¿Cómo se cuenta lo incontable?Así ha titulado Carne Cruda su programa de este jueves, dedicado a la pederastia en la Iglesia en la jornada previa a la visita del Papa a España. Además, ha abordado la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia en el ámbito familiar y conocido de la mano de la presidenta de la Fundación Vicki Bernadet y la periodista Olivia Carballar, coordinadora del dossier especial de La Marea 111.
El programa ha incidido en la responsabilidad de la sociedad y ha puesto el foco en el encubrimiento de estos casos por parte de la jerarquía católica a través de la película La luz,que se estrena este viernes en los cines. En la mesa han intervenido su director, Fernando Franco, el actor Alberto San Juan, su productora, Merry Colomer, y el periodista de El País Julio Núñez, cuyo periódico comenzó en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española.
«Si tú Julio y tu compañero os sentíais solos como testigos de este horror, imagínate cómo se sentirán las víctimas ante la visita del Papa, que están pidiendo que las escuche y que no se las escuche», reflexionó el actor Alberto San Juan.
La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia reveló un país dividido –una vez más– entre el centro y las periferias, un mapa bicolor similar al de hace diez años, cuando los colombianos y colombianas votaron en el plebiscito por la paz. Entonces ganó el “No”, y los ecos de la guerra continúan resonando en muchos territorios. El domingo 31 de mayo, el candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella, de 47 años, se alzó con la victoria en esta primera ronda. Un hombre abiertamente homófobo, misógino, que habla de “destripar” a la izquierda, de construir mega cárceles, de reducir el Estado, de explotar el territorio y sus recursos, y del tamaño de su pene como impulsor del electorado femenino.
El mediático abogado outsider, defensor de narcotraficantes, paramilitares y bandidos, defensor de Alex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro; un showman autodenominado como ‘el Tigre’ que evoca a figuras de la ultraderecha regional como el presidente argentino, Javier Milei, y busca ser el gemelo costeño con aires italianos del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, obtuvo el 43,74% del total. Superó los pronósticos de las encuestas, le arrebató los votos al conservadurismo tradicional, la candidata del uribismo, Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien apenas logró 1,64 millones de votos. El espectáculo, desde el interior de una pecera blindada, con luces amarillas y tigres diseñados con Inteligencia Artificial (IA), rugió más agresivo que nunca: “Defenderemos la democracia por la razón o por la fuerza”, dijo desde el malecón de Barranquilla, en la costa caribe. Un oxímoron disfrazado con la camiseta de la selección colombiana.
Para el director de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes, Felipe Botero Jaramillo, las encuestas no lograron captar el voto de la antipolítica y el malestar con el establecimiento, canalizado por el ultraderechista, que “construyó una candidatura por fuera de los partidos, apoyado en las redes sociales y en un mensaje de ruptura”. El politólogo apunta al contundente rechazo a un nuevo mandato de izquierda en primera vuelta como una de las causas por las que un personaje sin experiencia en política pública lograra captar los votos del electorado uribista y la derecha tradicional. El expresidente Álvaro Uribe Vélez no tardó en salir a dar su apoyo al que, para algunos, era su segundo candidato presidencial: “El viejo caudillo de la derecha está respaldando al recién llegado que lo desplazó”, dice Botero.
La izquierda gana votos, pero no logra la movilización masiva
A apenas 670.000 sufragios de distancia, el candidato de la izquierda oficialista, el senador Iván Cepeda, de 63 años, reunió el 40,9% de los votos. Cepeda contaba con entrar a la segunda vuelta del balotaje –pese a que su campaña intentó convencer a sus seguidores de una victoria en primera–, pero nadie, ni las encuestas, pronosticaban que iba a llegar por debajo del ultra. Los rostros en el Hotel Tequendama de Bogotá, donde la campaña del Pacto Histórico se congregó para recibir los resultados, mostraron nerviosismo a medida que avanzaba el preconteo y las arengas sonaban más como un pitido silente que como un cántico de victoria.
“Muchas de las organizaciones a las que pertenecemos las han intentado diezmar y reducirlas al silencio o a la muerte (…) la lucha continúa y vamos a seguir”, reiteró el filósofo y defensor de derechos humanos desde la tarima, apelando a las organizaciones y movimientos sociales que le han dado la mano durante toda su vida política. Cepeda habló con la misma templanza doliente con la que pidió justicia en 1994, minutos después de que su padre Manuel Cepeda Vargas, senador del partido Unión Patriótica, fuera asesinado en plena carretera por paramilitares en colusión con agentes del Estado. Un hecho que marcó su vida, pero sobre todo su carrera política desde la trinchera de por la defensa de las víctimas de violencia estatal, de aquellos que habitan los márgenes, las mismas que le dieron el empujón para que lanzara su candidatura –MAFAPO, las madres de los falsos positivos–, aquellas que votaron por él enarbolando la bandera blanca de la paz.
Si bien, la primera reacción fue emular al presidente Gustavo Petro, quien no reconoció en un inicio los resultados del preconteo, el lunes, Cepeda se desmarcó del mandatario ante la prensa: “No hemos encontrado irregularidades de dimensiones suficientes para hablar de fraude”. La confianza por el sistema electoral –bajo la lupa– retornó a unos comicios históricos en su participación, que rozó el 57% del censo electoral. Según Sandra Borda, analista y politóloga de la Universidad de los Andes, sembrar dudas sobre los resultados alejaría al candidato de los votos que canalizó el centro, necesarios para una victoria en segunda vuelta: “Para el centro, la institucionalidad electoral es una institucionalidad sólida, robusta y que hay que respetar”.
El miedo, un movimiento sin bandera
En Colombia hay un sentimiento que moviliza desde hace décadas a la población, ya sea para esconderse o para dejarse ver en masa: el miedo. La campaña ante la segunda ronda, que se celebrará el 21 de junio, se debate entre la petro-fobia y el temor al fascismo belicista. Los “nadie” del progresismo frente a los “nunca” del ultraderechista. Dos discursos radicalmente opuestos que movilizan desde las entrañas de un país con profundas desigualdades, donde la violencia nunca dejó de ser paisaje. “Las propuestas liberales, moderadas, institucionalistas, perdieron definitivamente piso y los electores están dejándose seducir única y exclusivamente por propuestas cada vez más ligadas a los extremos”, apunta Borda. Con ella coincide Botero: “Es muy probable que el miedo vuelva a estructurar el voto en la segunda vuelta”.
Esa misma emoción hizo que, apenas 24 horas después de los comicios, cientos de jóvenes se movilizaran improvisadamente en Bogotá en apoyo a Iván Cepeda, con arengas en contra del fascismo y su máximo representante. “Queremos una Colombia unida, una Colombia en paz. No queremos más guerras, más fusiles, más balas. Los pobres primero, por el bien de todos”, repetía el eslogan del izquierdista Juan, estudiante de 22 años.
Isabel sostiene el pañuelo verde y rojo representativo de la comunidad indígena nasa, a la que pertenece la fórmula presidencial de Cepeda, la lideresa Aida Quilcué: “Es el momento donde más fuerza tenemos que tener, más juntos tenemos que estar y demostrar que las propuestas que tiene este candidato representan la vida, representan la paz”. Son miles los que se ven directamente amenazados por el proyecto político de Defensores por la Patria, que, según la activista y artista afrocolombiana Mily Pardo, representa la profundización de las desigualdades: “Tengo miedo porque en nuestros territorios esto se paga con sangre, con vida”.
Pero también es el sentimiento que congrega a los sectores más conservadores que, durante décadas, han tenido el control de las instituciones políticas desde la Casa de Nariño, y que ahora, en su versión más radical, se movilizan bajo el rugido: “Firmes por la patria”. “Nosotros no podemos caer en el comunismo. Ese es el miedo de nosotros, entre comillas, porque no tenemos realmente miedo”, dice Héctor Torres, bajo una gorra con el dibujo de un tigre.
El miedo dibujando las regiones de un mismo territorio. Volviendo al mapa del plebiscito por la paz de hace diez años, cuando ganó en forma de “no”, después de una campaña marcada por la desinformación. Según Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, ese rechazo conservador va ligado a las personas que consideran la seguridad –un tema de preocupación social que sin duda marcaron las elecciones– “pero una seguridad muy específica, de mano dura, de suspender derechos y libertades”. Es parte del escudo de Abelardo de la Espriella, “como el mismo espíritu del ‘no’ a la paz”.
Se eleva el tono y empieza de nuevo la campaña
El performance del ultra caló fuerte entre un electorado que dejó de lado la vieja figura política, casi sagrada, de Álvaro Uribe para apoyar a una reencarnación de quien dice ser su seguidor, “más uribista que nadie”. Según Sergio Gúzman, director de la consultora Colombia Risk, “Abelardo ha sido un candidato muy disciplinado, consistente, que ha sabido moverse en las emociones, más que todo negativas, de las personas”. Un modelo importado de Argentina, de Ecuador, de El Salvador, de Vox, pero sobre todo, del líder estadounidense, Donald Trump. La manifestación de la política populista que en los últimos años ha ganado fuerza en el continente. “Él dice que no tiene vínculos con la clase política tradicional, aunque claro que sí los tiene. Su campaña es apoyada por clanes políticos tradicionales de la costa atlántica, que él obviamente no sube a la tarima para poder justificar el hecho de que es un antipolítico”, apunta la analista Borda.
Los ataques frontales entre los discursos de ambos candidatos elevan la contienda a un nuevo terreno. Cepeda dijo que su oponente representaba “el fascismo mafioso”, y en su lado del ring De la Espriella acusó de “bandido golpista” al presidente actual, y de “bandido e impedido” a su rival en la segunda ronda. El pragmatismo queda nublado, pero todavía hay una masa de votantes indecisos y de centro que pueden definir el futuro de la presidencia colombiana. “Los dos bandos están construyendo al otro como una amenaza existencial”, señala el investigador Botero, “el costo es alto porque deteriora la democracia y convierte una elección en una guerra, deja poco espacio para deliberar sobre propuestas”. Para los analistas consultados, la polarización afectiva es uno de los grandes riesgos para las democracias latinoamericanas.
Desde la campaña de Cepeda hacen autocrítica, y rebajan el tono: “Todavía hay esperanza, pero también es importante revisar cómo está Colombia en términos del ideario y del imaginario sobre la realidad del país. (…) Hay muchas cosas que tenemos que ajustar en esta etapa, el manejo de la comunicación, tenemos que tener una mayor apertura a ciertos sectores, especialmente un diálogo con otros sectores”, reconoce Andrés Camaño, exministro de Minas y Energía y miembro del Pacto Histórico.
Si bien Gustavo Petro hizo historia hace cuatro años, convirtiéndose en el primer mandatario de izquierda en llegar al poder en Colombia, su mandato ha estado envuelto en polémicas por sonados casos de corrupción, por la confrontación constante en la plaza pública del dirigente, y por las crisis de salud y seguridad agudizadas en los últimos años. “Deja un balance mixto. Hubo unos avances simbólicos y sociales profundos, pero también hay frustración por reformas trabadas y una percepción de desorden”, resume el analista Felipe Botero. “Personalmente tengo la tesis de que entre más se involucre Petro en la campaña de Iván Cepeda, menos posibilidades va a tener de ganar en segunda vuelta”, coincide Sandra Borda.
En 2022, Gustavo Petro se alzó con una justa victoria, logrando menos de un millón de votos más que su contrincante, el también outsider Rodolfo Hernández. Gran parte de su electorado surgió del estallido social de 2021, de aquellos jóvenes que durante meses tomaron las calles de todo el país y que fueron aniquilados y masacrados por exigir reformas y derechos. Ayer, en varias ciudades, cientos de jóvenes volvieron a marchar, demostrando una fuerza que podría inclinar una balanza ya fuertemente inclinada hacia la derecha más radical. “Es momento de caminar la palabra, de la inclusión y el diálogo nacional”, gritó Aisa Quilcué el domingo. Faltan 19 días para convencer.
La periodista española Alicia Armesto Núñez y nueve activistas más de la flotilla Global Sumud Land permanecen detenidas desde el pasado domingo 25 de mayo en Libia, en manos del Ejército Nacional Libio comandado por el mariscal Jalifa Haftar. La detención se produjo, según explica el Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM), cuando Armesto y los nueve activistas de distintos países (entre ellos, Argentina, Italia, Portugal, Estados Unidos y Polonia) se habían acercado al puesto de control de Sirte para negociar el paso seguro del convoy humanitario.
«Desde el SPM trasladamos nuestra solidaridad más firme a Alicia, a su familia y al resto de las personas detenidas, al tiempo que denunciamos que la detención de periodistas y activistas que documentan o apoyan la asistencia humanitaria constituye una vulneración flagrante de las libertades fundamentales ? del derecho internacional», denuncia la organización. Armesto es secretaria técnica del SPM y periodista con más de tres décadas de trayectoria.
«Instamos al Gobierno de España a agotar todas las vías diplomáticas disponibles para garantizar la seguridad, integridad física y liberación inmediata de Alicia Armesto, y de sus otras 9 compañeras. Pedimos al Ministerio de Asuntos Exteriores que extreme su diligencia y ofrezca información transparente tanto a la familia como a las organizaciones que la representan», añade el SPM.
Además, hace un llamamiento a las federaciones internacionales de periodistas, a los organismos de defensa de la libertad de prensa y a la comunidad periodística en su conjunto para que sumen su voz a esta exigencia: «Alicia no está sola. EI SPM seguirá informando de su situación y adoptará cuantas medidas estén a su alcance hasta que regrese a casa». Desde las 15:22 horas del domingo 24 de mayo, la organización perdió todo contacto con el grupo. Según las últimas informaciones facilitadas por el SPM, las personas detenidas habrían sido trasladadas a Bengasi.
Alicia Armesto tiene 62 años y ha dedicado su vida al periodismo y a la defensa de los derechos humanos. Ya participó en la Flotilla marítima a Gaza en otoño de 2025, donde fue detenida por Israel junto a otras activistas internacionales. Su compromiso con la causa palestina y su experiencia en zonas de conflicto la llevaron a unirse a esta misión terrestre.
No nos cansaremos de repetirlo: una de cada cinco personas menores de edad sufre agresiones sexuales, la mayoría de ellas cometidas por familiares o conocidos. No lo queremos ver, no lo queremos asumir. Pero el problema está. No son casos puntuales ni es un asunto privado. Estamos hablando de un problema social, estructural y de salud pública que, pese a su gravedad y magnitud, continúa siendo un tabú en la sociedad.
«Muchas veces siento impotencia«, resumió Vicki Bernadet, que lleva más de 30 años intentando visibilizar este asunto, en la presentación online del especial de La Marea junto a la catedrática en Victimología Noemí Pereda. «Los medios de comunicación tenéis un papel muy importante», añadió Pereda.
En este contexto, en La Marea continuamos también con las presentaciones presenciales, esta vez en Sevilla. El evento se celebrará el próximo 10 de junio a las 19.30 horas en la Sala El Cachorro, en el barrio de Triana. Conducido por Olivia Carballar, contaremos con víctimas y representantes del mundo de la judicatura.
Así, participarán el fiscal delegado de Criminalidad Informática en Sevilla, Gabriel González, la abogada Amparo Díaz y el perito tecnológico Jorge Coronado, que abordarán las claves sobre el impacto de estos delitos en las redes sociales. Desde la asociación Redime, contaremos con la abogada y superviviente de abusos Mari Carmen Heredia y la terapeuta Eva Medina. Y también nos acompañará la superviviente Laura Cuevas, de la asociación Lulacris.
El acto se suma al celebrado el pasado mayo en el Teatro del Barrio, en Madrid, al que acudieron diferentes víctimas, especialistas y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que explicó las claves de la ampliación de la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia (Lopivi) tras su aprobación en el Consejo de Ministros.
Cuatro personas han sido detenidas tras una carga de la Ertzaintza durante la llegada a Bilbao de varios miembros de la Flotilla, que habían sido secuestrados por Israel. Algunos de los activistas, según han denunciado, ha sido golpeados y arrestados. El consejero de Seguridad ha anunciado una investigación para «aclarar lo sucedido».
«La violencia ejercida contra una acción que simboliza la solidaridad y la defensa de los derechos humanos no tiene ninguna justificación. No es aceptable golpear y detener en Euskal Herria a personas que han sido secuestradas por Israel», ha denunciado EH Bildu.
Israel deportó días atrás a la mayoría de los activistas de la flotilla de apoyo a Gaza. Entre ellos había 44 españoles que fueron trasladados a Turquía, donde denunciaron el trato brutal y humillante recibido por parte del Ejército israelí, que los secuestró ilegalmente en aguas internacionales. Cuatro de ellos necesitaron atención médica.
Este mismo sábado han llegado también varios activistas a Barcelona y Madrid, donde han sido recibidos con el apoyo de decenas de personas.
Israel deportó ayer a la mayoría de los activistas de la flotilla de apoyo a Gaza. Entre ellos había 44 españoles que fueron trasladados a Turquía, donde denunciaron el trato brutal y humillante recibido por parte del Ejército israelí, que los secuestró ilegalmente en aguas internacionales. Cuatro de ellos necesitaron atención médica.
Los voluntarios declaran haber recibido palizas salvajes, humillaciones e incluso agresiones de carácter sexual. Según la ONG Free Palestine Now, «hay al menos 15 casos de agresiones sexuales, incluidas violaciones». Además, reportan que los detenidos recibieron disparos de balas de goma a quemarropa y que hay un gran número de individuos con huesos rotos.
El caso de Emilio Figueroa sirve de ejemplo de la brutalidad empleada por las autoridades israelíes: «Entre tres, me empezaron a golpear con las culatas de sus armas de fuego. En las costillas, en los tendones de las rodillas, en la espinilla. Se veía que iban a hacer daño. Me vaciaron una botella de agua y me dieron descargas con una pistola táser. Yo nunca he visto nada igual, tanto odio. Nos han tratado como animales», declaró al diario El País cuando aterrizó en Estambul.
Tras el secuestro, a su llegada al puerto de Ashdod el pasado miércoles, varios activistas fueron conducidos a contenedores donde, según afirman, se procedió a torturarles. «Podíamos oír los gritos desde fuera», ha contado el periodista italiano Alessandro Mantovani. Su compatriota Antonella Bundu, política comunista y activista de Oxfam, contó a la agencia Ansa que tras el desembarco en Ashdod vio cómo golpeaban en la cabeza a «una chica con epilepsia» que formaba parte de la tripulación. Según relató Bader Alnoaimi, miembro del equipo legal de la Flotilla Global Sumud, sus abogados «han documentado niveles de violencia realmente extremos».
«Estamos hablando de monstruos. Estamos hablando de un Estado genocida que halla placer en la violencia, que halla placer torturando gente, que usa la violencia sexual de forma sistemática contra la población palestina y ahora también contra los miembros de nuestra flotilla. Esto tiene que parar. No podemos aceptar un país que cree que el derecho humanitario internacional no aplica para ellos», declaró el activista Thiago Ávila en sus redes sociales cuando conoció el relato de sus compañeros en Estambul. Ávila también fue secuestrado semanas antes por Israel, donde permaneció en prisión durante 10 días antes de ser deportado. «Y pese a todo esto, debemos seguir diciéndolo: todo lo que nos han hecho a nosotros no es nada comparado con lo que hacen con los palestinos», añadió.
El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha reiterado su enérgica condena ante un tratamiento que consideran «monstruoso, indigno, inhumano». El ministro, José Manuel Albares, señaló hoy que espera que la Unión Europea imponga sanciones contra ministros y colonos israelíes tras ver «la brutalidad» empleada contra los activistas. «No podemos relacionarnos con Israel como con Noruega o Islandia», señaló con anterioridad en una entrevista en TVE.
Acabo de regresar de El Salvador tras una estancia de varios meses dedicados a un proyecto de cooperación, pudiendo constatar que lo que escribí hace dos años en este mismo medio (El Salvador, desigualdad y represión), sigue vigente.
Y sigue vigente desde la colonización española, pues las estructuras de poder y riqueza no han cambiado, no sólo en El Salvador, sino en muchos países de Latinoamérica. Desde su independencia, triunfó lo que podríamos denominar “cesarismo”, en el sentido de que todos los procesos políticos, quedaron en manos de líderes carismáticos (libertadores, dictadores, caudillos, próceres), la mayoría de los cuales se dedicaron a salvaguardar el orden y mantener el equilibrio colonial, puesto que elevar a todas las personas a la condición de ciudadanos destruía la jerarquía social heredada.
Lentamente se consolidó un proyecto conservador en el que la blanca oligarquía criolla (azucarera, bananera, cafetalera, ganadera, minera, comercial, caucho…) toma las riendas del proyecto emancipador, marginando a nativos (mal llamados indios), a afrodescendientes arrancados de África y, en menor medida, a mestizos. Proyecto conservador que, como he podido ver en El Salvador, llega intacto hasta nuestros días.
El actual presidente Bukele, elegido democráticamente (al igual que Donald Trump), continúa con esa tradición del caudillismo conservador sabedor de encuestas, como la del Latin American Public Opinion Project (LAPOP), que reflejan un escueto apoyo del 28% a la democracia (un 48% en el resto de Latinoamérica), un 58% de la población a la que le da lo mismo vivir en dictadura que en democracia (un 28% en el resto de Latinoamérica) y un 11% de satisfacción con la democracia, frente al 24% del resto de la región.
Según la Fundación para el Debido Proceso, fundada en 1996 por el profesor Thomas Buergenthal, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, juez de la Corte Penal Internacional y presidente de la Comisión de la Verdad, en un documento titulado Justicia Amordazada, señala que la separación de poderes en El Salvador no existe, detentando el presidente Bukele el control de los tres órganos (ejecutivo, legislativo y judicial).
Desde que empezó su mandato en 2019, el objetivo de Bukele fue la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, hasta que, en 2021, la Asamblea Legislativa, con mayoría absoluta presidencial, destituyó a los magistrados constitucionalistas, designando directamente a sus sustitutos. Les siguieron el fiscal general, el procurador de Derechos Humanos… Derivando todo ello en falta de rendición de cuentas y de mecanismos de control en el uso de fondos públicos,
Sobre la seguridad, que tanto se habla, Bukele empezó a negociar y pactar con las pandillas en 2014, siendo candidato a alcalde. Continuó con esa táctica siendo presidente, hasta que, en mayo de 2022, tras una matanza de 87 personas en tres días, rompió el pacto con los pandilleros, e instauró un régimen de excepción (suspensión garantías constitucionales, detenciones masivas, ejército en las calles, eliminó el derecho a conocer las razones de una detención, suprimió la presentación ante un juez en 72 horas…), situación que, a fecha de hoy, sigue vigente, tras haber prorrogado el estado de excepción, mes a mes, durante cuatro años.
Hasta mayo de 2026, un total de 91.650 personas han sido detenidas, convirtiendo El Salvador en el país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo. Ninguno de los reclusos detenidos, ha sido juzgado aún, pudiendo permanecer hasta cinco años en prisión preventiva. Según Amnistía Internacional y Grupo Internacional para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos (GIPES), existen sólidos motivos para creer que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad bajo el prolongado estado de excepción. Estos crímenes reflejan un patrón generalizado de abuso estatal, detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas, violencia sexual, persecución y fallecimientos en las cárceles (512 muertes, según detalla la organización Socorro Jurídico Humanitario).
Se sabe que miles de detenidos en redadas masivas (aproximadamente un 10%) no tienen ningún vínculo con las pandillas. Además de criminalizar a los pobres, el estado de excepción también ha demostrado ser eficaz para perseguir activistas de la oposición, defensores de derechos humanos y comunidades que se interponen a megaproyectos privados respaldados por el Gobierno. Las cárceles salvadoreñas albergan a docenas de presos políticos, y muchos ciudadanos se han visto obligados a exiliarse por haber criticado, investigado o pedido explicaciones al Gobierno, destacando el dato de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), que, sólo de enero a mayo de 2025, documentó la salida de 43 periodistas.
Aprovechando que la mayoría parlamentaria de Bukele permite cambiar la Constitución, se plantean cambios arbitrarios, claramente enfocados a seguir aumentando su poder, como es el caso de la reforma que va a otorgar seis diputados a los salvadoreños residentes en el exterior, lo cual, en principio, es plausible pero la trampa está en que se mantiene el número total de diputados (60), por lo que los seis diputados de la diáspora van a salir de disminuir en cinco los asignados a San Salvador y uno a La Libertad, que precisamente son los departamentos donde los partidos opositores han logrado representación, con lo cual, el objetivo político es neutralizar las posibilidades de ingreso de diputados opositores.
No mejora tampoco el panorama si centramos la mirada en la vida diaria de la mayoría de la población salvadoreña. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) muestra que El Salvador ocupa el último lugar entre los países de Centroamérica en cuanto a esperanza de vida, debido a deteriorados factores como la calidad del sistema sanitario, la atención primaria en salud, la atención materna e infantil, el acceso a servicios médicos y las condiciones socioeconómicas en general, sobre todo el empleo, los bajos ingresos de la población, la inseguridad alimentaria por el costo de la vida, falta de agua potable y altos niveles de pobreza. Las pandillas ya no matan, pero mucha gente muere antes de tiempo.
Sólo hay que mirar la educación para ver los efectos prácticos de ese abandono social. En El Salvador, el grado promedio de escolaridad llega hasta el séptimo grado (13 años), ocupando el lugar 78 de 81 países en matemáticas, lectura y ciencias. Entre el 50% y 60% de los niños salvadoreños no comprende lo que lee. La matrícula infantil ha caído de 1,85 millones a 1,1 millones y no sólo por el preocupante descenso de la natalidad (según la CEPAL, de 3,86 en el año 2000 a 1,86 en 2023, y prevé 1,68 para 2050).
Es el régimen de excepción lo que ha provocado, a corto plazo, deserción escolar masiva y migración forzada; pero, a largo plazo, puede generar una segunda oleada de posibles pandilleros por la cantidad de menores que afrontan la vida con bajo nivel educativo y con sus progenitores ausentes (encarcelados, migrados o por trabajo). Claro que, llegado ese momento, Bukele ya no estará (o sí).
El Salvador es el país más endeudado de Centroamérica (87% sobre PIB). Y de esa deuda, a los siete años de Bukele le corresponde casi la mitad, el 42%. A pesar de ello, los datos del Banco Mundial muestran la realidad agobiante de la pobreza que sufre un sector significativo de la población, sin que haya indicios de que esa situación revierta en un plazo razonable.
Resumiendo, El Salvador ha experimentado una transformación radical, por una mayor seguridad, tranquilidad y libertad para transitar, pero se están normalizando prácticas que, en tiempos no muy lejanos, hubieran suscitado fuertes reacciones populares. Normalización que ha acostumbrado a la ciudadanía a situaciones claramente arbitrarias o injustas, como el régimen de excepción, los déficits en la educación y la salud, así como el opaco y caciquil funcionamiento institucional.
En El Salvador, hoy por hoy, el reto es saber si solo con la seguridad será suficiente para compensar una realidad social muy sombría, una desigualdad en aumento y multitud de vidas deprimidas y situaciones deprimentes. Como dije al principio, El Salvador suma y sigue.
Marc Cabanilles. Ateneo libertario Al Margen de València.
Los barcos de la coalición humanitaria, incluidos los de la Global Sumud Flotilla, fueron atacados ayer por el Ejército israelí. El asalto, en el que los militares hebreos embistieron y abrieron fuego contra las embarcaciones, se saldó con el secuestro de la mayoría de los integrantes de la misión humanitaria, que ha quedado prácticamente desmantelada: hasta 428 civiles desarmados fueron detenidos ilegalmente. Entre ellos, 87 han iniciado una huelga de hambre.
Los activistas arrestados fueron conducidos al puerto de Ashdod, pero las autoridades israelíes no permitieron que fueran visitados por el personal consular. Sí dejaron que recibieran asistencia por parte de las abogadas de Adalah, una ONG de derechos humanos y servicios jurídicos para la minoría árabe de Israel. Desde Ashdod, los secuestrados serán conducidos a la prisión de Ketziot, donde, en principio, el consulado español sí podrá ponerse en contacto con ellos e informar a sus familias.
A pesar de que las autoridades israelíes pretenden vincular a los tripulantes de la flotilla con Hamás, el objetivo de los activistas fue siempre de carácter estrictamente solidario: desde hace meses pretenden romper el bloqueo israelí de la Franja de Gaza (donde han asesinado a más de 72.700 personas) y abrir un corredor humanitario.
Asalto supervisado por Netanyahu
El primer ministro, Benjamín Netanyahu, y los miembros de su gabinete dirigieron personalmente el asalto de las embarcaciones de la flotilla desde la sala de operaciones de la Marina israelí. Los activistas, por su parte, lograron retransmitir el asalto en directo a través de Internet. En sus vídeos se pudo observar cómo soldados armados abordaban el Sirius; su tripulación, vestida con chalecos salvavidas, los esperó con las manos en alto y sin oponer resistencia. Antes, los militares crearon olas artificiales, lanzaron agua a presión y chocaron deliberadamente contra el barco. Israel, por su parte, niega haber abierto fuego, al menos con munición real y dirigida directamente contra los integrantes de la flotilla.
El Sirius consiguió acercarse a 80 millas náuticas de distancia de la costa de Gaza antes de ser atacado. Cabe señalar que las aguas territoriales de Israel miden 12 millas náuticas, distancia que en cualquier caso no afecta a la costa palestina de Gaza: carece de jurisdicción allí según el derecho internacional.
La Armada israelí embiste el ‘Sirius’ en aguas internacionales. GLOBAL SUMUD FLOTILLA
El activista hispanopalestino Saif Abukeshek vivió una experiencia similar recientemente: fue secuestrado en alta mar por Israel y estuvo encarcelado durante 10 días antes de su deportación. Ayer habló en el Parlamento europeo y criticó la connivencia de Bruselas en el desmantelamiento de la misión humanitaria: «Lo que es triste es que la Unión Europea, con tantos países, lo tolera. Está viendo lo que hace Israel y, además, le otorga privilegios como el acuerdo de asociación».
En la misma línea se expresó la Global Sumud Flotilla en un comunicado: «La impunidad no es una condición permanente; es posibilitada y reforzada por estructuras de poder coloniales que deben ser desmanteladas».
Los 87 activistas que han empezado una huelga de hambre lo hacen en protesta por su secuestro ilegal «y en solidaridad con los más de 9.500 rehenes palestinos retenidos en prisiones israelíes».
El ministro Ben Gvir humilla a los secuestrados
Después del desembarco de los secuestrados, el ministro ultraderechista Itamar Ben Gvir ha publicado un vídeo en el que se le ve humillando a los activistas de la flotilla. Las imágenes han provocado la respuesta enérgica del Ministerio de Asuntos Exteriores español. «Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es inhumano.Exijo disculpas públicas a Israel», declaró el ministro José Manuel Albares cuando el vídeo salió a la luz. Entre las personas que soportan las chanzas del ministro israelí, maniatadas y con la cabeza en el suelo, hay decenas de españoles. Francia e Italia también han llamado a consultas a los embajadores de Israel en sus respectivos países por un trato que, en palabras de Albares, es «absolutamente abominable e inaceptable».
Hasta el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, uno de los políticos trumpistas más radicales, fundamentalista protestante y partidario del Gran Israel, se ha escandalizado con las imágenes. «Ben Gvir ha traicionado la dignidad de su nación», ha escrito en X.
2.707 personas fueron ejecutadas en 2025 en 17 países. Es la cifra más alta registrada en casi medio siglo, desde 1981, según el informe Condenas a muerte y ejecuciones 2025 elaborado por Amnistía Internacional. En general, las ejecuciones aumentaron en un 78%, después de que en 2024 se registraran al menos 1.518. La organización atribuye este aumento «a unos pocos gobiernos decididos a ejercer su poder mediante el miedo».
El grueso de este incremento procede de Irán, cuyas autoridades ejecutaron a al menos 2.159 personas, más del doble que en 2024. En otros lugares, Arabia Saudí elevó su recuento de ejecuciones hasta al menos 356, y utilizó ampliamente la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas. En Kuwait, las ejecuciones casi se triplicaron (de seis a 17), mientras que casi se duplicaron en Egipto (de 13 a 23), Estados Unidos (de 25 a 47) y Singapur (de nueve a 17). El total de 2025 no incluye los miles de ejecuciones que Amnistía Internacional considera que siguieron llevándose a cabo en China, que continuó siendo el país con más ejecuciones en el mundo.
“Este alarmante aumento del uso de la pena de muerte se debe a un grupo reducido y aislado de Estados dispuestos a llevar a cabo ejecuciones a toda costa, pese a la tendencia global continuada hacia la abolición. Desde China, Irán o Corea del Norte, pasando por Arabia Saudí y Yemen, hasta Kuwait, Singapur y Estados Unidos, esta vergonzosa minoría está utilizando la pena de muerte como arma para infundir temor, sofocar la disidencia y mostrar la fuerza que las instituciones estatales tienen sobre personas desfavorecidas y comunidades marginadas”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
La organización indica que el recrudecimiento de enfoques sumamente punitivos de la “guerra contra las drogas” impulsó los esfuerzos por ampliar el uso de la pena de muerte. Esto se reflejó en el número de ejecuciones, pues casi la mitad (1.257 o el 46%) de todas las que se registraron fueron por delitos relacionados con las drogas: Irán (998), Kuwait (2), Arabia Saudí (240) y Singapur (15). Argelia, Kuwait y las Maldivas emprendieron iniciativas legislativas para ampliar el ámbito de aplicación de la pena capital con el fin de incluir este tipo de delitos.
El gobierno de Burkina Faso aprobó un proyecto de ley que incluía la reinstauración de la pena de muerte para delitos como “alta traición”, “terrorismo” y “actos de espionaje”, mientras que las autoridades de Chad establecieron una comisión para revisar cuestiones relacionadas con la pena capital, incluida su reinstauración. Además, las de Israel presentaron proyectos de ley discriminatorios para introducir y facilitar el uso de la pena de muerte contra personas palestinas.
Las ejecuciones las llevaron a cabo una puñado de países
Aunque las ejecuciones aumentaron, los países que las llevaron a cabo siguieron siendo una minoría aislada. Arabia Saudí, Corea del Norte, China, Egipto, Estados Unidos, Irak, Irán, Somalia, Vietnam y Yemen son los mismos 10 países de los que se supo que habían llevado a cabo ejecuciones todos los años en el último quinquenio y que habían mostrado un desprecio sistemático hacia las salvaguardias establecidas en virtud del derecho y las normas internacionales de derechos humanos, insiste el informe.
Cuatro países reanudaron las ejecuciones el año pasado (Japón, Emiratos Árabes Unidos, Sudán del Sur y Taiwán), con lo que el total de países que ejecutaron a personas ascendió a 17.
Por decimoséptimo año consecutivo, Estados Unidos fue el único país de las Américas que llevó a cabo ejecuciones, y casi la mitad de ellas se produjeron en Florida. En el África subsahariana, las ejecuciones se limitaron a Somalia y Sudán del Sur. Afganistán fue el único país de Asia meridional que ejecutó a personas, mientras que Singapur y Vietnam fueron los únicos de los que se tuvo constancia de que lo hicieran en el sureste asiático. Tonga era el único país de Oceanía que mantenía la pena de muerte en la ley. No se tuvo constancia de ejecuciones ni de condenas a muerte en Europa y Asia Central.
“Es hora de que los países que llevan a cabo ejecuciones se unan al resto del mundo y conviertan esta práctica abominable en cosa del pasado. La pena de muerte no nos ofrece mayor seguridad. Al contrario: constituye una afrenta irreversible contra la humanidad, impulsada por el miedo y que muestra un desprecio absoluto por el derecho internacional de los derechos humanos”, ha declarado Callamard.
La llama de la abolición sigue ardiendo
Cuando Amnistía Internacional comenzó su trabajo contra la pena de muerte en 1977, sólo 16 países la habían abolido. Hoy, esa cifra ha subido a 113, más de la mitad de los países del mundo, mientras que más de dos tercios son abolicionistas en la ley o en la práctica.
Ante un telón de fondo de conductas depredadoras, miedo y odio, algunos países tomaron medidas que demostraban que, con determinación y una presión continuada, la abolición mundial está al alcance de la mano. Las autoridades de Vietnam abolieron la pena de muerte para ocho delitos, entre ellos transporte de drogas, soborno y malversación, mientras que Gambia la abolió para el asesinato, la traición y otros delitos contra el Estado. En una decisión histórica, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, concedió el indulto a Rocky Myers: el primer indulto que se concedía a una persona de raza negra condenada a muerte en el estado.
En Líbano y Nigeria se presentaron proyectos de ley para abolir la pena capital, mientras que el Tribunal Constitucional de Kirguistán declaró inconstitucionales las iniciativas para reintroducir la pena de muerte.
“Con los derechos humanos amenazados en todo el mundo, millones de personas siguen luchando contra la pena de muerte todos los años, en una potente demostración de nuestra humanidad compartida”, prosigue Callamard. “La abolición total es posible si nos unimos para mantenernos firmes contra los pocos países aislados. Debemos mantener encendida, brillando con fuerza, la llama de la abolición hasta que el mundo quede totalmente libre de las tinieblas de los patíbulos».
La duda durante la pasada noche electoral fue la misma que sobrevoló durante toda la campaña: no era saber quién ganaría las elecciones andaluzas, sino cómo ganaría el PP, con mayoría absoluta o sin ella. Es decir, con holgura para gobernar o teniendo que negociar con Vox. Nada ha podido hasta el momento con el partido liderado por Juanma Moreno, que ha vuelto a ganar las elecciones en Andalucía pero, esta vez, con la duda ya disipada, sin mayoría absoluta, lo que lo obligará a sentarse con Vox.
El Partido Popular ha obtenido 53 escaños, a dos de la mayoría absoluta y cinco menos que en las pasadas autonómicas. En segundo lugar, el PSOE, liderado por la exministra de Hacienda María Jesús Montero, se ha quedado en 28 escaños, uno menos que en 2022, lo que supone, además, el peor resultado de la historia de un partido que, durante casi 40 años, fue hegemónico en Andalucía. Y, en tercer lugar, la ultraderecha de Vox ha ganado un diputado más que en 2022 y logra, así, 15 escaños. “Vamos a defender cada uno de esos votos”, ha dicho, al grito de “prioridad nacional”, el candidato de la ultraderecha, Manuel Gavira.
Hasta aquí, poca sorpresa en una noche electoral que ha dejado mensajes para todos los partidos, incluido el PP ganador –que pierde de este modo su comodidad a la hora de gobernar y se mete en «el lío» que pretendía evitar–, pero muy especialmente para la izquierda que gobierna en España: desde los desastrosos resultados del PSOE, y lo que ello supone para Pedro Sánchez, –“No son unos buenos resultados. Tomamos nota», ha dicho Montero– al sorpasso de Adelante Andalucía a la coalición de Izquierda Unida, Sumar y Podemos.
Liderada por Antonio Maíllo, Por Andalucía –integrada por Izquierda Unida, Podemos, Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes Equo, Alternativa Republicana y Alianza Verde–, se ha quedado con el mismo resultado que en 2022: cinco. Pero no fue una noche fácil: hubo un momento en que el recuento los dejó sin grupo parlamentario propio. “Se ha acabado el tiempo en que la izquierda transformadora retrocedía, independientemente de quién haya conseguido capitalizar eso”, ha afirmado Maíllo.
Su coalición ha quedado por detrás de Adelante Andalucía, liderado por José Ignacio García –anteriormente por Teresa Rodríguez–, que ha pegado un subidón y asciende a la cuarta posición: de los dos escaños de 2022, ha pasado a ocho. Es el único partido que ha crecido en escaños, junto a Vox. «Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al PP», ha celebrado García. «De momento no los hemos echado, pero Adelante ha llegado para quedarse y somos la principal fuerza de la izquierda en Andalucía», ha concluido.
Ha escrito por las tardes, en sus ratos libres, después de currar como auxiliar administrativo las mañanas de lunes a viernes. Se sabe con suerte por el «irrisorio» alquiler que paga en Conde de Peñalver (Madrid). No todo el mundo podría permitirse pararse a pensar durante años qué significa el trabajo y hasta qué punto la meritocracia es una de las ideologías que dominan la sociedad. El periodista Miguel Gómez Garrido acaba de publicar La cultura del desesfuerzo. Meritocracia, trabajo y otras trampas (Siglo XXI, 2026), un viaje en forma de ensayo ameno a través de las falsas promesas del trabajo, el tiempo libre y la hiperproductividad. Incluso se atreve a apostar por un futuro que merezca la pena vivir a través de lo que llama «cultura del esfuerzo común».
Con referencias constantes a autores clásicos y contemporáneos, Gómez también da viva cuenta de ser un pensador de su tiempo, encontrando en personajes como el Santa de Los lunes al sol y las letras de Estopa y Robe Iniesta aquello que puede explicar el mundo. Es una tarde primaveral de principios de mayo y la cafetería de Lavapiés en la que responde a estas preguntas es demasiado moderna tanto para el entrevistado como para el entrevistador. Este periodista de 32 años mueve las manos al hablar, las entrelaza y las utiliza para taparse por unos segundos la cara al reflexionar sobre la libertad. Mira al frente casi todo el tiempo, aunque sus palabras no rehúsan la confrontación.
Define el trabajo como una trampa. ¿Por qué?
Porque no deja de realizar promesas que luego no se corresponden con el resultado. Estamos en un punto en que no sabemos muy bien qué es el trabajo. La gente te felicita cuando te jubilas, pero también cuando te contratan. ¿Qué está sucediendo ahí? El trabajo nos angustia cuando lo tenemos y cuando no lo tenemos, ahí está la trampa, en todo eso que nos promete y que nunca nos permite alcanzar.
Uno de los aspectos más llamativos de su libro es que consigue deconstruir la cultura del esfuerzo, desnudarla, para señalar directamente a quién beneficia y a costa de quién lo hace. ¿Cómo ha podido llegar la masa obrera a creerse que se es mejor, que se merece más, cuanto mayor sea el esfuerzo?
Es lógico. Tiene mucho más sentido pensar que lo que vas a hacer tiene un sentido. Es un mecanismo normal, de recompensa. De hecho, lo contrario es lo que toda la vida hemos llamado «alienación». Siempre nos hemos quejado de que el trabajo no tiene sentido, de que no lo entendíamos, pero es un espacio en el que vas a estar muchísimas horas de tu vida. Necesitas creer que lo que haces es útil, convencerte y preocuparte de que lo estás haciendo bien.
Aquí entra en juego algo esencial: el tiempo. Según un informe de Santalucía Espacio Futuro, un 60% de los trabajadores prioriza el horario y la flexibilidad frente al salario. Usted lo resume así: «Los que tienen un peluco de quince mil euros no fichan. El tiempo es suyo». ¿Priorizar el goce y defender el tiempo es una forma de revelarse contra la cultura del esfuerzo?
Sin duda. Es algo que ya pasa, un anhelo en presente. Es una pulsión que la pandemia vino a confirmar. Ahí vimos cómo la gente está deseosa de tener más tiempo para sí misma, y esto procede del mismo éxito del neoliberalismo.
¿Cómo si el neoliberalismo muriera de éxito?
El neoliberalismo nos animó a que nuestra identidad tuviera muchas más piezas que las de antes, es más compleja. No queremos trabajar tanto porque no tenemos tiempo para hacer otras cosas, en parte porque ahora tenemos muchas más posibilidades que antes. Eso hace que la idea del trabajo se le quede corta hasta a las personas más apasionadas de su trabajo. Esta sensación de que tenemos menos tiempo se explica en que queremos hacer más cosas, así el trabajo se desplaza de ese centro en el que estaba antes.
La hiperproductividad está tan enraizada en el día a día que muchas personas ni siquiera saben qué hacer con su tiempo libre. Mi madre es profesora de adultos, funcionaria, y suele decir que a ella no le importaría seguir dando clase cuando se jubile, sin cobrar. También noto cierto temor en ella al momento de la jubilación. ¿Hay algo de revolucionario en el aburrirse?
Yo creo que no. Sigo la idea de Emilio Santiago y César Rendueles y creo que deberíamos separar la idea de que queremos trabajar menos de la idea de que eso significará no hacer nada. Solo vamos a poder conquistar el derecho al aburrimiento apacible, no ansiógeno, sino feliz, si por el camino somos capaces de decir: «No, perdona, mamá. Cuando te jubiles podrás hacer muchísimas cosas porque la sociedad está llena de necesidades, inquietudes y posibilidades».
Está claro que cuando nos quitamos el yugo del trabajo y de la productividad podremos hacer las cosas de forma más tranquila. Podremos no sentirnos mal cuando necesitamos descansar, por ejemplo. Y aquí está un poco mi beef con Juan Evaristo Valls. No se trata de salirnos del trabajo para tumbarnos y no hacer nada. Desde mi punto de vista, estamos deseando hacer muchas cosas con nuestro tiempo libre.
¿Cuál es el reto aquí?
Que la siguiente generación no lo pase tan mal una vez que deja el trabajo, lo que también es normal que ocurra cuando la mayor parte de tu vida ha girado en torno a él. Nuestros padres son los primeros que querrían hacer muchísimas cosas que ahora no pueden, pero hay que convencerles de que tienen derecho para ello.
Ya lo ha mencionado. El filósofo Juan Evaristo Valls escribió El derecho a las cosas bellas. Vindicación de la vida holgada(Ariel, 2025). El autor dijo en una entrevista en La Marea que «una sociedad más perezosa nos llevaría a desplazar el capital del centro para entender la vida como descanso, placidez, repleta de vínculos improductivos y repleta de relaciones de cuidado». ¿Usted qué cree que pasaría si todos nos «desesforzáramos» un poco más? ¿Es algo utópico?
No creo que sea para nada utópico, ya estamos viendo un montón de ejemplos. Una gran parte de este movimiento de priorizar el tiempo al trabajo no viene de una organización explícita, es una corriente, una pulsión que ha crecido en la gente de manera orgánica. Poco a poco vemos cómo la gente no se cree ese discurso de que uno es lo que es en su puesto laboral. De alguna manera, se ha instaurado el sentido común y es una de las cosas que más esperanza a me generan.
Sobre qué pasaría si nos «desesforzáramos» más, pues nada. La sociedad seguiría funcionando y el agua seguiría fluyendo por las cañerías. Pienso que, si debemos entender el esfuerzo de alguna forma, es que debe ir hacia las personas a través de canales comunes. Esa es la manera de que todo funcione mientras nos esforzamos un poco menos. No olvidemos que el esfuerzo, aunque pensamos que es la norma, debería ser la excepción. Y luego también podríamos pensar por qué la mayor parte de los esfuerzos son individuales, no colectivos para un fin común.
Afirma que «la cultura del esfuerzo es una de las estrategias con las que el liberalismo trata de convencerte de que sí te da a elegir». ¿Vivimos en la ilusión de ser libres?
Yo creo que somos más libres de lo que pensamos. Cuando la gente asume los postulados de la cultura del esfuerzo, no es porque sea tonta o esté alienada. Me repito, pero creo que lo hace porque psicológica, vital y socialmente le va a granjear mayor beneficio. Tenemos que ser capaces de construir una alternativa a eso.
El médico Eduardo Vara, autor de Maldito trabajo. Sobrevivir a la cultura del sacrificio y repensar la vocación(Ariel, 2024), señaló en una entrevista en Ethic que «intentar mejorar constantemente es perjudicial para el trabajador». ¿Existe algún límite en ese «mejorar constantemente»?
Cuando uno se pregunta por la mejora y por la constancia, habría que preguntarse qué es mejorar y con qué intensidad puede hacerlo, y, sobre todo, a costa de qué. Esa es la respuesta que debemos encontrar como sociedad. Si los rendimientos de una empresa mejoran porque un empleado trabaja tres horas más a la semana, ¿es una mejora o un empeoramiento?
A mí también me jode el imperativo de insuficiencia que hay constantemente. Parece que tenemos un software instalado de mejora continua e infinita, y eso es devastador a nivel humano. No hago una enmienda a la totalidad sobre esto, pero sí tendríamos que empezar a aceptar algunos de nuestros defectos y límites.
SIGLO VEINTIUNO EDITORES
Pero muchas veces la izquierda compra esta forma de entender el ascenso social a través de la meritocracia. La clase obrera es la que se esfuerza de verdad, no los ricos, no los poderosos.
La izquierda ha podido legitimar la cultural del esfuerzo a nivel histórico con lemas como «la tierra para quien la trabaja», y eso tenía todo el sentido del mundo. Defendíamos ese principio con el objetivo no tanto de estar más orgullosos de nuestro trabajo, sino de trabajar menos, repartirlo, llegar a construir una sociedad en la que el trabajo no fuera, ni mucho menos, la actividad central. Ahora bien, eso no significa que queramos ser clase obrera para siempre, porque la lucha tendría que seguir centrada en destruir las clases.
De hecho, seguimos trabajando casi la misma jornada que hace un siglo, cuando se conquistaron las ocho horas.
Hemos llegado a un punto en que la exigencia de acortar el horario laboral es algo muy residual. Ni siquiera los sindicatos mayoritarios la defienden con ahínco.
Volvamos a uno de los principales conceptos que aporta en su ensayo. Para darle la vuelta a la idea añade un adjetivo que lo cambia todo: propugna la cultura del esfuerzo común. ¿A qué se refiere exactamente?
Lo puedes llamar progreso, Estado, fraternidad… Lo que quieras, pero siempre buscando entre todos una manera planificada para evitar duplicidades y competencias absurdas. Si tienes un servicio postal que funciona bien, no es necesario que existan otros tantos que se encarguen de lo mismo. Es tan sencillo como eso.
La cultura del esfuerzo común lo que intenta es hacer pensar qué necesitamos como comunidad y sumar esfuerzos para no tener que estar tirando de heroicidades para conseguir los objetivos. Nada más y nada menos. Quiero una vida que merezca la pena ser vivida, que no sea una oda al sacrificio.
Desde el plano más personal, ¿ha merecido la pena el esfuerzo que ha hecho para escribir este libro? ¿Cómo lo ha hecho para capear esta contradicción?
Sí que ha merecido la pena. Yo he necesitado reconciliar todo ese esfuerzo con el proyecto político que presento en el libro, y eso es lo que quiero que suceda en la sociedad. La cultura del esfuerzo común nos tiene que ayudar a que cada uno pueda desarrollar sus pasiones e intereses con toda la intensidad y ganas del mundo, aunque se le den de pena. Tenemos que sacar nuestras aficiones, nuestros pasatiempos, de las garras del trabajo. Lo que tenemos que hacer es crear las condiciones para que yo pueda no vender ni un solo ejemplar de este libro y que no pase absolutamente nada.
A finales del mes pasado, el Ministerio de la Diáspora y la Lucha contra el Antisemitismo de Israel impidió la entrada al país a la periodista Queralt Castillo Cerezuela, como difundió el mismo organismo, que la acusó de antisemita por utilizar términos como «genocidio», “barbarie” o “masacre” en informaciones sobre la actualidad en Palestina. Pero no es el único caso. Reporteros Sin Fronteras (RSF) asegura que Israel ha denegado dos visados más a periodistas europeos desde julio de 2025 y considera que la difusión intencionada del caso de Castillo es un “aviso a navegantes”. Además, manifiesta su rechazo a las demandas intimidatorias en curso de la asociación ACOM contra varios periodistas en España.
“No entiendo esta decisión, porque yo no soy una persona relevante; sino una persona anónima que hace su trabajo. El hecho de hacer público mediante un comunicado ministerial los motivos de denegación de la entrada al país me consta que se había hecho con personajes públicos, pero no había visto este proceder para con los periodistas. Además de sentirme vulnerada, me preocupa que esto tenga consecuencias a la hora de trabajar en otros países”, explica la periodista en un comunicado de RSF.
«Este caso es muy preocupante, tanto por el señalamiento a Queralt Castillo, que cuenta con todo el apoyo, la protección y el amparo de RSF, como porque supone un claro aviso a navegantes de que esto puede seguir sucediendo con periodistas españoles y de otros países. Es importante que el Gobierno español tome nota de estas prácticas», afirma el presidente de RSF, Alfonso Bauluz.
La organización de reporteros insiste en que este tipo de prácticas, que combinan «decisiones administrativas con la exposición pública de periodistas», suponen un mecanismo de presión incompatible con los estándares internacionales de libertad de prensa. El 8 de enero de 2026, la reportera independiente francesa Khadija Toufik, que ha informado habitualmente desde Israel y Cisjordania ocupada desde 2023, recibió un correo electrónico de las autoridades israelíes en el que se le informaba de que se le había revocado su autorización electrónica de viaje a Israel.
En julio de 2025, al fotorreportero independiente italiano Alessandro Stefanelli se le rechazó de forma similar su acceso a Israel mediante un correo electrónico. Según un documento oficial entregado a Stefanelli y al que ha tenido acceso RSF, la denegación se justificó mediante una nota de la policía israelí en la que se describía su trabajo como “una cobertura mediática parcial contra Israel”, basada “exclusivamente en acusaciones de información crítica y parcial”. El periodista presentó un recurso ante el Tribunal de Apelación de Población y Migración contra esta decisión y está a la espera de una vista el 19 de mayo, cuenta RSF.
«La organización condena igualmente, como ya hicieron la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), las demandas intimidatorias interpuestas por la asociación proisraelí ACOM contra los periodistas Ana Iris Simón (El País, Onda Cero, Espejo Público…), Silvia Intxaurrondo (RTVE), Antonio Maestre (La Marea, La Sexta) y Raquel Ejerique (ElDiario.es)», añade el comunicado de RSF. La organización enmarca estas acciones, junto con el caso de Queralt Castillo, actualmente trabajadora de El Salto, en una «creciente presión sobre el periodismo español, que incluye tanto decisiones institucionales del Gobierno israelí, como acciones judiciales impulsadas por organizaciones afines».
BOGOTÁ // Lo último que ve Daniel Jaimes es el destello de un disparo. Se oscurece la tarde del 1 de mayo de 2021, se apaga su visión. El gas del proyectil lanzado por un agente policial rasga su garganta. Cae al suelo y siente que una parte de su cara se desprende del cuerpo. El cilindro de gas lacrimógeno impacta directamente sobre el lado derecho de su nariz, pulverizando los huesos de sus pómulos, rompiendo su tabique y los pisos orbitales “que son los huesos que sostienen los ojos”, desprendiendo el maxilar superior. Pierde diez piezas dentales. Su ojo derecho estalla. “Usted es para que estuviera muerto”, todavía repiten doctores y cirujanos.
Una lágrima gotea incesante bajo el pañuelo negro de tela que cubre ahora la parte derecha de su rostro, dice que es por la celulitis preseptal, una infección recurrente. “Pasé por tanto dolor desde el principio… tú viste cómo estaba. Esa lágrima es porque me duele, pero uno se acostumbra”, se resigna Daniel. Cinco años después del impacto –durante el mayor estallido social en Colombia– el dolor físico ya no lo define todo. “Soy una persona rota, no te lo voy a negar”. Silencio. “Sé que nunca voy a sanar del todo, pero soy terco: creo que con amor se puede tapar el sol”, narra el joven de 25 años, dejando ver una leve sonrisa.
Cinco años del estallido social: 5.340 casos de violencia policial
El 28 de abril de 2021, millones de colombianos se tomaron durante casi cuatro meses las plazas, calles y parques de todo el país en contra de la reforma tributaria del entonces presidente derechista, Iván Duque. Una reforma que ahogaba, aún más, a las poblaciones más afectadas por la crisis sanitaria del COVID-19. Las históricas marchas retomaban el eco del Paro Nacional de noviembre de 2019. Los reclamos de justicia social, mejoras económicas y sociales, el cese de los asesinatos contra líderes sociales pronto se mezclaron con los pedidos de una reforma policial.
La Fuerza Pública colombiana (Policía Nacional, el Ejército y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD, hoy llamado UNDMO) reprimió a los manifestantes, en su mayoría jóvenes, con una violencia colosal. Tanquetas y lanzaderas de proyectiles Venom contra las piedras de los manifestantes, gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar las arengas pacíficas, tiros de balas contra escudos de latón y madera. Solo entre el 28 de abril y el 20 de julio, la Plataforma Grita de la organización colombiana Temblores registró 5.340 casos de violencia policial en todo el territorio: 40 casos de violencia homicida, 105 casos de trauma ocular, 35 casos de violencia sexual. Hubo estigmatización contra la protesta y los manifestantes, detenciones y judicializaciones arbitrarias, abusos de autoridad, desapariciones. Hoy, en el quinto aniversario, la gran herida abierta de todo un país sigue siendo la impunidad de sus violencias estatales.
“Existe un pimponeo entre la jurisdicción penal militar y la justicia ordinaria que funciona como una estrategia dilatoria para evitar el esclarecimiento de los hechos”, afirma Camilo Mendoza, de Temblores ONG. Su último reporte demuestra cómo los casos registrados de violencia policial siguen sin haberse esclarecido y muchos han sido archivados. “El acceso a la justicia en el ámbito penal muestra un panorama muy crítico”, reconoce Mendoza. De los 105 casos registrados de trauma ocular, solo uno tiene una sentencia condenatoria en primera instancia. “Esto demuestra un escenario de impunidad sistemática y estructural frente a violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado”, denuncia.
Agresiones oculares, persecución y exilio
Al otro lado del teléfono, Leidy Natalia Cadena, narra con tesón los detalles previos a perder la visión total de su ojo derecho. “No fue un error. El primer disparo fue directo al ojo, el segundo a la pierna”. Era la única mujer del grupo, tenía 22 años cuando fue alcanzada por el proyectil de bala de goma disparado por el miembro del ESMAD, Danilo José Núñez; quien fue condenado a siete años de prisión el pasado 6 de abril, siendo de los primeros casos en llegar a la justicia ordinaria por mutilaciones oculares durante las protestas sociales. “La sentencia es agridulce. A mí me arrebataron todo: mi país, mi familia, mi profesión. Siete años de cárcel no me devuelven nada”, se lamenta desde el exilio.
La joven politóloga tuvo que salir del país por las amenazas recibidas después de hacer público su caso. “El primer año fuera de Colombia fue muy duro. Yo estaba en shock. Luego una amiga que también había perdido un ojo se suicida, y eso me destruye”. Durante meses le costó levantarse de la cama, sobrevivir. A Leidy todavía le quiebra la voz hablando de su exilio: “Me quitaron la posibilidad de vivir la vida que había construido”.
La falta de justicia para las víctimas de crímenes por parte del Estado se ha vuelto un paisaje habitual en Colombia. Desde el genocidio de militantes de la extinta Unión Patriótica hasta los mal llamados «falsos positivos», civiles ejecutados extrajudicialmente por militares, o las víctimas durante las protestas sociales. “Lo que estamos viendo es la continuidad de un patrón de impunidad que el país arrastra desde hace décadas”, dice Alfonso Castillo, de la organización de víctimas de crímenes de Estado, Movice. “No hay avances reales en la justicia frente a hechos graves cometidos por agentes estatales, y eso envía un mensaje muy negativo a las víctimas y a la sociedad en general”.
Gustavo Petro y Francia Márquez celebran la victoria en Colombia. ROBERT BONET / REUTERS
“Una oportunidad perdida”, el reclamo de la reforma policial
El 19 de junio de 2022, ante una multitud eufórica e ilusionada, escudado por el retrato del joven Dylan Cruz, asesinado por el ESMAD durante el Paro Nacional de 2019, el recién elegido presidente Gustavo Petro –el primero de izquierda– pronunció lo siguiente: “Ningún joven volverá a ser violentado por imaginar un país diferente”. Habló de las víctimas del estallido social, abrazó a la madre de Dylan, que lo acompañaba en el escenario, y se convirtió en la esperanza de ese grito sordo de justicia, verdad, reparación y no repetición que coreaban millones de personas que meses antes habían marchado en las calles.
“Uno de los aspectos más llamativos es que el gobierno ha respondido de manera más efectiva a las demandas de otros sectores sociales que a las de las juventudes populares, que fueron centrales en el estallido y también en el cambio político que vino después,” cuestiona Víctor Barrera, del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
Petro hizo campaña apoyado sobre esa demanda del movimiento social –y de los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales– de una reforma policial. La promesa electoral de justicia para las víctimas del estallido, según el investigador de Temblores, no se materializó en los términos que la ciudadanía esperaba. “Eso deja una sensación de oportunidad perdida, incluso en un contexto político que parecía favorable”, apunta Mendoza.
A poco más de tres meses de que culmine su mandato, de aquel grito solo queda un sollozo. El gobierno izquierdista impulsó una reforma policial desde el Ministerio de Defensa, entidad bajo la que se cobijan los uniformados, y se emitió la Directiva Permanente 009 de 2023. La Policía cambió sus uniformes, el ESMAD pasó a llamarse UNDMO: Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden.
“Se ha avanzado en introducir el diálogo como herramienta para gestionar la protesta, incluso desde el Ministerio del Interior, pero la reforma estructural de la policía no se dio y esa discusión se fue perdiendo”, reconoce Barrera, uno de los autores del libro Dilemas en movimiento, un texto que analiza cómo interactuaron todos los actores que participaron en las movilizaciones sociales.
Retrato de Miguel Fernando Leal, sobreviviente de violencia ocular durante el estallido. MARINA SARDIÑA
Por su parte, los supervivientes de las violencias policiales continúan haciéndose la misma pregunta: ¿quién dio la orden? Miguel Fernando Leal, de 44 años, es uno de los miembros más adultos del Movimiento en Resistencia Contra las Agresiones Oculares del ESMAD (MOCAO), conformado en 2021 para cobijar a las víctimas de lesiones oculares. Su historia es similar a la de sus compañeros. Salió a marchar pacíficamente en el sur de Bogotá, en un barrio popular, y un uniformado le disparó una bala de goma directamente contra su ojo izquierdo, quitándole la vista para siempre. “Yo sí creo que hay una intencionalidad. Estos disparos a la cabeza no son accidentales. Hay un objetivo: callar, dejar una marca, generar miedo en los demás”, reclama.
Su vida, y la de su familia, cambió para siempre. Se mira al espejo y ve dos personas distintas. Su mano derecha actúa de bastón, con ella palpa el mundo que no puede ver. “La sociedad no dimensionaba que por salir a protestar podía pasar algo así. Una cosa es que te detengan o que haya una sanción, pero otra es que te disparen a la cabeza. Eso ya es una mutilación, algo que te cambia la vida para siempre”.
En 2024, el Gobierno colombiano emitió el Decreto 1231 que, entre otras cosas, limita el uso de la fuerza policial en las movilizaciones. “Hemos visto que, según cifras oficiales, se han reducido las intervenciones donde se usa la fuerza, lo cual es positivo”, dice Mendoza, señalando que, si bien ha habido mayores garantías para la protesta social, en los escenarios donde se utiliza la fuerza se siguen presentando irregularidades y abusos.
Pese a algunos esfuerzos, las transformaciones estructurales en la Fuerza Pública y los pedidos de los organismos de derechos humanos, entre ellos sacar a los uniformados del Ministerio de Defensa, quedaron fuera de la agencia del Gobierno. El próximo 31 de mayo se celebran elecciones en Colombia, con el candidato de izquierda Iván Cepeda liderando las encuestas con un breve margen ante la candidata del uribismo, Paloma Valencia. “El contexto actual es preocupante porque la violencia está siendo utilizada como argumento político. En medio de escenarios electorales, ciertos sectores recurren a discursos que priorizan la seguridad por encima de los derechos, lo que puede tener consecuencias graves para la democracia”, dice el activista e investigador del Movice Alfonso Castillo.
“El enemigo no es el uniformado, es el sistema”
“Yo ya sé quién fue el policía que me disparó”, dice Gareth Sella, cineasta, ex viceministro de Juventudes del actual Gobierno y sobreviviente de agresión ocular. Perdió la vista de su ojo izquierdo en febrero de 2020, antes de que iniciara el estallido social. Gareth formaba parte de los Escudos Azules, una agrupación de estudiantes que, resguardados por escudos de madera, plantaban cara y protegían a los manifestantes de los ataques policiales cuando se iniciaban los disturbios. No pudo marchar durante el estallido social, pero su activismo cobró más sentido el día que le arrebataron la vista. “La gente ha despertado y aunque nos quiten los ojos, vemos sus crímenes de Estado”, pronunció ante el Congreso, cuando las plazas comenzaban a llenarse de manifestantes.
Gareth Sella, ex viceministro de Juventudes y superviviente de violencia ocular. MARINA SARDIÑA
Su caso, como la mayoría, sigue en la impunidad. “Para mí el enemigo nunca fue la policía… es el sistema”, expresa dejando ver una rabia común que se repite entre las víctimas. Un relato que también repite Daniel Jaimes: “Tuve que entender que hacerle daño a la persona que me disparó no me va a hacer mejor. Se trata de transformar esa rabia en algo que sirva”. Y Leidy Cadena: “Esto no es solo contra una persona, es contra una institución que hizo de esto algo sistemático. Han pasado cinco años sin que digan la verdad”.
Colectividad y resistencia
Para Víctor Barrera, el estallido puso en la agenda pública problemáticas estructurales que llevaban años invisibilizadas e ignoradas, especialmente en lo referente a las fuertes desigualdades sociales que atraviesan al país. Si bien, no todos los sectores del movimiento social tuvieron un papel dentro de la institucionalidad, se articularon redes con impacto local o barrial. “Uno de ellos es el fortalecimiento organizativo en sectores populares que no estaban vinculados a formas tradicionales de movimiento social”, señala.
Gareth reconoce visiblemente decepcionado que las personas y colectivos que estuvieron al frente durante el estallido no tuvieron un papel relevante dentro de las instituciones, incumpliendo las promesas de campaña y el sueño de las poblaciones más marginadas por el Estado.
Gracias a la ayuda de la cooperación y los organismos internacionales, MOCAO, junto con el Centro de Investigación Internacional de Violencia Ocular, están estudiando el impacto de las armas menos letales, recabando testimonios de supervivientes de todo el mundo con el fin de que las agresiones oculares sean reconocidas como crímenes de lesa humanidad.
Daniel lleva poco más de un año trabajando incesantemente en el centro de investigación. Su voz, pese a su juventud, suena como la de un líder. Sus colegas bromean y lo llaman “el profe”. Estar ahí, investigando, estudiando, hablando con otros supervivientes, le ha ayudado con la sombra siempre presente de la depresión, que le llevó a intentar quitarse la vida en al menos una ocasión. “Lo que hacemos no tiene que ver con lengua, raza o género. Los derechos humanos tienen que estar por encima de todo”, dice convencido.
Cinco años después de nuestro primer encuentro, cuando llegó a la entrevista con el rostro inflamado, enrojecido, con dos tubos en la nariz para poder respirar, con la voz de un niño que se hizo adulto entre hospitales, Daniel habla de su trabajo como activista y líder con el entusiasmo de alguien que, pese al dolor, tiene una fuerte urgencia por vivir. “Mi abuela, que fue quien me crió, me dijo un 31 de diciembre: ‘Estoy tan orgullosa de usted’. Era lo único que yo quería escuchar”.
– Dani, ¿con qué sueñas?
– Mi sueño es un mundo más justo. Y eso es trabajo de todos: generar empatía en el otro, ayudar a que la gente no repita el dolor que uno vivió. A mí me encanta ayudar. Quiero una vida larga para eso: ayudar lo máximo que pueda.
Debajo de la tela que cubre el lugar donde antes estaba su ojo derecho sigue brotando una lágrima. Está vez, de emoción.
Poca gente se para a pensar quién está detrás de la traducción del libro que está leyendo. Mucha menos llega a pensar cuánto cobrará esa profesional, que seguramente no se pueda dedicar a la traducción como única forma de ganarse la vida. Y por si fuera poco, un nuevo golpe amenaza a este sector, en el que parece que lo único estable es la precariedad: la incursión de la inteligencia artificial generativa (IAG) en las editoriales podría desplazar (aún más) a los traductores, pauperizar (aún más) su labor y convertirles en meros correctores de un producto fabricado a través de una máquina.
Para evitarlo, el pasado 21 de abril hicieron pública una iniciativa: un sello que certifique que la traducción que el lector disfruta está realizada por un ser humano. Su materialización pasa por el buen hacer y la confianza en las compañías editoriales, cuya postura, por el momento, se puede resumir en un concepto muy en boga: la libertad (empresarial) primero.
Amaya García, presidenta de ACE Traductores, la principal asociación de traductores editoriales de España, que aglutina a unos 700 profesionales, asegura que la situación se ha agravado en las últimas dos décadas. «Las tarifas de los traductores llevan muchísimo tiempo sin subir. Que seamos la mayoría autónomos complica mucho nuestro poder de negociación», comenta. Ahora, el posible uso de la IAG por parte de editoriales para sustituir la labor de los traductores empeora una realidad que critican desde su nacimiento. «La IA se aprovecha de las obras que ya hemos publicado, de las de todo el mundo, explotándolas como otro tipo de piratería y saqueo, para elaborar sus traducciones», afirma.
Las tarifas que manejan dependen de los idiomas que traduzcan. Una «buena tarifa» con la que García trabaja es 0,055 euros por palabra, «y aún así es insuficiente para poder vivir de esto», apostilla. Tendría que traducir 22.200 palabras para llegar a los 1.221 euros mensuales de salario mínimo bruto reconocido en 14 pagas. Según la presidenta de ACE Traductores, una novela de unas 200 páginas puede abarcar dos o tres meses de trabajo. De todas formas, hay encargos que hasta desecha. «Pagan tan poco que tengo que recortar en calidad, pero luego lo firmo yo, ¿y cómo sabe el lector que esa traducción que no es tan buena no obedece a mi capacidad de trabajo sino a mis condiciones laborales? Para eso prefiero decir que no», denuncia.
Ana Alcaina, traductora editorial y profesora en la Facultad de Traducción de la Universitat Autònoma de Barcelona, admite que vive cierta incertidumbre por ver hasta qué punto, según sus propios términos, se le cae el libro de las manos a un lector cuando lea la traducción realizada por una IA. Y añade: «Construir juegos de palabras, expresar las emociones que esconden los personajes, producir la voz del autor y elegir entre adjetivos es un trabajo más minucioso de lo que puede hacer una máquina». Esta docente universitaria esgrime que la IAG «regurgita» un texto, que además es una versión de otros muchos.
Virginia Maza, afincada en Zaragoza y traductora con más de 20 años de experiencia, ayuda a perfilar el panorama: «La IA no es neutral, tiene ideología y unos fines económicos que sirven a la lógica capitalista». Ella es un caso inusual dentro de su profesión ya que se dedica a la traducción en exclusividad. Remarca que las negociaciones de tarifas son duras: «Yo llevo ya bastante tiempo, pero a las compañeras nuevas siempre les aconsejo que se asocien, que vayan a lo colectivo».
Ninguna editorial ha confesadoen España que utiliza la IAG para traducir los libros extranjeros que comercializa. Sin embargo, en el sector se barrunta que la idea no es ajena a las empresas. Ya ha ocurrido con el sello Harlequin, del grupo HarperCollins, en Francia. «Quieren que los traductores acabemos puliendo los textos generados con IA por mucho menos dinero», señala García, presidenta de ACE Traductores, antes de advertir que esa forma de trabajar incluso lleva más tiempo que la traducción original en sí.
ACE Traductores no quiere quedarse viéndolas venir. Saben bien que las editoriales se valen de subterfugios para no indicar que una obra no ha sido traducida por un humano, y si lo indican, lo hacen de tal forma que el lector medio no se percata de ello. «La única salida que nos queda es proclamarlo nosotros a través de un sello de certificación» orientado al público lector, subraya García.
Sello para distinguir los libros traducidos por personas. Un diseño de Clara Juan.
Las editoriales son clave para que este sello se normalice y se extienda lo más posible. «Contamos con su buena fe», remarca la presidenta de ACE Traductores, quien apunta que los lectores también tienen derecho a esa transparencia. Si alguno no le da tanta importancia a la traducción realizada por un humano, se podría quejar de que le cobraran lo mismo por el libro traducido con IAG.
La Asociación de Editores de Madrid no ha atendido a La Marea, pero su vicepresidente, Paulo Cosín, ha dejado una declaración: «La IA supone en algunos casos una amenaza y en otros una oportunidad, y los diferentes protagonistas de la cadena de valor tendremos que analizar el uso correcto y las limitaciones, tanto desde el punto de vista legal como ético». Sus homólogos catalanes han defendido que «todo es muy embrionario», en relación con la traducción realizada mediante IAG, aunque sí es una herramienta que abordan en sus órganos de debate y formación.
Por su parte, desde la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) han indicado que no intervienen en la operativa de las compañías, «que evidentemente tienen plena libertad para fijar sus criterios de actuación en todo el proceso de elaboración de un libro». Asimismo, han asegurado desconocer si hay editoriales que se valen de la IA para sus traducciones. «Por lo que a nosotros respecta y como no puede ser de otra manera, cada una decide libremente sobre el uso de cualesquiera herramientas digitales», han añadido.
De la misma forma, la FGEE ha reconocido que el entrenamiento de la IAG debería contar con la autorización de los creadores de las obras que la hayan alimentado. Nada de esto es suficiente para la traductora Virginia Maza, quien cree que la clave es la transparencia y que la IA es «una gran herramienta terrible que amenaza la vida». Dejar la cultura en sus manos, asegura, «no es peligroso únicamente para la cultura, sino también para la lengua, nuestro idioma y el pensamiento humano».
Este reportaje se ha publicado originalmente en El Periscopio, el suplemento cultural de La Marea. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para seguir apoyando el periodismo independiente.
La Marea presentó anoche el último número de su revista en el Teatro del Barrio, en Madrid. Un número especialmente delicado sobre un problema a menudo ignorado: la pederastia. Se calcula que uno de cada cinco niños, niñas y adolescentes sufre violencia sexual en la infancia. La presentación del dossier se produjo el mismo día en el que el Gobierno aprobó la ampliación de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi), impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia. «Estoy feliz», dijo la ministra Sira Rego nada más comenzar su participación en el acto de La Marea, que estuvo recorrido de principio a fin por dos reivindicaciones: abordar este asunto como un problema estructural y que la justicia cambie para que se adecúe a las víctimas de estos delitos, los y las menores, especialmente los más pequeños.
La presentación, conducida por las periodistas de La MareaOlivia Carballar y Ana Veiga, contó además con la presencia de Juan Cuatrecasas, portavoz de la Asociación Infancia Robada y padre de una víctima de la pederastia en la Iglesia; Carmela del Moral, responsable de Infancia de Save the Children; y Jorge Coronado, perito tecnológico experto en la lucha contra la delincuencia digital.
De izquierda a derecha, Olivia Carballar, Ana Veiga, Jorge Coronado, Carmela del Moral y Juan Cuatrecasas durante la presentación de la revista de La Marea. JACINTO ANDREU
Respecto a la adecuada adaptación del sistema judicial a la infancia, la ministra Rego hizo hincapié en la necesidad de ponerse en la piel de las niñas y niños que han sufrido este tipo de violencia, que son muchísimos. «Las cifras son insoportables», señaló sobre unos crímenes que no están recibiendo la adecuada atención por parte de los medios de comunicación.
«Todos hemos sido niños, no debería ser tan difícil ponerse en su lugar», afirmó para explicar la necesidad de ajustar la justicia a la medida de la infancia. «La mirada de un niño o de una niña es radicalmente diferente a la de un adulto. Hay que imaginar qué supone para ellos la arquitectura institucional. Hay que cambiar todo esto y mirar desde ese lugar».
El texto que se aprobó horas antes en el Consejo de Ministros hace referencia a la necesidad de que los jueces escuchen a los más pequeños. «Hemos eliminado la barrera de los 12 años para que una niña o un niño sea escuchado en un proceso judicial», destacó la ministra sobre la nueva Lopivi. Puedes ver la entrevista completa aquí.
Esa escucha se debe hacer en un entorno seguro para los niños, y aquí es donde cobra importancia una iniciativa como las casas Barnahus. Se trata de espacios adaptados, alejados de la solemnidad de una sala de vistas y en los que las víctimas no tienen que repetir su testimonio a varias personas diferentes. El modelo cuenta ya con una larga trayectoria de eficacia probada en otros países, pero nuestro sistema judicial necesita apostar más por él. Según Carmela del Moral, de Save the Children, este tipo de espacios de acompañamiento a los menores se han desarrollado de manera muy desigual en nuestro país: «Hay comunidades que están más avanzadas, como Catalunya, que abrió su primera Barnahus en Tarragona hace varios años. Y ha dejado datos muy interesantes porque gracias a ella ha habido una mayor resolución de casos».
Pero las casas Barnahus son solo «uno de los recursos», abunda Del Moral. «También es necesaria también una especialización de los juzgados de delitos contra la infancia. A pesar de que esto se aprobó el año pasado, sólo se han puesto en marcha tres secciones especializadas en toda España. Y no hay una especialización por parte de la Fiscalía», añadió.
Las deficiencias en el sistema judicial son el caballo de batalla de Juan Cuatrecasas, padre de un menor agredido sexualmente por un profesor de un colegio del Opus Dei. El delincuente fue condenado a 11 años, pero su condena luego fue rebajada por el Tribunal Supremo a sólo dos. Lo hizo, según explicó, con el agravante de que para aplicar esta reducción, el juez tuvo que contravenir la propia jurisprudencia del Alto Tribunal. Cuatrecasas achaca esta arbitrariedad a la politización de la justicia: «Este señor [el agresor] es sobrino de un político del Partido Popular y todavía no ha habido nadie capaz de explicarme esta sentencia, emitida por la famosa Sala 2 del Supremo».
Cuatrecasas aprovechó su intervención para agradecer el trabajo del Defensor del Pueblo y de los ministerios de Justicia y de Infancia y Juventud: «Cuando mi esposa y yo empezamos con esto, en 2011, no había nada. No teníamos ningún manual. Sólo sabíamos que teníamos que luchar para salvar a un ser humano destrozado, nuestro hijo. Eso está cambiando gracias a las leyes que está aprobando la izquierda. Hay que ponerlo en valor».
«Efectivamente, el sistema judicial hay que arreglarlo», coincidió el perito informático Jorge Coronado, especialista en investigar delitos a través de pruebas digitales. «No puede ser que en un caso se tarden tres años en conceder el permiso para investigar unos dispositivos. No puede ser que las víctimas tengan que esperar tres años para eso». Coronado abundó en la importancia de la educación sexual en la infancia para prevenir este tipo de delitos, que en su caso concreto, el ámbito digital, han crecido exponencialmente en los últimos años.
La periodista de La Marea Ana Veiga participó, además, en calidad de víctima. Con mucho esfuerzo, contó su caso enun artículohace cuatro años y ayer explicó qué la movió a dar ese paso: «Recuerdo que vi una noticia sobre los abusos machistas de Plácido Domingo y mucha gente reaccionó diciendo: “¿Qué más quieren? Dejen el tema en paz. Ya está”. Pues no. No está. Recuerdo que tras publicar aquel artículo mucha gente me escribió contando experiencias similares. “Fue mi padre”, me decían. O “fue mi hermano”». Veiga, según afirmó, entendió que contar la agresión que sufrió ayudaría a muchas otras personas que pasaron por su misma situación a contar sus casos, a denunciar. En definitiva, «a liberarse».
Dos de los integrantes de la Flotilla Global Sumud secuestrados por Israel asistieron hoy a una vista judicial en la ciudad de Ascalón que decidió alargar su prisión preventiva seis días más. El español Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila fueron capturados ilegalmente el pasado miércoles, 29 de abril, mientras sus embarcaciones estaban en aguas internacionales. El Estado hebreo les acusa de «actividades ilegales» y vínculos con Hamás sin aportar pruebas concluyentes e ignorando los límites de su jurisdicción. De hecho, fueron abordados en aguas griegas, a más de 1.000 kilómetros de Gaza. El Gobierno español habla explícitamente de «secuestro» de los dos activistas.
Las abogadas de Abukeshek y Ávila (pertenecientes a Adalah, una ONG de derechos humanos y servicios jurídicos para la minoría árabe de Israel) daban por hecho, ya antes de entrar en la sala encargada del caso, que el tribunal fallaría en su contra y prolongaría su estancia en prisión. Allí se encuentran en régimen de aislamiento (en celdas sin ventanas e intensamente iluminadas durante todo el día) y sufriendo maltrato por parte de las autoridades israelíes, según han asegurado las letradas tras visitarlos. Siguiendo la recomendación de la Policía, el tribunal aprobó «su detención hasta el domingo por la mañana», confirmó Miriam Azem, coordinadora internacional de Adalah. La ONG manifestó que el fallo sirve para ratificar «una ilegalidad» y anunció que apelará de inmediato la decisión.
El acoso de las autoridades israelíes no ha cesado sobre los navíos que aún siguen en alta mar. Anoche, 4 de mayo, drones, helicópteros y embarcaciones militares rodearon a los barcos de la flotilla cuando estos se encontraban a 1.490 kilómetros de Gaza. Cabe recordar que las aguas jurisdiccionales de Israel se extienden sólo 22 kilómetros desde su costa. Este límite, en cualquier caso, no afectaría a Palestina según el Derecho Internacional del Mar: legalmente, Gaza tiene su propia jurisdicción náutica y es allí donde los barcos de la Global Sumud han pretendido siempre atracar para romper el bloqueo israelí y llevar ayuda humanitaria.
Las niñas y los niños deberán ser escuchados en cualquier proceso que les afecte, independientemente de su edad. Esta es una de las claves principales en la ampliación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi), que se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Hasta el momento, la obligatoriedad de la escucha de la niñas y niños se establecía a partir de los doce años o de una «madurez suficiente» de la persona menor de edad afectada, lo que ha provocado que, en muchos casos, la voz de niñas y niños no haya sido tomada en consideración.
Impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia, la ampliación refuerza el interés superior del niño o de la niña, de manera que deberá justificarse expresamente en todos los actos y resoluciones administrativas y judiciales cómo se ha valorado ese interés y por qué la decisión adoptada protege mejor el bienestar físico, emocional y psicológico de las personas menores de edad. «En este sentido, se incluye entre los criterios relativos al interés superior del menor el alejamiento del niño o niña de aquella persona que lo violente, de modo que el interés superior del menor nunca es estar con un agresor o presunto agresor«, explican fuentes del ministerio.
Así, el nuevo texto prohíbe el Síndrome de Alienación Parental, «junto con cualquier reformulación o planteamiento sin aval científico, de forma expresa». Ningún informe público o privado basado en el SAP –insiste el texto– podrá utilizarse en procedimientos judiciales o administrativos. Además las resoluciones que lo utilicen podrán ser impugnadas.
Según el texto aprobado en el Consejo de MInistros, no podrá establecerse custodia compartida cuando existan indicios de que esa decisión puede afectar negativamente a la salud física, psíquica o emocional de la persona menor de edad: «Detallando los criterios interpretativos del interés superior del menor y estableciendo la obligatoriedad de la escucha. Del mismo modo, si un niño o niña expresa rechazo hacia uno de sus progenitores, el sistema deberá investigar las causas del rechazo y proteger a la persona menor de edad».
También se incorpora una medida de enorme impacto: bastará el consentimiento de un solo progenitor para que una persona menor de edad víctima de violencia pueda acceder a atención psicológica, social o jurídica. Se evitará así que el agresor pueda tener capacidad de veto sobre la reparación.
La reforma de la norma endurece los requisitos para acceder y mantenerse en profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con niños, niñas y adolescentes. En esta línea, será requisito para el acceso a dichas profesiones no haber sufrido condena por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia.
Destaca también la obligación de crear turnos de oficio especializados en violencia contra la infancia y la adolescencia dentro de los Colegios de Abogacía. Para el Ministerio, esta ampliación legislativa supone un punto de inflexión en la respuesta del Estado frente a la violencia contra la infancia: «Durante demasiado tiempo, el sistema ha llegado tarde o no ha protegido adecuadamente. Esta reforma actúa precisamente sobre esos fallos y sitúa la protección de niños y niñas como una responsabilidad pública ineludible».
Ciento veinte organizaciones de carácter social, académico, político y sindical presentaron hoy un manifiesto a favor de que se aplique la Ley de Memoria Democrática a todos los y las saharauis que «padecieron persecución y violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento, opinión o conciencia por sus actividades de oposición» a la dictadura franquista.
Según reza el manifiesto, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, el reconocimiento de las víctimas saharauis «es un acto obligado conforme a los principios de verdad, justicia y reparación». De hecho, resaltan que fue en África donde comenzó el verdadero régimen franquista, ya que fueron los oficiales allí destinados quienes protagonizaron el golpe de Estado de 1936. Además, España administró ese territorio desde 1884 y, tras la reorganización de 1958, lo convirtió en la provincia número 53. A todos los efectos, sus habitantes eran tan españoles como los habitantes de la Península y las islas, y lo fueron hasta que España abandonó el territorio en 1976 y dio vía libre a la ocupación ilegal por parte de Marruecos.
«Denunciamos, además, un trato diferenciado entre la población española de origen europeo, que fue evacuada e indemnizada durante la llamada Operación Golondrina, y la población saharaui, que quedó desprotegida frente a la ocupación militar y perdió en muchos casos la nacionalidad española, derivando en situaciones de exilio y apatridia», señalan los firmantes en un comunicado.
Violencia colonial en el Sáhara
Existe una amplia bibliografía académica sobre la represión franquista en lo que entonces se llamó el «Sáhara español». Uno de los trabajos destacados es el informe Saharauis. Las otras víctimas del franquismo y postfranquismo. Memoria, desmemoria y responsabilidades del Estado español, de Abdeslam Aomar Lahsen, publicado por el Instituto Hegoa de la Universidad del País Vasco. En él se examina pormenorizadamente la historia de violencia colonial desarrollada en este territorio, como la guerra de Ifni-Sáhara (1957), la represión de manifestaciones pacíficas como la de Zemla (tras la que se produjo la desaparición forzada del líder saharaui Mohamed Bassiri) y otras desapariciones ocurridas durante la retirada española. El tratamiento desigual entre los represaliados de los distintos territorios españoles «constituye una discriminación basada en criterios raciales», denuncian los promotores del manifiesto.
Sus firmantes celebran la Ley de Memoria Democrática, pero indican que existe «un vacío histórico relevante al no contemplar expresamente la represión ejercida contra la población saharaui». Por ello, realizan una serie de peticiones al Gobierno y a la Comisión de la Verdad, anunciada el pasado mes de marzo para esclarecer las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura. Entre estas peticiones están:
el reconocimiento oficial de las víctimas saharauis;
el acceso a archivos y registros históricos;
la investigación independiente de los hechos ocurridos durante la Administración española;
la incorporación del caso saharaui al Plan Estatal de Memoria Democrática;
la participación directa de víctimas y familiares en los procesos de verdad, justicia y reparación.
De acuerdo a lo recomendado por Naciones Unidas a la hora de abordar los legados del colonialismo y garantizar reparaciones efectivas, las organizaciones que firman este manifiesto concluyen que en el Sáhara Occidental persiste «una deuda histórica pendiente en materia de derechos humanos y reparación».
