Está en la cabecera de todos los medios de comunicación. La decisión de la Administración estadounidense de retirar una parte de las tropas desplegadas en Europa –cuando escribo estas líneas está todavía pendiente el alcance de esta decisión–, empezando por una parte, todavía relativamente reducida, de las situadas en Alemania.

¡Todas las alarmas se activan ante la situación de «desprotección» en que quedaría Europa ante la retirada estratégica del «amigo americano»!

Y como cabía esperar, en esta encrucijada resuenan con más fuerza si cabe –ya disponían de altavoces muy potentes– las voces que, ante la necesidad de enfrentar un entorno geopolítico hostil y crecientemente amenazante (empezando, según este relato, por Rusia), reclaman reforzar el gasto militar europeo: dicho gasto se presenta, pues, como la piedra angular de la supervivencia y de la influencia del denominado «proyecto europeo». Quienes dan esto por descontado, por evidente, sitúan el debate en la dimensión de este gasto militar, dado que, aunque ha aumentado con intensidad en los últimos años, en este escenario, sería claramente insuficiente, y en si debe realizarlo cada gobierno o la Unión Europea; los más «europeístas» se alinean claramente por esta segunda alternativa.

En realidad, nada nuevo bajo el sol. Con el diagnóstico de que esa amenaza, la retirada estratégica de Estados Unidos, es real y creciente, los principales responsables comunitarios y la mayor parte de los gobiernos europeos (también el nuestro) ya están tomando decisiones en la dirección de reforzar el rearme. Con estos mimbres, encargados por la Comisión Europea, se han elaborado los informes Draghi y Letta; en ambos, el gasto militar debería convertirse en un engranaje clave del proyecto de reestructuración y modernización de las economías europeas. En consecuencia, no estaría sólo vinculado ni determinado por la existencia de una amenaza externa. Un planteamiento de gran calado que abre las puertas de par en par a la militarización de las economías europeas y a la justificación de la misma en nombre de más y mejor Europa.

Estamos ante un debate que, sin duda alguna, resulta crucial para el presente y el futuro de la ciudadanía europea (no sólo presenta una dimensión institucional) y que los enunciados que acabo de describir de manera sucinta lo meten en una (interesada) camisa de fuerza… que en modo alguno la gente de izquierdas podemos dar por buena.

Porque, esta es la idea fundamental que quiero trasladar en estas breves notas, ese debate no se puede abordar al margen de las necesidades sociales, productivas y medioambientales existentes, que hay que dimensionar y acometer con urgencia. Porque, reconozcámoslo, no sigamos mareando la perdiz, lejos de los discursos autocomplacientes del estilo «la economía va como un tiro», en realidad, aunque haya mejorado en algunas dimensiones, no va bien en aspectos fundamentales para las clases populares y especialmente para los colectivos situados en las condiciones más precarias: vivienda inaccesible, salarios estancados o en retroceso, indicadores de degradación climática disparados, concentración extrema de la renta y la riqueza, deuda externa imposible de abordar, oligopolización de las estructuras empresariales… y ahora, fuerte aumento de la tasa de inflación, que impactará negativamente sobre las condiciones de vida de la mayor parte de la población y que, como siempre, proporcionará un plus de beneficio a unos pocos.

Si no se cuantifican estas necesidades, si no se diseñan políticas audaces en la dirección de abordarlas y corregirlas, si no se moviliza a las clases populares, si se presupone, erróneamente, que esa agenda es compatible con la estrategia militarista que todo lo contamina (la realidad es que es claramente incompatible)… recorreremos el camino equivocado, el que favorece al complejo militar-industrial y a las corporaciones y oligarquías que se benefician del mismo; estaremos renunciando, de hecho, a la implementación de políticas comprometidas con la igualdad y la lucha contra el cambio climático, que quedarán reducidas a pura palabrería… y, tengámoslo muy en cuenta, abriremos el camino a la extrema derecha y a las derechas extremas.

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Dieciséis años después, Viktor Orbán abandona el poder en Hungría. Ayer sufrió una histórica derrota a manos de Péter Magyar (45 años), un abogado que anteriormente fue miembro de su propio partido, Fidesz, del que se separó por los casos de corrupción que salpicaban a la formación. Magyar, en solitario, representa a una derecha mainstream que quiere restablecer los lazos de su país con la Unión Europea y con la OTAN.

Su victoria constituye hasta cierto punto una proeza electoral, ya que Orbán, desde su llegada a la presidencia húngara en 2010, había procedido a redibujar los distritos electorales (aplicando el infame gerrymandering) y a cambiar la esencia de la propia ley electoral, que dejaba de representar a todas las opciones políticas para que el partido más votado se llevara todos los escaños. Para apearlo del poder hacía falta una elevada participación y que el voto se concentrara en su principal contrincante. Y eso es lo que ha pasado.

La participación alcanzó el 78%, rompiendo todos los récords históricos. Y el partido de Magyar, Tisza, consiguió recabar el 53% de las papeletas (138 escaños en el parlamento), dejando al resto de opositores a Orbán en cifras puramente testimoniales. El Fidesz, por su parte, reunió un 38% de los votos (55 escaños). Los comicios contaron con 900 observadores internacionales para garantizar su limpieza.

La victoria de Magyar es más significativa, si cabe, pues se ha producido con todo el aparato de los medios de comunicación públicos en contra. Orbán, el espejo en el que se miraba hasta ayer la extrema derecha del continente, ha sido célebre por su persecución de los medios independientes, de los partidos de la oposición, de la comunidad LGTBIQ+ y por intentar boicotear la Unión Europea desde dentro. Notorio trumpista y aliado inquebrantable de Putin, el presidente saliente convirtió en eje central de su campaña la oposición frontal a cualquier ayuda financiera adicional a Ucrania por parte de la Unión Europea mientras no se restableciera el flujo de petróleo ruso, su principal suministro energético. De hecho, acusó a su rival de querer gobernar para Ucrania y no para Hungría.

Magyar, por su parte, ha basado su carrera hacia la presidencia en la denuncia del «Estado mafioso» y corrupto que encarna Orbán. En contraposición, anunció que si ganaba, restauraría el «Estado de derecho» en el país, seriamente comprometido tras 16 años de gobierno iliberal. Además, se presentó como un líder proeuropeo y otanista.

Cuando se dieron a conocer los primeros resultados y la victoria de Magyar se antojaba incontestable, Orbán lo llamó para felicitarlo, aunque dejó un recado contradictorio al más puro estilo trumpista. «El resultado es doloroso, pero claro», dijo. Y al mismo tiempo aseguró: «Nunca nos rendiremos».

Antes de que finalizara el recuento, las calles de Budapest ya estaban llenas de gente celebrando la salida de Orbán. Habrá que ver cómo evoluciona el nuevo gobierno de Péter Magyar, ya que el pueblo húngaro tiene una larga experiencia en cuanto a ilusiones traicionadas. También en 2010, en un país sumido en una grave crisis económica y gobernado por un Partido Socialista corrupto, optó por Orbán para salir del atolladero, ya que entonces mostraba un perfil moderado (sobre todo en comparación con el Jobbik, un partido xenófobo, antigitano y antisemita). La moderación de Orbán duró muy poco, imponiendo una línea autoritaria que restringió libertades fundamentales y derechos civiles. Duró 16 años. Hasta ayer.

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Este artículo se publicó originalmente en la revista de ‘La Marea’. Aquí puedes conseguir un ejemplar o suscribirte en nuestro kiosco.

Poco después del desastre de la Primera Guerra Mundial y con la revolución socialista en Alemania como telón de fondo, Max Weber reflexionaba en un famoso discurso en Múnich, en enero de 1919, sobre la naturaleza de la política. Las teorías del sociólogo e historiador alemán sobre la «autoridad carismática» y la «legitimidad basada en la legalidad», así como la «ética de la convicción moral» y la «ética de responsabilidad», que luego vieron la luz en su célebre obra La política como vocación, siguen siendo válidas hoy en día. Weber también analiza y compara los sistemas políticos de la época para fundamentar sus tesis.

En el Reino Unido de principios del siglo XX, Weber deplora un estilo político que predice la era de las redes sociales, «cuando para mover a las masas se utilizan frecuentemente medios puramente emocionales de la misma clase que los que emplea el Ejército de Salvación. Resulta lícito calificar la situación presente como dictadura basada en la utilización de la emotividad de las masas». Al contrario, en Estados Unidos, cuyo ascenso como poder mundial comenzaba con el fin de la Gran Guerra, Weber considera el sistema electoral como una mera máquina de repartir puestos y poder. «En Alemania, a diferencia de lo que sucede en América, teníamos partidos políticos con convicciones, que, al menos con bona fides subjetiva, afirmaban que sus miembros representaban una concepción del mundo», destaca. Sin embargo, el problema en la época imperial alemana que murió con la derrota militar del káiser fue un parlamento demasiado débil frente a un cuerpo de funcionarios demasiado fuerte, según el pensador.

En 1919, Weber no podía prever la aparición de los Hitler, Mussolini, Franco o Stalin. Tampoco se hubiera imaginado el fenómeno que supone Donald Trump. Durante décadas, mucha gente en Europa consideraba que Estados Unidos no sólo era la democracia más antigua de la era moderna, sino también la más estable frente a la propensión de los europeos hacia regímenes totalitarios. Con Trump, el admirado sistema de contrapesos (checks and balances) parece haber colapsado como un castillo de naipes. Peor aún, Trump aspira a lograr lo mismo en Europa, donde apoya a partidos de ultraderecha como Vox en España. ¿Es posible un fenómeno Trump en Europa?

El país más vulnerable es el Reino Unido, donde el partido Reform UK del ultranacionalista Nigel Farage lidera todas las encuestas. Con el sistema electoral del first-past-the post, donde el candidato o candidata con más votos se lleva el escaño en cada uno de los 650 distritos, es fácil lograr una mayoría absoluta. En las elecciones de 2024, al laborista Keir Starmer le bastó un mero 33,7% de los votos para conquistar una mayoría abrumadora de 411 de los 650 escaños, el resultado menos proporcional en la historia del país.

Zia Yusuf, uno de los dirigentes de Reform, explicó a la revista The Economist en septiembre pasado los planes para deportar a 600.000 migrantes y meter mano al servicio público británico al estilo del DOGE liderado por Elon Musk. «La separación de poderes es mucho más débil que en América. Aquí, un primer ministro con una mayoría amplia en la Cámara de los Comunes tendría mucho más control sobre la política nacional que un presidente de Estados Unidos. Un Musk británico podría recortar a su gusto», advierte el artículo.

En Francia, la ultraderecha de Marine Le Pen y Jordan Bardella tiene posibilidades de ganar las elecciones presidenciales en 2027. Sin embargo, el presidente de la República comparte el poder con el parlamento, que elige a un Ejecutivo liderado por un primer ministro o ministra. Salvo que el Reagrupamiento Nacional de Le Pen gane una mayoría absoluta, la Asamblea Nacional funcionaría como contrapeso.

La acumulación de poder resulta más difícil en Alemania. El sistema proporcional requiere prácticamente una mayoría de votos para obtener una mayoría de escaños en el Bundestag. Sin embargo, la Cámara Baja del Parlamento alemán comparte el poder con el Bundesrat, la Cámara Alta, donde se sientan los gobiernos de los 16 estados federados. Las elecciones en los länder no coinciden, por lo cual es poco probable que la ultraderecha de Alternativa para Alemania se pudiera hacer con el control del Bundesrat en un tiempo breve. También en España, el poder de las comunidades autónomas amortigua la influencia del Gobierno central, como estamos viendo actualmente.

Finalmente, la Unión Europea ofrece ciertas garantías contra abusos que podría acometer un Donald Trump en Madrid, Berlín o París. La justicia europea y las instituciones vigilan la libertad de expresión y el estado de derecho. Por algo, Farage fue el gran promotor del Brexit, para librarse de interferencias en un futuro gobierno suyo. «Quien hace política aspira al poder; al poder como medio para la consecución de otros fines –idealistas o egoístas– o al poder por el poder, para gozar del sentimiento de prestigio que él confiere», advirtió Weber en 1919. Trump ha dejado claro que no reconoce las reglas ni ninguno de los límites previstos a su poder en la Constitución de Estados Unidos. Las elecciones parlamentarias de noviembre serán la prueba definitiva de su determinación. ¿Aceptaría una derrota de los republicanos y una pérdida de control sobre una o ambas cámaras del Congreso?

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“Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que ha desaparecido y no volverá”. Con estas palabras, pronunciadas el pasado 9 de marzo ante los embajadores de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen quiso describir el momento histórico que atravesamos. Y añadió algo aún más significativo: que la Unión Europea “seguirá defendiendo el sistema basado en reglas”, pero que ya no puede confiar en él como única forma de proteger sus intereses.

Aunque posteriormente se haya intentado matizar, aclarar esa declaración, no puede obviarse su trascendencia. Las numerosas reacciones que ha suscitado reflejan hasta qué punto ha puesto sobre la mesa un debate central: el de la autonomía de la política exterior europea ante un “nuevo orden mundial” impuesto por Estados Unidos y caracterizado por intervenciones unilaterales, el uso de la coerción y de la fuerza, y la creciente erosión del sistema de seguridad colectiva de Naciones Unidas y del respeto al derecho internacional.

Quizá, en una primera lectura, estas palabras podrían interpretarse como una expresión de pragmatismo. Pero, en realidad, apuntan a algo mucho más profundo: la posibilidad de que la Unión Europea renuncie a que su acción exterior esté vertebrada por el derecho internacional. Dicho de otro modo, significaría aceptar que la política exterior europea se adapte al marco de la “ley del más fuerte” que pretende imponer Donald Trump. Además, esta idea no se deduce únicamente de las declaraciones mencionadas. De una u otra forma, ya había sido expresada por dirigentes como Emmanuel Macron o el canciller alemán Friedrich Merz.

Todo lo que sintetizan estas palabras tampoco surgen de la nada. Reflejan una posición que desde hace años atraviesa a la Unión Europea: la progresiva subordinación a la estrategia global de Estados Unidos y la resignación ante un orden internacional cada vez más dominado por el unilateralismo. En ese contexto, más que marcar un rumbo propio, la Comisión Europea parece asumir el marco impuesto por Washington.

Este debate gira, al menos, en torno a tres elementos centrales, profundamente ligados entre sí: primero, la creciente subordinación a los intereses estratégicos de Estados Unidos; segundo, el cuestionamiento de los valores fundacionales de la Unión; y tercero, la propia arquitectura política sobre la que se construyó el proyecto europeo, en un momento de inestabilidad internacional que no se veía desde el final de la Segunda Guerra Mundial.

Respecto al primero, las sanciones extraterritoriales, las amenazas arancelarias contra aliados y adversarios o incluso las declaraciones sobre la posible apropiación o control de territorios estratégicos forman parte de esa lógica. Un modelo de relaciones internacionales en el que el derecho queda subordinado al poder y a los intereses económicos. Lamentablemente, la Unión Europea parece haber quedado “atrapada” en esa dinámica. A pesar de los intentos posteriores por matizar (o incluso rectificar) sus palabras, motivados por la controversia generada, las declaraciones de Von der Leyen terminan reforzando esa percepción de subordinación. Una imagen tan simbólica como la firma del acuerdo arancelario en la residencia de Mar-a-Lago del presidente Trump resume bien esa relación de fuerzas.

En cuanto a las otras dos cuestiones, conviene recordar que el Tratado de la Unión Europea ancla su acción exterior en principios muy claros: el respeto al derecho internacional, la cooperación entre Estados, la resolución pacífica de los conflictos y la defensa de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos. El giro que ahora se insinúa entra en contradicción directa con esos valores fundacionales, los pilares morales y jurídicos sobre los que se construyó el proyecto europeo.

La construcción europea también nació como una respuesta política y moral frente al fascismo, al militarismo y a la lógica de la guerra que había asolado el continente. Cuestionar hoy esos fundamentos supone, en realidad, poner en duda la propia razón histórica que dio origen a la Unión Europea.

Al mismo tiempo, el proceso de integración coincidió con el final del ciclo colonial de las grandes potencias europeas y con la aceptación de un orden internacional basado en reglas, articulado en torno a la Carta de Naciones Unidas y al principio de igualdad soberana entre los Estados. En ese sentido, la Unión Europea representó también la renuncia a las viejas lógicas imperiales que durante siglos marcaron la política internacional. El retorno actual a dinámicas de presión económica, control de recursos o apropiación estratégica de territorios recuerda, sin embargo, a formas de neocolonialismo que chocan frontalmente con ese compromiso multilateral.

Si el derecho internacional deja de ser el límite, lo que queda es la política de bloques, la presión económica y, en última instancia, la amenaza o el uso de la fuerza. El retorno a un orden internacional en el que las grandes potencias imponen sus intereses por encima de las normas. Algunos partidos políticos, como el Partido Popular a través de su portavoz, lo han entendido rápidamente: “Europa no tiene que quedarse en una esquina porque no se cumplan las normas”. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿qué debe hacer Europa? Y si ya no se puede confiar en el derecho internacional, ¿qué debe sustituirlo? ¿La guerra?

El verdadero problema es que las posiciones favorables a construir una alternativa basada en el multilateralismo y el respeto al derecho internacional siguen siendo minoritarias. En este sentido, el Gobierno de España se ha alzado como una de las principales voces del “no a la guerra”, defendiendo que la seguridad global no se construye con sanciones indiscriminadas, amenazas económicas o intervenciones militares preventivas, sino mediante negociación, acuerdos y respeto a la legalidad internacional.

Si Europa renuncia a defender el derecho internacional como fundamento de su acción exterior, estará renunciando a aquello que justificó su propia existencia. La Unión Europea nació de la convicción de que la política podía emanciparse de la lógica de la guerra y del dominio de los más fuertes. Abandonar ese principio significa aceptar que esa aspiración ha fracasado. Y si Europa acepta que el derecho internacional es una reliquia de un mundo que ya no existe, no solo estará adaptándose a un nuevo orden mundial: estará contribuyendo a consolidarlo. En ese mundo donde impera la ley del más fuerte, Europa no solo habrá perdido influencia. Habrá perdido aquello que justificaba su propia existencia.

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Enrique López es profesor asociado de Derecho Internacional Público en la Universidad Carlos III de Madrid.

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Esta señora es la presidenta de la Comisión Europea y, en consecuencia, sus declaraciones y actuaciones están inevitablemente vinculadas a su cargo. Lo más reciente –diría que lo penúltimo, dados sus continuos pronunciamientos, en muchos casos extralimitándose en las competencias asociadas a su privilegiada posición institucional– ha consistido en manifestar su comprensión al ataque a Irán: “Quiero ser clara: no hay que derramar lágrimas por el régimen iraní”, justificó de este modo la gravísima e inaceptable violación del derecho internacional, alineándose con la política imperialista, sembrada de arbitrariedades, de la administración Trump y con el régimen genocida de Israel.

En paralelo, también recientemente, ha declarado que “reducir la apuesta por la energía nuclear fue un error estratégico para Europa” y que la misma es limpia y barata (!!!), por lo que debería ser un pilar central en la transición energética hacia un modelo verde y sostenible. Y esto lo dice en un contexto donde los indicadores sobre el cambio climático empeoran continuamente.

Esta es la misma mujer que, en calidad de máxima responsable comunitaria, junto al primer ministro británico, rindió vasallaje a Donald Trump en su resort de lujo, situado en Turnberry (Escocia), dando el visto bueno a su política arancelaria y comprometiéndose –¡comprometiendo a la Unión Europea!– con una voluminosa compra en el mercado estadounidense de energía y armamento.

Estas son algunas pinceladas recientes de quién es Ursula von der Leyen, la máxima responsable de la UE.

En este contexto, por supuesto, doy todo el valor que tiene –mucho, en mi opinión– a las recientes decisiones adoptadas por el gobierno de coalición, declarando la ilegalidad de la guerra contra Irán y prohibiendo la utilización de las bases militares estadounidenses en Rota y Morón como apoyo logístico a esa guerra. Ese pronunciamiento debería acompañarse de una gran movilización social –que lamentablemente no se está produciendo–, que tendría que ser mucho más que una manifestación, con el lema de “no a la guerra”. Otra oportunidad perdida por parte de las izquierdas.

Pero en este momento hay que ir mucho más lejos, me refiero concretamente a la política de ocupación de Gaza y Cisjordania y de exterminio de la población palestina practicada por el Gobierno de Israel con el decisivo apoyo, económico y militar, de Estados Unidos, con un destacado papel del poderoso lobby sionista. Ante esta situación, indecentemente, las instituciones comunitarias miran hacia otro lado, al tiempo que algunos países –Alemania y Francia son dos ejemplos– continúan apoyando de muy diferentes maneras –inversiones, intercambios comerciales…– al régimen genocida.

Es cierto que, al mismo tiempo, buena parte de los países europeos –España está en este grupo– reconocen el derecho a la existencia de un Estado palestino, pero dicho reconocimiento es a todas luces insuficiente. Si se queda ahí es claramente un brindis al sol, una cortina de humo que encubre y de alguna manera justifica el genocidio. La dramática situación de la población palestina exige mucho más, más compromiso y determinación… porque ahora mismo, mientras escribo estas líneas, tan sólo hay hambre, enfermedad, desplazamientos continuos de la población, congelación de la ayuda humanitaria, asesinatos llevados a cabo por el ejército israelí y ocupación permanente del territorio. Un absoluto desprecio a los derechos humanos más básicos y a la legalidad internacional. No cabe mirar a otro lado. Hay una situación de emergencia; la prueba del algodón de que queda algo de decencia en la política institucional pasaría por romper todo tipo de relaciones, económicas y diplomáticas, con Israel.

Una última reflexión sobre las proclamas en el sentido de levantar la bandera europea frente al unilateralismo y la política de agresión practicada con total impunidad por Estados Unidos. Me pregunto y opino que hay que preguntarse ¿qué hay detrás de esa bandera, qué principios la sostienen? Una pregunta que abre un debate, en mi opinión vital, que no se debe pasar por alto. Porque la Europa realmente existente –es aquí donde debemos poner el foco– ha mostrado una total sumisión a la política agresiva de la Organización del Tratado del Atlántico Norte en relación a la guerra de Ucrania, apuesta por la militarización de la sociedad y la economía como un engranaje básico de una Europa más fuerte, ha renunciado a implementar una política fiscal progresiva frente a las grandes fortunas y corporaciones, ha experimentado un intenso aumento de la desigualdad, no está enfrentando las gravísimas consecuencias del cambio climático y ha promovido y mantenido políticas centradas en la moderación salarial, la austeridad presupuestaria.

Para mí está claro: ESTA EUROPA NO.

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