Esta entrevista se publicó originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerla en catalán aquí.

Desde los atentados del 11 de septiembre hasta la guerra de Gaza, pasando por la pandemia y la invasión rusa de Ucrania, Fabian Scheidler (Bochum, 1968) observa un mismo mecanismo político. Las crisis, sostiene, se convierten en oportunidades para ampliar los poderes excepcionales del Estado, transferir recursos públicos a grandes corporaciones y acelerar la militarización de las sociedades occidentales.

En El estado de guerra y la lucha por un nuevo orden de paz (publicado por Icaria), el ensayista alemán argumenta que Europa está abandonando progresivamente el modelo de Estado social construido tras la Segunda Guerra Mundial para entrar en una economía de guerra permanente. En esta conversación reflexiona sobre los límites del sistema de partidos, la crisis de la hegemonía occidental, el ascenso de China y las posibilidades de reconstruir una política de paz en el siglo XXI.

En el libro identificas un patrón común que atraviesa acontecimientos aparentemente distintos, desde el 11-S hasta la pandemia, la guerra de Ucrania o Gaza. En todos ellos observas una expansión de los poderes excepcionales del Estado y una creciente militarización de la política. ¿Crees que existe una racionalidad consciente detrás de este proceso o más bien una capacidad de las élites para instrumentalizar acontecimientos imprevistos?

No creo que hace 20 o 30 años hubiera un grupo de personas sentado alrededor de una mesa diseñando un estado de excepción permanente porque anticiparan el declive de Occidente o el caos global. La historia es mucho más compleja que eso. No funciona mediante planes perfectamente trazados.

Lo que sí observamos es que cuando se producen acontecimientos traumáticos –el 11-S, una pandemia o una guerra– esos acontecimientos son rápidamente utilizados para reforzar determinadas estructuras de poder porque hacerlo responde a los intereses de las élites políticas y económicas.

La pandemia es un buen ejemplo. Algunas personas se preguntan por qué la incluyo en un libro sobre guerra y paz. La razón es que toda la retórica desplegada durante aquellos años fue una retórica de guerra. Emmanuel Macron llegó a declarar que Francia estaba «en guerra contra el virus». Lo hizo en un momento en que el movimiento de los chalecos amarillos había puesto en cuestión el orden político francés y había protagonizado una movilización social muy importante. El estado de excepción también sirvió para contener ese conflicto. Algo parecido ocurrió con la llamada guerra contra el terrorismo. François Hollande reconoció que algunas de las medidas introducidas para combatir el terrorismo terminaron utilizándose contra activistas climáticos durante la cumbre del clima de París de 2015.

Existe una lógica recurrente. Se produce una crisis y esa crisis se utiliza para reforzar el poder ejecutivo, ampliar el poder corporativo y transferir enormes cantidades de recursos públicos hacia determinados intereses privados. Lo vimos en la guerra contra el terrorismo, donde el complejo militar-industrial fue uno de los grandes beneficiarios. Lo vimos también durante la pandemia, cuando sectores como las grandes farmacéuticas o las corporaciones tecnológicas obtuvieron enormes ventajas.

Y todo esto resulta especialmente relevante porque vivimos una crisis estructural del capitalismo que, en mi opinión, se arrastra al menos desde 2008. Cada vez más corporaciones dependen de subsidios estatales, rescates públicos o contratos gubernamentales. Los estados de emergencia se han convertido en mecanismos de transferencia masiva de recursos hacia esas estructuras de poder.

La crisis bancaria fue otro ejemplo. Se utiliza dinero público para rescatar grandes corporaciones privadas. Así funciona gran parte del capitalismo contemporáneo.

Sin embargo, algunos de los principios que definieron la gobernanza económica europea después de la crisis financiera parecen estar siendo revisados. Alemania ha flexibilizado sus restricciones constitucionales al endeudamiento y Europa parece abandonar algunas de las reglas que defendió durante años. ¿Interpretas estos cambios como una rectificación o simplemente como una adaptación a nuevas prioridades?

No creo que hayan aprendido demasiado de la crisis financiera. Muchas voces importantes siguen advirtiendo de la posibilidad de nuevas crisis bancarias. Lo que sí ha ocurrido en Alemania es que se ha modificado la Constitución para eliminar los límites de deuda cuando se trata de financiar la militarización. Los Verdes añadieron además excepciones relacionadas con los servicios de inteligencia. El resultado es muy claro. Se mantiene la austeridad para la mayoría de la población mientras se eliminan las restricciones cuando se trata de gasto militar. Estamos entrando en una situación en la que podemos destruir gran parte del Estado del bienestar europeo mientras destinamos recursos prácticamente ilimitados al ejército.

Recuerdo un titular del Financial Times que resumía muy bien esta lógica. Venía a decir que Europa tendría que recortar su Estado del bienestar para construir un Estado de guerra. Esa es precisamente la dirección en la que nos estamos moviendo.

Si el Estado-nación y el capitalismo forman parte de una misma arquitectura histórica, ¿sobre qué fundamentos podría construirse una política de seguridad diferente? ¿Existe alguna alternativa que no reproduzca la lógica de competencia geopolítica entre Estados?

Superar el Estado-nación es una tarea tan enorme como superar el capitalismo porque ambos forman parte de una misma estructura histórica. No son fenómenos independientes.

No sé si el capitalismo y el Estado-nación moderno sobrevivirán a lo largo de este siglo. Lo que sí sé es que ambos atraviesan una crisis profunda y que la respuesta de las élites está siendo avanzar hacia formas permanentes de estado de excepción e incluso de estado de guerra. Precisamente por eso creo que debemos resistir esa deriva militarista.

Para la izquierda esto implica recuperar la cuestión de la paz como un tema central. En Alemania, por ejemplo, una parte importante de la izquierda ha relegado esta cuestión porque considera que genera conflictos internos o dificultades mediáticas. Pero si los gobiernos europeos siguen avanzando en esta dirección, la militarización terminará destruyendo los fundamentos materiales del Estado social.

Por eso necesitamos construir una nueva coalición política que conecte paz, justicia social, ampliación del Estado del bienestar, límites al poder corporativo y diplomacia internacional. Sin paz será imposible abordar la crisis climática o la crisis ecológica. Los recursos necesarios para esas transformaciones desaparecerán. Todo está conectado.

En cierto sentido, necesitamos recuperar la intuición original del movimiento ecologista europeo, que vinculaba paz, democracia, justicia social y crítica al capitalismo como partes de una misma agenda.

Pero incluso las fuerzas políticas que nacieron para desafiar el consenso dominante parecen terminar adaptándose a él. Esto es algo de lo que se acusó por ejemplo a Podemos en ciudades como Cádiz, dónde coexistía un discurso transformador y una defensa de industrias vinculadas a la producción militar debido a su importancia para el empleo local. ¿Cómo se resuelve esa tensión entre transformación social y dependencia económica de las estructuras existentes?

Es una cuestión muy difícil. Soy bastante crítico con el sistema de partidos, aunque no podemos ignorarlo porque existe y sigue teniendo poder. Mi impresión es que cualquier transformación profunda tendrá que construirse también fuera de los partidos, mediante nuevas coaliciones sociales capaces de articular una visión diferente de Europa.

Lo que me da esperanza son experiencias concretas. Hemos visto trabajadores portuarios en Italia y España bloqueando envíos destinados a la guerra de Gaza. Hemos visto activistas bloqueando instalaciones del complejo militar-industrial en Alemania. Hemos visto formas de resistencia que surgen desde abajo.

También observamos resistencia entre los jóvenes frente a la posibilidad de reinstaurar el servicio militar obligatorio. Muchos no quieren participar en estos conflictos geopolíticos. Nada de esto constituye todavía un movimiento masivo, pero son elementos a partir de los cuales puede construirse algo diferente.

Consideras también que el declive de la hegemonía occidental podría abrir la posibilidad de un nuevo orden internacional. Sin embargo, ¿por qué deberíamos asumir que potencias como China, India o los Estados del Golfo actuarán de forma menos dominadora que las potencias occidentales? ¿Qué tendría de más pacífico un mundo multipolar?

La multipolaridad no garantiza la paz. También puede conducir a la guerra. De hecho, muchos de los grandes conflictos de la historia moderna surgieron precisamente durante momentos de transición hegemónica. Ocurrió antes de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda y en muchos otros momentos donde varias potencias competían por el liderazgo global. La cuestión es si existen factores que permitan evitar ese resultado.

China tiene una trayectoria histórica diferente. No completamente pacífica, por supuesto, pero sí distinta de la experiencia occidental. La relación entre Estado y capital es diferente. Existe una tradición política que insiste en mantener el control del capital y del ejército desde el poder civil. Además, la memoria histórica china está profundamente marcada por el llamado siglo de la humillación, cuando las potencias occidentales intervinieron y fragmentaron el país. Desde la perspectiva china, el objetivo principal consiste en evitar que algo semejante vuelva a ocurrir.

La narrativa dominante allí no es la construcción de un imperio militar global, sino la recuperación de la seguridad y la autonomía nacional mediante el desarrollo económico. Eso no significa que no existan sectores nacionalistas o militaristas en China. Existen. Pero sí abre la posibilidad de evitar una guerra por la sucesión hegemónica similar a las que hemos visto durante los últimos 500 años. No sabemos si lo conseguiremos. Solo sabemos que esa posibilidad existe.

¿Y qué papel desempeña Taiwán en esa ecuación?

Taiwán es probablemente el punto más peligroso. Mientras continúe el statu quo actual, con toda la retórica que queramos añadirle, es posible evitar una guerra. Pero si Taiwán declarara formalmente la independencia y Estados Unidos respaldara explícitamente esa decisión, entraríamos en un escenario completamente distinto.

Conviene recordar que la política de una sola China ha sido reconocida durante décadas por Naciones Unidas, por Estados Unidos y por la mayoría de los Estados del mundo. Mantener ese marco es probablemente una condición necesaria para evitar una confrontación militar de consecuencias imprevisibles.

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Hay un titular que lleva años circulando, con variaciones, por la prensa progresista europea. Suena más o menos así: «La UE contradice sus valores». O bien: «La hipocresía de la UE en materia migratoria». O algo del estilo: «Los valores europeos se detienen en el Mediterráneo», etc.

En esta línea, Lola Hierro firmaba en El País un artículo titulado: «El doble rasero de la UE en migración: defiende los derechos humanos mientras pacta con regímenes represivos». En él, la autora señala y explica perfectamente cómo la UE llega a acuerdos con países terceros –de dudosa o nula reputación en cuanto a la protección de los derechos de las personas migrantes– para no tener que lidiar ella misma con la contradicción que implica envolverse con el manto de los valores mientras se maltrata sistemáticamente a la gente que dicen querer proteger.

Y si bien el artículo pone el dedo en la llaga y muestra el funcionamiento real de la política migratoria europea, hay un problema con el titular que propone al señalar la existencia de una contradicción, de una tensión irresuelta entre el discurso y la práctica de la Unión Europea; porque el doble rasero implica hipocresía, y la hipocresía implica que todavía hay algo que ocultar, en tanto que se reconoce lo que transgrede.

Pero esta Europa ya no tiene nada que ocultar. Los valores ya son otros. Lo que durante décadas funcionó como escándalo –la connivencia entre retórica de derechos y acuerdos con dictadores– ha dejado de ser una excepción gestionada con discreción y se ha convertido en la arquitectura misma de la institución.

De la hipocresía al modelo

La Declaración UE-Turquía de 2016 fue el momento bisagra: por primera vez, la Unión pagaba de forma explícita y masiva a un tercer Estado para que actuara como tapón humano en sus fronteras. Seis mil millones de euros a un régimen que en ese mismo período encarcelaba periodistas, purgaba jueces y bombardeaba kurdos en el sureste del país. Una decisión «estratégica» que marcó un camino que ha acabó cristalizando el 12 de junio de 2026 –hace apenas dos semanas– cuando entró en vigor el Nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. Fue aprobado en el Parlamento Europeo el 10 de abril de 2024, por un margen estrecho –300 votos a favor, 270 en contra– y adoptado por el Consejo el 14 de mayo del mismo año. Después de una década de negociaciones bloqueadas, la maquinaria legislativa europea consiguió ponerse de acuerdo.

Desde entonces, la lógica se ha replicado y normalizado. El memorando con Túnez en 2023 se saldó con 105 millones para la «contención fronteriza» en un país donde Kaïs Saïed ha liquidado lo que quedaba de separación de poderes. El acuerdo con Egipto en 2024 destinó 200 millones a gestión migratoria –dentro de un paquete global de 7.400 millones que incluye préstamos macroeconómicos y garantías de inversión– a Al Sisi, cuyo régimen acumula denuncias de desapariciones forzadas, torturas y detenciones arbitrarias documentadas por Amnistía Internacional y Human Rights Watch. En marzo del mismo año, Mauritania recibió 210 millones en marzo de 2024, mientras HRW documenta violencia sexual y expulsiones colectivas contra migrantes en su territorio. Y luego está el caso de Marruecos, que acumula cientos de millones en acuerdos de este tipo sin que nadie le pida explicaciones por la tragedia de Melilla en 2022, todavía sin responsables.

Esta nueva Europa se ha ido gestando lentamente desde el Consejo –donde se reúnen los ministros de los Estados miembros– pero acabó de cristalizar con la nueva composición del Parlamento después de las elecciones de junio de 2024, que dejaron una cámara claramente escorada a la derecha: retroceso de los verdes y los liberales, crecimiento de la extrema derecha tanto en el grupo de los Conservadores y Reformistas –donde se encuentran Fratelli d’Italia de Meloni y el polaco Ley y Justicia– como en el nuevo grupo Patriotas por Europa –sucesor de Identidad y Democracia, con el Reagrupamiento Nacional de Le Pen, la Liga italiana y el FPÖ austriaco– y en Europa de las Naciones Soberanas, donde quedó encuadrada la AfD alemana.

El fenómeno central, con todo, no fue el crecimiento de la extrema derecha en sentido estricto, sino que el Partido Popular Europeo, primera fuerza de la Cámara, asumió sistemáticamente sus posiciones en materia migratoria. La extrema derecha marca el camino, y la derecha no tan extrema le sigue. Lo mismo que en España, vaya.

El Pacto de la vergüenza que ya no avergüenza

El Nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, adoptado en 2024 tras años de negociación, da forma jurídica a esta reconfiguración, convirtiendo lo que antes se consideraba extraordinario en un fenómeno meramente administrativo.

El procedimiento fronterizo de asilo permite retener a solicitantes en zonas de tránsito mientras se tramita su caso, en condiciones que varias organizaciones han asimilado a detención de facto. La cláusula de crisis y fuerza mayor autoriza a los Estados miembros a suspender garantías procedimentales básicas en situaciones de presión migratoria –una categoría lo suficientemente elástica como para volverse permanente–. El concepto de país tercero seguro se ha expandido para incluir a Estados con los que el solicitante no tiene vínculo real, lo que facilita deportaciones en cadena hacia destinos que la propia UE ha denunciado en otros contextos.

Y luego está la «externalización», lo que vendría a significar simple y llanamente pagar para que otros hagan el trabajo sucio; ya sean guardacostas libios equipados con patrulleras italianas interceptando embarcaciones en aguas internacionales, o policías marroquíes linchando migrantes subsaharianos para que no salten la valla. Todos ellos devueltos –o los que tienen la «suerte» de no morir en el intento– a centros de detención donde la ONU ha documentado esclavitud y tortura.

Así que llamar hipócrita a Europa sería, paradójicamente, demasiado generoso. Pero, en fin, si alguien se quiere consolar, se puede agarrar a eso: al menos ya no tenemos doble rasero.

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