Con una nota de prensa, el Departamento de Estado de Estados Unidos de América (EE. UU.) informaba el 15 de julio de la celebración al día siguiente de una reunión ministerial “para combatir el resurgimiento del terrorismo político”. Dicha reunión, presidida por el secretario de Estado, Marco Rubio, ha convocado a representantes de más de 60 países, con el propósito de “fomentar una acción conjunta más firme” frente a la “amenaza renovada” que supone, a criterio del Gobierno de EE. UU., “el terrorismo político de extrema izquierda”.

Si no fuera porque vivimos en tiempos de la posverdad, en los que cualquier declaración puede disociarse de la realidad o realizarse sin tener correlato en los hechos, sorprendería leer que existe algo así como un “terrorismo político de extrema izquierda” y que, además, constituya una amenaza a las sociedades del mundo libre. A la dificultad de encontrar ejemplos concretos y contemporáneos de dicha amenaza transnacional se une la ambigüedad de un término, extrema izquierda, cuya definición es objeto de debates y no pocas discrepancias. 

Aunque la reunión se había planteado como una alianza de gobiernos afines, países gobernados por fuerzas progresistas, como México o España, fueron invitados a participar, en lo que parece más bien un intento de cuadrar las agendas internacionales bajo los parámetros ideológicos de la actual administración estadounidense. Esto no es nuevo y ya lo vimos en la guerra global contra el terrorismo desatada por George W. Bush tras los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York, un punto de inflexión en la política global de EE. UU. que desplegó un unilateralismo que hoy se profundiza bajo la segunda presidencia de Donald Trump. 

Pero el momento geopolítico es otro y el declive hegemónico de EE. UU. se acelera hoy a pasos agigantados. Tras el distanciamiento entre EE. UU. y sus aliados occidentales por las diferencias sobre la OTAN o la crisis con Groenlandia, ahora EE. UU. impulsa una reunión que quiere convencer a los gobiernos del mundo de que comparten una “amenaza transnacional”, un enemigo común conformado por las fuerzas antifascistas, comunistas y marxistas. Convencer o, viendo el proceder anti diplomático de esta administración, sería más preciso afirmar informar. 

Del islamismo radical como enemigo público número en la cruzada de Bush hijo, EE. UU. pasa a crear un nuevo enemigo etéreo donde, como en un cajón desastre, toda disidencia será etiquetada como terrorista. La coincidencia del anuncio de esta reunión con la detención en Ibiza del multimillonario estadounidense pro-palestino, Fergie Chambers, a pedido de EE. UU., acusado de “financiación del terrorismo” por apoyar organizaciones de la resistencia palestina, es un claro mensaje de lo que espera a cualquier ciudadano que confronte a EE. UU. y al sionismo. Un destino que será todavía peor para las personas anónimas y sin recursos que se enfrenten al brutal dominio imperialista que EE. UU. pretende ejercer en todo el mundo, sea directamente o a través de sus aliados. 

Marco Rubio, líder ideológico y anticomunista

Además de las declaraciones de Trump tildando de comunista a cualquier posición que sea mínimamente progresista, quien parece llevar la batuta del discurso más político en esta administración no es siquiera el presidente Trump sino el secretario de Estado, Marco Rubio, secundado por el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, que también participó con unas palabras. El discurso de más de media hora de Marco Rubio estuvo enfocado a vincular la violencia política con la izquierda revolucionaria, en un ejercicio de proyección digno de análisis psicológico. 

La perorata de Rubio tuvo el tono de un predicador religioso que establece un mundo dual donde las fuerzas del bien y el mal se oponen, como en los mejores tiempos del macartismo. Llegó a decir que el “comunismo es un mundo sin Dios”, “un mundo sin valentía, sin creatividad ni ambición, un mundo sin héroes, sin gloria ni grandes causas por las que luchar; un mundo sin milagros, sin mitos, sin hombres que se eleven por encima de los demás para realizar hazañas increíbles y extraordinarias”. Fidel Castro, cuyo centenario natal se cumple en unas semanas, se ríe desde el más allá. También añadió Rubio que “el comunismo nunca funciona en la práctica”. Olvidó mencionar que EE. UU. ha hecho grandes esfuerzos para evitar que el comunismo pueda funcionar en ningún país del globo. 

De hecho, Rubio ha tenido un gran papel en el despliegue de la agenda anticomunista desde las instituciones estadounidenses. Su recorrido político ha dejado una impronta fuertemente ideológica desde sus tiempos de representante local en Miami y su llegada al Senado en 2010, apoyado por el reaccionario Tea Party, representando a la Florida, como explica Hedelberto López Blanch en su libro Rubio. Un mitómano incontrolable. Miembro del poderoso lobby anticastrista que ha condicionado la política exterior estadounidense en administraciones demócratas y republicanas, el senador Rubio fue el impulsor además de varias de las principales leyes de acoso y derribo a la Venezuela bolivariana, como la Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act de 2014, renovada en 2016 y 2023, o la VERDAD Act de 2019. Leyes que han servido para establecer un marco político sobre el que armar la arquitectura legal para la imposición de las más de 1.000 medidas coercitivas unilaterales que EE. UU. impuso a Venezuela antes del 3 de enero. Como en tiempos de la Guerra Fría y el macartismo, Rubio veía comunismo por encima de la realidad.

Con este acto sobre “la amenaza de la extrema izquierda”, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha dado un paso más en su ofensiva ideológica que le sirve para marcar línea política en una administración que está ejerciendo un interesado “pragmatismo” en su relación con Venezuela. Aunque Rubio es protagonista de dicha estrategia de control sobre el país, su supuesta cordialidad y buen trato actual con las autoridades chavistas contrasta con sus posicionamientos previos y su discurso abiertamente hostil contra la dirigencia cubana. En este sentido, el acto del 16 de julio le sirve para escenificar una línea dura que hace no olvidar que los grupos de poder al mando de la todavía principal potencia mundial no van a conformarse con el control de los recursos, sino que deben derrotar ideológicamente a las alternativas políticas que se les enfrenten.

¿Luchar contra un enemigo que ya no existe?

Conviene destacar que la reunión comenzó con la presentación del subsecretario de Estado, Christopher Landau, haciendo paralelismos entre la situación actual y la realidad política de la década de los 70 del siglo XX. Landau interpeló a los representantes de los países mencionando a grupos políticos de la época como Weather Underground en EE. UU. Baader-Meinhof en Alemania o los latinoamericanos Tupamaros y Montoneros, tratando de convencerlos de que se están viviendo situaciones parecidas.

No es casual que los representantes estadounidenses se retrotraigan a la Guerra Fría pues su mentalidad sigue funcionando en la lógica anticomunista característica de la época. En aquel momento el mundo se dividía en una lucha ideológica entre el bloque socialista y el bloque capitalista. La simple existencia de la Unión Soviética, las luchas por la descolonización de África, el mayo del 68 y el auge de las ideas marxistas dieron lugar a una efervescencia política que se tradujo en una multiplicidad de grupos políticos que querían hacer la revolución en todos los rincones del planeta. Organizaciones a las que EE. UU., y sus aliados occidentales, combatieron a sangre y fuego, aplicando variadas estrategias de contrainsurgencia.

Sin embargo, el mundo actual está muy distante de ese momento de eclosión política de las fuerzas revolucionarias. Hoy quedan pocos Estados formalmente socialistas en el mundo y algunos de ellos, como Cuba, sufren la asfixia de décadas de bloqueo económico y cerco político. Tampoco es casual que Rubio odie al Gobierno revolucionario de Cuba, también por su papel de promoción de esos grupos durante el siglo XX.

Además de realizar un acto contra la resurgencia del terrorismo político de izquierdas frente a una realidad que refuta estas premisas, quizás lo que más asombró de los discursos fue el énfasis puesto en las ideas marxistas como amenaza. Resulta paradójico que en un mundo donde el marxismo es minoritario, donde, a diferencia de otros momentos históricos, declararse marxista no da caché en los cenáculos académicos ni políticos –todo lo contrario–, EE. UU. ponga al marxismo en el punto de mira, vinculándolo, como en tiempos de la Guerra Fría, con el terrorismo y la encarnación del mal. 

En todo caso, lo que para Rubio y compañía puede ser un intento de mancillar las ideas del marxismo y el comunismo basado en ellas, para los marxistas debería ser un motivo de orgullo ser conceptualizados como enemigo principal del grupo de psicópatas que está llevando a la humanidad a la barbarie. El fantasma del comunismo sigue vagando por el mundo como alerta para la clase dominante. Y es bueno que así sea.

Mirarse en el espejo del miedo ajeno

Más allá de la paranoia o del anticomunismo genético de Rubio y de la clase dominante mundial, la reunión de este jueves constata que el marxismo es una potente herramienta teórica que amenaza de manera real a los principios ideológicos del capitalismo y a su sentido común, cargado de falacias. Una visión capitalista del mundo que se creía triunfante y hegemónica tras el derrumbe del bloque socialista, en plena enajenación neoliberal. Sin embargo, crisis como la del 2008, el impacto desigual de la pandemia o las crecientes desigualdades que se viven en las sociedades del capitalismo avanzado, incluyendo al propio EE. UU., han llevado a un cuestionamiento de amplios sectores sociales que buscan salidas rupturistas. 

Pero no todas estas salidas rupturistas son igualmente contestatarias o superadoras del orden establecido. Mientras las derechas radicales, ultraderechas o neofascistas apuntalan el sistema sosteniendo, cuando no profundizando, al capitalismo responsable de los problemas de la humanidad, las alternativas inspiradas en las ideas del marxismo proponen alternativas de transformación que trastocan el poder existente y plantean la necesidad de avanzar hacia otra concepción de las relaciones sociales no basadas en la explotación entre seres humanos ni entre seres humanos y naturaleza. De ahí su “peligrosidad” para la voracidad de explotación sin límite y privatización absoluta de la vida y de los recursos naturales que defiende la clase dominante.

El principal mensaje del acto que tuvo lugar en Washington para las fuerzas de la izquierda no debería ser solamente asumir que los tiempos por venir van a ser más difíciles para todas las personas que se opongan a los representantes de este capitalismo desaforado y moribundo, que serán tildadas de comunistas, aunque no lo sean, conceptualizadas como enemigas y perseguidas, en distintos niveles, como tales. Lo más importante es ser conscientes de la fuerza que tienen las ideas marxistas para confrontarlo, derrotarlo y construir otro mundo socialista que la humanidad necesita cada día con más urgencia. Puede que ahora la izquierda revolucionaria sea minoritaria, esté dispersa y derrotada en diversos escenarios. Sin embargo, estas experiencias de resistencia y organización, vistas desde el prisma de quienes las adversan, sirven para recordar su importancia y engrandecer su gesta. La partida no se ha acabado. El hijo rojo de la Historia tendrá la última palabra. 

Actualización 27/07/2026

La entrada Vuelve el enemigo comunista se publicó primero en lamarea.com.

Con una nota de prensa, el Departamento de Estado de Estados Unidos de América (EE. UU.) informaba el 15 de julio de la celebración al día siguiente de una reunión ministerial “para combatir el resurgimiento del terrorismo político”. Dicha reunión, presidida por el secretario de Estado, Marco Rubio, ha convocado a representantes de más de 60 países, con el propósito de “fomentar una acción conjunta más firme” frente a la “amenaza renovada” que supone, a criterio del Gobierno de EE. UU., “el terrorismo político de extrema izquierda”.

Si no fuera porque vivimos en tiempos de la posverdad, en los que cualquier declaración puede disociarse de la realidad o realizarse sin tener correlato en los hechos, sorprendería leer que existe algo así como un “terrorismo político de extrema izquierda” y que, además, constituya una amenaza a las sociedades del mundo libre. A la dificultad de encontrar ejemplos concretos y contemporáneos de dicha amenaza transnacional se une la ambigüedad de un término, extrema izquierda, cuya definición es objeto de debates y no pocas discrepancias. 

Aunque la reunión se había planteado como una alianza de gobiernos afines, países gobernados por fuerzas progresistas, como México o España, fueron invitados a participar, en lo que parece más bien un intento de cuadrar las agendas internacionales bajo los parámetros ideológicos de la actual administración estadounidense. Esto no es nuevo y ya lo vimos en la guerra global contra el terrorismo desatada por George W. Bush tras los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York, un punto de inflexión en la política global de EE. UU. que desplegó un unilateralismo que hoy se profundiza bajo la segunda presidencia de Donald Trump. 

Pero el momento geopolítico es otro y el declive hegemónico de EE. UU. se acelera hoy a pasos agigantados. Tras el distanciamiento entre EE. UU. y sus aliados occidentales por las diferencias sobre la OTAN o la crisis con Groenlandia, ahora EE. UU. impulsa una reunión que quiere convencer a los gobiernos del mundo de que comparten una “amenaza transnacional”, un enemigo común conformado por las fuerzas antifascistas, comunistas y marxistas. Convencer o, viendo el proceder anti diplomático de esta administración, sería más preciso afirmar informar. 

Del islamismo radical como enemigo público número en la cruzada de Bush hijo, EE. UU. pasa a crear un nuevo enemigo etéreo donde, como en un cajón desastre, toda disidencia será etiquetada como terrorista. La coincidencia del anuncio de esta reunión con la detención en Ibiza del multimillonario estadounidense pro-palestino, Fergie Chambers, a pedido de EE. UU., acusado de “financiación del terrorismo” por apoyar organizaciones de la resistencia palestina, es un claro mensaje de lo que espera a cualquier ciudadano que confronte a EE. UU. y al sionismo. Un destino que será todavía peor para las personas anónimas y sin recursos que se enfrenten al brutal dominio imperialista que EE. UU. pretende ejercer en todo el mundo, sea directamente o a través de sus aliados. 

Marco Rubio, líder ideológico y anticomunista

Además de las declaraciones de Trump tildando de comunista a cualquier posición que sea mínimamente progresista, quien parece llevar la batuta del discurso más político en esta administración no es siquiera el presidente Trump sino el secretario de Estado, Marco Rubio, secundado por el asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, que también participó con unas palabras. El discurso de más de media hora de Marco Rubio estuvo enfocado a vincular la violencia política con la izquierda revolucionaria, en un ejercicio de proyección digno de análisis psicológico. 

La perorata de Rubio tuvo el tono de un predicador religioso que establece un mundo dual donde las fuerzas del bien y el mal se oponen, como en los mejores tiempos del macartismo. Llegó a decir que el “comunismo es un mundo sin Dios”, “un mundo sin valentía, sin creatividad ni ambición, un mundo sin héroes, sin gloria ni grandes causas por las que luchar; un mundo sin milagros, sin mitos, sin hombres que se eleven por encima de los demás para realizar hazañas increíbles y extraordinarias”. Fidel Castro, cuyo centenario natal se cumple en unas semanas, se ríe desde el más allá. También añadió Rubio que “el comunismo nunca funciona en la práctica”. Olvidó mencionar que EE. UU. ha hecho grandes esfuerzos para evitar que el comunismo pueda funcionar en ningún país del globo. 

De hecho, Rubio ha tenido un gran papel en el despliegue de la agenda anticomunista desde las instituciones estadounidenses. Su recorrido político ha dejado una impronta fuertemente ideológica desde sus tiempos de representante local en Miami y su llegada al Senado en 2010, apoyado por el reaccionario Tea Party, representando a la Florida, como explica Hedelberto López Blanch en su libro Rubio. Un mitómano incontrolable. Miembro del poderoso lobby anticastrista que ha condicionado la política exterior estadounidense en administraciones demócratas y republicanas, el senador Rubio fue el impulsor además de varias de las principales leyes de acoso y derribo a la Venezuela bolivariana, como la Venezuela Defense of Human Rights and Civil Society Act de 2014, renovada en 2016 y 2023, o la VERDAD Act de 2019. Leyes que han servido para establecer un marco político sobre el que armar la arquitectura legal para la imposición de las más de 1.000 medidas coercitivas unilaterales que EE. UU. impuso a Venezuela antes del 3 de enero. Como en tiempos de la Guerra Fría y el macartismo, Rubio veía comunismo por encima de la realidad.

Con este acto sobre “la amenaza de la extrema izquierda”, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha dado un paso más en su ofensiva ideológica que le sirve para marcar línea política en una administración que está ejerciendo un interesado “pragmatismo” en su relación con Venezuela. Aunque Rubio es protagonista de dicha estrategia de control sobre el país, su supuesta cordialidad y buen trato actual con las autoridades chavistas contrasta con sus posicionamientos previos y su discurso abiertamente hostil contra la dirigencia cubana. En este sentido, el acto del 16 de julio le sirve para escenificar una línea dura que hace no olvidar que los grupos de poder al mando de la todavía principal potencia mundial no van a conformarse con el control de los recursos, sino que deben derrotar ideológicamente a las alternativas políticas que se les enfrenten.

¿Luchar contra un enemigo que ya no existe?

Conviene destacar que la reunión comenzó con la presentación del subsecretario de Estado, Christopher Landau, haciendo paralelismos entre la situación actual y la realidad política de la década de los 70 del siglo XX. Landau interpeló a los representantes de los países mencionando a grupos políticos de la época como Weather Underground en EE. UU. Baader-Meinhof en Alemania o los latinoamericanos Tupamaros y Montoneros, tratando de convencerlos de que se están viviendo situaciones parecidas.

No es casual que los representantes estadounidenses se retrotraigan a la Guerra Fría pues su mentalidad sigue funcionando en la lógica anticomunista característica de la época. En aquel momento el mundo se dividía en una lucha ideológica entre el bloque socialista y el bloque capitalista. La simple existencia de la Unión Soviética, las luchas por la descolonización de África, el mayo del 68 y el auge de las ideas marxistas dieron lugar a una efervescencia política que se tradujo en una multiplicidad de grupos políticos que querían hacer la revolución en todos los rincones del planeta. Organizaciones a las que EE. UU., y sus aliados occidentales, combatieron a sangre y fuego, aplicando variadas estrategias de contrainsurgencia.

Sin embargo, el mundo actual está muy distante de ese momento de eclosión política de las fuerzas revolucionarias. Hoy quedan pocos Estados formalmente socialistas en el mundo y algunos de ellos, como Cuba, sufren la asfixia de décadas de bloqueo económico y cerco político. Tampoco es casual que Rubio odie al Gobierno revolucionario de Cuba, también por su papel de promoción de esos grupos durante el siglo XX.

Además de realizar un acto contra la resurgencia del terrorismo político de izquierdas frente a una realidad que refuta estas premisas, quizás lo que más asombró de los discursos fue el énfasis puesto en las ideas marxistas como amenaza. Resulta paradójico que en un mundo donde el marxismo es minoritario, donde, a diferencia de otros momentos históricos, declararse marxista no da caché en los cenáculos académicos ni políticos –todo lo contrario–, EE. UU. ponga al marxismo en el punto de mira, vinculándolo, como en tiempos de la Guerra Fría, con el terrorismo y la encarnación del mal. 

En todo caso, lo que para Rubio y compañía puede ser un intento de mancillar las ideas del marxismo y el comunismo basado en ellas, para los marxistas debería ser un motivo de orgullo ser conceptualizados como enemigo principal del grupo de psicópatas que está llevando a la humanidad a la barbarie. El fantasma del comunismo sigue vagando por el mundo como alerta para la clase dominante. Y es bueno que así sea.

Mirarse en el espejo del miedo ajeno

Más allá de la paranoia o del anticomunismo genético de Rubio y de la clase dominante mundial, la reunión de este jueves constata que el marxismo es una potente herramienta teórica que amenaza de manera real a los principios ideológicos del capitalismo y a su sentido común, cargado de falacias. Una visión capitalista del mundo que se creía triunfante y hegemónica tras el derrumbe del bloque socialista, en plena enajenación neoliberal. Sin embargo, crisis como la del 2008, el impacto desigual de la pandemia o las crecientes desigualdades que se viven en las sociedades del capitalismo avanzado, incluyendo al propio EE. UU., han llevado a un cuestionamiento de amplios sectores sociales que buscan salidas rupturistas. 

Pero no todas estas salidas rupturistas son igualmente contestatarias o superadoras del orden establecido. Mientras las derechas radicales, ultraderechas o neofascistas apuntalan el sistema sosteniendo, cuando no profundizando, al capitalismo responsable de los problemas de la humanidad, las alternativas inspiradas en las ideas del marxismo proponen alternativas de transformación que trastocan el poder existente y plantean la necesidad de avanzar hacia otra concepción de las relaciones sociales no basadas en la explotación entre seres humanos ni entre seres humanos y naturaleza. De ahí su “peligrosidad” para la voracidad de explotación sin límite y privatización absoluta de la vida y de los recursos naturales que defiende la clase dominante.

El principal mensaje del acto que tuvo lugar en Washington para las fuerzas de la izquierda no debería ser solamente asumir que los tiempos por venir van a ser más difíciles para todas las personas que se opongan a los representantes de este capitalismo desaforado y moribundo, que serán tildadas de comunistas, aunque no lo sean, conceptualizadas como enemigas y perseguidas, en distintos niveles, como tales. Lo más importante es ser conscientes de la fuerza que tienen las ideas marxistas para confrontarlo, derrotarlo y construir otro mundo socialista que la humanidad necesita cada día con más urgencia. Puede que ahora la izquierda revolucionaria sea minoritaria, esté dispersa y derrotada en diversos escenarios. Sin embargo, estas experiencias de resistencia y organización, vistas desde el prisma de quienes las adversan, sirven para recordar su importancia y engrandecer su gesta. La partida no se ha acabado. El hijo rojo de la Historia tendrá la última palabra. 

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El pasado 24 de junio, Venezuela padeció dos terremotos simultáneos de gran magnitud, 7,2 y 7,5 en la escala Richter, que provocaron graves daños, especialmente en La Guaira y en los Palos Grandes, en el municipio Chacao de Caracas, así como un número todavía indeterminado de víctimas mortales. Hasta la fecha, las cifras oficiales reportan 1.943 personas fallecidas, 10.571 heridas y 6.461 rescatadas con vida de los escombros. Habida cuenta del colapso de 189 edificios, muchos de ellos de gran altura, es previsible que el número de muertos se multiplique exponencialmente cuando finalicen los rescates.

Los sismos han ocurrido en un país que estaba viviendo una situación excepcional después de que el 3 de enero pasado fuerzas especiales de los EE. UU. secuestraran al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, actualmente presos en Nueva York y pendientes de juicio. Ese hecho marcó un punto de inflexión en las relaciones entre EE. UU. y Venezuela, que han pasado de la guerra multifactorial abierta y encubierta al marco de una sui géneris negociación diplomática. El resultado, fuera de todo eufemismo, es que Venezuela es hoy un país tutelado de facto por las autoridades estadounidenses, quienes hacen alarde de ello anunciando, además, un plan de tres fases para poner fin a la Revolución Bolivariana: estabilización, recuperación y transición.

Muchas cosas han cambiado en la política entre EE. UU. y Venezuela en los últimos meses, pero ni siquiera estos cambios han puesto fin al sesgo y el prejuicio con el que se informa sobre cualquier cosa que acontece en el país suramericano. Quienes pensábamos que el nuevo momento de la política venezolana iba a ahorrarnos el antiperiodismo, como lo definió Fernando Casado, que se ha ejercido contra la Venezuela bolivariana desde que en 1999 Hugo Chávez llegó a la Presidencia y el país inició un proceso de transformación revolucionaria, estábamos equivocadas. 

No sin estupefacción, y ciertas dosis de indignación agravadas por el dolor profundo ante la tragedia colectiva que se está viviendo todavía en estos momentos, observamos cómo los medios españoles, sea prensa, televisión o radio, se están cubriendo de gloria una vez más al tratar el impacto de los terremotos en Venezuela. De repente, lo que no pasaría de ser un comentario secundario en la información sobre un fenómeno devastador en cualquier otro país, es decir, la capacidad de un Estado, y de sus autoridades gubernamentales, para responder a una catástrofe de tal calibre, adopta una categoría central cuando se trata de Venezuela. 

Los terremotos como excusa para enjuiciar al chavismo

Rescatar todas las noticias, artículos de opinión, editoriales, comentarios o preguntas insidiosas que nos han regalado nuestros medios en una semana sería inabarcable, pero como muestra destacaré sólo algunos ejemplos con los que me he topado, sin haber realizado una búsqueda sistemática, en los últimos días: “Cuando lo que tiembla es el Estado” (editorial del ABC, viernes 26 de junio), “La solidaridad suple las carencias del Estado en Venezuela” (portada de La Vanguardia, 29 junio), “Los venezolanos esperan que el Gobierno les pueda realojar lo que parece una utopía teniendo en cuenta el debilitamiento crónico de las estructuras venezolanas” (voz en off en el programa “La Hora de La 1” de RTVE), “¿Usted cree que estos terremotos acabarán con un cambio de régimen en Venezuela?” (pregunta a un invitado venezolano en el programa Més Nit de TV3).

En las mesas de opinión, tertulianos convertidos en especialistas en política venezolana se dedican no sólo a cuestionar al Estado sino al Gobierno encargado, a los gobiernos chavistas previos, y, sobre todo, al proceso político en su conjunto. Salvo contadas excepciones en las que el opinador de turno trata de mantenerse en un estado de prudencia, a riesgo de ser tachado de defensor de una “dictadura”, el chavismo es llevado a los tribunales mediáticos con la excusa de los terremotos: “El país está deteriorado después de 20 años de un régimen corrupto, podrido, que ha abandonado a sus propios ciudadanos”; “Yo creo que el chavismo ha sido absolutamente devastador para Venezuela”; “Todos aquí somos perfectamente conscientes de lo que ha sido el régimen chavista”. 

Estas frases se dijeron en 10 minutos de tertulia de un programa matutino de RTVE a pesar de que la televisión pública española está bajo control de un Gobierno supuestamente bolivariano según la (ultra)derecha de este país. El nivel de desubicación llegó al punto de que un venezolano presente, parte de una asociación civil de venezolanos en España, tuvo que poner sentido común llamando a dejar las valoraciones políticas y a centrar el debate en el tema de los terremotos.

Además del juicio sumario al proyecto bolivariano, todavía más desenfrenado, si cabe, en las tertulias de los medios privados, la opinión se ha mezclado con afirmaciones directamente falsas que se han hecho pasar por información: “No hay políticas públicas en Venezuela”; “El Gobierno ni siquiera puede recoger escombros”; “Los edificios caídos fueron construidos por el Gobierno como parte de la Misión Vivienda”; “El Ejército venezolano no está interviniendo”; “El Gobierno está bloqueando el acceso a La Guaira porque quiere impedir que llegue la ayuda” (obviando la necesidad de poner orden ante la avalancha de población voluntaria que trancaba la única vía de acceso a la zona más afectada); y, el remate: “El Gobierno venezolano carece de empatía”. Y así en un no parar de afirmaciones, algunas de las cuales son desmentidas por las propias imágenes que se presentan en dichos programas o tomándose la molestia de informarse por vías alternativas. 

Para dimensionar el nivel de sesgo existente en cómo se está presentando la información sobre la gestión de los terremotos en Venezuela, invito a quien me lea a realizar el ejercicio de pensar qué se dijo sobre la diligencia de las autoridades, o el sistema político mexicano, cuando se produjo el terremoto de 7,1 que padeció México en septiembre de 2017. ¿Alguien en España recuerda quién gobernaba en México entonces? ¿Qué modelo político y económico tuvo en las décadas precedentes? ¿Alguna crítica a las políticas neoliberales? ¿Alguien relacionó los edificios caídos en el epicentro del terremoto, en el Estado de Puebla, con la responsabilidad de su gobernador, la acción de su partido político o la ausencia de políticas públicas? La respuesta a estas preguntas permite entender que Venezuela es objeto, una vez más, de una campaña de deslegitimación y descrédito que parece operar a escala mundial, pues los mismos argumentos los encontramos en otros medios internacionales. 

Cuando la oposición venezolana entra en escena

Con Venezuela todo se “politiza” en el peor sentido del término. Evidentemente, la visión política es importante y debe estar siempre presente. Nadie niega la política que existe en toda actividad o respuesta humana a problemas colectivos. También en la gestión de crisis hay política, y la desidia, la falta de medios o la acción insuficiente por las autoridades, del país que sea, nunca deben ser ocultadas pero sí hay que realizar un ejercicio de transparencia que parta de análisis dimensionados y contextualizados, además de informados, algo que no sucede cuando se trata de valorar cualquier cosa que haya pasado en territorio venezolano. 

A nadie que conozca Venezuela se le escapa que, desde antes de la llegada del chavismo, el país ha adolecido de problemas de gestión, organización y planificación pública seguramente vinculados a una cultura política impregnada de la lógica cortoplacista que otorga la opulencia petrolera. Sin partir de esta verdad, cualquier análisis que ponga un punto de partida problemático en el chavismo carece de honestidad.

En el caso de Venezuela, es prácticamente imposible realizar una evaluación ecuánime porque el debate sobre las limitaciones estatales acaba repitiendo los gastados mantras de cuestionamiento de la soberanía venezolana. De tal manera que el foco sobre lo humanitario, que debería ser prioritario en estos momentos, se desplaza a los intereses partidistas para acabar situando en primer lugar una agenda política que pervierte el debate y pulveriza cualquier atisbo de buenas intenciones. Como resultado, entrevistas a Leopoldo López, tribunas a María Corina Machado o Edmundo González Urrutia se combinan con entrevistas a otros venezolanos de oposición de perfil más bajo sin el contrapeso de análisis con un enfoque distinto.

Desde el momento en que se da voz exclusiva a la oposición venezolana para que sitúe su agenda política, de manera oportunista e irresponsable en medio de la tragedia, sin aportar el testimonio de autoridades venezolanas a un mismo nivel, que puedan desmentir algunas de las mentiras que de manera interesada vierten estas personas, se está tomando un partido que no debería ser propio de una prensa que hace alarde de pluralidad, imparcialidad e independencia. 

Todo lo que estamos viviendo no es nuevo, es un episodio más de la muerte del periodismo cuando se trata de Venezuela. Periodistas que filtran la información a través de sus prejuicios ideológicos y que son incapaces de esconder su animadversión manifiesta hacia un proceso político soberano y legítimo. Un mal que afecta a todo el espectro ideológico de la profesión periodística, en mayor o menor medida, desde la progresía hasta las posiciones más reaccionarias.

Sólo los rescatistas en el terreno y las voces más técnicas están realizando este ejercicio de evaluación situado, sin prejuicios ideológicos previos, destacando los límites que impone una catástrofe dantesca, imprescindibles para dimensionar las posibilidades de respuesta de cualquier Estado, con independencia de lo eficiente o ineficiente que haya sido con anterioridad. Como lo decía el jefe de la expendición de los Bomberos de la Generalitat de Catalunya el otro día, “Ningún Estado está preparado para una situación de una magnitud como esta, es imposible que el país la pueda atender sin ayuda”.

Conocimiento histórico, análisis geopolítico y defensa de la soberanía venezolana

La realidad de los países se ha de contextualizar históricamente y, también, geopolíticamente. Pero eso está ausente en toda información interesada que quiere aprovechar este momento para seguir atacando al chavismo en Venezuela. Las más de 1.000 medidas coercitivas unilaterales impuestas por EE. UU. que provocaron, en gran parte, la caída del PIB venezolano casi un 80% entre 2012 y 2020, están fuera de la mayoría de los análisis que destacan las limitaciones del Estado venezolano, pero no se preguntan el porqué. 

Evidentemente, tal ofensiva ha tenido como objetivo la asfixia económica y financiera del país, evitar su autonomía e impedir que Venezuela pudiera acceder con libertad a los mercados internacionales, con todo lo que ello conlleva. Conviene recordar, además, que EE. UU. y otros países tienen congelados más de 30.000 millones de dólares del Estado venezolano y que, ahora mismo, es precisamente EE. UU. quien gestiona los ingresos petroleros del país. No estamos hablando de datos menores ni de información irrelevante. Estamos destacando las coordenadas políticas en las que han tenido que actuar los gobiernos chavistas precedentes y con las que tendrá que lidiar el actual Gobierno, ahora con la problemática adicional de necesitar esos recursos para suplir las pérdidas calculadas en 6.700 millones de dólares, en un escenario de poca autonomía política. 

En conclusión, destacar las limitaciones del Estado para atender a una crisis de esta magnitud sin poner en el centro el impacto que ha tenido en el propio Estado el despliegue de una ofensiva bélica en el ámbito económico por parte de la principal súper potencia mundial durante décadas, en cómo EE. UU. está limitando ahora mismo, además, que Venezuela pueda disponer de sus ingresos petroleros y sus reservas, en cómo ni siquiera es capaz de levantar sus restricciones unilaterales –salvo licencias muy puntuales que son funcionales a sus empresas y bancos–, es un ejercicio de deshonestidad. Una deshonestidad todavía más grave porque se da en un contexto en que EE. UU., junto con continuar desangrando a Venezuela, puede aprovechar la crisis para profundizar en su agenda de cambio de régimen, ahora queriendo controlar también el pingüe negocio de la reconstrucción.

Dejemos a Venezuela trabajar en conjunto, desde su Estado, su Gobierno, los numerosos voluntarios, su protección civil, sus bomberos, los rescatistas de las más de 51 delegaciones internacionales, los perros de rescate que tanto ayudan a salvar vidas y todas las personas que, en estos momentos, están preocupadas por lo más urgente e importante: la vida humana. Y, sobre todo, seamos conscientes de que la mejor manera de ayudar a largo plazo es abogar por que el sistema internacional del futuro sea un orden en que Venezuela, y cualquier otro país del mundo, tenga o no recursos petroleros, pueda tener un desarrollo soberano, aunque sea en contra de los intereses de los EE. UU. Este sería el primer paso para respaldar a Venezuela. Quizás algunos lleguen tarde, pero, como dice el refrán, más vale tarde que nunca.

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El pasado 15 de junio, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el “Acuerdo de 4 de junio de 2026, de la Comisión de Selección a la que se refiere el artículo 305 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas de alumnos y alumnas de la Escuela Judicial para su posterior acceso a la Carrera Judicial por la categoría de juez/a, y plazas de alumnos y alumnas del Centro de Estudios Jurídicos, para su posterior ingreso en la Carrera Fiscal por la categoría de Abogado/a Fiscal”. 

Detrás de tan extenso título se encuentra la “macroconvocatoria”, en palabras del ministro de Justicia, Félix Bolaños, a oposiciones a la carrera de juez y fiscal. El Gobierno oferta, así, 700 plazas, 575 de las cuales serán para jueces y fiscales por oposición y 125 para la vía de acceso por el cuarto turno. Esta vía de acceso, muy criticada por los sectores más corporativos del poder judicial, permite la incorporación como magistrados a juristas “de prestigio” que demuestren más de 10 años de ejercicio profesional. 

El mismo Bolaños anunció en su cuenta de X esta convocatoria como “la mayor transformación de la justicia en décadas”. Sin embargo, aumento de la cantidad no necesariamente es igual a cambio de la cualidad. Es decir, nada garantiza que aumentar los efectivos encargados de impartir justicia haciendo cumplir el imperio de la ley vaya a transformar algunos de los problemas que arrastra la justicia española, que no sólo tienen que ver con la insuficiencia de recursos o de personal. 

Ni siquiera la posibilidad de aumentar la presencia de magistrados por el cuarto turno abre necesariamente la puerta a la entrada de visiones que rompan el corporativismo que impide la autocrítica y la transformación de este rígido poder. Tampoco garantiza per se mayores dosis de independencia e imparcialidad. A modo de ejemplo, el célebre Juan Carlos Peinado, magistrado instructor en la causa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se incorporó a la carrera judicial por el extinto tercer turno, derogado en 2003, una vía directa similar al cuarto turno por la que “juristas de reconocida competencia” podían pasar a ser jueces, sin realizar oposiciones, si cumplían con seis años de ejercicio profesional. 

En un contexto en que la justicia está en el ojo del huracán por el protagonismo –voluntario o involuntario– de ciertos jueces en la vida política española, cuyas decisiones condicionan el decurso de una agenda política plagada de juicios a miembros del poder político y sus familiares, el acceso a la carrera judicial reviste una importancia crucial. Una importancia que trasciende el mero debate sobre la mejora de las oportunidades profesionales, o de los recursos al servicio de los ciudadanos, y entra de lleno en el plano político. 

Aunque el poder judicial trate de desvincularse del estigma de la politización de la justicia, lo cierto es que los jueces también son ciudadanos que, en su aplicación de la ley, pueden estar contaminados de sus propios sesgos, valores y prejuicios que los llevan a determinada interpretación de las leyes existentes. A quienes niegan la ideología presente en los impartidores de justicia, que en ocasiones puede comprometer la independencia e imparcialidad en el ejercicio de su profesión, habría que recordarles los vasos comunicantes entre el poder político y el poder judicial que se expresa en las posibilidades de promoción a puestos de poder institucional una vez dentro de la carrera judicial.

Uno de esos elementos es el origen de clase, que condiciona no sólo las posibilidades de acceso a unas oposiciones altamente disuasorias para quienes no se pueden permitir dedicar un promedio de casi 5 años de estudio exclusivo sin remuneración, y con los gastos añadidos de pagar a preparadores que cobran cantidades de dos ceros mensuales en sobres que no suelen declarar a Hacienda. No extraña, por tanto, que el 96% de quienes realizaron oposiciones en la promoción 2025-2026 contaran con la ayuda de sus padres para poder estudiar. 

Garantizar la democratización del acceso a las carreras judicial y fiscal, mediante la promoción de condiciones estructurales de igualdad de oportunidades, mitigando las desigualdades sociales preexistentes más allá del formalismo vacío de las “oposiciones libres basadas en los principios del mérito y la capacidad”, es un paso imprescindible para superar la justicia de clase que todavía padecemos en el Estado español. 

Para ello es perentorio que las iniciativas recogidas en el “Anteproyecto de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal” que el Consejo de Ministros aprobó el 21 de enero de 2025 y que actualmente se encuentra en fase de tramitación en el Congreso, puedan ir adelante en una Ley Orgánica que siente las bases de una democratización -siempre tímida e insuficiente si no va de la mano de transformaciones de la correlación de fuerzas estatales y del poder económico, como sabemos– que permita la entrada de aire fresco a uno de los poderes del Estado que se presenta como garante de derechos y libertades pero que aparece, con demasiada frecuencia, como un freno para los cambios sociales.

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El próximo 9 de junio, el ciudadano Robert Francis Prevost, más conocido como papa León XIV, llegará a Barcelona en el marco de un viaje oficial, que discurrirá entre el 6 y el 12 de junio, y que lo llevará también a Madrid, Gran Canaria y Tenerife. En una nota de prensa, la Conferencia Episcopal Española señala que el Papa recorrerá 2.500 kilómetros en seis días, realizando 17 discursos y homilías, así como 21 actos, para “poder encontrarse con todos, escuchar a todos y hablar a todos y con todos”. 

Sin embargo, no todos quieren poder encontrarse con el representante de la principal teocracia del mundo, el Vaticano. En Barcelona, la Fundación Ferrer i Guàrdia, Europa laica y la asociación Ateus de Catalunya, han impulsado la campaña Jo no t’espero, a la que se han sumado ya decenas de colectivos y ciudadanos particulares. Bajo el lema “su viaje, tus impuestos”, denuncian el dispendio que supondrá para las arcas públicas la visita papal. Un viaje que, además de los operativos de seguridad, acondicionamiento público y el largo etcétera derivado de este tipo de visitas protocolares, ha generado un gasto adicional en la campaña publicitaria realizada por la Generalitat de Catalunya para dar la bienvenida a Prevost, Hola món, hola Papa. 

Sorprende este despliegue publicitario institucional, que se concreta también en publicidad pagada en la prensa, y que es atípico ante lo que las autoridades presentan como una visita de Estado. De hecho, las asociaciones impulsoras del manifiesto apuntan a que tratar como visita de Estado lo que es una visita de carácter religioso genera una “confusión” que “debilita la neutralidad institucional y perpetúa un trato privilegiado que contradice el principio de aconfesionalidad reconocido constitucionalmente”.

España es un particular Estado aconfesional, que sigue manteniendo un Concordato con la Iglesia católica, heredero de los pactos del postfranquismo con la institución que fue legitimadora esencial de la dictadura. Una institución religiosa a la que se beneficia con exenciones fiscales y a la que ha permitido el robo de patrimonio y bienes inmobiliarios a través de las inmatriculaciones, como es el caso notorio de la mezquita de Córdoba. Una institución que, como indica el manifiesto, nunca ha pedido perdón oficial ni por su instigación y colaboración en la Cruzada del franquismo ni por su activa participación en el robo de bebés, calculado en más de 300.000 por algunas asociaciones. Una institución opaca, que ha amparado abusos sexuales, que se opone a los derechos reproductivos de las mujeres y el derecho a una muerte digna.

La visita del Papa la vamos a acabar pagando todas las contribuyentes, aunque no marquemos la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Conviene recordar este hecho en un país donde la derecha pone el grito en el cielo cada vez que alguna expresión religiosa, especialmente si proviene de la comunidad musulmana, aparece en el debate público. La separación de la esfera privada y pública que la derecha y la ultraderecha defienden cuando se trata de otras creencias, a las que perciben como “ajenas” a la idiosincrasia española, no aplica cuando se trata de la religión que se considera base de la identidad española y elemento indisociable de la construcción de su nación. Una construcción interesada que, por supuesto, obvia la diversidad cultural y religiosa existente durante siglos en la península ibérica antes de la “Reconquista” católica. 

La laicidad social avanza, a pesar de todo

Sin embargo, este intento de presentar a España como baluarte del catolicismo es un imaginario cada vez más difícil de defender. En la sociedad española la secularidad está extendida, a pesar de que las expresiones culturales se confundan con las religiosas en Semana Santa o Navidades, fiestas que, a su vez, tienen un origen pagano vinculado con los ciclos de la naturaleza pero que se resignificaron al ser apropiadas por el catolicismo. 

En los últimos tiempos, estamos presenciando, además, una campaña emprendida por algunos sectores religiosos para convencernos de un aumento de la religiosidad entre los jóvenes. Una tendencia a la que se han sumado, oportunistamente, diversas artistas que se han subido al carro de la espiritualidad (algo distinto a la religiosidad, por otra parte). Sin duda, los tiempos, por momentos apocalípticos, que nos está tocando vivir, pueden llevar a mucha gente a buscar respuestas más allá de lo racional y a refugiarse en un sentido trascendente vinculado a creencias religiosas. Pero los datos, más bien, hablan de un fenómeno de descenso paulatino de la creencia católica en España. 

Las encuestas del CIS mostraban, para abril de 2026, que más del 39% de la sociedad española se considera agnóstica, indiferente o atea, frente a un 35,9% de católicos no practicantes. Cuando se trata de jóvenes, las cifras de no creyentes, agnósticos y ateos superan el 50%, porcentaje muy superior a la media global. Por otra parte, los católicos practicantes son el 17,1% frente al 16,7% de las personas ateas, pero la serie de datos desde 2021 permite observar un descenso leve y zigzagueante de los primeros, y un ascenso, también zigzagueante pero más acusado, de las últimas. El 6% de los encuestados se declara creyente de otra religión.  

La laicidad avanza, aunque sea de manera desigual y combinada. La fe también parece ir por barrios. Estos días, es mucho más probable encontrarse banderas vaticanas para dar la bienvenida al Papa en las ventanas y balcones de las zonas más acomodadas de Barcelona que en los barrios populares. Un dato que no sorprende pero que recuerda que en este Estado hubo una tradición popular claramente anticlerical.

Una visita en clave política… y geopolítica

Con el auge de la ultraderecha a escala mundial, y su relación con diversas iglesias evangélicas que crecen en influencia, también en España, el catolicismo español no quiere perder su tradicional monopolio religioso. La visita papel le sirve para mostrar músculo. También León XIV se está perfilando, igual que el papa Francisco, como una figura progresista, antagónica hasta cierto punto a dichas fuerzas. Un liderazgo religioso, a la par que político, que puede ser leído en clave geopolítica, sin duda.

Pero, con todo el respeto para el Sr. Prevost y su posición humanista frente a la barbarie representada por Donald Trump y sus aliados, desde el reconocimiento de su defensa de los migrantes y los marginados –defensa que también hacen muchos otros representantes o partidarios de su iglesia desde las bases cristianas más apegadas al mensaje original de Cristo, muchos de ellos militantes, a su vez, de organizaciones socialistas y/o comunistas–, no por ello hay que olvidar la institución nefasta a la que este Papa, como todos los papas anteriores, representa. 

Tampoco el entusiasmo colectivo que inducen estos mega eventos debiera anestesiar un sentido crítico necesario frente al marasmo. Las simpatías que puedan albergar algunos hacia el Sr. Prevost, o su predecesor, no pueden llevar a la izquierda a olvidar las coordenadas sobre las que debiera girar el debate acerca del papel de la religión en la esfera pública. La visita del Papa debería servir, más bien, para reivindicar la memoria histórica y la reparación, como recuerda la campaña Jo no t’espero. También para recordar que la religión, cualquiera que sea, debería circunscribirse al ámbito privado, evitando cualquier interferencia con las instituciones públicas. España tiene un largo trecho por recorrer en este sentido. Por una separación efectiva de la religión y el Estado, yo no le espero, Sr. Prevost.  

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En abril de 2020, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa fue condenado a ocho años de prisión por un delito de corrupción en el conocido como Caso Sobornos 2012-2016. Para justificar la participación de Correa en la trama de corrupción, la sentencia condenatoria afirmaba que “el procesado Rafael Correa Delgado, hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de su entera confianza –mediante un influjo psíquico–, la resolución de realizar el injusto de cohecho pasivo propio agravado”.  

Este curioso concepto, influjo psíquico, da título a un documental realizado por la directora colombiana Alejandra Cardona, con guion y producción de las españolas Ana María Pinar e Idoya Barrabés. En él se nos relata el proceso contra Rafael Correa y distintos funcionarios de su gobierno, entre ellos su vicepresidente Jorge Glas, enmarcándolo en una persecución política por la vía judicial que constituye uno de los casos paradigmáticos de lawfare que se han vivido en América Latina en las últimas décadas. 

No adelantaré el contenido del documental porque espero que pronto se pueda ver en los cines, las grandes plataformas o la televisión. Tan sólo añadiré que Rafael Correa tiene 57 procesos judiciales pendientes y que reside en Bélgica como asilado político. Jorge Glas, por su parte, fue secuestrado en abril de 2024, mientras se encontraba asilado en la Embajada de México en Quito, por las fuerzas especiales del gobierno de Daniel Noboa. Actualmente está recluido en una prisión de máxima seguridad y se teme por su vida.

Como hemos podido constatar en los últimos años, el lawfare, es decir, la guerra judicial que hace uso de la ley y los tribunales para neutralizar a un adversario político abriéndole causas con poco sustento mientras, en paralelo, se decreta su presunta culpabilidad a través del linchamiento mediático, llegó también a España. A los casos contra los líderes de Podemos, y la persecución político-judicial contra el independentismo catalán, se sumó recientemente la investigación contra Begoña Gómez y la inhabilitación del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. 

Dados estos antecedentes, la posibilidad de que estemos ante un nuevo caso de lawfare vuelve a planear en la imputación al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero por presunto tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental en el caso del rescate de la compañía aérea Plus Ultra. El auto sitúa a Zapatero en el vértice de una presunta red “orientada al ejercicio ilícito de influencias ante autoridades nacionales y extranjeras”. Sin embargo, hacer afirmaciones categóricas sobre la culpabilidad o la inocencia de alguien ante una investigación que está en una fase embrionaria, sería poco prudente. En todo caso, lo que sí es notorio es la animadversión que la derecha, política y mediática, tiene ante la figura del expresidente, al que nunca han perdonado su papel mediador en Venezuela y sus vínculos con la dirigencia chavista. 

Aunque esta derecha mediática y política ya haya dictado su sentencia condenatoria contra Zapatero, será la justicia, ojalá imparcial e independiente como se autoproclama, quien deberá hacer su labor para demostrar, si corresponde, la culpabilidad del expresidente. De cómo lo haga, de las pruebas y de la solidez de sus argumentos jurídicos, dependerá la credibilidad del tribunal para poder afirmar, finalmente, que estamos ante una infundada persecución político-judicial, o bien para concluir que a Zapatero se le condena por su responsabilidad demostrada en delitos económicos. 

Por el momento, los juicios paralelos a los que ya estamos asistiendo dan peso a los argumentos de quienes defienden que Zapatero sería otra víctima del fenómeno del lawfare. También el doble rasero que se observa al comparar la impermeabilidad al peso de la ley de la que gozan otros expresidentes españoles como M. Rajoy o José María Aznar. Es evidente que, si la lupa se pusiera por igual a todos los expresidentes, quizás el primer presidente imputado de la democracia no habría sido Zapatero. Sin embargo, hace falta mayor perspectiva todavía, ir teniendo acceso a más detalles de la instrucción y ver cómo se van moviendo los distintos actores políticos y mediáticos, para poder decretar que estamos ante un nuevo caso de lawfare. Conviene recordar, aunque sea obvio, que no toda causa abierta por corrupción a un cargo político constituye un caso de lawfare. 

Con independencia de cómo se acaben desarrollando los hechos en el caso de Zapatero, su imputación debería poner el foco en un debate más amplio sobre las actividades privadas de quienes han tenido cargos públicos. Una reflexión que excede el papel de los expresidentes y que implica cuestionar, asimismo, la figura de comisionistas, lobistas y demás parásitos que proliferan gracias a marcos legales permisivos y a un modus operandi, intrínseco al funcionamiento del capitalismo, que puede ser legal pero que es corrupto desde un punto de vista moral. 

Que un expresidente, exministro o cualquier exfuncionario público pueda facilitar, desde su posición de poder o gracias a sus relaciones, el acceso a negocios de particulares, obteniendo además compensación por ello, no debería estar permitido, aunque no reciba comisiones ilegales en forma de soborno y cohecho. Puede que el uso de la cartera de contactos, derivada del ejercicio de un alto cargo público, para un desarrollo profesional que se traduce en lucro personal y familiar sea legal pero, desde luego, no es ético. Da igual que lo haga José Luis Rodríguez Zapatero, Felipe González, José María Aznar o Mariano Rajoy. La actividad de todos ellos debería ser escrutada bajo los mismos criterios legales y con iguales niveles de exigencia moral.

Sin embargo, romper con estas lógicas de funcionamiento, que se asumen como normales y hasta son legales, quizás sea lo más complicado porque se entreveran con unas redes de poder que se van tejiendo entre el poder económico, el poder político y el poder funcionarial, como desnuda Andrés Villena en su último libro, mientras están en el ejercicio de sus cargos. Redes de contactos que operan como una camarilla conformada por una élite que hace y deshace, sirviéndose de lo público, hasta que otros de esa misma élite deciden que pueden buscar las cosquillas a un adversario político mientras ellos siguen haciendo lo mismo. Hacia esas redes deberíamos mirar, no para perseguir con discrecionalidad sino para cambiar las estructuras que facilitan la reproducción del sistema.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha conseguido una vez más –y este artículo es ejemplo de ello– que volvamos a hablar de sus disparates. En este caso, la provocación no se ha producido sólo en el debate público español, sino que ha saltado, literalmente, al otro lado del océano Atlántico. 

Díaz Ayuso ha decidido viajar a México para realizar una gira de diez días que ha iniciado con un acto diseñado para herir todas las sensibilidades: honrar la figura del conquistador Hernán Cortés, cuyos huesos reposan, de manera discreta y bajo custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en una iglesia del Centro Histórico de la Ciudad de México. No lo ha hecho sola, en su corte van empresarios de distintas áreas, también de la musical, como su amigo Nacho Cano, transmutado a director teatral con vocación evangelizadora en la cruzada por la Hispanidad y el “encuentro entre dos mundos”, seguramente convencido de que México sigue siendo la Nueva España. Aunque el pretendido homenaje inicial a Cortés, en forma de misa musical en la Catedral del zócalo, ha sido anulado por la Arquidiócesis Primada de México, el proselitismo pro hispánico y pseudo libertario de Ayuso continúa. 

De hecho, toda la tournée de Ayuso es una oda a la evangelización: la de los españoles antiguos y la suya propia. En su voluntad de convertirse en referente de la ultraderecha MAGA en España, disputándole a Santiago Abascal y a Vox el liderazgo de la “Iberosfera” así como el título de achichincle de Donald Trump, Ayuso igual homenajea a María Corina Machado, que invita a Gloria Estefan o trata de sumarse a la ola del poder evangélico que mueve los hilos de la política americana. Ayuso quiere atraer el voto latino en Madrid, transformando la ciudad en un Miami 2.0 donde recalan ya prácticamente todos los opositores a los gobiernos progresistas y de izquierdas latinoamericanos. 

No contenta con seguir esta agenda de política global desde casa, ahora va a México en un acto que ha sido interpretado como lo que es, una gran provocación. En sus primeras intervenciones públicas Ayuso ya ha demostrado el carácter ideológico de su visita. Su presencia en México, país altamente sensible a la participación de extranjeros en la política mexicana al punto de tener un artículo constitucional, el 33, que lo prohíbe y cuya aplicación supone la expulsión del país de quien lo infrinja, ha generado amplio resquemor, como era de esperar. De hecho, me atrevería a decir que generar discordia era su propósito al decidir desenterrar, en territorio mexicano, lecturas discriminatorias basadas en una concepción colonialista de la Historia que el proceso de la 4T trata de ir superando. 

Su visita, una afrenta tanto para el Gobierno de México como para la mayoría del pueblo, no aporta nada a la relación entre México y España, todo lo contrario. Cuando un representante político de otro país escribe Méjico en lugar del nombre oficial del país, México, en sus redes sociales, o banaliza con el personaje de la Malinche, llamando así a las mujeres latinoamericanas que habitan España sabiendo que malinchismo es sinónimo de traición en México, está teniendo un comportamiento muy poco diplomático. Pero Díaz Ayuso, como buena aprendiz del trumpismo, no tiene límites en su mala educación. De hecho, es su seña de identidad, junto con la demagogia. 

Sin embargo, lo grave no son las formas sino el contenido: su voluntad de reescribir la Historia montándose en la ola de un rancio revisionismo histórico, carente de todo rigor científico. Una lectura del pasado que entronca con la historiografía franquista, que pretende legitimarse por el respaldo de pseudohistoriadores y pseudointelectuales vernáculos, aplaudidos por la claque de sus equivalentes en la exmetrópoli que les hacen de cámara de eco, para premiarlos por haberse convertido en los buenos aborígenes, amaestrados para defender los intereses imperiales. 

Quizás lo más gracioso de la estrategia de Ayuso sean sus loas a la Hispanidad en México, reivindicar con grandilocuencia el papel de esa España imperial donde nunca se ponía el sol, mientras se mantiene una posición política subordinada, seguidista de la agenda geopolítica del imperialismo estadounidense y del sionismo genocida. Tal vez los empresarios que acompañan a Ayuso en su viaje no se hayan enterado todavía, pero el propósito de Donald Trump, en América Latina y el Caribe, México incluido, pasa por expulsar a las empresas competidoras de un espacio que EE. UU. considera como propio, como se ha encargado de recordar el ídolo de Díaz Ayuso en su última Estrategia de Seguridad Nacional rescatando la Doctrina Monroe y añadiendo un nuevo corolario Trump. 

Detrás de la provocación, los intereses económicos y el cálculo político

Detrás del olor a rancio, del colonialismo desacomplejado y del folklore imperial que promociona Ayuso hay cuestiones mucho más prosaicas que sólo pueden entenderse analizando la política interna española. La presidenta de la Comunidad de Madrid mantiene un pulso con el actual Gobierno de España y, en concreto, con Pedro Sánchez. Su decisión de hacer política haciendo oposición a las decisiones del Ejecutivo central, en lugar de enfocarse en los problemas de su comunidad autónoma, vanguardia de la privatización sanitaria y el deterioro de todos los servicios públicos en nombre de la “libertad de elección”, lo demuestra a cada rato. 

Junto con su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, Ayuso ha desplegado una agresiva estrategia comunicativa, con grandes tentáculos en el poder mediático, para tapar los presuntos casos de corrupción de su círculo más cercano, como su novio, presunto defraudador fiscal confeso. En realidad, los Ayuso sólo recibirían –presuntamente– las migajas de los grandes beneficiados, empresas sanitarias como Quirón y sectores del poder económico que apuestan por la victoria electoral, en unas generales, de una Javier Milei a la española que les facilite todavía más sus negocios. En su voluntad de arrasar contra cualquier contrincante político, medio o funcionario que devele las tramas de poder y corrupción que hay detrás del construido liderazgo de la presidenta madrileña, su equipo se ha llevado por delante al ex secretario general del PP, Pablo Casado, y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Y la lista de los que pueden ir “pa’lante”, en palabras de su jefe de Gabinete, quizás siga creciendo.

El viaje de Ayuso tiene, por tanto, múltiples propósitos. Por un lado, antagoniza directamente con el presidente Pedro Sánchez que, en semanas recientes, organizó en Barcelona una cumbre progresista en la que reforzó su perfil como líder de la socialdemocracia mundial. Ayuso, con su participación en la reunión de Mar-a-Lago de febrero, y esta visita a México plagada de encuentros con la ultraderecha local, trata de consolidar un liderazgo antagónico de perfil ultraderechista, que le coma espacio electoral a Vox y a cualquier experimento a su derecha que pueda surgir. 

En paralelo a la cumbre progresista, también se celebró a mediados de abril en Barcelona la IV Reunión ‘En Defensa de la Democracia’, a la que acudió la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Fue un momento para escenificar la distensión en las relaciones entre México y España, que habían padecido un dilatado desencuentro diplomático desde que en 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera a la Corona española un gesto simbólico de perdón por los crímenes de la Conquista. La misiva que envió López Obrador fue ignorada e, incluso, ridiculizada en España. El choque creció por las decisiones soberanas del Gobierno de México tratando de limitar el poder y presencia de las multinacionales españolas en su mercado. 

Sheinbaum no invitó al rey Felipe VI a su toma de posesión en 2024, como respuesta al silencio con que la Corona, y el Gobierno de España, habían despachado la solicitud del anterior Gobierno de México. Sin embargo, en los últimos meses, ambos gobiernos han limado asperezas, con sutiles gestos de acercamiento públicos por parte de España, que han incluido al rey hablando off the record sobre el “mucho abuso” de la Conquista que “no pueden hacernos sentirnos orgullosos” (sic). 

La visita de Díaz Ayuso es una impugnación clara a la política exterior española dirigida desde La Moncloa que salpica, a su vez, a la institución de la Corona. Pretende torpedear el proceso de acercamiento entre ambos gobiernos, incidiendo con su visita en la provocación continua al Gobierno de Claudia Sheinbaum, al que lleva meses tildando de “dictadura de izquierdas” mientras califica a México de narcoestado. Puestos a opinar sobre el narco en México, Isabel Díaz Ayuso podría documentarse antes preguntando al expresidente Felipe Calderón, protegido del PP y residente en la Comunidad de Madrid, por su secretario de seguridad, Genaro García Luna, quien lideró su famosa “guerra contra el narco” pero acabó condenado en EE. UU. a 38 años de prisión por narcotráfico y delincuencia organizada.

Las reacciones en México: del colaboracionismo a la indignación

Por supuesto, la visita de Díaz Ayuso cuenta con la entusiasta colaboración de sectores de las élites económica, política e intelectual de México, hispanistas de pro. Son los colaboracionistas que, en su alianza global de clase, pusieron a México en bandeja de los intereses de las grandes empresas españolas, reforzando la idea de las “narrativas compartidas” sobre un pasado común armonioso que justificó la entrega de parte del mercado energético mexicano a Iberdrola, de infraestructuras a OHL, y bancario a BBVA y Santander. 

Son estos sectores sociales los que en México se tildarían de malinchistas, entre otras cosas porque hubieran preferido nacer en Europa o EE. UU., aunque exalten lo mexicano. Detrás de estos perfiles encontramos la mezcla de un falso orgullo mexicano con clasismo y racismo mal disimulado, así como la reivindicación de los orígenes europeos, que les otorgan unas dosis de blanquitud que cotizan al alza en la jerarquía “pigmentocrática” de la sociedad mexicana. 

Pero esta visión colonialista, que sustenta el racismo estructural de la sociedad mexicana, no es exclusiva de sus clases dominantes. Décadas de educación acrítica sobre el proceso de violencia, despojo y genocidio sobre los distintos pueblos originarios, a los que se ha invisibilizado y marginado en aras de la defensa del mestizaje y la “raza cósmica”, y de una política de Estado basada en estas premisas, hecha por criollos y mestizos -salvo excepciones como la de Benito Juárez o Lázaro Cárdenas– ha dado lugar a que en el México actual todavía haya quien defienda visiones edulcoradas sobre el proceso de Conquista y la posterior colonización.   

Sin embargo, hay una mayoría del pueblo de México que se opone a esta lectura histórica desfasada. Es la ciudadanía anónima que estos días está reaccionando con indignación, reclamando respeto y mostrando su dignidad. En este equipo están la propia presidenta Sheinbaum, el partido gobernante Morena o diversos colectivos antirracistas. Pero, también hay quienes están devolviendo a la provocación, otra provocación, quizás conscientes de que responder seriamente a los despropósitos no tiene ningún efecto.

Así, el periodista Pedro Miguel ha lanzado una recogida de firmas para que Ayuso regrese a Madrid con los huesos de su idolatrado Hernán Cortés, de tal manera que la ultraderecha pueda realizar en España “los rituales que considere adecuados”. Esta petición simbólica, que propone entregar los despojos por la devolución del Códice Trocortesiano que está en España, concluye con una elocuente y seria reflexión: “La exaltación fascista de pasados imperiales violentos no debe tener cabida en la relación bilateral; ésta debe fundarse, por el contrario, en el diálogo, el respeto mutuo y la realización de gestos constructivos como la referida devolución de restos e, idealmente, el intercambio que proponemos”.

Mientras se escriben estas líneas, la gira de Díaz Ayuso prosigue por tierras mexicanas. Las autoridades de Aguascalientes tienen previsto darle la Medalla de la Libertad del Congreso de Aguascalientes y otros honores que, según informan, no le van a salir gratis a la Comunidad de Madrid pues se pueden interpretar como pago a acuerdos de promoción firmados con dicho estado mexicano. Desconocemos si Ayuso, antes de ir a remojarse al Caribe, visitará también Guanajuato. Si es así, nos permitimos sugerirle que vaya a visitar su famoso Museo de las Momias. Quizás sería un buen colofón para quien, como dirían los chilenos, es toda una momia, la mejor representante del espíritu del franquismo en pleno siglo XXI.

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