Este artículo ha sido publicado originalmente en La Directa.

La palabra imperialismo vuelve a estar en boca de todos. La geopolitización de las relaciones internacionales, así como el marcaje territorial, la política de la fuerza, el nacionalismo expansionista y la coerción económica y militar, hacen difícil encontrar una mejor manera de describir las disputas en el tablero global. El principal motivo de este conflicto a gran escala es que vivimos en un tiempo liminal, un intervalo entre un estado anterior y uno nuevo, el interregno entre la unipolaridad estadounidense surgida del final de la Guerra Fría y la multipolaridad que reivindican las potencias medias y emergentes.

Ante la intensidad y la velocidad de los cambios globales, que tienden a invisibilizar otros ritmos y horizontes políticos, este texto nace con la voluntad de contribuir a la construcción de un antiimperialismo popular que responda al contexto y ponga en valor resistencias y alternativas.

Recursos, propaganda y desgaste social

Las diferentes dimensiones del embate imperial exigen una respuesta antiimperialista que vaya más allá del campismo —la idea de que “los enemigos de mis enemigos son mis amigos”— y también de la condena selectiva que, por ejemplo, señala al imperialismo ruso mientras blanquea el imperialismo yanqui.

Es precisamente el imperialismo estadounidense, hoy encabezado por Donald Trump, quien está dinamitando las ya frágiles relaciones internacionales desde una lógica abiertamente transaccional. El afán por controlar recursos estratégicos —desde las tierras raras de Ucrania hasta el potencial gasístico de Gaza, pasando por el petróleo venezolano o los hidrocarburos de Irán— está reconfigurando aceleradamente las alianzas globales y, al mismo tiempo, se utiliza como instrumento de confrontación contra China.

Ahora bien, el imperialismo actual no solo opera mediante el expolio de recursos. También actúa como una fuerza destructiva con profundos efectos psicosociales: normaliza la violencia, alimenta la impotencia, la ansiedad y la apatía, y favorece el aislamiento. En su versión trumpista, la dimensión comunicativa se convierte en un elemento central para producir este impacto. Por un lado, busca saturar el espacio público con un flujo constante de mensajes que hegemoniza los canales de comunicación. Por otro, pretende desplazar la ventana de Overton, ampliando los límites de lo políticamente aceptable. El vídeo “Trump Gaza” es un ejemplo claro: una apuesta por normalizar lo grotesco.

La acción imperialista y su aparato propagandístico también penetran en el ámbito militante, generando fatiga, frustración y pérdida del sentido de la lucha. Este desgaste se explica, en parte, por la hiperresponsabilización y la incoherencia que implica reconocerse como pieza de un sistema estructuralmente injusto. Ulrich Brand definía esta realidad como “modo de vida imperial”: una forma de vida propia del Norte Global, sostenida sobre la explotación de territorios y ecosistemas ajenos, presentada falsamente como universal pero profundamente insostenible e injusta, y reproducida transversalmente por amplias capas sociales.

La sustancia del antiimperialismo popular

Podríamos definir el antiimperialismo popular como una crítica a la expansión política, económica y cultural de potencias dominantes sobre otros territorios, otorgando protagonismo a las formas de oposición que surgen desde las clases populares (trabajadoras, campesinas, colectivo LGTBIQ+, personas racializadas, pueblos indígenas, etc.).

La esencia del concepto puede encontrarse en diferentes tradiciones que van desde el marxismo de Vladimir Lenin o Rosa Luxemburgo, el decolonialismo de Frantz Fanon o Ho Chi Minh, hasta movimientos contemporáneos como el zapatismo y los movimientos indígenas, feministas y ecologistas, principalmente en el Sur Global.

En este sentido, diversas voces reivindican un antiimperialismo popular capaz de superar el campismo y el reduccionismo geopolítico. Ashley Smith alerta contra la lectura de los conflictos únicamente como disputas interimperialistas y rechaza la idea de Washington como fuerza positiva global. Al mismo tiempo, Anticapitalistas sitúa en el centro el apoyo a Palestina, el antirracismo, los derechos de las personas migrantes y la oposición al militarismo, mientras que Catarsi Magazine defiende la autonomía política de las resistencias y el anticolonialismo como respuesta a la extrema derecha. Finalmente, Walaa Alqaisiya reivindica un feminismo palestino antiimperialista que articule género, clase y liberación colectiva frente al colonialismo y al pinkwashing israelí.

Por tanto, el antiimperialismo popular debe articular la confrontación con el orden geopolítico actual junto con una transformación de las formas de producción y reproducción, orientada a superar las dinámicas de acumulación, sosteniendo la vida y defendiendo a las clases populares. Esto implica disputar el control de los recursos estratégicos y rechazar que la crisis ecológica se resuelva mediante una nueva expansión extractiva sostenida sobre el saqueo territorial, la dependencia tecnológica y la subordinación del Sur Global. La reconfiguración industrial impulsada por los bloques occidentales —desde las cadenas de minerales críticos hasta la consolidación de una economía orientada al rearme— no representa una ruptura con el modelo anterior, sino su adaptación militarizada.

Esta confrontación también exige situar la movilidad humana y la reproducción social en el centro del análisis político. Las fronteras y los regímenes migratorios actúan como mecanismos que legitiman internamente el autoritarismo y la excepcionalidad permanente. En este contexto, las luchas feministas, antirracistas, campesinas, indígenas y migrantes no pueden entenderse como frentes complementarios, sino como espacios centrales de confrontación con un modelo que mercantiliza los territorios, erosiona las condiciones materiales de la vida y externaliza los costes sociales y ecológicos hacia los colectivos precarizados y vulnerabilizados.

Esto implica reconocer como parte de la lucha antiimperialista diversas formas de resistencia popular ya existentes, que operan en diferentes escalas pero responden a una misma lógica de confrontación con el expolio, el racismo y la militarización. En Estados Unidos, destacan las redes de vigilancia comunitaria y apoyo mutuo impulsadas por organizaciones de base que alertan y protegen a las comunidades migrantes frente a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como el movimiento autoorganizado migrante y antirracista ¡Regularización Ya!, centrado en la regularización y la defensa de los derechos de las personas sin papeles en el Estado español.

En el ámbito de los recursos, encontramos las resistencias al extractivismo verde del pueblo sami frente a la expansión de proyectos mineros de tierras raras que amenazan sus territorios y formas de vida, y las luchas de las comunidades lickanantay en el desierto de Atacama contra la extracción de litio vinculada a grandes corporaciones transnacionales. En la misma línea, en Cataluña, la Revoltes de la Terra denuncia y confronta la presencia de la empresa minera sionista ICL en el Bages, señalando los impactos ecológicos y las violaciones de derechos humanos derivadas de su actividad. Finalmente, en Europa, se cuestiona la deriva de la industria alemana —con casos como Volkswagen— por su implicación en cadenas de producción vinculadas a sistemas militares como la “Cúpula de Acero”, que ejemplifica la creciente integración entre el sector automovilístico y el complejo militar-industrial israelí.

Al mismo tiempo, diversas experiencias recientes en territorios directamente impactados por el imperialismo insisten en la necesidad de una autonomía política popular frente a las injerencias imperiales y las élites locales. El Sindicato de Trabajadores de los Autobuses de Teherán rechazaba tanto a las potencias extranjeras como el retorno monárquico impuesto “desde arriba” como vías de liberación para las clases populares iraníes. En una línea similar, el Comité Nacional de Conflicto venezolano denunciaba tanto la disputa entre imperialismos como la deriva proimperialista del gobierno de Delcy Rodríguez. Desde Palestina, Queers in Palestine rechaza la instrumentalización colonial de las disidencias sexuales para justificar violencia imperialista y genocida, negando que los derechos LGTBIQ+ puedan utilizarse como criterio para deshumanizar a pueblos colonizados.

Las tareas del antiimperialismo popular en el tiempo liminal

La buena noticia es que ya tenemos mucho trabajo hecho. Es importante que nuestros proyectos políticos no sean víctimas de un contexto lleno de excepcionalidades. Una de las tareas más importantes, en un presente discontinuo, es dar continuidad a nuestros horizontes políticos sin renunciar a un margen de maniobra suficiente para poder responder a los cambios del contexto.

Dentro de este margen de maniobra y en el marco de un antiimperialismo popular, es necesario articular un conjunto de propuestas que permitan responder a las diferentes dimensiones del embate imperial y a sus expresiones contemporáneas.

En primer lugar, el desarme debe plantearse como una condición material para reducir la capacidad de proyección de violencia de los bloques imperiales y de los Estados que los sostienen. Esto implica oponerse al atlantismo y al aumento de los presupuestos militares, a la expansión de la industria armamentística y de la industria dual —civil y militar—, y a la normalización de la guerra como instrumento político.

En segundo lugar, es necesario avanzar hacia una ruptura con la subordinación estructural a Estados Unidos, entendiéndolo como eje central del orden imperial contemporáneo. Esto supone cuestionar las dependencias metabólicas, económicas, militares y políticas, así como las alianzas que sostienen este orden, con el objetivo de abrir espacios de autonomía para proyectos populares.

En tercer lugar, es necesario desarrollar una práctica antirracista y decolonial que permita identificar y combatir las formas de dominación que sostienen el orden global actual. Esto implica analizar las bases materiales de la explotación colonial y neocolonial, desmontar las lógicas de acumulación capitalista y confrontar los discursos racistas y deshumanizadores que las legitiman.

Por último, es imprescindible responder al afán extractivo sobre los recursos naturales y territoriales, que estructura gran parte de las relaciones Norte-Sur y que se entrelaza con la emergencia climática y la crisis de la reproducción social. Esta respuesta implica defender la soberanía sobre los bienes comunes y oponerse a las lógicas de acumulación que destruyen ecosistemas y despojan a las comunidades, al tiempo que se sitúa en el centro la sostenibilidad de la vida. Esto supone reforzar las redes comunitarias, los servicios públicos y las condiciones materiales que hacen posible la vida cotidiana, disputando el sentido de lo que significa vivir dignamente fuera de las dinámicas de mercado, explotación y colapso ecológico.

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El pasado 27 de mayo, Alexis Tsipras presentó en Atenas su nuevo partido, la Alianza de la Izquierda Griega (ELAS), con el que se propone desafiar al conservador Kyriakos Mitsotakis de cara a las elecciones de 2027. Tsipras vuelve. Y con su vuelta regresa, inevitablemente, el fantasma que lo define: la Troika, el consorcio de poder tecnocrático –la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional– que en el verano de 2015 le dobló el brazo ante las cámaras de todo el mundo y convirtió un referéndum democrático en papel mojado. Entender el retorno de Tsipras exige volver, una vez más, a aquel julio. Lo que ocurrió entonces fue el golpe final del neoliberalismo en Europa en el corazón mismo del continente que vio nacer la democracia más de dos milenios atrás.

El laboratorio griego

Para comprender la brutalidad del ajuste que se le impuso a Grecia hay que recordar el punto de partida. Desde 2010, el país se había convertido en el conejillo de indias del neoliberalismo europeo. Los rescates financieros –en realidad, rescates a los bancos acreedores alemanes y franceses disfrazados de ayuda a Atenas– llegaron cargados de condiciones: recortes masivos en el gasto público, subidas de impuestos, desmantelamiento de derechos laborales y privatizaciones en cadena.

El Estado griego puso en subasta aeropuertos, puertos, ferrocarriles, hoteles, playas, sedes olímpicas e incluso centros arqueológicos. Un inventario de lo colectivo entregado al capital privado. El desempleo llegó a rozar el 27% de la población activa y superó el 50% entre los jóvenes. Mientras Bruselas celebraba el cumplimiento de los objetivos fiscales, la realidad social era otra. Un estudio publicado en The Lancet detectó un aumento del 47% en las personas que no podían acceder a la atención médica que necesitaban, mientras alrededor de 800.000 griegos quedaron sin cobertura sanitaria vinculada al empleo.

La deuda, lejos de reducirse con los recortes, escaló por encima del 180% del PIB: la austeridad no saneaba las cuentas, las destruía.

En enero de 2015, hastiada de años de sufrimiento, la sociedad griega eligió a Syriza. Un partido político que se convirtió rápidamente en algo más que la esperanza de la población griega. Se convirtió en un símbolo de la izquierda internacional. El partido de Tsipras llevó la coalición del 4% al 36%, sobre la promesa de poner fin a los memorandos y recuperar la soberanía del país y durante unos meses, el gobierno de izquierdas desafió abiertamente a la Troika: frenó privatizaciones, recontratró empleados públicos, intentó restaurar pensiones. Y luego convocó un referéndum para preguntarle al pueblo si debían aceptar las condiciones draconianas de la Troika. El 5 de julio de 2015, el 61,5% de los griegos votó oxi, «no» a las nuevas condiciones de ajuste impuestas por los acreedores. Fue un grito de dignidad que estremeció Europa. Duró una semana.

El golpe de Schäuble

El 13 de julio de 2015, Tsipras firmó un tercer memorando que contenía condiciones aún más duras que las rechazadas en las urnas. El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, había sido el arquitecto principal de la presión. Su estrategia fue brutal: amenazar con el corte de liquidez al sistema bancario griego, imponer el corralito financiero y agitar el fantasma del Grexit, la expulsión de Grecia del euro. La capitulación de Tsipras incluyó un fondo de privatizaciones de 50.000 millones de euros, nuevas reformas de pensiones, aumentos del IVA hasta en alimentos básicos y el compromiso de generar superávits fiscales primarios durante años. El propio ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, prefirió dimitir antes que firmar.

Lo que Schäuble hizo aquel verano poco tenía que ver con la economía. Fue un ejercicio de demostración de fuerza con mensaje incorporado: ningún gobierno elegido democráticamente, por más que acumule mandato popular, puede escapar de la disciplina de los mercados y de los grandes acreedores si estos deciden apretar. El referéndum no valía nada. La voluntad popular era papel mojado frente a la arquitectura financiera de la eurozona. Syriza, que había llegado al gobierno como símbolo de una izquierda radical capaz de gobernar, terminó aplicando políticas que los propios partidos de la casta griega –el socialdemócrata PASOK y el conservador Nueva Democracia– habían considerado inaplicables. Subió impuestos a los más pobres, bajó pensiones un 9% de media y ejecutó el mayor programa de privatizaciones de la historia reciente del país.

El mensaje político era tan nítido como perverso: podéis votar lo que queráis, pero gobernaréis como nosotros digamos. La democracia, dentro del euro, tiene límites. Y esos límites los marcan Fráncfort, Berlín y el FMI.

La ironía de los nuevos derrochadores

Aquí entra la segunda parte de esta historia, que tiene la estructura de una farsa si no fuera porque las consecuencias para millones de personas han sido perfectamente reales. Los mismos países que lideraron el estrangulamiento de Grecia en nombre de la ortodoxia fiscal llevan años redescubriendo las virtudes del gasto público.

Francia lleva desde 2023 sometida a un procedimiento de déficit excesivo por la Unión Europea, con un déficit que superó el 6% del PIB. No es que París haya aplicado medidas de estímulo keynesianas por convicción: es que simplemente no puede cuadrar sus cuentas bajo las reglas que contribuyó a imponer al sur de Europa. Alemania, por su parte, ha protagonizado la reconversión más espectacular. El país del Schwarze Null –el dogma del presupuesto cero que Schäuble convirtió en obsesión ideológica– modificó en marzo de 2025 su propia regla constitucional del freno de la deuda, vigente desde 2009, para financiar un plan de inversión de 500.000 millones de euros en infraestructuras y comprometerse a elevar el gasto en defensa hasta el 3,5% del PIB. Berlín, que se negó a cualquier quita de la deuda griega y exigió austeridad con mano de hierro, se dispone ahora a impulsar un déficit próximo al 4% del PIB. La deuda pública alemana podría alcanzar el 74% del PIB en 2030.

No se trata solo de hipocresía. Se trata de confirmar lo que los economistas heterodoxos y los gobiernos del sur europeo llevaban años denunciando: que las reglas de austeridad no eran principios universales de buena gestión económica, sino instrumentos de disciplina selectiva. Funcionaban cuando se aplicaban a los débiles. Cuando los fuertes las necesitaban, se reformaban o se ignoraban. Grecia fue el laboratorio donde se experimentó con ellas en su versión más cruel.

Los griegos pagaron la deuda con recesión, pobreza y emigración masiva. Ahora, quienes diseñaron ese laboratorio se permiten el lujo de abandonar sus propias recetas sin que nadie les pida cuentas.

Tsipras contra su propia criatura

Y, sin embargo, aquí está Tsipras. De vuelta. Con un nuevo partido, un nuevo nombre y el mismo carisma envejecido frente a las ruinas de su propio legado. Los números de las encuestas son por ahora alentadores. ELAS, un partido que literalmente acaba de nacer, aparece ya como segunda fuerza política con el 12,8% de intención de voto, por delante del PASOK (la familia socialdemócrata) y muy por encima de su antiguo partido.

Porque la otra gran historia de este regreso es la que ocurre por la izquierda: Syriza, el partido que Tsipras construyó desde el 4% hasta el gobierno, el partido que fue símbolo de una izquierda europea capaz de desafiar a la Troika, aparece hoy pulverizado en las encuestas y no conseguiría estar representado en el Parlamento. El partido que lo hizo y lo deshizo, y del que se marchó en 2023 tras dos derrotas consecutivas, ha acabado convertido en un residuo electoral irrelevante. Tsipras no vuelve a liderar la izquierda griega: vuelve a competir contra ella, a devorar los restos de un partido que no pudo recuperarse después de lo ocurrido.

Pero hay algo más que merece atención en el discurso. El Tsipras de 2015 llegó al gobierno con un programa de ruptura explícita con la austeridad: renegociar la deuda, revertir los memorandos, devolver al Estado su función redistributiva. El ELAS de 2026 mantiene referencias a los salarios dignos, a la vivienda y la sanidad como derechos y no como privilegios –el lenguaje de la izquierda sigue presente–, pero el eje central del proyecto ha desplazado su centro de gravedad. Es comprensible. El contexto ya no es el mismo.

Donde antes había una narrativa de confrontación con los poderes financieros europeos, ahora hay sobre todo una denuncia de la corrupción interna: que el Estado griego ha caído en manos de una élite que lo usa como botín, que la justicia se ha degradado y la democracia se ha vaciado. Son acusaciones legítimas, pues el gobierno de Mitsotakis acumula escándalos varios, tanto por –supuestamente– espiar a políticos y periodistas como por una presunta trama de corrupción con fondos europeos.

En ese sentido, el adversario ya no es la Troika ni la arquitectura financiera de la eurozona: es la corrupción doméstica de la derecha griega. Y el propio Tsipras lo ha explicitado: quiere una «izquierda que gobierne», centrada en «soluciones prácticas». El oxi del referéndum de 2015 fue un acto de soberanía popular que duró exactamente siete días. Once años más tarde, el hombre que fue derrotado vuelve a intentarlo una vez más. Las elecciones, justo dentro de un año, en junio 2027.

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La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia reveló un país dividido –una vez más– entre el centro y las periferias, un mapa bicolor similar al de hace diez años, cuando los colombianos y colombianas votaron en el plebiscito por la paz. Entonces ganó el “No”, y los ecos de la guerra continúan resonando en muchos territorios. El domingo 31 de mayo, el candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella, de 47 años, se alzó con la victoria en esta primera ronda. Un hombre abiertamente homófobo, misógino, que habla de “destripar” a la izquierda, de construir mega cárceles, de reducir el Estado, de explotar el territorio y sus recursos, y del tamaño de su pene como impulsor del electorado femenino. 

El mediático abogado outsider, defensor de narcotraficantes, paramilitares y bandidos, defensor de Alex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro; un showman autodenominado como ‘el Tigre’ que evoca a figuras de la ultraderecha regional como el presidente argentino, Javier Milei, y busca ser el gemelo costeño con aires italianos del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, obtuvo el 43,74% del total. Superó los pronósticos de las encuestas, le arrebató los votos al conservadurismo tradicional, la candidata del uribismo, Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien apenas logró 1,64 millones de votos. El espectáculo, desde el interior de una pecera blindada, con luces amarillas y tigres diseñados con Inteligencia Artificial (IA), rugió más agresivo que nunca: “Defenderemos la democracia por la razón o por la fuerza”, dijo desde el malecón de Barranquilla, en la costa caribe. Un oxímoron disfrazado con la camiseta de la selección colombiana. 

Para el director de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes, Felipe Botero Jaramillo, las encuestas no lograron captar el voto de la antipolítica y el malestar con el establecimiento, canalizado por el ultraderechista, que “construyó una candidatura por fuera de los partidos, apoyado en las redes sociales y en un mensaje de ruptura”. El politólogo apunta al contundente rechazo a un nuevo mandato de izquierda en primera vuelta como una de las causas por las que un personaje sin experiencia en política pública lograra captar los votos del electorado uribista y la derecha tradicional. El expresidente Álvaro Uribe Vélez no tardó en salir a dar su apoyo al que, para algunos, era su segundo candidato presidencial: “El viejo caudillo de la derecha está respaldando al recién llegado que lo desplazó”, dice Botero. 

La izquierda gana votos, pero no logra la movilización masiva 

A apenas 670.000 sufragios de distancia, el candidato de la izquierda oficialista, el senador Iván Cepeda, de 63 años, reunió el 40,9% de los votos. Cepeda contaba con entrar a la segunda vuelta del balotaje –pese a que su campaña intentó convencer a sus seguidores de una victoria en primera–, pero nadie, ni las encuestas, pronosticaban que iba a llegar por debajo del ultra. Los rostros en el Hotel Tequendama de Bogotá, donde la campaña del Pacto Histórico se congregó para recibir los resultados, mostraron nerviosismo a medida que avanzaba el preconteo y las arengas sonaban más como un pitido silente que como un cántico de victoria. 

“Muchas de las organizaciones a las que pertenecemos las han intentado diezmar y reducirlas al silencio o a la muerte (…) la lucha continúa y vamos a seguir”, reiteró el filósofo y defensor de derechos humanos desde la tarima, apelando a las organizaciones y movimientos sociales que le han dado la mano durante toda su vida política. Cepeda habló con la misma templanza doliente con la que pidió justicia en 1994, minutos después de que su padre Manuel Cepeda Vargas, senador del partido Unión Patriótica, fuera asesinado en plena carretera por paramilitares en colusión con agentes del Estado. Un hecho que marcó su vida, pero sobre todo su carrera política desde la trinchera de por la defensa de las víctimas de violencia estatal, de aquellos que habitan los márgenes, las mismas que le dieron el empujón para que lanzara su candidatura –MAFAPO, las madres de los falsos positivos–, aquellas que votaron por él enarbolando la bandera blanca de la paz. 

Si bien, la primera reacción fue emular al presidente Gustavo Petro, quien no reconoció en un inicio los resultados del preconteo, el lunes, Cepeda se desmarcó del mandatario ante la prensa: “No hemos encontrado irregularidades de dimensiones suficientes para hablar de fraude”. La confianza por el sistema electoral –bajo la lupa– retornó a unos comicios históricos en su participación, que rozó el 57% del censo electoral. Según Sandra Borda, analista y politóloga de la Universidad de los Andes, sembrar dudas sobre los resultados alejaría al candidato de los votos que canalizó el centro, necesarios para una victoria en segunda vuelta: “Para el centro, la institucionalidad electoral es una institucionalidad sólida, robusta y que hay que respetar”. 

El miedo, un movimiento sin bandera 

En Colombia hay un sentimiento que moviliza desde hace décadas a la población, ya sea para esconderse o para dejarse ver en masa: el miedo. La campaña ante la segunda ronda, que se celebrará el 21 de junio, se debate entre la petro-fobia y el temor al fascismo belicista. Los “nadie” del progresismo frente a los “nunca” del ultraderechista. Dos discursos radicalmente opuestos que movilizan desde las entrañas de un país con profundas desigualdades, donde la violencia nunca dejó de ser paisaje. “Las propuestas liberales, moderadas, institucionalistas, perdieron definitivamente piso y los electores están dejándose seducir única y exclusivamente por propuestas cada vez más ligadas a los extremos”, apunta Borda. Con ella coincide Botero: “Es muy probable que el miedo vuelva a estructurar el voto en la segunda vuelta”. 

Esa misma emoción hizo que, apenas 24 horas después de los comicios, cientos de jóvenes se movilizaran improvisadamente en Bogotá en apoyo a Iván Cepeda, con arengas en contra del fascismo y su máximo representante. “Queremos una Colombia unida, una Colombia en paz. No queremos más guerras, más fusiles, más balas. Los pobres primero, por el bien de todos”, repetía el eslogan del izquierdista Juan, estudiante de 22 años. 

Isabel sostiene el pañuelo verde y rojo representativo de la comunidad indígena nasa, a la que pertenece la fórmula presidencial de Cepeda, la lideresa Aida Quilcué: “Es el momento donde más fuerza tenemos que tener, más juntos tenemos que estar y demostrar que las propuestas que tiene este candidato representan la vida, representan la paz”. Son miles los que se ven directamente amenazados por el proyecto político de Defensores por la Patria, que, según la activista y artista afrocolombiana Mily Pardo, representa la profundización de las desigualdades: “Tengo miedo porque en nuestros territorios esto se paga con sangre, con vida”. 

Pero también es el sentimiento que congrega a los sectores más conservadores que, durante décadas, han tenido el control de las instituciones políticas desde la Casa de Nariño, y que ahora, en su versión más radical, se movilizan bajo el rugido: “Firmes por la patria”. “Nosotros no podemos caer en el comunismo. Ese es el miedo de nosotros, entre comillas, porque no tenemos realmente miedo”, dice Héctor Torres, bajo una gorra con el dibujo de un tigre. 

El miedo dibujando las regiones de un mismo territorio. Volviendo al mapa del plebiscito por la paz de hace diez años, cuando ganó en forma de “no”, después de una campaña marcada por la desinformación. Según Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, ese rechazo conservador va ligado a las personas que consideran la seguridad –un tema de preocupación social que sin duda marcaron las elecciones– “pero una seguridad muy específica, de mano dura, de suspender derechos y libertades”. Es parte del escudo de Abelardo de la Espriella, “como el mismo espíritu del ‘no’ a la paz”. 

Se eleva el tono y empieza de nuevo la campaña 

El performance del ultra caló fuerte entre un electorado que dejó de lado la vieja figura política, casi sagrada, de Álvaro Uribe para apoyar a una reencarnación de quien dice ser su seguidor, “más uribista que nadie”. Según Sergio Gúzman, director de la consultora Colombia Risk, “Abelardo ha sido un candidato muy disciplinado, consistente, que ha sabido moverse en las emociones, más que todo negativas, de las personas”. Un modelo importado de Argentina, de Ecuador, de El Salvador, de Vox, pero sobre todo, del líder estadounidense, Donald Trump. La manifestación de la política populista que en los últimos años ha ganado fuerza en el continente. “Él dice que no tiene vínculos con la clase política tradicional, aunque claro que sí los tiene. Su campaña es apoyada por clanes políticos tradicionales de la costa atlántica, que él obviamente no sube a la tarima para poder justificar el hecho de que es un antipolítico”, apunta la analista Borda. 

Los ataques frontales entre los discursos de ambos candidatos elevan la contienda a un nuevo terreno. Cepeda dijo que su oponente representaba “el fascismo mafioso”, y en su lado del ring De la Espriella acusó de “bandido golpista” al presidente actual, y de “bandido e impedido” a su rival en la segunda ronda. El pragmatismo queda nublado, pero todavía hay una masa de votantes indecisos y de centro que pueden definir el futuro de la presidencia colombiana. “Los dos bandos están construyendo al otro como una amenaza existencial”, señala el investigador Botero, “el costo es alto porque deteriora la democracia y convierte una elección en una guerra, deja poco espacio para deliberar sobre propuestas”. Para los analistas consultados, la polarización afectiva es uno de los grandes riesgos para las democracias latinoamericanas. 

Desde la campaña de Cepeda hacen autocrítica, y rebajan el tono: “Todavía hay esperanza, pero también es importante revisar cómo está Colombia en términos del ideario y del imaginario sobre la realidad del país. (…) Hay muchas cosas que tenemos que ajustar en esta etapa, el manejo de la comunicación, tenemos que tener una mayor apertura a ciertos sectores, especialmente un diálogo con otros sectores”, reconoce Andrés Camaño, exministro de Minas y Energía y miembro del Pacto Histórico. 

Si bien Gustavo Petro hizo historia hace cuatro años, convirtiéndose en el primer mandatario de izquierda en llegar al poder en Colombia, su mandato ha estado envuelto en polémicas por sonados casos de corrupción, por la confrontación constante en la plaza pública del dirigente, y por las crisis de salud y seguridad agudizadas en los últimos años. “Deja un balance mixto. Hubo unos avances simbólicos y sociales profundos, pero también hay frustración por reformas trabadas y una percepción de desorden”, resume el analista Felipe Botero. “Personalmente tengo la tesis de que entre más se involucre Petro en la campaña de Iván Cepeda, menos posibilidades va a tener de ganar en segunda vuelta”, coincide Sandra Borda.

En 2022, Gustavo Petro se alzó con una justa victoria, logrando menos de un millón de votos más que su contrincante, el también outsider Rodolfo Hernández. Gran parte de su electorado surgió del estallido social de 2021, de aquellos jóvenes que durante meses tomaron las calles de todo el país y que fueron aniquilados y masacrados por exigir reformas y derechos. Ayer, en varias ciudades, cientos de jóvenes volvieron a marchar, demostrando una fuerza que podría inclinar una balanza ya fuertemente inclinada hacia la derecha más radical. “Es momento de caminar la palabra, de la inclusión y el diálogo nacional”, gritó Aisa Quilcué el domingo. Faltan 19 días para convencer.

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Ecuador atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. El país que hace apenas quince años era presentado como una de las naciones más seguras de América Latina y mostraba avances significativos en indicadores de desarrollo humano, estabilidad institucional y reducción de desigualdades vive hoy una realidad radicalmente distinta.

La expansión del narcotráfico, la fragmentación del crimen organizado y el colapso de la seguridad pública han convertido a Ecuador en el país más inseguro de la región en términos de crecimiento de la violencia y tasas de homicidios. Pero la crisis no es únicamente de seguridad. Paralelamente, atraviesa un acelerado deterioro democrático e institucional marcado por la concentración de poder, la militarización de la vida pública y una deriva autoritaria cada vez más evidente bajo el gobierno de Daniel Noboa.

Los niveles de violencia e inseguridad ponen de manifiesto la incapacidad para responder con toda la fuerza del Estado de derecho y las instituciones democráticas esta realidad que enfrenta el pueblo ecuatoriano en su día a día. Convertir la lucha contra el crimen organizado en una prioridad política es muy distinto a normalizar un estado de excepción permanente, consolidando lo que deberían ser medidas temporales y excepcionales en una forma de gobierno. La declaración de “conflicto armado interno” y la sucesiva prórroga de estados de excepción desde inicios de 2024 han consolidado un escenario de excepcionalidad que debilita la institucionalidad, difumina los contrapesos democráticos y elimina las garantías constitucionales.

El presidente Noboa sigue el camino marcado por Nayib Bukele en El Salvador, intentando replicar el mismo patrón de gobierno: una progresiva concentración de poder en el Ejecutivo y la militarización de la seguridad pública. Igualmente, se confronta con contundencia a jueces, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos que se han opuesto a algunas reformas legales o han denunciado determinadas prácticas gubernamentales, como la ampliación de competencias de los servicios de inteligencia sin controles judiciales, la criminalización de la protesta social o las denuncias de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.

Por elevación, también podría apuntarse a la creciente influencia y alineamiento con las políticas de Donald Trump, cada vez más visibles, en la estrategia de Daniel Noboa, proyectando la imagen de un gobierno supeditado a una agenda regional impulsada desde Estados Unidos. Noboa se ha sumado fervientemente a la iniciativa “Escudo de las Américas” e incluso, hace unos meses, ambos países realizaron una operación militar conjunta contra el narcotráfico. Sin embargo, conviene recordar que su propuesta de volver a permitir la instalación de bases norteamericanas en Ecuador fue rotundamente derrotada en referéndum el año pasado.

Persecución política y judicial

A ello se suma un clima político cada vez más hostil hacia la oposición y hacia cualquier forma de disidencia social o política. En los últimos meses se han multiplicado las denuncias sobre persecución judicial contra dirigentes opositores, retirada de inmunidades parlamentarias y utilización de mecanismos administrativos y judiciales para debilitar espacios políticos críticos con el Gobierno.

La reciente suspensión provisional de Revolución Ciudadana, principal fuerza política de oposición del país, constituye uno de los episodios más graves de esta deriva. La exclusión de una organización política con amplia representación social y electoral afecta gravemente al pluralismo político y al derecho de participación democrática reconocido tanto en la Constitución ecuatoriana como en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

La preocupación aumenta si se observa el contexto general marcado por las denuncias de lawfare o guerra judicial iniciada hace años contra el expresidente Rafael Correa y su entorno, contra quienes se han abierto causas penales como parte de una estrategia de persecución o neutralización política del adversario. El caso del exvicepresidente Jorge Glas es un ejemplo paradigmático. Su detención en la Embajada de México en Quito supuso una vulneración sin precedentes de principios básicos del derecho internacional y de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. La operación provocó una grave crisis diplomática y generó numerosos pronunciamientos en contra, entre ellos el de España. Actualmente existe una enorme preocupación por el deterioro acelerado de su estado de salud debido a las condiciones en las que permanece encarcelado.

La experiencia latinoamericana demuestra que las políticas de “mano dura” no solucionan las causas estructurales de la violencia. Por el contrario, suelen producir graves retrocesos democráticos y abrir la puerta a modelos autoritarios difíciles de revertir. No es admisible combatir al crimen organizado a costa de los derechos humanos y el pluralismo político. De esta forma únicamente se agrava la crisis e incluso se acaba generando más violencia. En el caso de Ecuador, además, todos los datos conocidos ponen de manifiesto el fracaso de esta estrategia: el “estado de guerra” no está funcionando.

Lo que hoy ocurre en Ecuador no puede analizarse únicamente como una crisis de seguridad. Es también una profunda crisis democrática y social. Y quizá lo más preocupante sea precisamente la naturalización de esa deriva autoritaria en nombre del orden y de una supuesta estabilidad, pese al retroceso en cuestiones básicas como la sanidad o la educación. Porque cuando la excepción se convierte en forma de gobierno, la democracia empieza a tambalearse y, en ese momento, solo se revierte con una ciudadanía consciente y activa que se rebela contra la normalización del miedo y defiende sus derechos y libertades frente a la deriva autoritaria del poder. 

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La periodista española Alicia Armesto Núñez y nueve activistas más de la flotilla Global Sumud Land permanecen detenidas desde el pasado domingo 25 de mayo en Libia, en manos del Ejército Nacional Libio comandado por el mariscal Jalifa Haftar. La detención se produjo, según explica el Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM), cuando Armesto y los nueve activistas de distintos países (entre ellos, Argentina, Italia, Portugal, Estados Unidos y Polonia) se habían acercado al puesto de control de Sirte para negociar el paso seguro del convoy humanitario.

«Desde el SPM trasladamos nuestra solidaridad más firme a Alicia, a su familia y al resto de las personas detenidas, al tiempo que denunciamos que la detención de periodistas y activistas que documentan o apoyan la asistencia humanitaria constituye una vulneración flagrante de las libertades fundamentales ? del derecho internacional», denuncia la organización. Armesto es secretaria técnica del SPM y periodista con más de tres décadas de trayectoria.

«Instamos al Gobierno de España a agotar todas las vías diplomáticas disponibles para garantizar la seguridad, integridad física y liberación inmediata de Alicia Armesto, y de sus otras 9 compañeras. Pedimos al Ministerio de Asuntos Exteriores que extreme su diligencia y ofrezca información transparente tanto a la familia como a las organizaciones que la representan», añade el SPM.

Además, hace un llamamiento a las federaciones internacionales de periodistas, a los organismos de defensa de la libertad de prensa y a la comunidad periodística en su conjunto para que sumen su voz a esta exigencia: «Alicia no está sola. EI SPM seguirá informando de su situación y adoptará cuantas medidas estén a su alcance hasta que regrese a casa». Desde las 15:22 horas del domingo 24 de mayo, la organización perdió todo contacto con el grupo. Según las últimas informaciones facilitadas por el SPM, las personas detenidas habrían sido trasladadas a Bengasi.

Alicia Armesto tiene 62 años y ha dedicado su vida al periodismo y a la defensa de los derechos humanos. Ya participó en la Flotilla marítima a Gaza en otoño de 2025, donde fue detenida por Israel junto a otras activistas internacionales. Su compromiso con la causa palestina y su experiencia en zonas de conflicto la llevaron a unirse a esta misión terrestre.

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Israel deportó ayer a la mayoría de los activistas de la flotilla de apoyo a Gaza. Entre ellos había 44 españoles que fueron trasladados a Turquía, donde denunciaron el trato brutal y humillante recibido por parte del Ejército israelí, que los secuestró ilegalmente en aguas internacionales. Cuatro de ellos necesitaron atención médica.

Los voluntarios declaran haber recibido palizas salvajes, humillaciones e incluso agresiones de carácter sexual. Según la ONG Free Palestine Now, «hay al menos 15 casos de agresiones sexuales, incluidas violaciones». Además, reportan que los detenidos recibieron disparos de balas de goma a quemarropa y que hay un gran número de individuos con huesos rotos.

El caso de Emilio Figueroa sirve de ejemplo de la brutalidad empleada por las autoridades israelíes: «Entre tres, me empezaron a golpear con las culatas de sus armas de fuego. En las costillas, en los tendones de las rodillas, en la espinilla. Se veía que iban a hacer daño. Me vaciaron una botella de agua y me dieron descargas con una pistola táser. Yo nunca he visto nada igual, tanto odio. Nos han tratado como animales», declaró al diario El País cuando aterrizó en Estambul.

Tras el secuestro, a su llegada al puerto de Ashdod el pasado miércoles, varios activistas fueron conducidos a contenedores donde, según afirman, se procedió a torturarles. «Podíamos oír los gritos desde fuera», ha contado el periodista italiano Alessandro Mantovani. Su compatriota Antonella Bundu, política comunista y activista de Oxfam, contó a la agencia Ansa que tras el desembarco en Ashdod vio cómo golpeaban en la cabeza a «una chica con epilepsia» que formaba parte de la tripulación. Según relató Bader Alnoaimi, miembro del equipo legal de la Flotilla Global Sumud, sus abogados «han documentado niveles de violencia realmente extremos».

«Estamos hablando de monstruos. Estamos hablando de un Estado genocida que halla placer en la violencia, que halla placer torturando gente, que usa la violencia sexual de forma sistemática contra la población palestina y ahora también contra los miembros de nuestra flotilla. Esto tiene que parar. No podemos aceptar un país que cree que el derecho humanitario internacional no aplica para ellos», declaró el activista Thiago Ávila en sus redes sociales cuando conoció el relato de sus compañeros en Estambul. Ávila también fue secuestrado semanas antes por Israel, donde permaneció en prisión durante 10 días antes de ser deportado. «Y pese a todo esto, debemos seguir diciéndolo: todo lo que nos han hecho a nosotros no es nada comparado con lo que hacen con los palestinos», añadió.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha reiterado su enérgica condena ante un tratamiento que consideran «monstruoso, indigno, inhumano». El ministro, José Manuel Albares, señaló hoy que espera que la Unión Europea imponga sanciones contra ministros y colonos israelíes tras ver «la brutalidad» empleada contra los activistas. «No podemos relacionarnos con Israel como con Noruega o Islandia», señaló con anterioridad en una entrevista en TVE.

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Los barcos de la coalición humanitaria, incluidos los de la Global Sumud Flotilla, fueron atacados ayer por el Ejército israelí. El asalto, en el que los militares hebreos embistieron y abrieron fuego contra las embarcaciones, se saldó con el secuestro de la mayoría de los integrantes de la misión humanitaria, que ha quedado prácticamente desmantelada: hasta 428 civiles desarmados fueron detenidos ilegalmente. Entre ellos, 87 han iniciado una huelga de hambre.

Los activistas arrestados fueron conducidos al puerto de Ashdod, pero las autoridades israelíes no permitieron que fueran visitados por el personal consular. Sí dejaron que recibieran asistencia por parte de las abogadas de Adalah, una ONG de derechos humanos y servicios jurídicos para la minoría árabe de Israel. Desde Ashdod, los secuestrados serán conducidos a la prisión de Ketziot, donde, en principio, el consulado español sí podrá ponerse en contacto con ellos e informar a sus familias.

A pesar de que las autoridades israelíes pretenden vincular a los tripulantes de la flotilla con Hamás, el objetivo de los activistas fue siempre de carácter estrictamente solidario: desde hace meses pretenden romper el bloqueo israelí de la Franja de Gaza (donde han asesinado a más de 72.700 personas) y abrir un corredor humanitario.

Asalto supervisado por Netanyahu

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, y los miembros de su gabinete dirigieron personalmente el asalto de las embarcaciones de la flotilla desde la sala de operaciones de la Marina israelí. Los activistas, por su parte, lograron retransmitir el asalto en directo a través de Internet. En sus vídeos se pudo observar cómo soldados armados abordaban el Sirius; su tripulación, vestida con chalecos salvavidas, los esperó con las manos en alto y sin oponer resistencia. Antes, los militares crearon olas artificiales, lanzaron agua a presión y chocaron deliberadamente contra el barco. Israel, por su parte, niega haber abierto fuego, al menos con munición real y dirigida directamente contra los integrantes de la flotilla.

El Sirius consiguió acercarse a 80 millas náuticas de distancia de la costa de Gaza antes de ser atacado. Cabe señalar que las aguas territoriales de Israel miden 12 millas náuticas, distancia que en cualquier caso no afecta a la costa palestina de Gaza: carece de jurisdicción allí según el derecho internacional.

El activista hispanopalestino Saif Abukeshek vivió una experiencia similar recientemente: fue secuestrado en alta mar por Israel y estuvo encarcelado durante 10 días antes de su deportación. Ayer habló en el Parlamento europeo y criticó la connivencia de Bruselas en el desmantelamiento de la misión humanitaria: «Lo que es triste es que la Unión Europea, con tantos países, lo tolera. Está viendo lo que hace Israel y, además, le otorga privilegios como el acuerdo de asociación».

En la misma línea se expresó la Global Sumud Flotilla en un comunicado: «La impunidad no es una condición permanente; es posibilitada y reforzada por estructuras de poder coloniales que deben ser desmanteladas».

Los 87 activistas que han empezado una huelga de hambre lo hacen en protesta por su secuestro ilegal «y en solidaridad con los más de 9.500 rehenes palestinos retenidos en prisiones israelíes».

El ministro Ben Gvir humilla a los secuestrados

Después del desembarco de los secuestrados, el ministro ultraderechista Itamar Ben Gvir ha publicado un vídeo en el que se le ve humillando a los activistas de la flotilla. Las imágenes han provocado la respuesta enérgica del Ministerio de Asuntos Exteriores español. «Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel», declaró el ministro José Manuel Albares cuando el vídeo salió a la luz. Entre las personas que soportan las chanzas del ministro israelí, maniatadas y con la cabeza en el suelo, hay decenas de españoles. Francia e Italia también han llamado a consultas a los embajadores de Israel en sus respectivos países por un trato que, en palabras de Albares, es «absolutamente abominable e inaceptable».

Hasta el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, uno de los políticos trumpistas más radicales, fundamentalista protestante y partidario del Gran Israel, se ha escandalizado con las imágenes. «Ben Gvir ha traicionado la dignidad de su nación», ha escrito en X.

Actualización: 20.30 horas.

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2.707 personas fueron ejecutadas en 2025 en 17 países. Es la cifra más alta registrada en casi medio siglo, desde 1981, según el informe Condenas a muerte y ejecuciones 2025 elaborado por Amnistía Internacional. En general, las ejecuciones aumentaron en un 78%, después de que en 2024 se registraran al menos 1.518. La organización atribuye este aumento «a unos pocos gobiernos decididos a ejercer su poder mediante el miedo».

El grueso de este incremento procede de Irán, cuyas autoridades ejecutaron a al menos 2.159 personas, más del doble que en 2024. En otros lugares, Arabia Saudí elevó su recuento de ejecuciones hasta al menos 356, y utilizó ampliamente la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas. En Kuwait, las ejecuciones casi se triplicaron (de seis a 17), mientras que casi se duplicaron en Egipto (de 13 a 23), Estados Unidos (de 25 a 47) y Singapur (de nueve a 17). El total de 2025 no incluye los miles de ejecuciones que Amnistía Internacional considera que siguieron llevándose a cabo en China, que continuó siendo el país con más ejecuciones en el mundo.

“Este alarmante aumento del uso de la pena de muerte se debe a un grupo reducido y aislado de Estados dispuestos a llevar a cabo ejecuciones a toda costa, pese a la tendencia global continuada hacia la abolición. Desde China, Irán o Corea del Norte, pasando por Arabia Saudí y Yemen, hasta Kuwait, Singapur y Estados Unidos, esta vergonzosa minoría está utilizando la pena de muerte como arma para infundir temor, sofocar la disidencia y mostrar la fuerza que las instituciones estatales tienen sobre personas desfavorecidas y comunidades marginadas”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

La organización indica que el recrudecimiento de enfoques sumamente punitivos de la “guerra contra las drogas” impulsó los esfuerzos por ampliar el uso de la pena de muerte. Esto se reflejó en el número de ejecuciones, pues casi la mitad (1.257 o el 46%) de todas las que se registraron fueron por delitos relacionados con las drogas: Irán (998), Kuwait (2), Arabia Saudí (240) y Singapur (15). Argelia, Kuwait y las Maldivas emprendieron iniciativas legislativas para ampliar el ámbito de aplicación de la pena capital con el fin de incluir este tipo de delitos.

El gobierno de Burkina Faso aprobó un proyecto de ley que incluía la reinstauración de la pena de muerte para delitos como “alta traición”, “terrorismo” y “actos de espionaje”, mientras que las autoridades de Chad establecieron una comisión para revisar cuestiones relacionadas con la pena capital, incluida su reinstauración. Además, las de Israel presentaron proyectos de ley discriminatorios para introducir y facilitar el uso de la pena de muerte contra personas palestinas.

Las ejecuciones las llevaron a cabo una puñado de países

Aunque las ejecuciones aumentaron, los países que las llevaron a cabo siguieron siendo una minoría aislada. Arabia Saudí, Corea del Norte, China, Egipto, Estados Unidos, Irak, Irán, Somalia, Vietnam y Yemen son los mismos 10 países de los que se supo que habían llevado a cabo ejecuciones todos los años en el último quinquenio y que habían mostrado un desprecio sistemático hacia las salvaguardias establecidas en virtud del derecho y las normas internacionales de derechos humanos, insiste el informe.

Cuatro países reanudaron las ejecuciones el año pasado (Japón, Emiratos Árabes Unidos, Sudán del Sur y Taiwán), con lo que el total de países que ejecutaron a personas ascendió a 17.

Por decimoséptimo año consecutivo, Estados Unidos fue el único país de las Américas que llevó a cabo ejecuciones, y casi la mitad de ellas se produjeron en Florida. En el África subsahariana, las ejecuciones se limitaron a Somalia y Sudán del Sur. Afganistán fue el único país de Asia meridional que ejecutó a personas, mientras que Singapur y Vietnam fueron los únicos de los que se tuvo constancia de que lo hicieran en el sureste asiático. Tonga era el único país de Oceanía que mantenía la pena de muerte en la ley. No se tuvo constancia de ejecuciones ni de condenas a muerte en Europa y Asia Central.

“Es hora de que los países que llevan a cabo ejecuciones se unan al resto del mundo y conviertan esta práctica abominable en cosa del pasado. La pena de muerte no nos ofrece mayor seguridad. Al contrario: constituye una afrenta irreversible contra la humanidad, impulsada por el miedo y que muestra un desprecio absoluto por el derecho internacional de los derechos humanos”, ha declarado Callamard.

La llama de la abolición sigue ardiendo

Cuando Amnistía Internacional comenzó su trabajo contra la pena de muerte en 1977, sólo 16 países la habían abolido. Hoy, esa cifra ha subido a 113, más de la mitad de los países del mundo, mientras que más de dos tercios son abolicionistas en la ley o en la práctica.

Ante un telón de fondo de conductas depredadoras, miedo y odio, algunos países tomaron medidas que demostraban que, con determinación y una presión continuada, la abolición mundial está al alcance de la mano. Las autoridades de Vietnam abolieron la pena de muerte para ocho delitos, entre ellos transporte de drogas, soborno y malversación, mientras que Gambia la abolió para el asesinato, la traición y otros delitos contra el Estado. En una decisión histórica, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, concedió el indulto a Rocky Myers: el primer indulto que se concedía a una persona de raza negra condenada a muerte en el estado.

En Líbano y Nigeria se presentaron proyectos de ley para abolir la pena capital, mientras que el Tribunal Constitucional de Kirguistán declaró inconstitucionales las iniciativas para reintroducir la pena de muerte.

“Con los derechos humanos amenazados en todo el mundo, millones de personas siguen luchando contra la pena de muerte todos los años, en una potente demostración de nuestra humanidad compartida”, prosigue Callamard. “La abolición total es posible si nos unimos para mantenernos firmes contra los pocos países aislados. Debemos mantener encendida, brillando con fuerza, la llama de la abolición hasta que el mundo quede totalmente libre de las tinieblas de los patíbulos».

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Este reportaje se publicó originalmente en la revista de ‘La Marea’. Puedes conseguir un ejemplar y suscribirte en nuestro kiosco.

«Wilfing on the internet… is becoming a real problem…».

La profesora recita un texto durante la clase de inglés mientras camina de un lado a otro del aula. Los alumnos, abrigados con chaquetas e incluso con capucha por el frío invernal, repiten las frases al unísono, en voz baja.

«Most teenagers spend too much time in front of their computers…».

En la escuela de secundaria para chicos Rushdi Al Shamaa, situada a las afueras de Damasco, cada uno de los alumnos, de entre 13 y 15 años, carga a sus espaldas una historia atravesada por la guerra. «A causa de la guerra, yo y mi familia fuimos a Egipto», cuenta Kenan Al-Madany, de 13 años. Este año, con la caída del régimen de Al Asad, ha vuelto a Siria tras pasar una década en El Cairo. Ahora está en séptimo curso y le gusta sobre todo estudiar Inglés, Árabe, Matemáticas y Ciencias. En cambio, Historia y Geografía le cuestan más. Es un buen alumno, reconocen las profesoras. Él sueña con estudiar Medicina en el extranjero. «Me gustaría ir a Alemania, Estados Unidos o Egipto, y después regresar», dice convencido, pese a su corta edad.

Quien también sueña con un futuro fuera es Amer Al-Hilal, de 14 años, que actualmente cursa noveno en la misma escuela. Nació en Daraa, la cuna del levantamiento sirio en 2011, donde trató de estudiar, pese a los riesgos. «A veces no íbamos a la escuela porque era demasiado peligroso, ya que había francotiradores», recuerda. Finalmente, en 2018 su familia se trasladó a Damasco, donde encontró una mayor estabilidad para asistir a las clases. «Eres libre cuando hablas. Nadie irá a prisión por algo que ha dicho», dice ahora, aliviado tras la caída del régimen en diciembre de 2024. Amer quiere ser ingeniero y vivir en Australia.

Escuelas destruidas

Como le ocurrió a Kenan y a Amer, la guerra civil en Siria, que duró más de una década, truncó el acceso a la educación de millones de niños. Antes de 2011, la tasa de escolarización primaria rondaba el 97%, una de las más altas de la región. Actualmente, más de 2,4 millones de niños se encuentran sin escolarizar, según cifras de Unicef. Los datos del Ministerio de Educación sirio señalan que alrededor de 8.000 escuelas fueron dañadas o destruidas por la guerra, o convertidas en refugios para quienes perdieron sus hogares. Por este motivo, según Unicef una de cada tres no pudo reabrir al inicio de este curso escolar en septiembre.

Los desafíos también son políticos, ya que las escuelas deben adaptarse a los cambios educativos impulsados por el nuevo gobierno del HTS (Hayat Tahrir al Sham), liderado por el presidente Ahmed Al Sharaa. «Reformar los currículos es más difícil que cambiar una Constitución», reconoció el ministro de Educación, refiriéndose a la revisión de manuales de Historia y la eliminación de los contenidos ideológicos previos.

En el despacho de Huda, antigua profesora y ahora responsable del archivo y registro de datos del instituto, todavía hay libretas con el rostro de Bashar Al Asad en la cabecera. Los pupitres son antiguos, las puertas y paredes tienen partes gastadas, sin pintura, y las banderitas tricolor de esta nueva era –verde, blanco y negro, con tres estrellas rojas– llenan los pasillos, recordando todavía las celebraciones del primer aniversario de la caída de Al Asad.

Durante demasiado tiempo, dice Huda, el edificio ha estado abandonado. «Lleva 20 años descuidado. Nadie pintó la pared, nadie reparó nada en esta escuela. Sentimos que nuestra escuela es pobre», protesta. Ahora las profesoras –casi todas mujeres–, que han requerido de un permiso del Ministerio de Educación para poder hablar con la prensa, hablan aliviadas, con libertad, del largo período en el que ejercieron su trabajo bajo el régimen anterior. «El gobierno era muy rico, porque robaba. Por ejemplo, reparaban la puerta, y escribían en la factura que costaba, digamos, un millón. Y pagaban 100.000. Escribían facturas falsas y se metían el resto del dinero en los bolsillos», asegura.

Nuevos libros

La transformación que han vivido en el último año no solo se percibe en sus discursos, sino también en los detalles más cotidianos del aula. Los libros se reutilizaban curso tras curso, pero el cambio de gobierno ha propiciado una renovación casi completa. «Después de la liberación, el 90% de los libros son nuevos. Antes los alumnos solían conseguirlos de segunda mano, y fue así durante muchos años», cuenta Razan Soudan, la bibliotecaria de la escuela, que antes había ejercido de profesora de árabe y de asistente a la dirección.

Y no se trata solo de un cambio de papel: «Los libros de Historia incluían información falsa en los planes de estudio anteriores. Nombres erróneos de revolucionarios históricos, especialmente de Siria. Ahora, esta información ha sido ajustada, editada, y los nombres correctos se han añadido de nuevo», agrega Sheereen Ali Alkhalil, encargada de la supervisión de los alumnos. Por ejemplo, las clases de historia ya no glorifican el «Movimiento Correctivo» de 1970, cuando Hafez Al Asad, padre de Bashar, llegó al poder mediante un golpe militar. Ni la «Guerra de Liberación de Octubre» de 1973, la batalla contra Israel sobre los Altos del Golán.

Hoy los salarios han aumentado –de 400.000 a 1.200.000 libras, explican–, y perciben un intento de cambio. Pero nadie se atreve a medir resultados todavía. «Ha pasado solo un año desde la liberación. No podemos evaluar si avanzamos o retrocedemos», añade Sheereen. «Esta es la generación de la guerra. Son inteligentes, pero no se les preparó de la mejor manera», se lamenta. Lo que más preocupa a las profesoras es el hecho de que alrededor de 70 alumnos no asisten a las clases por estar trabajando, pese a que la escolarización a su edad todavía es obligatoria.

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A finales del mes pasado, el Ministerio de la Diáspora y la Lucha contra el Antisemitismo de Israel impidió la entrada al país a la periodista Queralt Castillo Cerezuela, como difundió el mismo organismo, que la acusó de antisemita por utilizar términos como «genocidio», “barbarie” o “masacre” en informaciones sobre la actualidad en Palestina. Pero no es el único caso. Reporteros Sin Fronteras (RSF) asegura que Israel ha denegado dos visados más a periodistas europeos desde julio de 2025 y considera que la difusión intencionada del caso de Castillo es un “aviso a navegantes”. Además, manifiesta su rechazo a las demandas intimidatorias en curso de la asociación ACOM contra varios periodistas en España.

“No entiendo esta decisión, porque yo no soy una persona relevante; sino una persona anónima que hace su trabajo. El hecho de hacer público mediante un comunicado ministerial los motivos de denegación de la entrada al país me consta que se había hecho con personajes públicos, pero no había visto este proceder para con los periodistas. Además de sentirme vulnerada, me preocupa que esto tenga consecuencias a la hora de trabajar en otros países”, explica la periodista en un comunicado de RSF.

«Este caso es muy preocupante, tanto por el señalamiento a Queralt Castillo, que cuenta con todo el apoyo, la protección y el amparo de RSF, como porque supone un claro aviso a navegantes de que esto puede seguir sucediendo con periodistas españoles y de otros países. Es importante que el Gobierno español tome nota de estas prácticas», afirma el presidente de RSF, Alfonso Bauluz.

La organización de reporteros insiste en que este tipo de prácticas, que combinan «decisiones administrativas con la exposición pública de periodistas», suponen un mecanismo de presión incompatible con los estándares internacionales de libertad de prensa. El 8 de enero de 2026, la reportera independiente francesa Khadija Toufik, que ha informado habitualmente desde Israel y Cisjordania ocupada desde 2023, recibió un correo electrónico de las autoridades israelíes en el que se le informaba de que se le había revocado su autorización electrónica de viaje a Israel.

En julio de 2025, al fotorreportero independiente italiano Alessandro Stefanelli se le rechazó de forma similar su acceso a Israel mediante un correo electrónico. Según un documento oficial entregado a Stefanelli y al que ha tenido acceso RSF, la denegación se justificó mediante una nota de la policía israelí en la que se describía su trabajo como “una cobertura mediática parcial contra Israel”, basada “exclusivamente en acusaciones de información crítica y parcial”. El periodista presentó un recurso ante el Tribunal de Apelación de Población y Migración contra esta decisión y está a la espera de una vista el 19 de mayo, cuenta RSF.

«La organización condena igualmente, como ya hicieron la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), las demandas intimidatorias interpuestas por la asociación proisraelí ACOM contra los periodistas Ana Iris Simón (El País, Onda Cero, Espejo Público…), Silvia Intxaurrondo (RTVE), Antonio Maestre (La Marea, La Sexta) y Raquel Ejerique (ElDiario.es)», añade el comunicado de RSF. La organización enmarca estas acciones, junto con el caso de Queralt Castillo, actualmente trabajadora de El Salto, en una «creciente presión sobre el periodismo español, que incluye tanto decisiones institucionales del Gobierno israelí, como acciones judiciales impulsadas por organizaciones afines».

La entrada RSF avisa de que el veto de Israel a la periodista Queralt Castillo es un “aviso a navegantes” se publicó primero en lamarea.com.

Esta entrevista con Hernán Zin se publicó originalmente en la revista de La Marea. Puedes conseguir un ejemplar y suscribirte en nuestro kiosco.

«Estoy muy cabreado». Hernán Zin (Buenos Aires, 1971) no oculta que le hierve la sangre cuando habla de Gaza. Allí rodó en 2014 un aclamado documental, Nacido en Gaza, en el que mostraba el impacto que la violencia y la ocupación israelí tenían sobre un grupo de niños palestinos. Diez años después, en mitad del genocidio, se reencuentra con tres de ellos (Mohamed, Bisan y Udai) para hacer la segunda parte: Todos somos Gaza. Esta vez no ha podido rodar en persona, porque la entrada a la Franja está prohibida para la prensa extranjera. Ha tenido que hacerlo a distancia, dirigiendo a su equipo por teléfono, temiendo continuamente por su suerte. Su director de fotografía, Ebrahem Abu Eshieba, fue asesinado durante el rodaje. La experiencia ha reabierto la herida del estrés postraumático, un trastorno que arrastra tras muchos años como reportero en zonas de conflicto. Pero lo de Gaza, dice, no tiene comparación con nada que haya visto antes.

¿Retomar la historia de los niños de Nacido en Gaza era algo que tenía clavado? ¿Mantuvo el contacto con ellos a lo largo de estos años?

Sí, mantuve el contacto. Siempre tuve el deseo de contar cómo había sido su vida bajo el bloqueo, pero no esperaba hacerlo en estas circunstancias. Aunque el genocidio siempre estuvo ahí. Desde que llegué allí por primera vez entendí que había una voluntad de erradicar a esta población encerrándola, cortándole el agua, la electricidad, el acceso a los alimentos, a las medicinas, a los libros. Era un genocidio a cámara lenta. Siempre fue un genocidio.

En situaciones así, ¿se piensa en ayudar a la gente a salir de allí?

Yo nunca quise sacarlos de allí. Se saca a los heridos, eso sí. Pero nunca he pensado en protegerlos sacándolos de allí. Eso sería un triunfo del sionismo. En este caso, o en Congo, o en Afganistán, o en Somalia, lo que quiero es que el país esté bien y que prospere. Y que se termine con la violencia y con todo el negocio que hay detrás. Yo lo que quiero es sacar a los colonizadores, no a los oprimidos. La gente se quiere ir y van a acabar yéndose todos, lo entiendo, pero la solución no es esa. Imagine que sacáramos a todos los que han sido masacrados en Ruanda o en Myanmar. Ganarían los que tienen poder.

Usted nunca ha compartido esa premisa periodística de no implicarse demasiado en la noticia que está contando.

No, pero es que yo no me considero periodista. Yo soy un contador de historias. Hay compañeros periodistas que bromean conmigo diciendo: «Tú siempre estás con las víctimas». Me parece bien. Uno cuenta la parte militar, otro cuenta la parte política y yo estoy con las víctimas. Esa es mi vocación. Que cada uno cuente lo suyo. Yo tomé partido hace mucho tiempo, la primera vez que visité un barrio de chabolas en Calcuta. Estoy con los oprimidos. Ese es mi punto de vista narrativo.

Hay un momento del documental en el que Mohamed dice: «Que Dios perdone a quien nos está haciendo esto». Me sorprendió no ver maldiciones contra Israel en la película. ¿Las ha cortado o no las había?

Yo nunca las he oído, al menos entre la gente que yo conozco. Otra cosa es ir a una manifestación de Hamás, allí puedes oír todo tipo de proclamas. Pero en Gaza la gente es bastante moderada. Hay mucho más odio en Israel. Yo recibo cien amenazas de muerte al día, me llaman antisemita a todas horas… Ves mucha más violencia del lado de los agresores. Ocurre en todos los conflictos, no sólo en Gaza.

La primera parte, Nacido en Gaza, ha tenido un éxito extraordinario en Netflix.

Sí, se estrenó en la plataforma en 2018 y en 2023 la reventó. Estuvo entre lo más visto en muchos países. Se pasó en la ONU, en el Banco Mundial… Y sigo recibiendo miles de peticiones para proyectarla. Ahí fue cuando entendí que estaba obligado a hacer una segunda parte. Desgraciadamente, los derechos se cumplieron el año pasado y Netflix no ha querido renovarlos.

¿Por razones políticas?

No lo sé. Tampoco quieren la segunda parte.

Conociendo el éxito internacional que ha tenido Nacido en Gaza, ¿le han llamado para hacer entrevistas de promoción de esta segunda parte en Estados Unidos, Argentina o Alemania?

Por ahora, de esos países sólo recibo insultos y amenazas. Lo de Alemania es lo que más me sorprende. En Argentina, en cambio, siempre ha sido así. Mi primer libro sobre Gaza es de 2006 y no lo pude presentar en Buenos Aires porque amenazaron de muerte a mi familia. Lo presenté en México y en Madrid. Argentina está perdida. Está tomada por el sionismo. De hecho, ahora cualquier crítica se considera un crimen antisemita, como en Estados Unidos. Aunque allí sí me han entrevistado muchas veces. En España no sabemos la suerte que tenemos de poder estar hablando de esto libremente. Ayer estuve en la radio pública y pude decir todo lo que quise. Le aseguro que eso no pasa en Francia ni en Alemania.

El documental es durísimo, pero tengo la impresión de que podía haber sido más sangriento y usted no ha querido.

No, porque mi objetivo es que la gente lo vea. Además, las guerras no son como se ven en el cine. En una calle de Sarajevo o de Alepo pueden estar cayendo bombas y a 15 minutos de distancia puede haber gente de fiesta. En Kiev viven con normalidad y en el Donbás están bajo el fuego. La guerra es un caos y allí nadie entiende nada. En medio de la guerra también puedes encontrar momentos de felicidad o de amor. Siempre lo he visto. Habrá que retratarlo todo, ¿no? Incluso en la guerra, la vida sigue. Aunque esto no es una guerra, es un genocidio.

Los grandes medios de comunicación no han mostrado todo el horror de ese genocidio. ¿La profesión periodística ha fracasado?

La profesión periodística lleva fracasando allí desde 1948.

Me refería al hecho de no publicar fotos de niños muertos. Eso, quizás, ha provocado que haya más niños muertos.

Eso es así. Es un debate muy antiguo. Pero en este caso es mucho más sutil. Hay estudios del tratamiento que se hace del pueblo palestino en el New York Times y en otros grandes medios de habla inglesa y es escandaloso. El 90% de las noticias hablan de Israel y el 10% de Palestina. Se cosifica a los palestinos. Es todo de un racismo vergonzoso. Pero no se debe sólo a un sentimiento de culpa por el Holocausto. Recuerdo que en 2006 yo llevé un reportaje sobre Gaza a la redacción de Clarín y me dijeron: «Si publicamos esto, se van todos los anunciantes. Nos lo han dicho». El pueblo palestino está vendido. Vendido por los árabes, por los europeos, por los americanos… Está vendido al sistema financiero. El sionismo tiene mucho poder.

Pero las imágenes de la hambruna sí se publicaron. Eso fue lo que provocó manifestaciones masivas en todo el mundo y que se acelerara ese paripé llamado «plan de paz».

Sí, es curioso. No sé por qué tuvieron tanto impacto las fotos del hambre y no el asesinato masivo de todos los días. No tengo explicación para eso. El mundo despierta cuando ve que están disparando a las personas hambrientas que van a un centro de ayuda a buscar una bolsa de harina. España no tardó tanto. Siempre tuvo una postura muy humana respecto a Palestina. Por eso el sionismo ha llegado aquí con tanta fuerza. Primero de la mano de Aznar y ahora con Ayuso. Por eso han comprado tantas voluntades. Por eso han metido dinero en OK Diario, por ejemplo. Han desembarcado financieramente y lo han hecho muy bien. Con dinero, con empresas, con fundaciones. Han venido muchos argentinos millonarios a Madrid y están haciendo lobby. Quieren que esto sea Argentina o Estados Unidos, pero les va a costar. En cualquier caso, a pesar de lo mucho que han gastado en propaganda, en Gaza se les ha caído la máscara. El que no quiera ver lo que es el sionismo, el que no tome partido, es una persona desalmada, sin criterio, sin humanidad, sin compás moral. Yo recuerdo ir a Israel y que me dijeran: «En España sois muy antisemitas». No somos antisemitas, simplemente vemos la verdad. Nos tienen atravesados. Ojalá no consigan silenciarnos, pero nunca se sabe. Quizás dentro de dos años no podamos estar hablando así. O quizás sí, pero usted podría acabar en la calle.

¿Ha notado esa presión a la hora de hacer Todos somos Gaza?

En términos cuantitativos, no, porque la subvención que teníamos de la Comunidad de Madrid era muy pequeña. Pero nos la retiraron igualmente. Por la cara. Parece que ahora en la Comunidad de Madrid saben mucho de relaciones internacionales. Se ponen a hablar de lo que es o no es un genocidio. Es absurdo. Yo les pago para que hagan carreteras y hospitales, no para que opinen. Oyes hablar a Ayuso y a Almeida y… es tremendo. ¡Cómo se ha equivocado la derecha española con este tema! No entienden que el 80% de los españoles está a favor de Gaza. Son muy torpes.

Y aún no han cometido el mismo error con el Sáhara Occidental, pero no hay que descartarlo.

No lo han cometido porque eso no está en la agenda. Si el PP gobernara probablemente destinaríamos el 5% del PIB a las armas. Han entrado en el juego de esa ultraderecha que lo que busca es echarle la culpa de todo a los inmigrantes. Todos han entrado en el modelo Trump: decir tonterías y burradas para hacer ruido y estar siempre en los titulares de prensa, negar el cambio climático, negar los derechos de las minorías, dar rienda libre a las grandes compañías tecnológicas… Es un modelo muy dañino para el futuro de la humanidad. Mire cómo se ha desnaturalizado Europa, que era un faro de libertad y de derechos humanos. Ahora la clase media no puede pagar una casa. Estamos acorralados. Los siguientes somos nosotros. No al nivel de Gaza, claro. Gaza es el laboratorio. Allí prueban las armas, las escuchas, el reconocimiento facial, la IA… y después se vende a todo el mundo. Las acciones de Elbit Systems han subido un 80% en un año. La bolsa de Tel Aviv ha subido un 200%. Es un gran negocio.

A usted le han prohibido la entrada en India por los reportajes que hizo sobre la violencia contra las mujeres. ¿Le ha pasado lo mismo con Israel? ¿Allí puede entrar?

Seguramente no me dejen. [Señala su móvil] Ahora todos estamos controlados. Tampoco me apetece ir. Hace 20 años allí había una izquierda civilizada. Estaba el movimiento Paz Ahora. Había oenegés como B’Tselem, que eran propalestinas y estaban en contra de la ocupación. Gente con la que yo he trabajado y que estaba preocupada por crear un Estado plurinacional, como Gideon Levy o Meir Margalit. Pero esas personas ahora también están acorraladas. No hay nada que hacer.

¿Usted cree que la solución de los dos Estados es factible?

¿Y dónde van a estar esos dos Estados? Si apenas han dejado un 15% de territorio para los gazatíes en una Franja que ya antes era el sitio más superpoblado del mundo. De aquí a dos años no quedará nada de Palestina. Se cumplirá el sueño del Gran Israel.

¿No quedará ni siquiera Cisjordania?

El futuro de Cisjordania es casi peor. Los colonos están matando gente todos los días. La gente está huyendo. El problema es que ni en Jordania ni en Egipto los quieren. Pero Estados Unidos está presionando para que los dejen salir. Palestina va a desaparecer. Y sobre la solución de los dos Estados… la verdad es que no debería ser así, debería ser un Estado palestino con población judía, como fue siempre. Pero, bueno, pongámonos en el caso de que haya dos Estados. ¿Quién va a indemnizar, económica y moralmente, a los palestinos por todo lo que les han arrebatado? Estamos hablando de reparaciones de miles de millones, como las del Holocausto. ¿Quién va a pagar? Los árabes les han dado la espalda. Europa se ha escorado a la derecha de manera totalmente autodestructiva. Alemania apuesta ahora por fabricar armamento, ya que los coches chinos se han comido su mercado. Yo pensé que las guerras se acabarían en el siglo XXI y que, como reportero de guerra, me quedaría en paro, pero no. ¿Qué necesidad tenemos de hacer la guerra ahora? ¿Con quién? ¿Por qué? Ucrania, Sudán, Congo, Gaza… todo se podría arreglar rápidamente dialogando. Es muy triste.

Ha explicado que Israel mata a gente muy concreta para evitar la reconstrucción de Palestina.

Sí, al principio usaron una IA que se llama Lavender y que hace un análisis de los daños colaterales que puede tener una víctima dependiendo de su nivel social y de su rango. Usaron drones cuadricópteros que entraban en las casas y mataban a familias enteras. Así aniquilaron a todos: ingenieros, arquitectos, médicos… A los médicos los secuestraban. A Ebrahem, nuestro director de fotografía, lo matan en el ataque de un comando al hospital Nasser. Entraron y le pegaron siete tiros. Y al médico que estaba con él le dispararon en las piernas y se lo llevaron. Pero no estoy revelando nada. Lo dijo Yoav Gallant. Lo han dicho ellos mismos: «No puede quedar un niño vivo. Son todos terroristas. Hay que matarlos a todos». Están haciendo lo mismo que hizo Hitler en 1939: destruir la inteligencia, eliminar a la clase media culta, con estudios. Y en Palestina, como no hay otra cosa que hacer, estudian mucho. El estudio es una pasión. Tienen el mayor número de doctorados del mundo. Casi todos los que vienen a España, por ejemplo, son médicos.

El caso de Bisan es muy significativo. Estudia sin parar. Cuando caen las bombas, siempre le pillan con el libro en la mano.

Bisan se preparaba para un examen y lo hizo por Internet. Pero hackearon su cuenta y ahora tiene que volver a hacerlo. Para que vea hasta qué nivel de maldad llegan. Una tía que se pasa todo el genocidio estudiando, sin luz, sin agua, sin comida… Nosotros le comprábamos la comida y la medicación que aún necesita. Van a destruirlos. La gente no lo ve, pero los van a exterminar. Como a los indígenas americanos. Es la misma mentalidad colonizadora y racista del siglo XIX. Siento ser portador de malas noticias, pero ya dije hace un año que el genocidio había ganado, y todo el mundo se me echó al cuello. Llevo 20 años documentándolo y esto terminará dentro de dos o tres años con la desaparición de Palestina. ¿No lo estáis viendo? Lo han hecho así para que no haya nada que reconstruir. Ciudad de Gaza, Beit Hanoun, Rafah, Jabalia… todo son escombros. ¿Qué vas a reconstruir ahí?

Hemos visto imágenes muy impactantes de otros conflictos. Beirut completamente calcinada, por ejemplo, pero tengo la impresión de que nada se puede comparar a lo de Gaza.

Nada, nada. No hay comparación posible. Nunca se vio nada igual. Ni lo de Dresde. Ni lo de Hiroshima y Nagasaki. El equivalente ha sido el de varias bombas atómicas. Y además con descaro, a la vista de todos. Por eso digo que vivimos una época complicada y que todos somos Gaza. Porque también van a por nosotros. No con drones como en Gaza, pero si con la IA y con la acumulación de capital. Hoy en día el trabajo no vale nada. Lo que vale es el capital, con el que un fondo de inversión, incluso un particular, puede comprar 1.500 pisos de una tacada. O la gente se pone en pie y los Estados intervienen para hacer un mundo con reglas o esto se va al garete.

Usted decide dejar de cubrir zonas de conflicto en 2018, cuando estrena el documental Morir para contar, en el que aparecen dos amigos suyos que morirían poco después en Burkina Faso, David Beriain y Roberto Fraile.

Sí, ese documental era mi despedida. Tuve un accidente en 2012 y ya entonces pensé en retirarme, pero me agarró Siria y me agarró Gaza, y continué. En 2018 me separé de la cantante Bebe, que era mi pareja, terminé Nacido en Siria, que ganó todos los premios, y me encontré solo en mi casa. Y entonces pensé: «Ahora me pego un tiro. No tengo más futuro». Era producto del estrés postraumático. Luego escribí una novela y al poco tiempo llega la COVID-19 y me llama Netflix para hacer otro documental [titulado 2020]. Y me paso un año metido en hospitales y en ambulancias. Y ahora, otra vez Gaza. Durante todo este tiempo yo quería dedicarme exclusivamente a hacer ficción, pero no he podido. Cuando matan a David y a Roberto [en 2021], fui corriendo a mi psiquiatra y me inyectó valium porque ese día sufrí uno de los mayores bajones de mi vida. Los dos eran amigos muy, muy queridos. Compartimos mucho tiempo y muchas risas en el Congo, en Afganistán… Pero con Roberto yo tenía una conexión especial. Y ese día ni siquiera fui capaz de llamar a su familia. Me duele en el alma. Era un tipo muy grande.

Dado el coste personal que ha tenido que pagar, ¿ha pensado alguna vez que podría haber hecho su trabajo de otra manera y que le hubiera hecho menos daño?

Sí, claro que lo he pensado. [Silencio] Podía haberlo hecho con más moderación. Bueno… [Suspira] Fue una vida bien vivida. Pero el coste familiar ha sido terrible. A mis padres hace 13 años que no los veo. Ahora los veré, pero cuando yo me meto en algo, me vuelco completamente. Ese ha sido el mayor sacrificio, la familia. Pero, bueno, lo mío es una vocación, una llamada, una misión. Admiro a la gente que puede desconectar e ir a tomar cañas con los amigos, pero yo no puedo hacerlo. Nací con una misión. No me arrepiento.

¿Y ahora qué planes tiene?

Acabo de terminar mi primera comedia. Me ha venido muy bien a nivel espiritual. Es una historia de tres capítulos que hemos rodado en Lanzarote. Con un fondo social, porque trata de la inmigración, pero en tono de comedia. Estoy muy contento. Creo que hay que desmontar de una vez este mensaje contra la inmigración. Me tienen frito estos pijos que tienen una filipina sirviendo en casa, la comida se la lleva un guatemalteco, el césped se lo corta un marroquí… pero luego votan a Vox. Estoy muy harto ya del efecto Trump.

Udai, Bisan y Mohamed

Cuando se rodó Nacido en Gaza, en 2014, Mohamed era un niño de apenas 12 años. Y ya trabajaba. Rebuscaba entre la basura envases que se pudieran reciclar o reutilizar. Recorría Ciudad de Gaza de arriba abajo con un viejo caballo que tiraba de su carro. Una década después, es padre de dos hijos por los que sigue trabajando incansablemente, buscando comida, buscando transporte, jugándose la vida en las colas de los centros de ayuda.

Bisan era incluso más pequeña entonces. Una bomba israelí destruyó su casa. Sólo ella salió viva de los escombros. Hoy es una estudiante infatigable. Las secuelas de aquel trauma aún son visibles en su rostro: una ceja y un párpado quedaron seriamente dañados.

Udai jugaba entre las casas derruidas. Era un niño risueño, pero tras su sonrisa se traslucía una tristeza indefinible. Acababan de matar a su hermano mayor. Luego fueron cayendo todos los demás, uno tras otro. La heladería de su padre fue bombardeada trece veces, y fue reconstruida otras tantas. Ya veinteañero, en mitad del genocidio, no puede ocultar su felicidad porque está comprometido con una chica. Y está profundamente enamorado.

«Lo que más me gusta de ellos es que siguen teniendo la misma esencia que cuando los conocí hace 11 años», cuenta Zin. «Udai tiene la misma timidez, la misma candidez. Mohamed es un luchador. No para ni un instante. Y Bisan es una tía que quiere estudiar y que tiene la cabeza muy bien puesta. Tendrán sus traumas internos, obviamente, pero son un ejemplo para la humanidad. Esa es la parte luminosa de la película. La vida les ha dado unas hostias que nosotros no somos capaces ni de imaginar. Han perdido a media familia, la casa, los recuerdos, lo han perdido todo. Y no van de víctimas. Tienen una dignidad y una resiliencia increíbles».

La entrada Hernán Zin: “Palestina va a desaparecer” se publicó primero en lamarea.com.

BOGOTÁ // Lo último que ve Daniel Jaimes es el destello de un disparo. Se oscurece la tarde del 1 de mayo de 2021, se apaga su visión. El gas del proyectil lanzado por un agente policial rasga su garganta. Cae al suelo y siente que una parte de su cara se desprende del cuerpo. El cilindro de gas lacrimógeno impacta directamente sobre el lado derecho de su nariz, pulverizando los huesos de sus pómulos, rompiendo su tabique y los pisos orbitales “que son los huesos que sostienen los ojos”, desprendiendo el maxilar superior. Pierde diez piezas dentales. Su ojo derecho estalla. “Usted es para que estuviera muerto”, todavía repiten doctores y cirujanos.

Una lágrima gotea incesante bajo el pañuelo negro de tela que cubre ahora la parte derecha de su rostro, dice que es por la celulitis preseptal, una infección recurrente. “Pasé por tanto dolor desde el principio… tú viste cómo estaba. Esa lágrima es porque me duele, pero uno se acostumbra”, se resigna Daniel. Cinco años después del impacto –durante el mayor estallido social en Colombia– el dolor físico ya no lo define todo. “Soy una persona rota, no te lo voy a negar”. Silencio. “Sé que nunca voy a sanar del todo, pero soy terco: creo que con amor se puede tapar el sol”, narra el joven de 25 años, dejando ver una leve sonrisa.

Cinco años del estallido social: 5.340 casos de violencia policial

El 28 de abril de 2021, millones de colombianos se tomaron durante casi cuatro meses las plazas, calles y parques de todo el país en contra de la reforma tributaria del entonces presidente derechista, Iván Duque. Una reforma que ahogaba, aún más, a las poblaciones más afectadas por la crisis sanitaria del COVID-19. Las históricas marchas retomaban el eco del Paro Nacional de noviembre de 2019. Los reclamos de justicia social, mejoras económicas y sociales, el cese de los asesinatos contra líderes sociales pronto se mezclaron con los pedidos de una reforma policial.

La Fuerza Pública colombiana (Policía Nacional, el Ejército y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD, hoy llamado UNDMO) reprimió a los manifestantes, en su mayoría jóvenes, con una violencia colosal. Tanquetas y lanzaderas de proyectiles Venom contra las piedras de los manifestantes, gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar las arengas pacíficas, tiros de balas contra escudos de latón y madera. Solo entre el 28 de abril y el 20 de julio, la Plataforma Grita de la organización colombiana Temblores registró 5.340 casos de violencia policial en todo el territorio: 40 casos de violencia homicida, 105 casos de trauma ocular, 35 casos de violencia sexual. Hubo estigmatización contra la protesta y los manifestantes, detenciones y judicializaciones arbitrarias, abusos de autoridad, desapariciones. Hoy, en el quinto aniversario, la gran herida abierta de todo un país sigue siendo la impunidad de sus violencias estatales.

“Existe un pimponeo entre la jurisdicción penal militar y la justicia ordinaria que funciona como una estrategia dilatoria para evitar el esclarecimiento de los hechos”, afirma Camilo Mendoza, de Temblores ONG. Su último reporte demuestra cómo los casos registrados de violencia policial siguen sin haberse esclarecido y muchos han sido archivados. “El acceso a la justicia en el ámbito penal muestra un panorama muy crítico”, reconoce Mendoza. De los 105 casos registrados de trauma ocular, solo uno tiene una sentencia condenatoria en primera instancia. “Esto demuestra un escenario de impunidad sistemática y estructural frente a violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado”, denuncia.

Agresiones oculares, persecución y exilio

Al otro lado del teléfono, Leidy Natalia Cadena, narra con tesón los detalles previos a perder la visión total de su ojo derecho. “No fue un error. El primer disparo fue directo al ojo, el segundo a la pierna”. Era la única mujer del grupo, tenía 22 años cuando fue alcanzada por el proyectil de bala de goma disparado por el miembro del ESMAD, Danilo José Núñez; quien fue condenado a siete años de prisión el pasado 6 de abril, siendo de los primeros casos en llegar a la justicia ordinaria por mutilaciones oculares durante las protestas sociales. “La sentencia es agridulce. A mí me arrebataron todo: mi país, mi familia, mi profesión. Siete años de cárcel no me devuelven nada”, se lamenta desde el exilio.

La joven politóloga tuvo que salir del país por las amenazas recibidas después de hacer público su caso. “El primer año fuera de Colombia fue muy duro. Yo estaba en shock. Luego una amiga que también había perdido un ojo se suicida, y eso me destruye”. Durante meses le costó levantarse de la cama, sobrevivir. A Leidy todavía le quiebra la voz hablando de su exilio: “Me quitaron la posibilidad de vivir la vida que había construido”.

La falta de justicia para las víctimas de crímenes por parte del Estado se ha vuelto un paisaje habitual en Colombia. Desde el genocidio de militantes de la extinta Unión Patriótica hasta los mal llamados «falsos positivos», civiles ejecutados extrajudicialmente por militares, o las víctimas durante las protestas sociales. “Lo que estamos viendo es la continuidad de un patrón de impunidad que el país arrastra desde hace décadas”, dice Alfonso Castillo, de la organización de víctimas de crímenes de Estado, Movice. “No hay avances reales en la justicia frente a hechos graves cometidos por agentes estatales, y eso envía un mensaje muy negativo a las víctimas y a la sociedad en general”.

“Una oportunidad perdida”, el reclamo de la reforma policial

El 19 de junio de 2022, ante una multitud eufórica e ilusionada, escudado por el retrato del joven Dylan Cruz, asesinado por el ESMAD durante el Paro Nacional de 2019, el recién elegido presidente Gustavo Petro –el primero de izquierda– pronunció lo siguiente: “Ningún joven volverá a ser violentado por imaginar un país diferente”. Habló de las víctimas del estallido social, abrazó a la madre de Dylan, que lo acompañaba en el escenario, y se convirtió en la esperanza de ese grito sordo de justicia, verdad, reparación y no repetición que coreaban millones de personas que meses antes habían marchado en las calles.

“Uno de los aspectos más llamativos es que el gobierno ha respondido de manera más efectiva a las demandas de otros sectores sociales que a las de las juventudes populares, que fueron centrales en el estallido y también en el cambio político que vino después,” cuestiona Víctor Barrera, del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).

Petro hizo campaña apoyado sobre esa demanda del movimiento social –y de los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales– de una reforma policial. La promesa electoral de justicia para las víctimas del estallido, según el investigador de Temblores, no se materializó en los términos que la ciudadanía esperaba. “Eso deja una sensación de oportunidad perdida, incluso en un contexto político que parecía favorable”, apunta Mendoza.

A poco más de tres meses de que culmine su mandato, de aquel grito solo queda un sollozo. El gobierno izquierdista impulsó una reforma policial desde el Ministerio de Defensa, entidad bajo la que se cobijan los uniformados, y se emitió la Directiva Permanente 009 de 2023. La Policía cambió sus uniformes, el ESMAD pasó a llamarse UNDMO: Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden.

“Se ha avanzado en introducir el diálogo como herramienta para gestionar la protesta, incluso desde el Ministerio del Interior, pero la reforma estructural de la policía no se dio y esa discusión se fue perdiendo”, reconoce Barrera, uno de los autores del libro Dilemas en movimiento, un texto que analiza cómo interactuaron todos los actores que participaron en las movilizaciones sociales.

Por su parte, los supervivientes de las violencias policiales continúan haciéndose la misma pregunta: ¿quién dio la orden? Miguel Fernando Leal, de 44 años, es uno de los miembros más adultos del Movimiento en Resistencia Contra las Agresiones Oculares del ESMAD (MOCAO), conformado en 2021 para cobijar a las víctimas de lesiones oculares. Su historia es similar a la de sus compañeros. Salió a marchar pacíficamente en el sur de Bogotá, en un barrio popular, y un uniformado le disparó una bala de goma directamente contra su ojo izquierdo, quitándole la vista para siempre. “Yo sí creo que hay una intencionalidad. Estos disparos a la cabeza no son accidentales. Hay un objetivo: callar, dejar una marca, generar miedo en los demás”, reclama.

Su vida, y la de su familia, cambió para siempre. Se mira al espejo y ve dos personas distintas. Su mano derecha actúa de bastón, con ella palpa el mundo que no puede ver. “La sociedad no dimensionaba que por salir a protestar podía pasar algo así. Una cosa es que te detengan o que haya una sanción, pero otra es que te disparen a la cabeza. Eso ya es una mutilación, algo que te cambia la vida para siempre”.

En 2024, el Gobierno colombiano emitió el Decreto 1231 que, entre otras cosas, limita el uso de la fuerza policial en las movilizaciones. “Hemos visto que, según cifras oficiales, se han reducido las intervenciones donde se usa la fuerza, lo cual es positivo”, dice Mendoza, señalando que, si bien ha habido mayores garantías para la protesta social, en los escenarios donde se utiliza la fuerza se siguen presentando irregularidades y abusos.

Pese a algunos esfuerzos, las transformaciones estructurales en la Fuerza Pública y los pedidos de los organismos de derechos humanos, entre ellos sacar a los uniformados del Ministerio de Defensa, quedaron fuera de la agencia del Gobierno. El próximo 31 de mayo se celebran elecciones en Colombia, con el candidato de izquierda Iván Cepeda liderando las encuestas con un breve margen ante la candidata del uribismo, Paloma Valencia. “El contexto actual es preocupante porque la violencia está siendo utilizada como argumento político. En medio de escenarios electorales, ciertos sectores recurren a discursos que priorizan la seguridad por encima de los derechos, lo que puede tener consecuencias graves para la democracia”, dice el activista e investigador del Movice Alfonso Castillo.

“El enemigo no es el uniformado, es el sistema”

“Yo ya sé quién fue el policía que me disparó”, dice Gareth Sella, cineasta, ex viceministro de Juventudes del actual Gobierno y sobreviviente de agresión ocular. Perdió la vista de su ojo izquierdo en febrero de 2020, antes de que iniciara el estallido social. Gareth formaba parte de los Escudos Azules, una agrupación de estudiantes que, resguardados por escudos de madera, plantaban cara y protegían a los manifestantes de los ataques policiales cuando se iniciaban los disturbios. No pudo marchar durante el estallido social, pero su activismo cobró más sentido el día que le arrebataron la vista. “La gente ha despertado y aunque nos quiten los ojos, vemos sus crímenes de Estado”, pronunció ante el Congreso, cuando las plazas comenzaban a llenarse de manifestantes.

Su caso, como la mayoría, sigue en la impunidad. “Para mí el enemigo nunca fue la policía… es el sistema”, expresa dejando ver una rabia común que se repite entre las víctimas. Un relato que también repite Daniel Jaimes: “Tuve que entender que hacerle daño a la persona que me disparó no me va a hacer mejor. Se trata de transformar esa rabia en algo que sirva”. Y Leidy Cadena: “Esto no es solo contra una persona, es contra una institución que hizo de esto algo sistemático. Han pasado cinco años sin que digan la verdad”.

Colectividad y resistencia

Para Víctor Barrera, el estallido puso en la agenda pública problemáticas estructurales que llevaban años invisibilizadas e ignoradas, especialmente en lo referente a las fuertes desigualdades sociales que atraviesan al país. Si bien, no todos los sectores del movimiento social tuvieron un papel dentro de la institucionalidad, se articularon redes con impacto local o barrial. “Uno de ellos es el fortalecimiento organizativo en sectores populares que no estaban vinculados a formas tradicionales de movimiento social”, señala.

Gareth reconoce visiblemente decepcionado que las personas y colectivos que estuvieron al frente durante el estallido no tuvieron un papel relevante dentro de las instituciones, incumpliendo las promesas de campaña y el sueño de las poblaciones más marginadas por el Estado.

Gracias a la ayuda de la cooperación y los organismos internacionales, MOCAO, junto con el Centro de Investigación Internacional de Violencia Ocular, están estudiando el impacto de las armas menos letales, recabando testimonios de supervivientes de todo el mundo con el fin de que las agresiones oculares sean reconocidas como crímenes de lesa humanidad.

Daniel lleva poco más de un año trabajando incesantemente en el centro de investigación. Su voz, pese a su juventud, suena como la de un líder. Sus colegas bromean y lo llaman “el profe”. Estar ahí, investigando, estudiando, hablando con otros supervivientes, le ha ayudado con la sombra siempre presente de la depresión, que le llevó a intentar quitarse la vida en al menos una ocasión. “Lo que hacemos no tiene que ver con lengua, raza o género. Los derechos humanos tienen que estar por encima de todo”, dice convencido.

Cinco años después de nuestro primer encuentro, cuando llegó a la entrevista con el rostro inflamado, enrojecido, con dos tubos en la nariz para poder respirar, con la voz de un niño que se hizo adulto entre hospitales, Daniel habla de su trabajo como activista y líder con el entusiasmo de alguien que, pese al dolor, tiene una fuerte urgencia por vivir. “Mi abuela, que fue quien me crió, me dijo un 31 de diciembre: ‘Estoy tan orgullosa de usted’. Era lo único que yo quería escuchar”.

– Dani, ¿con qué sueñas?

– Mi sueño es un mundo más justo. Y eso es trabajo de todos: generar empatía en el otro, ayudar a que la gente no repita el dolor que uno vivió. A mí me encanta ayudar. Quiero una vida larga para eso: ayudar lo máximo que pueda.

Debajo de la tela que cubre el lugar donde antes estaba su ojo derecho sigue brotando una lágrima. Está vez, de emoción.

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Dicen que los datos son fríos. Es posible, pero también pueden ser esclarecedores, y ser capaces de resumir lo que podría calificarse de despropósito global. Uno de esos datos lo ofreció recientemente Tom Fletcher, responsable de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA): Estados Unidos gastó alrededor de 2.000 millones de dólares al día durante su ofensiva contra Irán; en menos de dos semanas habría superado la cifra de 23.000 millones, la financiación que busca el organismo para tratar de salvar 87 millones de vidas. La conclusión no puede ser más evidente: faltan fondos para sostener la vida, mientras que los recursos para la guerra parecen ilimitados.

Además, al poco de iniciarse los ataques simultáneos a Irán y Líbano, Naciones Unidas alertó sobre cómo las dificultades en el paso por el estrecho de Ormuz, así como el alza de precios de los combustibles, estaban encareciendo –cuando no directamente impidiendo– la entrada de ayuda humanitaria a zonas muy castigadas. Una situación que, de alargarse, pondría en riesgo la vida de 46 millones de personas, alertaban.

«Es la mayor perturbación de la ayuda desde la pandemia de la COVID-19», denuncian desde el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Sobrecostes en el transporte, mayores dificultades en la entrega, compras de menor cantidad de alimentos. Es decir, la guerra no solo acapara recursos que restringen el gasto en otras partidas, sino que ha hecho que el dinero destinado a los programas de cooperación sea menos efectivo.

Tijeras globales, desde Trump hasta Extremadura

Presupuestos para la guerra o para cooperación. Aunque no se trate de vasos comunicantes directos, en los que si baja una partida sube proporcionalmente la otra, lo cierto es que el elevado gasto militar escandaliza en mayor medida a instituciones humanitarias y ONG después de los recortes drásticos a nivel global que han sufrido en los últimos dos años.

Entre 2024 y 2025 la ayuda internacional habría perdido el 30% de sus fondos, debido sobre todo al desmantelamiento por parte de la Administración Trump de USAID. La mayor agencia de cooperación del mundo habría visto cómo se esfumaban el 90% de sus fondos. Pero Estados Unidos no está solo a la hora de coger las tijeras –o la motosierra– con las que recortar esta política, que además de salvar vidas de forma inmediata tiene entre sus objetivos crear condiciones para prevenir conflictos y luchar contra el cambio climático. Países como Alemania, Francia, Reino Unido y Japón han reducido también sus presupuestos. La Red Europea de ONG para el Desarrollo (CONCORD) destacaba cómo por tercer año consecutivo las instituciones de la UE y los Estados miembros han reducido el porcentaje de gasto que destinan a cooperación al desarrollo. En 2025 el descenso fue de casi el 10% respecto al ejercicio anterior.

En un momento en el que se debate si los países europeos deberían destinar hasta el 5% de sus presupuestos a «defensa», solo cuatro países en el mundo –Dinamarca, Luxemburgo, Noruega y Suecia– superaron el objetivo de invertir al menos el 0,7% de la renta nacional en cooperación. España, aunque aumentó ligeramente sus fondos, se quedó en el 0,27%. Es decir, muy lejos no solo del compromiso del 0,7% marcado para 2030 por la Ley de Cooperación, también por debajo de la media de los países de la UE.

Variación en el gasto

La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo confirma que asistimos al «mayor recorte de la historia, en un contexto global enormemente complejo». En declaraciones a La Marea, su presidente Javier Ruiz, afirma que «las políticas de ataque directo a la cooperación están avanzando en todo el planeta y tienen consecuencias incalculables sobre millones de personas». Ruiz considera «muy preocupante» el hecho de que esta ola de recortes internacional esté permeando a todos los niveles y haya llegado hasta los recientes acuerdos de gobierno en comunidadescomo Aragón y Extremadura como parte de una estrategia nacional que persigue «el desmantelamiento de las políticas sociales».

Un marcador dramático

«Mis hijos no comen bien y el pequeño siempre está enfermo. Solo puedo permitirme enviar a tres de mis seis hijos a la escuela. En lugar de continuar con su educación, mi hijo mayor cuida de sus hermanos pequeños cada vez que yo voy a trabajar». Es el lamento desesperado de Nawal, una mujer sudanesa que vive en El Cairo y que nos llega a través de ACNUR.

La agencia para los refugiados de Naciones Unidas es una de las organizaciones que se ha visto más afectada por la falta de financiación. El pasado 16 de abril alertaba de que ya había tenido que reducir las ayudas a la mitad de las 20.000 familias sudanesas refugiadas en Egipto. Hasta ese momento solo había recibido el 2% de lo necesario para mantener los programas en este país, por lo que, si no llegan nuevos fondos, advierten que tendrán que paralizar todas las ayudas que ofrecen.

Las cifras bailan, oscilan según la fuente, se actualizan, pero sobre todo preocupan porque resulta imposible calibrar el sufrimiento que representan. Según la revista sanitaria Lancet, los actuales recortes por parte de los países más ricos podrían provocar entre 9,4 y 22,6 millones de muertes más desde hoy hasta 2030. La mayoría de ellas en África.

La Universidad de Boston ha creado ImpactCounter, un dramático marcador que ya alcanza las 780.000 muertes prematuras debido a los recortes en la financiación únicamente de los programas del USAID. De ellas, más de medio millón habrían sido de niñas y niños.

«Decisiones desgarradoras»

Las principales organizaciones de desarrollo ya han empezado a tener que elegir qué proyectos pueden continuar, y hacen cálculos sobre cómo retrasar lo más posible el cierre de programas vitales para millones de personas. En un informe de la Asociación Española de Fundraising sobre el impacto de los recortes por parte de Estados Unidos, Save the Children reconocía haber tenido que tomar «decisiones desgarradoras para interrumpir programas que tratan a niños y niñas gravemente desnutridos o que proporcionan atención médica a recién nacidos que viven en zonas de guerra». Unas medidas que según la ONG afectarán a más de 10 millones de personas en lugares donde persiste la amenaza de la guerra y la violencia, como República Democrática del Congo o Sudán.

Desde Acción contra el Hambre apuntan cómo los recortes les han obligado a reducir personal y reestructurar operaciones, y destacan cómo la reducción de programas nutricionales amenaza la vida de medio millón de personas en países del Sahel como Níger o Mali. UNICEF, por su parte, lamenta que los recortes en la Ayuda Oficial al Desarrollo pongan en peligro los avances realizados en mortalidad infantil desde el año 2000. Millones de niños y niñas en todo el mundo corren ya mayor riesgo de contraer enfermedades y sufrir violencia según la agencia internacional para la infancia. En Afganistán, nueve millones de mujeres dejarán de recibir servicios de salud básicos como los relacionados con el embarazo y la maternidad.

Hace unas semanas, la tripulación de la nave Artemis II envió un mensaje durante su viaje hacia la Luna al contemplar nuestro planeta en su totalidad. «Desde aquí arriba somos una sola cosa: homo sapiens, todos nosotros, sin importar de dónde vengas ni cómo seas, somos un solo pueblo». No parece que el mensaje haya calado entre quienes optan por dedicar cada vez más fondos a la guerra y menos a cooperar.

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Dos de los integrantes de la Flotilla Global Sumud secuestrados por Israel asistieron hoy a una vista judicial en la ciudad de Ascalón que decidió alargar su prisión preventiva seis días más. El español Saif Abukeshek y el brasileño Thiago Ávila fueron capturados ilegalmente el pasado miércoles, 29 de abril, mientras sus embarcaciones estaban en aguas internacionales. El Estado hebreo les acusa de «actividades ilegales» y vínculos con Hamás sin aportar pruebas concluyentes e ignorando los límites de su jurisdicción. De hecho, fueron abordados en aguas griegas, a más de 1.000 kilómetros de Gaza. El Gobierno español habla explícitamente de «secuestro» de los dos activistas.

Las abogadas de Abukeshek y Ávila (pertenecientes a Adalah, una ONG de derechos humanos y servicios jurídicos para la minoría árabe de Israel) daban por hecho, ya antes de entrar en la sala encargada del caso, que el tribunal fallaría en su contra y prolongaría su estancia en prisión. Allí se encuentran en régimen de aislamiento (en celdas sin ventanas e intensamente iluminadas durante todo el día) y sufriendo maltrato por parte de las autoridades israelíes, según han asegurado las letradas tras visitarlos. Siguiendo la recomendación de la Policía, el tribunal aprobó «su detención hasta el domingo por la mañana», confirmó Miriam Azem, coordinadora internacional de Adalah. La ONG manifestó que el fallo sirve para ratificar «una ilegalidad» y anunció que apelará de inmediato la decisión.

El acoso de las autoridades israelíes no ha cesado sobre los navíos que aún siguen en alta mar. Anoche, 4 de mayo, drones, helicópteros y embarcaciones militares rodearon a los barcos de la flotilla cuando estos se encontraban a 1.490 kilómetros de Gaza. Cabe recordar que las aguas jurisdiccionales de Israel se extienden sólo 22 kilómetros desde su costa. Este límite, en cualquier caso, no afectaría a Palestina según el Derecho Internacional del Mar: legalmente, Gaza tiene su propia jurisdicción náutica y es allí donde los barcos de la Global Sumud han pretendido siempre atracar para romper el bloqueo israelí y llevar ayuda humanitaria.

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Las tensiones comenzaron a subir en la tarde del miércoles 29 de abril en aguas internacionales próximas a Grecia. La Global Sumud Flotilla, compuesta entonces por 55 barcos y 404 integrantes, notificaba un alto número de drones volando bajo a su alrededor, mientras navegaba casi en el lugar exacto donde recibió un ataque explosivo de dron el año anterior. Temían otro episodio de sabotaje, y las sospechas resultaron ser ciertas.

Según denuncian los activistas, poco después de caer el sol, lanchas militares comenzaron a abordar varios barcos y obligaron a sus integrantes a agruparse en la cubierta para después dañar sus motores e impedir que continuaran con la travesía. En ese instante, las fuerzas israelíes estaban tomando el control del SafSaf, la embarcación nodriza donde se encontraban las caras más visibles del movimiento. Los soldados se llevaron por la fuerza a dos activistas, el brasileño Thiago Ávila y el hispano-palestino Saif Abukeshek. Ambos han sido acusados de “actividades ilegales” y vínculos con Hamás.

A mediodía de este domingo, un tribunal israelí ha prorrogado “la detención ilegal de Saif Abukeshek y Thiago Ávila hasta el 5 de mayo”, anunciaban desde prensa de la flotilla. “La defensa impugna el proceso por ocurrir en aguas internacionales y carecer de base legal. Los activistas denuncian torturas, palizas y aislamiento. Por el momento la fiscalía no ha presentado cargos formales. Saif y Thiago serán trasladados de nuevo a la prisión de Shikma, en Ashkelon, donde seguiran aislados. Ambos permanecen en huelga de hambre en protesta por su detención ilegal y los malos tratos recibidos”, añadían.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, exigió ayer su liberación y denunció que se trataba de una “detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales”. Un día antes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también había reclamado a Israel la liberación de los “secuestrados”.

Los detenidos denuncian haber sufrido torturas

“Saif estaba en el suelo con sus manos atadas por detrás. Gritaba que sus ataduras estaban muy apretadas, que no sentía sus manos. Le pisaron, le hicieron mucho daño y se quejaba de que no podía respirar”, relata Javi Aparente, activista español que compartía barco con Ávila y Abukeshek, en un vídeo de Instagram. Relata que hubo violencia contra muchos de los activistas, entre ellos él mismo, durante las horas en las que estuvieron cautivos en el mar antes de ser llevados a la isla griega de Creta. Fue ahí donde 36 miembros de la misión recibieron atención hospitalaria y desde donde comenzaron a difundirse en redes las fotografías de activistas heridos.

Los dos activistas detenidos ilegalmente por el Ejército israelí no son nuevos en las flotillas a Gaza. Abukeshek, que vive en España desde hace dos décadas pero nació en un campo de refugiados en Cisjordania, es uno de los fundadores del Global Movement to Gaza, una de las organizaciones que componen la Global Sumud Flotilla. Participó en la anterior misión y el año pasado fue detenido en Egipto mientras pretendía abrir un corredor humanitario a Gaza.

Ávila, por su parte, también protagonizó la anterior flotilla junto a activistas como Greta Thunberg y, con más de un millón de seguidores en redes sociales, es considerado la figura mediática del movimiento.

Decenas de manifestaciones se han convocado en ciudades de todo el mundo para exigir la libertad de Ávila y Abukeshek, entre ellas en Barcelona, donde reside este último. En Madrid, cientos de personas han convocado una protesta permanente frente al Ministerio de Asuntos Exteriores que pretende continuar activa día y noche hasta conseguir la liberación de ambos activistas.

Según los organizadores, son 22 los barcos que han sido abordados y saboteados, mientras que los 33 restantes consiguieron entrar en aguas territoriales de Grecia para evitar el mismo desenlace. En Bye Luby, un pequeño velero que ya continúa su viaje hacia Gaza, se encuentra la integrante española Diana Zomeño, que describe escenas de incertidumbre mientras otras embarcaciones eran interceptadas en la distancia.

“Estábamos haciendo la cena y la radio empezó a hacer ruidos molestos. Un barco avisó de que estaba viendo mucha actividad de drones y empezamos a tener problemas de comunicación con otros. Estuvimos discutiendo la situación y lo difícil de creer que estuviese pasando prácticamente en Grecia”, relata Zomeño a La Marea. Aunque hubo sabotaje en años anteriores a la misma altura del viaje, nunca se habían abordado barcos a tanta distancia de Gaza.

Todos los integrantes de la flotilla pasan por entrenamientos y formaciones para afrontar de manera coordinada y pacífica una posible intercepción. “[Teníamos] una sensación de desprotección… pero otra sensación de unidad, de que sabíamos perfectamente a qué riesgo nos enfrentábamos y qué hacer”, añade Zomeño. Pese a la preocupación por el paradero del resto de integrantes, describe que la moral y la confianza nunca se perdieron, y los barcos restantes estaban determinados a continuar su viaje tras alejarse de las fuerzas israelíes.

Una nueva flotilla ante un contexto internacional muy diferente

Debido a la ofensiva estadounidense e israelí sobre Irán y el Líbano, la atención mediática de la flotilla ha sido mucho menor que la del año anterior, un tema que ha protagonizado muchas de las conversaciones dentro del movimiento. Sin embargo, los activistas coinciden en que habría sido un error retrasar la flotilla porque el genocidio continúa y las víctimas, según ellos, ya han esperado suficiente.

“Sabemos que implica mayores riesgos para esta misión, pero somos conscientes de ello, nos preparamos, y sabemos también que la única fuerza en la que podemos confiar es la movilización que se genere en tierra; un movimiento de solidaridad con Palestina que denuncie la ofensiva imperialista que se está dando en todo el mundo”, declaró el activista catalán Pablo Castilla en una entrevista con La Marea horas antes de que zarparan los barcos de Barcelona. “Es imposible poner el foco mediático en Oriente Medio sin que eso suponga ponerlo en Palestina. Para nosotros están muy conectados.”

Israel tiene un largo historial de encarcelar a personas sin un debido proceso judicial ni respeto por sus derechos humanos. A finales del año pasado, Israel tenía a más de 9.000 palestinos encarcelados por “motivos de seguridad”, la gran mayoría sin sentencia firme, según la organización B’Tselem. El 31 de marzo, dos semanas antes de la salida de la flotilla, Israel aprobó la pena de muerte aplicable únicamente contra los palestinos.

Desde el comienzo del genocidio en Gaza, el número de civiles asesinados ya ha superado los 70.000, según cifras oficiales. Israel también ha destruido o dañado gravemente casi todos los centros escolares y más de la mitad de centros religiosos y culturales de la Franja, mientras continúa rápidamente expandiendo sus asentamientos ilegales en Cisjordania, según Naciones Unidas.

La última ofensiva israelí en el Líbano ya ha matado a 2.600 personas.

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El Ministerio de la Diáspora y la Lucha contra el Antisemitismo de Israel ha impedido la entrada al país a la periodista de El Salto Queralt Castillo Cerezuela, según ha difundido el organismo, que la acusa de antisemita por utilizar términos como «genocidio», “barbarie” o “masacre” en informaciones sobre la actualidad en Palestina.

El medio explica que la trabajadora había pedido el visado para ejercer su labor temporalmente en Israel: «En un comportamiento prácticamente inédito«, el ministerio acusa a la periodista de antisemitismo por utilizar el término ‘genocidio’, tal y como establece el libro de estilo de El Salto para informar de la ofensiva de Israel sobre Gaza desde octubre de 2023. Y como, además, la han calificado diversos organismos internacionales, humanitarios, la relatora de la ONU Francesca Albanese y expertos en Derecho Penal Internacional.

El director general del organismo israelí, Avi Cohen Skelly, se refiere en el comunicado a la periodista como “enemiga de Israel” y asegura, según recoge El Salto, que su actividad “va más allá de la expresión legítima de opinión y crítica hacia el Estado de Israel». «Se caracteriza por llamados incitadores contra las actividades de Israel, la difusión de contenidos con características antisemitas, antisionistas y antiisraelíes”, añade. Y pone como ejemplo haberlo comparado con el holocausto. «España es un foco de antisemitismo», dice también el comunicado del organismo israelí.

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Este reportaje se publicó originalmente en La Marea 111. Puedes conseguir la revista y suscribirte en nuestro kiosco.

La mañana del 28 de febrero, decenas de niñas y docentes ingresaron a la escuela primaria Shajareh Tayyebeh de Minab, una ciudad de más de 70.000 habitantes en el sur de Irán. Era sábado, el primer día de la semana laboral en ese país. También el primer día de la operación «Furia Épica», como denominó el Pentágono a la ofensiva que lanzó contra Irán junto a Israel (Tel Aviv, por su parte, la llamó «Rugido del León»).

Alrededor de las 10.30 hora local, un misil Tomahawk impactó en la escuela, perforando el techo y colapsando la estructura. Análisis forenses de imágenes satelitales revelaron que, poco después, otro misil impactó en el patio, seguido por un tercero que completó el ataque. Según las autoridades iraníes, al menos 168 personas, en su mayoría niñas de entre siete y 12 años, fallecieron en el ataque. No se trató de un fallo técnico.

Los misiles Tomahawk no son cualquier misil. Pueden cubrir más de 2.000 kilómetros de forma autónoma, a velocidades cercanas a los 880 km/h, e impactar en su objetivo con un margen de error de pocos metros.

La escuela estaba ubicada en un edificio que hace una década fue separado de una base de las fuerzas navales del Cuerpo de Guardianes mediante un muro. Dicha base también fue golpeada en los ataques del 28 de febrero. Por ello, es probable que EE. UU. identificara esa base como objetivo militar pero que los mapas utilizados para esa identificación no estuvieran actualizados. Pero ¿quién es responsable de ese error en una guerra en la que se combate esencialmente con inteligencia artificial?

La cadena de muerte

En términos militares, con kill chain (literalmente, ‘cadena de muerte’) nos referimos a la secuencia de acciones que ocurre entre la identificación de un objetivo, la decisión de atacar y el despliegue del ataque. Durante casi un siglo, los ejércitos han intentado comprimir la kill chain todo lo posible, algo que permitiría atacar al enemigo de forma más rápida y eficaz.

Este deseo se convirtió en necesidad por primera vez durante la Guerra del Golfo del año 1991, cuando los iraquíes emplearon lanzadores móviles de misiles capaces de desplazarse varios kilómetros antes de que los estadounidenses pudieran coordinar una respuesta. Las viejas técnicas analógicas, en las que los analistas tenían que revisar manualmente mapas, grabaciones y otros datos, no servían. Se necesitaban máquinas capaces de volar tan bajo como para esquivar los radares, identificar un objetivo y eliminarlo en minutos. En pocas palabras, drones armados: vehículos capaces de volar (y atacar) sin tripulación a bordo.

El primer ejemplo llegó en 2001, cuando el capitán de la Fuerza Aérea de EE. UU. Scott Swanson y el sargento mayor Jeff A. Gunny Guay intentaron matar, sin éxito, al mulá Omar, líder de los talibanes y aliado de Osama Bin Laden, mientras controlaban un dron armado Predator desde Langley (Virginia), a miles de kilómetros de distancia. A pesar de que la misión no obtuvo los resultados esperados, los drones Predator y el más pesado Reaper en poco tiempo se convirtieron en instrumentos claves de las misiones militares tanto de EE. UU. como de Israel. Su uso se amplió enormemente durante la presidencia de Barack Obama, llegando incluso a ser considerados por algunos más «humanos» que otro tipo de ataques.

«La pregunta es si los drones nos tentarán a hacer cosas incorrectas. Pero no parece que sea así, porque tenemos casos en los que los drones se usaron de manera justa, y parece que, en realidad, mejoran nuestra capacidad de actuar con justicia», dijo en 2012 a The Guardian Bradley Strawser, filósofo y por entonces profesor en la Universidad Naval de Monterrey. «Literalmente cada acción que realizan queda registrada. Ante una decisión difícil, los operadores pueden incluso tomarse su tiempo y llamar a otras personas a la sala. Hay más margen para los controles y la supervisión», argumentó.

Pero con el aumento de los datos, poco a poco los controles y supervisión se volvieron cada vez más complejos. «En un futuro no muy lejano, vamos a encontrarnos nadando en sensores y ahogándonos en datos», aventuró en 2010 un alto cargo de inteligencia de la Fuerza Aérea estadounidense. Y eso fue lo que pasó. La difusión de redes sociales, drones y tecnologías de vigilancia masiva aumentaron enormemente la disponibilidad de datos en manos de los ejércitos para identificar y rastrear objetivos. Eso llevó a un cuello de botella. ¿Quién podía analizar tanta información? La inteligencia artificial trajo la respuesta.

Guerra sin piloto

«El objetivo de los sistemas de IA es liberar al ser humano del procesamiento cognitivo; hacer las cosas más rápidas y eficientes», comenta a La Marea Elke Schwarz, profesora de Teoría Política en la Universidad Queen Mary de Londres y autora del libro Death Machines: The Ethics of Violent Technologies (2018). Schwarz lleva años estudiando las consecuencias reales y potenciales del empeño humano por automatizar al máximo la práctica de matarse unos a otros.

Su investigación comenzó a principios de la década de 2010, años antes de la invasión rusa de Ucrania, una guerra que se ha convertido en un campo de experimentación para el uso de algoritmos e inteligencia artificial en batalla. «Muchas empresas emergentes llevaron sus nuevas tecnologías al conflicto», señala Schwarz.

Muy pronto, la asimetría del conflicto en Ucrania trajo el uso masivo de drones teledirigidos. A diferencia de los complejos y costosos sistemas Predator, estos eran instrumentos baratos que, con una inversión de apenas 500 dólares y comandados de forma remota, eran capaces de destruir tanques. No obstante, se revelaron vulnerables ante la guerra electrónica, es decir, ataques que interrumpen la comunicación entre el dron y su piloto. Esto propició que se impulsara el desarrollo de aeronaves con capacidades autónomas de vuelo y ataque.

Los drones autónomos están dotados de software capaz de transportar explosivos a lo largo de cientos de kilómetros y localizar objetivos. Otro tipo de drones, de cuatro hélices, se dotaron de inteligencia artificial para atacar a soldados rusos sin intervención humana cuando las comunicaciones fallaran. El siguiente paso fueron los enjambres de drones, capaces de perpetrar ataques masivos sin necesidad de contar con decenas de operadores.

Entre las innovaciones desplegadas en Ucrania, destaca el envío, en febrero de 2026, de dos robots humanoides Phantom MK-1 para cumplir funciones descritas oficialmente como «de apoyo» y no de combate. Según la startup californiana Foundation que los ha creado, este modelo sería el primer autómata diseñado específicamente para zonas de conflicto armado. «Lo que estamos viendo ahora es el primer intento torpe de cómo los robots van a librar nuestras guerras», declaró a la revista Time Mike LeBlanc, cofundador de la empresa y veterano de los Marines con experiencia en Irak y Afganistán. «Pero, en realidad, solo están esperando a que empiece el espectáculo», añadió.

Al margen del posible desarrollo de estos robots, en la actualidad las decisiones bélicas ya pasan por las principales empresas de inteligencia artificial, las mismas que diseñan los chatbots (asistentes conversacionales de IA) que cada día usan millones de personas para corregir correos electrónicos.

Decisiones de algoritmos

El libro The Making of the Atomic Bomb, de Richard Rhodes, publicado en 1986 y ganador del premio Pulitzer, se ha convertido en una de las lecturas más populares en las oficinas de Anthropic, la empresa creadora del chatbot Claude. Como escribía Charlie Warzel en 2023 en el medio The Atlantic, la obra se ha convertido en una suerte de texto fundacional para cierto tipo de investigadores en IA: los que creen que sus creaciones podrían tener el poder de matarnos a todos.

En febrero de este año, el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth exigió a Anthropic acceso sin restricciones a sus sistemas de inteligencia artificial para cualquier uso militar. La respuesta del consejero delegado, Dario Amodei, fue una negativa pública: «En conciencia, no podemos aceptar su petición». Hegseth contestó designando a Anthropic como «riesgo para la cadena de suministro», una calificación reservada habitualmente a empresas vinculadas con gobiernos adversarios, como la china Huawei o la rusa Kaspersky.

En respuesta, Anthropic demandó al Gobierno, que por su cuenta comenzó el proceso de reemplazar Claude con los modelos de empresas que supuestamente aceptaron sus condiciones, como ChatGPT, de OpenAI, y Gemini, de Google. Hasta ese momento, la colaboración entre esta empresa –fundada por exmiembros de OpenAI– y el Departamento de Defensa había sido estrecha.

El Mando Central de EE. UU. (CENTCOM) habría utilizado una versión clasificada de Claude para asistir en evaluaciones de inteligencia, identificación de objetivos y simulación de escenarios de combate durante operaciones militares en Irán. Según reveló The Wall Street Journal, Claude también habría sido empleado en la operación militar estadounidense que condujo a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero de este año.

Además, Anthropic ya se había asociado con Palantir Technologies, el gigante de análisis de datos cofundado por Peter Thiel y uno de los principales contratistas tecnológicos del Pentágono. En particular, Claude sería clave para el funcionamiento del sistema Maven Smart, diseñado por Palantir y supuestamente utilizado por el Ejército de EE. UU. en su guerra en Irán. Maven es capaz de procesar volúmenes enormes de datos clasificados procedentes de satélites, vigilancia y otras fuentes de inteligencia, y generar a partir de ellos información operativa. Según Hegseth, durante las primeras 24 horas de su ofensiva, EE. UU. atacó más de mil objetivos.

«Sugieren miles de objetivos y luego tienes un equipo reducido de personas para comprobarlos o validarlos, pero tienen que hacerlo a toda velocidad», subraya Schwarz a La Marea. «Ocurre tan rápido que tenemos que preguntarnos si puede haber una supervisión significativa o si el humano simplemente va diciendo “sí, no, sí, no”, absorbido por la lógica funcional del sistema de IA, por la lógica de la máquina».

Según una investigación publicada en el año 2024 por la revista israelí-palestina +972 Magazine, Israel empleó el sistema Lavender en Gaza para analizar datos de vigilancia masiva de casi la totalidad de los 2,3 millones de habitantes de la Franja. El sistema asigna a cada individuo una puntuación del 1 al 100 según su probabilidad de ser miliciano. La investigación indica que la supervisión humana se reducía con frecuencia a una validación pro forma de aproximadamente 20 segundos por objetivo, tratando en la práctica la sugerencia de la máquina como una decisión firme.

Al comprobarse que Lavender supuestamente alcanzaba un 90% de precisión en la identificación de afiliaciones con Hamás, el Ejército autorizó su uso generalizado. A partir de ese momento, según las fuentes de +972 Magazine, si Lavender determinaba que un individuo era miliciano, los operadores debían tratar esa decisión como una orden, sin necesidad de verificar de forma independiente el razonamiento algorítmico ni examinar los datos en los que se basaba.

«Para hacer posible la violencia de masas es necesario deshumanizar al enemigo», concluye Schwarz. Y para eso, la inteligencia artificial ofrece grandes oportunidades. «Cuanto mayor es la distancia entre la aplicación de la fuerza y sus efectos, mayor es también la distancia emocional y moral que se genera».

A diferencia de los sistemas de armas convencionales, fabricados por empresas como Lockheed Martin y sujetos a marcos regulatorios, el uso militar de la inteligencia artificial carece de regulación.

Frenar la máquina

En uno de los muchos cafés de moda que hay en Brooklyn, frente a un capuccino, Peter Asaro admite que negociar un tratado para regular las armas con altos niveles de automatización es una tarea titánica en el laberíntico sistema de la ONU. Este filósofo de la ciencia, la tecnología y los medios digitales, ya atendió a La Marea en octubre de 2023 en la sede de Naciones Unidas.

Hoy, Asaro, vicepresidente del Comité Internacional para el Control de Armas Robóticas (ICRAC) y portavoz de la campaña Stop Killer Robots, se muestra esperanzado con el estado actual del borrador para negociar un marco legal común en las Naciones Unidas que permita ejercer control sobre las armas con altos niveles de automatización.

Tras varios intentos fallidos de prohibir por completo el uso de armas autónomas, el estado actual de las negociaciones se centra en regular su empleo y definir en qué contextos son aceptables. Es el caso, por ejemplo, de los sistemas de defensa antimisiles, que deben operar con inmediatez para neutralizar amenazas masivas. El debate de fondo radica en hasta qué punto es imprescindible mantener a un humano en el proceso y qué nivel de intervención se considera «significativo». Por ello, las discusiones se centran en la definición de un «control humano apropiado al contexto».

«La idea es que “apropiado” no sea un término vacío», matiza Asaro. «Exige algún tipo de valoración humana contextual que confirme que el sistema opera en un entorno conocido y que es capaz de hacerlo correctamente».

Estos esfuerzos regulatorios chocan con la oposición de potencias muy activas en el desarrollo armamentístico, convencidas de que la IA les otorgará una ventaja táctica decisiva. Países como Estados Unidos, Rusia, China, Israel, Corea del Sur y Turquía prefieren sustituir un tratado vinculante por meras «directrices» o «mejores prácticas».

Se espera que en noviembre de 2026 las Naciones Unidas voten el inicio oficial de las negociaciones. De ser así, el tratado formal podría ver la luz en 2027, seguido de un arduo proceso de ratificación global que seguramente intentarán torpedear los países detractores. Sin embargo, Asaro recuerda que no es una situación inédita y que la historia demuestra que el progreso es posible frente a la resistencia de las grandes potencias.

En el caso de las armas nucleares, un tratado de prohibición ha logrado establecer normas claras. Aunque las potencias nucleares no lo firmaron, el respaldo de la mayor parte del mundo consolidó una norma internacional que declara estas armas «inmorales e ilegales». Del mismo modo, aunque Siria nunca firmó el tratado sobre armas químicas, la comunidad internacional la hizo responsable de su uso. «Esperamos lograr algo similar. Como mínimo que podamos restringir el uso de estos sistemas y alejar la IA de las aplicaciones bélicas más peligrosas que podamos imaginar», concluye Asaro.

Así, al menos, la responsabilidad de las muertes de civiles podrá seguir siendo identificable y no quedar sepultada tras algoritmos indescifrables.

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Este fotoensayo sobre el Sáhara Occidental se publicó originalmente en La Marea 110. Puedes conseguir la revista y suscribirte en nuestro kiosco.

«Estamos en el lugar de Mejaire. Aquí se cría pescado, gallinas y dátiles». Jadija Mohamad es una de las biólogas encargadas de la piscifactoría ubicada en los campamentos de personas refugiadas saharauis en Tinduf, Argelia. También fue una de las impulsoras del proyecto que inició en 2018. Este centro es un oasis de palmeras verdes que deja atrás la carretera del desierto a las afueras de la wilaya de Smara. Aunque en los inicios a Jadija le dijeron que era una idea loca, esa de criar peces en el desierto, más loco le parecía que faltaran nutrientes básicos en la dieta de una población que cuenta con uno de los mayores bancos pesqueros del Atlántico. Y a la que se le niega el derecho a su mar. El pescado saharaui circula hacia mercados internacionales, pero no llega ni a la población que resiste en el territorio ocupado ni a las más de 170.000 personas refugiadas en los campamentos.

Lejos de ese mar también está Damba Mohamad, en Rabuni, la capital administrativa de los campamentos. Desde la pequeña tienda de alimentación que asoma a la calle principal, recorre en su furgoneta blanca los más de 800 kilómetros en busca de corvina o merluza procedente de Nouadhibou, ciudad mauritana próxima a la frontera del Sáhara Occidental. El viaje dura cerca de 24 horas y lo repite una vez al mes durante el invierno (de diciembre a marzo), cuando el pescado puede conservarse mejor. Es la única manera de saborear lo que les fue arrebatado hace 50 años. Junto a Damba, Hameiduha Emhamed recuerda aquel gusto de su infancia en Dajla, conocida como la Villa Cisneros de la provincia 53 española.

Así, mientras las corvinas y las merluzas se abren paso en los congeladores de Damba, la tilapia del Nilo y la roja lo hacen en las piscinas de Mejaire, con la incertidumbre de no saber hasta cuándo. El proyecto, financiado en sus inicios por el Programa Mundial de Alimentos, resiste hoy bajo mínimos por falta de recursos. «La tilapia es un pez refugiado, igual que nosotras», dice Jadija.

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Este contenido forma parte de un proyecto realizado con la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat a través de la beca DevReporter Connect for Global Change de Lafede.cat.

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Un anciano se baja de una vieja marshrutka (minibús), se pone un gorro, unos guantes y una espesa bufanda de lana hecha por su mujer, quien le espera en casa. Una vez abrigado, se hace la señal de la cruz, desprende la cuerda de un pequeño trineo en el que carga dos cajas con víveres e inicia un camino a pie hacia el río Konka, en un paraje desolado, con nieve, sin gente. Una deshilachada red antidrones protege parte de su próximo recorrido. Se ha bajado en la última parada de la marshrutka que va de Kushuhum en dirección a Malokaterynivka, dos asentamientos rurales del sur de Zaporiyia, la ciudad de medio millón de habitantes, industrial y levantada por cosacos a orillas del río Dniéper, que da nombre a toda esta provincia.

La ruta de este ucraniano valiente es la de tantas otras personas que, por pura necesidad, han de jugarse la vida para salir de casa a por medicinas, comida y útiles que les ayuden a superar este invierno, uno de los más fríos que por estos pagos se recuerdan. Son por lo general hombres de más de 60 años y, por lo tanto, libres de ser reclutados para combatir a los invasores rusos, que en este caso se encuentran extremadamente cerca, dando lugar a esa cruel paradoja que es librarte de ser enviado al frente, al tiempo que el frente te es enviado a ti. Asimismo, las mujeres, igualmente audaces y maduras, visten con abrigos acolchados y cargan con las icónicas bolsas de croché soviéticas, a las que en su juventud llamaban avoska, que en ruso significa “por si acaso”, esto es, una malla de rejilla que vacía apenas ocupa espacio y toda señora portaba en su bolso para cuando surgiese la oportunidad de llevarse algún producto de las tiendas de comestibles oficiales.

Según la agencia de Naciones Unidas para los refugiados, en este año 2026, hay 10,8 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria, de los cuales 3,7 se encuentran desplazadas en el interior del país. Sin embargo, ¿qué sucede con aquellas personas que deciden no ser evacuadas de las zonas de combate y quedan alejadas de los puntos donde se distribuye la ayuda humanitaria? Este es el caso de la población del sur de Kushuhum, y más concretamente, del asentamiento de Malokaterynivka. Para Maxim, chófer de la última marshrutka que más se está acercando a este lugar, su servicio es tan imprescindible como arriesgado. “Es una cuestión difícil la de decidir si seguimos brindando el servicio de transporte público o no. Por un lado, sabes que tú eres la única conexión que les queda con el mundo, pero por otro también sabes que acercarte aquí te puede costar la vida. De modo que cuando la situación se hace insostenible, vamos reduciendo paradas. De momento salimos de la ciudad de Zaporiyia hacia Kushuhum. Son 9 kilómetros arriesgados. Lo asumimos. Pero los siguientes 4 o 5 kilómetros más al sur, hacia el asentamiento de Malokaterynivka, ya suponen una situación mucho más extrema. Los drones y la artillería son permanentes. Lo siento, pero no podemos hacer el trayecto completo, así que la gente se baja y recorre los últimos kilómetros a pie hasta sus casas”, se lamenta.

Una de esas personas que se bajan en la última parada de la marshrutka, se santiguan, arropan o cargan cajas sobre trineos antes de emprender una marcha a pie, camino al asentamiento de Malokaterynivka y el río Konka, es Alexander, un hombre de 53 años prematuramente desgastado por la pobreza y la guerra. Tal y como aconseja antes de iniciar la marcha, “lo importante es andar rápido y mejor solo que en grupo. Aunque lo más peligroso es en coche. Si ven uno, atacan seguro”, señala mientras prepara su trineo junto a otras dos personas que también se han bajado de la marshrutka y están a punto de iniciar un escalofriante recorrido hasta sus viviendas.

Por el camino Alexander se cruza con Sergei y Denis, dos soldados pertrechados con pistola en el pecho, fusil de asalto en el hombro izquierdo y escopeta de postas en el derecho. Caminan lentamente mirando hacia el cielo con el casco bien calado y un chaleco antibalas que no solo los protege de la metralla, sino también del frío. Consultados por las condiciones de seguridad y la presencia de unas tropas rusas que ya se encuentran al otro lado del río Konka, los soldados advierten sin entrar en muchos detalles: “Sí, están allí, lo que es peligroso porque con sus drones llegan aquí en menos de cinco minutos. Sin embargo, hay más problemas…”. Y efectivamente los hay. Tal y como reportan los últimos informes del Ministerio de Defensa ucraniano, la poca profundidad de los ríos que rodean a esta comunidad, han permitido a las fuerzas armadas rusas llevar a cabo incursiones que, si bien no han prosperado, indican lo que podría ser un futuro asalto a este suburbio de Zaporiyia, y por ende a la propia capital de la provincia, situada a unos 12 kilómetros de este punto.

El suburbio de Malokaterynivka, ubicado en la orilla norte del río Konka, y última barrera natural de los ucranianos con la que hoy se topa el ejército ruso antes de la ciudad de Zaporiyia, se encuentra separado de las posiciones rusas por los 2.000 metros de agua que dividen ambas márgenes de este afluyente del río Dniéper. “Los rusos están al otro lado del río, en la localidad de Prymorske. Es por eso por lo que este servicio de la marshrutka está a punto de desaparecer”, explica Ludmilla, una mujer que regresa de casa de un tío suyo, aislado por la crudeza del invierno y las dificultades de movilidad propias de su avanzada edad. “Todo el sur de Zaporiyia –continúa– y más aún este lugar donde estamos, al sur de Kushuhum, es ya un escenario de guerra abierta en el que quedan muy pocas personas viviendo”. Preguntada por si existen servicios que asisten a estos ancianos que no quieren abandonar sus hogares, Ludmilla responde que hay organizaciones humanitarias que se acercan en vehículos blindados, pero, según explica, sus visitas son ya muy puntuales, “pues la gran evacuación de gente se produjo hace meses”.

Siguiendo el camino hacia el sur, en dirección a Malokaterynivka, se llega a un cruce en el que se yergue un edificio desconcertante. Rodeado de mallas metálicas para evitar el impacto directo de los drones, esta singular construcción de ladrillos es el último negocio que permanece abierto antes de llegar a la zona desde donde dispara la artillería ucraniana. Con un letrero colgando, luces de discoteca y un porche que hace las veces de sala de fiestas, el local acoge en su interior a dos mujeres en estado de embriaguez tratando de hacer sonar un destartalado equipo de sonido al tiempo que se escuchan algunas detonaciones de fondo. A su alrededor se esparcen decenas de botellas de vodka vacías, ceniceros atestados de colillas y la certeza de que la guerra ha agravado problemas sociales como el del alcoholismo y las drogadicciones. De acuerdo con el último informe mundial sobre drogas de la ONU, la producción de estupefacientes sintéticos, así como de cannabis, ha sufrido un claro incremento desde el inicio de la invasión rusa en febrero del 2022. A esto se suman otros desafíos, como el de la depresión y la ansiedad que sufren, no solo los civiles sino también los militares. Para la sociedad ucraniana no es ningún secreto que muchos soldados que regresan de primera línea con estrés postraumático recurren a las drogas, como tampoco lo es el hecho de que en el propio frente se consumen más que nunca. No en vano, un estudio de la ONG Life Rivne Network indica que un 38% de los soldados ucranianos admiten haber consumido anfetaminas para sobrellevar la fatiga de combate y marihuana –e incluso opioides– para los momentos de descanso. Tal y como apuntan muchas de las personas con las que se comparte esta preocupación, los sueldos de los soldados han tenido, sin quererlo, algo que ver en todo esto. Si el salario mínimo de un trabajador no supera los 170 euros en la Ucrania del 2026, el de un soldado puede multiplicar esa cifra por 10 si es que se encuentra en la línea de combate.

“Verás que aquí hay de todo”, advierte Alexander al abrir la puerta del local bunkerizado que se encuentra tras el porche y la extraña sala de fiestas. Como si de un oasis se tratara, en el interior hay luz, calor, y una mujer de pelo largo, sonriente y fornida que se llama Victoria. Según explica esta, su negocio hace las veces de farmacia, bar, economato, refugio y cocina. “Sí, aquí viene mucha gente necesitada, pero vivimos un momento en el que no todo es hacer negocio. También hay que ayudarse los unos a los otros”, señala, no sin razón, antes de explicarnos dónde está el lugar en el que nos encontramos y lo mal que está la situación con las tropas rusas al otro lado del río Konka. “Si continuáis caminando hacia el sur ya estaréis al borde del río en Malokaterynivka”, explica. Con varias provisiones adquiridas en la tienda, Alexander retoma la caminata en la dirección que Victoria señala como muy peligrosa. “Es que allí está mi casa”, se excusa.

Pese a la heroica defensa de las fuerzas ucranianas, los avances del ejército ruso en Zaporiyia han sido lentos pero implacables, sobre todo en el último año. Controlando ya el 75% de toda la región, y con la central nuclear más grande de Europa en su poder desde marzo del 2022, existe la posibilidad de que, una vez llegado a Kushuhum, el Kremlin pueda comenzar un verdadero asedio a la capital de esta provincia, la cual fue declarada parte de la Federación Rusa en un referéndum que ni respondió al derecho internacional ni ha reconocido ningún país del mundo más allá de Corea del Norte, Nicaragua, Bielorrusia, Venezuela y Cuba.

Para Alexander, quien está a punto de llegar a su casa, la irrupción de los ocupantes rusos en su asentamiento no sería motivo de huida. “Soy mayor y estoy un poco cansado. Yo he decidido quedarme para cuidar de mis animales”, explica mientras abre la puerta de una pequeña dacha. Ya dentro, le recibe una colonia de gatos a los que acaricia con mimo. “Vivo solo. Es todo cuanto tengo”, afirma sonriente mientras va dejándoles comida. Después de servir un té, se sienta y da cuenta de la que es, hoy por hoy, su mayor preocupación. “Lo que no me gustaría es que mi casa sea dañada. Con esta estufa de leña y un poco de comida puedo sobrevivir, pero sin un techo todo cambiaría”.

En un informe elaborado por Naciones Unidas el pasado año se dice que alrededor del 10?% de las viviendas de Ucrania han sido dañadas o destruidas desde el inicio de la invasión rusa. Resulta interesante sumar otro dato menos conocido de la misma organización. En este se dice que, desde la independencia del país hace 35 años, solo se han construido entre un 7 y un 10% de todas las viviendas actuales, siendo el 90 o 93?% restante obra del periodo soviético que transcurrió en las cuatro décadas anteriores. Sin ir más lejos, la de Alexander es una de estas moradas: precaria, unifamiliar y con un pequeño jardín sobre el cual vuelan los drones a diario. Tanto es así que en un momento dado se levanta y exclama: “Tienes que ver esto. Sal y mira”. Cruzando el tejado de su dacha se aprecia un hilo que brilla al sol. Se trata del rastro dejado por un dron ruso dirigido por fibra óptica, la mayor amenaza para los civiles de esta zona y el motivo para abandonar el lugar tan rápido como se pueda.

A pesar del frío y la desolación, en la caminata de regreso hacia la capital de la provincia es posible encontrar algunos signos de vida, desde oportunistas que van a la husma del cobre en las casas destrozadas por la artillería rusa hasta bandadas de perros en busca de un hueso que llevarse al hocico. También, muy de cuando en cuando, otros civiles que van a coger la última marshrutka en dirección aKushuhum y Zaporiyia.Oleg, un setentón con bigote y sombrero de lana, es de los primeros en llegar a la marquesina donde serán recogidos. Lleva consigo una Beretta de 9mm en una funda de cuero. Asegura que es su mejor defensa contra los drones. “Si se acerca uno, ¡pum! Lo disparo y asunto resuelto”, afirma con desbordante optimismo.

Según se va regresando ya a bordo de la marshrutka, primero se pasa por el centro de Kushuhum, donde un reciente ataque contra una marquesina ha dejado heridas a dos mujeres de 72 y 52 años. A continuación, ya superado el control militar que da acceso a la ciudad de Zaporiyia, comienzan a verse carteles que animan a sumarse a las brigadas de voluntarios. Entre ellas, Khartia es una de las que ha tenido más aceptación. Sin embargo, hay algo inquietante en la publicidad que utilizan en este invierno del 2026. Si hace año y medio mostraban aguerridos combatientes posando en un estudio fotográfico, hoy sus vallas publicitarias ofrecen como reclamo la triste imagen de una litera metálica y un vehículo 4×4 para la extracción de heridos.

La convicción de que, pese al indudable coraje demostrado por las tropas ucranianas, la guerra está perdida y de que hay muchos políticos y militares beneficiándose de la situación, es otro de los grandes tabús informativos de este conflicto, en el que las cifras del desencanto hablan por sí solas: de los 11 millones de hombres ucranianos en edad de combatir (de 25 a 60 años) apenas 1,1 millón han atendido al llamado de sumarse a filas. ¿Qué tendría que decir al conjunto de la sociedad esa mayoría silenciosa que elude prestar servicio en las Fuerzas Armadas? ¿Dónde están? ¿Se puede hablar de pluralidad informativa cuando las motivaciones de un sector tan amplio y determinante de la sociedad no son sujeto de debate ni en los medios ni en la esfera política?

Llegada por fin la última parada de la marshrutka, los pasajeros descienden aliviados. “Resulta triste que nos sintamos seguras al llegar a una ciudad en la que casi todos los días caen bombas, pero, comparado con los lugares de los que venimos, resulta mucho más tranquila”, señala Oksana, una mujer habituada a hacer este desplazamiento para conseguir algunos alimentos y medicinas. Mientras ella se pierde por las calles de la ciudad se va formando una nueva cola para ascender a la marshrutka en su viaje de regreso a Kushuhum. “Si no tienes un coche, este es nuestro último medio de conexión con el resto de Ucrania. Esperemos que no corten esta ruta a Kushuhum, como acaba de pasar con la de Malokaterynivka”, comenta una de las mujeres que espera subirse para viajar de vuelta al último bastión defensivo que protege por el sur la ciudad de Zaporiyia.

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Puedes leer toda la serie en los siguientes enlaces:

• Los extremos del Donbás (1)
• Sumy, la guerra a ninguna parte (2)
• Raihodorok, la vida a tiro de tanque (3)
• Última ‘marshrutka’ hacia la línea de fuego (y 4)
  

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