2.707 personas fueron ejecutadas en 2025 en 17 países. Es la cifra más alta registrada en casi medio siglo, desde 1981, según el informe Condenas a muerte y ejecuciones 2025 elaborado por Amnistía Internacional. En general, las ejecuciones aumentaron en un 78%, después de que en 2024 se registraran al menos 1.518. La organización atribuye este aumento «a unos pocos gobiernos decididos a ejercer su poder mediante el miedo».

El grueso de este incremento procede de Irán, cuyas autoridades ejecutaron a al menos 2.159 personas, más del doble que en 2024. En otros lugares, Arabia Saudí elevó su recuento de ejecuciones hasta al menos 356, y utilizó ampliamente la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas. En Kuwait, las ejecuciones casi se triplicaron (de seis a 17), mientras que casi se duplicaron en Egipto (de 13 a 23), Estados Unidos (de 25 a 47) y Singapur (de nueve a 17). El total de 2025 no incluye los miles de ejecuciones que Amnistía Internacional considera que siguieron llevándose a cabo en China, que continuó siendo el país con más ejecuciones en el mundo.

“Este alarmante aumento del uso de la pena de muerte se debe a un grupo reducido y aislado de Estados dispuestos a llevar a cabo ejecuciones a toda costa, pese a la tendencia global continuada hacia la abolición. Desde China, Irán o Corea del Norte, pasando por Arabia Saudí y Yemen, hasta Kuwait, Singapur y Estados Unidos, esta vergonzosa minoría está utilizando la pena de muerte como arma para infundir temor, sofocar la disidencia y mostrar la fuerza que las instituciones estatales tienen sobre personas desfavorecidas y comunidades marginadas”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

La organización indica que el recrudecimiento de enfoques sumamente punitivos de la “guerra contra las drogas” impulsó los esfuerzos por ampliar el uso de la pena de muerte. Esto se reflejó en el número de ejecuciones, pues casi la mitad (1.257 o el 46%) de todas las que se registraron fueron por delitos relacionados con las drogas: Irán (998), Kuwait (2), Arabia Saudí (240) y Singapur (15). Argelia, Kuwait y las Maldivas emprendieron iniciativas legislativas para ampliar el ámbito de aplicación de la pena capital con el fin de incluir este tipo de delitos.

El gobierno de Burkina Faso aprobó un proyecto de ley que incluía la reinstauración de la pena de muerte para delitos como “alta traición”, “terrorismo” y “actos de espionaje”, mientras que las autoridades de Chad establecieron una comisión para revisar cuestiones relacionadas con la pena capital, incluida su reinstauración. Además, las de Israel presentaron proyectos de ley discriminatorios para introducir y facilitar el uso de la pena de muerte contra personas palestinas.

Las ejecuciones las llevaron a cabo una puñado de países

Aunque las ejecuciones aumentaron, los países que las llevaron a cabo siguieron siendo una minoría aislada. Arabia Saudí, Corea del Norte, China, Egipto, Estados Unidos, Irak, Irán, Somalia, Vietnam y Yemen son los mismos 10 países de los que se supo que habían llevado a cabo ejecuciones todos los años en el último quinquenio y que habían mostrado un desprecio sistemático hacia las salvaguardias establecidas en virtud del derecho y las normas internacionales de derechos humanos, insiste el informe.

Cuatro países reanudaron las ejecuciones el año pasado (Japón, Emiratos Árabes Unidos, Sudán del Sur y Taiwán), con lo que el total de países que ejecutaron a personas ascendió a 17.

Por decimoséptimo año consecutivo, Estados Unidos fue el único país de las Américas que llevó a cabo ejecuciones, y casi la mitad de ellas se produjeron en Florida. En el África subsahariana, las ejecuciones se limitaron a Somalia y Sudán del Sur. Afganistán fue el único país de Asia meridional que ejecutó a personas, mientras que Singapur y Vietnam fueron los únicos de los que se tuvo constancia de que lo hicieran en el sureste asiático. Tonga era el único país de Oceanía que mantenía la pena de muerte en la ley. No se tuvo constancia de ejecuciones ni de condenas a muerte en Europa y Asia Central.

“Es hora de que los países que llevan a cabo ejecuciones se unan al resto del mundo y conviertan esta práctica abominable en cosa del pasado. La pena de muerte no nos ofrece mayor seguridad. Al contrario: constituye una afrenta irreversible contra la humanidad, impulsada por el miedo y que muestra un desprecio absoluto por el derecho internacional de los derechos humanos”, ha declarado Callamard.

La llama de la abolición sigue ardiendo

Cuando Amnistía Internacional comenzó su trabajo contra la pena de muerte en 1977, sólo 16 países la habían abolido. Hoy, esa cifra ha subido a 113, más de la mitad de los países del mundo, mientras que más de dos tercios son abolicionistas en la ley o en la práctica.

Ante un telón de fondo de conductas depredadoras, miedo y odio, algunos países tomaron medidas que demostraban que, con determinación y una presión continuada, la abolición mundial está al alcance de la mano. Las autoridades de Vietnam abolieron la pena de muerte para ocho delitos, entre ellos transporte de drogas, soborno y malversación, mientras que Gambia la abolió para el asesinato, la traición y otros delitos contra el Estado. En una decisión histórica, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, concedió el indulto a Rocky Myers: el primer indulto que se concedía a una persona de raza negra condenada a muerte en el estado.

En Líbano y Nigeria se presentaron proyectos de ley para abolir la pena capital, mientras que el Tribunal Constitucional de Kirguistán declaró inconstitucionales las iniciativas para reintroducir la pena de muerte.

“Con los derechos humanos amenazados en todo el mundo, millones de personas siguen luchando contra la pena de muerte todos los años, en una potente demostración de nuestra humanidad compartida”, prosigue Callamard. “La abolición total es posible si nos unimos para mantenernos firmes contra los pocos países aislados. Debemos mantener encendida, brillando con fuerza, la llama de la abolición hasta que el mundo quede totalmente libre de las tinieblas de los patíbulos».

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El Festival Internacional de Cine del Sáhara (FiSahara) acaba de celebrar su decimonovena edición en los campamentos de personas refugiadas de Tinduf (Argelia). Su directora, María Carrión, explica el milagro de un festival que reúne a cineastas, periodistas, cinéfilos y activistas de todo el mundo, pero que, sobre todo, es disfrutado y protagonizado por el pueblo saharaui.

La mayoría de las personas que asisten a las proyecciones son saharauis, y lo mismo ocurre en las charlas y en los talleres. ¿Cómo han conseguido que una población refugiada en condiciones tan extremas haga suyo el FiSahara?

Este proyecto aterrizó en los campamentos en 2003 con una edición muy especial que aún no sabemos cómo salió adelante. Fue un chute de energía pero también algo muy ajeno a la cultura y a las tradiciones saharauis, a pesar de que muchas películas eran españolas y de que tienen ese vínculo con España. Pero a través de los talleres de cine del FiSahara y, en 2011, de la creación de la Escuela de Cine Abidin Kaid Saleh, los jóvenes saharauis se apropiaron de la herramienta del audiovisual. Empezaron a hacer sus propias películas y a usarlas para hablar de temas sensibles o de aquellos de los que les costaba hablar. También tenemos un cine móvil que realiza proyecciones en las wilayas. Las mujeres están usando el cine como un instrumento de educación. Y los mayores, que en un principio lo veían como una imposición occidental, y hasta cierto punto lo era, al ver cine saharaui en las pantallas lo han incorporado a sus vidas.

Una estudiante de la Escuela de Cine nos explicaba que ha dedicado su primer corto al rechazo de una joven a casarse, como le quiere imponer su padre, para poder seguir estudiando y ser libre. ¿Cómo ha sido el trabajo con las mujeres para que usen el cine para defender sus derechos?

Muy importante, porque lo usan precisamente para abordar estos temas. Es mucho más fácil romper el hielo en una charla tras una proyección. Así que la escuela ha tenido siempre muchas alumnas con historias muy potentes. Además, llegó un momento en el que fue necesario que la formación la diera un equipo saharaui. A través de becas internacionales, cada vez ha habido más formadores y formadoras con esa visión de género de la mujer saharaui.

¿Cuáles son los temas que más necesitan abordar desde el cine?

Sus preocupaciones: la falta de oportunidades, de trabajo, la depresión, la salud mental, el tema de las drogas, que es tremendo… También han hecho un par de sitcoms y a través del humor abordan cuestiones cruciales como la inmigración, las cada vez mayores desigualdades… La televisión de la RASD [República Árabe Saharaui Democrática] emite muchos de sus trabajos y algunos están llegando a los territorios ocupados por Marruecos. Es más, cada año nos llegan trabajos hechos por saharauis bajo la ocupación, sin ninguna formación, que están haciendo sus propias películas. Y nosotros les damos el espacio y la atención que necesitan.

¿Están ayudando las redes sociales a su difusión?

Mucho. Por ejemplo, la sitcom Tonterías en el exilio se ha vuelto viral gracias a que la pueden ver en sus teléfonos. Y un signo de lo potente que se ha vuelto el Fisahara es que Marruecos se ha inventado un festival de cine en la Dajla ocupada. Está dotado con una cantidad de dinero impresionante, con hoteles de cinco estrellas, e invitan a gente del cine de todo el mundo que a menudo no es consciente de que está yendo a un territorio ocupado. Marruecos intenta competir con el FiSahara, pero no se puede comparar un festival hecho por un pueblo con uno organizado por un régimen.

Un signo de lo potente que se ha vuelto el FiSahara es que Marruecos se ha inventado un festival de cine en la Dajla ocupada»

¿Cuáles son las mayores dificultades que encuentran los aspirantes a cineastas?

Todas. Grabar el sonido cuando ruge el viento es imposible, lo mismo que proteger los equipos para que no les entre la arena. Aquí, además, se está haciendo cine, como dijo un compañero, con los mismos elementos que utilizaron sus abuelas para construir los campamentos en medio de la hamada. Un año, hubo una subida de tensión eléctrica y se quemaron todos los equipos de la escuela. Lo que sale de los campamentos saharauis es un cine urgente hecho con herramientas muy básicas. Pero las historias contrarrestan las dificultades técnicas.

En un momento como el actual, en el que hay un mayor número de personas desplazadas en el mundo, en el que vivimos el genocidio de Gaza, las guerras de Líbano e Irán, en el que hay grandes similitudes entre la ocupación de Palestina y del Sáhara Occidental, dedicáis esta edición al derecho al retorno, que es uno de los derechos más olvidados.

Como no se aborda en las negociaciones, de las que están excluidos los propios interesados, nos toca reivindicarlo a nosotros. Estamos en un mal momento, pero estos pueblos llevan décadas, sino siglos, luchando. En España nos alarmamos mucho por la situación del Sáhara, pero los saharauis están tranquilos porque tienen claro que para ellos la cuestión no es si van a retornar, sino cuándo lo harán. Y ese espíritu es también el del FiSahara. Por más retos y obstáculos que encontremos, va a seguir adelante porque va a acompañar al pueblo saharaui hasta que su tierra sea libre.

La Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) fue una de las principales financiadoras del FiSahara en sus inicios, pero tras los recortes de la crisis de 2008, nunca ha vuelto a apoyarlo. ¿Con qué apoyos contáis?

Pasamos una cantidad absurda de tiempo buscando financiación. El año pasado no pudimos celebrar el festival por falta de dinero. Hay mucho trabajo voluntario, cada año perdemos dinero por emergencias y cambios de última hora, como invitados que no pueden asistir, y pese a todo conseguimos que el festival salga adelante con muy poquito dinero.

El Gobierno español no aporta financiación, y eso lo dice todo de la política de España. Que no nos financien demuestra lo ruin que es la política española. Es algo que no perdono a mi país. España no solo se desentiende de sus obligaciones legales con el pueblo saharaui, sino que se alinea con la potencia ocupante.

En cuanto a la AECID, he intentado retomar esa vía de financiación, pero no ha sido posible. Lo que nos llega es que se trata de una decisión política. El Ministerio de Exteriores español no quiere que el FiSahara exista porque es un problema para ellos. Lo que está haciendo es ruin y cruel.

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El mundo está al borde de una peligrosa nueva era impulsada por los ataques de poderosos Estados, corporaciones y movimientos antiderechos contra el multilateralismo, el derecho internacional y los derechos humanos, advierte Amnistía Internacional, que ha lanzado su informe anual: La situación de los derechos humanos en el mundo.

“Nos enfrentamos al momento más difícil de nuestra época. La humanidad sufre el ataque de movimientos transnacionales antiderechos y de gobiernos depredadores decididos a imponer su dominio mediante guerras ilícitas y descarados chantajes económicos”, ha afirmado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, que indica que la diferencia fundamental de este momento es que ya no estamos hablando de una erosión en los márgenes del sistema: «Se trata de un ataque directo a los cimientos de los derechos humanos y el orden internacional basado en normas, perpetrado por los actores más poderosos con el objetivo de conseguir control, impunidad y beneficios». 

Pone como ejemplo la guerra en Oriente Medio: «Tras los primeros ataques ilegales de Israel y Estados Unidos, que violaban la Carta de la ONU y desencadenaron las represalias indiscriminadas de Irán, el conflicto se ha convertido rápidamente en una guerra abierta contra la población civil y las infraestructuras civiles, agudizando el sufrimiento, ya de por sí terrible, de la población de toda la región. Ahora se está extendiendo a países del mundo entero, impactando contra poblaciones de muchos lugares y amenazando los medios de vida de millones de personas. Es lo que pasa cuando las normas, el marco jurídico y las instituciones que con tanto esfuerzo se construyeron para salvaguardar la humanidad se eliminan con el objetivo de dominar.”

El informe de Amnistía documenta, además, que el inminente colapso ya está en marcha, y expone sus devastadoras consecuencias para los derechos humanos, la estabilidad global y las vidas de millones de personas en 2026 y en años venideros. Por ello, pide a los Estados de todo el mundo que rechacen urgentemente la política de apaciguamiento adoptada en 2025 y se resistan con palabras y actos a la construcción de un «orden mundial depredador».

Los ataques depredadores están acelerando la destrucción del derecho internacional

Entre otras cuestiones, el documento cita el caso de Israel y el genocidio contra la población palestina en Gaza, a pesar del alto el fuego acordado en octubre de 2025; las más de 150 ejecuciones extrajudiciales de EE. UU. con sus bombardeos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, y el «acto de agresión contra Venezuela» en enero de 2026; y la intensificación de los ataques de Rusia contra infraestructuras civiles fundamentales de Ucrania. Recoge también el uso de parapentes motorizados por parte del ejército de Myanmar para lanzar munición explosiva sobre pueblos en ataques que causaron decenas de víctimas mortales civiles, entre las que había niños y niñas.

Emiratos Árabes Unidos –prosigue– ha agravado el conflicto en Sudán al suministrar armamento avanzado chino a las Fuerzas de Apoyo Rápido, que, tras 18 meses de asedio, el pasado mes de octubre tomaron el control de la ciudad de El Fasher y cometieron homicidios masivos de civiles y actos de violencia sexual. Y en la República Democrática del Congo, el grupo armado M23, tomó las ciudades de Goma y Bukavu con el apoyo activo de Ruanda, «matando ilegítimamente a civiles y torturando a personas detenidas«. 

El listado no termina: a principios de 2026, el uso ilegítimo de la fuerza contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel, en violación de la Carta de la ONU, ha provocado ataques de represalia iraníes contra Israel y países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, mientras que Israel, por su parte, ha incrementado sus ataques contra Líbano.

«Desde la muerte de más de 100 niños y niñas en un ataque ilícito de Estados Unidos contra una escuela en Irán, a los devastadores ataques de todas las partes contra infraestructuras energéticas, el conflicto ha puesto en peligro la vida y la salud de millones de civiles, y amenaza con causar daños de gran magnitud, previsibles y a largo plazo al medioambiente y a la población civil, que tendrán impacto sobre el acceso a la energía, la atención sanitaria, la alimentación y el agua en una región ya turbulenta, y fuera de ella», denuncia el informe.

En Afganistán, los talibanes intensificaron sus políticas depredadoras contra la población femenina con más prohibiciones que las excluían de la educación, el trabajo y la libertad de circulación, mientras que en Irán, las autoridades masacraron a manifestantes en enero de 2026 en la que probablemente haya sido la represión más letal de este tipo en décadas.

Estados Unidos, Israel y Rusia erosionaron aún más los mecanismos internacionales de rendición de cuentas el año pasado, en particular la Corte Penal Internacional (CPI). El gobierno de Trump impuso sanciones a personal de la CPI, a organizaciones que colaboran con ella y a la relatora especial de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, mientras que los tribunales rusos emitieron órdenes de detención contra altos cargos de este organismo. Varios Estados más se retiraron o anunciaron su intención de retirarse del Estatuto de Roma y de tratados que prohíben las bombas de racimo y las minas terrestres antipersonal, recoge el informe.

En este contexto, Amnistía Internacional denuncia que la inmensa mayoría de los Estados no han querido o no han podido denunciar sistemáticamente los actos depredadores de Estados Unidos, Rusia, Israel o China, ni buscar soluciones diplomáticas. La Unión Europea y la mayoría de los Estados de Europa han mantenido –insiste– una actitud apaciguadora respecto a los ataques de Estados Unidos contra el derecho internacional y los mecanismos multilaterales. No han actuado con decisión para detener el genocidio de Israel ni para poner fin a las transferencias irresponsables de armas y tecnología que fomentan los crímenes de derecho internacional en todo el mundo. Tampoco han estado dispuestos a promulgar leyes de bloqueo para proteger a quienes el gobierno estadounidense había impuesto sanciones, incluidos jueces y fiscales de la CPI. Italia y Hungría declinaron detener a personas contra las que la CPI había dictado órdenes de detención y que se hallaban en su territorio, mientras que Alemania, Francia y Polonia dieron a entender que harían lo mismo.

“Muchos dirigentes mundiales se han mostrado excesivamente sumisos ante los ataques contra el derecho internacional y el sistema multilateral. No hay excusa para su silencio y su inacción. Es una actitud moralmente reprobable que no traerá más que el repliegue, la derrota y la eliminación de décadas de avances en materia de derechos humanos que tanto costaron conseguir. Apaciguar a los agresores es echar leña a un fuego que acabará quemándonos a todos e incendiando el futuro de las generaciones venideras”, ha declarado Agnès Callamard.

“Puede que haya quien tenga la tentación de descartar el sistema construido en los últimos 80 años por considerar que no fue más que una ilusión. Eso es ignorar los logros, conseguidos con gran esfuerzo, para que se reconozcan los derechos universales, la adopción de múltiples pactos y convenciones internacionales y de leyes nacionales que protegen frente a la discriminación racial y la violencia contra las mujeres, consagrando los derechos de trabajadores y trabajadoras y sindicatos, y reconociendo los derechos de las personas indígenas. Es olvidar que la decisión de los Estados de respaldar la Carta de la ONU y la Declaración Universal de Derechos Humanos ha hecho que se aborde la pobreza, se refuercen los derechos reproductivos y se haga justicia», ha añadido. 

“Los depredadores políticos y económicos, y quienes les facilitan las cosas, están sentenciando el fin del sistema multilateral no porque sea ineficaz, sino porque no está al servicio de su hegemonía y su control. La respuesta no es proclamar que el sistema es una quimera o que no hay forma de arreglarlo, sino afrontar sus fracasos, acabar con su aplicación selectiva y seguir transformándolo para que sea plenamente capaz de defender a todas las personas con la misma determinación». 

El recrudecimiento de los ataques contra la sociedad civil se propaga por el mundo

En 2025 se intensificó la proliferación de ataques contra la sociedad civil y los movimientos sociales, y los esfuerzos para silenciar y despojar de poder a organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos y disidentes fueron constantes y se extendieron por casi todo el mundo. 

Amnistía Internacional cita, por ejemplo, el caso de las autoridades de Nepal y de Tanzania y su uso de medios letales de forma ilícita para reprimir protestas en las que se expresaban reivindicaciones políticas y socioeconómicas. Los gobiernos de Afganistán, China, Egipto, Estados Unidos, India, Kenia y Venezuela, entre otros, también reprimieron violentamente protestas, criminalizaron la disidencia mediante leyes antiterroristas y de seguridad, o utilizaron tácticas policiales abusivas y perpetraron desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales.

En Reino Unido, las autoridades prohibieron Palestine Action —red de protesta de acción directa dirigida fundamentalmente contra las empresas fabricantes de armas israelíes y sus subsidiarias— en aplicación de leyes antiterroristas excesivamente amplias, y detuvieron a más de 2.700 personas por oponerse pacíficamente a esa prohibición. El Tribunal Superior de Reino Unido declaró ilegal la prohibición en febrero de 2026, una decisión que el gobierno ha recurrido.

Las autoridades turcas detuvieron a cientos de personas que protestaban pacíficamente tras el arresto de Ekrem ?mamo?lu, alcalde de Estambul y candidato presidencial, una de las más de 400 personas que se enfrentan a acciones judiciales por motivos políticos bajo presuntos cargos de corrupción.

Las autoridades estadounidenses lanzaron una campaña de represión ilegítima de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, haciendo un uso innecesario y excesivo de la fuerza, los perfiles raciales, la detención arbitraria y prácticas que constituían tortura y desaparición forzada. En América Latina, países como Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela adoptaron o reformaron marcos jurídicos que imponen controles desproporcionados a las organizaciones de la sociedad civil y afectan directamente a su capacidad de funcionar, acceder a recursos, apoyar a comunidades y defender los derechos humanos.  

«Muchos gobiernos, con la ayuda de actores empresariales, utilizaron software espía y censura digital para restringir la libertad de expresión y el derecho a la información. Las autoridades de Estados Unidos utilizaron herramientas de vigilancia impulsadas por inteligencia artificial contra estudiantes no estadounidenses que expresaban su solidaridad con la población palestina, arrestándolos y deportándolos. El gobierno de Serbia utilizó software espía y herramientas de análisis forense digital contra estudiantes que se manifestaban, periodistas y la sociedad civil. Las autoridades de Kenia emplearon sistemáticamente tácticas de represión facilitadas por la tecnología, como intimidación online, amenazas, incitación al odio y vigilancia ilegal, para sofocar las protestas encabezadas por jóvenes», denuncia Amnistía.

También Alemania, Estados Unidos, Canadá, Francia y Reino Unido, entre otros países, anunciaron o aprobaron recortes drásticos en los presupuestos de ayuda internacional, «aun sabiendo que probablemente esta medida tendría como consecuencia millones de muertes evitables», y en varios casos lo hicieron al mismo tiempo que se comprometían a aumentar masivamente el gasto militar: «Esto ha tenido un impacto catastrófico en los esfuerzos de las ONG para lograr avances en la libertad de prensa, la resiliencia climática y la justicia de género, proteger a las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo, y proporcionar atención sanitaria y acceso a los derechos sexuales y reproductivos». 

Muchos Estados continuaron resistiéndose a poner freno a las agresivas prácticas de evasión y fraude fiscales de milmillonarios y gigantes empresariales mientras reducían aún más los límites al poder de las empresas. En Estados Unidos, las demandas estratégicas contra la participación pública tuvieron un efecto intimidatorio sobre la sociedad civil. En una de ellas, el tribunal condenó a Greenpeace a pagar a una empresa de combustibles fósiles 660 millones de dólares, cantidad que luego se redujo a 345 millones. 

En un contexto dominado por las afirmaciones del presidente de Estados Unidos según las cuales el cambio climático es “un fraude”, los gobiernos distaron mucho de hacer lo suficiente para abordar asuntos tales como los desplazamientos provocados por el cambio climático, la transición equitativa para el abandono de los combustibles fósiles, o el aumento suficiente de los fondos para la acción climática, ni siquiera cuando el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente advirtió de que el mundo se encamina a alcanzar los 3 °C por encima de los niveles preindustriales para 2100. 

“¿Qué alternativa ofrecen los matones y depredadores al imperfecto experimento global que tan empeñados están en destruir? El orden mundial que proponen da la espalda a la justicia racial, de género y climática, y se mofa de ellas; trata a la sociedad civil como un enemigo común y rechaza la solidaridad internacional. Se basa en silenciar la disidencia, instrumentalizar el Derecho y deshumanizar a quienes consideran ‘los otros’. Su visión del mundo no se basa en el respeto por nuestra humanidad común, sino en la fuerza militar, el dominio comercial y la hegemonía tecnológica. Es, en definitiva, una visión sin brújula moral”, ha afirmado Agnès Callamard.  

Las personas que protestan, la sociedad civil y los organismos internacionales lideran los esfuerzos por resistir, combatir y transformar

El informe también recoge las fuertes protestas contra este nuevo orden mundial: así, en 2025, las protestas del movimiento Gen Z se extendieron por una docena de países, como Indonesia, Kenia, Madagascar, Marruecos, Nepal y Perú; además, unas 300.000 personas desafiaron en Hungría la prohibición del Orgullo de Budapest para defender los derechos LGBTI. A principios de 2026, desde Los Ángeles hasta Minneapolis ha habido manifestantes organizándose calle por calle y manzana por manzana contra la aplicación en Estados Unidos del control de inmigración en operaciones violentas y de marcado carácter militar.

El año pasado se propagaron por todo el mundo manifestaciones multitudinarias contra el genocidio perpetrado por Israel, y organizaciones humanitarias de más de 40 países organizaron flotillas para demostrar solidaridad con la población palestina. Se expandió el activismo global contra el flujo de armas a Israel y, en España, Francia, Grecia, Italia, Marruecos y Suecia, el personal portuario trató de interrumpir las rutas de transporte de armas. El activismo y la presión legal también hicieron que varios estados restringieran o prohibieran las exportaciones de armas a Israel.

«Si bien muchos gobiernos adoptaron una actitud de apaciguamiento ante los ataques a la justicia internacional, hubo varios Estados y organismos que fueron contracorriente, mostrando su compromiso con el multilateralismo y el Estado de derecho. Un número creciente, como España, reconoció que Israel estaba cometiendo genocidio, y varios ingresaron en el Grupo de La Haya, un colectivo decidido a hacer que Israel rinda cuentas por sus violaciones del derecho internacional, y coadyuvaron a la causa de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)», concluye Amnistía Internacional. 

Filipinas entregó al expresidente Rodrigo Duterte a la CPI para que se enfrentara a los cargos del crimen de lesa humanidad de asesinato, y la CPI dictó órdenes de detención contra dos dirigentes talibanes por persecución por motivos de género. El Consejo de Europa y Ucrania acordaron establecer el Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania, y, en República Centroafricana, un tribunal híbrido dictó sentencia condenatoria contra seis exmiembros de un grupo armado por crímenes de guerra y de lesa humanidad. 

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció un mecanismo independiente de investigación para Afganistán, así como una misión de determinación de los hechos y una Comisión de Investigación sobre el este de la República Democrática del Congo, y amplió el mandato de la misión de determinación de los hechos sobre Irán. Se lograron avances considerables en la elaboración de una convención vinculante de la ONU sobre fiscalidad, y la CIJ y la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitieron opiniones consultivas en las que confirmaron la obligación de los Estados de responder a los daños climáticos atendiendo a los derechos humanos.

«En 2026 ha aumentado el número de Estados que han comenzado a denunciar las prácticas autoritarias y los ataques contra el orden basado en normas, destacando especialmente el posicionamiento del gobierno de España, pero tales llamamientos deben ir respaldados por una actuación decidida y sostenida».

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El Parlamento israelí votó el pasado martes, 30 de marzo, a favor de una ley que pretende convertir la pena de muerte en castigo obligatorio para cualquier palestino acusado de matar a un israelí en un ataque calificado como «terrorista». La iniciativa, impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, no ha sido aprobada de forma definitiva —al menos todavía— pero su sola tramitación ya cumple una función: enviar un mensaje de terror legal a la población palestina.

Porque antes de entender qué significa esta ley, hay que recordar que Israel ya aplica una forma de muerte civil a miles de palestinos. Actualmente, alrededor de 3.000 se encuentran en detención administrativa: encarcelados sin cargos, sin juicio y sin conocer las pruebas contra ellos. Basta con que un comandante militar firme una orden basada en «información secreta» para que un palestino desaparezca entre rejas durante meses o años. Es la suspensión de todo derecho sin fecha de caducidad.

Desde la Nakba, muchas prisiones israelíes han funcionado como piezas clave de la maquinaria colonial: espacios de tortura, aislamiento y desaparición forzada. La detención administrativa es heredera directa de esa tradición: secuestrar cuerpos sin explicación, mantenerlos en un limbo legal indefinido. Ahora Ben-Gvir quiere dar el salto: de la celda sin juicio a la horca sin indulto.

Lo que propone es el salto definitivo. Su proyecto no solo establece la pena de muerte para los palestinos acusados de atentados mortales, sino que la hace irreversible: sin posibilidad de apelación, sin derecho a indulto presidencial, sin margen para ningún recurso. Un tribunal militar dictaría la condena y esa sería la última palabra.

Excluidos los colonos que cometan asesinatos

Además, la ley sería explícitamente discriminatoria. Se aplicaría únicamente a los palestinos de Cisjordania, excluyendo a los colonos judíos que cometan asesinatos por motivos nacionalistas, una práctica en aumento que el propio gobierno de Ben-Gvir ha protegido sistemáticamente.

Pero lo más importante no es si la ley llegará a aprobarse en sus lecturas finales, sino el propósito que persigue. Porque ni la detención administrativa ni la ley de ejecución son herramientas de justicia. Son instrumentos de disuasión por terror.

La estrategia es clara: forzar un sistema de castigo tan desproporcionado y tan irreversible que cualquier palestino que contemple la resistencia armada sepa que el precio puede ser su vida, sin juicio justo, sin apelación y sin posibilidad de canje. Los intercambios de prisioneros, que históricamente han permitido liberar a miles de encarcelados, quedarían bloqueados ante la imposibilidad de negociar con condenas a muerte irrevocables.

Pero el objetivo no es solo disuadir al individuo. Es paralizar a la comunidad. El miedo, en esta lógica, no es un efecto secundario indeseado. Es el mecanismo central. Una población aterrorizada es una población que no se organiza, que no protesta, que no resiste. O al menos esa es la apuesta de Ben-Gvir y los sectores más extremistas del Gobierno israelí.

Dentro de Israel, sin embargo, esta deriva está generando fracturas profundas. Sectores liberales, juristas y ex altos cargos militares han alzado la voz para advertir que convertir la excepción en ley tendría un coste inasumible para el propio Estado. Dificultaría cualquier futuro intercambio de prisioneros —una herramienta que Israel ha utilizado en numerosas ocasiones para recuperar a sus soldados—, entraría en contradicción con los acuerdos internacionales y expondría a los líderes israelíes a ser perseguidos en tribunales internacionales. Para muchos israelíes, esta ley no representa la defensa de su país, sino la imposición de una agenda mesiánica que antepone la venganza al interés nacional. Ben-Gvir, sin embargo, ha ignorado sistemáticamente estas advertencias.

La ley de ejecución no ha sido aprobada aún. Pero su mera presencia en el debate ya está cumpliendo su función: normalizar lo inaceptable y profundizar un régimen que convierte la arbitrariedad en método y el miedo en política de Estado. La pregunta es si el mundo seguirá mirando hacia otro lado mientras Israel construye, piedra por piedra, un sistema legal diseñado para ejecutar sin juicio, encarcelar sin causa y castigar sin límite.

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Sira Rego (Valencia, 1973) es ministra de Juventud e Infancia y forma parte de la dirección federal de Izquierda Unida. Desde que desembarcó en el ministerio, a finales de 2023, trabaja con varias fórmulas para solucionar un problema que le subleva: erradicar la pobreza infantil en nuestro país. Una de sus propuestas es la Prestación Universal por Crianza, una ayuda mensual y universal de 200 euros por hijo o hija que no está exenta de críticas incluso dentro de la propia izquierda. Esta ayuda permitiría reducir la brecha de desigualdad existente entre «ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho» –como a Rego le gusta definirlos– de estas edades.

Su cartera, además, está de actualidad por su participación en la ley para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales. Según su propuesta, los menores de 16 años no podrán acceder a las redes sociales sin el consentimiento expreso de sus padres o sus tutores legales. El PSOE quiere ir más allá y prohibir ese acceso totalmente. En ambos casos, la medida cuenta con dificultades técnicas asociadas al sistema de verificación de edad de los usuarios.

Pero no queda ahí la cosa: en el Ministerio de Juventud también están dando los últimos retoques a la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi). Esta ley, entre otras cosas, contempla la obligatoriedad de escuchar a niños y niñas en los procedimientos judiciales que les afecten, independientemente de su edad (algo que no ocurrió, por ejemplo, en el caso de Daniel Arcuri, el hijo de Juana Rivas).

Todo esto en un contexto de reorganización de la izquierda a la izquierda del PSOE de cara a las próximas elecciones generales. Hay mucho de qué hablar.

Nadie duda de la buena voluntad de la Ley de Entornos Digitales Seguros, ¿pero prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales es realmente posible a nivel técnico?

Ante un problema tecnológico, siempre hay una solución tecnológica. El problema no es técnico porque ya ha quedado acreditado que si se quiere bloquear una aplicación o el acceso a una web, se puede hacer. Ocurre en muchos lugares del mundo. Si Facebook sabe más cosas de ti que tú mismo, seguramente también podrá saber qué edad tienes y ofrecer una herramienta de verificación de edad con garantías. Pero al margen de esto, desde el Gobierno de España estamos trabajando con una herramienta de verificación que se está probando a nivel europeo y que es muy potente, muy buena. Las pruebas están muy avanzadas y funciona muy bien. El problema no es ese. El problema es saber hasta qué punto hay una voluntad colectiva de ponerle límite a las plataformas y de democratizar el entorno digital. No puede ser que haya multinacionales tecnológicas que estén por encima de la ley, porque eso significa que están por encima de nuestros derechos y de nuestras libertades.

Por su componente económico, que lo desvirtúa todo, es evidente que esta ley digital está generando mucho ruido, pero hay otras que cuesta creer, quizás ingenuamente, que no tengan un amplio consenso. Sobre la Lopivi, por ejemplo, ¿quién podría estar en contra de que se escuche a los niños y las niñas en los procesos judiciales?

El sentido común a mí me dice que es una ley a la que no debería oponerse nadie, pero sí he oído voces que ponen en cuestión el derecho de un niño a ser escuchado. Hay casos de jueces que se han negado a escuchar a los niños. Y hablo de casos dramáticos. Se trata de niños que están sufriendo muchísimo. Estamos viendo cosas muy duras. Por supuesto, no te expresas igual cuando tienes 5 años que cuando tienes 25, pero esto no significa que los niños no puedan hablar y que no puedan comunicarse y explicar lo que les ha sucedido. Lógicamente, esto se tiene que hacer con un acompañamiento profesional adecuado y en unas instalaciones que tengan perspectiva de infancia. Esto ya está muy trabajado, está sustentado por el trabajo de los profesionales y por multitud de estudios académicos. Es decir, hay un rigor científico detrás de estos procesos de acompañamiento del niño y de la niña a la hora de tomar testimonios que tienen validez.

Usted ha defendido la instauración de la Prestación Universal por Crianza. Una ayuda mensual de 200 euros por hijo. ¿Por qué debe ser universal? ¿No beneficiará precisamente a las familias más pudientes, con más hijos, que no necesitan esa ayuda según sus ingresos?

Lo defendemos porque los derechos tienen que ser universales.

Pero es una ayuda del Estado.

No, es un derecho, una renta de ciudadanía, un reconocimiento a la infancia de este país. De la misma manera que cuando uno va a un hospital público le atienden igual si tiene 0 euros en la cuenta que si tiene 100.000.

Pero no es lo mismo una familia que no tiene suficientes ingresos para alimentar bien a sus hijos que una familia rica que usará esos 200 euros para regalarle al niño unas zapatillas último modelo con el dinero del contribuyente.

Es que esta prestación no tiene un enfoque asistencialista. Y ayudará, además, a cerrar una brecha de desigualdad. Es la demostración de que el Estado cuida a sus infancias. A todas. Y lo más importante para instaurarla es que debe ir ligada a un mecanismo de justicia económica que se aplique a través de la declaración de la renta: que quién más tiene, más pague. ¿Para qué? Para que el acceso al derecho sea el mismo. De esta forma, la redistribución se da a través de la renta.

Explicado así suena diferente. De la otra forma, esa prestación recuerda a los colegios concertados de niños ricos que además cuentan con el dinero público que les da Ayuso.

Pero no se trata de eso. De hecho, es todo lo contrario. No puede ir disociado de la renta. Es más, nos hemos planteado la posibilidad de instaurar la tasa Zucman para que los superricos paguen un 2% de su patrimonio neto y que esto sirva para financiar la prestación universal por crianza. En resumen: la financiación debe venir siempre a través de la presión fiscal a los ultrarricos.

Ustedes han utilizado recurrentemente una frase para definir su proyecto político: «Mejorar la vida de la gente». Y la han mejorado con las subidas del SMI, con los ERTE durante la pandemia o con la ley Rider. ¿Por qué esas políticas no han calado entre el electorado? O dicho de otra manera: ¿por qué las políticas materiales parece que no importan hoy en día?

Sí, hemos mejorado algunas parcelas de la vida de la gente con esas leyes que, por cierto, surgen de una parte muy concreta del gobierno de coalición. Digo esto para recalcar la importancia de nuestra presencia ahí, que sirve para que salgan leyes que protegen a la gente trabajadora. Pero también es importante reconocer una cosa: esas mejoras, que entran en el bolsillo de la ciudadanía vía Gobierno de España, se van por la puerta de atrás por el problema de la vivienda. Si el 70% de los ingresos de un hogar está destinado a pagar la vivienda, el resultado es que esas políticas no tienen una traslación en términos reales, contantes y sonantes. Y la mayor parte de la responsabilidad en este problema la tienen las comunidades autónomas que se han negado a aplicar mecanismos que podrían frenar la actividad especulativa.

Pero esas comunidades las gobierna el PP y Vox. Según algunas encuestas, estos dos partidos conseguirían en torno a 200 escaños en las próximas elecciones generales. Visto así, no parece que el problema de la vivienda importe demasiado a la ciudadanía. Parece que tiene mucha más importancia ese concepto detestable llamado «batalla cultural».

A eso me quería referir también. No sé si llamarlo «batalla cultural» o decir mejor la «conversación del país». O la «agenda pública del país». Quizás lo que ocurre es que los partidos que formamos la coalición de gobierno tenemos diferentes intereses. En cualquier caso, debemos tener más empuje a la hora de tratar algunos temas. Conviene politizar determinados aspectos de la vida. Estamos en una espiral de ruido que evita que nos centremos en los temas importantes. Mientras hablamos de la ficción del burka, no estamos hablando, por ejemplo, de la posibilidad de la expropiación del uso de la vivienda. Mientras PP y Vox, que cada vez se parecen más, nos tienen entretenidos con sus cosas, no estamos hablando de que las comunidades autónomas que gobiernan están recortando todos los programas de protección a mujeres víctimas de violencia de género. O cómo están recortando los servicios públicos, en educación y en sanidad. Aquí, en Madrid, estamos viendo lo que la señora Ayuso está haciendo con la sanidad pública y cómo está hinchando de millones a un montón de empresas de la sanidad privada. Nos toca recuperar la iniciativa en estos temas.

¿Eso puede ocurrir a partir de un nuevo liderazgo? Ahora que Yolanda Díaz da un paso atrás, ¿puede llegar alguien nuevo que coloque esos asuntos en la agenda del país?

No creo que se trate solamente de un asunto de liderazgo. Creo que debemos pararnos a pensar en cómo convertir esta agenda en tema de conversación. Sé que esto no es sencillo. Lo bueno es que ya se están haciendo muchas cosas, pero no se han trasladado a la conversación pública. Y la otra buena noticia de estos días es que la izquierda, en sus distintas expresiones, se ha parado a pensar, se ha juntado y se está preguntando cosas. Tenemos margen. Vamos con tiempo. Creo que se puede trabajar en un proyecto electoral. Creo que debemos hablar a la gente, pero también escuchar lo que la gente tenga que decir. Hay muchas personas en muchos sitios haciendo cosas muy interesantes y debemos abrir un canal directo con ellas. Esto es importantísimo. Y también creo que podemos buscar otras formas de liderazgo, más allá de cómo cristalicen los proyectos electorales. Las fuerzas de la izquierda pueden caminar con una cierta cooperación, con un cierto acompañamiento, aunque se presenten por separado. Se puede pactar un itinerario de entendimiento, porque hay muchas cosas que tenemos en común.

No sé si lo estoy comprendiendo bien. ¿Está hablando de la propuesta de Rufián de que haya fuerzas que se presenten en una provincia y no en otra?

No exactamente. Hablo de un proceso de cooperación entre las distintas fuerzas. Ya veremos cómo cristaliza eso. Queda tiempo todavía. En nuestros equipos hay una gran inteligencia colectiva que ya está trabajando y sé que acabarán encontrando una buena fórmula. Y quizás no haya que encontrar a un único líder o a una única líder.

¿Cómo se haría entonces?

Quizá se pueda plantear un espacio en el que haya varias personas que representen a la izquierda transformadora o radical del país, y que representen también una determinada forma de hacer política. Porque puede que no baste con una sola persona, pero sí con unas cuantas que representen militancias diversas. Ahora nos toca imaginar, nos toca pensar muy bien cómo queremos caminar hacia ese proyecto electoral en el que vamos a tener que ser supergenerosos y vamos a tener que escuchar muchísimo. Dentro y fuera de las formaciones. Para mí es primordial el reconocimiento explícito de la movilización popular. La fuerza de la izquierda siempre viene a través del empuje social. Esa relación no se debe romper nunca.

Últimamente se está escribiendo mucho sobre determinados votantes que siempre han votado a la izquierda y que ahora votan a la ultraderecha. Para recuperarlos, recuerdo que Fabien Roussel, del Partido Comunista Francés, apareció comiéndose un chuletón. No sirvió de nada, por cierto.

Es que no funciona así. Hay una parte muy deshonesta en la comunicación política. Deshonesta en el sentido de que, por muy buena que sea, no puede suplantar un proyecto político. A veces nos quedamos en lo superficial. Un ejemplo de esta fascinación por la comunicación política es la victoria de Zohran Mamdani. Decimos: «¡Qué bonito!». Y es cierto, pero esa victoria de Mamdani es un proyecto político que lleva años cociéndose en Nueva York. Un proyecto que ha movilizado a muchísima gente en los barrios. Es la movilización social la que ha conseguido ese éxito. Luego, claro, una buena comunicación ayuda mucho. Un candidato majo, muy solvente políticamente, con un encanto indudable es importante, pero no gana por sí solo. Viene a culminar un proceso. No es el líder primero y luego el proyecto. No se trata sólo de comunicación.

Seguramente eso fue lo que no entendió Pablo Iglesias.

Claro. En sus inicios, lo que plantearon desde Podemos fue una maquinaria de guerra electoral. Nosotros hablamos mucho con ellos y les dijimos que había que tener una estructura, una organización que sostuviera esa maquinaria. Ellos decían que no, que eso ya lo tenían estudiadísimo y que todo tenía que basarse en la batalla comunicativa. Y hay que admitir que eso es importantísimo y me parece que fueron muy brillantes a la hora de detectar dónde estaba la grieta y cómo contar la historia desde otro lugar. Insisto, fueron extraordinariamente brillantes, pero yo vengo de otra tradición, de la tradición comunista, donde la organización es muy importante. Y no es algo espontáneo. Hay que trabajar mucho, en muchos sitios y durante mucho tiempo. Y en cada época, además, aparecen nuevas formas de hacer ese trabajo. En el momento actual, entender eso es fundamental.

¿En el momento actual? ¿A qué se refiere?

Pues a que tú no organizas igual a la gente que trabaja en macrofábricas que a la gente de una economía basada fundamentalmente en el sector servicios como la nuestra, y en un país que tiene una idiosincrasia y una cultura como la nuestra. No es lo mismo.

Entiendo. No es lo mismo en un contexto en el que se ha desarticulado el movimiento sindical y en el que ya ni siquiera trabajamos juntos, sino cada uno en su casa.

Exacto. Por eso yo estoy empeñadísima en que el desafío de la izquierda en este momento pasa por interpretar correctamente lo que sucede en el ámbito digital. Porque ahí hay una posibilidad de organización social que no estamos ni pensando ni explorando. Vamos, no nos estamos ni acercando.

La entrada Sira Rego: “Mientras estamos entretenidos con la ficción del burka, no estamos hablando de expropiar vivienda” se publicó primero en lamarea.com.