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Otra crisis migratoria en Ceuta o cómo la industria del control migratorio sigue mandando

Por: La Marea

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha calificado como “violación de la integridad nacional” la entrada en Ceuta de unas 50.000 personas de manera irregular desde Marruecos. En una comparecencia institucional en la ciudad autónoma, el jefe del Ejecutivo ha atribuido los hechos a las mafias que trafican con seres humanos, que, según Sánchez, han aprovechado un «vacío legal» para promover las entradas a nado en Ceuta. Se refería a la reciente sentencia del Tribunal Supremo contraria a las ‘devoluciones en caliente’ en las llegadas a nado mientras no hubiera frontera física que lo impidiera. «Pondremos todos los recursos», ha dicho el dirigente, que destacó la «colaboración» de Rabat, anunció el despliegue de boyas como barrera física de contención.

Hasta el momento, la nueva crisis migratoria ha dejado más de 60 personas muertas, según los datos de la Guardia Civil. Y, en lo que va de año, se han recuperado más de 50 cadáveres de migrantes ahogados en aguas de Ceuta. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido la comparecencia urgente de Sánchez en el Congreso; y el líder de Vox, Santiago Abascal, ha culpado al Gobierno de la situación.

Desde la comunidad internacional, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha dicho que las imágenes son inaceptables: “No podemos permitir que nadie entre en nuestra Unión sin cumplir con nuestras normas”, ha advertido. “Es importante que España actúe con prontitud para recuperar el control de la situación y cumplir con sus compromisos en el marco de la cooperación de Schengen”, ha afirmado el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson.

Finlandia, por su parte, ha apoyado excluir a España del espacio Schengen, una medida que estudiaba Italia: “Los países que no cumplen con su obligación de proteger la frontera exterior no pueden ser miembros de Schengen”, ha escrito la ministra de Interior finlandesa, Mari Rantanen. Y el presidente del PPE y del grupo popular en el Parlamento Europeo, Manfred Weber, ha vinculado directamente la situación con la regulación masiva.

La industria del control migratorio

«La situación que se está viviendo en los últimos días en Ceuta nos retrotrae a imágenes recientes como las de mayo de 2021 en la propia ciudad autónoma o las de los veranos de 2018 y 2014 en las costas andaluzas. Todas estas situaciones tienen como punto en común la instrumentalización por parte de Marruecos de la situación de las personas que desean migrar hacia Europa ante la desigualdad y la falta de oportunidades en sus países de origen», ha denunciado en un comunicado la Asociación Pro Derechos Humanos (APHD-A), que exige un giro radical en las políticas migratorias de España y la Unión Europea.

«Una vez más se ha demostrado que las políticas de externalización son únicamente un parche y que confieren a los Estados limítrofes, como Marruecos, una tremenda capacidad de presión mediática y política. Las vías legales y seguras son la única solución a estas situaciones en la que otros Estados o grupos organizados se aprovechan de la angustia de las personas migrantes», ha añadido. La organización también ha pedido la atención sobre la ausencia de mecanismos de acogida adecuados en Ceuta, a pesar de que esta situación se repite cíclicamente: «El Gobierno estatal debe poner a disposición de la ciudad los instrumentos necesarios para proteger a estas personas. Enviar al Ejército y no a personal de atención humanitaria es una muestra de la dinámica bélica con la que se afronta esta cuestión«.

Como recoge una investigación de la Fundación porCausa, existe una industria del control migratorio, financiada con dinero público, que mueve miles de millones de euros al año en manos de empresas privadas. Muchas de ellas han estado entre las voces que claman y actúan en contra de la regularización extraordinaria de migrantes. ¿Quiénes son? Como explicaba en un artículo el coordinador del equipo de periodismo de investigación de la citada fundación, .José Bautista, Vox, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la ultraconservadora Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica han presentado recursos ante el Tribunal Supremo para tumbar la regularización. La organización ultra Hazte Oír hizo lo propio el pasado 15 de abril, y el Alto Tribunal admitió su recurso a trámite en apenas 24 horas.

«Hazte Oír es una organización católica ultraconservadora especializada en campañas de acoso y derribo contra las leyes LGTBI, el derecho al aborto o las personas migrantes. Esta asociación española, relacionada con la secta secreta El Yunque, cuenta con amplia presencia global gracias a su brazo internacional, CitizenGO, y está supuestamente vinculada al Kremlin a través de oligarcas del círculo íntimo de Putin. Ha sido acusada de promover campañas que usan el miedo al extranjero como herramienta de agitación y desestabilización en diversos países democráticos, entre ellos España. Estas campañas y acciones están acreditadas en diversas investigaciones e informes del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y filtraciones de Wikileaks. Hazte Oír tiene, además, una relación estrecha con grandes actores de la Industria del Control Migratorio», escribe el periodista.

En la “derecha moderada” española que encarna el Partido Popular también hay una larga lista de figuras especialmente agresivas contra el proceso de regularización y vinculadas a empresas que hacen negocio con las políticas de control migratorio.

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El ‘lobby’ de los centros de datos: franquicias de un mismo modelo

Por: Marco Dalla Stella

Primero fue Ámsterdam, seguida por Fráncfort. Madrid y Milán llegaron más recientemente. En menos de una década, los operadores de centros de datos han fundado asociaciones nacionales en casi todos los grandes mercados europeos. El patrón se repite hasta en los estatutos. La asociación holandesa se presenta como la unión de los data centers líderes del país, con la misión de fortalecer el crecimiento económico y perfilar el sector ante el gobierno, los medios y la sociedad; la española, nacida seis años después, utiliza la misma fórmula, casi palabra por palabra. 

Parecen franquicias de un mismo modelo, fundadas además por las mismas empresas: entre los ocho socios iniciales de la asociación española SpainDC, en octubre de 2021, figuran Equinix, Interxion y Data4. Equinix y Data4 reaparecen un año después, junto a Microsoft y Digital Realty, en el acta fundacional de la asociación italiana.

Por encima de esta red nacional está el paraguas de Bruselas. La European Data Centre Association (EUDCA), creada en 2011, agrupa a operadores, proveedores y a las propias asociaciones nacionales. En enero de 2021, la EUDCA y la patronal europea del cloud (CISPE) impulsaron el Climate Neutral Data Centre Pact, una «iniciativa de autorregulación» apadrinada por la Comisión Europea que compromete al sector a la neutralidad climática en 2030. Pero faltan organismos de control independientes: estos compromisos están basados en sus propias métricas y en autoauditorías, según reconoce el propio pacto.

Expansión al sur

La expansión al sur de Europa podría explicarse con la saturación de las redes eléctricas. Por ejemplo, Dublín concentra ya el segundo mayor parque de centros de datos del continente (1.150 MW en operación, según KPMG, casi a la par de Londres) y estas instalaciones consumen el 22% de la electricidad de Irlanda, más que todos los hogares urbanos del país juntos. El propio informe anual de SpainDC presenta a España como alternativa a unos hubs «limitados por la disponibilidad de energía».

Para facilitar la expansión de las infraestructuras que alimentan el mundo digital y la inteligencia artificial, se invierten grandes cantidades de recursos. Según el análisis del registro de transparencia realizado por Corporate Europe Observatory y LobbyControl, la industria digital gasta 151 millones de euros anuales en hacer lobby ante las instituciones de la UE, un 55% más que en 2021, y sus 890 lobistas a tiempo completo en Bruselas superan ya el número de eurodiputados.

En España, la actividad de cabildeo está principalmente llevada a cabo por la asociación SpainDC, cuya misión incluye «hacer pedagogía sobre la esencialidad de los centros de datos» y contribuir a que el país «disponga de la infraestructura digital que necesita para sostener servicios públicos, actividad económica y competitividad». Según la asociación, la necesidad de construir centros de datos es comparable a otras infraestructuras claves para el desarrollo del país.

«¿Un aeropuerto beneficia a una aerolínea u otra? No», comentó por correo un representante de la asociación. «Los centros de datos son una base operativa para la administración digital, la actividad empresarial, la innovación, la inteligencia artificial y los servicios cotidianos de millones de personas», añadió.

La actividad de la asociación es frenética: en su página web se cuentan más de 150 eventos en tres años, de Madrid a Singapur pasando por Hawái y Mumbai. Durante sus dos primeros meses de vida ya se había reunido con el Ministerio de Economía y el Ayuntamiento de Madrid, y el pasado enero su directora ejecutiva (y exvicealcaldesa de la capital), Begoña Villacís, intervino en el Parlamento Europeo en una mesa redonda sobre el futuro de los centros de datos organizada por el grupo socialista.

Opiniones sin conocimiento

Tras el discurso de la oportunidad histórica –«Es un tren que llega, pero no se puede dejar pasar», dijo Villacís en un evento público en marzo de 2025– asoma el rechazo a medidas de control que el sector percibe como injustificadas. El lobby ha cargado contra el Real Decreto-ley 7/2026, que obliga a los centros de datos a generar energía renovable adicional equivalente a su consumo, permite suspender el acceso a la red a quienes incumplan criterios de eficiencia y uso del agua, y crea un comité para decidir qué proyectos tienen prioridad de conexión. Según SpainDC, ese comité «introduce un nivel de discrecionalidad que resulta difícilmente compatible con la confianza inversora».

La asociación estima que el sector podría movilizar 66.900 millones de euros hasta 2030 y superar los 16.000 empleos al final de la década, cifras que estarían en peligro si el sector público impusiera mecanismos de control definidos como desproporcionados. «SpainDC apoya el reporte de indicadores energéticos y ambientales, pero también ha advertido de que la regulación debe ser proporcionada, jurídicamente clara y homogénea con Europa», escribió en un correo un representante de la asociación.

SpainDC argumenta que la opinión pública está a su favor. En octubre de 2025 presentó su primer Barómetro de Percepción Social, elaborado con Sigma Dos a partir de 2.100 encuestas. «La sociedad valora el sector con una nota de 8,7 sobre 10, una calificación que obtienen otros servicios esenciales como la sanidad o las Fuerzas Armadas», defendió el representante de la asociación. Pero el barómetro revela lo que la propia asociación llama una «paradoja»: aunque el 85% de los encuestados ha oído hablar de los centros de datos, solo un 11,4% afirma conocerlos «bastante», un 40,4% admite conocerlos apenas «algo» y menos de la mitad ni siquiera sabe con qué energía funcionan. La alta valoración ciudadana convive con el desconocimiento generalizado de aquello que supuestamente se valora. 

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La Agencia Española de Protección de Datos sanciona a la ‘Directa’ por su investigación sobre policías infiltrados

Por: La Marea

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha iniciado un procedimiento sancionador contra la investigación periodística de la Directa que desvelaba la infiltración de policías sin orden judicial entre los años 2020 y 2023 en movimientos sociales e independentistas de Catalunya y el País Valencià. 

Este organismo estatal propone una sanción de 7.000 euros. Asimismo, insta a la Directa a borrar las imágenes y los datos de los cuatro agentes infiltrados que han interpuesto la denuncia ante la AEPD. Solicita incluso la retirada de los nombres ficticios que usaban y que aparecen en la investigación periodística.

La Directa ha defendido hoy en una rueda de prensa convocada junto a Irídia-Centre per la Defensa dels Drets Humans que las investigaciones mediante las cuales ha destapado la infiltración de agentes de la Policía Nacional en el entorno de los movimientos sociales son un ejercicio legítimo del derecho a comunicar y recibir información veraz. 

Los casos destapados han tenido gran trascendencia política, social y jurídica. Sin embargo, no se ha abierto ninguna investigación para conocer los detalles sobre la infiltración, lo cual es “revelador”, afirmó el periodista Jesús Rodríguez, quien comparó el caso desvelado por su medio con otro similar sucedido en el Reino Unido: “En las páginas de The Guardian o la BBC continúan apareciendo las identidades reales de los policías descubiertos, hubo una condena penal y el Gobierno pidió disculpas”.

En las últimas horas, varias entidades y medios de comunicación como La Marea, El Salto y Crític han firmado un manifiesto de apoyo a la Directa.

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El triunfo de la desfachatez: lecciones geopolíticas del Mundial

Por: Alberto Senante

No hizo falta ni que comenzara, el Mundial de fútbol masculino nos mandó un primer recordatorio incluso antes de que se celebrase el primer partido: las fronteras son crueles, arbitrarias y no suelen atender a razones. Da igual que el árbitro somalí Omar Abdulkadir tuviera el pasaporte en la mano y el encargo de pitar en la Copa del Mundo. Tras 11 horas de interrogatorio, parece que pesó más lo de somalí –sospechoso por decreto de Trump– que lo de árbitro, y fue devuelto a su país.

La segunda lección vino poco después de la mano del presidente de la FIFA, y es la respuesta que da casi siempre el poder ante cualquier problema. La dio Infantino sobre la expulsión de Omar, pero vale también para el cambio climático, una hambruna, un genocidio a miles de kilómetros, o un desahucio en tu barrio: “Es una lástima, pero no controlamos todo, así que es mejor que se relajen”. Relax and chill, dijo el colega, si es que es para hacerse camisetas con la frase.

Pero para enseñarnos de verdad cómo funciona el mundo, tuvimos que esperar hasta la fase de eliminatorias. Las reglas están, pero se retuercen hasta el infinito, como toallas a las que se quiere sacar la última gota de agua. Los dobles raseros son sangrantes (muchas veces, en el peor sentido de la palabra). Los poderosos actúan sin miramientos, y ya ni el qué dirán parece salvarnos de los mayores despropósitos. Así que si el delantero estrella de Estados Unidos recibe una tarjeta roja y está sancionado por tanto para el partido siguiente, el presidente Trump hace una llamada a su amigo Infantino, y, oh qué coincidencia, justo después el serio e incorruptible comité arbitral de la FIFA hace desaparecer la sanción y el delantero Folarin Balogun juega sin problemas. Estas cosas se han hecho de toda la vida, pero de tapadillo. La diferencia es que Trump presume en sus redes de algo que, así a bote pronto, podría calificarse de tráfico de influencias.

Si cambiamos “delantero” por “presidente” o “jefe del ejército”, y “tarjeta roja” por acusación de la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad, quizás podamos ver con mayor claridad cómo funcionan los engranajes de eso que llaman pomposamente realpolitik. Luego Bélgica le metió cuatro goles a Estados Unidos y asunto arreglado. Como no hay rastro de la Justicia en mayúsculas, tendremos que conformarnos con la poética.

Pero no nos engañemos, esto no es nada nuevo. Como tampoco lo son las injusticias, o el mirar hacia otro lado si quien comete la barbarie es uno de los nuestros. Y si no, que se lo pregunten a los palestinos, bombardeados en Gaza y acosados cada día por colonos en Cisjordania. Antes con el –presuntamente– sensato Biden, ahora con el alocado Trump, y en cualquier momento con quienes están al mando de la Unión Europea. Es lo mismo, solo que ahora con más des-facha-tez (dentro sintonía del club de la comedia).

El Mundial, el deporte, el fútbol, hacen que aflore lo que somos, lo que pensamos de verdad. En ese sentido, solo cabe celebrar que Rajoy siga soltando sus marianadas y ayude a visibilizar el racismo campechano. Ese que rebosa estos días en los sofás, las barras de bar y los grupos de Whatsapp, que tampoco quiere meter a nadie en un campo de concentración y que por eso más que racismo se podría llamar casi sentido común… Sí, se basa en discriminar por la piel, por el origen, por la religión, pero de forma amable, en formato chascarrillo, casi de broma. Y además no entiende de fronteras. Le cuesta entender igual por qué un señor nacido en Francia de abuelo argelino o senegalés sigue siendo francés; y que un español no sea blanco, católico y se apellide Pérez o González. Lo de toda la vida. Démosles cariño estos días porque cada victoria de la selección hasta la final ha sido un desafío mental para ellos, y ya no saben si cuando sale Lamine por la tele llamarle moro (con el puto delante si falla el tiro o el regate) o ponerse a hacerle la ola.

También hay cosas que no cambian, haya o no fútbol. Israel sigue matando en Gaza a personas tan peligrosas como Mohamed al Wahidi, que montó una pantalla gigante para ver el Mundial entre los escombros. Y hay gente como el entrenador de Egipto o Javier Bardem que siguen aprovechando cada oportunidad que tienen para denunciarlo. Parece que argentinos e ingleses siguen odiándose bastante, pero al menos el honor patrio hoy lo decide un marcador de dos goles a uno, no de cientos de jóvenes que pierden la vida en una isla perdida. La FIFA sigue teniendo presidentes impresentables que tienen una increíble habilidad para elegir las sedes más turbias: Rusia, Qatar, Estados Unidos. El próximo en 2030, España junto a Marruecos y Portugal. Ahí veremos con claridad el nivel de desfachatez que alcanzamos en los próximos cuatro años.

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De regular el velo a la ‘prioridad nacional’: “Antes era ‘salvémonos del comunismo’ y ahora es ‘salvémonos del Islam’”

Por: Alan Cohen

Últimamente, España se ha visto envuelta en una larga lista de incidentes islamófobos, especialmente en política, a un ritmo nunca antes visto en la historia moderna del país. El pasado agosto, PP y Vox se unieron para prohibir las celebraciones musulmanas en instalaciones públicas del municipio de Jumilla (Murcia) con el fin de “defender las costumbres del pueblo español frente a las prácticas culturales foráneas”. Vox también trajo recientemente una iniciativa para prohibir el uso del burka y el niqab por miedo a que “el islamismo se abra paso por las calles de España” pese a que lo utiliza un porcentaje ínfimo de la población. Decenas de manifestaciones alrededor del país han reivindicado la lucha contra la “islamización” y a favor de una españa cristiana, y la derecha ha abrazado la “prioridad nacional” que busca Vox para priorizar a los españoles sobre los migrantes en el acceso a los servicios públicos, que ya se ha incorporado en los pactos de gobierno de varias comunidades autónomas. El último pacto de gobierno entre PP y Vox se ha producido hace apenas unos días en Andalucía.

Pero hay mucho más: las “cacerías” contra migrantes en Torre Pacheco (Murcia), las constantes alertas de una supuesta “invasión” musulmana, el intento de cerrar mezquitas en la lucha contra el “yihadismo radical”, o los numerosos bulos sobre el Islam que se viralizan en redes sociales y círculos de ultraderecha. 

Aunque este miedo a la comunidad musulmana no es nuevo –ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos tras los ataques del 11-S– sí continúa aumentando en nuestro país, especialmente en el discurso de partidos como Vox o incluso Junts y PP. Por ello, es muy probable que la islamofobia juegue un papel muy grande en el próximo ciclo electoral y en las campañas para formar el próximo gobierno estatal, según opinan cuatro expertos consultados por La Marea

¿Qué hay detrás del aumento de la islamofobia en la política española?

Para Daniel Gil-Benumeya, profesor en la Universidad Complutense que lleva más de una década estudiando las comunidades musulmanas en España y la percepción pública hacia ellas, la islamofobia se presenta especialmente en forma de estigmatización y control sobre el cuerpo de las mujeres, que Vox está intentando llevar a las administraciones. Atribuye el incremento de la islamofobia en el país a la adopción de discursos xenófobos propios de la ultraderecha europea y el crecimiento de la población musulmana, con miembros de esta comunidad siendo cada vez más visibles y conscientes de sus derechos. A su vez, señala que se está agotando el independentismo catalán y vasco como enemigo de algunos sectores políticos, lo que les ha llevado a buscar en el Islam un nuevo enemigo público, y también se está adoptando el consenso islamófobo en otras comunidades racializadas, como los migrantes latinoamericanos

Zakariae Cheddadi, doctor en Sociología por la UPV-EHU especializado en identidad, migración y comportamiento político, también ha estudiado de cerca los discursos sobre el Islam de la derecha española. Destaca que, aunque la comunidad musulmana en España tiene menos peso y representación política que en otros países más diversos, esta sí tiene la capacidad de estar muy presente en la imaginación colectiva y el discurso público, como ya se ha visto por ejemplo en los intentos de prohibir el velo islámico pese a ser una realidad casi inexistente en nuestro país

“El Islam se ha convertido en una categoría política sobre la que polarizar una determinada identidad –española, católica, civilizacional, con un legado sociohistórico que proviene de 1492 hasta ahora– en contraposición de la España roja, anticatólica, anticlerical y woke”, explica Cheddadi. “Antes era ‘salvémonos del comunismo’ y ahora es ‘salvémonos del Islam’”, añade.

El auge islamófobo, presente principalmente en la derecha y ultraderecha, también ha surgido como respuesta a los ocho años de gobierno progresista, según Cheddadi, intensificado tras su apoyo público a la causa palestina y la reciente regularización de migrantes –pese a que esta beneficia principalmente a latinoamericanos–. “Eso se asocia al Islam, la invasión de otras culturas y la teoría de la sustitución demográfica tan asentada en Francia y otros países”, explica. 

Por ello, es más fácil crear miedo a una supuesta invasión islámica y sustitución cultural como respuesta a los problemas de la población que razonar las medidas que proponen partidos como Vox que de otro modo serían muy impopulares, como reducir el poder de los convenios colectivos, eliminar las autonomías o recortar el estado del bienestar bajando impuestos “a lo Milei”, según el investigador. 

Los discursos de odio contra la población musulmana han venido para quedarse

Existe un creciente consenso académico sobre el reciente incremento de la islamofobia en la política española y sobre el creciente papel que jugará en los próximos años, especialmente de cara a las próximas elecciones generales. “Es muy probable que la islamofobia siga ocupando un lugar relevante en los próximos debates políticos y electorales, especialmente en escenarios de mayor influencia de la extrema derecha o de gobiernos en los que esta tenga capacidad de condicionar la agenda”, explica Laura Mijares, filóloga árabe e investigadora en la Universidad Complutense especializada en la sociología de las comunidades musulmanas en España. 

Para ella, la clave no está únicamente en la presencia de los discursos abiertamente islamófobos, sino su creciente normalización en el espacio público. “La islamofobia ya no aparece solo en los márgenes, sino que se articula como una herramienta política eficaz para movilizar miedo, construir enemigos internos y reforzar narrativas identitarias basadas en la supuesta incompatibilidad entre Islam y valores democráticos”, explica Mijares. “En este contexto, –prosigue- las personas musulmanas y especialmente las mujeres visiblemente musulmanas por el uso del hiyab, son objeto de instrumentalización política”.

Prueba de ello también es la visión histórica de los sectores más conservadores, que presentan la identidad española como esencialmente católica, homogénea y culturalmente cerrada, frente a una realidad diversa y multicultural. “En este marco, la apelación a la Reconquista, al imperio católico o a la expulsión de judíos y musulmanes no es anecdótica, sino que forma parte de una batalla cultural más amplia por definir quién pertenece legítimamente a la nación y quién queda situado en sus márgenes”, explica Mijares. Para ella, estas narrativas romantizan y simplifican el pasado y refuerzan jerarquías raciales y culturales, lo cual contribuye a excluir públicamente a las personas racializadas.

Aunque Vox es probablemente el partido con representación parlamentaria que más abiertamente abraza el rechazo a la población musulmana en España, sería un error reducirlo únicamente a este grupo, señala Johanna Lems, profesora de la Universidad Complutense que estudia el Islam en España y Europa. También está presente, explica, en ciertos sectores de la izquierda y especialmente en partidos nacionalistas como Aliança Catalana, cuya líder Sílvia Orriols declaró en 2024 que “con tanto andaluz y tanto musulmán nadie hablará catalán en Catalunya”. Y por supuesto, es una base central del discurso de organizaciones fascistas o ultras como Núcleo Nacional o Frente Obrero, una fuerza política que se define “ni de izquierdas ni de derechas” y tiene como punto principal en su programa el “no a la islamización” porque “se están creando guetos en los que son mayoría e imponen su cultura”.

Para Lems, la islamofobia es una manera de utilizar la religión y los símbolos asociados a esta para discriminar a ciertos grupos de la población y crear una identidad nacional excluyente, un fenómeno que también ha estado presente en el antisemitismo de la Europa del siglo XX o la discriminación contra los migrantes irlandeses y católicos en Estados Unidos durante varios siglos. “La religión siempre ha tenido un lugar muy importante como uno de los elementos en la racialización de las poblaciones, y por tanto también en la islamofobia”, añade. 

El impacto de la islamofobia en las instituciones 

Lo que queda por ver, sin embargo, es cuánto de este odio se traduce a cambios legislativos y discriminación en las instituciones, más allá de su presencia puramente mediática y simbólica. Aunque Lems destaca que ya existe legislación vigente, como la Ley de Extranjería, basada en gran parte en la xenofobia que discrimina a los musulmanes y otros colectivos, Cheddadi duda de si en caso de formarse un gobierno PP-Vox tras las próximas generales, la islamofobia pueda alterar gravemente el trato institucional a las poblaciones musulmanas, como ha pasado por ejemplo en Estados Unidos con la población migrante durante el segundo mandato de Trump.

“La cuestión del Islam es una estrategia para alcanzar el poder, pero una vez que alcancen el poder no sé si van a ser muy agresivos, tal como nos quieren hacer ver”, comenta. La primera ministra italiana Giorgia Meloni y su vicepresidente Matteo Salvini, por ejemplo, también utilizaron la islamofobia para incrementar su popularidad, pero tras llegar al poder, el efecto de estos discursos a nivel institucional y legislativo fue muy limitado

“Aunque vayan muy en contra de la Agenda 2030 y ciertos consensos, no sé yo si va a ser muy fuerte su impacto. Lo que me preocupa como sociólogo es la diseminación de un discurso político en términos actitudinales, de comportamiento social y de espacio público”, añade. “Va a crear muchísimo recelo, animadversión, distancia social y cultural. Pensar que el musulmán que tienes enfrente de tu casa tiene algo malo, que te da miedo y estés obsesionado, es lo peor que le puede pasar a una sociedad multiétnica”, concluye.

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¡Política, políticos y corrupción!

Por: Fernando Luengo

Afirmar que la mayoría de los políticos son corruptos y que el ejercicio de la política es una vía de enriquecimiento personal y de obtención de privilegios es evidentemente un despropósito, una generalización excesiva, que contribuye a cultivar una especie de «sentido común» muy extendido entre la opinión pública y que podemos resumir como «todos vienen a meter mano a la caja común y a promover sus intereses personales o de grupo». Una posición que encaja con los resultados obtenidos en las encuestas de opinión pública llevadas a cabo por el Centro de Investigaciones Sociológicas, el Eurobarómetro y otras instituciones, confirmando que la corrupción política se encuentra entre las principales preocupaciones de la ciudadanía.

Este asunto, con esta perspectiva, ocupa un lugar preferente en la mayor parte de los medios de comunicación y en las redes sociales, desplazando a problemas tan acuciantes como el imposible acceso de muchos jóvenes a una vivienda digna, el persistente deterioro de la sanidad y la educación públicas, el estancamiento de los salarios de muchos trabajadores o el continuo aumento de la desigualdad.

Aunque, en los últimos tiempos sobre todo, han salido a la luz graves episodios de corrupción donde algunos políticos –en ocasiones con puestos muy destacados en la administración pública y en las cúpulas de los partidos– han aprovechado su privilegiada posición para saquear lo que es de todos y para obtener todo tipo de prebendas, opino que no cabe hacer generalizaciones, metiendo a todos en el mismo saco.

En realidad, estamos ante un debate manipulado donde los grandes medios de comunicación y las redes sociales establecen las coordenadas y el contenido del mismo. Aunque hace referencia a los políticos (y a la política) –así, en general– está teniendo un considerable recorrido social y electoral para las derechas, especialmente para la extrema derecha.

En este escenario, poco importa que el Partido Popular (PP) haya sido condenado por los tribunales en calidad de partido que ha promovido o se ha beneficiado de la corrupción, que varios de sus dirigentes hayan ingresado en la cárcel por ello y que todavía tenga abiertas diferentes causas judiciales. ¡Pelillos a la mar! Todos los focos están puestos en el Partido Socialista Obrero Español y en el presidente de gobierno, Pedro Sánchez.

Se trata, pues, de un debate muy polarizado y sesgado que, como apuntaba antes, arrincona los grandes y graves problemas que tiene la ciudadanía, en el contexto de una batalla política de gran calado donde las derechas –políticas, judiciales, empresariales y mediáticas– pretenden poner fin a la legislatura y al gobierno de coalición, alentados por unas encuestas donde predicen que, de celebrarse las elecciones, probablemente el PP y Vox alcanzarían la mayoría absoluta.

En este escenario, suscitan menos interés los «corruptores». Aquellos empresarios o sus testaferros que hacen de intermediarios y/o promueven negocios aprovechando el acceso privilegiado a los recursos públicos y a sus contactos en la Administración. No sólo su decisiva posición en las tramas apenas recibe penalización, sino que incluso es recompensada si media algún tipo de colaboración en los procesos judiciales.

Llegados a este punto creo pertinente realizar algunas consideraciones sobre la posición de aquellas empresas (sobre todo grandes firmas) cuyo modelo de negocio consiste cada vez más en capturar recursos públicos y modificar en su propio beneficio las regulaciones públicas. No estoy hablando de un fenómeno reciente (si bien en los últimos años se ha intensificado), ni tampoco de prácticas que cabría calificar necesariamente como ilegales, aunque ocupan un espacio fronterizo y opaco. Se trata de algo más amplio que lo contenido en el término «corruptores».

Me refiero más bien a la quintaesencia de un capitalismo oligárquico y a una dinámica, la de los mercados realmente existentes, que claramente apunta a la colonización, a la ocupación de lo público, a partir de la posición de privilegio (y de poder) de los grandes grupos económicos. Podemos convenir, como acabo de señalar, que, en el sentido literal del término, no estamos necesariamente ante prácticas corruptas, pero en mi opinión constituyen el sustrato básico para que se desarrollen y consoliden.

En estas coordenadas cabría situar algunos ejemplos destacados, como el privilegiado acceso de las grandes empresas a los fondos europeos y más concretamente a los recursos asignados por la Unión Europea (UE) para enfrentar las consecuencias de la pandemia y poner los cimientos de la denominada transición verde y digital (NGEU, por sus siglas en inglés); al considerable aumento de los recursos públicos, tanto estatales como comunitarios, destinados al lobby militar; o a los escandalosos beneficios fiscales que disfrutan las corporaciones y las grandes fortunas. En el mismo sentido hay que destacar el privilegiado acceso de los grupos de presión (lobbies) a los espacios públicos –en la UE y en España– donde se moviliza una gran cantidad de recursos y se toman decisiones; grupos que, como sabemos, no hacen ascos, todo lo contrario, a colocar en puestos clave a políticos de «izquierdas» recompensándoles con abultadas (escandalosas) retribuciones.

¿Acaso se actúa para enfrentar esta problemática? ¿Hay interés en abrir el foco del debate para entrar en las raíces mismas de los procesos de corrupción? La respuesta a ambas preguntas es claramente negativa, pero una izquierda verdaderamente transformadora tendría que mirar necesariamente en esa dirección.

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Dos menores de 16 años y tres jóvenes de 18 años, detenidos en València por varias agresiones homófobas

Por: Miquel Ramos

Un dispositivo policial permitió la pasada madrugada la detención de cinco jóvenes de nacionalidad española tras las denuncias de varias personas que habrían sido víctimas de insultos homófobos, robos y agresiones. La alerta entre el colectivo gay empezó a circular hace ya algunas semanas. Varias personas advertían de la presencia de un grupo organizado de jóvenes en patinete que atacaban a los hombres que identificaban como homosexuales en una zona del antiguo cauce del río conocida por ser un lugar de encuentro, una zona de cruising, que es como se conocen las citas sexuales con desconocidos. Al parecer, los agresores conocían esta información, por lo que seleccionaron a sus objetivos por su orientación sexual.

Según las informaciones del Cuerpo Nacional de Policía, agentes de paisano observaron la pasada madrugada en la zona a un hombre «nervioso y asustado», pidiendo auxilio. Los agentes dieron el alto a varios individuos a los que la víctima señaló como los agresores y, tras una breve persecución, lograron detener a cinco de ellos, tres adultos de 18 años y dos menores de 16 años.

Según relató la víctima a los agentes, los agresores, que iban con la cara tapada y vestían ropa oscura, le increparon con insultos homófobos y le exigieron que les entregase sus pertenencias. No había sido la única agresión de aquella noche. Al menos otros dos hombres denunciaron haber sido atacados por este grupo y rociados con spray pimienta; también les exigieron que les entregasen sus teléfonos móviles.

Los dos menores fueron entregados a sus progenitores tras informar a la Fiscalía de Menores, mientras que los tres adultos fueron puestos en libertad tras prestar declaración. Todos ellos están acusados de delito de odio y de robo con violencia e intimidación.

Según varias fuentes consultadas, estas agresiones no son nuevas, sino que llevan ya un tiempo produciéndose, sin que hasta ahora se hayan denunciado. Es precisamente la negativa de muchas de las víctimas a denunciar lo que motiva en muchas ocasiones este tipo de agresiones genere una sensación de impunidad.

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Vicente Rubio-Pueyo: “En política conviene no moralizar demasiado”

Por: Sebastiaan Faber

Quienes nos dedicamos a escribir y pensar sobre España desde Estados Unidos llevamos una vida rara. Solo participamos a medias en la sociedad en la que vivimos y trabajamos. La otra mitad del tiempo estamos mentalmente en España, consumiendo medios ibéricos, intercambiando mensajes y llamadas con gente de allí. Siempre tenemos la mirada puesta en dos relojes. Lo nuestro no llega a ser un exilio, desde luego, pero sí manifiesta algunas de las paradojas propias del desplazamiento forzado, incluido el no saber si nuestro destierro acaba siendo una bendición o una condena.  

Vicente Rubio-Pueyo (Zaragoza, 1979) lleva 20 años viviendo así. Licenciado por la Universidad de Zaragoza y doctor por la Universidad Estatal de Nueva York con una tesis sobre la producción cultural española desde 2000 hasta el 15-M, estos días se gana la vida como profesor en Fordham University, una universidad jesuita situada en pleno Bronx neoyorquino. Desde siempre, ha combinado su trabajo académico con un continuo compromiso político, plasmado no solo en el activismo a pie de calle, sino también en una asidua labor investigadora para grupos y organizaciones políticas. Ha trabajado con el Laboratorio de Democracia Urbana (Nueva York), el Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social (IECCS, España) y con fundaciones como la Friedrich Ebert o Rosa Luxemburg, para la cual redactó un extenso informe sobre el auge de la ultraderecha española. 

El año pasado, Rubio-Pueyo publicó Un país entre dos tiempos. La década en que España experimentó políticamente (Lengua de Trapo), un lúcido ensayo que recorre la historia política y cultural española desde la Transición, con un enfoque especial sobre los últimos 15 años. El libro logra alcanzar el siempre difícil equilibrio entre la cercanía del compromiso y la perspectiva que proporciona la lejanía geográfica, enriquecida, en su caso, por el fermento intelectual de la universidad norteamericana.

¿Hasta qué punto es consciente de que la originalidad de su mirada se debe a su vivencia entre dos países?

En el libro intento partir del concepto de coyuntura para ofrecer una visión histórica más amplia que la acción-reacción del spin mediático continuo, un análisis que ayude a entender cómo se han redefinido nociones, términos y conceptos que daban sentido a la convivencia democrática y a la historia reciente de España. Pero siempre tengo muy presente cuál es mi lugar de enunciación. Al final, un libro como este es el producto de un itinerario vital. Si no es exhaustivo –me hubiera gustado hablar más sobre el Procés catalán, por ejemplo, o sobre feminismos y tecnopolítica– es precisamente porque ha terminado siendo el resultado de unas experiencias políticas y no otras. Eso sí, el proceso de escritura me ha permitido dilucidar más claramente mi trayectoria a través de los años, que reluce como el surco que va dejando el caracol. 

¿Cuál es, entonces, su lugar de enunciación?

Como persona nacida en 1979, soy un hijo del régimen del 78, al menos biográficamente. Recuerdo el impacto de 1992: la Expo de Sevilla, que fui a visitar con mis padres, y las Olimpiadas de Barcelona. Recuerdo también los años de Aznar y los atentados del 11-M. El No a la guerra de 2003, que me pilló con unos 23, 24 años, fue para mí un momento formativo en lo político.

«El No a la guerra de 2003, que me pilló con unos 23, 24 años, fue para mí un momento formativo en lo político».

Estas son las coordenadas históricas. ¿Y las sociológicas?

En ese sentido, soy hijo de una clase media progresista de Zaragoza, crítica, que va en busca de otros espacios que los que estaban disponibles en los años del postfranquismo. Fue por eso que el 15-M, para mí —y me consta que para muchos— fue un momento muy nuevo y al mismo tiempo muy reconocible. Era como encontrarme con algo que llevaba esperando toda la vida: una crítica al sistema que además podía ser muy amplia y abierta, y muy poco dogmática.

El 15-M le pilla ya viviendo en Estados Unidos; también la fundación de Podemos, tres años después.

Sí, claro, pero esto no significa que no pudiera participar en ambos. A la zaga del 15-M, formamos un espacio de Democracia Real Ya en Nueva York que fue muy importante para mí. Cuando ese mismo otoño ocurre Occupy Wall Street, me sumo con la experiencia del 15-M a cuestas. Y también participé en círculos de Podemos en EE. UU., o ayudé con visitas y contactos de Podemos y los municipalismos. En ese sentido, ha habido un camino constante de ida y vuelta, muy natural y fluido, con aprendizajes en ambas direcciones. Quiero creer que ha informado la mirada desde la que he escrito este libro.

«El 15-M era como encontrarme con algo que llevaba esperando toda la vida: una crítica al sistema que además podía ser muy amplia y abierta, y muy poco dogmática».

¿Cuál es para usted la conexión entre el 15-M y Occupy?

Para empezar, ambos tienen que hacerse cargo de una política posneoliberal, en el sentido de que tienen que partir, quieran o no, de una hegemonía neoliberal que lleva décadas consolidándose. Pero al mismo tiempo, ambos responden a tradiciones y situaciones específicas de cada lugar. En lo personal, Occupy me sirvió como una especie de curso acelerado de etnografía de la izquierda estadounidense. Fue fascinante, por ejemplo, ver cómo la gente aquí vivía el espacio público de la plaza comparado con cómo se vivía en España. No tenía nada que ver. También fue muy diferente la relación con la policía y qué significaba que te desalojaran.

Desde Estados Unidos, ¿ve cosas en España que no se ven estando dentro?

Quiero creer que sí. Sin ir más lejos, lo que se consiguió en España se ha visto con mucha más admiración desde fuera que desde dentro. Es cierto que ha habido muchas decepciones; no hemos conseguido lo que se quería. Pero también se han logrado cosas que hay que poner en perspectiva, y que, en efecto, a veces se ven mejor desde fuera.

La posición intermedia, en la que uno acaba traduciendo siempre entre dos realidades, condiciona cómo uno se relaciona con ambas. Al menos esa es mi experiencia.

La mía también. Y se manifiesta de forma curiosa. A lo largo de los años, por ejemplo, he podido ser testigo de procesos de organización entre gente que ha terminado por pertenecer a espacios diferentes. Como alguien de fuera, he tenido la suerte de seguir manteniendo amistad y confianza con todos. Pero no me cabe duda de que, si hubiera vuelto a España y hubiera podido participar más directamente en esas iniciativas, yo también habría acabado teniendo que elegir y asumir las consecuencias.

A la luz de esas divisiones, ¿cuáles son los aprendizajes de la última década?

Una cosa que he aprendido es no juzgar las decisiones personales y políticas de las personas. En política conviene no moralizar demasiado. Obviamente, hay itinerarios que comparto más que otros; tengo mis filias y fobias, como todos. Pero vistas desde fuera, muchas de las decisiones políticas y personales me han parecido comprensibles, por más contradictorias que puedan ser entre sí.

¿Hemos exagerado el peso de lo moral en política?

Bueno, obviamente la moral y la ética son muy importantes, también en política. Pero no para juzgar a las y los compañeros. 

En ese sentido, ¿cree que en España se tiende a moralizar más que, por ejemplo, en Estados Unidos?

Es una pregunta que nunca me he planteado así, fíjate. Pero, pintando muy a brocha gorda y sin querer recaer en clichés esencialistas, sí me parece que en España esa tendencia es más fuerte -quizá por la tradición católica y el legado de la Inquisición, vete a saber–. Digamos, para matizar, que en España se moraliza de manera diferente. Es obvio, por ejemplo, que al final del ciclo que acabamos de vivir en la izquierda, ha habido momentos fuertísimos de moralización y personalización, por más que las diferencias, en un principio, fueran sobre todo estratégicas e ideológicas. Esto es obvio y también es triste. Allí creo que las redes sociales, por más potentes que fueran como arma de comunicación, acabaron por acelerar la polarización no solo externa, sino también interna.

«Obviamente la moral y la ética son muy importantes, también en política. Pero no para juzgar a las y los compañeros». 

En Estados Unidos, ¿la política es menos moralizante o personalista?

No es que aquí la política sea menos personalista. De hecho, hay un personalismo mucho más fuerte. Lo que ocurre es que está incorporado el sistema desde el principio. En cierto sentido, es la base de todo el sistema electoral. La relación entre partido y candidato aquí no tiene nada que ver con la que es en Europa. Aquí es una relación casi contractual, basada en la rendición de cuentas, la accountability. Los partidos como tales no son organizaciones de masas, sino estructuras más bien vacías, cáscaras que se llenan de candidatos durante el proceso de primarias. Los equipos de cada candidato sobrevuelan todo eso. Después, se gestionan formalmente los apoyos o endorsements de diferentes organizaciones de base, como los sindicatos. 

¿La política española no se está moviendo en esa misma dirección? Los candidatos le quitan cada vez más peso a los partidos.

En efecto. También allí los partidos se van vaciando, convirtiéndose en una especie de equipos de comunicación en torno a los candidatos. Y no solo ocurrió en Podemos. También lo hemos visto en el PSOE, Ciudadanos, Vox o el PP.

Es por eso, quizá, que las alianzas políticas se van representando cada vez más como alianzas personales, basadas más en la amistad y la lealtad que en la coincidencia de idearios o una serie de intereses compartidos. ¿No crea una innecesaria vulnerabilidad?

Puede ser. Es obvio que ha incrementado el rol de los afectos en política: la nostalgia, el cansancio, la ilusión, el pánico conspiranoico. Esto también explica que tendamos cada vez más a identificarnos afectivamente con las y los candidatos. Pero, fíjate, no siempre es terrible. Yo, como persona que vive en Nueva York, estoy a tope con Zohran Mamdani, que me parece no solo muy capaz, sino adorable. Pero, volviendo a tu pregunta, estoy de acuerdo en que es peligroso confundir las alianzas políticas con las amistades personales. 

¿Cuál es el antídoto?

Por más simple o clásico que suene: volver a la calle, a los encuentros físicos. Mamdani tiene una enorme presencia en las redes, claro, pero no podemos olvidar a los más de cien mil voluntarios que tuvo, entre ellos un servidor y su familia. Para mí, la labor del canvassing, yendo de puerta en puerta, me permitió conocer mejor a los vecinos de mi propio barrio. El deseo de volver a encontrarse en espacios físicos lo veo muy generalizado y muy real. Y no solo porque las redes sociales estén en las manos de quienes están. 

«Mamdani tiene una enorme presencia en las redes, claro, pero no podemos olvidar a los más de cien mil voluntarios que tuvo, entre ellos un servidor y su familia».

Una vuelta a las prácticas de antes.

Exacto. Las viejas tradiciones de la izquierda tienen mucho que enseñarnos, incluido el sindicalismo. Yo, como miembro de mi sindicato, coincido con compañeros que a lo mejor votan al Partido Republicano, pero con quienes me toca trabajar para promover nuestros intereses compartidos. No hace falta que seamos mejores amigos, con tal de que tengamos relaciones cordiales –es decir, sanas, humanas–. El trabajo de coalición pide afectos humanos positivos, claro está; pero no necesariamente tiene por qué terminar en una especie de unidad metafísica de adoración mutua total. Así también lo común es mejor verlo como una propuesta de organización social, no una unidad mística. 

Una confusión táctica.

Algo en el mundo de hoy nos impulsa a pensar que, en política, hay que ser los mejores amigos siempre para todo. Si no, somos los peores enemigos, también para todo. La moralización y la personalización son parte de esa tendencia. En ese sentido, podemos diferenciar entre la dinámica que vimos desarrollarse dentro de Podemos, con su centro en Madrid, y la de, por ejemplo, Barcelona en Comú. No es que entre Els Comuns no hubiera tensiones. Pero se han llevado de otras maneras. Todo depende de los espacios que se generan y de las reglas que regulan la conducta dentro de esos espacios. Los individuos pueden ser mejores o peores personas, según los momentos; hay patologías y egos en todas partes. Pero cómo se procesan depende del espacio. Así, también hay espacios que manejan su pluralidad interna mejor que otros. En ese sentido, el modelo organizativo de Podemos, con su estructura clásica de partido con secretario y comité centrales –y que además se replicaba en cada pueblo y ciudad– no fue el mejor.

«Algo en el mundo de hoy nos impulsa a pensar que, en política, hay que ser los mejores amigos siempre para todo. Si no, somos los peores enemigos, también para todo. La moralización y la personalización son parte de esa tendencia».

Pero fue el más eficaz. Al menos, eso se decía.

Sigo teniendo problemas con ese marco, que opone unas tácticas supuestamente pragmáticas, realistas y eficaces a otras supuestamente idealistas, inocentes e ineficientes. En el fondo, es un binario falso. La idea de tomar el cielo por asalto, por poner un ejemplo, repudia una idea más fundamental de cooperación que había surgido durante el 15-M y que no dejaba de ser una resignificación muy interesante del consenso que se convirtió en el fetiche de la Transición. La idea de asaltar el cielo se usó como excusa para sacrificar muchas cosas que eran perfectamente prácticas, practicables y realistas. E incluso, a su modo, eficaces. Sobre todo si se trataba de convertirse en una fuerza política y cultural a largo plazo.

En su libro, analiza la función retórica de conceptos como “ventana de oportunidad” y “fin de ciclo”. Yo siempre sospecho que las y los protagonistas de la política confunden sus propias fases biográficas con las coyunturas históricas. La desilusión que parece reinar en el espacio a la izquierda del PSOE, ¿no es también un afecto vital propio de una generación de líderes y analistas que están cerca de cumplir los 50?

Es interesante que lo digas, porque en los últimos años mucha de la gente que ha participado en ese ciclo que ahora se supone se ha cerrado, ha ido sacando sus memorias. 

El suyo no es un libro de memorias, precisamente.

Claro. Aun así, lo que quizá más satisfacción me haya producido en las conversaciones que he ido teniendo sobre él es lo que han dicho varios compañeros públicamente: que les parece un libro generoso porque yo no necesito justificarme ni tirar patadas al de al lado. Quiero decir que yo no tengo cuentas que ajustar, ni decisiones que justificar. La desilusión que mencionas, por otra parte, y que coincide con un momento vital determinado, me recuerda mucho a la vivencia que tuvo la generación de mis padres después de la Transición. Mis padres fueron militantes del Partido Socialista de Aragón. Para ellos, ver cómo el PSOE copó todo ese espacio les produjo un gran desencanto. Fue un momento como el actual, en que pareció cerrarse un momento marcado por mucha energía y movilización ciudadanas. 

Su libro, sin embargo, resiste ese marco.

Obviamente, hemos vivido una decepción. Eso es innegable. Nuestra idea durante el 15-M no era terminar con un Pedro Sánchez como líder absoluto de la izquierda política. Yo también siento mi propio agotamiento, mi cansancio, mis preocupaciones, claro está. Pero también me resisto a resignarme. No hay que olvidar que la derecha juega a eso, a dejarnos dominar por esos afectos negativos. Hace falta otra mirada. Los movimientos políticos y sociales no se mueven en una hoja de cuentas que registre éxitos y fracasos. Más bien, van generando condiciones, elementos, ingredientes de visiones políticas, imaginarios políticos y lenguajes que acaban conformando un arsenal, a veces en estado latente y dormido, que puede ser convocado otra vez.

«Obviamente, hemos vivido una decepción. Eso es innegable. Nuestra idea durante el 15-M no era terminar con un Pedro Sánchez como líder absoluto de la izquierda política. Pero me resisto a resignarme. La derecha juega a eso».

Como los sobrevivientes de un naufragio que usan las partes del barco roto para construir otro.

Stuart Hall siempre insistió mucho en rechazar la fantasía de los nuevos comienzos. En el fondo nunca los hay. Lo que hay son articulaciones de elementos viejos y nuevos. Lo que pasa es que, para conseguir esa articulación, es crucial tener memoria. Sin ella, no hay manera de recuperar el hilo. Si se rompe el diálogo entre generaciones, entonces es cuando se producen esos blancos de impotencia política. 

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La ‘Confluencia de luchas’ exhibe músculo en su presentación pública

Por: Miguel Ángel Fernández


Bajo un sol cayendo a plomo en la Plaza del Pueblo de Orcasur (Madrid), se presentaba este sábado una confluencia que busca articular y aglutinar las diferentes luchas sociales, sindicales y medioambientales que están atravesando el territorio madrileño. El entorno no podía más adecuado para esta iniciativa colectiva; no en vano, Orcasur, Orcasitas, es esa aldea gala del sur en la que nunca se han implantado las derechas y que a finales de la dictadura consiguió que todos sus habitantes pasaran de vivir hacinados en chabolas, a estrenar viviendas dignas; un barrio del “cinturón rojo” de la periferia madrileña, en el que el movimiento ciudadano, vecinal, obrero, fue determinante, como otros similares, para poner fin a la dictadura y recuperar libertades. Siempre desde abajo, siempre a la izquierda.

La Confluencia de luchas es el resultado de varios años de trabajo conjunto entre las organizaciones CGT, CNT-Comarcal Sur, Ecologistas en Acción de Madrid, Sindicato de Manteros y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, y que, en un escenario marcado por la crisis ecosistémica, la precarización laboral, la crisis de vivienda y el endurecimiento de las políticas migratorias, quiere sumar fuerzas con las que construir respuestas colectivas con las que enfrentarse a la situación actual. Nos lo explicaba Julia Tabernero, integrante de Sindicato de Inquilinas y una de las impulsoras del proyecto: “El proceso lleva armándose casi tres cursos y surge entre organizaciones que ya nos conocíamos y habíamos colaborado en algunas ocasiones, pero necesitábamos de un análisis compartido del contexto. Y, sobre todo, de respuestas coordinadas”.

El proceso ha sido largo, se ha ido labrando gracias al intercambio de experiencias y el análisis de las diferentes luchas que dan forma a la iniciativa, y ha finalizado este curso 2025-2026 en la denominada Escuela de Luchas, en la que han participado cerca de 30 ponentes y varios centenares de asistentes a las sesiones celebradas en la Fundación Anselmo Lorenzo.

La huelga general contra el genocidio en Gaza, las movilizaciones del sector de la Enseñanza o la sanidad madrileñas, la crisis medioambiental, la emergencia habitacional, la campaña contra las políticas migratorias y por la regularización de los migrantes, o la manifestación del 1º de mayo interseccional más multitudinario de los últimos años, son algunos hitos compartidos entre organizaciones sociales y sindicales que ahora han dan el paso definitivo para sumar esfuerzos.

Medios de comunicación y policrisis

Para su presentación, las integrantes convocaron el evento denominado I Encuentro Primavera de Luchas, que contó con varios talleres de debate: a primera hora, Mark Bray, Miquel Ramos y Nuria Alabao nos hablaron de la “Internacional reaccionaria y los retos del antifascismo”, y analizaron el auge de la extrema derecha en todo el mundo, el papel que en ello están jugando los medios y su relación con las cuestiones de género, la masculinidad y el neoliberalismo.

Taller sobre el auge de la extrema derecha durante la presentación de la Confluencia de luchas. FRANCISCO PÁLIDO
Taller sobre el auge de la extrema derecha durante la presentación de la Confluencia de luchas. Autor: Francisco Pálido.

Ya al filo del mediodía, Rubén Martínez, Helena Maleno, Josefa Sánchez Contreras y Constanza Cisneros participaron en una charla titulada “La policrisis y el sujeto en lucha”. Por último, representantes de Labor Notes, la red estadounidense que funciona como motor de izquierda en el movimiento sindical y promueve la militancia obrera y un sindicalismo orientado a la acción social, y el MST brasileño, movimiento campesino que lucha por una reforma agraria popular mediante la ocupación de tierras improductivas, han presentado sus experiencias en la mesa “Las militancias de base y las organizaciones de masas”.

Cayendo la tarde, se ha presentado formalmente la iniciativa, con discursos de los convocantes, pero también de diferentes realidades actuales en lucha: Extinción Rebelión, el sector de la educación infantil (0-3 años) en huelga desde hace semanas, la Asamblea por la vivienda de Usera, la Asociación de Vecinos de Orcasur, la sección de la CGT en El Corte Inglés, cuyas mujeres han conseguido abrir una grieta importante en una empresa siempre refractaria a la actividad sindical o la Sección de lo social de CNT, que recientemente ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Provincial contra el alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, por prevaricación y discriminación en la regularización de migrantes. Como broche final, las actuaciones musicales del coro ecofeminista de mujeres Malvaloca, y las bandas Tremenda Jauría y Biznaga han puesto la nota lúdica haciendo bailar a los asistentes.

Mark Bray, historiador y profesor universitario estadounidense que ha tenido que exiliarse en España por las amenazas que ha sufrido en su país, reflejaba el ánimo que flotaba en el ambiente: “las experiencias de Minnesota o más recientemente en Newark [se refiere las movilizaciones frente al centro de detención del ICE conocido como Delaney Hall, donde cientos de migrantes se encuentran llevando a cabo una huelga de hambre] son hitos que marcan el camino en mi país y protagonizan la esperanza de un antifascismo de autodefensa comunitaria desde abajo. Y lo que estoy viendo con la confluencia de luchas es igual de esperanzador, representa el ejemplo de cómo se puede establecer un movimiento de masas antifascista ante la eventual llegada de la extrema derecha al poder”.

Después de casi tres años de trabajo colectivo, este sábado se presentó finalmente la confluencia en Orcasur, pero tal y como afirma Gonzalo Maestro, uno de los impulsores de la iniciativa, “ahora el objetivo inmediato es sacarla de la capital y extenderla a otras zonas de la comunidad, y para ello ya tenemos programados actos en la sierra norte y otros ligares del este y la zona Sur. Y el siguiente paso será encontrarnos con iniciativas similares de otros territorios”. La confluencia ya se ha presentado públicamente, reforzando vínculos y compartiendo experiencias, pero el trabajo para extenderse fuera y seguir aumentando su implantación no ha hecho más que empezar.

Miguel Ángel Fernández es periodista freelance y trabajador de la Fundación Anselmo Lorenzo (CNT)

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Elecciones en Andalucía: el PP pierde la mayoría absoluta, el PSOE se desploma y Adelante pega un subidón

Por: La Marea

La duda durante la pasada noche electoral fue la misma que sobrevoló durante toda la campaña: no era saber quién ganaría las elecciones andaluzas, sino cómo ganaría el PP, con mayoría absoluta o sin ella. Es decir, con holgura para gobernar o teniendo que negociar con Vox. Nada ha podido hasta el momento con el partido liderado por Juanma Moreno, que ha vuelto a ganar las elecciones en Andalucía pero, esta vez, con la duda ya disipada, sin mayoría absoluta, lo que lo obligará a sentarse con Vox.

El Partido Popular ha obtenido 53 escaños, a dos de la mayoría absoluta y cinco menos que en las pasadas autonómicas. En segundo lugar, el PSOE, liderado por la exministra de Hacienda María Jesús Montero, se ha quedado en 28 escaños, uno menos que en 2022, lo que supone, además, el peor resultado de la historia de un partido que, durante casi 40 años, fue hegemónico en Andalucía. Y, en tercer lugar, la ultraderecha de Vox ha ganado un diputado más que en 2022 y logra, así, 15 escaños. “Vamos a defender cada uno de esos votos”, ha dicho, al grito de “prioridad nacional”, el candidato de la ultraderecha, Manuel Gavira.

Hasta aquí, poca sorpresa en una noche electoral que ha dejado mensajes para todos los partidos, incluido el PP ganador –que pierde de este modo su comodidad a la hora de gobernar y se mete en «el lío» que pretendía evitar–, pero muy especialmente para la izquierda que gobierna en España: desde los desastrosos resultados del PSOE, y lo que ello supone para Pedro Sánchez, –“No son unos buenos resultados. Tomamos nota», ha dicho Montero– al sorpasso de Adelante Andalucía a la coalición de Izquierda Unida, Sumar y Podemos.

Liderada por Antonio Maíllo, Por Andalucía –integrada por Izquierda Unida, Podemos, Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes Equo, Alternativa Republicana y Alianza Verde–, se ha quedado con el mismo resultado que en 2022: cinco. Pero no fue una noche fácil: hubo un momento en que el recuento los dejó sin grupo parlamentario propio. “Se ha acabado el tiempo en que la izquierda transformadora retrocedía, independientemente de quién haya conseguido capitalizar eso”, ha afirmado Maíllo.

Su coalición ha quedado por detrás de Adelante Andalucía, liderado por José Ignacio García –anteriormente por Teresa Rodríguez–, que ha pegado un subidón y asciende a la cuarta posición: de los dos escaños de 2022, ha pasado a ocho. Es el único partido que ha crecido en escaños, junto a Vox. «Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al PP», ha celebrado García. «De momento no los hemos echado, pero Adelante ha llegado para quedarse y somos la principal fuerza de la izquierda en Andalucía», ha concluido.

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120 organizaciones piden que se aplique la Ley de Memoria también a las víctimas saharauis del franquismo

Por: La Marea

Ciento veinte organizaciones de carácter social, académico, político y sindical presentaron hoy un manifiesto a favor de que se aplique la Ley de Memoria Democrática a todos los y las saharauis que «padecieron persecución y violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento, opinión o conciencia por sus actividades de oposición» a la dictadura franquista.

Según reza el manifiesto, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, el reconocimiento de las víctimas saharauis «es un acto obligado conforme a los principios de verdad, justicia y reparación». De hecho, resaltan que fue en África donde comenzó el verdadero régimen franquista, ya que fueron los oficiales allí destinados quienes protagonizaron el golpe de Estado de 1936. Además, España administró ese territorio desde 1884 y, tras la reorganización de 1958, lo convirtió en la provincia número 53. A todos los efectos, sus habitantes eran tan españoles como los habitantes de la Península y las islas, y lo fueron hasta que España abandonó el territorio en 1976 y dio vía libre a la ocupación ilegal por parte de Marruecos.

«Denunciamos, además, un trato diferenciado entre la población española de origen europeo, que fue evacuada e indemnizada durante la llamada Operación Golondrina, y la población saharaui, que quedó desprotegida frente a la ocupación militar y perdió en muchos casos la nacionalidad española, derivando en situaciones de exilio y apatridia», señalan los firmantes en un comunicado.

Violencia colonial en el Sáhara

Existe una amplia bibliografía académica sobre la represión franquista en lo que entonces se llamó el «Sáhara español». Uno de los trabajos destacados es el informe Saharauis. Las otras víctimas del franquismo y postfranquismo. Memoria, desmemoria y responsabilidades del Estado español, de Abdeslam Aomar Lahsen, publicado por el Instituto Hegoa de la Universidad del País Vasco. En él se examina pormenorizadamente la historia de violencia colonial desarrollada en este territorio, como la guerra de Ifni-Sáhara (1957), la represión de manifestaciones pacíficas como la de Zemla (tras la que se produjo la desaparición forzada del líder saharaui Mohamed Bassiri) y otras desapariciones ocurridas durante la retirada española. El tratamiento desigual entre los represaliados de los distintos territorios españoles «constituye una discriminación basada en criterios raciales», denuncian los promotores del manifiesto.

Sus firmantes celebran la Ley de Memoria Democrática, pero indican que existe «un vacío histórico relevante al no contemplar expresamente la represión ejercida contra la población saharaui». Por ello, realizan una serie de peticiones al Gobierno y a la Comisión de la Verdad, anunciada el pasado mes de marzo para esclarecer las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura. Entre estas peticiones están:

  • el reconocimiento oficial de las víctimas saharauis;
  • el acceso a archivos y registros históricos;
  • la investigación independiente de los hechos ocurridos durante la Administración española;
  • la incorporación del caso saharaui al Plan Estatal de Memoria Democrática;
  • la participación directa de víctimas y familiares en los procesos de verdad, justicia y reparación.

De acuerdo a lo recomendado por Naciones Unidas a la hora de abordar los legados del colonialismo y garantizar reparaciones efectivas, las organizaciones que firman este manifiesto concluyen que en el Sáhara Occidental persiste «una deuda histórica pendiente en materia de derechos humanos y reparación».

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Pujol fuera del juicio: entre el humanismo judicial y la deuda pendiente de Catalunya

Por: Guillem Pujol

Este artículo se publicó originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.

La salida de Jordi Pujol del juicio por la fortuna oculta en Andorra no es solo una decisión procesal: es también un punto de inflexión en una causa que durante años ha funcionado como espejo de una etapa política entera. La Audiencia Nacional ha concluido que, a sus 95 años, el president no se encuentra en condiciones de declarar ni de asumir un proceso penal con garantías. El argumento es médico, humanista y estrictamente legal. El efecto, inevitablemente, es político.

El tribunal llega a esta conclusión después de meses de indefinición. Desde el inicio de la vista oral, los informes periciales coincidían en lo esencial: un deterioro cognitivo suficiente para impedir un interrogatorio en condiciones. Aun así, la sala optó por mantener abierta la posibilidad de su declaración. Solo tras una evaluación directa esta misma semana —con reconocimiento forense y entrevista personal— se ha cerrado definitivamente esa puerta.

El límite del proceso penal ante una figura central del poder

Lo que se cierra ahora no es solo una comparecencia, sino una expectativa. El juicio avanzaba con una anomalía de fondo: la figura que daba sentido al conjunto del caso permanecía fuera de escena, pero no fuera del proceso. Esa ambigüedad permitía sostener la idea de que, en algún momento, el relato judicial podría articularse en torno a su testimonio. Ese escenario ya no existe.

Como apunta Josep Carles Rius, el proceso no se reduce a la responsabilidad individual de un acusado, sino que remite a una época de Catalunya. El pujolismo no operó únicamente como una opción electoral prolongada en el tiempo, sino como una forma de organización del poder, con capacidad para estructurar relaciones institucionales, económicas y sociales durante décadas.

Desde esta perspectiva, la decisión del tribunal plantea un problema difícil de encajar, no tanto en términos jurídicos como históricos, ya que la dilucidación de este entramado pierde ahora la figura simbólica que lo encarnaba.

Una memoria pendiente más allá del juicio

Durante años, Jordi Pujol ha sido una referencia central en la vida política catalana. No solo por su longevidad institucional, sino por la profundidad de su influencia. Como recordaba el periodista Txema Seglers, ha habido generaciones enteras para las que la política tenía un único nombre posible: “Si de pequeño te pedían el nombre de un político, solo sabías decir Jordi Pujol i Soley”.

Ese grado de centralidad explica que su salida del juicio no pueda interpretarse como un cierre. Cuando en 2014 reconoció la existencia de una fortuna no declarada, lo que se abrió fue una crisis de legitimidad que iba más allá de su figura. El caso dejó de ser una cuestión privada para convertirse en un problema estructural. Afectaba a la credibilidad de un modelo político y a la forma en que ese modelo había gestionado sus propios límites.

El juicio ofrecía la posibilidad de ordenar ese debate en términos judiciales, pero la resolución de la Audiencia Nacional interrumpe ese recorrido. Lo hace, ciertamente, por razones que resultan difíciles de discutir desde una perspectiva humanista. Nadie puede ser juzgado sin capacidad de defensa, pero al mismo tiempo introduce una discontinuidad: el principal sujeto del caso deja de formar parte de la escena justo en el momento en que esta podía empezar a producir una explicación más articulada.

La salida de Pujol obliga a formular la pregunta en otros términos. No se trata de su capacidad para declarar, sino de la capacidad colectiva para interpretar una etapa y determinar hasta qué punto se han identificado sus mecanismos y de qué manera se integran en el relato político contemporáneo.

El juicio continúa. Pero la parte más incómoda del caso —la que tiene que ver con la memoria y con la estructura del poder— queda, de momento, fuera de la sala.

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