Dicen que los datos son fríos. Es posible, pero también pueden ser esclarecedores, y ser capaces de resumir lo que podría calificarse de despropósito global. Uno de esos datos lo ofreció recientemente Tom Fletcher, responsable de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA): Estados Unidos gastó alrededor de 2.000 millones de dólares al día durante su ofensiva contra Irán; en menos de dos semanas habría superado la cifra de 23.000 millones, la financiación que busca el organismo para tratar de salvar 87 millones de vidas. La conclusión no puede ser más evidente: faltan fondos para sostener la vida, mientras que los recursos para la guerra parecen ilimitados.

Además, al poco de iniciarse los ataques simultáneos a Irán y Líbano, Naciones Unidas alertó sobre cómo las dificultades en el paso por el estrecho de Ormuz, así como el alza de precios de los combustibles, estaban encareciendo –cuando no directamente impidiendo– la entrada de ayuda humanitaria a zonas muy castigadas. Una situación que, de alargarse, pondría en riesgo la vida de 46 millones de personas, alertaban.

«Es la mayor perturbación de la ayuda desde la pandemia de la COVID-19», denuncian desde el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Sobrecostes en el transporte, mayores dificultades en la entrega, compras de menor cantidad de alimentos. Es decir, la guerra no solo acapara recursos que restringen el gasto en otras partidas, sino que ha hecho que el dinero destinado a los programas de cooperación sea menos efectivo.

Tijeras globales, desde Trump hasta Extremadura

Presupuestos para la guerra o para cooperación. Aunque no se trate de vasos comunicantes directos, en los que si baja una partida sube proporcionalmente la otra, lo cierto es que el elevado gasto militar escandaliza en mayor medida a instituciones humanitarias y ONG después de los recortes drásticos a nivel global que han sufrido en los últimos dos años.

Entre 2024 y 2025 la ayuda internacional habría perdido el 30% de sus fondos, debido sobre todo al desmantelamiento por parte de la Administración Trump de USAID. La mayor agencia de cooperación del mundo habría visto cómo se esfumaban el 90% de sus fondos. Pero Estados Unidos no está solo a la hora de coger las tijeras –o la motosierra– con las que recortar esta política, que además de salvar vidas de forma inmediata tiene entre sus objetivos crear condiciones para prevenir conflictos y luchar contra el cambio climático. Países como Alemania, Francia, Reino Unido y Japón han reducido también sus presupuestos. La Red Europea de ONG para el Desarrollo (CONCORD) destacaba cómo por tercer año consecutivo las instituciones de la UE y los Estados miembros han reducido el porcentaje de gasto que destinan a cooperación al desarrollo. En 2025 el descenso fue de casi el 10% respecto al ejercicio anterior.

En un momento en el que se debate si los países europeos deberían destinar hasta el 5% de sus presupuestos a «defensa», solo cuatro países en el mundo –Dinamarca, Luxemburgo, Noruega y Suecia– superaron el objetivo de invertir al menos el 0,7% de la renta nacional en cooperación. España, aunque aumentó ligeramente sus fondos, se quedó en el 0,27%. Es decir, muy lejos no solo del compromiso del 0,7% marcado para 2030 por la Ley de Cooperación, también por debajo de la media de los países de la UE.

Variación en el gasto

La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo confirma que asistimos al «mayor recorte de la historia, en un contexto global enormemente complejo». En declaraciones a La Marea, su presidente Javier Ruiz, afirma que «las políticas de ataque directo a la cooperación están avanzando en todo el planeta y tienen consecuencias incalculables sobre millones de personas». Ruiz considera «muy preocupante» el hecho de que esta ola de recortes internacional esté permeando a todos los niveles y haya llegado hasta los recientes acuerdos de gobierno en comunidadescomo Aragón y Extremadura como parte de una estrategia nacional que persigue «el desmantelamiento de las políticas sociales».

Un marcador dramático

«Mis hijos no comen bien y el pequeño siempre está enfermo. Solo puedo permitirme enviar a tres de mis seis hijos a la escuela. En lugar de continuar con su educación, mi hijo mayor cuida de sus hermanos pequeños cada vez que yo voy a trabajar». Es el lamento desesperado de Nawal, una mujer sudanesa que vive en El Cairo y que nos llega a través de ACNUR.

La agencia para los refugiados de Naciones Unidas es una de las organizaciones que se ha visto más afectada por la falta de financiación. El pasado 16 de abril alertaba de que ya había tenido que reducir las ayudas a la mitad de las 20.000 familias sudanesas refugiadas en Egipto. Hasta ese momento solo había recibido el 2% de lo necesario para mantener los programas en este país, por lo que, si no llegan nuevos fondos, advierten que tendrán que paralizar todas las ayudas que ofrecen.

Las cifras bailan, oscilan según la fuente, se actualizan, pero sobre todo preocupan porque resulta imposible calibrar el sufrimiento que representan. Según la revista sanitaria Lancet, los actuales recortes por parte de los países más ricos podrían provocar entre 9,4 y 22,6 millones de muertes más desde hoy hasta 2030. La mayoría de ellas en África.

La Universidad de Boston ha creado ImpactCounter, un dramático marcador que ya alcanza las 780.000 muertes prematuras debido a los recortes en la financiación únicamente de los programas del USAID. De ellas, más de medio millón habrían sido de niñas y niños.

«Decisiones desgarradoras»

Las principales organizaciones de desarrollo ya han empezado a tener que elegir qué proyectos pueden continuar, y hacen cálculos sobre cómo retrasar lo más posible el cierre de programas vitales para millones de personas. En un informe de la Asociación Española de Fundraising sobre el impacto de los recortes por parte de Estados Unidos, Save the Children reconocía haber tenido que tomar «decisiones desgarradoras para interrumpir programas que tratan a niños y niñas gravemente desnutridos o que proporcionan atención médica a recién nacidos que viven en zonas de guerra». Unas medidas que según la ONG afectarán a más de 10 millones de personas en lugares donde persiste la amenaza de la guerra y la violencia, como República Democrática del Congo o Sudán.

Desde Acción contra el Hambre apuntan cómo los recortes les han obligado a reducir personal y reestructurar operaciones, y destacan cómo la reducción de programas nutricionales amenaza la vida de medio millón de personas en países del Sahel como Níger o Mali. UNICEF, por su parte, lamenta que los recortes en la Ayuda Oficial al Desarrollo pongan en peligro los avances realizados en mortalidad infantil desde el año 2000. Millones de niños y niñas en todo el mundo corren ya mayor riesgo de contraer enfermedades y sufrir violencia según la agencia internacional para la infancia. En Afganistán, nueve millones de mujeres dejarán de recibir servicios de salud básicos como los relacionados con el embarazo y la maternidad.

Hace unas semanas, la tripulación de la nave Artemis II envió un mensaje durante su viaje hacia la Luna al contemplar nuestro planeta en su totalidad. «Desde aquí arriba somos una sola cosa: homo sapiens, todos nosotros, sin importar de dónde vengas ni cómo seas, somos un solo pueblo». No parece que el mensaje haya calado entre quienes optan por dedicar cada vez más fondos a la guerra y menos a cooperar.

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Este reportaje se publicó originalmente en La Marea 111. Puedes conseguir la revista y suscribirte en nuestro kiosco.

La mañana del 28 de febrero, decenas de niñas y docentes ingresaron a la escuela primaria Shajareh Tayyebeh de Minab, una ciudad de más de 70.000 habitantes en el sur de Irán. Era sábado, el primer día de la semana laboral en ese país. También el primer día de la operación «Furia Épica», como denominó el Pentágono a la ofensiva que lanzó contra Irán junto a Israel (Tel Aviv, por su parte, la llamó «Rugido del León»).

Alrededor de las 10.30 hora local, un misil Tomahawk impactó en la escuela, perforando el techo y colapsando la estructura. Análisis forenses de imágenes satelitales revelaron que, poco después, otro misil impactó en el patio, seguido por un tercero que completó el ataque. Según las autoridades iraníes, al menos 168 personas, en su mayoría niñas de entre siete y 12 años, fallecieron en el ataque. No se trató de un fallo técnico.

Los misiles Tomahawk no son cualquier misil. Pueden cubrir más de 2.000 kilómetros de forma autónoma, a velocidades cercanas a los 880 km/h, e impactar en su objetivo con un margen de error de pocos metros.

La escuela estaba ubicada en un edificio que hace una década fue separado de una base de las fuerzas navales del Cuerpo de Guardianes mediante un muro. Dicha base también fue golpeada en los ataques del 28 de febrero. Por ello, es probable que EE. UU. identificara esa base como objetivo militar pero que los mapas utilizados para esa identificación no estuvieran actualizados. Pero ¿quién es responsable de ese error en una guerra en la que se combate esencialmente con inteligencia artificial?

La cadena de muerte

En términos militares, con kill chain (literalmente, ‘cadena de muerte’) nos referimos a la secuencia de acciones que ocurre entre la identificación de un objetivo, la decisión de atacar y el despliegue del ataque. Durante casi un siglo, los ejércitos han intentado comprimir la kill chain todo lo posible, algo que permitiría atacar al enemigo de forma más rápida y eficaz.

Este deseo se convirtió en necesidad por primera vez durante la Guerra del Golfo del año 1991, cuando los iraquíes emplearon lanzadores móviles de misiles capaces de desplazarse varios kilómetros antes de que los estadounidenses pudieran coordinar una respuesta. Las viejas técnicas analógicas, en las que los analistas tenían que revisar manualmente mapas, grabaciones y otros datos, no servían. Se necesitaban máquinas capaces de volar tan bajo como para esquivar los radares, identificar un objetivo y eliminarlo en minutos. En pocas palabras, drones armados: vehículos capaces de volar (y atacar) sin tripulación a bordo.

El primer ejemplo llegó en 2001, cuando el capitán de la Fuerza Aérea de EE. UU. Scott Swanson y el sargento mayor Jeff A. Gunny Guay intentaron matar, sin éxito, al mulá Omar, líder de los talibanes y aliado de Osama Bin Laden, mientras controlaban un dron armado Predator desde Langley (Virginia), a miles de kilómetros de distancia. A pesar de que la misión no obtuvo los resultados esperados, los drones Predator y el más pesado Reaper en poco tiempo se convirtieron en instrumentos claves de las misiones militares tanto de EE. UU. como de Israel. Su uso se amplió enormemente durante la presidencia de Barack Obama, llegando incluso a ser considerados por algunos más «humanos» que otro tipo de ataques.

«La pregunta es si los drones nos tentarán a hacer cosas incorrectas. Pero no parece que sea así, porque tenemos casos en los que los drones se usaron de manera justa, y parece que, en realidad, mejoran nuestra capacidad de actuar con justicia», dijo en 2012 a The Guardian Bradley Strawser, filósofo y por entonces profesor en la Universidad Naval de Monterrey. «Literalmente cada acción que realizan queda registrada. Ante una decisión difícil, los operadores pueden incluso tomarse su tiempo y llamar a otras personas a la sala. Hay más margen para los controles y la supervisión», argumentó.

Pero con el aumento de los datos, poco a poco los controles y supervisión se volvieron cada vez más complejos. «En un futuro no muy lejano, vamos a encontrarnos nadando en sensores y ahogándonos en datos», aventuró en 2010 un alto cargo de inteligencia de la Fuerza Aérea estadounidense. Y eso fue lo que pasó. La difusión de redes sociales, drones y tecnologías de vigilancia masiva aumentaron enormemente la disponibilidad de datos en manos de los ejércitos para identificar y rastrear objetivos. Eso llevó a un cuello de botella. ¿Quién podía analizar tanta información? La inteligencia artificial trajo la respuesta.

Guerra sin piloto

«El objetivo de los sistemas de IA es liberar al ser humano del procesamiento cognitivo; hacer las cosas más rápidas y eficientes», comenta a La Marea Elke Schwarz, profesora de Teoría Política en la Universidad Queen Mary de Londres y autora del libro Death Machines: The Ethics of Violent Technologies (2018). Schwarz lleva años estudiando las consecuencias reales y potenciales del empeño humano por automatizar al máximo la práctica de matarse unos a otros.

Su investigación comenzó a principios de la década de 2010, años antes de la invasión rusa de Ucrania, una guerra que se ha convertido en un campo de experimentación para el uso de algoritmos e inteligencia artificial en batalla. «Muchas empresas emergentes llevaron sus nuevas tecnologías al conflicto», señala Schwarz.

Muy pronto, la asimetría del conflicto en Ucrania trajo el uso masivo de drones teledirigidos. A diferencia de los complejos y costosos sistemas Predator, estos eran instrumentos baratos que, con una inversión de apenas 500 dólares y comandados de forma remota, eran capaces de destruir tanques. No obstante, se revelaron vulnerables ante la guerra electrónica, es decir, ataques que interrumpen la comunicación entre el dron y su piloto. Esto propició que se impulsara el desarrollo de aeronaves con capacidades autónomas de vuelo y ataque.

Los drones autónomos están dotados de software capaz de transportar explosivos a lo largo de cientos de kilómetros y localizar objetivos. Otro tipo de drones, de cuatro hélices, se dotaron de inteligencia artificial para atacar a soldados rusos sin intervención humana cuando las comunicaciones fallaran. El siguiente paso fueron los enjambres de drones, capaces de perpetrar ataques masivos sin necesidad de contar con decenas de operadores.

Entre las innovaciones desplegadas en Ucrania, destaca el envío, en febrero de 2026, de dos robots humanoides Phantom MK-1 para cumplir funciones descritas oficialmente como «de apoyo» y no de combate. Según la startup californiana Foundation que los ha creado, este modelo sería el primer autómata diseñado específicamente para zonas de conflicto armado. «Lo que estamos viendo ahora es el primer intento torpe de cómo los robots van a librar nuestras guerras», declaró a la revista Time Mike LeBlanc, cofundador de la empresa y veterano de los Marines con experiencia en Irak y Afganistán. «Pero, en realidad, solo están esperando a que empiece el espectáculo», añadió.

Al margen del posible desarrollo de estos robots, en la actualidad las decisiones bélicas ya pasan por las principales empresas de inteligencia artificial, las mismas que diseñan los chatbots (asistentes conversacionales de IA) que cada día usan millones de personas para corregir correos electrónicos.

Decisiones de algoritmos

El libro The Making of the Atomic Bomb, de Richard Rhodes, publicado en 1986 y ganador del premio Pulitzer, se ha convertido en una de las lecturas más populares en las oficinas de Anthropic, la empresa creadora del chatbot Claude. Como escribía Charlie Warzel en 2023 en el medio The Atlantic, la obra se ha convertido en una suerte de texto fundacional para cierto tipo de investigadores en IA: los que creen que sus creaciones podrían tener el poder de matarnos a todos.

En febrero de este año, el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth exigió a Anthropic acceso sin restricciones a sus sistemas de inteligencia artificial para cualquier uso militar. La respuesta del consejero delegado, Dario Amodei, fue una negativa pública: «En conciencia, no podemos aceptar su petición». Hegseth contestó designando a Anthropic como «riesgo para la cadena de suministro», una calificación reservada habitualmente a empresas vinculadas con gobiernos adversarios, como la china Huawei o la rusa Kaspersky.

En respuesta, Anthropic demandó al Gobierno, que por su cuenta comenzó el proceso de reemplazar Claude con los modelos de empresas que supuestamente aceptaron sus condiciones, como ChatGPT, de OpenAI, y Gemini, de Google. Hasta ese momento, la colaboración entre esta empresa –fundada por exmiembros de OpenAI– y el Departamento de Defensa había sido estrecha.

El Mando Central de EE. UU. (CENTCOM) habría utilizado una versión clasificada de Claude para asistir en evaluaciones de inteligencia, identificación de objetivos y simulación de escenarios de combate durante operaciones militares en Irán. Según reveló The Wall Street Journal, Claude también habría sido empleado en la operación militar estadounidense que condujo a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero de este año.

Además, Anthropic ya se había asociado con Palantir Technologies, el gigante de análisis de datos cofundado por Peter Thiel y uno de los principales contratistas tecnológicos del Pentágono. En particular, Claude sería clave para el funcionamiento del sistema Maven Smart, diseñado por Palantir y supuestamente utilizado por el Ejército de EE. UU. en su guerra en Irán. Maven es capaz de procesar volúmenes enormes de datos clasificados procedentes de satélites, vigilancia y otras fuentes de inteligencia, y generar a partir de ellos información operativa. Según Hegseth, durante las primeras 24 horas de su ofensiva, EE. UU. atacó más de mil objetivos.

«Sugieren miles de objetivos y luego tienes un equipo reducido de personas para comprobarlos o validarlos, pero tienen que hacerlo a toda velocidad», subraya Schwarz a La Marea. «Ocurre tan rápido que tenemos que preguntarnos si puede haber una supervisión significativa o si el humano simplemente va diciendo “sí, no, sí, no”, absorbido por la lógica funcional del sistema de IA, por la lógica de la máquina».

Según una investigación publicada en el año 2024 por la revista israelí-palestina +972 Magazine, Israel empleó el sistema Lavender en Gaza para analizar datos de vigilancia masiva de casi la totalidad de los 2,3 millones de habitantes de la Franja. El sistema asigna a cada individuo una puntuación del 1 al 100 según su probabilidad de ser miliciano. La investigación indica que la supervisión humana se reducía con frecuencia a una validación pro forma de aproximadamente 20 segundos por objetivo, tratando en la práctica la sugerencia de la máquina como una decisión firme.

Al comprobarse que Lavender supuestamente alcanzaba un 90% de precisión en la identificación de afiliaciones con Hamás, el Ejército autorizó su uso generalizado. A partir de ese momento, según las fuentes de +972 Magazine, si Lavender determinaba que un individuo era miliciano, los operadores debían tratar esa decisión como una orden, sin necesidad de verificar de forma independiente el razonamiento algorítmico ni examinar los datos en los que se basaba.

«Para hacer posible la violencia de masas es necesario deshumanizar al enemigo», concluye Schwarz. Y para eso, la inteligencia artificial ofrece grandes oportunidades. «Cuanto mayor es la distancia entre la aplicación de la fuerza y sus efectos, mayor es también la distancia emocional y moral que se genera».

A diferencia de los sistemas de armas convencionales, fabricados por empresas como Lockheed Martin y sujetos a marcos regulatorios, el uso militar de la inteligencia artificial carece de regulación.

Frenar la máquina

En uno de los muchos cafés de moda que hay en Brooklyn, frente a un capuccino, Peter Asaro admite que negociar un tratado para regular las armas con altos niveles de automatización es una tarea titánica en el laberíntico sistema de la ONU. Este filósofo de la ciencia, la tecnología y los medios digitales, ya atendió a La Marea en octubre de 2023 en la sede de Naciones Unidas.

Hoy, Asaro, vicepresidente del Comité Internacional para el Control de Armas Robóticas (ICRAC) y portavoz de la campaña Stop Killer Robots, se muestra esperanzado con el estado actual del borrador para negociar un marco legal común en las Naciones Unidas que permita ejercer control sobre las armas con altos niveles de automatización.

Tras varios intentos fallidos de prohibir por completo el uso de armas autónomas, el estado actual de las negociaciones se centra en regular su empleo y definir en qué contextos son aceptables. Es el caso, por ejemplo, de los sistemas de defensa antimisiles, que deben operar con inmediatez para neutralizar amenazas masivas. El debate de fondo radica en hasta qué punto es imprescindible mantener a un humano en el proceso y qué nivel de intervención se considera «significativo». Por ello, las discusiones se centran en la definición de un «control humano apropiado al contexto».

«La idea es que “apropiado” no sea un término vacío», matiza Asaro. «Exige algún tipo de valoración humana contextual que confirme que el sistema opera en un entorno conocido y que es capaz de hacerlo correctamente».

Estos esfuerzos regulatorios chocan con la oposición de potencias muy activas en el desarrollo armamentístico, convencidas de que la IA les otorgará una ventaja táctica decisiva. Países como Estados Unidos, Rusia, China, Israel, Corea del Sur y Turquía prefieren sustituir un tratado vinculante por meras «directrices» o «mejores prácticas».

Se espera que en noviembre de 2026 las Naciones Unidas voten el inicio oficial de las negociaciones. De ser así, el tratado formal podría ver la luz en 2027, seguido de un arduo proceso de ratificación global que seguramente intentarán torpedear los países detractores. Sin embargo, Asaro recuerda que no es una situación inédita y que la historia demuestra que el progreso es posible frente a la resistencia de las grandes potencias.

En el caso de las armas nucleares, un tratado de prohibición ha logrado establecer normas claras. Aunque las potencias nucleares no lo firmaron, el respaldo de la mayor parte del mundo consolidó una norma internacional que declara estas armas «inmorales e ilegales». Del mismo modo, aunque Siria nunca firmó el tratado sobre armas químicas, la comunidad internacional la hizo responsable de su uso. «Esperamos lograr algo similar. Como mínimo que podamos restringir el uso de estos sistemas y alejar la IA de las aplicaciones bélicas más peligrosas que podamos imaginar», concluye Asaro.

Así, al menos, la responsabilidad de las muertes de civiles podrá seguir siendo identificable y no quedar sepultada tras algoritmos indescifrables.

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Los centros de datos son el último señuelo del capitalismo. Con ellos se vende una idea de crecimiento económico y modernidad que está muy lejos de ser real. La economista argentina Cecilia Rikap los ha estudiado a fondo y tienen un papel principal en su Teoría de la dependencia digital, un ensayo editado por Caja Negra en el que hace un paralelismo entre la vieja teoría de la dependencia imperialista y el fenómeno de subordinación global que hoy ejercen las grandes tecnológicas, con Google, Amazon y Microsoft a la cabeza. Este fenómeno va más allá del yugo que impone la metrópoli sobre la colonia, yugo que perdura incluso después de la independencia. También trasciende las metáforas que dibujan a los jerarcas de Silicon Valley como nuevos señores feudales. Se trata, en suma, de un nuevo orden mundial impuesto por unas empresas que han institucionalizado el robo como su principal actividad: no sólo roban el agua para enfriar sus gigantescos centros de datos, también roban el conocimiento producido por el resto del planeta. Y nadie, por el momento, puede escapar de sus tentáculos. Aunque hay mucha gente, en muchos sitios, pensando cómo hacerlo. Una de esas personas es Cecilia Rikap.

Doctora en Economía y jefa de investigación del Instituto de Innovación y Propósito Público del University College de Londres, Rikap pasó por Madrid para presentar su libro y sus ideas. La acompañaron Aurora Gómez, del colectivo Tu Nube Seca Mi Río, y Manuel G. Pascual, periodista de El País que sigue la actualidad de las grandes empresas tecnológicas. Desde el principio de su intervención quedó clara una idea: eso que, resumiendo mucho, entendemos por «nube» no sólo no fomenta el desarrollo, sino que lo frena.

El presidente argentino, Javier Milei, se ha destacado por colaborar resueltamente en la difusión de esta quimera. «Dice que las tecnologías digitales van a generar un crecimiento inédito y descomunal, una suerte de revolución industrial en Argentina. Y que eso ocurrirá, por un lado, porque tenemos un montón de pibes programando, lo que habla de nuestra capacidad para ser una potencia en inteligencia artificial. Y por otra parte, porque en la Patagonia tenemos clima frío y energía barata, es decir, un ámbito propicio para la instalación de centros de datos», explica Rikap. Lo cierto es que estas tecnologías no producen un crecimiento exponencial de la economía, pero aunque así fuera (que no lo es), ese crecimiento no alcanzaría a todas las capas de la sociedad, sólo a unos pocos individuos de las clases más altas. En palabras de Rikap: «Aunque la torta crezca, no hay torta para todos». No la hay, especialmente en un mundo «tan desigual y tan polarizado» como el actual. «¿Qué importa que la torta crezca si, en última instancia, eso no se concreta en mejores condiciones de vida para las mayorías? Y esto no se refiere sólo a la desigualdad de ingresos, sino también al avance de la crisis ecológica y a su impacto sobre unas mayorías que viven en condiciones cada vez más precarias».

Este dilema ecológico-social también ha estado presente en la sociedad española desde hace mucho tiempo. Con resignación, a menudo se daba por perdido un río, una montaña, un bosque si finalmente esa fábrica, esa mina o ese cementerio nuclear iban a dejar dinero en el pueblo. En el caso de los centros de datos ya está claro que no será así. «Todos los que defienden la instalación de centros de datos pensando que van a generar crecimiento económico y empleo están equivocados. Los centros de datos no generan empleo salvo en el periodo de su construcción», detalla Rikap. Una vez construidos, esa mano de obra se desvanece. «Según la propia Microsoft, cuando el centro de datos está funcionando sólo necesita unas 50 personas por edificio. Y la cifra de Amazon es aún más baja». Tampoco creará un tejido comercial a su alrededor (restaurantes, supermercados, farmacias), ya que los centros de datos están situados en lugares aislados y funcionan con un nivel de secretismo comparable «al de las bases militares de Estados Unidos en el extranjero». Y los desarrolladores de esas tecnologías tampoco están allí, sino repartidos por el mundo, «son una minoría de personas con doctorados y especializados en matemática, estadística, ciencias de la computación…». Lo de la creación de empleo, en resumen, es una engañifa.

La necesaria complicidad local

A este respecto, Aurora Gómez recordó una escena particularmente comprometida que protagonizaron durante una rueda de prensa David Blázquez (responsable de Relaciones Institucionales de Amazon Web Services para España y Portugal) y Jorge Azcón, presidente de Aragón. «La cifra de empleos que ofrecen es una ensalada de números», señala Gómez con ironía. «Ni siquiera Blázquez entiende lo que está diciendo». Los gestos de Azcón, al fondo, muestran una evidente incomodidad ante las preguntas de los periodistas.

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Una escena como esa es un ejemplo visual perfecto del «papel cómplice de los Estados y los gobiernos regionales» en la dependencia digital, según Aurora Gómez. Como explica Cecilia Rikap, actualizando la corriente de pensamiento anticolonial nacida en la década de 1960, «el subdesarrollo no se explica solamente por la opresión del norte, sino también por dinámicas locales». Los gobiernos regalan una parte de su soberanía a estas empresas. Antes lo hacían a la oligarquía del campo; ahora, a los oligarcas tecnológicos. «Incluso dentro de los gobiernos progresistas aparecen estas complicidades, más o menos directas, con los ecosistemas predatorios de las gigantes tecnológicas de Estados Unidos y China», añade.

Lleva ocurriendo varias décadas. Por poner dos pequeños ejemplos, la Junta de Andalucía y la de Castilla-La Mancha decidieron abandonar sus sistemas operativos basados en software libre (Guadalinex y Molinux, respectivamente) para pasar por la caja de Microsoft. Esto ha pasado absolutamente en todos los apartados de la gestión pública y a todos los niveles, desde la ofimática a las políticas de Defensa, desde el ámbito local al europeo. Cuando esta dinámica se mantiene en el tiempo, ya es muy difícil de revertir, y eso sin entrar en los problemas que entraña permitir que una gran tecnológica acceda a los datos del Estado. El diagnóstico es bastante simple: «Cuanto más te metes en la nube, más probabilidades hay de que te hackeen». O de que estas empresas (o directamente el Gobierno de Estados Unidos) se queden con tus datos.

El ejemplo paradigmático sería el de Palantir, empresa que oferta diferentes programas de espionaje que han sido usados en el genocidio de Gaza y en las redadas del ICE. Su objetivo ahora es desembarcar a lo grande en la Unión Europea, infiltrando su software en hospitales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los Estados y todo tipo de servicios públicos. En pocas palabras, sus programas funcionan como una herramienta de análisis de datos que puede conectar diferentes fuentes de información, crear patrones y fijar objetivos. A partir de ahí, apropiarse de los datos privados de los ciudadanos y alimentar con ellos sistemas de vigilancia masiva es coser y cantar. «Obviamente, a los gobiernos les preocupa este nivel de dependencia, pero al mismo tiempo les viene bien tener acceso a estas tecnologías para el control de las poblaciones inmigrantes o para participar en guerras», explica Rikap.

Este es el lado más siniestro y tecnofascista de la dependencia digital, pero hay otro más cotidiano: el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial con información robada. Y otro que se inserta en la simple lógica capitalista: el conocimiento absorbido por las big techs por su propia preeminencia en el mercado. Este conocimiento sería el equivalente a la plata de América a la hora de forjar su imperio. Para explicar su modus operandi, Rikap recurre al ejemplo de las grandes farmacéuticas: «Muy poca gente sabe que la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca es en realidad de la Universidad de Oxford. AstraZeneca es la empresa que después se apropió de ese conocimiento, hizo los ensayos clínicos y se la quedó en exclusividad, en parte por las presiones de la Fundación de Bill y Melinda Gates. Y la comercializó de forma privada, aunque los científicos que la descubrieron querían que ese conocimiento estuviera disponible para cualquier laboratorio con posibilidad de desarrollar la vacuna. Algo que, obviamente, en medio de una pandemia, seguramente hubiera sido lo más lógico». Rikap llama a esto «dinámica de monopolización intelectual». Y en el sector tecnológico está a la orden del día.

«Las pequeñas startups están produciendo nuevo conocimiento, pero no tienen la vocación de convertirse el día de mañana en una empresa como Microsoft, Amazon o Google. Aspiran, en el mejor de los casos, a vender su conocimiento a estas tres big techs», explica la economista. Este «extractivismo del conocimiento» se sostiene en los centros de datos, «porque sin centros de datos, no hay lugar donde almacenar ese conocimiento o donde procesar los algoritmos». Y al final, «este proceso de monopolización intelectual», que nació originalmente en universidades, en pequeñas startups o en organismos públicos de investigación, «se traduce en una capacidad de control de grandes porciones del capitalismo global».

Esto ha producido una especie de privatización del mundo que, en cualquier caso, no es nueva. «Esta coalición de gobierno entre las gigantes tecnológicas y Estados Unidos viene ocurriendo desde hace décadas –advierte Rikap–, lo que ocurre es que ahora es más evidente porque la extrema derecha ya no está en los márgenes sino en el centro. Y estas empresas existen porque Estados Unidos las ha favorecido con un arsenal de leyes que van desde el recrudecimiento de los derechos de propiedad intelectual hasta el desmantelamiento de parte de la legislación antimonopolio y el consentimiento de la evasión impositiva a gran escala». Teniendo esto en cuenta, «el tipo de tecnología que hoy tenemos es una respuesta a las necesidades del capital concentrado, a las necesidades de unos gobiernos que se imponen sobre el resto del mundo». Y no se refiere sólo al estadounidense; también incluye al chino.

Revertir esta situación puede parecer imposible por ese fenómeno que Rikap llama «totalitarismo epistémico». Pero hay soluciones. Unas más simples y otras más sofisticadas. Por empezar por la más simple: Rikap propone recuperar todo ese conocimiento robado por medio de los impuestos. Pero también, y esto es más complicado, que la ciudadanía sea consciente de que otras formas de organización son posibles: «La historia de la humanidad demuestra que siempre hemos estado imaginando y creando».

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Aprovechando la reciente aparición de su último libro Redes vacías. Tecnología catastrófica y el fin de la democracia (Anagrama, 2026), desde el colectivo Hello Compost! conversamos con el sociólogo César Rendueles para indagar sobre aquellos aspectos clave para construir una relación duradera y emancipadora entre política social y redes tecnológicas.

Desde que escribió Sociofobia, Rendueles ha destacado por una crítica quirúrgica a los discursos tecno-optimistas que ven en la tecnología digital el vector de cualquier revolución contemporánea posible. Sin caer tampoco en el tecno-catastrofismo, necesitamos sentarnos a pensar juntas qué derivas pueden llevarnos a una comprensión situada y contextual de la tecnología si lo que queremos es un cambio social donde el 99% tenga posibilidades de mejorar su existencia.

El texto de César recoge muchas cuestiones de gran interés para Hello Compost! en lo que respecta a nuestro objetivo de desplegar jardines digitales que contribuyan a convertir Internet en un lugar más habitable y democrático. Desde su crítica al ciberfetichismo -la creencia de que las tecnologías digitales son capaces de solventar problemáticas que, en el fondo, son de carácter social, cultural y político-, hace un repaso al recorrido de la tecnopolítica en las últimas décadas.

Esta perspectiva histórica es, a nuestro modo de ver, fundamental para desentrañar tanto las limitaciones como las potencialidades de lo digital en cuanto a su contribución al cambio social. El paso de un tecno-utopismo en las décadas de los ‘90 y los ‘00 hasta el catastrofismo que se ha ido instalando en la última década -prácticamente, sin solución de continuidad- demuestra las carencias que siempre ha acarreado la hipótesis tecnopolítica. La apertura, horizontalidad y descentralización que parecían plantear un nuevo paradigma emancipador no han sido capaces de paliar las derrotas que ha inflingido el neoliberalismo a los pilares tradicionales del anticapitalismo como el movimiento sindical o la solidaridad internacionalista.

Sin embargo, esto no supone una renuncia a aquellos movimientos y estrategias que surgieron de la tecnopolítica como la cultura y el software libre, el mediactivismo, la guerrilla de comunicación, la piratería o los hacklabs. La cuestión está en qué podemos recuperar en las condiciones del presente o, más bien, en cómo podemos actualizar la potencia de sus prácticas. Del mismo modo que es necesario reivindicar el valor de estos movimientos, también es justo señalar los fracasos de las corporaciones tecnológicas para no hacerle el juego al triunfalismo de Silicon Valley y los tecno-oligarcas.

Esto es especialmente importante en estos momentos, en los que el ecosistema digital es cada vez más funcional a los intereses de los movimientos políticos iliberales y de extrema derecha, para lo que X, anteriormente conocido como Twitter, es un ejemplo paradigmático. Durante la época del 15M, esta plataforma parecía la panacea de la esfera pública digital y tenía una orientación marcadamente progresista, mientras que, desde la compra de Elon Musk, ha virado hacia un estercolero filofascista. Aquí es importante considerar que no debemos caer en el espejismo de que es una representación fiel de la opinión pública. Ni lo era cuando parecía contribuir al progresismo, ni lo es ahora que va a favor de Trump y sus acólitos de todo el planeta. Situar y evaluar en su justa medida la influencia de lo digital más allá de las pantallas es una labor fundamental para dejar atrás el ciberfetichismo.

Dicho esto, ni el texto de César ni la conversación que tuvimos con él se detienen en el análisis crítico de la situación. La clave radica en avanzar en cómo pensamos y hacemos el ecosistema digital que queremos. En este sentido, es preciso poner el foco en la institucionalidad, especialmente en lo que se refiere a su capacidad de mediación pública. Porque precisamente la privatización del ciberespacio y su fomento de la inmediatez y la aceleración es lo que ha posibilitado que movimientos autoritarios emerjan y medren en este entorno.

Necesitamos instituciones digitales que generen espacios para que surjan preguntas y más preguntas, no tanto soluciones, y que estas vengan de procesos de reflexión individual y deliberación colectiva. Y cuando hablamos de lo público también es preciso puntualizar que público no es equivalente a estatal -es decir, manejado por el Estado-. No tendría sentido pasar de un centralismo corporativo a un centralismo estatal. Un ecosistema digital público sería aquel capaz de amparar tanto iniciativas estatales como privadas como comunitarias. Esto requiere de audacia política y realismo tecnológico. También perseverancia en los movimientos tecnopolíticos emancipadores. No cejar en el empeño de generar un deseo de cambio para que tengamos una vida menos cuantificada y más bella.

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Hasta el 7 de noviembre de 1976, y pese al clima de terror que había traído la llegada de los militares al poder en Argentina, la vida de Graciela Lois se encaminaba hacia la felicidad. Casada con Ricardo, a quien había conocido dos años antes en una protesta en la facultad, los unía la militancia en la Juventud Universitaria Peronista (JUP), y en ese momento también una hija de solo tres meses. Aquella noche, Graciela esperaba el regreso de su marido tras una cita con compañeros de la JUP. Pero nunca llegó. No lo sabía entonces, pero Ricardo acababa de entrar en la larga lista de desaparecidos de la dictadura.

Durante meses se aferró a la esperanza de que había sido detenido y que, tal vez, lo liberarían pronto. “Ese tal vez me persiguió durante mucho tiempo”, admite ahora Graciela. Se acabó incorporando a la organización Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, donde encontró a muchas otras personas que, como ella, buscaban a un hijo, un marido o un hermano arrancado por la represión en los primeros meses del régimen. Hoy preside la organización, habiendo dedicado media vida a la defensa de los derechos humanos y a la construcción de la memoria de esa oscura etapa de la historia argentina. Y, sin embargo, siente que debe volver a empezar esa lucha que creía ya ganada.

Argentina cumple este 24 de marzo 50 años del golpe de Estado de 1976 que llevó a las Fuerzas Armadas al poder. Aquel régimen, instaurado bajo el argumento de poner fin al “desgobierno” y a la “delincuencia subversiva” de las guerrillas de izquierdas, desplegó un plan sistemático de terrorismo de Estado, caracterizado por secuestros, torturas, la apropiación de niños nacidos en cautiverio y una red de centros clandestinos de detención extendida por todo el país. La cifra de 30.000 personas desaparecidas, la mayoría todavía sin localizar, sintetiza la magnitud del horror.

La dictadura terminó en diciembre de 1983, debilitada por la derrota en la guerra de las Malvinas y una profunda crisis económica. Con el retorno de la democracia, Argentina se convirtió en un referente mundial: a diferencia de España, donde las autoridades franquistas nunca fueron juzgadas, el Juicio a las Juntas de 1985 sentó en el banquillo de los tribunales civiles a los máximos responsables del régimen y los condenó por crímenes de lesa humanidad.

Cambio de narrativa

Pero ahora, a medio siglo del golpe, el clima es muy distinto. Desde su llegada al poder, Javier Milei ha adoptado una postura abiertamente confrontativa con el consenso construido en torno al Nunca más, reabriendo debates que durante décadas parecían cerrados. Para el movimiento de derechos humanos, se trata de un escenario impensable hasta hace solo unos años. “Nadie se esperaba que fuéramos a volver atrás en esto”, admite Graciela, dolida. “Confiamos demasiado en que estaba todo ganado”.

Pese a ese pesimismo, en parte lo está. Según un estudio reciente, hoy siete de cada 10 argentinos mantienen una visión negativa de la dictadura, y una mayoría reconoce la existencia de un plan sistemático de represión. “Tras la dictadura, el país se puso a la vanguardia en la promoción y defensa de los derechos humanos. Eso ha creado un sentido común muy arraigado en la sociedad”, argumenta el sociólogo Emilio Crenzel. El historiador Matías Grinchpun añade un matiz: ese amplio consenso social tapaba la existencia de sectores minoritarios con opiniones opuestas. “No es que aparecieran memorias de derecha que no existían; simplemente han ganado visibilidad social”, explica.

En realidad, el camino hacia ese consenso nunca fue lineal. Tras el Juicio a las Juntas, las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida frenaron los juicios contra militares. Poco después, el gobierno indultó a los altos mandos encarcelados en nombre de la “reconciliación nacional”. No fue hasta principios de siglo, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, cuando esas normas fueron anuladas y los procesos judiciales se reactivaron. Luego, con el regreso de la derecha al poder de la mano de Mauricio Macri, se intentó aplicar el beneficio del 2×1 a los militares condenados por delitos de lesa humanidad para reducir su sentencia.

Aun con esos antecedentes, ambos analistas coinciden en que el gobierno actual marca una diferencia cualitativa con los predecesores. “Desde el retorno de la democracia, nunca hubo una administración con una visión tan benevolente hacia la dictadura”, dice Grinchpun. Crenzel coincide, e identifica en el discurso oficial una combinación de negación, relativización y justificación de las violaciones a los derechos humanos. “Son argumentos que ya utilizaba la propia dictadura militar a lo largo de su existencia”, subraya.

Ya durante la campaña electoral de 2023, Milei hizo de la polémica su mejor baza, cuestionando la cifra de los 30.000 desaparecidos. Una vez en la Casa Rosada, ha profundizado en ese relato, llevándolo incluso hasta el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. En su revisión de la narrativa sobre la dictadura, ha abogado por construir una “memoria completa” que justifique la represión estatal como parte de una “guerra” contra la violencia de las guerrillas de izquierda.

El giro no ha sido solo discursivo. El gobierno de Milei ha degradado la Secretaría de Derechos Humanos al rango de subsecretaría y ha despedido a la mitad de su plantilla. También ha cerrado el centro Haroldo Conti, un espacio que promovía la memoria a través de la cultura, y ha dejado inoperativa la unidad de investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que se encargaba de localizar a niños apropiados durante la dictadura.

Una memoria firme

“Hay una política de desmantelamiento de las estructuras que existían en materia de derechos humanos y una apuesta por elaborar un relato que redefina el sentido común sobre la violencia de los años setenta”, resume Crenzel. Pero, pese a los esfuerzos de Milei, muchos de los avances logrados siguen en pie: los juicios por delitos de lesa humanidad continúan, la memoria forma parte del currículo educativo, se producen libros y documentales, y cada 24 de marzo las calles se llenan en movilizaciones masivas. “Son logros que Milei no ha podido erosionar”, explica el sociólogo. Por eso, afirma que Argentina llega a los 50 años del golpe “en un contexto contradictorio”.

En ningún lugar se ha visto eso con más claridad que en el Museo Sitio de Memoria ESMA, el mayor centro clandestino de detención durante la dictadura, hoy convertido en un símbolo de las políticas de memoria y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Marzo es el mes más concurrido por la proximidad al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Las salas se abarrotan de visitantes, la gran mayoría argentinos, que recorren en silencio los espacios donde funcionó el aparato represivo, conmovidos por el relato del guía.

Aquí, la llegada de Milei al poder no ha significado una caída en el número de visitantes. “Incluso viene más gente”, admite un trabajador. “Las visitas para colegios y universidades están cubiertas hasta fin de año”. Sin embargo, el cambio de gobierno ha traído recortes presupuestarios, y con ello una reducción drástica de la plantilla. “Antes éramos 60 empleados; ahora solo somos 20”, informa otra trabajadora del centro. La prueba más evidente del ajuste económico lo ofrecen los folletos informativos: solo están disponibles en inglés y en ellos aparece el logo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos –de la administración anterior; ahora es solo de Justicia–. “No quieren imprimir más”, revela la trabajadora, desalentada. “Con eso lo digo todo”.

Por ahora, el gobierno no ha dado el paso más extremo: indultar a los represores condenados. Y eso que parecía solo una cuestión de tiempo cuando, a mediados de 2024, varios diputados oficialistas visitaron en prisión a militares responsables de asesinatos, torturas y secuestros durante la dictadura. Para Lydia Lukaszewicz, ese gesto fue particularmente doloroso. Su padre, Hernán Lukaszewicz, participó en el aparato represivo como suboficial del Ejército. Hoy se considera exhija porque dice haber “renunciado a esa historia”, y denuncia los crímenes de la dictadura desde Asamblea Desobediente, un colectivo de familiares de represores.

“Siempre esperé que hablara, que diera nombres”, cuenta Lydia. “Pero nunca lo hizo”. Casos como el del ex marino Adolfo Scilingo, que confesó su participación en los vuelos de la muerte y actualmente cumple condena en España, son excepcionales –y por ello, repudiados dentro de las propias filas militares–. Cuando oye hablar de un posible indulto, Lydia no puede evitar pensar en su padre biológico, quien, como tantos otros, murió sin haber sido condenado y sin romper el pacto de silencio que ha protegido a tantos responsables. “Estos tipos no tienen que salir más”, afirma. “Tienen que pudrirse en la cárcel”.

Si el gobierno de Milei aún no ha avanzado en la liberación de los represores es por una cuestión de prioridades, según Crenzel. El libertario está centrado en su agenda económica, basada en la desregulación total, lo que ya ha provocado una fuerte reacción social. Las marchas de los jubilados por los recortes en las pensiones o las protestas contra la recientemente aprobada reforma laboral, que permite jornadas de 12 horas, son síntomas de esa tensión. “Sabe que esos cambios económicos van a generar conflicto y evita sumar nuevos frentes al mismo tiempo”, explica el sociólogo.

Sin embargo, uno de los ataques más profundos al consenso del Nunca más está pasando casi desapercibido, advierte Grinchpun. “Milei está intentando desandar el sentido común construido durante décadas mediante un relato que revaloriza las fuerzas armadas y de seguridad”, señala. Así, el gobierno ha nombrado recientemente al teniente general Carlos Presti como ministro de Defensa –la primera vez que un militar ocupa el cargo desde la dictadura–, y ha impulsado la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, una ruptura con los acuerdos básicos establecidos tras 1983.

Además, ante las movilizaciones contra sus políticas, el Ejecutivo ha recurrido al uso de la fuerza y ha justificado las actuaciones policiales incluso cuando han dejado heridos graves. Recordando que estas fuerzas de seguridad fueron “una pieza clave del aparato represivo de la dictadura”, Grinchpun alerta del riesgo de que ese discurso termine otorgando “legitimidad a los actos más violentos que puedan cometer”. Sus efectos, añade, podrían perdurar más allá del actual gobierno. “Cuando Milei se vaya, algo de eso va a quedar. Y eso termina siendo una deformación enquistada en el corazón de la democracia, que le impide desarrollarse plenamente”.

En medio de esa disputa por la memoria de la dictadura, las Madres de la Plaza de Mayo –las activistas más emblemáticas del movimiento por los derechos humanos– mantienen aún la lucha nacida en 1977. Ante la desaparición de sus hijos a manos del gobierno militar, comenzaron a reunirse frente a la Casa Rosada todos los jueves para exigir respuestas. Como el estado de sitio prohibía las concentraciones de más de tres personas, optaron por caminar en círculo alrededor de la plaza. No han dejado de hacerlo desde entonces.

El pasado 12 de marzo completaron la ronda número 2.500. Avanzando lentamente, leyeron los nombres de los desaparecidos, seguidos de un reivindicativo “¡presente!”. No faltó a la cita la presidenta de la asociación, Carmen Arias, de 84 años y con la cabeza cubierta por el icónico pañuelo blanco, de compromiso inquebrantable. “Las madres no vamos a dejar nunca la lucha, por más trabas que nos pongan”, lanzó entre aplausos del público. “Hasta el jueves que viene”.

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