región de Madrid está creciendo a un ritmo del 3%. No hay motivos para aplicar este régimen draconiano. ¿O sí?
El segundo tipo de eutanasia, la activa, está llevando a las universidades a una privatización encubierta que completa la estrategia del Ángel de la Muerte: la misma Ley LESUC que normaliza la infrafinanciación de las universidades -porque legitima que las instituciones madrileñas no cubran más allá del 70% de los presupuestos universitarios anuales- realiza de un modo sutil un cambio radical: ante la situación, las universidades serán fiscalizadas y controladas por un Consejo Asesor Económico nombrado a dedo desde Gobierno CAM, en sus dos terceras partes, con poder, hasta ahora inédito, de censurar o recortar las decisiones de Rectorado en materia de grados, contrataciones, investigación, reglamento. Y aquí viene la Eutanasia activa, la inyección letal a la autonomía económica, académica y política de las universidades. Porque ese Consejo Económico será ocupado por representantes elegidos a dedo desde el gobierno CAM, de las universidades privadas, de empresas con intereses en el sector, y de representantes de otros poderes cercanos al PP, como medios de comunicación, empresas con intereses incluso cercanos a Israel. Así, si la LESUC sale adelante, personajes mediáticos que dirigen medios y son decanos en una universidad privada, tendrán poder decisivo sobre el consejo de gobierno y el rectorado de una universidad pública. Esta es la eutanasia activa de Díaz Ayuso sobre la universidad. Empobrecida y dirigida por la competencia, la universidad será un cadáver exquisito, leña que aprovechar en el negocio privado.
La doble estrategia del Ángel de la muerte, que primero debilita a sus enfermos y después les aplica la mortífera dosis de veneno, es clásica en los gobiernos neoliberales desde hace décadas: primero se estrangulan los servicios públicos, y luego, con un interés oculto, se fiscalizan y tiran por el precipicio con la excusa de que sólo tratan de ayudarlos. Esta estrategia ya ha incorporado sutilmente las herramientas exterminadoras en las universidades públicas, y ya tenemos a las personas encargadas del derribo final metidas en los Consejos Sociales de las universidades, haciendo campaña a favor de la LESUC y filtrando información y bulos a medios interesados en esta operación de triaje.
Sin embargo, las universidades públicas queremos enviar un mensaje a la presidenta de la Comunidad de Madrid: el enfermo está muy fuerte y puede salirle muy cara la película de terror, como en anteriores ocasiones. Las universidades están unidas, en todo su capital intelectual, de investigación, de educación, para luchar contra una Ley que empobrece y que invade la autonomía universitaria. Vamos a luchar en la calle, en los medios, y en los tribunales, en una estrategia de tres puntas. Porque la LESUC es una Ley inconstitucional: incumple el objetivo de financiación de la Ley Orgánica LOSU que establece un 1% de financiación del PIB para las universidades- Pero incumple también la Autonomía política y de gestión de las universidades, al introducir intereses particulares en sus órganos de gestión, provenientes de claras especulaciones en el sector educativo. El conflicto de intereses es obvio, y la inconstitucionalidad de la LESUC también. Y si no, al tiempo. Tenemos muchos especialistas en Derecho para defender este punto.
or último, para nuestra querida Enfermera, tenemos un mensaje de futuro: haciendo este daño a las universidades públicas, hace daño al 75% de los jóvenes madrileños que estudian en ellas. Y con ellos, hace daño a millones de familias madrileñas. Si piensa que los familiares del enfermo eutanasiado sin motivo no van a reaccionar en las urnas, va lista. Las universidades son el corazón de la sociedad, y ésta late con fuerza por ellas.
Artículo original publicado en jubileosur.org por Jubileo Sur Américas
El lunes 13 de octubre, se realizó de manera virtual la Audiencia sobre Agua, Clima y Energía del Tribunal de los Pueblos y de la Naturaleza contra el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). El Tribunal es una iniciativa de la campaña internacional ¡Alto al FMI-BM! ¡Reparación YA!, lanzada al cumplirse estas instituciones 80 años.
La Audiencia reunió a comunidades, movimientos sociales, organizaciones y especialistas desde Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Haití y Perú, quienes evidenciaron cómo los créditos, condicionamientos y programas de ajuste neoliberal promovidos por estos organismos financieros han generado violaciones de derechos humanos, deterioro ambiental y profundización de las desigualdades sociales. Participaron además los integrantes del Jurado Popular del Tribunal, David Abdulah (Trinidad y Tobago) y Camille Chalmers (Haití), la fiscala Verónica Heredia (Argentina) y por la Secretaría del Tribunal, Beverly Keene (Arg.)
El Tribunal invita a conocer las demandas de justicia presentadas en esta Audiencia, por quienes además destacaron las luchas permanentes por lograr el fin de los daños, la anulación de las deudas generadas y la reparación integral de las comunidades afectadas:
– El papel de la Deuda, el FMI y el Banco Mundial en Ecuador. Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador (2007-2008) y fiscal de la Audiencia Ecuador del Tribunal de los Pueblos y la Naturaleza (octubre 2024). Presentó un resumen del veredicto de aquella Audiencia, vinculándolo con el paro y levantamiento indígena en curso, ante la exigencia del FMI de aumentar el IVA y suprimir el subsidio al gasoil, y la represión que recrudecía en simultáneo. Entre otras demandas solicitó la intervención del Tribunal en defensa de la Constitución de Montecristi (2008), amenazada por los planes del gobierno de Noboa y la complicidad de estas instituciones financieras internacionales.
– Canje de deuda para apoyar la conservación terrestre y de agua dulce en la Amazonía. Aurora Donoso, cofundadora del Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo e integrante de Acción Ecológica. Denunció esta operación que convierte deuda comercial en bonos de la naturaleza como “una falsa solución que no frena la crisis ecológica ni climática y perpetúa el endeudamiento ilegítimo,” convirtiendo la naturaleza en un activo económico transable en los mercados financieros internacionales y violando los derechos territoriales y culturales de los pueblos, así como su soberanía y autodeterminación.
– Megaproyectos eólicos y la Quilombola do Cumbe, Ceará, Brasil. Andrea Camurça, coordinadora de incidencia política del Instituto Terramar y representante de la Cumbre Nordestina de los Pueblos y de la Red Brasileña de Justicia Ambiental. Presentó la demanda de reparación integral de las comunidades tradicionales, quilombolas y de pescadores artesanales, afectadas por la instalación inconsulta de megagranjas eólicas en sus territorios y denunció el proyecto del Banco Mundial para la expansión de usinas eólicas offshore. “La llamada transición energética funciona en la práctica según una lógica de capitalismo verde -resumió- como una transacción energética guiada por el lucro, la lógica del mercado y ahora también por el poder digital, y no por la justicia climática y la lucha que deberíamos emprender contra las emergencias climáticas.”
– Deuda, Extractivismo y Represión en el Macronorte Perú.Ruth Reyes Pérez, integrante de la Marcha Mundial de las Mujeres Macronorte Perú y fiscala de la Audiencia Cajamarca del Tribunal de los Pueblos y la Naturaleza contra el FMI-BM (noviembre 2024). Resumió las denuncias y el veredicto de aquella Audiencia, reflejados en el tumulto político actual, la demanda de una Asamblea Constituyente y la importancia de fortalecer la administración de justicia comunal por parte de las Rondas Campesinas, haciendo una articulación sólida en el norte del país que pudiera rechazar, bajo sus facultades, las concesiones y operaciones extractivistas en sus territorios, sostenidos por estos organismos internacionales que financian sus deudas.
– Caos planificada, rescate de la independencia y complicidad con el genocidio silencioso en Haití. Camille Chalmers, director ejecutivo de la Plataforma haitiana para un desarrollo alternativo (PAPDA) y también integrante del Jurado Popular del Tribunal. En esta Audiencia presentó las demandas del pueblo haitiano contra Francia, EE.UU., el FMI y el Banco Mundial, en cuanto responsables y continuadores de las políticas neocolonialistas ejemplificadas en la “doble deuda” que Francia impuso en 1825 para “indemnizar” a los esclavistas contra quienes el pueblo haitiano había rebelado exitosamente, generando un mal ejemplo por lo que se buscaba, y se busca, su aislamiento y fracaso y por lo que precisa la solidaridad para lograr la restitución, la reparación y la posibilidad de un desarrollo soberano.
– Privatización del Agua y Saneamiento en el Área Metropolitano de Buenos Aires, Argentina.Silvia Ferreyra y Sergio González,en representación ambes de la campaña NO a la privatización de AySA, y de ¡Fuera Mekorot! y la Autoconvocatoria Deuda y del Foro Hídrico de Lanús/Espacio Intercuencas respectivamente. Denunciaron la violación del derecho humano al agua con los tarifazos, la rebaja de la calidad, cortes de servicio y la no expansión del servicio en los barrios populares que ya se han producidos en la previa de la privatización en curso y que fueron objeto de denodadas luchas en la privatización anterior, ambas veces exigencias del FMI y del BM para supuestamente resolver el problema de la deuda e incorporar capitales frescos que solo llegaron en la forma de más deuda.
– El rol del Banco Mundial en la expansión de los mercados de carbono y las vulneraciones a derechos en Colombia. Johana Peña, de CENSAT-Agua Viva. Denunció el papel central que ha desempeñado este organismo financiero, actuando como arquitecto y financiador de la infraestructura normativa, técnica y financiera que sostiene tanto el mercado voluntario como el regulado, apoyando proyectos como los de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación forestal, REDD+, que “lejos de reducir las emisiones o transformar las causas estructurales de la crisis climática, mercantilizan la naturaleza y profundizan las desigualdades socioambientales en los territorios.”
– El Centro y Fondo Bosques Tropicales Para Siempre (TFFF/TFIF), Ivonne Yanez, integrante de Acción Ecológica (Ecuador) y la Plataforma Latinoamericana y del Caribe por la Justicia Climática. Aunque no pudo ser presentada en vivo, se incorporó a la Audiencia su denuncia de este Fondo cuyo lanzamiento se espera en la COP30 y que será administrado por el Banco Mundial, presentándose como una iniciativa para la conservación de bosques tropicales pero que será otro mecanismo colonial para transferir riqueza del Sur al Norte, siendo diseñado de manera que distrae la atención de las causas subyacentes de la deforestación, profundizando la financierización de los bosques en desmedro de las comunidades indígenas y tradicionales que viven y los cuíden y aumentando tanto la deuda financiera del Sur con el Norte como la deuda ecológica del Norte con el Sur.
Los resultados de esta Audiencia, que formó parte de la Semana Mundial de Acción sobre el FMI y el Banco Mundial, serán compartidos en la Cumbre de los Pueblos hacia la COP30 y otras actividades en Belém do Pará, Brasil, en noviembre, para fortalecer la lucha por la justicia socioecológica y climática, la anulación de las deudas ilegítimas, el fin de estas políticas criminales de las instituciones financieras internacionales y la reparación de los daños. Serán incorporados al proceso global del Tribunal de los Pueblos y la Naturaleza contra el FMI-BM, que construirá su veredicto final sobre lo recabado en todas sus sesiones.
Hace ya tiempo que los fiscalistas acuñaron un término para describir la esencia y las características del Impuesto de Sociedades: el queso gruyère. La metáfora alimentaria resulta evidente: el tributo está lleno de agujeros por los que se va el dinero que no pagan los que deberían hacerlo.
Los últimos datos publicados este pasado miércoles de las cuentas anuales consolidadas del año 2023 —el último disponible— del Impuesto de Sociedades, una estadística exhaustiva en la que se disecciona de forma minuciosa el tributo y que se publica desde el año 2016, confirman, efectivamente, que el queso gruyère sigue en el plato: a pesar de que ha aumentado la recaudación cerca de un 9%, banca y grandes empresas, aquellas con una cifra de negocio superior a los 1.000 millones de euros anuales —en este grupo entran las eléctricas y las energéticas—, siguen tributando muy poco sobre sus beneficios y son las grandes favorecidas del Impuesto de Sociedades.
En el año 2023, Hacienda recaudó 35.198 millones de euros en el Impuesto de Sociedades, con un tipo medio efectivo sobre beneficios para todas las empresas españolas del 12,05% (frente al 25% del gravamen general del impuesto). Sin embargo, en la práctica el reparto es muy desigual: en un momento en el que sus beneficios baten récords, banca y grandes empresas tributan proporcionalmente menos que las pymes. La banca paga solo el 4,26% de sus beneficios y las grandes compañías que más facturan, el 6,97%. Solo las compañías con más de 5.000 empleados tributan de forma parecida: de media, pagan el 4,75% de lo que ganan.
Los agujeros del gruyère se extienden a lo largo de todo el impuesto. Da igual la dimensión de la empresa y su cifra de negocio: las más grandes y más ricas pagan menos, proporcionalmente. Las pequeñas empresas tributan al 18,65% y las medianas al 16,92%. Incluso las empresas sin asalariados tributan por sus beneficios más que la banca, al 9,27%, y más que la media de las empresas con más de 250 empleados, independientemente de su volumen de negocio, que lo hacen al 8,87% de sus beneficios.
Traducido a cifras absolutas, las diferencias se pueden entender mejor. Sirva como ejemplo la banca española: obtuvo unos beneficios en 2023 de 32.394 millones de euros, pero solo pagó 1.379 en el Impuesto de Sociedades, según la propia Agencia Tributaria. Las 283 empresas con un volumen de negocio de más de 1.000 millones de euros pagaron 8.360 después de haber obtenido un beneficio de casi 120.000 millones. Banca y grandes empresas aportaron 9.739 millones a las arcas públicas. Las pymes pagaron de tipo efectivo 21.250 millones de euros con unos beneficios que rondaron los 133.000 millones, aunque es cierto que representan casi el 98% de los declarantes.
Por aportar algo de contexto, las empresas aseguradoras pagaron 1.192 millones de euros, el 16,83% de sus ganancias, tras declarar 7.087 millones de beneficios. Las constructoras tributaron el 14,06% de los 35.233 millones que ganaron en 2023.
Sobre el papel el Impuesto de Sociedades está concebido para recaudar más: el tipo impositivo está fijado por ley en el 25% con carácter general y en 30% en el caso de la banca y las energéticas. Es más, en los últimas cuentas consolidadas del tributo la banca tributa sobre su base imponible —el importe de la renta obtenida en el período impositivo por el contribuyente— un 22,94% y las empresas de más de 1.000 millones, un 20,76%. Sin embargo, a la hora de pagar, la factura se reduce de manera considerable.
¿Por qué ocurre eso? Carlos Cruzado, presidente del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), certificaba el año pasado en una entrevista enPúblico con motivo de la publicación de su libro Los ricos no pagan IRPF que el Impuesto de Sociedades permite muchas vías de escape en forma de exenciones y deducciones. «Los ricos de verdad utilizan mecanismos de elusión fiscal: sociedades, sobre todo grandes empresas, sicav y demás», concluía Cruzado en aquella entrevista.
Un vericueto de deducciones
La principal deducción es la denominada «compensación de bases imponibles», una compensación en forma de crédito fiscal por las pérdidas que tenga una empresa y que pueden imputarse en años venideros. En 2023 esta exención sumó 27.752 millones de euros; lo curioso es que esa cantidad se dividió a partes casi iguales entre las pymes y las grandes empresas. También hay otra serie de deducciones, bonificaciones y amortizaciones, gracias a lo cual, la base imponible siempre es inferior al beneficio, lo que rebaja sustancialmente la cuota efectiva a pagar.
En las últimas cuentas consolidadas, las deducciones y exenciones crecieron significativamente respecto al año anterior, 2022: un 42% las bonificaciones por pérdidas —la compensación de bases imponibles— y un 18,3% el resto de deducciones.
También existe la deducción por doble imposición, tanto interna como internacional. En este sentido, las grandes empresas suelen alegar a modo de excusa que pagan menos porque sus filiales también pagan el Impuesto de Sociedades en otros países. Sin embargo, en la mayoría de los países europeos el tributo para las empresas es incluso menor que aquí. Sin embargo, esa deducción no es especialmente alta: la internacional apenas alcanzó los 906 millones de euros en 2023.
Hacienda y el Gobierno ya han expresado en más de una ocasión su voluntad de estrechar la brecha entre la base imponible de las grandes empresas y su beneficio real. Para ello, el Consejo de Ministros aprobó en junio de 2024 el proyecto de Ley que transpone la directiva europea que fija un nivel mínimo global de imposición del 15% en el Impuesto sobre Sociedades para los grupos de empresas multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, con una cifra de negocios superior a los 750 millones de euros, en la línea con la propuesta lanzada por la OCDE y adoptada por el G20 en octubre de 2021. El Congreso la aprobó en noviembre de 2024. Esa medida estaba destinada a evitar la evasión fiscal a nivel global. Ahora hay que empezar a implementarla.
