Este artículo ha sido publicado originalmente en La Directa.

La palabra imperialismo vuelve a estar en boca de todos. La geopolitización de las relaciones internacionales, así como el marcaje territorial, la política de la fuerza, el nacionalismo expansionista y la coerción económica y militar, hacen difícil encontrar una mejor manera de describir las disputas en el tablero global. El principal motivo de este conflicto a gran escala es que vivimos en un tiempo liminal, un intervalo entre un estado anterior y uno nuevo, el interregno entre la unipolaridad estadounidense surgida del final de la Guerra Fría y la multipolaridad que reivindican las potencias medias y emergentes.

Ante la intensidad y la velocidad de los cambios globales, que tienden a invisibilizar otros ritmos y horizontes políticos, este texto nace con la voluntad de contribuir a la construcción de un antiimperialismo popular que responda al contexto y ponga en valor resistencias y alternativas.

Recursos, propaganda y desgaste social

Las diferentes dimensiones del embate imperial exigen una respuesta antiimperialista que vaya más allá del campismo —la idea de que “los enemigos de mis enemigos son mis amigos”— y también de la condena selectiva que, por ejemplo, señala al imperialismo ruso mientras blanquea el imperialismo yanqui.

Es precisamente el imperialismo estadounidense, hoy encabezado por Donald Trump, quien está dinamitando las ya frágiles relaciones internacionales desde una lógica abiertamente transaccional. El afán por controlar recursos estratégicos —desde las tierras raras de Ucrania hasta el potencial gasístico de Gaza, pasando por el petróleo venezolano o los hidrocarburos de Irán— está reconfigurando aceleradamente las alianzas globales y, al mismo tiempo, se utiliza como instrumento de confrontación contra China.

Ahora bien, el imperialismo actual no solo opera mediante el expolio de recursos. También actúa como una fuerza destructiva con profundos efectos psicosociales: normaliza la violencia, alimenta la impotencia, la ansiedad y la apatía, y favorece el aislamiento. En su versión trumpista, la dimensión comunicativa se convierte en un elemento central para producir este impacto. Por un lado, busca saturar el espacio público con un flujo constante de mensajes que hegemoniza los canales de comunicación. Por otro, pretende desplazar la ventana de Overton, ampliando los límites de lo políticamente aceptable. El vídeo “Trump Gaza” es un ejemplo claro: una apuesta por normalizar lo grotesco.

La acción imperialista y su aparato propagandístico también penetran en el ámbito militante, generando fatiga, frustración y pérdida del sentido de la lucha. Este desgaste se explica, en parte, por la hiperresponsabilización y la incoherencia que implica reconocerse como pieza de un sistema estructuralmente injusto. Ulrich Brand definía esta realidad como “modo de vida imperial”: una forma de vida propia del Norte Global, sostenida sobre la explotación de territorios y ecosistemas ajenos, presentada falsamente como universal pero profundamente insostenible e injusta, y reproducida transversalmente por amplias capas sociales.

La sustancia del antiimperialismo popular

Podríamos definir el antiimperialismo popular como una crítica a la expansión política, económica y cultural de potencias dominantes sobre otros territorios, otorgando protagonismo a las formas de oposición que surgen desde las clases populares (trabajadoras, campesinas, colectivo LGTBIQ+, personas racializadas, pueblos indígenas, etc.).

La esencia del concepto puede encontrarse en diferentes tradiciones que van desde el marxismo de Vladimir Lenin o Rosa Luxemburgo, el decolonialismo de Frantz Fanon o Ho Chi Minh, hasta movimientos contemporáneos como el zapatismo y los movimientos indígenas, feministas y ecologistas, principalmente en el Sur Global.

En este sentido, diversas voces reivindican un antiimperialismo popular capaz de superar el campismo y el reduccionismo geopolítico. Ashley Smith alerta contra la lectura de los conflictos únicamente como disputas interimperialistas y rechaza la idea de Washington como fuerza positiva global. Al mismo tiempo, Anticapitalistas sitúa en el centro el apoyo a Palestina, el antirracismo, los derechos de las personas migrantes y la oposición al militarismo, mientras que Catarsi Magazine defiende la autonomía política de las resistencias y el anticolonialismo como respuesta a la extrema derecha. Finalmente, Walaa Alqaisiya reivindica un feminismo palestino antiimperialista que articule género, clase y liberación colectiva frente al colonialismo y al pinkwashing israelí.

Por tanto, el antiimperialismo popular debe articular la confrontación con el orden geopolítico actual junto con una transformación de las formas de producción y reproducción, orientada a superar las dinámicas de acumulación, sosteniendo la vida y defendiendo a las clases populares. Esto implica disputar el control de los recursos estratégicos y rechazar que la crisis ecológica se resuelva mediante una nueva expansión extractiva sostenida sobre el saqueo territorial, la dependencia tecnológica y la subordinación del Sur Global. La reconfiguración industrial impulsada por los bloques occidentales —desde las cadenas de minerales críticos hasta la consolidación de una economía orientada al rearme— no representa una ruptura con el modelo anterior, sino su adaptación militarizada.

Esta confrontación también exige situar la movilidad humana y la reproducción social en el centro del análisis político. Las fronteras y los regímenes migratorios actúan como mecanismos que legitiman internamente el autoritarismo y la excepcionalidad permanente. En este contexto, las luchas feministas, antirracistas, campesinas, indígenas y migrantes no pueden entenderse como frentes complementarios, sino como espacios centrales de confrontación con un modelo que mercantiliza los territorios, erosiona las condiciones materiales de la vida y externaliza los costes sociales y ecológicos hacia los colectivos precarizados y vulnerabilizados.

Esto implica reconocer como parte de la lucha antiimperialista diversas formas de resistencia popular ya existentes, que operan en diferentes escalas pero responden a una misma lógica de confrontación con el expolio, el racismo y la militarización. En Estados Unidos, destacan las redes de vigilancia comunitaria y apoyo mutuo impulsadas por organizaciones de base que alertan y protegen a las comunidades migrantes frente a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como el movimiento autoorganizado migrante y antirracista ¡Regularización Ya!, centrado en la regularización y la defensa de los derechos de las personas sin papeles en el Estado español.

En el ámbito de los recursos, encontramos las resistencias al extractivismo verde del pueblo sami frente a la expansión de proyectos mineros de tierras raras que amenazan sus territorios y formas de vida, y las luchas de las comunidades lickanantay en el desierto de Atacama contra la extracción de litio vinculada a grandes corporaciones transnacionales. En la misma línea, en Cataluña, la Revoltes de la Terra denuncia y confronta la presencia de la empresa minera sionista ICL en el Bages, señalando los impactos ecológicos y las violaciones de derechos humanos derivadas de su actividad. Finalmente, en Europa, se cuestiona la deriva de la industria alemana —con casos como Volkswagen— por su implicación en cadenas de producción vinculadas a sistemas militares como la “Cúpula de Acero”, que ejemplifica la creciente integración entre el sector automovilístico y el complejo militar-industrial israelí.

Al mismo tiempo, diversas experiencias recientes en territorios directamente impactados por el imperialismo insisten en la necesidad de una autonomía política popular frente a las injerencias imperiales y las élites locales. El Sindicato de Trabajadores de los Autobuses de Teherán rechazaba tanto a las potencias extranjeras como el retorno monárquico impuesto “desde arriba” como vías de liberación para las clases populares iraníes. En una línea similar, el Comité Nacional de Conflicto venezolano denunciaba tanto la disputa entre imperialismos como la deriva proimperialista del gobierno de Delcy Rodríguez. Desde Palestina, Queers in Palestine rechaza la instrumentalización colonial de las disidencias sexuales para justificar violencia imperialista y genocida, negando que los derechos LGTBIQ+ puedan utilizarse como criterio para deshumanizar a pueblos colonizados.

Las tareas del antiimperialismo popular en el tiempo liminal

La buena noticia es que ya tenemos mucho trabajo hecho. Es importante que nuestros proyectos políticos no sean víctimas de un contexto lleno de excepcionalidades. Una de las tareas más importantes, en un presente discontinuo, es dar continuidad a nuestros horizontes políticos sin renunciar a un margen de maniobra suficiente para poder responder a los cambios del contexto.

Dentro de este margen de maniobra y en el marco de un antiimperialismo popular, es necesario articular un conjunto de propuestas que permitan responder a las diferentes dimensiones del embate imperial y a sus expresiones contemporáneas.

En primer lugar, el desarme debe plantearse como una condición material para reducir la capacidad de proyección de violencia de los bloques imperiales y de los Estados que los sostienen. Esto implica oponerse al atlantismo y al aumento de los presupuestos militares, a la expansión de la industria armamentística y de la industria dual —civil y militar—, y a la normalización de la guerra como instrumento político.

En segundo lugar, es necesario avanzar hacia una ruptura con la subordinación estructural a Estados Unidos, entendiéndolo como eje central del orden imperial contemporáneo. Esto supone cuestionar las dependencias metabólicas, económicas, militares y políticas, así como las alianzas que sostienen este orden, con el objetivo de abrir espacios de autonomía para proyectos populares.

En tercer lugar, es necesario desarrollar una práctica antirracista y decolonial que permita identificar y combatir las formas de dominación que sostienen el orden global actual. Esto implica analizar las bases materiales de la explotación colonial y neocolonial, desmontar las lógicas de acumulación capitalista y confrontar los discursos racistas y deshumanizadores que las legitiman.

Por último, es imprescindible responder al afán extractivo sobre los recursos naturales y territoriales, que estructura gran parte de las relaciones Norte-Sur y que se entrelaza con la emergencia climática y la crisis de la reproducción social. Esta respuesta implica defender la soberanía sobre los bienes comunes y oponerse a las lógicas de acumulación que destruyen ecosistemas y despojan a las comunidades, al tiempo que se sitúa en el centro la sostenibilidad de la vida. Esto supone reforzar las redes comunitarias, los servicios públicos y las condiciones materiales que hacen posible la vida cotidiana, disputando el sentido de lo que significa vivir dignamente fuera de las dinámicas de mercado, explotación y colapso ecológico.

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El próximo 9 de junio, el ciudadano Robert Francis Prevost, más conocido como papa León XIV, llegará a Barcelona en el marco de un viaje oficial, que discurrirá entre el 6 y el 12 de junio, y que lo llevará también a Madrid, Gran Canaria y Tenerife. En una nota de prensa, la Conferencia Episcopal Española señala que el Papa recorrerá 2.500 kilómetros en seis días, realizando 17 discursos y homilías, así como 21 actos, para “poder encontrarse con todos, escuchar a todos y hablar a todos y con todos”. 

Sin embargo, no todos quieren poder encontrarse con el representante de la principal teocracia del mundo, el Vaticano. En Barcelona, la Fundación Ferrer i Guàrdia, Europa laica y la asociación Ateus de Catalunya, han impulsado la campaña Jo no t’espero, a la que se han sumado ya decenas de colectivos y ciudadanos particulares. Bajo el lema “su viaje, tus impuestos”, denuncian el dispendio que supondrá para las arcas públicas la visita papal. Un viaje que, además de los operativos de seguridad, acondicionamiento público y el largo etcétera derivado de este tipo de visitas protocolares, ha generado un gasto adicional en la campaña publicitaria realizada por la Generalitat de Catalunya para dar la bienvenida a Prevost, Hola món, hola Papa. 

Sorprende este despliegue publicitario institucional, que se concreta también en publicidad pagada en la prensa, y que es atípico ante lo que las autoridades presentan como una visita de Estado. De hecho, las asociaciones impulsoras del manifiesto apuntan a que tratar como visita de Estado lo que es una visita de carácter religioso genera una “confusión” que “debilita la neutralidad institucional y perpetúa un trato privilegiado que contradice el principio de aconfesionalidad reconocido constitucionalmente”.

España es un particular Estado aconfesional, que sigue manteniendo un Concordato con la Iglesia católica, heredero de los pactos del postfranquismo con la institución que fue legitimadora esencial de la dictadura. Una institución religiosa a la que se beneficia con exenciones fiscales y a la que ha permitido el robo de patrimonio y bienes inmobiliarios a través de las inmatriculaciones, como es el caso notorio de la mezquita de Córdoba. Una institución que, como indica el manifiesto, nunca ha pedido perdón oficial ni por su instigación y colaboración en la Cruzada del franquismo ni por su activa participación en el robo de bebés, calculado en más de 300.000 por algunas asociaciones. Una institución opaca, que ha amparado abusos sexuales, que se opone a los derechos reproductivos de las mujeres y el derecho a una muerte digna.

La visita del Papa la vamos a acabar pagando todas las contribuyentes, aunque no marquemos la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Conviene recordar este hecho en un país donde la derecha pone el grito en el cielo cada vez que alguna expresión religiosa, especialmente si proviene de la comunidad musulmana, aparece en el debate público. La separación de la esfera privada y pública que la derecha y la ultraderecha defienden cuando se trata de otras creencias, a las que perciben como “ajenas” a la idiosincrasia española, no aplica cuando se trata de la religión que se considera base de la identidad española y elemento indisociable de la construcción de su nación. Una construcción interesada que, por supuesto, obvia la diversidad cultural y religiosa existente durante siglos en la península ibérica antes de la “Reconquista” católica. 

La laicidad social avanza, a pesar de todo

Sin embargo, este intento de presentar a España como baluarte del catolicismo es un imaginario cada vez más difícil de defender. En la sociedad española la secularidad está extendida, a pesar de que las expresiones culturales se confundan con las religiosas en Semana Santa o Navidades, fiestas que, a su vez, tienen un origen pagano vinculado con los ciclos de la naturaleza pero que se resignificaron al ser apropiadas por el catolicismo. 

En los últimos tiempos, estamos presenciando, además, una campaña emprendida por algunos sectores religiosos para convencernos de un aumento de la religiosidad entre los jóvenes. Una tendencia a la que se han sumado, oportunistamente, diversas artistas que se han subido al carro de la espiritualidad (algo distinto a la religiosidad, por otra parte). Sin duda, los tiempos, por momentos apocalípticos, que nos está tocando vivir, pueden llevar a mucha gente a buscar respuestas más allá de lo racional y a refugiarse en un sentido trascendente vinculado a creencias religiosas. Pero los datos, más bien, hablan de un fenómeno de descenso paulatino de la creencia católica en España. 

Las encuestas del CIS mostraban, para abril de 2026, que más del 39% de la sociedad española se considera agnóstica, indiferente o atea, frente a un 35,9% de católicos no practicantes. Cuando se trata de jóvenes, las cifras de no creyentes, agnósticos y ateos superan el 50%, porcentaje muy superior a la media global. Por otra parte, los católicos practicantes son el 17,1% frente al 16,7% de las personas ateas, pero la serie de datos desde 2021 permite observar un descenso leve y zigzagueante de los primeros, y un ascenso, también zigzagueante pero más acusado, de las últimas. El 6% de los encuestados se declara creyente de otra religión.  

La laicidad avanza, aunque sea de manera desigual y combinada. La fe también parece ir por barrios. Estos días, es mucho más probable encontrarse banderas vaticanas para dar la bienvenida al Papa en las ventanas y balcones de las zonas más acomodadas de Barcelona que en los barrios populares. Un dato que no sorprende pero que recuerda que en este Estado hubo una tradición popular claramente anticlerical.

Una visita en clave política… y geopolítica

Con el auge de la ultraderecha a escala mundial, y su relación con diversas iglesias evangélicas que crecen en influencia, también en España, el catolicismo español no quiere perder su tradicional monopolio religioso. La visita papel le sirve para mostrar músculo. También León XIV se está perfilando, igual que el papa Francisco, como una figura progresista, antagónica hasta cierto punto a dichas fuerzas. Un liderazgo religioso, a la par que político, que puede ser leído en clave geopolítica, sin duda.

Pero, con todo el respeto para el Sr. Prevost y su posición humanista frente a la barbarie representada por Donald Trump y sus aliados, desde el reconocimiento de su defensa de los migrantes y los marginados –defensa que también hacen muchos otros representantes o partidarios de su iglesia desde las bases cristianas más apegadas al mensaje original de Cristo, muchos de ellos militantes, a su vez, de organizaciones socialistas y/o comunistas–, no por ello hay que olvidar la institución nefasta a la que este Papa, como todos los papas anteriores, representa. 

Tampoco el entusiasmo colectivo que inducen estos mega eventos debiera anestesiar un sentido crítico necesario frente al marasmo. Las simpatías que puedan albergar algunos hacia el Sr. Prevost, o su predecesor, no pueden llevar a la izquierda a olvidar las coordenadas sobre las que debiera girar el debate acerca del papel de la religión en la esfera pública. La visita del Papa debería servir, más bien, para reivindicar la memoria histórica y la reparación, como recuerda la campaña Jo no t’espero. También para recordar que la religión, cualquiera que sea, debería circunscribirse al ámbito privado, evitando cualquier interferencia con las instituciones públicas. España tiene un largo trecho por recorrer en este sentido. Por una separación efectiva de la religión y el Estado, yo no le espero, Sr. Prevost.  

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«Esta realidad genera una profunda incomodidad social, pero también sentimientos de vergüenza, culpa y miedo, incluso dentro de las propias familias o instituciones, que pueden llegar a traducirse en situaciones o dinámicas de encubrimiento para evitar el estigma social», reflexiona Clara Burriel, especialista en violencia en Save The Children. Desde la organización, insisten en la necesidad de dar un salto en el enfoque de la violencia sexual en la infancia y la adolescencia: no son casos aislados, es un problema estructural.

¿Cuáles son los principales retos a la hora de abordar la violencia sexual en la infancia y adolescencia? 

Uno de los principales retos para abordar la violencia sexual en la infancia radica en que, a pesar de su gravedad, todavía se trata de una realidad muy invisibilizada, que continúa rodeada de tabús, falsos mitos sobre su frecuencia, las víctimas o los contextos en los que se produce. La sociedad todavía no es plenamente consciente de la magnitud de este fenómeno. Por eso, la sensibilización social sigue siendo una tarea pendiente: necesitamos comprender que se trata problemática estructural, y no de casos aislados.

Además, en relación con el conocimiento sobre la prevalencia de la violencia sexual hacia la infancia, persiste también el desafío de conocer su dimensión real: sabemos que las cifras oficiales reflejan solo la punta del iceberg, que muchos casos no se detectan y en ocasiones no se denuncian, en parte por las dinámicas propias del abuso, que suele producirse en entornos de confianza y en contextos de secretismo que dificultan la revelación por parte del niño o niña y de otros familiares. 

En este contexto, es muy complicado tratar de prevenir estos casos.

Otro reto clave tiene que ver con la prevención y la detección temprana. Es todavía necesaria una mayor formación especializada de profesionales (docentes, personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, sistema judicial), así como la elaboración de protocolos para la detección, notificación y coordinación de estos casos, situando siempre al niño o niña en el centro de las intervenciones. En este sentido, también se destaca la falta de desarrollo e implementación de una educación afectivo sexual desde edades tempranas, reglada y adaptada a cada etapa evolutiva, pues esta educación constituye una herramienta clave en la prevención de esta violencia. 

Por otro lado, también persisten los retos en la respuesta que damos a los niños y niñas víctimas de esta violencia. Cuando la prevención falla y la violencia ya se ha producido, el desafío es garantizar una respuesta integral, inmediata y adaptada a las necesidades específicas de niños, niñas y adolescentes. El daño no termina necesariamente cuando cesa la violencia: la forma en que el entorno y las instituciones responden puede mitigar ese impacto o, por el contrario, agravarlo. Evitar la revictimización de los niños y niñas debe ser siempre una prioridad, pero todavía no contamos con procesos de respuesta adaptados a sus derechos y necesidades particulares. 

Y, finalmente, las nuevas tecnologías han añadido nuevos retos: el entorno digital riesgos, generando nuevas formas de violencia sexual y transformando otras preexistentes.. Esto exige respuestas específicas, coordinadas y adaptadas a la realidad digital en la que hoy crecen niños y adolescentes.

Según uno de los informes de Save The Children, que analiza sentencias, se puede deducir que hay características similares en estos casos, que confirman que estamos ante un problema estructural, que no son casos aislados. Pero nos quedamos con los casos «espectaculares».  

Si observamos las cifras oficiales proporcionadas por el Ministerio del Interior, podemos concluir que no estamos ante episodios aislados, sino de un problema social arraigado, persistente y de gran preocupación: en 2024 se interpusieron en España 22.774 por violencia sexual de las cuales casi la mitad (un 41,2%, 9.393) tenía como víctima a una persona menor de 18 años. Esto quiere decir que casi la mitad de las denuncias por violencia sexual en nuestro país tienen como víctima a un niño, niña o adolescente, siendo 8 de cada 10 niñas y chicas adolescentes. Además, se aprecia un aumento en las denuncias de un 182,8% desde 2010. De ninguna manera podemos concluir que se trata de casos aislados.

Esta forma de violencia consiste en la imposición por parte de un adulto o de otro niño, niña o adolescente de una actividad de carácter sexual a un niño o niña, aprovechando la desigualdad de poder para obtener una satisfacción sexual. Respecto a los datos obtenido en nuestro análisis de sentencias (Por una justicia a la altura de la infancia), se revelan características comunes: por ejemplo, en muchos casos, el agresor pertenece al entorno cercano de la víctima, con frecuencia un familiar, y casi en la totalidad de los casos es un hombre. Esto refuerza la idea de que hablamos de una violencia que se produce mayoritariamente en espacios de confianza, donde el secretismo y la desigualdad de poder son claves.

Además, los abusos suelen comenzar de forma progresiva, aumentando en intensidad con el tiempo. Al inicio, el niño o la niña puede no comprender lo que está ocurriendo, y posteriormente pueden aparecer sentimientos de culpa o vergüenza que refuerzan el silencio. En muchos casos, el propio agresor alimenta la idea de responsabilidad en la víctima. Todo ello genera enormes barreras para la revelación, especialmente cuando la violencia procede del entorno de confianza.

La pederastia en la Iglesia, por un lado, y el caso Epstein, por otro –sin comparar por supuesto estos casos tan diferentes– están permitiendo hablar o al menos poner en la agenda mediática y social estos temas. ¿Por qué sigue siendo un tabú? 

Los casos de abuso sexual relacionados con la Iglesia o el caso Epstein son casos de gran impacto mediático, que visibilizan esta forma de violencia en contextos específicos. Al respecto, es importante señalar que la mayoría de abusos sexuales siguen cometiéndose en entornos de confianza del niño o niña y que las figuras familiares se encuentra entre los agresores más comunes en este tipo de violencia. La denuncia y visibilización de los casos más mediáticos es fundamental, pero también lo es poner el foco en la violencia cotidiana, menos visible y mucho más extendida, que ocurre en el ámbito familiar y cercano, y que precisamente por esa cercanía y por el silencio que la rodea resulta más difícil de detectar y abordar.

Precisamente el tabú que todavía rodea a esta forma de violencia está muy vinculado a esos entornos en los que se produce. Aceptar esto implica reconocer que el riesgo y la violencia muchas veces proceden de los entornos que deberían ser protectores. Esa realidad genera una profunda incomodidad social, pero también sentimientos de vergüenza, culpa y miedo, incluso dentro de las propias familias o instituciones, que pueden llegar a traducirse en situaciones o dinámicas de encubrimiento para evitar el estigma social.  

¿Se están tomando medidas efectivas desde las administraciones en el ámbito educativo?

Los centros educativos están en una posición privilegiada para detectar posibles casos de abuso, ya que el profesorado y el personal escolar tienen contacto diario con niños y niñas. Es fundamental que sepan identificar señales de alerta y comprender lo que un niño o niña puede estar revelando, ya sea de forma directa o indirecta. Para ello, es clave la formación de los y las docentes, y también la implementación de las figuras de protección que recoge la LOPIVI para el ámbito educativo (coordinador/a de bienestar). También son necesarios protocolos para la detección, la notificación y la actuación frente a los casos detectados. Sin un protocolo claro, las decisiones pueden quedar en manos de cada docente, quien puede enfrentar dudas sobre cómo proceder, temores a represalias o incertidumbre sobre la veracidad del testimonio. Para evitar que la protección de niños y niñas dependa de la valentía individual o de la percepción subjetiva de cada profesional, todos los centros educativos deberían contar con protocolos internos de protección frente a la violencia, incluyendo mecanismos de prevención y pautas claras de actuación.

¿Y para las familias? 

En el ámbito familiar, la educación afectivo-sexual y la parentalidad positiva son fundamentales en la prevención del abuso, especialmente dentro del propio ámbito familiar. Es clave que niños y niñas aprendan a reconocer estas conductas incluso cuando provienen de personas de confianza, incluidos familiares, y que comprendan que ninguna relación de afecto justifica el abuso. Proporcionarles herramientas para identificar, nombrar y rechazar situaciones de abuso, así como garantizar que cuentan con un entorno seguro donde puedan pedir ayuda sin miedo, es esencial para su protección.

Por supuesto, las familias no deben estar solas en este proceso: las administraciones públicas tienen la responsabilidad de garantizar una educación afectivo-sexual reglada, progresiva, desde edades tempranas, como recogen la LOPIVI y la LOMLOE, impartida por personal educativo con formación específica en la materia. 

La LOPIVI prevé los tribunales especializados. Pero, ¿son suficientes? 

La LOPIVI, aprobada en 2021, prevé la creación de juzgados especializados en violencia contra la infancia tras un año desde su implementación. Sin embargo, la creación de las nuevas secciones especializadas se aprobó finalmente en 2025, con la ley 1/2025 el Real Decreto 422/2025, aprobado el 3 de junio de 2025 por el Consejo de Ministros. Este último instrumento solo prevé la creación de tres secciones especializadas para todo el Estado, en Madrid, Barcelona y Málaga, cada una de ellas con una única plaza judicial.

Aunque la implementación de las secciones en violencia contra la infancia y la adolescencia deba ser paulatina, tres secciones con una plaza cada una para todo el país resultan manifiestamente insuficientes para atender de manera especializada todas las formas de violencia de las que son víctimas niños, niñas y adolescentes, por lo que es necesario una implementación más amplia de estas secciones desde su inicio, así como la creación de plazas judiciales.

¿Cree que hay confusión en el lenguaje a la hora de hablar de este asunto? Muchas veces parece que da miedo a hablar de pederastia, como si no quisiéramos llamar a las cosas por su nombre. 

Es posible que en ocasiones se eviten algunos términos por falta de conocimiento o incluso por la carga emocional y social que pueden conllevar. En este sentido, la sensibilización sigue siendo clave, así como la capacidad de identificar con claridad a los agresores como responsables de la violencia y a las víctimas como tales, sin ambigüedades ni desplazamientos de responsabilidad, y siempre desde un enfoque de derechos.

¿Cree que hay hipocresía al hablar de este tema en ciertas esferas?

Como señalábamos, la violencia sexual contra la infancia sigue siendo en general una realidad invisibilizada. Por eso es necesario un cambio de paradigma: reconocer la violencia contra la infancia como un problema social y no como un asunto aislado o privado. Esto implica poner el foco tanto en la prevención como en una respuesta adecuada, inmediata y centrada en las víctimas. En cualquiera de sus múltiples formas y canales, la violencia ejercida contra niñas, niños y adolescentes es inaceptable, y debemos movilizar todos los recursos disponibles para prevenirla, actuar cuando se produce y restaurar los derechos de quienes la sufren. Como sociedad, nuestro compromiso debe ser claro: enfrentar esta dura realidad, reconocer su existencia y tomar medidas efectivas para proteger a la infancia y la adolescencia.

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El pasado 27 de mayo, Alexis Tsipras presentó en Atenas su nuevo partido, la Alianza de la Izquierda Griega (ELAS), con el que se propone desafiar al conservador Kyriakos Mitsotakis de cara a las elecciones de 2027. Tsipras vuelve. Y con su vuelta regresa, inevitablemente, el fantasma que lo define: la Troika, el consorcio de poder tecnocrático –la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional– que en el verano de 2015 le dobló el brazo ante las cámaras de todo el mundo y convirtió un referéndum democrático en papel mojado. Entender el retorno de Tsipras exige volver, una vez más, a aquel julio. Lo que ocurrió entonces fue el golpe final del neoliberalismo en Europa en el corazón mismo del continente que vio nacer la democracia más de dos milenios atrás.

El laboratorio griego

Para comprender la brutalidad del ajuste que se le impuso a Grecia hay que recordar el punto de partida. Desde 2010, el país se había convertido en el conejillo de indias del neoliberalismo europeo. Los rescates financieros –en realidad, rescates a los bancos acreedores alemanes y franceses disfrazados de ayuda a Atenas– llegaron cargados de condiciones: recortes masivos en el gasto público, subidas de impuestos, desmantelamiento de derechos laborales y privatizaciones en cadena.

El Estado griego puso en subasta aeropuertos, puertos, ferrocarriles, hoteles, playas, sedes olímpicas e incluso centros arqueológicos. Un inventario de lo colectivo entregado al capital privado. El desempleo llegó a rozar el 27% de la población activa y superó el 50% entre los jóvenes. Mientras Bruselas celebraba el cumplimiento de los objetivos fiscales, la realidad social era otra. Un estudio publicado en The Lancet detectó un aumento del 47% en las personas que no podían acceder a la atención médica que necesitaban, mientras alrededor de 800.000 griegos quedaron sin cobertura sanitaria vinculada al empleo.

La deuda, lejos de reducirse con los recortes, escaló por encima del 180% del PIB: la austeridad no saneaba las cuentas, las destruía.

En enero de 2015, hastiada de años de sufrimiento, la sociedad griega eligió a Syriza. Un partido político que se convirtió rápidamente en algo más que la esperanza de la población griega. Se convirtió en un símbolo de la izquierda internacional. El partido de Tsipras llevó la coalición del 4% al 36%, sobre la promesa de poner fin a los memorandos y recuperar la soberanía del país y durante unos meses, el gobierno de izquierdas desafió abiertamente a la Troika: frenó privatizaciones, recontratró empleados públicos, intentó restaurar pensiones. Y luego convocó un referéndum para preguntarle al pueblo si debían aceptar las condiciones draconianas de la Troika. El 5 de julio de 2015, el 61,5% de los griegos votó oxi, «no» a las nuevas condiciones de ajuste impuestas por los acreedores. Fue un grito de dignidad que estremeció Europa. Duró una semana.

El golpe de Schäuble

El 13 de julio de 2015, Tsipras firmó un tercer memorando que contenía condiciones aún más duras que las rechazadas en las urnas. El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, había sido el arquitecto principal de la presión. Su estrategia fue brutal: amenazar con el corte de liquidez al sistema bancario griego, imponer el corralito financiero y agitar el fantasma del Grexit, la expulsión de Grecia del euro. La capitulación de Tsipras incluyó un fondo de privatizaciones de 50.000 millones de euros, nuevas reformas de pensiones, aumentos del IVA hasta en alimentos básicos y el compromiso de generar superávits fiscales primarios durante años. El propio ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, prefirió dimitir antes que firmar.

Lo que Schäuble hizo aquel verano poco tenía que ver con la economía. Fue un ejercicio de demostración de fuerza con mensaje incorporado: ningún gobierno elegido democráticamente, por más que acumule mandato popular, puede escapar de la disciplina de los mercados y de los grandes acreedores si estos deciden apretar. El referéndum no valía nada. La voluntad popular era papel mojado frente a la arquitectura financiera de la eurozona. Syriza, que había llegado al gobierno como símbolo de una izquierda radical capaz de gobernar, terminó aplicando políticas que los propios partidos de la casta griega –el socialdemócrata PASOK y el conservador Nueva Democracia– habían considerado inaplicables. Subió impuestos a los más pobres, bajó pensiones un 9% de media y ejecutó el mayor programa de privatizaciones de la historia reciente del país.

El mensaje político era tan nítido como perverso: podéis votar lo que queráis, pero gobernaréis como nosotros digamos. La democracia, dentro del euro, tiene límites. Y esos límites los marcan Fráncfort, Berlín y el FMI.

La ironía de los nuevos derrochadores

Aquí entra la segunda parte de esta historia, que tiene la estructura de una farsa si no fuera porque las consecuencias para millones de personas han sido perfectamente reales. Los mismos países que lideraron el estrangulamiento de Grecia en nombre de la ortodoxia fiscal llevan años redescubriendo las virtudes del gasto público.

Francia lleva desde 2023 sometida a un procedimiento de déficit excesivo por la Unión Europea, con un déficit que superó el 6% del PIB. No es que París haya aplicado medidas de estímulo keynesianas por convicción: es que simplemente no puede cuadrar sus cuentas bajo las reglas que contribuyó a imponer al sur de Europa. Alemania, por su parte, ha protagonizado la reconversión más espectacular. El país del Schwarze Null –el dogma del presupuesto cero que Schäuble convirtió en obsesión ideológica– modificó en marzo de 2025 su propia regla constitucional del freno de la deuda, vigente desde 2009, para financiar un plan de inversión de 500.000 millones de euros en infraestructuras y comprometerse a elevar el gasto en defensa hasta el 3,5% del PIB. Berlín, que se negó a cualquier quita de la deuda griega y exigió austeridad con mano de hierro, se dispone ahora a impulsar un déficit próximo al 4% del PIB. La deuda pública alemana podría alcanzar el 74% del PIB en 2030.

No se trata solo de hipocresía. Se trata de confirmar lo que los economistas heterodoxos y los gobiernos del sur europeo llevaban años denunciando: que las reglas de austeridad no eran principios universales de buena gestión económica, sino instrumentos de disciplina selectiva. Funcionaban cuando se aplicaban a los débiles. Cuando los fuertes las necesitaban, se reformaban o se ignoraban. Grecia fue el laboratorio donde se experimentó con ellas en su versión más cruel.

Los griegos pagaron la deuda con recesión, pobreza y emigración masiva. Ahora, quienes diseñaron ese laboratorio se permiten el lujo de abandonar sus propias recetas sin que nadie les pida cuentas.

Tsipras contra su propia criatura

Y, sin embargo, aquí está Tsipras. De vuelta. Con un nuevo partido, un nuevo nombre y el mismo carisma envejecido frente a las ruinas de su propio legado. Los números de las encuestas son por ahora alentadores. ELAS, un partido que literalmente acaba de nacer, aparece ya como segunda fuerza política con el 12,8% de intención de voto, por delante del PASOK (la familia socialdemócrata) y muy por encima de su antiguo partido.

Porque la otra gran historia de este regreso es la que ocurre por la izquierda: Syriza, el partido que Tsipras construyó desde el 4% hasta el gobierno, el partido que fue símbolo de una izquierda europea capaz de desafiar a la Troika, aparece hoy pulverizado en las encuestas y no conseguiría estar representado en el Parlamento. El partido que lo hizo y lo deshizo, y del que se marchó en 2023 tras dos derrotas consecutivas, ha acabado convertido en un residuo electoral irrelevante. Tsipras no vuelve a liderar la izquierda griega: vuelve a competir contra ella, a devorar los restos de un partido que no pudo recuperarse después de lo ocurrido.

Pero hay algo más que merece atención en el discurso. El Tsipras de 2015 llegó al gobierno con un programa de ruptura explícita con la austeridad: renegociar la deuda, revertir los memorandos, devolver al Estado su función redistributiva. El ELAS de 2026 mantiene referencias a los salarios dignos, a la vivienda y la sanidad como derechos y no como privilegios –el lenguaje de la izquierda sigue presente–, pero el eje central del proyecto ha desplazado su centro de gravedad. Es comprensible. El contexto ya no es el mismo.

Donde antes había una narrativa de confrontación con los poderes financieros europeos, ahora hay sobre todo una denuncia de la corrupción interna: que el Estado griego ha caído en manos de una élite que lo usa como botín, que la justicia se ha degradado y la democracia se ha vaciado. Son acusaciones legítimas, pues el gobierno de Mitsotakis acumula escándalos varios, tanto por –supuestamente– espiar a políticos y periodistas como por una presunta trama de corrupción con fondos europeos.

En ese sentido, el adversario ya no es la Troika ni la arquitectura financiera de la eurozona: es la corrupción doméstica de la derecha griega. Y el propio Tsipras lo ha explicitado: quiere una «izquierda que gobierne», centrada en «soluciones prácticas». El oxi del referéndum de 2015 fue un acto de soberanía popular que duró exactamente siete días. Once años más tarde, el hombre que fue derrotado vuelve a intentarlo una vez más. Las elecciones, justo dentro de un año, en junio 2027.

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Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.

El 22 de abril de 2022, un total de 91.648 personas llenaron las gradas del Camp Nou en el partido de semifinales de la UEFA Women’s Champions League entre el Barça y el Wolfsburgo. Este hito, que constituye el récord de asistencia en la historia de las competiciones deportivas femeninas, simboliza no solo el éxito deportivo de un equipo, sino también la cristalización de un proceso de transformación social.

El fútbol, en tanto que institución cultural central en la construcción de las masculinidades hegemónicas (Connell, 1995), ha sido históricamente un espacio de reproducción de valores patriarcales. En este sentido, resulta especialmente relevante que, tal como señala la psicóloga social Gemma Altell, las jugadoras del Barça hayan impulsado esta transformación feminista desde un ámbito “de los más duros y difíciles” para la igualdad de género.

Las ciencias sociales llevan décadas analizando la presencia de las mujeres en el deporte. Autoras como Jennifer Hargreaves (1994) han documentado cómo las mujeres han sido históricamente excluidas o relegadas a prácticas deportivas consideradas “adecuadas” para su género, en coherencia con normas sociales de feminidad que limitaban su presencia en deportes codificados como masculinos. En Catalunya, las investigaciones de Vilanova y Soler (2008) muestran que las barreras estructurales —institucionales, culturales y mediáticas— han actuado durante décadas como mecanismos de desincentivación de la participación femenina.

“Estamos aquí para quedarnos”

En este sentido, permítanme reproducir aquí algunos fragmentos del discurso de la futbolista Alexia Putellas durante el acto de reconocimiento del equipo blaugrana con la Medalla de Honor del Parlamento de Catalunya en 2023:

“La sociedad está cambiando y lo pide: el papel de la mujer debe ser clave en el desarrollo y el crecimiento de la sociedad catalana. […] Nosotras, como Barça, creo que a través del fútbol estamos ayudando a construir una sociedad más justa, igualitaria y con más oportunidades. Nuestro esfuerzo y nuestras victorias nos están convirtiendo en referentes para muchos niños, niñas, jóvenes y adultos. Y eso supone una gran responsabilidad; lo tenemos que hacer bien, lo tenemos que seguir haciendo bien. Nuestro compromiso con nosotras mismas, con el deporte femenino y con la sociedad es incuestionable.

[…] Estamos aquí para quedarnos, estamos aquí para ayudar a las que vendrán, porque todavía hay mucho camino por recorrer. Estos días lo veis con la grave situación que estamos afrontando con la Federación (española) y los cambios que todas solicitamos para que ninguna mujer, dentro o fuera del fútbol, tenga que vivir nunca más ninguna situación de menosprecio, faltas de respeto o abusos.

Necesitamos consenso, valor y liderazgo por parte de las instituciones, por favor. Y por eso no nos vamos a detener aquí. Se lo merecen las que lucharon antes que nosotras, nos lo merecemos nosotras por el esfuerzo que hacemos cada día y se lo merecen todas las niñas y niños que hoy sueñan con ser como nosotras. No os fallaremos. ¡Viva el deporte femenino y viva el Barça!”.

El equipo blaugrana no solo ha roto un techo de cristal, sino que ha demostrado que también en el fútbol hay alternativas que van más allá de la simple adaptación de los modelos masculinos dominantes. Esto es porque, como apuntan Martin et al. (2017), son muchas las deportistas que han sido capaces de construir una cultura deportiva propia que desafía los valores tradicionales asociados a la competitividad masculina y propone nuevas formas de interpretar la práctica deportiva y la profesionalización. El público de los partidos del Barça femenino, por ejemplo, es un público sobre todo familiar, expulsado ya hace tiempo de las competiciones masculinas.

Referentes femeninos

Futbolistas como la propia Alexia Putellas, Aitana Bonmatí o Irene Paredes han propiciado la emergencia de nuevos referentes. La literatura sobre socialización y aprendizaje observacional, iniciada por Bandura (1977), muestra que la presencia de modelos similares en términos de género y experiencias vitales incrementa la identificación y la percepción de autoeficacia. La socióloga Alba Alfageme destaca que las referentes femeninas contribuyen activamente a reducir la “brecha de sueños” y a fomentar la autoestima y la ambición en las niñas. Las jugadoras del Barça, en este sentido, articulan un espacio simbólico de posibilidad que desafía estereotipos que asociaban históricamente el fútbol a la virilidad y a la fuerza física, tal como ha analizado buena parte de la literatura feminista sobre el deporte (Messner, 2002; Young, 1990).

Los datos recientes refuerzan esta tesis: en la última década, la Federación Catalana de Fútbol ha multiplicado por 2,5 el número de jugadoras federadas, lo que evidencia un cambio sociocultural profundo. El acceso masivo de niñas y jóvenes al fútbol puede interpretarse como un proceso de democratización del deporte y de expansión de los límites de lo imaginable, en línea con los planteamientos de Connell (2012) sobre transformaciones en las relaciones de género.

Paralelamente, estas jugadoras han tenido un papel central en el movimiento Se Acabó, que denuncia las dinámicas de violencia simbólica, institucional y estructural dentro del fútbol. A diferencia de lo que suele ocurrir en otros deportes, este movimiento ha sido impulsado desde el propio colectivo de jugadoras, a menudo asumiendo costes significativos en términos de su carrera profesional. Este gesto conecta con la tradición de los feminismos que entienden la agencia colectiva como motor de transformación social (Hooks, 2000).

En este proceso de cambio destacan de manera especial figuras como Putellas, Paredes o Bonmatí, que se han convertido no solo en deportistas de élite reconocidas internacionalmente, sino también en sujetos políticos que disputan el orden simbólico del fútbol. Su visibilidad y capacidad de incidencia mediática han contribuido decisivamente a redefinir los imaginarios sobre lo que puede ser y representar una mujer en el deporte de alto rendimiento.

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No nos cansaremos de repetirlo: una de cada cinco personas menores de edad sufre agresiones sexuales, la mayoría de ellas cometidas por familiares o conocidos. No lo queremos ver, no lo queremos asumir. Pero el problema está. No son casos puntuales ni es un asunto privado. Estamos hablando de un problema social, estructural y de salud pública que, pese a su gravedad y magnitud, continúa siendo un tabú en la sociedad.

«Muchas veces siento impotencia«, resumió Vicki Bernadet, que lleva más de 30 años intentando visibilizar este asunto, en la presentación online del especial de La Marea junto a la catedrática en Victimología Noemí Pereda. «Los medios de comunicación tenéis un papel muy importante», añadió Pereda.

En este contexto, en La Marea continuamos también con las presentaciones presenciales, esta vez en Sevilla. El evento se celebrará el próximo 10 de junio a las 19.30 horas en la Sala El Cachorro, en el barrio de Triana. Conducido por Olivia Carballar, contaremos con víctimas y representantes del mundo de la judicatura.

Así, participarán el fiscal delegado de Criminalidad Informática en Sevilla, Gabriel González, la abogada Amparo Díaz y el perito tecnológico Jorge Coronado, que abordarán las claves sobre el impacto de estos delitos en las redes sociales. Desde la asociación Redime, contaremos con la abogada y superviviente de abusos Mari Carmen Heredia y la terapeuta Eva Medina. Y también nos acompañará la superviviente Laura Cuevas, de la asociación Lulacris.

El acto se suma al celebrado el pasado mayo en el Teatro del Barrio, en Madrid, al que acudieron diferentes víctimas, especialistas y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que explicó las claves de la ampliación de la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia (Lopivi) tras su aprobación en el Consejo de Ministros.

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«Maya Angelou tiene una frase que dice que la escucha es lo más curativo que hay. Antes que terapias, antes que todo. La escucha es la mejor terapia porque todo el mundo no se acordará de lo que le has dicho, o no se va a acordar de dónde estaba, o no se va a acordar del momento… Pero siempre, siempre, se acordarán de cómo se han sentido al hablar contigo». Con una voz también sanadora, Vicki Bernadet, hoy con 72 años y media vida dedicada a visibilizar y ayudar a las víctimas de agresiones sexuales en la infancia y adolescencia –como ella–, explica cómo se sienten cuando intentan hablar.

El interlocutor interrumpe o dice cosas como ‘No pasa nada, se te pasará’. O peor aún: ‘¿Por qué no lo has dicho antes?’. O mucho peor incluso: ‘Ah, pero solo te tocó, podía haber sido más’. Como si el tipo de agresión –y no cómo lo vivió la víctima– fuera lo más grave. «Cuando doy una charla pregunto: ‘A ver, imaginad a vuestra familia, a vuestros amigos… que alguno fuera capaz de agredir a vuestros hijos’. Y el 100% te dice que no. Te vas al día siguiente a otro sitio y es que no. Y así durante todos los años que llevo ofreciendo cursos para padres y madres en los colegios. Y resulta que el 80% de los casos se dan en ese ámbito», dice en un resumen preciso de lo que ocurre con este asunto: no queremos ni oír hablar de ello.

«Hasta que las familias no conecten con la idea de que el 20% de la población se ve afectada y que el 85% se produce en el ámbito intrafamiliar, va a continuar ese porcentaje tan doloroso, que es que un 90% de los casos de abuso no se habla hasta la edad adulta. Y no solo es doloroso como sociedad, sino que son vidas que podríamos salvar», concluye. Ese no hablar, no ser escuchado y no recibir ayuda evolucionan con el silencio, el miedo y la vergüenza acumulando diversos episodios de violencia hasta que se es mayor. «Y cuando contamos nuestra vida, pues es: yo sufrí abusos a los cinco años, a los nueve, a los 17, una agresión sexual, un intento de suicidio, maltrato durante 14 hace años… Y este es un patrón normal. Es mi caso, pero en otros será adicciones, será anorexia, bulimia, prostitución…», añade.

Por eso insiste en la máxima divulgación, porque considera que con la detección precoz y ayuda, las po-sibilidades de sufrir todo lo demás son menores o casi nulas: «A tiempo, se trabaja una mala experien-cia con el apoyo de todo el mundo. Pero cuando eres adulto ya no es una mala experiencia, ya es un trauma. Y esto va de salvar vidas», repite.

Pone un ejemplo gráfico: «Puede que no lo puedas evitar, como un accidente. Pero cuando tienes un ac-cidente, sabes a qué hospital irás, a quién llamarás, sabes el número de la ambulancia. Con este tema, sin embargo, existe una resistencia. Hay un miedo irracional. Cuando yo lo conté, en el 97, hace casi 30 años, era normal encontrarse con eso. ¿Pero ahora? No tiene ningún sentido».

Bernadet admite que creó la fundación que hoy preside de manera egoísta, para salvarse también a ella misma. Y es por eso, porque ha hablado muchísimo y la ha escuchado mucha gente, por lo que sabe, como Angelou, por qué canta el pájaro enjaulado.

Publicado por primera vez en 1969, Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado recoge la autobiografía de la escritora Maya Angelou. Con siete años, fue violada por el novio de su madre. El agresor fue asesinado tras pasar brevemente por la cárcel y ella enmudeció durante cinco años:«Creí que mi voz lo había ma-tado; yo maté a ese hombre, porque dije su nombre. Y después pensé que nunca volvería a hablar, porque mi voz podría matar a cualquiera…».

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Una jueza en chándal está sentada en el banco de un parque. Se escucha, levemente, el trino de unos gorriones revoltosos. A su lado, también con ropa deportiva, dos abogadas miran unos papeles con sus piernas cruzadas sobre el césped. Y un poquito más allá, un fiscal, con vaqueros y camiseta de manga corta de su grupo de música favorito, observa los columpios y el tobogán del fondo, junto a unos árboles frondosos que dan sombra.

Ahí, en mitad de ese escenario natural e infantil, la jueza coge una pelota y, mientras la bota, hace preguntas a un señor que va a ser juzgado. El hombre, ataviado con una americana y camisa blanca, mira a un lado y a otro, se frota los ojos una y otra vez. Pero nada, no sale del asombro, no da crédito a lo que está ocurriendo. La jueza pasa la pelota a las abogadas, que se la lanzan entre ellas hasta llegar al columpio. Desde ahí, mientras sube y baja el balanceo, siguen haciendo preguntas. El hombre, incapaz de responder nada, continúa sin entender por qué los representantes de la justicia se visten y actúan de esa forma, por qué su juicio se está celebrando en mitad de un parque, como si aquello fuera un juego. 

Obviamente, la escena no es real. Pero la sensación de desconcierto que está sintiendo ese hombre puede compararse a la de un niño que acude a un juzgado. Es así, con esa imagen, como lo explica de una manera muy gráfica la magistrada de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias Glòria Poyatos, experta en la humanización de la justicia. «¿Has ido alguna vez a una sala de vistas, verdad? ¿Sabes cómo es, no? Porque lo que ves es un micrófono ahí en medio donde solo se puede hablar cuando se formula una pregunta y no se puede intervenir en ningún otro momento. Un lugar donde quien únicamente habla, con una voz elevada, es un ser vestido de negro que está en mitad de la sala, en una silla victoriana. Y ahí es donde no puede ir un niño, una niña que, encima, ha sido agredido sexualmente», dice la magistrada, que reconoce que se les trata como si fueran propiedad de alguien, como si no fueran sujetos de derecho.

«Seamos capaces de entenderlos, de ponernos en su lugar, de hacerles declarar de una forma libre, espontánea. ¿Dónde se haría el juicio? Quizá no se hubiera hecho nunca en una sala de vistas, sino en en un parque. Quizás no estaría la jueza o el juez con una toga negra, quizás estaría vestido con un chándal. O quizás estaría en un sitio con más niños hablando con todos ellos», reflexiona Poyatos. 

Lo que dice la magistrada, en el fondo, remite a las casas Barnahús, lugares donde esos niños y niñas se sientan seguros, donde no tengan que contar varias veces a personas diferentes lo que su padre, su tío o su profesor le han hecho, donde se tenga en cuenta la perspectiva de infancia. ¿Y por qué no se hace siempre así si parece lo más razonable? Poyatos es rotunda: «Porque el Derecho no ha sido pensado para las características, experiencias, expectativas, aspiraciones y preocupaciones de los seres humanos menores de edad. Y tampoco ha sido pensado para sus características, sus peculiaridades. Por tanto, su manera de hablar, de expresarse, de funcionar, de sentir, de ser en general es muy diferente», añade. 

Tal es la forma en la que está concebido el Derecho que ella misma tuvo que escribir un voto particular para explicar una sentencia de un modo entendible a un niño al que la administración le había denegado su grado de discapacidad. Esto escribió la jueza, porque no podía redactarse así en la sentencia: «Hemos estudiado tu caso y tienes toda la razón, Aureliano. Te vamos a apoyar porque ahora entendemos por qué te cuesta más hacer las cosas».

Garantías del proceso 

Con su habitual pedagogía –Poyatos es impulsora también de la lucha por incluir la perspectiva de género en la justicia–, la magistrada insiste no solo en que el ordenamiento jurídico se ha concebido con un enfoque adultocéntrico, sino en un adulto muy concreto: «Con unas características muy determinadas: hombre heterosexual, mayor de edad, propietario, sin discapacidad, no demasiado mayor en edad… Aquellos otros sectores de la población, dígase infancia, dígase mujeres, personas con discapacidad, homosexuales, que salgan de ese patronaje para el que fue esculpido el ordenamiento jurídico, se topan con un derecho que no ha sido pensado para ellos y una aplicación mecánica del derecho los excluye directamente».

En el caso de las agresiones sexuales a las niñas, niños y adolescentes, esto afecta además a las garantías del proceso: «Tenemos un ordenamiento jurídico penal garantista, que está muy bien. Obviamente, cualquier Estado de derecho, si es un Estado de derecho social, democrático, debe ser cuanto menos garantista. Pero no se tiene en cuenta quizá, o no hemos dado un paso más, en las garantías que pueda tener la persona en el derecho penal, que deben ponderarse cuando al otro lado tenemos una víctima vulnerable como pueden ser estos niños y niñas. Por ejemplo, la atenuante por dilación indebida. Es decir, cuando el proceso dura demasiado, se entiende que incide negativamente en la persona procesada. Y le aplican esta atenuante con la disminución que corresponda de la pena que se le aplicaría por el delito por el que ha sido procesada. ¿A quién beneficia esto?», se pregunta retóricamente Poyatos. 

Pues en este caso al pederasta. «¿Y qué pasa con las víctimas? ¿Acaso el Derecho ha pensado en las víctimas que tardan demasiado en ver cumplida la pena del agresor? ¿Les da algo? ¿Qué les da a esos niños y niñas que han tardado años en ver cumplida la justicia? Nada. Además, les pega en la cara porque les dice ‘mira, encima voy a beneficiar a tu agresor, le vamos a quitar unos años», analiza. 

Y termina volviendo al principio: «El Derecho es eminentemente adultocéntrico. Y es algo que tenemos que cambiar». Tal vez la escena de un hombre juzgado en el parque nos ayude a visualizarlo, y entenderlo, de una vez. 

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Leyla Bouzid (Túnez, 1984) no estaba muy convencida de que la dejaran estrenar su última película, Tres mujeres, en su país natal. Finalmente, el público tunecino ha podido verla a pesar de contar con una trama que podría considerarse escandalosa según determinadas mentalidades conservadoras: Lilia, una joven tunecina expatriada en Francia, regresa al hogar familiar para acudir al entierro de su tío Daly, fallecido en extrañas circunstancias. Poco a poco, la chica irá desvelando el misterio de esta muerte: su tío ha sido asesinado durante un encuentro sexual con otro hombre. Este acto de violencia la confrontará con su propia realidad (ella es lesbiana y mantiene oculta su relación con una mujer francesa) y también con su familia, ya que todas las mujeres (su abuela, su madre, su tía) conocían la orientación del tío Daly y prefieren guardar silencio. No quieren que el crimen se investigue para evitar problemas. Las tres mujeres a las que alude el título son tres actrices grandiosas: Eya Bouteraa (la hija), la palestina Hiam Abbass (la madre) y Salma Baccar (la abuela).

No sé si la película se ha podido estrenar en Túnez.

Sí, el distribuidor de mis películas allí ha hecho un trabajo extraordinario. La película se estrenó el 29 de abril y todavía sigue en cartel. Eso nos llena de orgullo.

La acogida, por tanto, ha sido favorable, ¿no?

Entre el público, muy buena. Durante una semana he asistido a debates en Túnez, Hammamet, Susa, Nabeul, Bizerta… y ha sido algo verdaderamente extraordinario, muy rico. Había gente molesta por determinados aspectos de la película, pero siempre fueron discusiones apasionantes, interesantes, en las que todo el mundo estaba dispuesto a escuchar al otro. Me siento muy feliz por la utilidad de la película en Túnez. No es que las salas estén abarrotadas, pero quien quiere verla, puede hacerlo. Y me llegan testimonios privados muy bellos por parte de personas de la comunidad queer que quizás no tomaban la palabra durante los debates, pero que me han escrito después diciéndome que se han visto reflejados en la historia. Respecto a la prensa… bueno, no hemos tenido presencia en los medios oficiales. El título en árabe significa, más o menos, «silenciar el ruido» o «evitar el escándalo», y eso es lo que hemos hecho. Y eso, en definitiva, es lo que nos permite que la película pueda verse.

¿Y el rodaje allí fue complicado? ¿Fue difícil el papeleo, los permisos, etc.?

No hemos tenido financiación de Túnez ni de ningún otro país árabe. Era muy difícil, teniendo en cuenta el tema que trata. Casi toda la película está rodada en la casa de mi abuela y lo hemos hecho con mucha discreción. No hemos hablado demasiado y así nos ha ido bastante bien. En cuanto al casting, necesitábamos que los intérpretes estuvieran de acuerdo con el mensaje que el filme quiere transmitir, y eso ya fue un poco más complicado. Hubo personas que rechazaron participar. A veces, por homofobia, porque no querían verse asociados a un tema así. Y otras veces porque ellas mismas se veían concernidas y no querían verse asociadas a una película que podía ponerles en peligro. También hay personas que han pasado miedo, incluso cuando la película se ha proyectado, porque arroja luz sobre el colectivo LGTBIQ+ y eso podía causarles problemas. Por el momento no ha sido así.

Desde fuera, muchos tenemos la impresión de que Túnez es uno de los países árabes más avanzados. El aborto, por ejemplo, se legalizó allí en 1965, mucho antes que en Francia. También protagonizó la primera Primavera Árabe. Sobre la cuestión de la homosexualidad, ¿puede decirse que hay un desfase entre la ley y la realidad de la sociedad tunecina?

En primer lugar, hay que señalar que la ley que criminaliza la homosexualidad en Túnez es de 1913 y la aprobó el gobierno colonial francés.

¿Y sigue en vigor?

Sí, sí, sigue en vigor. A pesar de la independencia, la ley permanece. Otra de las leyes aprobadas por los franceses es la que criminaliza el adulterio, que se castiga con seis meses de prisión firme, y también está en vigor. En la sociedad actual, la homosexualidad sigue siendo un enorme tabú, pero hay una paradoja: se criminaliza por la ley, hay homofobia en la sociedad, pero, claro, estas personas existen, viven su homosexualidad, hay lugares en los que pueden reunirse, bares a los que pueden ir, como se ve bien en la película. Uno de los grandes problemas de esta ley es que puede ser instrumentalizada en función del periodo político.

¿Cómo?

Bueno, si un gobierno es tolerante, no va a perseguir a los homosexuales, pero un gobierno conservador sí puede meterlos en la cárcel. Y eso es precisamente lo que está pasando ahora. Bastantes personas han sido detenidas. Si queremos recuperar esa imagen de un país moderno, el que hizo la Primavera Árabe, en el que existe casi una igualdad entre hombres y mujeres, es necesario cambiar muchas cosas y derogar ciertas leyes. Para empezar, esta de la homosexualidad, pero no es la única. También habría que derogar la que fija la primacía de los hombres sobre las mujeres en cuestiones de herencia. Esa ley procede del islam y otorga al hermano el doble de herencia que a la hermana, y constituye un verdadero problema en Túnez.

Su actriz protagonista, Eya Bouteraa, se crió en Túnez. ¿Esta circunstancia era importante para el personaje que usted quería mostrar?

Para mí era muy importante que fuera una tunecina anclada a la cultura tunecina, incluso cuando se trata de una familia como la de la película, que habla sobre todo en francés. Son cosas que se sienten. Creo que se puede intuir de dónde viene la gente y qué llevan dentro, incluso si un actor se esfuerza por parecer de nuestro entorno. Pero es algo que, para mí, se siente y que la cámara capta.

¿Y fue difícil encontrar a una actriz así?

Mis castings normalmente son muy largos, pero con Eya todo fue muy rápido. Aunque lo cierto es que cuando la vi llegar por primera vez me dije: «No, no puede ser. Es demasiado risueña». Siempre está sonriendo, tiene mucha energía, puede usted verla en Instagram. Ella es así, de verdad. No tiene nada que ver con el personaje de Lilia. Y se lo dije: «Eres genial, pero eres demasiado diferente». Lo aceptó, pero me pidió que hiciéramos algún ensayo de prueba. Y de repente, cuando dejó de sonreír, surgió de ella una gran melancolía. Tenía algo muy hermoso, algo que yo buscaba, una especie de silencio inquietante. Y poco a poco, a través de varias sesiones de trabajo, pensé: «OK, va a ser ella». Fue muy interesante. Se metió de lleno en el papel. No tuvo ningún miedo de interpretar a Lilia.

Y luego tenemos a la grandísima Hiam Abbass, pero no es tunecina. Es un icono del cine palestino.

Sí, con el personaje de la madre me contradigo a mí misma. Es la primera vez en mis películas que elijo a una actriz que proviene de un lugar distinto al de la historia.

¿Y cómo se cruzaron sus caminos?

Por puro azar. No escribí ese personaje pensando en Hiam Abbass. Buscaba a la actriz ideal entre las actrices tunecinas, pero sentía que faltaba algo. No sabía qué, pero algo faltaba. Y, por casualidad, en la Filmoteca de Toulouse, conocí a Hiam Abbass. Aparecieron un montón de signos. Fue algo del destino. Le propuse el papel sin pensarlo, sin preguntar a mi productora siquiera. «Tienes que ser tú», le dije. Creo que fue porque Wahid, su personaje, está un poco aparte, es un poco diferente. No habla mucho, pero cuando habla su frase es clave, es una punchline. Ella vive en el silencio y hay una larga escena en la que la abuela está leyendo una esquela y ella no dice nada, no abre la boca, pero se diría que está hablando. Vemos todo lo que está sintiendo. Además, Hiam Abbass tiene la costumbre de trabajar muy bien los acentos y los dialectos, y así lo hizo con el tunecino. Y además… ¡incluso se parece a Eya! He tenido mucha suerte de poder trabajar con ella.

También me sorprendió saber que Salma Baccar, gran cineasta, había trabajado muy poco como actriz. Y sin embargo llena la pantalla.

Poco no, ¡no había trabajado nunca como actriz! La Wikipedia dice que sí, pero es un error. Es una directora muy militante, muy feminista, y está acostumbrada a hablar con los medios, a dar muchas entrevistas. Tras la revolución fue elegida diputada. Es una figura muy carismática, pero nunca había actuado antes. Pero hay una fuerza que emana de ella y que atrapa a la cámara. Cuando le propuse el papel de la abuela me dijo: «¿Estás segura? Yo no sé actuar. Es un poco peligroso, pero si tú crees que puedes dirigirme, me lanzo». Y al final le encantó actuar. Se divirtió muchísimo, y creo que eso se nota. Además, yo necesitaba una abuela de verdad y ella conocía ese personaje mejor que yo. Le ha aportado muchas cosas. Quizás otra abuela no hubiera aceptado el papel por el tema que trata la película, pero Salma Baccar sí. Es una gran militante. Y ha sido un gran descubrimiento. Ahora bromea diciendo: «Parece que voy a empezar una nueva carrera como actriz a los 80 años». Creo que ha sido feliz en este trabajo y que agradeció mucho que le ofrecieran algo nuevo en su vida. Lo normal es que a determinadas edades, a menudo demasiado pronto, se encasille y se aparte a la gente. Cuando le propusimos actuar, para ella fue una nueva aventura.

En una escena de la película el personaje de Salma Baccar dice que sabe leer en francés, pero que no sabe hacerlo en árabe. ¿Esto es algo común entre la gente de esa generación en Túnez?

Para los hombres de esa generación era normal aprender francés en la escuela, pero no para las mujeres. El personaje está inspirado en mi abuela, que nació en 1923. Su padre quiso que ella estudiara y para ello estaba obligada a ir a la escuela francesa porque, de hecho, no había escuelas para niñas en esa época. Ella y su hermana eran las únicas niñas, musulmanas además, en aquella escuela francesa. Iban todos los días a la escuela con su pequeño velo sobre la cabeza. Y mi abuela aprendió allí a leer y a escribir en francés, pero nunca aprendió a hacerlo en árabe. En las grandes ciudades, sobre todo en Túnez capital, hay muchas mujeres así. Mi abuela, hasta el día de su muerte, fue una mujer brillantísima, muy inteligente. Hasta el final, recitaba de memoria a Alfred de Musset, a Victor Hugo, las fábulas de La Fontaine… y leía sin parar. Y decíamos: «¡Qué abuela tan pedante y tan adorable tenemos!». [Risas] Conocía la poesía francesa, pero no le pasaba lo mismo con el árabe, y eso fue duro para ella. Los niños si aprendían el francés y el árabe, pero las niñas no.

Hay una escena que, en mi opinión, refleja sutilmente ciertas percepciones de los tunecinos sobre su propio país: es aquella en la que Lilia intenta sobornar a un policía y éste se niega a aceptar el soborno. ¿Qué nos revela esta escena sobre los tunecinos que viven en el extranjero, sobre aquellos que han emigrado a Francia? ¿Esta experiencia de vivir en Francia, al final, ha cambiado su mentalidad?

Hay una gran ambigüedad en esa escena. Eso es lo que me interesa. El policía tiene razón al darle el alto, porque ella está conduciendo de forma errática. Él representa una postura ambivalente muy habitual en Túnez: estamos orgullosos de todos los que se han ido, pero al mismo tiempo se les reprocha que se hayan ido y que no se acuerden de Túnez. Esto es lo que Leila y el policía encarnan en esa escena. Él deja abierta la posibilidad a ser corrompido, está a punto de coger el dinero, pero en el coche va también la novia de Lilia, una francesa, y su mirada, de alguna manera, condiciona su respuesta. Y las deja marchar. Lo que realmente me gusta de esta escena es que presenta una imagen compleja de Túnez, que no es nada simple, una imagen que está vinculada a la mirada occidental.

¿Y a cierta inseguridad, quizás?

Bueno, estamos orgullosos, pero cuando nos observan, cambiamos. Y nos adaptamos. Esa escena habla también de lo que llamamos «fuga de cerebros». Toda una generación, que tuvo estudios muy exitosos en Túnez, se fue a trabajar al extranjero. Sobre todo médicos e ingenieros. Y esa sensación de abandono existe realmente en Túnez.

Lo que resulta especialmente respetuoso es su voluntad de no juzgar a sus personajes desde una perspectiva europea u occidental. Las mujeres mayores de esta familia prefieren guardar silencio, pero eso no las convierte en personajes negativos.

Es que yo quería abordar la familia tunecina tal cual es. La familia en Túnez es muy importante. Es sagrada. Cada integrante de esta familia tiene un punto de vista. Yo no quería juzgar a la abuela, no quería presentarla como una enemiga, ni tampoco a la madre, ni a la tía. Yo quería comprender a cada personaje con sus razones, sus matices, su complejidad. Creo que eso es lo que permite al público tunecino aceptar verdaderamente la película, porque puede identificarse con Lilia en determinados aspectos, pero también con la abuela, con la madre, y a veces con el propio tío. Sin juzgar a nadie, que es lo que busco siempre en mi cine.

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‘Tres mujeres’, de Leyla Bouzid, se estrena en cines el 22 de mayo.

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1. El resumen

Resumen de urgencia de la jornada electoral de ayer: Andalucía mete en un lío, victorioso pero lío, a Juan Manuel Moreno; hiere de gravedad a Antonio Maíllo y de muerte a María Jesús Montero; amplía el santoral de la izquierda alternativa con el nombre de San José Ignacio García y devuelve a Santiago Abascal el mango de la sartén que la mayoría absoluta del PP le había arrebatado en 2022.

La de 2026 será una legislatura interesante, que para un político es lo peor que puede ser una legislatura, como bien sabe Pedro Sánchez, que lleva ya ocho años en los que ni un solo de sus mandatos ha dejado de ser interesante. Pero como lo que es malo para los políticos es bueno para los periodistas, será una legislatura muy periodística. Demasiado seguramente. Santiago Abascal cabalga de nuevo por la marisma a lomos de un potro salvaje, aunque quizá no tanto como su jinete.

2. El castigo

Al Partido Popular de Juan Manuel Moreno lo ha castigado el Señor: ha perdido la mayoría absoluta a manos de Adelante Andalucía, el mismo partido al que, creyéndose muy astuto, benefició en 2023 incrementándole arbitrariamente la financiación a costa de Por Andalucía. De los 200.000 euros que, por consenso de todos los grupos, iba a recibir la coalición de Izquierda Unida, Podemos y Más País, el PP impuso en la Mesa del Parlamento el criterio de detraer injustificadamente 50.000 euros para asignarlos a la formación liderada entonces por Teresa Rodríguez, mejorando así muy sustancialmente la financiación que le correspondía por sus dos diputados. Hoy, aquellos dos escaños se han multiplicado por cuatro: un incremento explosivo cuyo damnificado casi único ha sido el Partido Popular, que ha perdido los diputados que le daban mayoría absoluta justamente en las provincias donde Adelante los ha ganado. 

Obviamente, Adelante ha triunfado por méritos propios, no ha subido lo que ha subido porque el PP decidiera ‘doparlo’ a costa de sus enemigos íntimos de Por Andalucía, pero no por ello deja de ser cierto que el PP creyó estar haciendo un gran negocio político al ahondar la discordia en el seno de la llamada izquierda alternativa. La astucia ventajista y marrullera de ayer se le ha vuelto en contra hoy. Castigo del Señor. 

3. La paradoja

Presume, y no sin razón, Adelante Andalucía de haber arrebatado al PP la mayoría absoluta. Fue lo primero que dijo José Ignacio García anoche: “De momento no hemos echado a las derechas y somos muy conscientes, pero hoy se han puesto las bases para echar mañana a las derechas de Andalucía. Aún no lo hemos conseguido, pero hoy podemos decir que Adelante Andalucia le ha quitado la mayoría absoluta al PP”.

Si García hubiera continuado el razonamiento habría tenido que concluir amargamente: “Hemos conseguido que Vox sea decisivo en Andalucía; nuestros votos debilitan al PP, pero abren las puertas de Andalucía a la ‘prioridad nacional’ que enarbola la extrema derecha”. Escalofriante paradoja de la que, obviamente, Adelante no tiene la culpa, pero que tampoco, no menos obviamente, puede negar; si acaso, matizar: su matiz, en verdad mucho más que un matiz, es que para los dirigentes de Adelante el PP y Vox son lo mismo. Y cuando se embalan, también el PSOE. 

4. El sartenazo

Lo primero que hará Santiago Abascal con esa sartén –que, como en Extremadura, Aragón y Castilla y León, en Andalucía vuelve a tener por el mango– será probablemente golpear con ella la cabeza de Juanma Moreno. El sartenazo no será mortal, pero ya se ocuparán Abascal y los suyos de que la sacudida se oiga nítidamente en toda España. ¿Conque Vox es ‘el lío’? Vale, Juanma Moreno, vale. Para cuando tenga un encuentro con el presidente de la Junta, el líder ultra ya debe tener memorizada la frase de la profesora Lydia Grant en la serie Fama: “Tienes muchos sueños, Juanma Moreno, buscas el poder, pero el poder cuesta y aquí es donde vas a empezar a pagar, con sudor”. No lo llames sudor, llámalo prioridad nacional.  

Vox se sintió estafado por el PP en la legislatura de 2018, cuando hizo presidente a Moreno a cambio de migajas: unas migajas que el PP estuvo mareando como si fueran una perdiz mientras los hambrientos polluelos de Vox en vano mantenían abiertas sus boquitas, esperando el alimento comprometido en los pactos de investidura. Los cándidos polluelos son ahora resabiadas rapaces. Esta vez la investidura no será a cambio de menudencias; esta vez la legislatura no va a salirle a precio de saldo al suavón Moreno. ¿Conque quieres el poder? Pues aquí es donde vas a empezar a pagar.  

5. Platero y ella

Juan Manuel Moreno Bonilla está, en efecto, en un lío. Lleva años posando de moderado, haciendo lo que suelen hacer las derechas cuando se les presenta la disyuntiva sanidad pública/sanidad privada o educación pública/educación privada, pero viene haciéndolo con sigilo, con educación, con buenos modales, sin perder la sonrisa. Juanma es como el Platero de Juan Ramón, “tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos”. ¿Quiere decirse que lo único que diferencia a Moreno de Ayuso es simplemente el barniz, las formas, refinadas en uno y montaraces en la otra? Sí y no. Ambos están en la derecha, sí, pero no están en ella de la misma forma. Y en política la forma es muchas veces tan importante como en literatura. Los medios lo presentan como la encarnación de la derecha transversal, moderada y llorica, antítesis de la derecha faltona, semianalfabeta y mendaz que encarna Isabel Díaz Ayuso, pero esa caracterización guay puede quedar hecha añicos cuando Abascal amenace a Moreno con esa sartén que tan firmemente tiene sujeta por el mango. Juanma necesitaba no necesitar a Vox para seguir siendo Juanma, pero la jugada no le ha salido bien. Lo sucedido el 17-M es malo para él, pero malo también para Andalucía.

6. El caballo

El destino aciago ha reunido en la misma cuneta de los vencidos a María Jesús Montero y Antonio Maíllo. Aunque el PSOE cosecha el peor resultado de su historia –pasando de los escuálidos 30 escaños de 2022 a los raquíticos 28 de ayer– y Por Andalucía se queda como estaba, con los cinco diputados que tenía, la amargura no es mayor en el uno que en el otro. Los 28 del PSOE y los 5 de Por Andalucía saben a polvo, a ceniza. Ambos partidos son los grandes derrotados del 17-M: el PSOE por haber bajado y Por Andalucía por no haber subido. El PSOE por verse goleado por el PP y Por Andalucía por verse humillada por Adelante. Ni María Jesús ni Antonio eran necesariamente malos jinetes, de ninguno de los dos puede decirse que hiciera una mala carrera, pero ambos estaban equivocados: creían montar briosos corceles cuando en realidad montaban exhaustos jamelgos.

7. El hostión  

Estas elecciones andaluzas han pulverizado algunos lugares comunes del análisis político y demoscópico. Uno de ellos sostenía que el PSOE era siempre el gran beneficiario de un aumento significativo de la participación. Esta vez no ha sido así: la participación pasó del 56% de 2022 a casi el 65 de ayer, pero el principal agraciado no fue el PSOE sino la otra izquierda, Adelante Andalucía. Al filo de las seis de la tarde de ayer, el exdiputado y excandidato a las primarias del PSOE andaluz Luis Ángel Hierro publicaba en redes un mensaje esperanzado a la vista de la alta participación que estaban registrando las urnas: “Esto marcha”, escribía. Esta mañana el mensaje era otro: “¿Alguien sabe que nos han dado el mayor hostión electoral de nuestra historia? ¿Alguien piensa asumir responsabilidades?”. La respuesta a la primera pregunta es sí porque es imposible que pueda ser no y la respuesta a la segunda es no porque lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Imposible asumir responsabilidades en el PSOE porque el verdadero responsable es Pedro Sánchez, al que aún le queda una última carta por jugar: la del año que viene en las generales.

8. La esperanza

Si el PSOE hace lo que tiene que hacer –lo malo es que no es nada fácil saber qué tiene que hacer ni, sobre todo, cómo hacerlo teniendo como tiene las manos atadas en el Congreso– en las cruciales legislativas del año que viene podría captar una buena porción de los 665.347 votos sumados por Adelante Andalucía y Por Andalucía en las autonómicas de ayer. En las andaluzas del 17-M lo que estaba en juego no era si ganaba la izquierda o ganaba la derecha, sino si ganaba la derecha en solitario o en compañía de otros: como se sabe, ha ocurrido lo segundo, y todos los observadores coinciden en que ha sido gracias a Adelante Andalucía. Sin embargo, en las generales de 2027 lo que estará en juego es si gana la derecha o si gana la izquierda, y en ese escenario puede funcionar el voto útil en favor del PSOE, si no para ganar, al menos para no perder como acaba de perder en Andalucía.

9. El pacto

Cuando a algún socialista se le pregunta si no sería deseable propiciar con la abstención de su partido la investidura de Moreno, suele replicar lo que el célebre empresario y extravagante concejal cordobés Rafael Gómez Sandokán cuando un periodista le preguntaba si pensaba dimitir. “¿Dimitir? ¿Dimitir yo? ¡Dimite tú!”. ¿Pactar nosotros con ese, con esos? En efecto, imposible. Un escenario así sería imaginable si las relaciones entre el PP y el PSOE fueran no ya cordiales sino simplemente normales, correctas, civilizadas. Ni lo son ni probablemente lo serán en mucho tiempo: por muchas razones, pero sobre todo por la absoluta, indisimulada falta de deportividad del Partido Popular en la derrota. El PP suele saber ganar, pero le cuesta horrores saber perder, y sin esa condición es imposible todo entendimiento, ni siquiera un entendimiento meramente funcional, urdido para que Vox dejara de tener la sartén por el mango. “¿Pactar? ¿Pactar yo? ¡Pacta tú!”.

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La duda durante la pasada noche electoral fue la misma que sobrevoló durante toda la campaña: no era saber quién ganaría las elecciones andaluzas, sino cómo ganaría el PP, con mayoría absoluta o sin ella. Es decir, con holgura para gobernar o teniendo que negociar con Vox. Nada ha podido hasta el momento con el partido liderado por Juanma Moreno, que ha vuelto a ganar las elecciones en Andalucía pero, esta vez, con la duda ya disipada, sin mayoría absoluta, lo que lo obligará a sentarse con Vox.

El Partido Popular ha obtenido 53 escaños, a dos de la mayoría absoluta y cinco menos que en las pasadas autonómicas. En segundo lugar, el PSOE, liderado por la exministra de Hacienda María Jesús Montero, se ha quedado en 28 escaños, uno menos que en 2022, lo que supone, además, el peor resultado de la historia de un partido que, durante casi 40 años, fue hegemónico en Andalucía. Y, en tercer lugar, la ultraderecha de Vox ha ganado un diputado más que en 2022 y logra, así, 15 escaños. “Vamos a defender cada uno de esos votos”, ha dicho, al grito de “prioridad nacional”, el candidato de la ultraderecha, Manuel Gavira.

Hasta aquí, poca sorpresa en una noche electoral que ha dejado mensajes para todos los partidos, incluido el PP ganador –que pierde de este modo su comodidad a la hora de gobernar y se mete en «el lío» que pretendía evitar–, pero muy especialmente para la izquierda que gobierna en España: desde los desastrosos resultados del PSOE, y lo que ello supone para Pedro Sánchez, –“No son unos buenos resultados. Tomamos nota», ha dicho Montero– al sorpasso de Adelante Andalucía a la coalición de Izquierda Unida, Sumar y Podemos.

Liderada por Antonio Maíllo, Por Andalucía –integrada por Izquierda Unida, Podemos, Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes Equo, Alternativa Republicana y Alianza Verde–, se ha quedado con el mismo resultado que en 2022: cinco. Pero no fue una noche fácil: hubo un momento en que el recuento los dejó sin grupo parlamentario propio. “Se ha acabado el tiempo en que la izquierda transformadora retrocedía, independientemente de quién haya conseguido capitalizar eso”, ha afirmado Maíllo.

Su coalición ha quedado por detrás de Adelante Andalucía, liderado por José Ignacio García –anteriormente por Teresa Rodríguez–, que ha pegado un subidón y asciende a la cuarta posición: de los dos escaños de 2022, ha pasado a ocho. Es el único partido que ha crecido en escaños, junto a Vox. «Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al PP», ha celebrado García. «De momento no los hemos echado, pero Adelante ha llegado para quedarse y somos la principal fuerza de la izquierda en Andalucía», ha concluido.

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El Festival Internacional de Cine del Sáhara (FiSahara) acaba de celebrar su decimonovena edición en los campamentos de personas refugiadas de Tinduf (Argelia). Su directora, María Carrión, explica el milagro de un festival que reúne a cineastas, periodistas, cinéfilos y activistas de todo el mundo, pero que, sobre todo, es disfrutado y protagonizado por el pueblo saharaui.

La mayoría de las personas que asisten a las proyecciones son saharauis, y lo mismo ocurre en las charlas y en los talleres. ¿Cómo han conseguido que una población refugiada en condiciones tan extremas haga suyo el FiSahara?

Este proyecto aterrizó en los campamentos en 2003 con una edición muy especial que aún no sabemos cómo salió adelante. Fue un chute de energía pero también algo muy ajeno a la cultura y a las tradiciones saharauis, a pesar de que muchas películas eran españolas y de que tienen ese vínculo con España. Pero a través de los talleres de cine del FiSahara y, en 2011, de la creación de la Escuela de Cine Abidin Kaid Saleh, los jóvenes saharauis se apropiaron de la herramienta del audiovisual. Empezaron a hacer sus propias películas y a usarlas para hablar de temas sensibles o de aquellos de los que les costaba hablar. También tenemos un cine móvil que realiza proyecciones en las wilayas. Las mujeres están usando el cine como un instrumento de educación. Y los mayores, que en un principio lo veían como una imposición occidental, y hasta cierto punto lo era, al ver cine saharaui en las pantallas lo han incorporado a sus vidas.

Una estudiante de la Escuela de Cine nos explicaba que ha dedicado su primer corto al rechazo de una joven a casarse, como le quiere imponer su padre, para poder seguir estudiando y ser libre. ¿Cómo ha sido el trabajo con las mujeres para que usen el cine para defender sus derechos?

Muy importante, porque lo usan precisamente para abordar estos temas. Es mucho más fácil romper el hielo en una charla tras una proyección. Así que la escuela ha tenido siempre muchas alumnas con historias muy potentes. Además, llegó un momento en el que fue necesario que la formación la diera un equipo saharaui. A través de becas internacionales, cada vez ha habido más formadores y formadoras con esa visión de género de la mujer saharaui.

¿Cuáles son los temas que más necesitan abordar desde el cine?

Sus preocupaciones: la falta de oportunidades, de trabajo, la depresión, la salud mental, el tema de las drogas, que es tremendo… También han hecho un par de sitcoms y a través del humor abordan cuestiones cruciales como la inmigración, las cada vez mayores desigualdades… La televisión de la RASD [República Árabe Saharaui Democrática] emite muchos de sus trabajos y algunos están llegando a los territorios ocupados por Marruecos. Es más, cada año nos llegan trabajos hechos por saharauis bajo la ocupación, sin ninguna formación, que están haciendo sus propias películas. Y nosotros les damos el espacio y la atención que necesitan.

¿Están ayudando las redes sociales a su difusión?

Mucho. Por ejemplo, la sitcom Tonterías en el exilio se ha vuelto viral gracias a que la pueden ver en sus teléfonos. Y un signo de lo potente que se ha vuelto el Fisahara es que Marruecos se ha inventado un festival de cine en la Dajla ocupada. Está dotado con una cantidad de dinero impresionante, con hoteles de cinco estrellas, e invitan a gente del cine de todo el mundo que a menudo no es consciente de que está yendo a un territorio ocupado. Marruecos intenta competir con el FiSahara, pero no se puede comparar un festival hecho por un pueblo con uno organizado por un régimen.

Un signo de lo potente que se ha vuelto el FiSahara es que Marruecos se ha inventado un festival de cine en la Dajla ocupada»

¿Cuáles son las mayores dificultades que encuentran los aspirantes a cineastas?

Todas. Grabar el sonido cuando ruge el viento es imposible, lo mismo que proteger los equipos para que no les entre la arena. Aquí, además, se está haciendo cine, como dijo un compañero, con los mismos elementos que utilizaron sus abuelas para construir los campamentos en medio de la hamada. Un año, hubo una subida de tensión eléctrica y se quemaron todos los equipos de la escuela. Lo que sale de los campamentos saharauis es un cine urgente hecho con herramientas muy básicas. Pero las historias contrarrestan las dificultades técnicas.

En un momento como el actual, en el que hay un mayor número de personas desplazadas en el mundo, en el que vivimos el genocidio de Gaza, las guerras de Líbano e Irán, en el que hay grandes similitudes entre la ocupación de Palestina y del Sáhara Occidental, dedicáis esta edición al derecho al retorno, que es uno de los derechos más olvidados.

Como no se aborda en las negociaciones, de las que están excluidos los propios interesados, nos toca reivindicarlo a nosotros. Estamos en un mal momento, pero estos pueblos llevan décadas, sino siglos, luchando. En España nos alarmamos mucho por la situación del Sáhara, pero los saharauis están tranquilos porque tienen claro que para ellos la cuestión no es si van a retornar, sino cuándo lo harán. Y ese espíritu es también el del FiSahara. Por más retos y obstáculos que encontremos, va a seguir adelante porque va a acompañar al pueblo saharaui hasta que su tierra sea libre.

La Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) fue una de las principales financiadoras del FiSahara en sus inicios, pero tras los recortes de la crisis de 2008, nunca ha vuelto a apoyarlo. ¿Con qué apoyos contáis?

Pasamos una cantidad absurda de tiempo buscando financiación. El año pasado no pudimos celebrar el festival por falta de dinero. Hay mucho trabajo voluntario, cada año perdemos dinero por emergencias y cambios de última hora, como invitados que no pueden asistir, y pese a todo conseguimos que el festival salga adelante con muy poquito dinero.

El Gobierno español no aporta financiación, y eso lo dice todo de la política de España. Que no nos financien demuestra lo ruin que es la política española. Es algo que no perdono a mi país. España no solo se desentiende de sus obligaciones legales con el pueblo saharaui, sino que se alinea con la potencia ocupante.

En cuanto a la AECID, he intentado retomar esa vía de financiación, pero no ha sido posible. Lo que nos llega es que se trata de una decisión política. El Ministerio de Exteriores español no quiere que el FiSahara exista porque es un problema para ellos. Lo que está haciendo es ruin y cruel.

La entrada María Carrión: “El Ministerio de Exteriores español no quiere que el FiSahara exista” se publicó primero en lamarea.com.

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Hace apenas un par de años, Robert Thacker, autor de la biografía de la Nobel de Literatura Alice Munro, se vio obligado a explicar por qué no había incluido en ese libro, publicado en 2011, un episodio muy importante en la vida de la canadiense. El episodio en cuestión lo hizo público en un periódico una hija de Munro, Andrea Robin Skinner, dos meses después de la muerte de la escritora: «A la sombra de mi madre, un icono literario, mi familia y yo hemos ocultado un secreto durante décadas. Ha llegado el momento de contar mi historia». En realidad, Andrea ya la había contado hacía años a su familia, quien tenía que haberla protegido y no lo hizo. «Mi padrastro abusó de mí. Mi madre se quedó a su lado», tituló aquel artículo en Toronto Star en 2024. Ni siquiera una condena al agresor, según explicó Andrea, logró romper el silencio al que su familia la había sometido durante décadas. 

La historia de Andrea Robin Skinner es la historia de tantos niños y niñas que se siguen contando y no se creen hoy en todo el mundo, en España, en tu barrio, en tu propia casa; que se cuentan y no pasa nada. O que incluso continúan sin contarse. Es la historia de tantos y tantos agresores bien reputados, bien vistos, que dicen, en los pocos casos en los que son juzgados, que no es verdad o que fue la niña o el niño quien los sedujo; agresores que entran en el cuarto de su hijo por la noche y le ponen el mejor de los desayunos por la mañana, que siguen delinquiendo amparados por la impunidad, por el mirar para otro lado. Es la misma historia de tantas y tantas familias que se rompen por un delito que continúa siendo un tabú, algo muy fuerte, tan asqueroso, tan perverso, que no entra en cabeza humana. Pero que existe, que lo cometen hombres, familiares y conocidos en su mayoría. No son monstruos, ni psicópatas, no tienen diagnosticada enfermedad alguna. 

 «Eso es, es eso. Nunca es tarde para hablar de ello. No es Epstein, son las casas, es lo que está pasando hoy en las casas», dice hoy desde Sevilla María, una niña ya adulta como Andrea Robin Skinner. María usa este nombre porque no quiere revelar su nombre real, y asegura que su familia está rota porque contó que un familiar cercano la había estado agrediendo sexualmente cuando era una niña. Esta sentencia de 2023, que condena al tío de una pequeña como María, confirma que no estamos ante casos aislados: «La menor explicó que no lo hizo antes –contar que su tío la agredía– porque tenía miedo a que no la creyeran, y porque pensaba que al revelarlo la familia se iba a romper, como ocurrió cuando se supo. Es algo repetitivo en estos casos».

María afirma que en su grupo de terapia, en el 90% de los casos no tuvieron apoyo familiar: «La respuesta sobre cómo respondían las madres era muy similar, hemos sido repudiadas, no hemos tenido apoyo real y práctico», dice en un pasaje que recuerda, a su vez, a la interpretación de Belén Rueda en No tengas miedo, una película dirigida por Montxo Armendáriz en 2011. La niña –Michelle Jenner– se lo cuenta una y otra vez a su madre, pero la madre, que puede representar también a la sociedad, no quiere creerla, no quiere asumir que eso que está narrando su hija se está produciendo, que sea el padre el que lo está cometiendo, o quizá no puede asumir el error de no haberla protegido. 

La ministra Rego, víctimas y especialistas piden mirar de frente a la pederastia en el acto de ‘La Marea’

Esa es otra cuestión que se repite, el perfil (o no perfil) del agresor, porque cualquiera puede serlo. Todas las encuestas realizadas hasta el momento, todos los colectivos que trabajan en este asunto, lo confirman: en torno al 80% de este tipo de violencia se da dentro de la familia o entornos muy conocidos.

«Serán imaginaciones tuyas», concluye la madre sobre lo que le cuenta su hija en la película de Armendáriz, como suele pensar la sociedad ante los casos reales. «Cuando yo lo conté, dos años después, cuando tenía 11 años, me llevé una reprimenda tremenda, me dijeron que aquello era una invención», dice Francisco, hoy con 43 años. Cuenta que en su caso fue un vecino. «No se quiere ver porque faltan herramientas y se tiene miedo al conflicto. Y en nuestra sociedad los abusos sexuales a menores es algo que tenemos bastante asimilado, sabemos que pasa, pero cuando pasa y lo tenemos delante de nuestras narices nos resulta tan espantoso que preferimos mirar para otro lado antes que abordarlo y denunciarlo», prosigue. 

Desde la Fundación ANAR parten de una máxima: «Siempre tenemos que creer a los niños, niñas y adolescentes, hay que darles un espacio, decirles que no les vamos a juzgar, que la culpa la tiene el agresor, y tener oídos para esos niños», explica Shauri Molina. En el 9,4% de los casos atendidos, tuvo que intervenir el departamento jurídico; y en el 9,3%, hubo una coordinación con entidades externas para proteger a esos niños.  

Porque otra supuesta explicación que se esgrime para no mirar es culpar a la víctima: «Serás una puta», le dijo una madre a su hija con 12 años cuando le contó lo que le hacía su padre: «¡Pregúntaselo a tu marido, papá me está tocando y va a mi cuarto todas las noches por mí!». «Imagínate qué ganas tienes tú de hablar de esto», explica la terapeuta Eva Medina ante este caso que trató. El problema, como analiza, es que un niño no imagina lo que no ve, no fantasea con lo que no conoce. «O lo ha visto o se lo han hecho, y en ambos casos es delito», dice. Y se llama pederastia –continúa– por muy dura que suene la palabra: «Es fuerte, pero es la realidad. Una persona que abusa de un menor es un pederasta, sea el padre, el hermano, el tío, la madre o Perico el de los palotes». 

El segundo marido de Alice Munro agredió sexualmente a Andrea cuando ella tenía nueve años. La niña hizo llegar el caso a su padre, que se quedó de brazos cruzados: «La incapacidad de mi padre para tomar una decisión que me protegiera me hizo sentir que yo no formaba parte de ninguna de las dos familias. Estaba sola». La violencia continuó hasta que llegó a la pubertad. Años después, con veintitantos, se lo contó a su madre, aprovechando que había escrito uno de sus cuentos de premio sobre una niña que se suicidó tras ser agredida por su padre. Fuera de la literatura, en la vida real, ante el caso de su hija, Alice Munro también se cruzó de brazos: «Reaccionó exactamente como me temía que haría, como si se hubiese enterado de una infidelidad». 

A lo máximo que llegó, según narra Skinner, fue a hablarle sobre otros niños con los que este hombre mantenía «amistades», como si la traicionada hubiera sido ella, la esposa. «¿Se dio cuenta de que estaba hablando a una víctima y que yo era su hija? Si lo hizo, yo no lo sentí. Cuando intenté decirle cómo el abuso de su esposo me había causado daño, se mostró incrédula». Andrea, que ahora ayuda a personas que han pasado por su misma situación, rompió la relación con su madre cuando nacieron sus hijas. Ella sí tuvo claro que nunca iría con ellas allí donde el agresor estuviera.

Gerald Fremlin, el segundo marido de Munro, el padrastro de Andrea, el agresor, fue condenado en 2005 después de que Andrea, la hija de Alice Munro, la hijastra, la víctima lo denunciara ya mayor: dos años de prisión provisional y una orden de alejamiento de menores de 14 años. Fremlin era ya octogenario. Murió en 2013 y, hasta ese momento, Munro, la madre de la víctima, permaneció al lado del agresor. ¿Por qué no incluyó este episodio, aun conociéndolo, aun con sentencia condenatoria, el biógrafo de la premio nobel? ¿Qué motivo expuso para no hacer nuevamente nada, para cruzarse de brazos ante esta historia? «Yo lo veía como un asunto familiar privado», justificó.

Detrás de ese argumento se ha escondido históricamente uno de los principales problemas a la hora de afrontar –y prevenir– la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes: lo que le hizo el padrastro a la hija de Alice Munro no es un caso aislado, como tampoco lo es lo que le hicieron los curas pederastas a sus víctimas, ni lo que un tío, un primo, un padre o un abuelo siguen haciéndole a muchos niños y niñas hoy en sus casas, igual de pederastas que estos curas; o lo que los actualizados agresores sexuales continúan haciendo a estas personas vulnerables a través de las pantallas. Lo que les ha pasado históricamente a los niños y niñas, como María o Francisco, y sigue ocurriendo hoy, lo que hacen los agresores sexuales con estos niños y niñas, es un delito público derivado de un problema social estructural, de salud pública, como indican los especialistas consultados.

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La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha conseguido una vez más –y este artículo es ejemplo de ello– que volvamos a hablar de sus disparates. En este caso, la provocación no se ha producido sólo en el debate público español, sino que ha saltado, literalmente, al otro lado del océano Atlántico. 

Díaz Ayuso ha decidido viajar a México para realizar una gira de diez días que ha iniciado con un acto diseñado para herir todas las sensibilidades: honrar la figura del conquistador Hernán Cortés, cuyos huesos reposan, de manera discreta y bajo custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en una iglesia del Centro Histórico de la Ciudad de México. No lo ha hecho sola, en su corte van empresarios de distintas áreas, también de la musical, como su amigo Nacho Cano, transmutado a director teatral con vocación evangelizadora en la cruzada por la Hispanidad y el “encuentro entre dos mundos”, seguramente convencido de que México sigue siendo la Nueva España. Aunque el pretendido homenaje inicial a Cortés, en forma de misa musical en la Catedral del zócalo, ha sido anulado por la Arquidiócesis Primada de México, el proselitismo pro hispánico y pseudo libertario de Ayuso continúa. 

De hecho, toda la tournée de Ayuso es una oda a la evangelización: la de los españoles antiguos y la suya propia. En su voluntad de convertirse en referente de la ultraderecha MAGA en España, disputándole a Santiago Abascal y a Vox el liderazgo de la “Iberosfera” así como el título de achichincle de Donald Trump, Ayuso igual homenajea a María Corina Machado, que invita a Gloria Estefan o trata de sumarse a la ola del poder evangélico que mueve los hilos de la política americana. Ayuso quiere atraer el voto latino en Madrid, transformando la ciudad en un Miami 2.0 donde recalan ya prácticamente todos los opositores a los gobiernos progresistas y de izquierdas latinoamericanos. 

No contenta con seguir esta agenda de política global desde casa, ahora va a México en un acto que ha sido interpretado como lo que es, una gran provocación. En sus primeras intervenciones públicas Ayuso ya ha demostrado el carácter ideológico de su visita. Su presencia en México, país altamente sensible a la participación de extranjeros en la política mexicana al punto de tener un artículo constitucional, el 33, que lo prohíbe y cuya aplicación supone la expulsión del país de quien lo infrinja, ha generado amplio resquemor, como era de esperar. De hecho, me atrevería a decir que generar discordia era su propósito al decidir desenterrar, en territorio mexicano, lecturas discriminatorias basadas en una concepción colonialista de la Historia que el proceso de la 4T trata de ir superando. 

Su visita, una afrenta tanto para el Gobierno de México como para la mayoría del pueblo, no aporta nada a la relación entre México y España, todo lo contrario. Cuando un representante político de otro país escribe Méjico en lugar del nombre oficial del país, México, en sus redes sociales, o banaliza con el personaje de la Malinche, llamando así a las mujeres latinoamericanas que habitan España sabiendo que malinchismo es sinónimo de traición en México, está teniendo un comportamiento muy poco diplomático. Pero Díaz Ayuso, como buena aprendiz del trumpismo, no tiene límites en su mala educación. De hecho, es su seña de identidad, junto con la demagogia. 

Sin embargo, lo grave no son las formas sino el contenido: su voluntad de reescribir la Historia montándose en la ola de un rancio revisionismo histórico, carente de todo rigor científico. Una lectura del pasado que entronca con la historiografía franquista, que pretende legitimarse por el respaldo de pseudohistoriadores y pseudointelectuales vernáculos, aplaudidos por la claque de sus equivalentes en la exmetrópoli que les hacen de cámara de eco, para premiarlos por haberse convertido en los buenos aborígenes, amaestrados para defender los intereses imperiales. 

Quizás lo más gracioso de la estrategia de Ayuso sean sus loas a la Hispanidad en México, reivindicar con grandilocuencia el papel de esa España imperial donde nunca se ponía el sol, mientras se mantiene una posición política subordinada, seguidista de la agenda geopolítica del imperialismo estadounidense y del sionismo genocida. Tal vez los empresarios que acompañan a Ayuso en su viaje no se hayan enterado todavía, pero el propósito de Donald Trump, en América Latina y el Caribe, México incluido, pasa por expulsar a las empresas competidoras de un espacio que EE. UU. considera como propio, como se ha encargado de recordar el ídolo de Díaz Ayuso en su última Estrategia de Seguridad Nacional rescatando la Doctrina Monroe y añadiendo un nuevo corolario Trump. 

Detrás de la provocación, los intereses económicos y el cálculo político

Detrás del olor a rancio, del colonialismo desacomplejado y del folklore imperial que promociona Ayuso hay cuestiones mucho más prosaicas que sólo pueden entenderse analizando la política interna española. La presidenta de la Comunidad de Madrid mantiene un pulso con el actual Gobierno de España y, en concreto, con Pedro Sánchez. Su decisión de hacer política haciendo oposición a las decisiones del Ejecutivo central, en lugar de enfocarse en los problemas de su comunidad autónoma, vanguardia de la privatización sanitaria y el deterioro de todos los servicios públicos en nombre de la “libertad de elección”, lo demuestra a cada rato. 

Junto con su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, Ayuso ha desplegado una agresiva estrategia comunicativa, con grandes tentáculos en el poder mediático, para tapar los presuntos casos de corrupción de su círculo más cercano, como su novio, presunto defraudador fiscal confeso. En realidad, los Ayuso sólo recibirían –presuntamente– las migajas de los grandes beneficiados, empresas sanitarias como Quirón y sectores del poder económico que apuestan por la victoria electoral, en unas generales, de una Javier Milei a la española que les facilite todavía más sus negocios. En su voluntad de arrasar contra cualquier contrincante político, medio o funcionario que devele las tramas de poder y corrupción que hay detrás del construido liderazgo de la presidenta madrileña, su equipo se ha llevado por delante al ex secretario general del PP, Pablo Casado, y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Y la lista de los que pueden ir “pa’lante”, en palabras de su jefe de Gabinete, quizás siga creciendo.

El viaje de Ayuso tiene, por tanto, múltiples propósitos. Por un lado, antagoniza directamente con el presidente Pedro Sánchez que, en semanas recientes, organizó en Barcelona una cumbre progresista en la que reforzó su perfil como líder de la socialdemocracia mundial. Ayuso, con su participación en la reunión de Mar-a-Lago de febrero, y esta visita a México plagada de encuentros con la ultraderecha local, trata de consolidar un liderazgo antagónico de perfil ultraderechista, que le coma espacio electoral a Vox y a cualquier experimento a su derecha que pueda surgir. 

En paralelo a la cumbre progresista, también se celebró a mediados de abril en Barcelona la IV Reunión ‘En Defensa de la Democracia’, a la que acudió la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. Fue un momento para escenificar la distensión en las relaciones entre México y España, que habían padecido un dilatado desencuentro diplomático desde que en 2019 el presidente Andrés Manuel López Obrador pidiera a la Corona española un gesto simbólico de perdón por los crímenes de la Conquista. La misiva que envió López Obrador fue ignorada e, incluso, ridiculizada en España. El choque creció por las decisiones soberanas del Gobierno de México tratando de limitar el poder y presencia de las multinacionales españolas en su mercado. 

Sheinbaum no invitó al rey Felipe VI a su toma de posesión en 2024, como respuesta al silencio con que la Corona, y el Gobierno de España, habían despachado la solicitud del anterior Gobierno de México. Sin embargo, en los últimos meses, ambos gobiernos han limado asperezas, con sutiles gestos de acercamiento públicos por parte de España, que han incluido al rey hablando off the record sobre el “mucho abuso” de la Conquista que “no pueden hacernos sentirnos orgullosos” (sic). 

La visita de Díaz Ayuso es una impugnación clara a la política exterior española dirigida desde La Moncloa que salpica, a su vez, a la institución de la Corona. Pretende torpedear el proceso de acercamiento entre ambos gobiernos, incidiendo con su visita en la provocación continua al Gobierno de Claudia Sheinbaum, al que lleva meses tildando de “dictadura de izquierdas” mientras califica a México de narcoestado. Puestos a opinar sobre el narco en México, Isabel Díaz Ayuso podría documentarse antes preguntando al expresidente Felipe Calderón, protegido del PP y residente en la Comunidad de Madrid, por su secretario de seguridad, Genaro García Luna, quien lideró su famosa “guerra contra el narco” pero acabó condenado en EE. UU. a 38 años de prisión por narcotráfico y delincuencia organizada.

Las reacciones en México: del colaboracionismo a la indignación

Por supuesto, la visita de Díaz Ayuso cuenta con la entusiasta colaboración de sectores de las élites económica, política e intelectual de México, hispanistas de pro. Son los colaboracionistas que, en su alianza global de clase, pusieron a México en bandeja de los intereses de las grandes empresas españolas, reforzando la idea de las “narrativas compartidas” sobre un pasado común armonioso que justificó la entrega de parte del mercado energético mexicano a Iberdrola, de infraestructuras a OHL, y bancario a BBVA y Santander. 

Son estos sectores sociales los que en México se tildarían de malinchistas, entre otras cosas porque hubieran preferido nacer en Europa o EE. UU., aunque exalten lo mexicano. Detrás de estos perfiles encontramos la mezcla de un falso orgullo mexicano con clasismo y racismo mal disimulado, así como la reivindicación de los orígenes europeos, que les otorgan unas dosis de blanquitud que cotizan al alza en la jerarquía “pigmentocrática” de la sociedad mexicana. 

Pero esta visión colonialista, que sustenta el racismo estructural de la sociedad mexicana, no es exclusiva de sus clases dominantes. Décadas de educación acrítica sobre el proceso de violencia, despojo y genocidio sobre los distintos pueblos originarios, a los que se ha invisibilizado y marginado en aras de la defensa del mestizaje y la “raza cósmica”, y de una política de Estado basada en estas premisas, hecha por criollos y mestizos -salvo excepciones como la de Benito Juárez o Lázaro Cárdenas– ha dado lugar a que en el México actual todavía haya quien defienda visiones edulcoradas sobre el proceso de Conquista y la posterior colonización.   

Sin embargo, hay una mayoría del pueblo de México que se opone a esta lectura histórica desfasada. Es la ciudadanía anónima que estos días está reaccionando con indignación, reclamando respeto y mostrando su dignidad. En este equipo están la propia presidenta Sheinbaum, el partido gobernante Morena o diversos colectivos antirracistas. Pero, también hay quienes están devolviendo a la provocación, otra provocación, quizás conscientes de que responder seriamente a los despropósitos no tiene ningún efecto.

Así, el periodista Pedro Miguel ha lanzado una recogida de firmas para que Ayuso regrese a Madrid con los huesos de su idolatrado Hernán Cortés, de tal manera que la ultraderecha pueda realizar en España “los rituales que considere adecuados”. Esta petición simbólica, que propone entregar los despojos por la devolución del Códice Trocortesiano que está en España, concluye con una elocuente y seria reflexión: “La exaltación fascista de pasados imperiales violentos no debe tener cabida en la relación bilateral; ésta debe fundarse, por el contrario, en el diálogo, el respeto mutuo y la realización de gestos constructivos como la referida devolución de restos e, idealmente, el intercambio que proponemos”.

Mientras se escriben estas líneas, la gira de Díaz Ayuso prosigue por tierras mexicanas. Las autoridades de Aguascalientes tienen previsto darle la Medalla de la Libertad del Congreso de Aguascalientes y otros honores que, según informan, no le van a salir gratis a la Comunidad de Madrid pues se pueden interpretar como pago a acuerdos de promoción firmados con dicho estado mexicano. Desconocemos si Ayuso, antes de ir a remojarse al Caribe, visitará también Guanajuato. Si es así, nos permitimos sugerirle que vaya a visitar su famoso Museo de las Momias. Quizás sería un buen colofón para quien, como dirían los chilenos, es toda una momia, la mejor representante del espíritu del franquismo en pleno siglo XXI.

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En marzo de 2026, Anthropic –la empresa que fabrica el modelo de inteligencia artificial Claude– publicó un informe sobre el impacto de la IA en el mercado laboral. Sus autores, Maxim Massenkoff y Peter McCrory, introducen un nuevo indicador para medir el riesgo de desplazamiento laboral por IA al que llaman observed exposure, una métrica que cruza la capacidad teórica de los modelos de lenguaje con su uso real y automatizado en entornos profesionales.

Los números son reveladores en su frialdad, aunque a estas alturas ya no sorprenderán demasiado: los programadores informáticos encabezan la lista de ocupaciones más expuestas, con un 74,5% de cobertura automatizable. Les siguen los representantes de atención al cliente (70,1%), los técnicos de entrada de datos (67,1%), los especialistas en registros médicos (66,7%) y los analistas de mercado (64,8%). La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos proyecta, además, que las ocupaciones con mayor exposición observada crecerán menos de aquí a 2034: por cada 10 puntos porcentuales de incremento en la cobertura IA, la proyección de crecimiento del empleo cae 0,6 puntos. Es una pendiente modesta en los decimales, pero inequívoca en la dirección.

El informe también detecta algo que todavía no aparece en las estadísticas de desempleo pero que lo precede: la contratación de jóvenes entre 22 y 25 años en los sectores más expuestos ha caído un 14% en el período post-ChatGPT. Los trabajadores de mayor edad permanecen en sus puestos; los jóvenes, sencillamente, ya no entran. La máquina no expulsa todavía de forma masiva; por ahora, cierra el acceso a quienes aún no han llegado.

Conviene señalar, antes de seguir, algo que ningún modelo econométrico puede capturar: el informe lo publica la misma empresa que construye la herramienta que desplaza los empleos. El capital tecnológico se ha arrogado también la función de diagnóstico, y eso delimita de antemano qué puede ser visto, pensado y, sobre todo, propuesto como solución. El informe mide la exposición al riesgo, pero la pregunta que no formula –a quién va a parar la productividad ganada– la responden los mercados cada trimestre con resultados récord.

La promesa incumplida de la abundancia

En 1930, en plena resaca del crack de Wall Street, John Maynard Keynes publicó un ensayo llamado Economic Possibilities for our Grandchildren en el que imaginó que hacia el año 2030 el progreso tecnológico habría resuelto el problema económico de la humanidad. Su predicción era que por aquel entonces (dentro de cuatro años), la humanidad disfrutaría de una jornada laboral de 15horas semanales, y el resto del tiempo podría ser dedicado al ocio, a la cultura, a lo que a cada cual le diera la gana. Keynes no era un revolucionario ni un utopista de izquierdas; era el economista más influyente de su siglo, y su argumento era puramente aritmético. Si la productividad crece lo suficiente, llega un momento en que las máquinas hacen el trabajo y los seres humanos pueden hacer otra cosa.

Paul Lafargue había llegado a una conclusión similar cincuenta años antes, en El derecho a la pereza (1880), aunque con una carga política que Keynes no compartía: si las máquinas producen más, los seres humanos deberían trabajar menos, y el hecho de que eso no ocurra dice algo sobre quién controla las máquinas, no sobre las máquinas en sí.

Marx lo había formulado en términos más radicales todavía, en los Manuscritos económico-filosóficos de 1844, al describir el trabajo como la forma fundamental de alienación del ser humano bajo el capitalismo. En ese texto, el trabajo se convierte en algo externo al trabajador, en una actividad que no le pertenece y que le arrebata la energía vital para convertirla en mercancía. La tecnología, en este esquema, debería representar la posibilidad histórica de revertir esa alienación: si las máquinas hacen el trabajo, los seres humanos podrían recuperar el tiempo para desarrollarse como tales.

Tres pensadores, tres tradiciones intelectuales distintas, la misma conclusión de fondo…pero lo que estamos viviendo en este momento es exactamente lo contrario de lo que los tres anticiparon. El aumento de productividad que trae la IA no está reduciendo la jornada laboral, ni garantizando una renta de subsistencia a quienes quedan desplazados, ni, por supuesto, financiando sistemas públicos más robustos. Está concentrando el excedente en manos de un número cada vez más reducido de propietarios de infraestructura digital, mientras los trabajadores desplazados navegan solos un mercado que ya no los necesita con la misma urgencia de antes.

La cuestión de fondo, sin embargo, no es que la IA destruya empleos netos, sino que los beneficios extraordinarios separan cada vez a aquellos que necesitan “matarse” a trabajar (a veces se trata de un matarse literal) ante una minoría ultrarrica con un poder económico superior al PIB de varios Estados del mundo.

De alguna manera la ola neoliberal que comenzó en las postrimerías de la primera mitad del siglo XX, ha encontrado en la IA su argumento más poderoso: la inevitabilidad. Si los mercados son eficientes y la tecnología es neutral, cualquier perturbación laboral es simplemente el precio del progreso, y quien no se adapte habrá elegido, en el fondo, su propio destino.

Lo que sería posible si hubiera voluntad política

No existe ninguna razón técnica por la que el aumento de productividad derivado de la IA no pueda distribuirse. Las propuestas son muchas. La renta básica universal, por ejemplo, ofrece un mecanismo: si las máquinas generan riqueza, que esa riqueza financie la vida de quienes las máquinas han desplazado. Una demanda que, lejos de ser una excentricidad de la izquierda, tiene defensores en tradiciones políticas muy diversas, precisamente porque la lógica que la sustenta es difícil de rebatir sin apelar directamente a los intereses de quienes acumulan.

Porque lo que sigue ocurriendo –y lo que el debate técnico sobre la IA sistemáticamente oscurece con sus métricas de cobertura y sus proyecciones de crecimiento sectorial– es que el aumento de la productividad no está sirviendo para liberarnos del trabajo, sino para concentrar la riqueza de muchos en manos de muy pocos. Keynes lo habría reconocido con perplejidad. Lafargue, con rabia. Y Marx, con la amarga satisfacción de quien ya lo habría anticipado.

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Las niñas y los niños deberán ser escuchados en cualquier proceso que les afecte, independientemente de su edad. Esta es una de las claves principales en la ampliación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi), que se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Hasta el momento, la obligatoriedad de la escucha de la niñas y niños se establecía a partir de los doce años o de una «madurez suficiente» de la persona menor de edad afectada, lo que ha provocado que, en muchos casos, la voz de niñas y niños no haya sido tomada en consideración. 

Impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia, la ampliación refuerza el interés superior del niño o de la niña, de manera que deberá justificarse expresamente en todos los actos y resoluciones administrativas y judiciales cómo se ha valorado ese interés y por qué la decisión adoptada protege mejor el bienestar físico, emocional y psicológico de las personas menores de edad. «En este sentido, se incluye entre los criterios relativos al interés superior del menor el alejamiento del niño o niña de aquella persona que lo violente, de modo que el interés superior del menor nunca es estar con un agresor o presunto agresor«, explican fuentes del ministerio.  

Así, el nuevo texto prohíbe el Síndrome de Alienación Parental, «junto con cualquier reformulación o planteamiento sin aval científico, de forma expresa». Ningún informe público o privado basado en el SAP –insiste el texto– podrá utilizarse en procedimientos judiciales o administrativos. Además las resoluciones que lo utilicen podrán ser impugnadas.

Según el texto aprobado en el Consejo de MInistros, no podrá establecerse custodia compartida cuando existan indicios de que esa decisión puede afectar negativamente a la salud física, psíquica o emocional de la persona menor de edad: «Detallando los criterios interpretativos del interés superior del menor y estableciendo la obligatoriedad de la escucha. Del mismo modo, si un niño o niña expresa rechazo hacia uno de sus progenitores, el sistema deberá investigar las causas del rechazo y proteger a la persona menor de edad».

También se incorpora una medida de enorme impacto: bastará el consentimiento de un solo progenitor para que una persona menor de edad víctima de violencia pueda acceder a atención psicológica, social o jurídica. Se evitará así que el agresor pueda tener capacidad de veto sobre la reparación.

La reforma de la norma endurece los requisitos para acceder y mantenerse en profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con niños, niñas y adolescentes. En esta línea, será requisito para el acceso a dichas profesiones no haber sufrido condena por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia. 

Destaca también la obligación de crear turnos de oficio especializados en violencia contra la infancia y la adolescencia dentro de los Colegios de Abogacía. Para el Ministerio, esta ampliación legislativa supone un punto de inflexión en la respuesta del Estado frente a la violencia contra la infancia: «Durante demasiado tiempo, el sistema ha llegado tarde o no ha protegido adecuadamente. Esta reforma actúa precisamente sobre esos fallos y sitúa la protección de niños y niñas como una responsabilidad pública ineludible».

Actualización: 20h

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Cuando se conocen los datos oficiales, resulta difícil entender cómo este problema permanece silenciado en el debate público: según el Estudio de prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia en España, publicado por el Ministerio de Juventud e Infancia en 2025, tres de cada 10 jóvenes han sufrido violencia sexual en esas edades. Un escandaloso 30%. La ministra del ramo, Sira Rego (València, 1973), recibe a La Marea para conversar sobre cómo abordan este crimen los poderes públicos y sobre la ampliación de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi). Esta reforma, pendiente de aprobarse próximamente, aplicará a los niños y niñas que hayan sufrido cualquier tipo de violencia el Estatuto de Víctimas. También contempla la obligatoriedad de escucharles en los procedimientos judiciales que les afecten, independientemente de su edad. 

El gran número de niños y niñas que han sufrido violencia sexual impone una primera pregunta incómoda: ¿está la Administración cuidando adecuadamente a la infancia?

La pregunta nos la tenemos que hacer todos los poderes públicos, pero también la sociedad en su conjunto. Creo que tenemos una deuda pendiente con la infancia en términos generales y especialmente en este asunto. Por eso estamos trabajando para ampliar determinadas leyes y para crear la ley de violencia vicaria. La acción del Gobierno tiene que ser decidida, determinante, rápida y eficaz, porque se trata de un tema muy doloroso. Debe ser una política de Estado. Eso en cuanto a lo legislativo, pero como sociedad también tenemos que cambiar muchas cosas, y uno los grandes retos es que las violencias contra la infancia no sigan formando parte del ámbito privado. Tienen que incluirse en la conversación pública del país. Con un 30% de niños y niñas que están sufriendo violencia sexual, esto no puede seguir siendo un asunto secundario.

Efectivamente, la mayoría de los casos de pederastia ocurren en el entorno familiar o en entornos cercanos. Al tratarse del ámbito privado, ¿hasta dónde se puede llegar?

Los derechos se tienen que garantizar en todos los espacios de la vida. En la vida pública y en la vida privada. En la calle y en las familias. Las violencias machistas también han formado parte del ámbito privado durante mucho tiempo y luego, afortunadamente, han pasado a ser un elemento de conversación pública y de intervención de los poderes públicos. Con las violencias contra las infancias debe operar la misma lógica. Quienes tenemos contacto con niños tenemos una responsabilidad. Nosotros lanzamos el año pasado una campaña en la que interpelábamos a las personas adultas para indicar que hay señales que son alertas. Y ahí un adulto debe intervenir. Puede ser un adulto de la comunidad educativa, o del ámbito médico o de la propia familia, entendiendo la familia como algo más grande que el núcleo familiar. Además, con la ampliación de la Lopivi pretendemos ser más garantistas a la hora de erradicar, prevenir y abordar las violencias sexuales contra la infancia. Por ejemplo, insistimos en la necesidad imperiosa de que la escucha de los niños y las niñas sea un elemento central en los procesos judiciales.

El clima político actual está muy fragmentado, pero estamos hablando de proteger a la parte más frágil de nuestra sociedad: los niños. ¿Quién podría estar en contra de esto en el Parlamento? ¿Qué resistencias esperan encontrar a esta ley?

El sentido común a mí me dice que es una ley a la que no debería oponerse nadie, pero sí he oído voces que ponen en cuestión el derecho de un niño a ser escuchado. Hay casos de jueces que se han negado a escuchar a los niños. Y hablo de casos dramáticos. Se trata de niños que están sufriendo muchísimo. Estamos viendo cosas muy duras. Por supuesto, no te expresas igual cuando tienes 5 años que cuando tienes 25, pero esto no significa que los niños no puedan hablar y que no puedan comunicarse y explicar lo que les ha sucedido. Lógicamente, esto se tiene que hacer con un acompañamiento profesional adecuado y en unas instalaciones que tengan perspectiva de infancia. Esto ya está muy trabajado, está sustentado por el trabajo de los profesionales y por multitud de estudios académicos. Es decir, hay un rigor científico detrás de estos procesos de acompañamiento del niño y de la niña a la hora de tomar testimonios que tienen validez. Como ejemplos tenemos el proyecto Barnahus o las cámaras Gesell, que trabajan con este enfoque. Y funcionan. Hay que adecuar el sistema de justicia para que tenga perspectiva de infancia.

Dado que este es un tema que no está en la agenda pública, ¿usted cree que la ley puede ir por delante de la sociedad? Es decir, hubo muchas voces contrarias a la ley del matrimonio homosexual, pero han pasado los años y eso es un derecho que ya nadie se cuestiona.

No siempre ocurre así. Yo pertenezco a una tradición política [la del PCE] que me indica justo lo contrario: en la mayoría de los casos la sociedad ha ido por delante de la ley. Por ejemplo, la gente trabajadora de este país ha conseguido derechos porque se ha organizado y ha salido a la calle. También el movimiento feminista nos ha dado lecciones maravillosas en ese sentido.

Pero para ello habría que educar antes a la sociedad en la protección de la infancia. A eso me refería cuando hablaba de que la ley irá por delante.

Somos un país pionero en la cuestión de la protección a la infancia. La Lopivi, aunque es muy reciente [se aprobó en 2021], supuso un punto de inflexión. En comparación con otros países, estamos muy por delante. Hemos avanzado, pero nos queda mucho camino por recorrer. Y con cifras tan dolorosas de violencias contra la infancia, necesitamos seguir empujando. Claro, la infancia no es un sujeto político que se pueda organizar de la misma manera que las personas adultas, no ocupan las calles haciendo grandes demandas sociales. Así que, en este caso, sí que creo que la ley puede ser útil, pero se trata de un asunto que tiene que desbordar la propia ley. Lo bueno es que, para afrontar este problema, ahora contamos con un Ministerio de Infancia. Y nos queremos hacer cargo. Yo siempre aprovecho cualquier oportunidad para pedir disculpas por todo lo que la Administración no ha hecho. Pido disculpas, en nombre del Estado, a todas esas infancias porque no hemos llegado a tiempo de evitar muchas situaciones dolorosas. Ahora tenemos la firme determinación de que eso cambie. Con leyes, con pedagogía, con estrategias. Por ejemplo, una parte de las violencias sexuales tienen como canal las plataformas digitales. Ahí estamos incidiendo de una manera muy contundente.

Nadie duda de la buena voluntad de la Ley de Entornos Digitales Seguros, ¿pero prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales es realmente posible a nivel técnico?

Ante un problema tecnológico, siempre hay una solución tecnológica. El problema no es técnico porque ya ha quedado acreditado que si se quiere bloquear una aplicación o el acceso a una web, se puede hacer. Ocurre en muchos lugares del mundo. Si Facebook sabe más cosas de ti que tú mismo, seguramente también podrá saber qué edad tienes y ofrecer una herramienta de verificación de edad con garantías. Pero al margen de esto, desde el Gobierno de España estamos trabajando con una herramienta de verificación que se está probando a nivel europeo y que es muy potente, muy buena. Las pruebas están muy avanzadas y funciona muy bien. El problema no es ese. El problema es saber hasta qué punto hay una voluntad colectiva de ponerle límite a las plataformas y de democratizar el entorno digital. No puede ser que haya multinacionales tecnológicas que estén por encima de la ley, porque eso significa que están por encima de nuestros derechos y de nuestras libertades.

En España quizás no, pero en EE. UU. están claramente por encima de la ley.

Bueno, en España hemos visto que la plataforma de X ha puesto en marcha una inteligencia artificial generativa y ha publicado, en muy pocos días, una gran cantidad de material de violencia contra la infancia… sin consecuencias. ¡Esto es un delito, una vulneración de derechos fundamentales de libro! Y a quienes estamos diciendo que es inadmisible se nos está señalando. 

Seguramente le caiga una multa millonaria por parte de la Unión Europea, lo hemos visto con otras empresas tecnológicas, pero puede que pasen varios años para que eso ocurra.

No sé si se tardará tanto. Lo que sí sé es que en este caso, como en muchos otros, necesitamos plantear un principio de precaución. Igual que se miden los impactos que pueden tener determinados procesos en el medioambiente o en la salud pública, ese mismo principio debe regir en el ámbito digital. Lo que no puede ser es que alguien suelte miles de imágenes de violencia sexual contra la infancia y luego pongamos el remedio.

Algunos de los casos más sangrantes de violencia sexual contra personas menores se han dado en centros de acogida. Fueron muy sonados los casos de Mallorca y de Madrid (el caso Sana). ¿Qué puede hacer su ministerio para garantizar que hechos como estos no vuelvan a ocurrir?

Las competencias las tienen las comunidades autónomas, pero nosotros podemos regular un marco general que diga cómo deben ser los sistemas de protección y de acogida. Y lo estamos haciendo. Sabemos que la prioridad de muchas comunidades no es proteger a los niños en situación de desamparo. Y hay que decirlo claramente: esto es una cuestión de voluntad política. Hay quien usa los presupuestos para hacer regalos fiscales a los ultrarricos o para dopar la sanidad privada. En estos casos, el sistema de protección está externalizado, generando precariedad y dando lugar a realidades de enorme tensión: no hay recursos, no hay suficientes profesionales para atender a los menores, que están viendo vulnerados sus derechos. Por eso estamos tramitando un decreto que lo regulará todo: formación de profesionales, ratios, tipos de centro, prioridad de la acogida familiar sobre la residencial, acompañamiento también más allá de los 18 años, porque no se les puede dejar en la calle en cuanto cumplen la mayoría de edad… El decreto estará muy pronto en el Consejo de Ministros.  

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Leïla Slimani llega todos los días al Museo del Prado muy temprano. El lugar está casi vacío. En su paseo por las diferentes salas, la acompaña un historiador del arte. Durante el recorrido saluda a unos trabajadores que, según capta ella, se muestran especialmente orgullosos de trabajar en una institución como esa, «un gran museo universal, como el Louvre, como el Metropolitan Museum de Nueva York». Esa perspectiva le complace especialmente «en una época en la que muchos políticos populistas consideran el arte como algo burgués, como algo que no es para todo el mundo», dice. «Pero el Prado no es una tienda de lujo. Aquí todo el mundo puede entrar y puede comprender lo que ve. Todo el mundo puede emocionarse con un cuadro de Goya. No hace falta un diploma ni una tarjeta de crédito».

La escritora franco-marroquí está participando en el programa «Escribir el Prado», una iniciativa en la que el museo invita a autores de relevancia internacional a explorar las colecciones como fuente de inspiración literaria. Ella lleva ya 10 días disfrutando de la residencia artística. Disfrutar es el verbo exacto para definir la experiencia, especialmente ahora, «en primavera, cuando la ciudad está particularmente bella». El programa, que cuenta con el patrocinio de la Fundación Loewe y la colaboración de la revista Granta en español, está concebido para propiciar un diálogo entre literatura y artes plásticas. El diálogo ha comenzado, aunque aún no tiene plasmación sobre el papel. «Cuando una llega a un lugar como este, no hay que obsesionarse con escribir. De momento, me conformo con vivir la experiencia y con tomar notas, que no es poca cosa. A veces, cuando pasan algunos días, incluso algunas semanas, releyendo esas notas la idea se presenta de repente», confiesa.

De alguna manera, las ideas ya están flotando alrededor de ella. Sólo hay que atender a sus asuntos predilectos, a la mirada que ha arrojado antes sobre temas como la mujer, las migraciones, la identidad en todas sus obras, publicadas en español por la editorial Cabaret Voltaire. ¿Pero están esas cuestiones presentes en un museo como el del Prado? Como explicó en un encuentro con la prensa, a veces hay que leer entre líneas, pero eso es precisamente lo interesante: «El arte demanda un esfuerzo. Igual que cuando se lee un libro y hay que recurrir al espíritu crítico. Un cuadro no es como una imagen de las redes sociales, algo que miras durante un segundo y pasas a otra cosa. A menudo, lo importante de un libro es lo que no se dice. Y lo que es importante en un cuadro es lo que no se ve. Pero entenderlo requiere un trabajo, no es como estar pasivo delante de una pantalla».

Con «lo que no se ve» se refiere Slimani a esas otras visiones del mundo que suelen faltar en los grandes museos, hoy felizmente empeñados en llenar esos vacíos sobre la cuestión racial, la colonial o la del género. En cualquier caso, la autora renuncia a entablar una lucha «identitaria» en torno a eso. «Rechazar un museo diciendo que “es para blancos” no tiene sentido para mí. Primero soy un ser humano. Para mí Dostoyevski no es simplemente un hombre blanco, es mi hermano. Lo universal existe. La familia humana existe. Si sólo buscamos representaciones de nosotros mismos, destruiremos el mundo».

Atraída por la pintura del Siglo de Oro, por Velázquez, por Zurbarán, la escritora se muestra especialmente interesada en la iconografía de aquella primera globalización, «del primer gran imperialismo». En ciertos cuadros «vemos por primera vez cuerpos indígenas o cuerpos negros. Vemos cómo van a ser dibujados los moriscos, que acaban de ser expulsados. Y busco también, claro, sus ausencias».

Slimani, que hace justo una década ganó el premio Goncourt por Canción dulce, vive desde hace cinco años en Portugal. Durante este tiempo ha tomado una especial conciencia de la presencia árabe en la península Ibérica, algo que «está por todas partes: en la arquitectura, en la lengua, en la comida, en las mismas caras…». A este respecto, recuerda la singular frase que tuvo que aprender de niña cuando acudía a la escuela francesa en Marruecos: «Nuestros ancestros, los galos…». Con más razón, a su juicio, los europeos deberíamos decir: «Nuestros ancestros, los árabes…». «Debéis daros cuenta, vosotros los españoles, de que sois mis primos, porque sois un poco árabes, os guste o no», apunta con humor.

Lo que más lamenta es la asimetría existente entre la cultura occidental y la del mundo arabo-musulmán. «Nosotros os conocemos muy bien, pero vosotros nos conocéis muy poco», señala. «Yo he leído a Cervantes, a Dickens, a Balzac. Hablo francés e inglés, pero nunca he encontrado a nadie en Europa que hable árabe». De hecho, ella misma, educada en francés, no habla la variante histórica y normativa del árabe, el árabe clásico, como revela con «una mezcla de pesar y vergüenza» en su último libro, Assaut contre la frontière. «Tampoco he encontrado gente que haya leído nuestros libros o que sepa citar grandes nombres de nuestra cultura. Hay muy poca curiosidad por parte de los occidentales. Eso me frustra mucho». Esta falta de interés, a su juicio, es «muy peligrosa porque alimenta el racismo, la violencia, la guerra».

Escuchando al «gran cabrón»

Como ha contado en multitud de artículos y se ve reflejado en sus novelas (especialmente en la trilogía de El país de los otros, que contiene una gran carga autobiográfica), Slimani, culturalmente hablando, tiene un pie a cada lado del Estrecho. Esa doble identidad, francesa y marroquí, no le causa ningún conflicto. Pero en Francia, donde la radicalización ultraderechista parece imparable, la insultan frecuentemente diciéndole que se vaya a su país. Como si Francia no fuera también su país. Como si sus raíces árabes la convirtieran en sospechosa de algún delito. Como si no hubiera alzado la voz deplorando vivamente todos los crímenes que se cometen en nombre del islam (en este sentido, es particularmente revelador su artículo titulado «Integristas, os odio»).

«Vivimos un momento que da mucho miedo», reconoce la escritora. «Me recuerda al cuadro de Goya ‘El gran cabrón’».

«Todo el mundo está escuchando a estos ‘cabrones’. Es muy fácil manipular a la gente usando la identidad, diciendo que los inmigrantes les van a sustituir, que su mundo va a desaparecer. Es fácil decirle a un hombre que debería tener miedo porque las mujeres se lo quitarán todo, su trabajo, sus privilegios… Es fácil decir que antes todo era mejor», explica Slimani. «El problema es que hoy ya no diferenciamos entre la verdad y la mentira. Porque todos estos populistas mienten, claro. La propia Giorgia Meloni no para de hablar de la cultura cristiana y del peligro de la inmigración, pero legaliza a miles de inmigrantes porque los italianos ya no tienen hijos. Esa es la paradoja: hay un discurso para infundir miedo, pero todo el mundo sabe perfectamente que Europa no podrá mantener su nivel de vida sin inmigración».

La autora critica la simplicidad del mensaje difundido por la extrema derecha y la negligencia de la política actual a la hora de desmentirlos: «Necesitamos hombres y mujeres políticas capaces de explicarle cosas complejas a la gente. Por eso creo también que hay que defender la literatura y el arte en todo momento. Una buena novela demuestra que nada es blanco o negro. La vida es complicada, es gris, es difícil de juzgar. Y lo mismo ocurre con la pintura y su relación con la historia. Por eso es tan importante el arte, porque necesitamos devolver la complejidad a la mente de la gente».

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Las cifras son demoledoras: una de cada cinco personas menores de edad sufre agresiones sexuales, la mayoría de ellas cometidas por familiares o conocidos. Por tanto, ni son casos puntuales ni es un asunto privado. Estamos hablando de un problema social, estructural y de salud pública que, pese a su gravedad y magnitud, continúa siendo un tabú en la sociedad.

En este contexto, y con la reforma de la Ley de Protección a la Infancia (Lopivi) de fondo, víctimas y especialistas exigen dar un salto cualitativo en su tratamiento para poder enfrentarlo y prevenirlo, como en su día si hiciera con la violencia de género. Lo explican detalladamente en el último dossier de La Marea, cuya primera presentación se celebrará en el Teatro del Barrio de Madrid el próximo 5 de mayo a las 19 horas.

En el acto, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, será entrevistada por la periodista Olivia Carballar. A continuación, participarán en una mesa redonda diferentes ponentes y especialistas. Entre otros, contaremos con Carmela del Moral, responsable de Infancia de Save the Children; Juan Cuatrecasas, portavoz de la Asociación Nacional Infancia Robada y padre de una víctima de la pederastia en la Iglesia; Jorge Coronado, perito tecnológico, CEO de Quantika14, experto en la lucha contra la delincuencia digital; y una víctima de violencia intrafamilar. Moderará el acto la periodista Ana Veiga.

En todo el mundo, según Unicef, más de 370 millones de niñas y mujeres vivas en la actualidad y entre 240 y 310 millones de niños y hombres han sufrido violaciones o abusos sexuales antes de los 18 años. Pero es que además, como afirman desde Save the Children, persiste el desafío de conocer la dimensión real: «Sabemos que las cifras oficiales reflejan solo la punta del iceberg, que muchos casos no se detectan y no se denuncian, en parte por las dinámicas propias del abuso, que suele producirse en entornos de confianza y en contextos de secretismo que dificultan la revelación por parte del niño o niña y de otros familiares», sostiene Clara Burriel, especialista en violencia en la citada organización.

Y ese es uno de los principales problemas: a pesar de su gravedad, todavía se trata de una realidad muy invisibilizada, rodeada de tabúes, falsos mitos sobre su frecuencia, las víctimas o los contextos.

Entrada libre con reserva.

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