Hay libros que incomodan porque dicen en voz alta lo que todos intuyen, pero nadie quiere admitir. Homo criminalis: cómo el crimen organiza el mundo (publicado por Capitán Swing, con traducción de Noelia González Barrancos) del historiador y analista de seguridad Mark Galeotti, es uno de ellos. Su tesis es tan simple como perturbadora: el crimen organizado no es un parásito que se alimenta de la sociedad desde los márgenes, sino uno de sus motores fundacionales. Desde las repúblicas mercantiles del Renacimiento italiano hasta los cárteles que financian iglesias en América Latina, pasando por los piratas que trazaron las rutas del comercio atlántico, Galeotti argumenta que cada vez que la sociedad humana da un salto de complejidad, el crimen organizado da otro a su lado.

Galeotti es doctor en Filosofía por la Universidad de Oxford, ha asesorado a gobiernos y organismos internacionales sobre crimen transnacional y amenazas híbridas, y lleva décadas estudiando el crimen organizado ruso, campo en el que es una referencia mundial. Su trayectoria arrancó, como explica, de forma casi accidental mientras realizaba su doctorado sobre veteranos soviéticos de la guerra de Afganistán. Fue entonces cuando algunos de sus entrevistados le explicaron cómo acabaron entrando en las redes mafiosas que proliferaron en el caos postsoviético. Aquella pista accidental se convirtió en vocación.

Galeotti habla de la imposibilidad de separar historia legítima e historia criminal, de la guerra contra las drogas como fracaso programado, del blanqueo de capitales como columna vertebral de la economía global, del arte como moneda del hampa y de por qué el trumpismo, las Guerras del Opio británicas y los yakuza japoneses responden a una misma lógica: la del poder que ya no necesita disimular.

El título del libro, Homo criminalis, sugiere una suerte ontología del crimen: que transgredir es algo intrínseco a la naturaleza humana o al menos a cualquier forma de organización social. ¿Concibes el crimen organizado como un subproducto inevitable de cualquier estructura social, o más bien como uno de sus motores activos?

En sentido técnico estricto, el crimen es aquello que la ley define como tal. Por eso resulta revelador que en tantas lenguas exista una distinción: el crimen, que delimita el Estado, y el mal, que delimita la sociedad. Uno de los argumentos centrales del libro es precisamente que siempre habrá una brecha entre lo que el Estado criminaliza y lo que la sociedad considera reprochable. Y el crimen organizado florece en esa brecha. En una democracia que funciona bien, esa brecha debería ser estrecha. Pero en muchas sociedades es enorme.

¿Y cuándo emerge históricamente el crimen organizado como tal?

Los grandes momentos de emergencia del crimen organizado coinciden con los grandes momentos de organización social. Tras la caída del Imperio Romano no hubo crimen organizado propiamente dicho, solo bandidaje, porque tampoco había sociedad organizada más allá del nivel local. El crimen organizado reaparece en el Renacimiento, en Italia y en los Países Bajos: las cunas de los nuevos modelos de sociedad, de banca, de comercio. Hoy la sociedad está más organizada que nunca y es, por tanto, un momento extraordinario para ser un criminal organizado. La globalización les ofrece las mismas ventajas que a cualquier empresa transnacional.

¿Por qué la historiografía tradicional ha tendido a tratar el crimen como una anomalía, una patología social, en lugar de como uno de los pilares estructurantes de las sociedades humanas?

En parte por una razón muy humana: es cómodo pensar que el crimen ocurre en otro lugar, en países desordenados donde se fabrican las drogas, o entre tipos de aspecto amenazante en bares a los que nunca iríamos. Siempre se externaliza. Pero hay una razón más estructural: la erudición clásica se construye sobre los documentos y registros del Estado. Y el crimen deja pocos registros. Además, hasta hace relativamente poco, la producción académica estaba en gran medida al servicio de los intereses estatales. La idea del intelectual independiente tiene como mucho 200 años. Todo ello ha conspirado para que ignoremos hasta qué punto el crimen organizado no solo es una herramienta útil para entender cómo funcionan las sociedades, sino una fuerza mucho más poderosa de lo que hemos querido reconocer.

Se suele decir que la historia la escriben los vencedores, y tu escribes de la transición del bandido al fundador de naciones como un hecho casi estructural. ¿Puedes darnos algún ejemplo histórico en el que esa transición haya sido tan fluida que hoy celebremos a esos fundadores como héroes legítimos?

Todos los Estados fueron fundados por señores de la guerra. Los más eficaces no fueron solo los que tenían más espadas, sino los que entendieron la importancia de construir legitimidad. La espada más poderosa es la que está en el alma de los súbditos: convencerles de que tienes derecho a gobernar porque Dios lo quiso, o porque sacaste la espada de una piedra. Toda la historia británica está moldeada por la conquista normanda, es decir, por la invasión de una potencia extranjera sin ningún fundamento real. Pero si te quedas el tiempo suficiente, te conviertes en el monarca legítimo. Es exactamente el mismo principio que aplica el mafioso inteligente cuando convence a su comunidad de que está de su lado.

La piratería está muy romantizada en la cultura popular, pero ¿cuál fue su papel real en la formación del capitalismo mercantil? Y en relación a eso: Trump recientemente llegó a referirse a la piratería como «un buen negocio» cuando justificó la incautación de petróleo venezolano. ¿Estamos volviendo a un paradigma en el que la legitimidad ya no se construye discursivamente, sino que se impone por la mera demostración de fuerza?

Los piratas no crearon las estructuras del capitalismo mercantil moderno: fueron un producto de ellas, y también un factor dentro de ellas. Sin esas enormes rutas comerciales, sin las flotas de oro provenientes de América Latina, no habría habido incentivo para el surgimiento de esa subcultura económica pirata. Pero a su vez, la piratería generó rutas alternativas, ciudades enteras que vivían de la venta del botín. Se convirtió en instrumento de guerra entre Estados a través del corso, y en un mecanismo por el cual élites más amplias podían participar en las ganancias del colonialismo. Es, una vez más, la señal de que el crimen es parte del mundo capitalista: se invierte en él, se toman decisiones empresariales, se gana o se pierde.

En cuanto a la cuestión de la legitimidad, creo que hay una legitimación tecnocrática creciente que dice «no he seguido las reglas, pero hago que los trenes lleguen a tiempo». Hay una palabra rusa magnífica, vranyo, que significa una mentira que el otro sabe que es mentira, pero no puede hacer nada al respecto. Antes, Estados Unidos al menos tenía la cortesía de fingir que construía alguna justificación. Lo que vemos con Trump es que ni siquiera hay pretensión de eso. Y no lo veo como un fenómeno Trump sino como un síntoma del declive americano. Igual que las Guerras del Opio marcaron el declive del Imperio Británico, cuando un poder tiene que esforzarse más en aparentar que es fuerte, es porque ya no lo es tanto.

Te pregunto también sobre el mundo de las drogas: ¿qué balance haces de la guerra contra las drogas iniciada en el siglo XX? ¿Y apoyarías la despenalización total como estrategia para desarticular el mercado negro?

No apoyaría la legalización de todas las drogas, porque cuando algo tiene capacidad adictiva química distorsiona la libre voluntad del consumidor. Hay sustancias con efectos genuinamente devastadores. Dicho esto, con el cannabis, por ejemplo, hay que preguntarse si es socialmente o sanitariamente peor que el tabaco. Y una de las razones por las que hoy circulan versiones extraordinariamente potentes de cannabis es precisamente porque ha sido criminalizado: perdemos la capacidad de regularlo y creamos incentivos para que los criminales ofrezcan versiones cada vez más adictivas.

La cuestión de fondo es, de nuevo, la brecha entre Estado y sociedad. Cuando hay una parte importante de la sociedad que no cree que ciertas drogas blandas sean perjudiciales, el traficante se convierte en aliado y el Estado en enemigo. Eso deslegitima al Estado y a las fuerzas del orden. La guerra contra las drogas ha sido además catastrófica porque ha generado expectativas irreales: las guerras se ganan. Esto no es una guerra, es un problema de salud pública. Y se ha centrado obsesivamente en la oferta –quemar cultivos, interceptar correos– sin abordar en serio la demanda, que es más difícil y más incómoda políticamente.

El fentanilo es una epidemia en Estados Unidos, pero no lo es España. ¿No dice eso algo sobre factores sociales más profundos que la mera disponibilidad de la sustancia?

Absolutamente. El fentanilo es en gran medida un producto de un sistema sanitario completamente mercantilizado. La epidemia de opioides empieza en las salas de espera de los médicos, no en las esquinas. La industria farmacéutica prescribió opioides de forma masiva y creó una dependencia que luego encontró su cauce en el mercado negro. Es el ejemplo perfecto de cómo la distinción entre fármaco y droga es, en el fondo, una distinción artificial y política.

Y hablando de política y artificios… ¿Crees que sería posible sostener la economía globalizada actual si pudiéramos purgar todo el dinero de origen criminal?

No. La economía global colapsaría. El dinero sucio ha penetrado en cada rincón del sistema. Y ahora que el dinero es esencialmente una fantasía consensuada que se mueve de un ordenador a otro, rastrear su origen se ha vuelto prácticamente imposible. El mecanismo es conocido: el dinero entra en el sistema bancario a través de jurisdicciones muy opacas, y desde ahí se va desplazando, lentamente, hacia lugares cada vez menos dudosos, hasta llegar a Londres, Nueva York o Fráncfort. Todo el mundo sabe que eso ocurre. El problema es que cuando es responsabilidad de todos, no es responsabilidad de nadie.

Londres es señalada como uno de los principales centros de blanqueo del mundo. Con tu experiencia, ¿puedes explicar un poco su funcionamiento interno?

Antes de hacer el doctorado trabajé un año en la City de Londres. Lo odié, pero fue la mejor decisión que pude tomar, porque cuando volví a la academia supe con certeza que era lo que quería. Lo que escuché durante ese año fue muy revelador: todos eran conscientes de la necesidad de cumplir con la normativa de «compliance», pero la pregunta nunca era «cómo hacemos las cosas bien», sino «cómo nos aseguramos de que no nos pillen haciéndolas mal». Una amiga que trabajó siete años en ese sector me lo dijo con toda claridad antes de dejarlo: su trabajo consistía en asegurarse de que nadie fuera cazado. El sistema no está diseñado para ser ético, está diseñado para parecer que lo es.

En The Wire, el punto culminante de la carrera criminal no es el dinero ni el poder en la calle, sino el acceso al mundo de los abogados, los políticos y los hombres de negocios. ¿Es esa imagen –la del crimen que aspira a fundirse con lo legítimo– una representación fiel de cómo funciona realmente el ascenso en el crimen organizado?

La mayoría de los criminales no llegarán nunca a eso ni de lejos. La mayoría fracasa, acabará muerta, en prisión, o simplemente abandonará el mundo criminal porque no les sale a cuenta. Pero sí, el sueño es exactamente ese: el momento en que has dado el salto. Y mejor aun cuando has institucionalizado el proceso. Piensa en lo que ocurrió en Japón, donde los yakuza fueron durante mucho tiempo legales. Tenías el poder y el dinero que te da el crimen, y la seguridad y la respetabilidad de estar en el lado legítimo de las cosas. Eso es el ideal. En los países occidentales modernos es más difícil de conseguir, pero sigue siendo el horizonte.

En cambio, lo que obtenemos es, a menudo, una división del trabajo: el criminal, por un lado, y la figura legítima –el político, el empresario– que mantiene una alianza discreta con él. Puede que no consigas unir las dos identidades en una sola persona, pero consigues una asociación muy cómoda.

Acabo preguntándote sobre el mundo de los llamados robos de «guante blanco». El tráfico de arte y antigüedades suele presentarse como un crimen «elegante», casi menor. Pero el mercado del arte tiene una característica singular: la opacidad en la formación de precios lo convierte en un vehículo óptimo para el blanqueo. ¿Qué función cumple realmente el arte dentro de las economías criminales?

Es realmente deprimente hasta qué punto los tesoros culturales se han convertido en meros instrumentos de transacción financiera. En el cine y la televisión tendemos a imaginar al coleccionista que roba una obra para tenerla en su bóveda y contemplarla en privado. No digo que eso no ocurra nunca, pero es la excepción. En la mayoría de los casos, el arte simplemente se ha convertido en una unidad de capital muy concentrada.

Las obras se usan como garantía de deudas en el mundo criminal, como mecanismo de blanqueo y como reserva de valor que reposa en un depósito franco con control de climatización, sin que nadie las vea. Pero el dueño sabe que está ahí, y si necesita un millón de dólares extra, la tiene. Se usan también como medio de intercambio internacional entre criminales: una pequeña escultura que, aunque la vea un agente de aduanas, es improbable que identifique como una pieza babilónica original. Sirve para saldar la última remesa de drogas o armas. En el libro menciono el caso de un cuadro que había sido literalmente empotrado en una pared como fondo de reserva: no está expuesto, ni siquiera es visible. Podría ser perfectamente un lingote de oro o una bolsa de diamantes de sangre. El arte se ha convertido en eso: en dinero con buena prensa.

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Israel deportó ayer a la mayoría de los activistas de la flotilla de apoyo a Gaza. Entre ellos había 44 españoles que fueron trasladados a Turquía, donde denunciaron el trato brutal y humillante recibido por parte del Ejército israelí, que los secuestró ilegalmente en aguas internacionales. Cuatro de ellos necesitaron atención médica.

Los voluntarios declaran haber recibido palizas salvajes, humillaciones e incluso agresiones de carácter sexual. Según la ONG Free Palestine Now, «hay al menos 15 casos de agresiones sexuales, incluidas violaciones». Además, reportan que los detenidos recibieron disparos de balas de goma a quemarropa y que hay un gran número de individuos con huesos rotos.

El caso de Emilio Figueroa sirve de ejemplo de la brutalidad empleada por las autoridades israelíes: «Entre tres, me empezaron a golpear con las culatas de sus armas de fuego. En las costillas, en los tendones de las rodillas, en la espinilla. Se veía que iban a hacer daño. Me vaciaron una botella de agua y me dieron descargas con una pistola táser. Yo nunca he visto nada igual, tanto odio. Nos han tratado como animales», declaró al diario El País cuando aterrizó en Estambul.

Tras el secuestro, a su llegada al puerto de Ashdod el pasado miércoles, varios activistas fueron conducidos a contenedores donde, según afirman, se procedió a torturarles. «Podíamos oír los gritos desde fuera», ha contado el periodista italiano Alessandro Mantovani. Su compatriota Antonella Bundu, política comunista y activista de Oxfam, contó a la agencia Ansa que tras el desembarco en Ashdod vio cómo golpeaban en la cabeza a «una chica con epilepsia» que formaba parte de la tripulación. Según relató Bader Alnoaimi, miembro del equipo legal de la Flotilla Global Sumud, sus abogados «han documentado niveles de violencia realmente extremos».

«Estamos hablando de monstruos. Estamos hablando de un Estado genocida que halla placer en la violencia, que halla placer torturando gente, que usa la violencia sexual de forma sistemática contra la población palestina y ahora también contra los miembros de nuestra flotilla. Esto tiene que parar. No podemos aceptar un país que cree que el derecho humanitario internacional no aplica para ellos», declaró el activista Thiago Ávila en sus redes sociales cuando conoció el relato de sus compañeros en Estambul. Ávila también fue secuestrado semanas antes por Israel, donde permaneció en prisión durante 10 días antes de ser deportado. «Y pese a todo esto, debemos seguir diciéndolo: todo lo que nos han hecho a nosotros no es nada comparado con lo que hacen con los palestinos», añadió.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha reiterado su enérgica condena ante un tratamiento que consideran «monstruoso, indigno, inhumano». El ministro, José Manuel Albares, señaló hoy que espera que la Unión Europea imponga sanciones contra ministros y colonos israelíes tras ver «la brutalidad» empleada contra los activistas. «No podemos relacionarnos con Israel como con Noruega o Islandia», señaló con anterioridad en una entrevista en TVE.

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Aficanda en Valencia de Alcántara (Cáceres) tras varios años viviendo en Ecuador, Victoria César Velázquez acaba de defender en la Universidad de Sevilla una tesis doctoral en la que indaga, a través de sus protagonistas, cómo el movimiento memorialista se ha ido forjando como el músculo de la recuperación y reparación a las víctimas del franquismo en España en las últimas dos décadas. Es tal la fuerza de este activismo –defiende la investigadora– que, incluso en este momento de ultraderechización y de discursos contrarios a los derechos humanos, logra mantener vivo un tema que desde muchas instituciones intentan dar por muerto. Para esta investigación, no ha recibido ningún tipo de financiación. «Hay mucha gente haciendo investigación sin recibir retribución económica, a expensas del sacrificio profesional y personal», afirma. 

¿Por qué hizo esta tesis doctoral?

El tema conectaba con mi trabajo de fin de grado, que había versado sobre una propuesta del Parlamento Europeo en 2014 acerca de cómo estudiar la memoria en las escuelas. Esta propuesta iba encaminada fundamentalmente al nazismo y al estalinismo o a los regímenes comunistas. Cuando me quise meter en el doctorado, contacté con el profesor Miguel Vázquez Liñán, que también había sido mi director de TFG, y ya concretamos el tema partiendo del planteamiento de que la memoria histórica en España y en Andalucía, tal y como la conocemos, no se puede entender sin el activismo memorialista, sin el movimiento memorialista. Hay, además, una ausencia o escasez de estudios académicos en los que el movimiento memorialista sea el objeto de estudio principal. Y así fuimos estableciendo el tema inicial de hacer una historia social del movimiento memorialista en Andalucía a través de entrevistas en profundidad, para que fueran las propias personas del movimiento las que describieran sus experiencias y las que contaran cómo había sido todo ese proceso. 

Se la dedica a su abuela. Aparte de que las abuelas siempre son especiales, ¿existe alguna motivación relacionada con la memoria?

No directamente o no del todo. Mi abuela es una figura muy importante en mi vida; es mi segunda madre, yo me crié con ella. Falleció durante el proceso de elaboración de la tesis y no fue nunca muy consciente del doctorado porque en sus últimos años tuvo Alzhéimer. A veces me había hablado de la represión en Lebrija, en mi pueblo, desde un punto de vista crítico. Mi abuelo había sido bastante autoritario, bastante afín al franquismo y a este tipo de ideología, por lo que mi abuela había sido una mujer muy sumisa durante casi toda su vida. Cuando falleció mi abuelo, fue cuando ella empezó a expresarse y hablar mucho más. Y sobre este tema en concreto, sacaba muchísimo a colación a una tía suya, que la crió, que sí fue una represaliada directa del franquismo, a su marido lo desaparecieron, ella quedó viuda con un niño de dos años, se negó a firmar el documento para recibir una ayuda, tuvo una vida bastante difícil y bastante condicionada por esa circunstancia. De hecho, a mí ahora mismo me gustaría intentar recuperar en la medida de lo posible la historia de esa tía abuela.

Mi abuela hablaba de ella como una mujer muy fuerte, muy orgullosa, muy digna. Y también sé que otra de sus tías se fue a Sevilla a vivir en una especie de cooperativa y fue también represaliada directamente, pero no sé todavía ni siquiera el nombre. Todas estas historias van creando una conciencia, una sensibilidad que en las generaciones más jóvenes quizás está menos presente que en generaciones más mayores que han tenido un contacto más directo con personas represaliadas directamente.

La investigación abarca 23 años, de 2000 a 2023. Puede parecer mucho, pero ¿cree que se siguen quedando cortos para todo lo que hay que reparar? Muchas víctimas presentes en ese movimiento memorialista ya han muerto. 

El movimiento ha logrado muchísimas cosas y ha avanzado muchísimo, pero también ha tenido muchísimos obstáculos que han determinado los avances que se han podido hacer. En estos años, aunque en Andalucía ha habido una profusión de iniciativas, incluso políticas institucionales, observas que no es suficiente viendo por ejemplo las cifras de las exhumaciones, de todas las personas que siguen siendo anónimas, como la historia de mi tía y su marido. Y, siendo realista, probablemente vaya a quedar mucho sin recuperar. Veinte años no son suficientes, obviamente, para recuperar la memoria de las personas represaliadas por el franquismo en su totalidad. 

Mantiene que el movimiento memorialista andaluz tiene unas características propias. ¿No es extrapolable al resto de España? 

Hay características propias a nivel de iniciativas, de políticas, de organización de las asociaciones, de medios de comunicación… pero obviamente muchas características sí son extrapolables. Sí sostengo también que Andalucía, sin restar gravedad a la represión en ninguna otra comunidad, es una víctima ejemplarizante, se mandaba un mensaje al exterior de ‘esto es lo que va a seguir pasando’. 

Entrevista a diferentes perfiles dentro del movimiento memorialista y hace una distinción entre familiares biológicos e ideológicos, como Cecilio Gordillo dentro de este último grupo.

Sí, surgía la necesidad de distinguirlos, precisamente por una definición que hace Cecilio Gordillo. Porque la participación en el movimiento memorialista puede empezar no necesariamente por un vínculo familiar sino por una afinidad ideológica,y creo que es muy importante porque es algo que está presente prácticamente en todas las personas que participan en él. A lo mejor las personas que pueden poner un poco más de distancia ideológica son aquellas que participan en la memoria a través de un vínculo profesional, pero incluso en esos casos hay un fuerte componente de compromiso emocional. 

Y muchas de esas personas, como el propio Gordillo, descubren también que son familiares biológicos.

Sí, son dos colectivos que están muy conectados entre sí, porque al final, si nos ponemos a escarbar en nuestras historias familiares, vamos a encontrar algún caso. 

Lo define Andrés Rebolledo, familiar de represaliados, como “trauma colectivo”. 

Eso es.

Divide la investigación en tres fases: los orígenes, la institucionalización y la inanición, que es en la que estamos ahora, con el PP en la Junta de Andalucía. No obstante, el movimiento memorialista fue bastante crítico con el PSOE en la fase de institucionalización. 

El periodo de institucionalización es muy complejo desde el punto de vista ideológico: hay muchas personas muy críticas que entienden que aun habiendo un cierto compromiso institucional con la recuperación de la memoria histórica, era muy limitado. Es decir, todo lo que se hacía tenía que seguir siendo promovido por parte del activismo ciudadano, e incluso en muchas ocasiones llevaba a cabo el trabajo, como con el mapa de fosas. Luego otras instituciones, incluyendo la universidad, validaron esta información. Pero sin la existencia del movimiento memorialista, mucho o casi todo de lo que se ha hecho no se hubiera hecho si se hubiera dejado en manos de la Junta de Andalucía. Y, además, lo que se ha conseguido ha sido a un ritmo que no es coherente con la urgencia de reparar a personas que son mayores. Las instituciones solas no hubieran movido la memoria histórica apenas y, de hecho, incluso las normativas han podido limitar a veces el tema de las exhumaciones, como la burocratización del proceso.

Y también ha habido conflictos internos en el seno del movimiento, ¿no?

Sí, no quiero idealizarlo. Venimos de un movimiento que también tiene sus contradicciones internas, sus propios desafíos internos. Han logrado llevar a cabo iniciativas conjuntas, pero obviamente existe conflicto a la hora de ponerse de acuerdo y de trabajar en el día a día con las personas que ideológicamente no son del mismo grupo, por así decirlo. De todas formas, es un movimiento muy plural, eso me parece algo muy positivo.

El PP ha ganado de nuevo las elecciones en Andalucía, pero ha perdido la mayoría absoluta. ¿Cómo ve al movimiento memorialista ahora, en este contexto de ultraderechización generalizado?

A partir de que entra el PP en la Junta de Andalucía, en 2019, hay un cambio muy claro: recorta brutalmente la financiación, elimina instituciones como la Oficina de Memoria Histórica de Sevilla, elimina también información que antes estaba en la página del Ayuntamiento de Sevilla sin ningún tipo de declaración pública sobre eso, sino que simplemente desaparece y ya está.

Y ahora, aunque en Andalucía pueda parecer que la ultraderechización no es tan explícita, en la práctica sí lo es, porque incluso en el discurso del PP no hay nada que nos invite a pensar que no existe esa hostilidad y esa oposición hacia la recuperación de la memoria histórica. El PP andaluz no se ha manifestado a favor de la recuperación de la memoria histórica, ni ha manifestado ningún compromiso con recuperar la memoria histórica. Por eso creo que, a diferencia de la etapa del PSOE, ahora mismo el movimiento memorialista puede tener una oportunidad de volver a un punto más reivindicativo en su conjunto, de estar en pie de guerra, puede ser un nexo de unión, tener una mayor cohesión interna. También dependerá mucho de cómo evolucione la situación a nivel nacional e incluso internacional en cuanto al auge de la extrema derecha, de la normalización de discursos que son totalmente contrarios al reconocimiento a las víctimas y a los derechos humanos. La inclusión de personas jóvenes, la renovación de liderazgos en el movimiento memorialista, es otro de los desafíos.

Hasta ahora, en el fortalecimiento del movimiento memorialista ha influido también, según explica en su tesis, la enorme producción cultural en torno a la memoria en los últimos años.

Sí, yo creo que gran parte de esto viene gracias a esa divulgación cultural. Entiendo que la producción académica es fundamental y es el origen, también en parte, de esa divulgación cultural. Pero claro, la academia tiene bastantes limitaciones para llegar a la sociedad y eso  es lo que sí logra la divulgación cultural: literatura, cine, música, incluso los medios de comunicación. Por eso me parece muy importante esos últimos diez años desde 2012, más o menos hasta acá, con una producción muy amplia y con un enfoque de derechos humanos.

¿Eso puede cambiar ahora con los nuevos escenarios políticos?

Todos entendemos que aquí hubo una dictadura durante 40 años, pero la justificación de que con Franco no se vivía tan mal viene de invisibilizar a todas las víctimas que el franquismo tiene detrás. Lo hace la extrema derecha pero también la derecha moderada, por así decirlo, o incluso parte de lo que se supone que es izquierda. Creo que ahí también ha jugado un rol en invisibilizar esa violencia tanto del franquismo como de la transición, al no querer poner el punto de atención ahí. Entonces, que exista esa divulgación cultural es súper importante, eso va a quedar ahí, a no ser que empiecen a censurar y a eliminar obras, ¿no? Que esperemos que no tengamos que llegar a ese punto nunca. Lo que pasa es que debería dársele más difusión todavía, por ejemplo, a través de la escuela. Y ahí, de nuevo, la posición institucional se vuelve un límite.

¿Y si desapareciera el movimiento memorialista? 

Si se disolviera en los próximos diez años, la memoria histórica quedaría en lo que se ha recuperado hasta ahora y poco más. Y como conclusión de la investigación, si no existiera el activismo no se habría hecho prácticamente nada. Pero bueno, también es un movimiento que está todavía en actividad, en desarrollo. Y eso para mí ha sido, durante la última etapa, un desafío desde el punto de vista de la investigación, estudiar esos últimos años en los que prácticamente estamos metidos ahora mismo, hacia dónde puede ir. 

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Este fotoensayo sobre el Sáhara Occidental se publicó originalmente en La Marea 110. Puedes conseguir la revista y suscribirte en nuestro kiosco.

«Estamos en el lugar de Mejaire. Aquí se cría pescado, gallinas y dátiles». Jadija Mohamad es una de las biólogas encargadas de la piscifactoría ubicada en los campamentos de personas refugiadas saharauis en Tinduf, Argelia. También fue una de las impulsoras del proyecto que inició en 2018. Este centro es un oasis de palmeras verdes que deja atrás la carretera del desierto a las afueras de la wilaya de Smara. Aunque en los inicios a Jadija le dijeron que era una idea loca, esa de criar peces en el desierto, más loco le parecía que faltaran nutrientes básicos en la dieta de una población que cuenta con uno de los mayores bancos pesqueros del Atlántico. Y a la que se le niega el derecho a su mar. El pescado saharaui circula hacia mercados internacionales, pero no llega ni a la población que resiste en el territorio ocupado ni a las más de 170.000 personas refugiadas en los campamentos.

Lejos de ese mar también está Damba Mohamad, en Rabuni, la capital administrativa de los campamentos. Desde la pequeña tienda de alimentación que asoma a la calle principal, recorre en su furgoneta blanca los más de 800 kilómetros en busca de corvina o merluza procedente de Nouadhibou, ciudad mauritana próxima a la frontera del Sáhara Occidental. El viaje dura cerca de 24 horas y lo repite una vez al mes durante el invierno (de diciembre a marzo), cuando el pescado puede conservarse mejor. Es la única manera de saborear lo que les fue arrebatado hace 50 años. Junto a Damba, Hameiduha Emhamed recuerda aquel gusto de su infancia en Dajla, conocida como la Villa Cisneros de la provincia 53 española.

Así, mientras las corvinas y las merluzas se abren paso en los congeladores de Damba, la tilapia del Nilo y la roja lo hacen en las piscinas de Mejaire, con la incertidumbre de no saber hasta cuándo. El proyecto, financiado en sus inicios por el Programa Mundial de Alimentos, resiste hoy bajo mínimos por falta de recursos. «La tilapia es un pez refugiado, igual que nosotras», dice Jadija.

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Este contenido forma parte de un proyecto realizado con la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat a través de la beca DevReporter Connect for Global Change de Lafede.cat.

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BURDEOS // Al final de La civilización judeocristiana. Historia de una impostura (publicado por Gatopardo Ediciones), Sophie Bessis (Túnez, 1947) explica que su libro es un intento de reanudar los lazos «frente a las exclusiones mortíferas que proponen a sus pueblos los líderes identitarios del Norte y del Sur». Mucha de esa luz trasciende en las aproximadamente cien páginas de este breve ensayo que pone en perspectiva el uso aprovechado de un término que, a fuerza de repetirse, ha quedado integrado en el discurso político y en parte de la opinión pública como una realidad más.

Bessis, que ha dedicado toda su vida a estudiar las relaciones entre las naciones del norte y las del sur, además de a la historia de las mujeres, con varios libros claves sobre el mundo árabe y el feminismo, desmonta ahora el mito que ha servido a causas antagónicas para recordar cuál es el fin último de los nacionalismos: «Este término responde a una voluntad de cierre, y todos los nacionalismos tienen como paradigma esencial el rechazo de la alteridad», defiende la autora en una entrevista con La Marea.

Usted nació en Túnez en el seno de una familia judía. ¿Hasta qué punto ha influido esa experiencia personal en la decisión de escribir este libro?

Mi origen tiene sin duda su importancia. Me interesaron desde hace mucho tiempo las cuestiones ligadas a la tragedia palestina, al conflicto israelo-palestino y al lugar del judaísmo en el imaginario occidental. Ya había abordado la cuestión de lo judeocristiano en un libro que escribí hace 25 años, Occidente y los otros: Historia de una supremacía. Ahora he vuelto sobre el tema de forma detallada. Dicho esto, no todo lo que escribo está directamente vinculado a mis orígenes.

El subtítulo del libro denuncia la impostura del término «civilización judeocristiana». ¿Por qué hablar de impostura?

El término «judeocristiano» existe desde hace mucho tiempo en el ámbito teológico y en los estudios académicos, y tiene sentido: el cristianismo surge del judaísmo. Lo que yo cuestiono es su salto al lenguaje corriente y la fórmula «civilización judeocristiana». No creo en la existencia de una civilización judeocristiana, y eso es lo que me parece una impostura. Existe una civilización europea, eso es evidente, y dentro de ella hay judaísmo y cristianismo, pero hay tantas otras cosas que reducirla a lo judeocristiano es un error total. Cuando los dirigentes occidentales usan hoy esa expresión, es simplemente otro nombre que le dan a la civilización occidental. Ahí reside la impostura.

¿En qué momento se produjo ese salto al discurso popular?

Lo dato en torno a principios de los años ochenta, aunque nunca hay fechas exactas. En esa época asistimos al fracaso del gran mesianismo laico que fue el comunismo, que se traduce a principios de los noventa en la desaparición de la Unión Soviética. Y también, en los tres monoteísmos, a un retorno de lo religioso en sus formas más extremistas: el islam político y yihadista, los movimientos evangélicos en el cristianismo y el extremismo religioso en el judaísmo. El lenguaje político abandona progresivamente sus referentes laicos para adoptar referentes religiosos, y la irrupción del término «civilización judeocristiana» se sitúa en ese contexto.

Lo curioso es la facilidad con la que fue asimilado por la opinión pública como una evidencia. En el libro habla de cómo esa idea deforma las relaciones históricas entre cristianismo, judaísmo e islam, ocultando el papel del islam en la cultura europea.

Lo que cuestiono son tres usos de esta fórmula. El primero: si uno es judeocristiano, no puede ser antisemita, con lo cual la expresión oculta casi 2.000 años de antijudaísmo cristiano y de antisemitismo moderno en Europa. Ese antijudaísmo fue el hilo conductor de la Iglesia durante siglos, y el antisemitismo racista del siglo XIX desembocó en el genocidio de los judíos de Europa. Europa tiene muchas ganas de olvidarlo.

El segundo uso es lo que llamo la negación de Oriente por parte de Europa. La fórmula hace que Europa se apropie del judaísmo, como si este hubiera nacido en Occidente. Pero el judaísmo es una religión oriental en su origen, como el cristianismo y como el islam. Los tres monoteísmos nacieron en Oriente, ninguno en Occidente.

Y la tercera función es relegar al islam a una alteridad total que es falsa. El monoteísmo abrahámico tiene tres ramas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Situar al islam fuera de esa tradición es un error histórico. Y quizás España sea el mejor ejemplo: en este país existió una civilización judeo-musulmana de la que nunca se habla. Está totalmente excluida del vocabulario europeo.

Usted habla de cómo el término ha sido aprovechado tanto por el sionismo como por el nacionalismo árabe. ¿Cómo puede un mismo término servir a causas antagónicas?

Porque todo el mundo lo usa, por eso es útil. Este término responde a una voluntad de cierre, y todos los nacionalismos tienen como paradigma esencial el rechazo de la alteridad. Es el eje de cualquier nacionalismo, y por eso los nacionalismos desembocan generalmente en su versión última, que es el fascismo. Lo vemos en todas partes hoy: en Europa, en Israel, en todas partes.

Hasta la década de 1950, incluso un poco más tarde, en el mundo árabo-musulmán había en torno a un millón de judíos. Hoy solo quedan unas cuantas decenas de miles. La mayoría ha abandonado esta vasta región en la que el judaísmo estaba implantado desde hace siglos, sufriendo una persecución mucho menor que la que sufrieron en Europa. El nacionalismo árabe, como cualquier nacionalismo, tiene pánico a la diferencia, por lo que los judíos han ido siendo considerados poco a poco como «los otros». Por eso acogieron muy positivamente un término forjado en Occidente: si la civilización occidental es judeocristiana, dijeron, nosotros no tenemos nada que ver con los judíos. Y eso les permitió emprender un trabajo de ocultación de la presencia judía en la historia del mundo árabe. La creación del Estado de Israel en 1948 no ayudó en nada, en la medida en que Israel se concibe a sí mismo como un Estado occidental en el corazón de Oriente. Y para gran desgracia de los judíos, hoy la doxa tiende a confundir judíos e israelíes.

¿Cree que esa percepción puede cambiar después de lo que está ocurriendo en Gaza?

Una de las razones del apoyo casi incondicional de los Estados occidentales a lo que ha ocurrido en Gaza, cuya dimensión genocida es evidente, es que los occidentales consideran Israel como una parte de ellos mismos. Y eso les lleva a eximirle de toda crítica. No he escuchado ni una sola voz oficial criticar la reciente ley aprobada por el Parlamento israelí que restablece la pena de muerte y la reserva únicamente para los palestinos. Es una ley de apartheid, y ningún dirigente europeo ha dicho ni una palabra sobre ella.

El problema es que la política israelí de hoy facilita el antisemitismo, precisamente porque se tiende a confundir a israelíes y judíos. Por eso, desde el estallido de la guerra en Gaza, numerosos movimientos judíos dicen: «No en nuestro nombre. Esta guerra no se hace en nuestro nombre». El militarismo israelí, el hecho de que Israel se conciba únicamente como un Estado guerrero, tiene una incidencia muy desafortunada en la percepción que las mayorías tienen de los judíos.

La semana que viene la Asamblea Nacional francesa examinará el proyecto de la «ley Yadan», que busca, según sus promotores, frenar los nuevos tipos de antisemitismo. ¿Cómo analiza esta medida?

Es escandalosa. Asimila toda crítica a la política israelí con el antisemitismo e introduce una restricción evidente a la libertad de expresión. Si esta ley fuera adoptada, Hannah Arendt tendría que ir a la cárcel: era partidaria de un Estado binacional, era favorable a un hogar judío, pero contraria a un Estado judío, y militó por la convivencia. Si estuviera viva hoy, sería objeto de sanción según esta ley.

No creo que sea adoptada. Hay una movilización real en contra: la petición ante la Asamblea Nacional ha superado las 500.000 firmas y el Partido Socialista ha anunciado que no la votará. La extrema derecha probablemente sí lo haga, y también una parte de la derecha. Lo cual ilustra muy bien el oxímoron político al que asistimos hoy: el sionismo antisemita.

¿Hay una puerta de salida a esta retórica del choque de civilizaciones?

Me gustaría poder responderle, pero no puedo. No tengo recetas. Lo único que sé es que esta retórica es mortal, y que la única forma de combatirla es denunciarla. Que haya movimientos, que haya gente dispuesta a hacerlo. Es lo que, desde mi posición, he intentado hacer con este libro. Pero, de momento, una fórmula para salir del choque de civilizaciones, lamentablemente, no existe.

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Dieciséis años después, Viktor Orbán abandona el poder en Hungría. Ayer sufrió una histórica derrota a manos de Péter Magyar (45 años), un abogado que anteriormente fue miembro de su propio partido, Fidesz, del que se separó por los casos de corrupción que salpicaban a la formación. Magyar, en solitario, representa a una derecha mainstream que quiere restablecer los lazos de su país con la Unión Europea y con la OTAN.

Su victoria constituye hasta cierto punto una proeza electoral, ya que Orbán, desde su llegada a la presidencia húngara en 2010, había procedido a redibujar los distritos electorales (aplicando el infame gerrymandering) y a cambiar la esencia de la propia ley electoral, que dejaba de representar a todas las opciones políticas para que el partido más votado se llevara todos los escaños. Para apearlo del poder hacía falta una elevada participación y que el voto se concentrara en su principal contrincante. Y eso es lo que ha pasado.

La participación alcanzó el 78%, rompiendo todos los récords históricos. Y el partido de Magyar, Tisza, consiguió recabar el 53% de las papeletas (138 escaños en el parlamento), dejando al resto de opositores a Orbán en cifras puramente testimoniales. El Fidesz, por su parte, reunió un 38% de los votos (55 escaños). Los comicios contaron con 900 observadores internacionales para garantizar su limpieza.

La victoria de Magyar es más significativa, si cabe, pues se ha producido con todo el aparato de los medios de comunicación públicos en contra. Orbán, el espejo en el que se miraba hasta ayer la extrema derecha del continente, ha sido célebre por su persecución de los medios independientes, de los partidos de la oposición, de la comunidad LGTBIQ+ y por intentar boicotear la Unión Europea desde dentro. Notorio trumpista y aliado inquebrantable de Putin, el presidente saliente convirtió en eje central de su campaña la oposición frontal a cualquier ayuda financiera adicional a Ucrania por parte de la Unión Europea mientras no se restableciera el flujo de petróleo ruso, su principal suministro energético. De hecho, acusó a su rival de querer gobernar para Ucrania y no para Hungría.

Magyar, por su parte, ha basado su carrera hacia la presidencia en la denuncia del «Estado mafioso» y corrupto que encarna Orbán. En contraposición, anunció que si ganaba, restauraría el «Estado de derecho» en el país, seriamente comprometido tras 16 años de gobierno iliberal. Además, se presentó como un líder proeuropeo y otanista.

Cuando se dieron a conocer los primeros resultados y la victoria de Magyar se antojaba incontestable, Orbán lo llamó para felicitarlo, aunque dejó un recado contradictorio al más puro estilo trumpista. «El resultado es doloroso, pero claro», dijo. Y al mismo tiempo aseguró: «Nunca nos rendiremos».

Antes de que finalizara el recuento, las calles de Budapest ya estaban llenas de gente celebrando la salida de Orbán. Habrá que ver cómo evoluciona el nuevo gobierno de Péter Magyar, ya que el pueblo húngaro tiene una larga experiencia en cuanto a ilusiones traicionadas. También en 2010, en un país sumido en una grave crisis económica y gobernado por un Partido Socialista corrupto, optó por Orbán para salir del atolladero, ya que entonces mostraba un perfil moderado (sobre todo en comparación con el Jobbik, un partido xenófobo, antigitano y antisemita). La moderación de Orbán duró muy poco, imponiendo una línea autoritaria que restringió libertades fundamentales y derechos civiles. Duró 16 años. Hasta ayer.

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Las burocracias estatales, una invención moderna si las hay, representan, sin embargo, una combinación de dos arquetipos más bien míticos: el laberinto y el infierno. Ay de quien se atreva a entrar en ellas sin la ayuda de una Ariadna o un Virgilio, una guía que enseñe cómo llegar al minotauro -y cómo, después, salir con vida-.

El hecho de que, de todas las burocracias europeas, la española sea una de las menos transitables supone un grave problema. Porque muchas de las garantías del sistema democrático solo se pueden realizar a través de instancias burocráticas. Sin ir más lejos, varias de las promesas centrales de las dos leyes de memoria histórica (2007 y 2022) dependen del acceso ciudadano a los archivos del Estado. Hasta hace un par de años, sin embargo, era prácticamente imposible conseguir información fiable sobre -por poner un ejemplo- una pariente victimizada por el régimen franquista. No solo había un sinfín de repositorios, cada cual con sus propios buscadores (de los que, claro, no todos funcionaban), sino que había bastantes archivos sin apenas vías de acceso.

Esto lo observó de primera mano Hernán Fernández-Barriales López, un ingeniero químico español que entonces vivía en Estados Unidos, cuando en 2021 quiso buscar información sobre dos bisabuelos represaliados por el franquismo. Pero en lugar de dejarse vencer por la frustración, decidió buscar una solución al problema. Poco después, nació Buscar.Combatientes.es, una web de fácil manejo creada en colaboración con Combatientes.es que permite buscar de una vez una gran cantidad de archivos, repositorios y bases de datos.

La noticia sobre la nueva herramienta no tardó en difundirse entre las filas memorialistas. Cinco años después, la web recibe más de 3.000 visitantes únicos al día. No solo son ciudadanos quienes recurren a ella, sino también investigadores. Incluso la han empezado a usar las y los funcionarios. “La última vez que estuve en el Centro de Memoria Democrática de Salamanca, escuché a un archivero recomendarle mi web a un usuario”, recuerda Fernández, riéndose. “No soy muy de ponerme el foco, pero igual me acerqué después para presentarme”.

Además de proporcionar una herramienta tan sencilla como útil, la mera existencia de su web también revela las deficiencias del Estado español.

En efecto. Quizá la carencia mayor sea la que suele mencionar Emilio Silva: que no exista una oficina estatal de ayuda a las víctimas o a los familiares de víctimas, que pueda dirigir a la gente. Hasta la fecha, todo ha dependido de voluntarios, entre los que también me cuento, claro. No hay una iniciativa gubernamental que dirija a las personas y les enseñe cómo empezar a investigar.

Las burocracias las solemos asociar con el control y la uniformidad. En el tema de los archivos de la guerra y del franquismo, en cambio, parecen dominar la dispersión y el caos. No hay nadie que tenga una visión de conjunto.

Esa es exactamente mi experiencia. Para empezar, hay una desconexión enorme entre el gobierno estatal y los autonómicos, entre los que, a su vez, también hay mucha diferencia. En Cataluña y Euskadi se ha hecho un mejor trabajo al poner los archivos a disposición del público, pero en muchos otros es claro que no lo han considerado como parte de su trabajo. Finalmente, hay una gran desconexión entre diferentes partes del gobierno estatal. Hasta la fecha, lo que ha habido son como pegotes: iniciativas puntuales que responden a momentos o intereses particulares, pero que no se integran y que no duran. No hay un plan general.

¿A qué se debe?

Siempre tengo la duda de si se trata de falta de interés o si es algo más dirigido, alguien que ha pensado: “Vamos a poner las cosas difíciles al público, porque cuanto menos salga a la luz, menos problemas hay”. Por otra parte, está el problema del acceso. Una cosa es saber que existe la información -que ya cuesta-, pero otra muy distinta, muchas veces aún más complicada, es acceder a ella. Como han denunciado bastantes investigadores, hay un abuso del tema de protección de datos. Es la excusa que dan, por ejemplo, para no darte acceso a datos de gente que murió en un hospital ¡en el 36! “Es que igual hay datos que puedan afectar a la intimidad”, alegan. ¡Cuando hay documentos similares de cincuenta años después que se publican sin ningún problema!

¿Cuál ha sido su experiencia en el contacto directo con las y los archiveros y otros funcionarios?

Muy buena, siempre. Las trabas me parece que las ponen los que están en otro nivel, los responsables de las políticas. Aun después de la ley de 2022, que ha mejorado algunas cosas, hay limitaciones que no parecen tener sentido alguno. Ahora, por ejemplo, está permitido sacar fotos con el móvil, pero no puedes usar ni un pequeño trípode. Y en muchos archivos te piden, además, que llenes un documento que liste todas las fotos que sacas -de qué documento, qué página, el número total-, al mismo tiempo que te imponen un límite de 60 fotos por día. Eso, ¿qué sentido tiene?

Normas así siguen partiendo del principio de que el acceso al archivo es un privilegio excepcional que, por tanto, hay que limitar. O tratar con sospecha. Hacen como si sacar una foto de un documento significara que ese documento deje de existir. Una especie de pensamiento mágico.

Así parece. Por lo demás, las y los archiveros con quienes he tratado hacen lo que pueden para facilitar el acceso. Lo que ocurre es que son muy pocos y no dan abasto.

En la medida en que Buscar Combatientes enseña el camino a la ciudadanía hacia archivos concretos, imagino que han incrementado las peticiones de documentación.

También me consta. Sin ir más lejos, desde que puse el buscador en marcha, los tiempos de respuesta de los archivos han subido una barbaridad. Antes tardaban dos o tres semanas en mandarte los documentos. Ahora están tardando seis o siete meses tanto en Salamanca como en el Archivo General Histórico de Defensa. Tiene sentido: antes, nadie sabía que existía esa documentación. Hoy, buscas en Google y te aparece la referencia en Buscar Combatientes. Pero ahora que ha incrementado el interés, tal vez tenga sentido poner a veinte trabajadores en vez de a dos para tramitar las solicitudes de documentación. Desde luego que falta voluntad.

¿En algún momento ha habido representantes del Gobierno español -desde la Secretaría de Memoria Histórica, por ejemplo— que se le hayan acercado para agradecerle el trabajo o proponer una colaboración?

Nunca. Donde sí ha habido mucho interés y buena voluntad, en cambio, ha sido desde las asociaciones memorialistas y las universidades. Pero nada de parte del gobierno. La verdad es que esperaba, según se fue haciendo más útil el buscador y más gente lo utilizaba, que alguien de algún ministerio se pusiera en contacto. Aunque fuera para decirme: “Oye, esto, ¿cómo lo has montado? ¿Cómo funciona?” Quiero dejar claro que nunca he tenido ningún interés monetario. Yo lo único que pongo son 60 euros al año para mantener el servidor -que, por cierto, está en Estados Unidos, aunque yo estos días vivo y trabajo en Países Bajos- y muchas horas de trabajo voluntario.

Tengo a un grupo de veinte o treinta personas que me ayudan, también de forma voluntaria, en tareas de transcripción e indexación de documentos. Pero yo soy muy tiquismiquis e insisto en revisarlo todo personalmente. Aun así, me parece que hemos demostrado que, para crear una herramienta útil que sirva a miles de personas -a millones, si me apuras-, no hace falta gastarse mucho dinero. Por otra parte, si tuviéramos algunos recursos adicionales -que de todos modos para el Estado serían nimios- desde luego que podríamos hacer mucho más y mil veces mejor.

Aunque imagino que trabajar al margen de la burocracia y sus protocolos permite cierta agilidad, también hace más vulnerable al proyecto en términos de sostenibilidad, ¿no?

Claro. De hecho, yo no soy informático, sino ingeniero químico. Lo que me ha permitido montar el buscador es un cursillo de 40 horas en línea. El servidor lo he montado para que pueda aguantar bastante, aunque yo no le ponga tantas horas como al principio. Pero sí he pensado, ¿qué pasaría si mañana me cayera un árbol encima? Por otra parte, el tema de la sostenibilidad tiene su cara y cruz. El hecho de que esto sea una iniciativa privada también le da cierto blindaje ante los cambios de gobierno en España. Si esto fuera una iniciativa estatal, si llegara otro partido al gobierno, sería muy fácil decir: “Esto se corta”. Como proyecto privado, esto seguirá en marcha gobierne quien gobierne.

La entrada Hernán Fernández, creador de Buscar Combatientes: “Aún hay muchas trabas para acceder a los archivos de la represión franquista” se publicó primero en lamarea.com.

120.124 víctimas, 1.102 microbiografías, 1.984 documentos, 18.000 visitantes y 3.279 seguidores en redes sociales. Es el balance de la página web Todos los Nombres, un proyecto que nació hace 20 años como la mayor base de datos de víctimas del franquismo en Andalucía, Extremadura y el Norte de África y que, en realidad, venía a suplir las carencias del Estado o la ausencia de políticas públicas en relación con la memoria histórica.

A través de su buscador, numerosas personas han podido localizar o saber qué fue de sus familiares. Y también la sociedad ha podido conocer, a través de las microbiografías, quiénes fueron represaliados. En resumen, Todos los nombres –cuya denominación procede del libro de José Saramago– es un «proyecto participativo para el conocimiento (verdad) y re-conocimiento (reparación)» que continúa contando la historia por encima del negacionismo creciente en los últimos tiempos. En este contexto, sus impulsores han lanzado ahora una campaña en Goteo.org para seguir realizando y mejorando una labor referente en el movimiento memorialista.

«Su principal función es recopilar y ofrecer información sobre personas que fueron represaliadas tras el golpe de Estado del 36, la guerra, la dictadura franquista y la transición. Por supuesto, no es su única función, ya que con el paso de los años hemos ido ampliando su contenido mediante un proceso participativo y muy generoso. Pero todo es mejorable y nos hemos planteado un conjunto de acciones para ofrecer servicios de mayor calidad y accesibilidad, así como ampliar los contenidos temáticos», explican. 

Su objetivo inicial en esta campaña de micromecenazgo es alcanzar 12.900 euros. Entre las actuaciones que podrán desarrollar con ese dinero, destacan la inclusión de unos 2.500 registros nuevos de víctimas, casi 2.000 parciales (con ampliación de la información existente), en torno a 200 microbiografías y unos 350 documentos nuevos para mejorar el conocimiento y su difusión.

Uno de los aspectos más innovadores, indican desde el proyecto, es dotar de información geográfica todo el contenido de la página web y ampliar los recursos de difusión: programas de radio, mejorar las exposiciones y nuevas redes sociales, entre otros. Y muy importante: insistir en la represión específica hacia las mujeres.

Entre los últimos nombres registrados en la base de datos figura Dolores Bascón Baños o José Montero Pina. Según las fichas, la primera tenía 16 años y fue asesinada durante una manifestación por tiros de agentes de la Guardia Civil en Morón de la Frontera (Sevilla) en diciembre de 1975, con información procedente de El Correo de Andalucía. José Montero, de Segura de León (Badajoz), tenía 19 años, era jornalero y fue asesinado «antes de llegar a Llerena durante el acoso golpista a la columna de los 8.000». La información, explica la web, procede de un correo electrónico que recibieron este mismo marzo.

Pero detrás de los nombres, como explican, hay «rostros –una fotografía adquiere un valor tremendo–, sentimientos, pensamientos, aspiraciones… que constituyen su personalidad». Por eso –argumentan– conceden un gran valor al apartado de las microbiografías. Decir «quién hay detrás de un nombre: toda una vida». Manuel Domínguez Morales, por ejemplo, es la última microbiografía subida a la web. «Por fin he vuelto», la titula su autor, Juan Carlos Boza.

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Los datos llevan años dibujando el mismo mapa: los cargos de dirección tienen nombres y apellidos masculinos. El gráfico que viene elaborando La Marea desde el año 2015 apenas ha sufrido modificaciones en 2026. De los 25 medios escritos analizados, solo cuatro tienen directoras, un 16% del total. La cifra supone un mínimo aumento con respecto al año pasado, cuando solo había tres, pero un análisis más profundo permite observar que la tendencia sigue siendo negativa.

El ejemplo más claro se da en El País. En marzo de 2025 era el único diario generalista impreso, de los 15 más leídos según el EGM, con una mujer en la dirección: Pepa Bueno. Meses más tarde, su destitución rompía de nuevo la secuencia de mujeres directoras al frente de uno de los periódicos más influyentes en España, que comenzó como un hito, en junio de 2018, con el nombramiento de Soledad Gallego-Díaz, la primera directora en la historia de ese medio. Otro ejemplo: El Mundo, el segundo más leído, no ha tenido ni una sola directora en sus casi 37 años de historia. 

Ahora, en el gráfico de 2026, no hay ni una sola mujer ocupando este cargo entre los 15 diarios generalistas impresos más leídos.

En las diez cabeceras digitales analizadas, el panorama sí ha mejorado levemente: de las dos únicas directoras de 2025 –Magda Bandera en La Marea y Virginia P. Alonso en Público–, hemos pasado a cuatro: Vanesa Jiménez en Ctxt, Laura Riestra en Huffington Post, y siguen Magda Bandera y Virginia P. Alonso, pero esta última pasó de Público –que no optó por otra mujer directora– a Infolibre. Las estructuras más paritarias se dan en La Última Hora, Ctxt, elDiario.es, InfoLibre y el HuffPost. Solo La Marea tiene el 100% de sus puestos directivos ocupados por mujeres.

Sin embargo, todavía hoy, hay periódicos en los que no hay mujeres en ninguno de los niveles de responsabilidad como dirección, subdirección o jefaturas de redacción: Diario de Navarra, El Diario Montañés y El Independiente. Otros como La Razón, La Voz de Galicia, El Diario Vasco, La Nueva España, El Confidencial y Voz Pópuli cuentan con una sola mujer en sus organigramas directivos.

Más mujeres en la base y en las listas del paro

Pepa Bueno lo resumió así en un encuentro de Igualdad en el Periodismo en 2019: “En los años 80, cuando ingresé a los medios, lo primero que me sorprendió es que las redacciones estaban llenas de mujeres y los despachos de hombres. Han pasado muchos años y las redacciones siguen estando llenas de mujeres y los despachos llenos de hombres”. En 2026 podemos decir que el panorama se mantiene. 

Seguimos encontrando un gran número de mujeres en otros lugares que forman parte del ecosistema periodístico: en las redacciones, en las facultades de Periodismo y en las listas de desempleo. Entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025 (último dato disponible) había 6.044 periodistas sin empleo, el 63% mujeres y el 37% hombres, según datos de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), que cada año realiza el Informe Anual de la Profesión Periodística. Más allá del dato concreto, la cifra muestra una estructura que se reproduce año tras año ya que el porcentaje es prácticamente idéntico al de ejercicios anteriores. 

Mayte Antona, presidenta de la Comisión de Igualdad de la APM, firmaba en 2022 un artículo titulado El techo de hormigón de las mujeres periodistas y describía así la situación: «Las mujeres saben que el techo no es de cristal, sino de hormigón, y que revertir la situación que impide a las mujeres igualmente preparadas que los hombres llegar a puestos de responsabilidad y liderazgo requiere un cambio de mentalidad. Para ello, como prescriben las feministas, es necesario acabar con el dominio de la cultura patriarcal, que sigue asignando roles de cuidadora y tareas en el ámbito doméstico a las mujeres, y que echa solamente sobre sus espaldas la conciliación de la vida laboral con la familiar”.

Mayte Antona lo llamó “desperdicio de talento femenino”. Año tras año, informe tras informe e infinidad de declaraciones en encuentros y foros de la profesión, la desigualdad en los puestos de responsabilidad de los medios de comunicación parece ya un problema sin voluntad para resolver. ¿Quién tiene el poder de cambiarlo? ¿Quién se beneficia de que no cambie? ¿Por qué nadie lo exige? Este informe volverá el año que viene. 

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«Es imposible separar el presente democrático del pasado autoritario». Esta es la premisa del análisis que Andrés Villena Oliver, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense y doctor en Sociología, hace en su libro Las élites que dominan España: una historia alternativa desde 1939. Al frente del poder económico y, en paralelo, en la administración pública se repiten algunos apellidos desde los albores del franquismo hasta hoy. Era algo más o menos intuido, más o menos conocido, pero verlos desfilar, negro sobre blanco, a lo largo de las páginas de Villena aún provoca urticaria en determinados sectores de la sociedad española.

En principio, este libro iba a ser publicado por Ariel, un sello del Grupo Planeta. Incluso ya tenía portada, pero en el último momento, poco antes de que la imprenta se pusiera a girar, alguien decidió eliminarlo del calendario de publicaciones y del catálogo de Planeta. La razón oficial: no encajaba con la línea actual de la editorial. Por suerte, Libros del K.O. salió al rescate y evitó que la investigación de Villena se quedara en un cajón.

Veamos con un ejemplo práctico, tomando casi al azar un solo nombre de los muchos que aparecen en su estudio, qué es lo que ha podido molestar. «Antonio Garrigues Díaz-Cañabate se casó con la hija del presidente de la ITT, que es la empresa que está en el capital original de Telefónica», explica el autor en la presentación del libro en Madrid, en la librería Grant. Ese primer Garrigues fue embajador en Estados Unidos, procurador en Cortes, ministro de Justicia, presidente de la Citroën en España, de la Cadena SER y de otras muchas empresas, además de fundar uno de los despachos de abogados más importantes del país. Su hijo Joaquín Garrigues Walker, también abogado, fue ministro con la UCD y presidente de la Liga Financiera (una empresa constructora de autopistas). Otro hijo, Antonio, además de estar al frente de decenas de fundaciones, creó el Partido Demócrata Liberal, que estuvo en la génesis, junto a Florentino Pérez, de la Operación Roca, una apuesta centrista con Miquel Roca (CiU) a la cabeza que acabó en fracaso. El bufete familiar, a lo largo de los años, ha estado en permanente contacto con el poder político, también en la actualidad, con el gobierno de Pedro Sánchez. Pero, en realidad, no se trata sólo de familias, es algo más complicado.

«Aunque la gente muera, el apellido persiste –señala Villena– porque el apellido no deja de ser una institución. Que Ana Botín sea la nieta del fundador del Santander y que cuatro Botín se hayan sucedido al frente del banco no es solo endogamia familiar, es que las instituciones pesan más que las personas». Y las instituciones caen o se reforman o se crean otras nuevas, pero el modelo permanece.

En su libro, el economista se centra en esas sagas y en determinadas esferas de poder en las que el mundo empresarial se mezcla con el alto funcionariado del Estado hasta el punto de que, tras décadas y décadas de cohabitación, llegan a confundirse. No se trata sólo de las conocidas «puertas giratorias» –que también–, sino de un fenómeno más sutil y constante.

«Cuando los políticos llegan al gobierno, en especial los más reformistas, intentan cambiar esas dinámicas, intentan crear cuerpos administrativos nuevos, pero no consiguen modificar el statu quo impuesto por las viejas élites. El político que más cuerpos nuevos creó, entre ellos el de economistas del Estado, fue Laureano López Rodó, pero no pudo cambiar los modos de aquellas tribus de altos funcionarios, que tienen un punto de vista que tiende a ser conservador, no en el sentido ideológico sino práctico», ilustra Villena. Esto, a su juicio, no es un inconveniente excesivamente grave. ¿Por qué? Porque, en momentos de zozobra política, este funcionariado es garante de estabilidad y permite que el Estado eluda el caos y siga funcionando.

Estos altos funcionarios se agrupan en clanes, en gremios, en partidos aparentemente enfrentados, sea PP o PSOE, pero se sientan a la misma mesa desde hace 80 años. «Cuando el PP está en el poder, en la órbita del gobierno abundan los abogados del Estado. Cuando lo hace el PSOE, hay más diplomáticos, jueces y fiscales», explica el autor, que ve lógico que los políticos se rodeen de este tipo de perfiles. Después de todo, son los que más saben. Villena cuenta una anécdota para esclarecer este punto: «Había un diputado de Podemos, en sus años buenos, 2015 y 2016, que se lamentaba a micro cerrado: “No podemos con ellos, no podemos con ellos… Tendríamos que estudiar 12 horas al día para enfrentarnos a ellos. Cuando hacemos una propuesta, siempre sale un tío, probablemente asesorado por abogados del Estado, que nos dice que eso no se puede hacer porque contradice una ley o un precepto o se sale del presupuesto”. Esto, en el fondo, es bueno. Hay reglas, hay leyes, hay una Constitución, y esa es la mejor vacuna contra la tiranía».

Pero en esta eficiencia tecnocrática hay un peligro para las democracias (o para los «sistemas parlamentarios burgueses», como Villena prefiere llamarlas): «Hay determinadas personas jóvenes, no socializadas en el periodo de la Transición, que pueden acabar diciendo: yo la legitimidad se la otorgo a un gobierno de expertos y científicos que, ante las múltiples amenazas climáticas, tecnológicas y militares, sea capaz de tomar las decisiones adecuadas. Este es el mismo discurso del jefe de BlackRock, el fondo de inversión que posee el 5% de todas las empresas del mundo que cotizan en bolsa, y que dijo que lo que necesitamos es un líder… no dijo con dos cojones, pero ese era el sentido».

Esta inclinación es, por cierto, muy española. No en vano aquí acuñamos el concepto de «cirujano de hierro», un gran cerebro reformista capaz de cambiar el rumbo del país en momentos difíciles. Ocurrió en 1959 (cuando el Opus Dei le gana el pulso a Falange y España se abre a la inversión extranjera), en 1977 (con los Pactos de la Moncloa), en 1982 (con la victoria del PSOE), en 1996 (con la del PP), en 2010 (con la crisis económica)… En todas estas ocasiones, las élites (empresariales, políticas, administrativas) fueron capaces de sacar adelante sus planes doblegando cualquier oposición, frecuentemente materializada en forma de lucha sindical. Adoptó los nombres de «Plan de Estabilización» o de «reconversión industrial» o de «políticas de austeridad», pero los protagonistas y las maneras siempre fueron las mismas. Villena se propuso estudiar «cómo se organizan estas minorías para acceder al poder y permanecer en él».

El estudio de las élites es un tema que «no interesa a las revistas académicas, porque les parece que es un método de extracción de datos muy subjetivo, porque es muy difícil acceder a las fuentes primarias», explica el autor. «Este tipo de estudios concita rechazo, porque parece que quien se ocupa de ellos está intentando destapar algo, pero se trata simplemente de objetivar un conjunto de posiciones que son ventajosas, y que como son ventajosas tienden a mantenerse en el tiempo», dice Villena para defender el carácter factual, incluso aséptico, de su libro. «Parece que estoy haciendo propaganda contra mí mismo, pero yo en mi estudio no hago ningún descubrimiento. Lo que hago es una recopilación de hechos ya publicados, fragmentarios y muchas veces ignorados que, unidos y con contexto, cobran sentido como una nueva teoría para analizar lo que ha pasado desde 1939 hasta ahora».

«Cuando tú ves que uno de los mandatarios de Planeta es el número 2 de la Fundación Quirón Salud, te das cuenta de que ahí hay una articulación de las élites que va más allá del resultado económico», dice Villena para denunciar una «censura latente» que está presente en todos los grandes grupos de comunicación. «Si yo hablo mal de Quirón en un libro que va a ser publicado por una editorial que tiene fuertes relaciones con el grupo Quirón, pues ese libro no sale».

Aquel rechazo le provocó una «gran ansiedad», pero también «un cierto orgullo», confiesa. «Si no te despiden de un medio de comunicación o no te censuran, yo creo que hay algo que no estás haciendo bien. Eso es que te estás convirtiendo en sumiso».

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