«Esta realidad genera una profunda incomodidad social, pero también sentimientos de vergüenza, culpa y miedo, incluso dentro de las propias familias o instituciones, que pueden llegar a traducirse en situaciones o dinámicas de encubrimiento para evitar el estigma social», reflexiona Clara Burriel, especialista en violencia en Save The Children. Desde la organización, insisten en la necesidad de dar un salto en el enfoque de la violencia sexual en la infancia y la adolescencia: no son casos aislados, es un problema estructural.

¿Cuáles son los principales retos a la hora de abordar la violencia sexual en la infancia y adolescencia? 

Uno de los principales retos para abordar la violencia sexual en la infancia radica en que, a pesar de su gravedad, todavía se trata de una realidad muy invisibilizada, que continúa rodeada de tabús, falsos mitos sobre su frecuencia, las víctimas o los contextos en los que se produce. La sociedad todavía no es plenamente consciente de la magnitud de este fenómeno. Por eso, la sensibilización social sigue siendo una tarea pendiente: necesitamos comprender que se trata problemática estructural, y no de casos aislados.

Además, en relación con el conocimiento sobre la prevalencia de la violencia sexual hacia la infancia, persiste también el desafío de conocer su dimensión real: sabemos que las cifras oficiales reflejan solo la punta del iceberg, que muchos casos no se detectan y en ocasiones no se denuncian, en parte por las dinámicas propias del abuso, que suele producirse en entornos de confianza y en contextos de secretismo que dificultan la revelación por parte del niño o niña y de otros familiares. 

En este contexto, es muy complicado tratar de prevenir estos casos.

Otro reto clave tiene que ver con la prevención y la detección temprana. Es todavía necesaria una mayor formación especializada de profesionales (docentes, personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, sistema judicial), así como la elaboración de protocolos para la detección, notificación y coordinación de estos casos, situando siempre al niño o niña en el centro de las intervenciones. En este sentido, también se destaca la falta de desarrollo e implementación de una educación afectivo sexual desde edades tempranas, reglada y adaptada a cada etapa evolutiva, pues esta educación constituye una herramienta clave en la prevención de esta violencia. 

Por otro lado, también persisten los retos en la respuesta que damos a los niños y niñas víctimas de esta violencia. Cuando la prevención falla y la violencia ya se ha producido, el desafío es garantizar una respuesta integral, inmediata y adaptada a las necesidades específicas de niños, niñas y adolescentes. El daño no termina necesariamente cuando cesa la violencia: la forma en que el entorno y las instituciones responden puede mitigar ese impacto o, por el contrario, agravarlo. Evitar la revictimización de los niños y niñas debe ser siempre una prioridad, pero todavía no contamos con procesos de respuesta adaptados a sus derechos y necesidades particulares. 

Y, finalmente, las nuevas tecnologías han añadido nuevos retos: el entorno digital riesgos, generando nuevas formas de violencia sexual y transformando otras preexistentes.. Esto exige respuestas específicas, coordinadas y adaptadas a la realidad digital en la que hoy crecen niños y adolescentes.

Según uno de los informes de Save The Children, que analiza sentencias, se puede deducir que hay características similares en estos casos, que confirman que estamos ante un problema estructural, que no son casos aislados. Pero nos quedamos con los casos «espectaculares».  

Si observamos las cifras oficiales proporcionadas por el Ministerio del Interior, podemos concluir que no estamos ante episodios aislados, sino de un problema social arraigado, persistente y de gran preocupación: en 2024 se interpusieron en España 22.774 por violencia sexual de las cuales casi la mitad (un 41,2%, 9.393) tenía como víctima a una persona menor de 18 años. Esto quiere decir que casi la mitad de las denuncias por violencia sexual en nuestro país tienen como víctima a un niño, niña o adolescente, siendo 8 de cada 10 niñas y chicas adolescentes. Además, se aprecia un aumento en las denuncias de un 182,8% desde 2010. De ninguna manera podemos concluir que se trata de casos aislados.

Esta forma de violencia consiste en la imposición por parte de un adulto o de otro niño, niña o adolescente de una actividad de carácter sexual a un niño o niña, aprovechando la desigualdad de poder para obtener una satisfacción sexual. Respecto a los datos obtenido en nuestro análisis de sentencias (Por una justicia a la altura de la infancia), se revelan características comunes: por ejemplo, en muchos casos, el agresor pertenece al entorno cercano de la víctima, con frecuencia un familiar, y casi en la totalidad de los casos es un hombre. Esto refuerza la idea de que hablamos de una violencia que se produce mayoritariamente en espacios de confianza, donde el secretismo y la desigualdad de poder son claves.

Además, los abusos suelen comenzar de forma progresiva, aumentando en intensidad con el tiempo. Al inicio, el niño o la niña puede no comprender lo que está ocurriendo, y posteriormente pueden aparecer sentimientos de culpa o vergüenza que refuerzan el silencio. En muchos casos, el propio agresor alimenta la idea de responsabilidad en la víctima. Todo ello genera enormes barreras para la revelación, especialmente cuando la violencia procede del entorno de confianza.

La pederastia en la Iglesia, por un lado, y el caso Epstein, por otro –sin comparar por supuesto estos casos tan diferentes– están permitiendo hablar o al menos poner en la agenda mediática y social estos temas. ¿Por qué sigue siendo un tabú? 

Los casos de abuso sexual relacionados con la Iglesia o el caso Epstein son casos de gran impacto mediático, que visibilizan esta forma de violencia en contextos específicos. Al respecto, es importante señalar que la mayoría de abusos sexuales siguen cometiéndose en entornos de confianza del niño o niña y que las figuras familiares se encuentra entre los agresores más comunes en este tipo de violencia. La denuncia y visibilización de los casos más mediáticos es fundamental, pero también lo es poner el foco en la violencia cotidiana, menos visible y mucho más extendida, que ocurre en el ámbito familiar y cercano, y que precisamente por esa cercanía y por el silencio que la rodea resulta más difícil de detectar y abordar.

Precisamente el tabú que todavía rodea a esta forma de violencia está muy vinculado a esos entornos en los que se produce. Aceptar esto implica reconocer que el riesgo y la violencia muchas veces proceden de los entornos que deberían ser protectores. Esa realidad genera una profunda incomodidad social, pero también sentimientos de vergüenza, culpa y miedo, incluso dentro de las propias familias o instituciones, que pueden llegar a traducirse en situaciones o dinámicas de encubrimiento para evitar el estigma social.  

¿Se están tomando medidas efectivas desde las administraciones en el ámbito educativo?

Los centros educativos están en una posición privilegiada para detectar posibles casos de abuso, ya que el profesorado y el personal escolar tienen contacto diario con niños y niñas. Es fundamental que sepan identificar señales de alerta y comprender lo que un niño o niña puede estar revelando, ya sea de forma directa o indirecta. Para ello, es clave la formación de los y las docentes, y también la implementación de las figuras de protección que recoge la LOPIVI para el ámbito educativo (coordinador/a de bienestar). También son necesarios protocolos para la detección, la notificación y la actuación frente a los casos detectados. Sin un protocolo claro, las decisiones pueden quedar en manos de cada docente, quien puede enfrentar dudas sobre cómo proceder, temores a represalias o incertidumbre sobre la veracidad del testimonio. Para evitar que la protección de niños y niñas dependa de la valentía individual o de la percepción subjetiva de cada profesional, todos los centros educativos deberían contar con protocolos internos de protección frente a la violencia, incluyendo mecanismos de prevención y pautas claras de actuación.

¿Y para las familias? 

En el ámbito familiar, la educación afectivo-sexual y la parentalidad positiva son fundamentales en la prevención del abuso, especialmente dentro del propio ámbito familiar. Es clave que niños y niñas aprendan a reconocer estas conductas incluso cuando provienen de personas de confianza, incluidos familiares, y que comprendan que ninguna relación de afecto justifica el abuso. Proporcionarles herramientas para identificar, nombrar y rechazar situaciones de abuso, así como garantizar que cuentan con un entorno seguro donde puedan pedir ayuda sin miedo, es esencial para su protección.

Por supuesto, las familias no deben estar solas en este proceso: las administraciones públicas tienen la responsabilidad de garantizar una educación afectivo-sexual reglada, progresiva, desde edades tempranas, como recogen la LOPIVI y la LOMLOE, impartida por personal educativo con formación específica en la materia. 

La LOPIVI prevé los tribunales especializados. Pero, ¿son suficientes? 

La LOPIVI, aprobada en 2021, prevé la creación de juzgados especializados en violencia contra la infancia tras un año desde su implementación. Sin embargo, la creación de las nuevas secciones especializadas se aprobó finalmente en 2025, con la ley 1/2025 el Real Decreto 422/2025, aprobado el 3 de junio de 2025 por el Consejo de Ministros. Este último instrumento solo prevé la creación de tres secciones especializadas para todo el Estado, en Madrid, Barcelona y Málaga, cada una de ellas con una única plaza judicial.

Aunque la implementación de las secciones en violencia contra la infancia y la adolescencia deba ser paulatina, tres secciones con una plaza cada una para todo el país resultan manifiestamente insuficientes para atender de manera especializada todas las formas de violencia de las que son víctimas niños, niñas y adolescentes, por lo que es necesario una implementación más amplia de estas secciones desde su inicio, así como la creación de plazas judiciales.

¿Cree que hay confusión en el lenguaje a la hora de hablar de este asunto? Muchas veces parece que da miedo a hablar de pederastia, como si no quisiéramos llamar a las cosas por su nombre. 

Es posible que en ocasiones se eviten algunos términos por falta de conocimiento o incluso por la carga emocional y social que pueden conllevar. En este sentido, la sensibilización sigue siendo clave, así como la capacidad de identificar con claridad a los agresores como responsables de la violencia y a las víctimas como tales, sin ambigüedades ni desplazamientos de responsabilidad, y siempre desde un enfoque de derechos.

¿Cree que hay hipocresía al hablar de este tema en ciertas esferas?

Como señalábamos, la violencia sexual contra la infancia sigue siendo en general una realidad invisibilizada. Por eso es necesario un cambio de paradigma: reconocer la violencia contra la infancia como un problema social y no como un asunto aislado o privado. Esto implica poner el foco tanto en la prevención como en una respuesta adecuada, inmediata y centrada en las víctimas. En cualquiera de sus múltiples formas y canales, la violencia ejercida contra niñas, niños y adolescentes es inaceptable, y debemos movilizar todos los recursos disponibles para prevenirla, actuar cuando se produce y restaurar los derechos de quienes la sufren. Como sociedad, nuestro compromiso debe ser claro: enfrentar esta dura realidad, reconocer su existencia y tomar medidas efectivas para proteger a la infancia y la adolescencia.

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El pasado 27 de mayo, Alexis Tsipras presentó en Atenas su nuevo partido, la Alianza de la Izquierda Griega (ELAS), con el que se propone desafiar al conservador Kyriakos Mitsotakis de cara a las elecciones de 2027. Tsipras vuelve. Y con su vuelta regresa, inevitablemente, el fantasma que lo define: la Troika, el consorcio de poder tecnocrático –la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional– que en el verano de 2015 le dobló el brazo ante las cámaras de todo el mundo y convirtió un referéndum democrático en papel mojado. Entender el retorno de Tsipras exige volver, una vez más, a aquel julio. Lo que ocurrió entonces fue el golpe final del neoliberalismo en Europa en el corazón mismo del continente que vio nacer la democracia más de dos milenios atrás.

El laboratorio griego

Para comprender la brutalidad del ajuste que se le impuso a Grecia hay que recordar el punto de partida. Desde 2010, el país se había convertido en el conejillo de indias del neoliberalismo europeo. Los rescates financieros –en realidad, rescates a los bancos acreedores alemanes y franceses disfrazados de ayuda a Atenas– llegaron cargados de condiciones: recortes masivos en el gasto público, subidas de impuestos, desmantelamiento de derechos laborales y privatizaciones en cadena.

El Estado griego puso en subasta aeropuertos, puertos, ferrocarriles, hoteles, playas, sedes olímpicas e incluso centros arqueológicos. Un inventario de lo colectivo entregado al capital privado. El desempleo llegó a rozar el 27% de la población activa y superó el 50% entre los jóvenes. Mientras Bruselas celebraba el cumplimiento de los objetivos fiscales, la realidad social era otra. Un estudio publicado en The Lancet detectó un aumento del 47% en las personas que no podían acceder a la atención médica que necesitaban, mientras alrededor de 800.000 griegos quedaron sin cobertura sanitaria vinculada al empleo.

La deuda, lejos de reducirse con los recortes, escaló por encima del 180% del PIB: la austeridad no saneaba las cuentas, las destruía.

En enero de 2015, hastiada de años de sufrimiento, la sociedad griega eligió a Syriza. Un partido político que se convirtió rápidamente en algo más que la esperanza de la población griega. Se convirtió en un símbolo de la izquierda internacional. El partido de Tsipras llevó la coalición del 4% al 36%, sobre la promesa de poner fin a los memorandos y recuperar la soberanía del país y durante unos meses, el gobierno de izquierdas desafió abiertamente a la Troika: frenó privatizaciones, recontratró empleados públicos, intentó restaurar pensiones. Y luego convocó un referéndum para preguntarle al pueblo si debían aceptar las condiciones draconianas de la Troika. El 5 de julio de 2015, el 61,5% de los griegos votó oxi, «no» a las nuevas condiciones de ajuste impuestas por los acreedores. Fue un grito de dignidad que estremeció Europa. Duró una semana.

El golpe de Schäuble

El 13 de julio de 2015, Tsipras firmó un tercer memorando que contenía condiciones aún más duras que las rechazadas en las urnas. El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, había sido el arquitecto principal de la presión. Su estrategia fue brutal: amenazar con el corte de liquidez al sistema bancario griego, imponer el corralito financiero y agitar el fantasma del Grexit, la expulsión de Grecia del euro. La capitulación de Tsipras incluyó un fondo de privatizaciones de 50.000 millones de euros, nuevas reformas de pensiones, aumentos del IVA hasta en alimentos básicos y el compromiso de generar superávits fiscales primarios durante años. El propio ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, prefirió dimitir antes que firmar.

Lo que Schäuble hizo aquel verano poco tenía que ver con la economía. Fue un ejercicio de demostración de fuerza con mensaje incorporado: ningún gobierno elegido democráticamente, por más que acumule mandato popular, puede escapar de la disciplina de los mercados y de los grandes acreedores si estos deciden apretar. El referéndum no valía nada. La voluntad popular era papel mojado frente a la arquitectura financiera de la eurozona. Syriza, que había llegado al gobierno como símbolo de una izquierda radical capaz de gobernar, terminó aplicando políticas que los propios partidos de la casta griega –el socialdemócrata PASOK y el conservador Nueva Democracia– habían considerado inaplicables. Subió impuestos a los más pobres, bajó pensiones un 9% de media y ejecutó el mayor programa de privatizaciones de la historia reciente del país.

El mensaje político era tan nítido como perverso: podéis votar lo que queráis, pero gobernaréis como nosotros digamos. La democracia, dentro del euro, tiene límites. Y esos límites los marcan Fráncfort, Berlín y el FMI.

La ironía de los nuevos derrochadores

Aquí entra la segunda parte de esta historia, que tiene la estructura de una farsa si no fuera porque las consecuencias para millones de personas han sido perfectamente reales. Los mismos países que lideraron el estrangulamiento de Grecia en nombre de la ortodoxia fiscal llevan años redescubriendo las virtudes del gasto público.

Francia lleva desde 2023 sometida a un procedimiento de déficit excesivo por la Unión Europea, con un déficit que superó el 6% del PIB. No es que París haya aplicado medidas de estímulo keynesianas por convicción: es que simplemente no puede cuadrar sus cuentas bajo las reglas que contribuyó a imponer al sur de Europa. Alemania, por su parte, ha protagonizado la reconversión más espectacular. El país del Schwarze Null –el dogma del presupuesto cero que Schäuble convirtió en obsesión ideológica– modificó en marzo de 2025 su propia regla constitucional del freno de la deuda, vigente desde 2009, para financiar un plan de inversión de 500.000 millones de euros en infraestructuras y comprometerse a elevar el gasto en defensa hasta el 3,5% del PIB. Berlín, que se negó a cualquier quita de la deuda griega y exigió austeridad con mano de hierro, se dispone ahora a impulsar un déficit próximo al 4% del PIB. La deuda pública alemana podría alcanzar el 74% del PIB en 2030.

No se trata solo de hipocresía. Se trata de confirmar lo que los economistas heterodoxos y los gobiernos del sur europeo llevaban años denunciando: que las reglas de austeridad no eran principios universales de buena gestión económica, sino instrumentos de disciplina selectiva. Funcionaban cuando se aplicaban a los débiles. Cuando los fuertes las necesitaban, se reformaban o se ignoraban. Grecia fue el laboratorio donde se experimentó con ellas en su versión más cruel.

Los griegos pagaron la deuda con recesión, pobreza y emigración masiva. Ahora, quienes diseñaron ese laboratorio se permiten el lujo de abandonar sus propias recetas sin que nadie les pida cuentas.

Tsipras contra su propia criatura

Y, sin embargo, aquí está Tsipras. De vuelta. Con un nuevo partido, un nuevo nombre y el mismo carisma envejecido frente a las ruinas de su propio legado. Los números de las encuestas son por ahora alentadores. ELAS, un partido que literalmente acaba de nacer, aparece ya como segunda fuerza política con el 12,8% de intención de voto, por delante del PASOK (la familia socialdemócrata) y muy por encima de su antiguo partido.

Porque la otra gran historia de este regreso es la que ocurre por la izquierda: Syriza, el partido que Tsipras construyó desde el 4% hasta el gobierno, el partido que fue símbolo de una izquierda europea capaz de desafiar a la Troika, aparece hoy pulverizado en las encuestas y no conseguiría estar representado en el Parlamento. El partido que lo hizo y lo deshizo, y del que se marchó en 2023 tras dos derrotas consecutivas, ha acabado convertido en un residuo electoral irrelevante. Tsipras no vuelve a liderar la izquierda griega: vuelve a competir contra ella, a devorar los restos de un partido que no pudo recuperarse después de lo ocurrido.

Pero hay algo más que merece atención en el discurso. El Tsipras de 2015 llegó al gobierno con un programa de ruptura explícita con la austeridad: renegociar la deuda, revertir los memorandos, devolver al Estado su función redistributiva. El ELAS de 2026 mantiene referencias a los salarios dignos, a la vivienda y la sanidad como derechos y no como privilegios –el lenguaje de la izquierda sigue presente–, pero el eje central del proyecto ha desplazado su centro de gravedad. Es comprensible. El contexto ya no es el mismo.

Donde antes había una narrativa de confrontación con los poderes financieros europeos, ahora hay sobre todo una denuncia de la corrupción interna: que el Estado griego ha caído en manos de una élite que lo usa como botín, que la justicia se ha degradado y la democracia se ha vaciado. Son acusaciones legítimas, pues el gobierno de Mitsotakis acumula escándalos varios, tanto por –supuestamente– espiar a políticos y periodistas como por una presunta trama de corrupción con fondos europeos.

En ese sentido, el adversario ya no es la Troika ni la arquitectura financiera de la eurozona: es la corrupción doméstica de la derecha griega. Y el propio Tsipras lo ha explicitado: quiere una «izquierda que gobierne», centrada en «soluciones prácticas». El oxi del referéndum de 2015 fue un acto de soberanía popular que duró exactamente siete días. Once años más tarde, el hombre que fue derrotado vuelve a intentarlo una vez más. Las elecciones, justo dentro de un año, en junio 2027.

La entrada El retorno de Tsipras en Grecia: un nuevo partido para una izquierda pragmática se publicó primero en lamarea.com.

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No nos cansaremos de repetirlo: una de cada cinco personas menores de edad sufre agresiones sexuales, la mayoría de ellas cometidas por familiares o conocidos. No lo queremos ver, no lo queremos asumir. Pero el problema está. No son casos puntuales ni es un asunto privado. Estamos hablando de un problema social, estructural y de salud pública que, pese a su gravedad y magnitud, continúa siendo un tabú en la sociedad.

«Muchas veces siento impotencia«, resumió Vicki Bernadet, que lleva más de 30 años intentando visibilizar este asunto, en la presentación online del especial de La Marea junto a la catedrática en Victimología Noemí Pereda. «Los medios de comunicación tenéis un papel muy importante», añadió Pereda.

En este contexto, en La Marea continuamos también con las presentaciones presenciales, esta vez en Sevilla. El evento se celebrará el próximo 10 de junio a las 19.30 horas en la Sala El Cachorro, en el barrio de Triana. Conducido por Olivia Carballar, contaremos con víctimas y representantes del mundo de la judicatura.

Así, participarán el fiscal delegado de Criminalidad Informática en Sevilla, Gabriel González, la abogada Amparo Díaz y el perito tecnológico Jorge Coronado, que abordarán las claves sobre el impacto de estos delitos en las redes sociales. Desde la asociación Redime, contaremos con la abogada y superviviente de abusos Mari Carmen Heredia y la terapeuta Eva Medina. Y también nos acompañará la superviviente Laura Cuevas, de la asociación Lulacris.

El acto se suma al celebrado el pasado mayo en el Teatro del Barrio, en Madrid, al que acudieron diferentes víctimas, especialistas y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que explicó las claves de la ampliación de la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia (Lopivi) tras su aprobación en el Consejo de Ministros.

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Después de varios años de trabajo conjunto, CGT, CNT-Comarcal Sur, Ecologistas en Acción de Madrid, Sindicato de Manteros y Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid han decidido constituir la «Confluencia de luchas», una propuesta que busca reforzar la articulación entre los distintos movimientos sociales y sindicales de la ciudad en un escenario marcado por la crisis ecosistémica, la precarización laboral, la crisis de vivienda o el endurecimiento de las políticas migratorias. En este momento, los miembros de este frente común consideran imprescindible generar espacios compartidos que permitan construir respuestas colectivas.

La iniciativa, que se presenta públicamente el próximo sábado en Orcasur, barrio madrileño con una importante tradición popular y de asociacionismo vecinal, es el resultado de más de dos años de trabajo conjunto, así lo explica Julia Tabernero, integrante del Sindicato de Inquilinas y una de las impulsoras del proyecto: «El proceso lleva armándose casi tres cursos y surge entre organizaciones que ya nos conocíamos y habíamos colaborado en algunas ocasiones, pero necesitábamos de un análisis compartido del contexto. Y, sobre todo, de respuestas coordinadas».

El objetivo de esta suma, según nos cuenta Gonzalo Maestro, de CNT, es el de construir un espacio de encuentro, coordinación y acción, pero también «un proceso político orientado con la idea de construir estructuras militantes y organizativas sólidas, con identidad propia, con capacidad de fortalecer las distintas luchas desde un horizonte político compartido, y ganas de hacer frente a las diferentes formas de dominación del capitalismo contemporáneo».

Estas organizaciones unen fuerzas para proponer alternativas con un componente fundamental de clase: «Entendemos que las luchas de los diferentes colectivos que conforman la confluencia pueden ser diferentes, pero en este momento de policrisis y avance de la extrema derecha, hemos decidido aparcar lo que nos separa y dar el paso a organizarnos desde abajo y desde la izquierda», expone Luis Rico, de Ecologistas en Acción.

«Buscamos romper contradicciones históricas en las que nos ha sumido el capitalismo, las típicas entre sindicalismo y ecologismo, por ejemplo, y así trabajamos en cómo cerrar fábricas contaminantes o de armamento; en plantear un modelo industrial totalmente diferente que también beneficie a la clase trabajadora. Lo mismo decimos del movimiento de inquilinas e inquilinos, con el que coincidimos en que la vivienda debe ser un bien de uso y no para la especulación. Y con los migrantes nos une la solidaridad de clase: entendemos que todo el mundo tiene derecho a vivir aquí, a tener las mismas garantías y mismos derechos. Eso sí, a quienes no queremos aquí es a los capitales especulativos internacionales y a los fondos de inversión», concluye Rico.

Coincide en esa visión Mario Rísquez, integrante de CGT: «La confluencia de organizaciones que desarrollan su actividad en ámbitos aparentemente distintos nace de la lectura que hacemos de la crisis ecosocial en la que estamos inmersos: no podemos entender la precariedad en el trabajo y los bajos salarios de manera desligada del problema habitacional y los precios de la vivienda. Ponemos el foco en las condiciones de vida, del empleo, de la vivienda, del racismo y las políticas migratorias, del cambio climático, etc., todas ellas interrelacionadas. Y para afrontarlas debemos construir diagnósticos comunes, estrategias alineadas y unidad de acción».

Son las mismas razones que han llevado al sindicato de manteros a unirse a la confluencia, tal y como nos cuenta Serigne Mbayé: «Aquí hay personas con papeles, sin papeles y nativas, pero siempre trabajamos desde el apoyo mutuo. Nuestra lucha busca derribar fronteras, tanto las visibles como las invisibles, y romper esa discriminación que sufrimos como migrantes, pero también como clase trabajadora. Somos personas que estamos a pie de calle y luchamos por la igualdad de las personas, por un mundo mejor y más decente, contra las guerras y la explotación, por los servicios públicos… Todo eso nos afecta. No queremos que nos dividan, nuestra lucha es contra el destrozo del medioambiente, contra la especulación con la vivienda… somos los primeros que también sufrimos esto. Por eso es importante dar ese paso: si el sistema pretende dividirnos, nosotros sumamos fuerzas».

El proceso de confluencia ha sido largo y, según nos explican desde las organizaciones que la componen, desde el comienzo se hizo un esfuerzo en la autoformación: «Lo primero fue realizar una serie de encuentros de aprendizaje e intercambio de experiencias, en los que contar también con otras voces que nos parecían interesantes. Por ahí pasaron personas como Pastora Filigrana, Yayo Herrero, Amaia Pérez Orozco… Es decir, se trataba de establecer una serie de encuentros estratégicos con los que ir estructurando propuestas concretas». Estos encuentros de debate han finalizado este curso 2025-2026 en la denominada Escuela de Luchas, en la que han participado cerca de 30 ponentes y varios centenares de asistentes a las sesiones que se han llevado a cabo en la Fundación Anselmo Lorenzo.

Para Julia Tabernero, la escuela «ha sido una experiencia que hemos construido entre todas, un espacio de formación política y social para personas que conocían a alguna de las organizaciones o que estaban cercanas a los movimientos sociales y organizativos, pero que todavía no estaban participando. Y también para esa gente joven a la que le apetecería tener su primera experiencia militante. Los resultados han sido tan interesantes y fructíferos que la intención es volver a repetirla».

La Confluencia de Luchas se presenta ahora en Madrid, pero tiene la vocación de ser un espacio abierto a la incorporación de otros colectivos y organizaciones, sindicales, de vivienda, feministas, antirracistas, ecologistas»“que compartan prácticas políticas similares basadas en el sindicalismo, la generación de contrapoder y la institucionalidad popular como palancas para la transformación social y la transición poscapitalista».

Y de hecho, ya están trabajando para sacar la experiencia de la ciudad, e incluso extenderla fuera de la Comunidad de Madrid, respetando «la autonomía, las dinámicas y las alianzas de las organizaciones en los distintos territorios». Eso sí, «las organizaciones que ahora conformamos la confluencia de luchas compartimos una serie de principios organizativos y estratégicos, como la autonomía frente a partidos políticos y apuestas electorales, la organización de base y asamblearia, o la desobediencia y la acción directa», finaliza Rísquez.

De momento la Confluencia de Luchas se presenta este sábado con el evento I Encuentro Primavera de Luchas, que contará con charlas y mesas de debate sobre la internacional reaccionaria y los retos del antifascismo, la policrisis y el sujeto de la lucha, y la militancia de base y las organizaciones de masas en el siglo XXI. Contará con la participación de periodistas, historiadores y activistas como Mark Bray, Miquel Ramos, Nuria Alabao, Rubén Martínez, Helena Maleno, Josefa Sánchez Contreras y Constanza Cisneros, además de con una programación infantil simultánea durante todo el día, gracias a los colectivos Tartamuda y Ecobloco. La jornada finalizará con las actuaciones del coro de mujeres Malvaloca y las bandas Tremenda Jauría y Biznaga.

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«Maya Angelou tiene una frase que dice que la escucha es lo más curativo que hay. Antes que terapias, antes que todo. La escucha es la mejor terapia porque todo el mundo no se acordará de lo que le has dicho, o no se va a acordar de dónde estaba, o no se va a acordar del momento… Pero siempre, siempre, se acordarán de cómo se han sentido al hablar contigo». Con una voz también sanadora, Vicki Bernadet, hoy con 72 años y media vida dedicada a visibilizar y ayudar a las víctimas de agresiones sexuales en la infancia y adolescencia –como ella–, explica cómo se sienten cuando intentan hablar.

El interlocutor interrumpe o dice cosas como ‘No pasa nada, se te pasará’. O peor aún: ‘¿Por qué no lo has dicho antes?’. O mucho peor incluso: ‘Ah, pero solo te tocó, podía haber sido más’. Como si el tipo de agresión –y no cómo lo vivió la víctima– fuera lo más grave. «Cuando doy una charla pregunto: ‘A ver, imaginad a vuestra familia, a vuestros amigos… que alguno fuera capaz de agredir a vuestros hijos’. Y el 100% te dice que no. Te vas al día siguiente a otro sitio y es que no. Y así durante todos los años que llevo ofreciendo cursos para padres y madres en los colegios. Y resulta que el 80% de los casos se dan en ese ámbito», dice en un resumen preciso de lo que ocurre con este asunto: no queremos ni oír hablar de ello.

«Hasta que las familias no conecten con la idea de que el 20% de la población se ve afectada y que el 85% se produce en el ámbito intrafamiliar, va a continuar ese porcentaje tan doloroso, que es que un 90% de los casos de abuso no se habla hasta la edad adulta. Y no solo es doloroso como sociedad, sino que son vidas que podríamos salvar», concluye. Ese no hablar, no ser escuchado y no recibir ayuda evolucionan con el silencio, el miedo y la vergüenza acumulando diversos episodios de violencia hasta que se es mayor. «Y cuando contamos nuestra vida, pues es: yo sufrí abusos a los cinco años, a los nueve, a los 17, una agresión sexual, un intento de suicidio, maltrato durante 14 hace años… Y este es un patrón normal. Es mi caso, pero en otros será adicciones, será anorexia, bulimia, prostitución…», añade.

Por eso insiste en la máxima divulgación, porque considera que con la detección precoz y ayuda, las po-sibilidades de sufrir todo lo demás son menores o casi nulas: «A tiempo, se trabaja una mala experien-cia con el apoyo de todo el mundo. Pero cuando eres adulto ya no es una mala experiencia, ya es un trauma. Y esto va de salvar vidas», repite.

Pone un ejemplo gráfico: «Puede que no lo puedas evitar, como un accidente. Pero cuando tienes un ac-cidente, sabes a qué hospital irás, a quién llamarás, sabes el número de la ambulancia. Con este tema, sin embargo, existe una resistencia. Hay un miedo irracional. Cuando yo lo conté, en el 97, hace casi 30 años, era normal encontrarse con eso. ¿Pero ahora? No tiene ningún sentido».

Bernadet admite que creó la fundación que hoy preside de manera egoísta, para salvarse también a ella misma. Y es por eso, porque ha hablado muchísimo y la ha escuchado mucha gente, por lo que sabe, como Angelou, por qué canta el pájaro enjaulado.

Publicado por primera vez en 1969, Yo sé por qué canta el pájaro enjaulado recoge la autobiografía de la escritora Maya Angelou. Con siete años, fue violada por el novio de su madre. El agresor fue asesinado tras pasar brevemente por la cárcel y ella enmudeció durante cinco años:«Creí que mi voz lo había ma-tado; yo maté a ese hombre, porque dije su nombre. Y después pensé que nunca volvería a hablar, porque mi voz podría matar a cualquiera…».

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El 17 de junio de 2025, Abderrahim Akkouh, de 35 años, murió por asfixia en Torrejón de Ardoz (Madrid) tras ser inmovilizado durante minutos por un policía municipal de Madrid que estaba fuera de servicio y al que supuestamente iba a robarle el móvil. En los vídeos grabados por vecinos, se puede observar al agente, junto a un compañero jubilado, que no lo suelta a pesar de estar quieto y de las súplicas de los transeúntes para que lo dejara. Mientras el primer agente está siendo investigado por homicidio desde el primer día, el otro policía que le sujetaba las piernas fue declarado testigo por el juzgado.

Ahora, un auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Torrejón de Ardoz ha convertido al policía jubilado de testigo a investigado por homicidio. La decisión la ha tomado la jueza tras el informe médico forense de autopsia que considera entre las causas del fallecimiento «la inmovilización (con compresión torácica y presa cervical) y posición en decúbito prono del fallecido», tal y como ha adelantado elDiario.es y explica el auto al que ha accedido a La Marea.

El policía, que responde a la iniciales P. Á. P. C., dijo, según las grabaciones del suceso: «¡Mereces que te mueras ahora mismo, cabrón». El próximo martes 9 de junio tendrá que testificar ante la jueza Marta Gala García.

Rubén Vaquero, abogado de la familia Akkouh, considera que no se trató de homicidio, cargos por los que se investiga a ambos policías, sino de asesinato. En una entrevista a La Marea en 2025, denunció «la falta de humanidad, la xenofobia y el racismo» de los grandes medios de comunicación y ciertos sectores políticos al intentar deshumanizar a Abderrahim y «reducir su vida a un perfil sospechoso, a una amenaza, a una cifra sin valor».

Para recordar a Abderrahim, una manifestación circulará por Torrejón de Ardoz el 20 de junio.

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Una jueza en chándal está sentada en el banco de un parque. Se escucha, levemente, el trino de unos gorriones revoltosos. A su lado, también con ropa deportiva, dos abogadas miran unos papeles con sus piernas cruzadas sobre el césped. Y un poquito más allá, un fiscal, con vaqueros y camiseta de manga corta de su grupo de música favorito, observa los columpios y el tobogán del fondo, junto a unos árboles frondosos que dan sombra.

Ahí, en mitad de ese escenario natural e infantil, la jueza coge una pelota y, mientras la bota, hace preguntas a un señor que va a ser juzgado. El hombre, ataviado con una americana y camisa blanca, mira a un lado y a otro, se frota los ojos una y otra vez. Pero nada, no sale del asombro, no da crédito a lo que está ocurriendo. La jueza pasa la pelota a las abogadas, que se la lanzan entre ellas hasta llegar al columpio. Desde ahí, mientras sube y baja el balanceo, siguen haciendo preguntas. El hombre, incapaz de responder nada, continúa sin entender por qué los representantes de la justicia se visten y actúan de esa forma, por qué su juicio se está celebrando en mitad de un parque, como si aquello fuera un juego. 

Obviamente, la escena no es real. Pero la sensación de desconcierto que está sintiendo ese hombre puede compararse a la de un niño que acude a un juzgado. Es así, con esa imagen, como lo explica de una manera muy gráfica la magistrada de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias Glòria Poyatos, experta en la humanización de la justicia. «¿Has ido alguna vez a una sala de vistas, verdad? ¿Sabes cómo es, no? Porque lo que ves es un micrófono ahí en medio donde solo se puede hablar cuando se formula una pregunta y no se puede intervenir en ningún otro momento. Un lugar donde quien únicamente habla, con una voz elevada, es un ser vestido de negro que está en mitad de la sala, en una silla victoriana. Y ahí es donde no puede ir un niño, una niña que, encima, ha sido agredido sexualmente», dice la magistrada, que reconoce que se les trata como si fueran propiedad de alguien, como si no fueran sujetos de derecho.

«Seamos capaces de entenderlos, de ponernos en su lugar, de hacerles declarar de una forma libre, espontánea. ¿Dónde se haría el juicio? Quizá no se hubiera hecho nunca en una sala de vistas, sino en en un parque. Quizás no estaría la jueza o el juez con una toga negra, quizás estaría vestido con un chándal. O quizás estaría en un sitio con más niños hablando con todos ellos», reflexiona Poyatos. 

Lo que dice la magistrada, en el fondo, remite a las casas Barnahús, lugares donde esos niños y niñas se sientan seguros, donde no tengan que contar varias veces a personas diferentes lo que su padre, su tío o su profesor le han hecho, donde se tenga en cuenta la perspectiva de infancia. ¿Y por qué no se hace siempre así si parece lo más razonable? Poyatos es rotunda: «Porque el Derecho no ha sido pensado para las características, experiencias, expectativas, aspiraciones y preocupaciones de los seres humanos menores de edad. Y tampoco ha sido pensado para sus características, sus peculiaridades. Por tanto, su manera de hablar, de expresarse, de funcionar, de sentir, de ser en general es muy diferente», añade. 

Tal es la forma en la que está concebido el Derecho que ella misma tuvo que escribir un voto particular para explicar una sentencia de un modo entendible a un niño al que la administración le había denegado su grado de discapacidad. Esto escribió la jueza, porque no podía redactarse así en la sentencia: «Hemos estudiado tu caso y tienes toda la razón, Aureliano. Te vamos a apoyar porque ahora entendemos por qué te cuesta más hacer las cosas».

Garantías del proceso 

Con su habitual pedagogía –Poyatos es impulsora también de la lucha por incluir la perspectiva de género en la justicia–, la magistrada insiste no solo en que el ordenamiento jurídico se ha concebido con un enfoque adultocéntrico, sino en un adulto muy concreto: «Con unas características muy determinadas: hombre heterosexual, mayor de edad, propietario, sin discapacidad, no demasiado mayor en edad… Aquellos otros sectores de la población, dígase infancia, dígase mujeres, personas con discapacidad, homosexuales, que salgan de ese patronaje para el que fue esculpido el ordenamiento jurídico, se topan con un derecho que no ha sido pensado para ellos y una aplicación mecánica del derecho los excluye directamente».

En el caso de las agresiones sexuales a las niñas, niños y adolescentes, esto afecta además a las garantías del proceso: «Tenemos un ordenamiento jurídico penal garantista, que está muy bien. Obviamente, cualquier Estado de derecho, si es un Estado de derecho social, democrático, debe ser cuanto menos garantista. Pero no se tiene en cuenta quizá, o no hemos dado un paso más, en las garantías que pueda tener la persona en el derecho penal, que deben ponderarse cuando al otro lado tenemos una víctima vulnerable como pueden ser estos niños y niñas. Por ejemplo, la atenuante por dilación indebida. Es decir, cuando el proceso dura demasiado, se entiende que incide negativamente en la persona procesada. Y le aplican esta atenuante con la disminución que corresponda de la pena que se le aplicaría por el delito por el que ha sido procesada. ¿A quién beneficia esto?», se pregunta retóricamente Poyatos. 

Pues en este caso al pederasta. «¿Y qué pasa con las víctimas? ¿Acaso el Derecho ha pensado en las víctimas que tardan demasiado en ver cumplida la pena del agresor? ¿Les da algo? ¿Qué les da a esos niños y niñas que han tardado años en ver cumplida la justicia? Nada. Además, les pega en la cara porque les dice ‘mira, encima voy a beneficiar a tu agresor, le vamos a quitar unos años», analiza. 

Y termina volviendo al principio: «El Derecho es eminentemente adultocéntrico. Y es algo que tenemos que cambiar». Tal vez la escena de un hombre juzgado en el parque nos ayude a visualizarlo, y entenderlo, de una vez. 

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1. El resumen

Resumen de urgencia de la jornada electoral de ayer: Andalucía mete en un lío, victorioso pero lío, a Juan Manuel Moreno; hiere de gravedad a Antonio Maíllo y de muerte a María Jesús Montero; amplía el santoral de la izquierda alternativa con el nombre de San José Ignacio García y devuelve a Santiago Abascal el mango de la sartén que la mayoría absoluta del PP le había arrebatado en 2022.

La de 2026 será una legislatura interesante, que para un político es lo peor que puede ser una legislatura, como bien sabe Pedro Sánchez, que lleva ya ocho años en los que ni un solo de sus mandatos ha dejado de ser interesante. Pero como lo que es malo para los políticos es bueno para los periodistas, será una legislatura muy periodística. Demasiado seguramente. Santiago Abascal cabalga de nuevo por la marisma a lomos de un potro salvaje, aunque quizá no tanto como su jinete.

2. El castigo

Al Partido Popular de Juan Manuel Moreno lo ha castigado el Señor: ha perdido la mayoría absoluta a manos de Adelante Andalucía, el mismo partido al que, creyéndose muy astuto, benefició en 2023 incrementándole arbitrariamente la financiación a costa de Por Andalucía. De los 200.000 euros que, por consenso de todos los grupos, iba a recibir la coalición de Izquierda Unida, Podemos y Más País, el PP impuso en la Mesa del Parlamento el criterio de detraer injustificadamente 50.000 euros para asignarlos a la formación liderada entonces por Teresa Rodríguez, mejorando así muy sustancialmente la financiación que le correspondía por sus dos diputados. Hoy, aquellos dos escaños se han multiplicado por cuatro: un incremento explosivo cuyo damnificado casi único ha sido el Partido Popular, que ha perdido los diputados que le daban mayoría absoluta justamente en las provincias donde Adelante los ha ganado. 

Obviamente, Adelante ha triunfado por méritos propios, no ha subido lo que ha subido porque el PP decidiera ‘doparlo’ a costa de sus enemigos íntimos de Por Andalucía, pero no por ello deja de ser cierto que el PP creyó estar haciendo un gran negocio político al ahondar la discordia en el seno de la llamada izquierda alternativa. La astucia ventajista y marrullera de ayer se le ha vuelto en contra hoy. Castigo del Señor. 

3. La paradoja

Presume, y no sin razón, Adelante Andalucía de haber arrebatado al PP la mayoría absoluta. Fue lo primero que dijo José Ignacio García anoche: “De momento no hemos echado a las derechas y somos muy conscientes, pero hoy se han puesto las bases para echar mañana a las derechas de Andalucía. Aún no lo hemos conseguido, pero hoy podemos decir que Adelante Andalucia le ha quitado la mayoría absoluta al PP”.

Si García hubiera continuado el razonamiento habría tenido que concluir amargamente: “Hemos conseguido que Vox sea decisivo en Andalucía; nuestros votos debilitan al PP, pero abren las puertas de Andalucía a la ‘prioridad nacional’ que enarbola la extrema derecha”. Escalofriante paradoja de la que, obviamente, Adelante no tiene la culpa, pero que tampoco, no menos obviamente, puede negar; si acaso, matizar: su matiz, en verdad mucho más que un matiz, es que para los dirigentes de Adelante el PP y Vox son lo mismo. Y cuando se embalan, también el PSOE. 

4. El sartenazo

Lo primero que hará Santiago Abascal con esa sartén –que, como en Extremadura, Aragón y Castilla y León, en Andalucía vuelve a tener por el mango– será probablemente golpear con ella la cabeza de Juanma Moreno. El sartenazo no será mortal, pero ya se ocuparán Abascal y los suyos de que la sacudida se oiga nítidamente en toda España. ¿Conque Vox es ‘el lío’? Vale, Juanma Moreno, vale. Para cuando tenga un encuentro con el presidente de la Junta, el líder ultra ya debe tener memorizada la frase de la profesora Lydia Grant en la serie Fama: “Tienes muchos sueños, Juanma Moreno, buscas el poder, pero el poder cuesta y aquí es donde vas a empezar a pagar, con sudor”. No lo llames sudor, llámalo prioridad nacional.  

Vox se sintió estafado por el PP en la legislatura de 2018, cuando hizo presidente a Moreno a cambio de migajas: unas migajas que el PP estuvo mareando como si fueran una perdiz mientras los hambrientos polluelos de Vox en vano mantenían abiertas sus boquitas, esperando el alimento comprometido en los pactos de investidura. Los cándidos polluelos son ahora resabiadas rapaces. Esta vez la investidura no será a cambio de menudencias; esta vez la legislatura no va a salirle a precio de saldo al suavón Moreno. ¿Conque quieres el poder? Pues aquí es donde vas a empezar a pagar.  

5. Platero y ella

Juan Manuel Moreno Bonilla está, en efecto, en un lío. Lleva años posando de moderado, haciendo lo que suelen hacer las derechas cuando se les presenta la disyuntiva sanidad pública/sanidad privada o educación pública/educación privada, pero viene haciéndolo con sigilo, con educación, con buenos modales, sin perder la sonrisa. Juanma es como el Platero de Juan Ramón, “tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos”. ¿Quiere decirse que lo único que diferencia a Moreno de Ayuso es simplemente el barniz, las formas, refinadas en uno y montaraces en la otra? Sí y no. Ambos están en la derecha, sí, pero no están en ella de la misma forma. Y en política la forma es muchas veces tan importante como en literatura. Los medios lo presentan como la encarnación de la derecha transversal, moderada y llorica, antítesis de la derecha faltona, semianalfabeta y mendaz que encarna Isabel Díaz Ayuso, pero esa caracterización guay puede quedar hecha añicos cuando Abascal amenace a Moreno con esa sartén que tan firmemente tiene sujeta por el mango. Juanma necesitaba no necesitar a Vox para seguir siendo Juanma, pero la jugada no le ha salido bien. Lo sucedido el 17-M es malo para él, pero malo también para Andalucía.

6. El caballo

El destino aciago ha reunido en la misma cuneta de los vencidos a María Jesús Montero y Antonio Maíllo. Aunque el PSOE cosecha el peor resultado de su historia –pasando de los escuálidos 30 escaños de 2022 a los raquíticos 28 de ayer– y Por Andalucía se queda como estaba, con los cinco diputados que tenía, la amargura no es mayor en el uno que en el otro. Los 28 del PSOE y los 5 de Por Andalucía saben a polvo, a ceniza. Ambos partidos son los grandes derrotados del 17-M: el PSOE por haber bajado y Por Andalucía por no haber subido. El PSOE por verse goleado por el PP y Por Andalucía por verse humillada por Adelante. Ni María Jesús ni Antonio eran necesariamente malos jinetes, de ninguno de los dos puede decirse que hiciera una mala carrera, pero ambos estaban equivocados: creían montar briosos corceles cuando en realidad montaban exhaustos jamelgos.

7. El hostión  

Estas elecciones andaluzas han pulverizado algunos lugares comunes del análisis político y demoscópico. Uno de ellos sostenía que el PSOE era siempre el gran beneficiario de un aumento significativo de la participación. Esta vez no ha sido así: la participación pasó del 56% de 2022 a casi el 65 de ayer, pero el principal agraciado no fue el PSOE sino la otra izquierda, Adelante Andalucía. Al filo de las seis de la tarde de ayer, el exdiputado y excandidato a las primarias del PSOE andaluz Luis Ángel Hierro publicaba en redes un mensaje esperanzado a la vista de la alta participación que estaban registrando las urnas: “Esto marcha”, escribía. Esta mañana el mensaje era otro: “¿Alguien sabe que nos han dado el mayor hostión electoral de nuestra historia? ¿Alguien piensa asumir responsabilidades?”. La respuesta a la primera pregunta es sí porque es imposible que pueda ser no y la respuesta a la segunda es no porque lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Imposible asumir responsabilidades en el PSOE porque el verdadero responsable es Pedro Sánchez, al que aún le queda una última carta por jugar: la del año que viene en las generales.

8. La esperanza

Si el PSOE hace lo que tiene que hacer –lo malo es que no es nada fácil saber qué tiene que hacer ni, sobre todo, cómo hacerlo teniendo como tiene las manos atadas en el Congreso– en las cruciales legislativas del año que viene podría captar una buena porción de los 665.347 votos sumados por Adelante Andalucía y Por Andalucía en las autonómicas de ayer. En las andaluzas del 17-M lo que estaba en juego no era si ganaba la izquierda o ganaba la derecha, sino si ganaba la derecha en solitario o en compañía de otros: como se sabe, ha ocurrido lo segundo, y todos los observadores coinciden en que ha sido gracias a Adelante Andalucía. Sin embargo, en las generales de 2027 lo que estará en juego es si gana la derecha o si gana la izquierda, y en ese escenario puede funcionar el voto útil en favor del PSOE, si no para ganar, al menos para no perder como acaba de perder en Andalucía.

9. El pacto

Cuando a algún socialista se le pregunta si no sería deseable propiciar con la abstención de su partido la investidura de Moreno, suele replicar lo que el célebre empresario y extravagante concejal cordobés Rafael Gómez Sandokán cuando un periodista le preguntaba si pensaba dimitir. “¿Dimitir? ¿Dimitir yo? ¡Dimite tú!”. ¿Pactar nosotros con ese, con esos? En efecto, imposible. Un escenario así sería imaginable si las relaciones entre el PP y el PSOE fueran no ya cordiales sino simplemente normales, correctas, civilizadas. Ni lo son ni probablemente lo serán en mucho tiempo: por muchas razones, pero sobre todo por la absoluta, indisimulada falta de deportividad del Partido Popular en la derrota. El PP suele saber ganar, pero le cuesta horrores saber perder, y sin esa condición es imposible todo entendimiento, ni siquiera un entendimiento meramente funcional, urdido para que Vox dejara de tener la sartén por el mango. “¿Pactar? ¿Pactar yo? ¡Pacta tú!”.

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La duda durante la pasada noche electoral fue la misma que sobrevoló durante toda la campaña: no era saber quién ganaría las elecciones andaluzas, sino cómo ganaría el PP, con mayoría absoluta o sin ella. Es decir, con holgura para gobernar o teniendo que negociar con Vox. Nada ha podido hasta el momento con el partido liderado por Juanma Moreno, que ha vuelto a ganar las elecciones en Andalucía pero, esta vez, con la duda ya disipada, sin mayoría absoluta, lo que lo obligará a sentarse con Vox.

El Partido Popular ha obtenido 53 escaños, a dos de la mayoría absoluta y cinco menos que en las pasadas autonómicas. En segundo lugar, el PSOE, liderado por la exministra de Hacienda María Jesús Montero, se ha quedado en 28 escaños, uno menos que en 2022, lo que supone, además, el peor resultado de la historia de un partido que, durante casi 40 años, fue hegemónico en Andalucía. Y, en tercer lugar, la ultraderecha de Vox ha ganado un diputado más que en 2022 y logra, así, 15 escaños. “Vamos a defender cada uno de esos votos”, ha dicho, al grito de “prioridad nacional”, el candidato de la ultraderecha, Manuel Gavira.

Hasta aquí, poca sorpresa en una noche electoral que ha dejado mensajes para todos los partidos, incluido el PP ganador –que pierde de este modo su comodidad a la hora de gobernar y se mete en «el lío» que pretendía evitar–, pero muy especialmente para la izquierda que gobierna en España: desde los desastrosos resultados del PSOE, y lo que ello supone para Pedro Sánchez, –“No son unos buenos resultados. Tomamos nota», ha dicho Montero– al sorpasso de Adelante Andalucía a la coalición de Izquierda Unida, Sumar y Podemos.

Liderada por Antonio Maíllo, Por Andalucía –integrada por Izquierda Unida, Podemos, Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes Equo, Alternativa Republicana y Alianza Verde–, se ha quedado con el mismo resultado que en 2022: cinco. Pero no fue una noche fácil: hubo un momento en que el recuento los dejó sin grupo parlamentario propio. “Se ha acabado el tiempo en que la izquierda transformadora retrocedía, independientemente de quién haya conseguido capitalizar eso”, ha afirmado Maíllo.

Su coalición ha quedado por detrás de Adelante Andalucía, liderado por José Ignacio García –anteriormente por Teresa Rodríguez–, que ha pegado un subidón y asciende a la cuarta posición: de los dos escaños de 2022, ha pasado a ocho. Es el único partido que ha crecido en escaños, junto a Vox. «Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al PP», ha celebrado García. «De momento no los hemos echado, pero Adelante ha llegado para quedarse y somos la principal fuerza de la izquierda en Andalucía», ha concluido.

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La Llotja de Mar, símbolo del comercio marítimo barcelonés desde el siglo XIV, albergó durante dos días una conversación sobre los flujos invisibles que mueven el mundo contemporáneo: datos, algoritmos, plataformas, derechos. El I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales –organizado en el marco de la Mobile World Capital Barcelona y financiado con fondos europeos de NextGenerationEU– acogió mesas redondas, charlas magistrales y sesiones de participación ciudadana sobre un mismo eje temático abordado desde ángulos muy distintos: el impacto de la inteligencia artificial y las plataformas digitales sobre los derechos fundamentales, la democracia y el trabajo.

Y, sin embargo, uno de los mensajes más repetidos a lo largo de las dos jornadas fue precisamente ese: que el debate llega tarde. Que mientras académicos, juristas y representantes sindicales discuten marcos regulatorios y garantías democráticas, las tecnologías que pretenden regular llevan años operando a escala masiva, moldeando conductas, eliminando empleos y concentrando un poder sin precedentes en manos de unas pocas corporaciones privadas. El congreso no podía resolver esa contradicción, pero al menos la nombraba sin eufemismos.

Buena parte de los asistentes que debatían sobre el empoderamiento de los trabajadores y la necesidad de escuchar voces colectivas lo hacían ataviados con traje. Una contradicción menor, quizás, pero elocuente: la urgencia por democratizar el debate digital convive, todavía, con los códigos y los circuitos de siempre.

El vehículo sin carriles

Geertrui Mieke De Ketelaere, ingeniera e investigadora de inteligencia artificial desde los años noventa y autora de The Chatbot Trap, fue una de las voces más contundentes de la primera jornada. Lleva décadas estudiando cómo las sociedades adoptan tecnología y ha aprendido a reconocer ciertos patrones que se van repitiendo, pero el que ve ahora con el desarrollo de la llamada “Inteligencia Artificial” le inquieta: “Cuando hay un accidente de coche, los daños están a la vista, pero con la IA los daños se esconden”. Su diagnóstico fue claro: el modelo habitual –primero optimizar, luego pensar en el impacto– se está repitiendo con la inteligencia artificial, pero a una velocidad y con una opacidad sin precedentes. “Tenemos que apresurarnos en ponerle carriles al vehículo”, resumió. El coche ya está en marcha, pero la carretera todavía no existe.

De Ketelaere fue más allá de la necesidad de regulación para hablar de algo más estructural, lo que ella llamó “la economía del apego”, es decir, la forma en la que las grandes plataformas explotan mecanismos dopamínicos para generar dependencia emocional, presentándola como mejora de las relaciones sociales cuando los efectos reales apuntan en dirección contraria. La adicción como business model.

Este tipo de análisis, que hace apenas una década habría sonado alarmista en un foro institucional, fue recibido en la Llotja de Mar sin apenas cuestionamiento. Algo ha cambiado en el consenso experto. La pregunta es más qué herramientas disponemos para actuar.

«Estamos entrenando a la máquina para que nos sustituya»

Si la sesión sobre sostenibilidad digital habló del problema en términos sistémicos, la mesa dedicada al impacto de las tecnologías emergentes en el trabajo sirvió para bajarlo a ras de suelo. María Luz Rodríguez, catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha, arrancó desmontando una coartada habitual: “No estamos hablando del futuro del trabajo. Estamos hablando del presente”. Puso el ejemplo de los centros de atención telefónica, donde la voz de los trabajadores se graba sistemáticamente para entrenar a los bots que acabarán sustituyéndoles. “Estamos trabajando para que nos acaben desalojando”, resumió. Y aquí paz y después gloria.

Rodríguez reclamó que el debate sobre la propiedad de los datos laborales se sitúe en el centro de la agenda política y sindical. Los datos que generan los trabajadores en su actividad cotidiana tienen un valor económico enorme. Ese valor se captura, se monetiza y raramente revierte sobre quien lo produce. “No podremos transformar la sociedad sin la voz de las personas implicadas”, insistió. La transformación digital, advertía, requiere un diseño plural que vaya más allá de la perspectiva empresarial.

La mesa completó ese diagnóstico con otras voces. José Varela, responsable de IA y digitalización de UGT Confederal, distinguió entre empleo y empleabilidad: perder un trabajo es un drama individual, pero cuando una tecnología elimina categorías enteras de ocupación, lo que se destruye es la posibilidad misma de encontrar empleo en ese sector. “Eso está ocurriendo”, advirtió. Eva Rimbau-Gilabert, profesora de la UOC, añadió que el control tecnológico excesivo sobre los trabajadores siempre genera desafección y rompe el contrato psicológico. “La IA se está usando para sustituir, cuando debería ser utilizada para complementar”, concluyó. Las empresas, dijo, se están buscando un problema a medio plazo.

Democracia, juventud y el espejo iberoamericano

La primera jornada cerró con una mesa que amplió el foco geográfico y generacional. Alexandre Pupo, secretario general del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, aportó un dato que debería figurar en cualquier informe sobre el estado de las democracias: si en 2010 una mayoría de jóvenes iberoamericanos declaraba apoyar la democracia, en 2020 ese apoyo había caído al 45%. En el mismo período, las tasas de trastorno emocional y depresión se duplicaron.

Ciertamente, correlación no implica necesariamente causalidad. Pero en este caso, y a falta de que baje un estadista y lo certifique, todo apunta a que ambos conceptos se dan de la mano.

Pupo rechazó la narrativa de los que los jóvenes de hoy son “nativos digitales”, identificándola como una trampa conceptual. “Nos toca vivir en esta realidad, pero no nacemos preparados para ella”, dijo. Y apuntó a un dato que da que pensar. “En 2010 ocurre algo…Facebook crea el botón de me gusta”. Correlación no implica causalidad. Pero haríamos bien en recordar estos datos y atar algunos cabos.

Gustavo Gómez, director ejecutivo de OBSERVACOM, señaló la asimetría regulatoria que subyace a todos estos debates: se regula con más intensidad a los usuarios que a los dueños de las plataformas. En América Latina, ese desequilibrio tiene consecuencias políticas directas que los marcos europeos tienden a subestimar. La cuestión de fondo es quién tiene el poder de definir qué se ve, qué se amplifica y qué se silencia en el espacio público.

Lo que queda pendiente

El I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales no pretendía resolver los problemas que ponía sobre la mesa, y no los resolvió. Pero consiguió algo más difícil en el clima actual: reunir en un mismo espacio a personas que habitualmente hablan en registros y foros distintos –el académico, el sindical, el jurídico, el activista, el institucional– y forzarlas a escucharse. En un momento en que la velocidad del cambio tecnológico tiende a dejar obsoletos los marcos de análisis antes de que sean adoptados, esa lentitud deliberativa tiene un valor que no debe subestimarse.

Lo que el congreso dejó en evidencia es que el tiempo del diagnóstico se agota. Durante años, investigadores y activistas han documentado los riesgos de la concentración tecnológica, la explotación de datos, la manipulación algorítmica y la destrucción de empleo. Esa documentación existe. Los marcos regulatorios europeos –el AI Act, el Digital Services Act– existen también, aunque sean insuficientes. Lo que falta es, de algún modo, lo de siempre: voluntad política para actuar a la altura de un problema que ya nos está superando, y hacerlo en clave democrática en contra los intereses del poder tecnofeudal creciente.

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«Que reste-t-il de nos amours ?», cantaba Charles Trenet. «¿Qué queda de nuestros amores? ¿Qué queda de aquellos bellos días? Una foto, una vieja foto de mi juventud».

¿Qué queda de aquel 15-M que nació con vocación de cambiar España y, por contagio, el mundo? ¿Qué queda de Nuit debout? ¿Qué queda de Occupy Wall Street? Es inevitable caer preso de la tristeza cuando nos paramos a pensar lo que pudo haber sido y no fue. En el caso particular de España, el 15-M conectó, por última vez (de momento), al pueblo con la Historia. Eso ocurre pocas veces y, a la larga, casi siempre con resultados insatisfactorios para los rebeldes.

Lo que empezó como una sentada marginal de jóvenes críticos con la Ley Sinde (ideada para atajar la piratería en Internet) acabó evolucionando a impugnación total de un sistema al que, ¡ups!, se le vio el cartón con la crisis de 2008. «No es una crisis, es una estafa», rezaban las pancartas. «No nos representan», decían otras. El truco de las élites quedó al descubierto: lo que pomposamente llamaban «democracia liberal» era en realidad, simple y llanamente, un «sistema parlamentario burgués», una asamblea de mercaderes. Siempre lo fue, en realidad. Y no dejó de serlo por mucha indignación que generara. La crisis la íbamos a pagar nosotras. Nuestros impuestos servirían para tapar los agujeros de los bancos en su noche loca en el casino de las subprimes. Y llegaron las colas del paro. Y llegaron las colas del hambre. Y mucha gente saltó por el balcón antes de que la echaran de su casa. Así ocurrió porque así lo quiso el pueblo español en las urnas. Y en esas mismas estamos, 15 años después.

Se pueden hacer muchas lecturas del 15-M, pero quizás una de las más significativas sea el decalaje que existe entre la calle y las urnas. Tras la acampada de Sol, Rajoy consiguió la mayoría absoluta. Hoy, semana tras semana, cientos de miles de personas marchan pidiendo vivienda asequible y sanidad pública, pero esas reivindicaciones no quedan reflejadas ni en las políticas gubernamentales ni en ningún proceso electoral. ¿Será que España quiere todo lo contrario? ¿Será que preferimos que se usen nuestros impuestos para devolverle a los ricos el dinero que tributan por sus herencias antes que para obtener una cita con el médico de cabecera? O aún más, ¿un diagnóstico temprano y preciso de nuestro cáncer? Los recientes resultados en Extremadura, Aragón, Castilla y León, y muy probablemente los del próximo domingo en Andalucía, responden por sí solos a estas cuestiones.

El mundo ha cambiado mucho en 15 años. Cambiado en el sentido gatopardiano del término. Quienes eran dueños de nuestras vidas lo siguen siendo, pero además han inoculado en nuestras sociedades una dosis mucho más alta de su ideario. Rezuma incluso en la forma de hablar, lo que demuestra su capacidad de colonizar el pensamiento: «lo que antes estaba guapo ahora renta», apunta certeramente Ignacio Pato en uno de sus libros. Y más allá del lenguaje, han conseguido el que siempre ha sido su objetivo: dividir y desmovilizar a las masas populares. El feminismo, con su feroz fragmentación, es un buen ejemplo de lo primero. Los pobres porcentajes de las fuerzas progresistas en las urnas, de lo segundo. No sólo crece la ultraderecha, con sus recetas económicas disparatadas y su racismo oligofrénico, sino que la izquierda permanece inmóvil, catatónica en su melancolía.

Quienes participaron en aquellas acampadas de 2011 se dieron cuenta muy rápidamente de que todo el sistema estaba amañado. Constataron que cada victoria de la esperanza era un trampantojo. Del «Yes, we can» obamiano no salió en Estados Unidos el cierre de Guantánamo, ni la regulación de las armas de fuego, ni un sistema sanitario mínimamente decente, ni más impuestos para los ultrarricos, ni una política defensora del medioambiente. Del «Sí se puede» español, apenas una manera más humana de hacer política, y poco más. Y quizás sea bastante, dadas las circunstancias.

Podríamos tener la tentación de decir que lo que queda del 15-M es lo mismo que lo que queda de Podemos, es decir, casi nada, pero no sería justo. Aquel espíritu (el del 15-M, no el de Podemos) impregna a cada uno de los activistas que ponen el cuerpo para impedir un desahucio. Anima a cada una de las personas que salen a protestar contra el genocidio de Gaza. Está presente en todo el que, sintiendo rabia ante una injusticia, dirige su reprobación hacia arriba y no, en el colmo de la vileza, hacia un trabajador del campo sin papeles.

Durante la pasada Vuelta a España, mucha gente en muchas ciudades salió espontáneamente a la calle a parar una carrera manchada por la participación de un equipo sionista. Por aquel entonces, Patricia Simón daba en el clavo con su comentario: «Cualquier dirigente, comunicador, deportista o persona de bien debería sentirse profundamente orgulloso de vivir en una sociedad donde miles de personas, en lugar de limitarse a sobrevivir, se esfuerzan por recordarnos cómo ser mejores».

Después de todo, algo queda del 15-M, sí. Queda lo importante.

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Ha escrito por las tardes, en sus ratos libres, después de currar como auxiliar administrativo las mañanas de lunes a viernes. Se sabe con suerte por el «irrisorio» alquiler que paga en Conde de Peñalver (Madrid). No todo el mundo podría permitirse pararse a pensar durante años qué significa el trabajo y hasta qué punto la meritocracia es una de las ideologías que dominan la sociedad. El periodista Miguel Gómez Garrido acaba de publicar La cultura del desesfuerzo. Meritocracia, trabajo y otras trampas (Siglo XXI, 2026), un viaje en forma de ensayo ameno a través de las falsas promesas del trabajo, el tiempo libre y la hiperproductividad. Incluso se atreve a apostar por un futuro que merezca la pena vivir a través de lo que llama «cultura del esfuerzo común».

Con referencias constantes a autores clásicos y contemporáneos, Gómez también da viva cuenta de ser un pensador de su tiempo, encontrando en personajes como el Santa de Los lunes al sol y las letras de Estopa y Robe Iniesta aquello que puede explicar el mundo. Es una tarde primaveral de principios de mayo y la cafetería de Lavapiés en la que responde a estas preguntas es demasiado moderna tanto para el entrevistado como para el entrevistador. Este periodista de 32 años mueve las manos al hablar, las entrelaza y las utiliza para taparse por unos segundos la cara al reflexionar sobre la libertad. Mira al frente casi todo el tiempo, aunque sus palabras no rehúsan la confrontación.

Define el trabajo como una trampa. ¿Por qué?

Porque no deja de realizar promesas que luego no se corresponden con el resultado. Estamos en un punto en que no sabemos muy bien qué es el trabajo. La gente te felicita cuando te jubilas, pero también cuando te contratan. ¿Qué está sucediendo ahí? El trabajo nos angustia cuando lo tenemos y cuando no lo tenemos, ahí está la trampa, en todo eso que nos promete y que nunca nos permite alcanzar.

Uno de los aspectos más llamativos de su libro es que consigue deconstruir la cultura del esfuerzo, desnudarla, para señalar directamente a quién beneficia y a costa de quién lo hace. ¿Cómo ha podido llegar la masa obrera a creerse que se es mejor, que se merece más, cuanto mayor sea el esfuerzo?

Es lógico. Tiene mucho más sentido pensar que lo que vas a hacer tiene un sentido. Es un mecanismo normal, de recompensa. De hecho, lo contrario es lo que toda la vida hemos llamado «alienación». Siempre nos hemos quejado de que el trabajo no tiene sentido, de que no lo entendíamos, pero es un espacio en el que vas a estar muchísimas horas de tu vida. Necesitas creer que lo que haces es útil, convencerte y preocuparte de que lo estás haciendo bien.

Aquí entra en juego algo esencial: el tiempo. Según un informe de Santalucía Espacio Futuro, un 60% de los trabajadores prioriza el horario y la flexibilidad frente al salario. Usted lo resume así: «Los que tienen un peluco de quince mil euros no fichan. El tiempo es suyo». ¿Priorizar el goce y defender el tiempo es una forma de revelarse contra la cultura del esfuerzo?

Sin duda. Es algo que ya pasa, un anhelo en presente. Es una pulsión que la pandemia vino a confirmar. Ahí vimos cómo la gente está deseosa de tener más tiempo para sí misma, y esto procede del mismo éxito del neoliberalismo.

¿Cómo si el neoliberalismo muriera de éxito?

El neoliberalismo nos animó a que nuestra identidad tuviera muchas más piezas que las de antes, es más compleja. No queremos trabajar tanto porque no tenemos tiempo para hacer otras cosas, en parte porque ahora tenemos muchas más posibilidades que antes. Eso hace que la idea del trabajo se le quede corta hasta a las personas más apasionadas de su trabajo. Esta sensación de que tenemos menos tiempo se explica en que queremos hacer más cosas, así el trabajo se desplaza de ese centro en el que estaba antes.

La hiperproductividad está tan enraizada en el día a día que muchas personas ni siquiera saben qué hacer con su tiempo libre. Mi madre es profesora de adultos, funcionaria, y suele decir que a ella no le importaría seguir dando clase cuando se jubile, sin cobrar. También noto cierto temor en ella al momento de la jubilación. ¿Hay algo de revolucionario en el aburrirse?

Yo creo que no. Sigo la idea de Emilio Santiago y César Rendueles y creo que deberíamos separar la idea de que queremos trabajar menos de la idea de que eso significará no hacer nada. Solo vamos a poder conquistar el derecho al aburrimiento apacible, no ansiógeno, sino feliz, si por el camino somos capaces de decir: «No, perdona, mamá. Cuando te jubiles podrás hacer muchísimas cosas porque la sociedad está llena de necesidades, inquietudes y posibilidades».

Está claro que cuando nos quitamos el yugo del trabajo y de la productividad podremos hacer las cosas de forma más tranquila. Podremos no sentirnos mal cuando necesitamos descansar, por ejemplo. Y aquí está un poco mi beef con Juan Evaristo Valls. No se trata de salirnos del trabajo para tumbarnos y no hacer nada. Desde mi punto de vista, estamos deseando hacer muchas cosas con nuestro tiempo libre.

¿Cuál es el reto aquí?

Que la siguiente generación no lo pase tan mal una vez que deja el trabajo, lo que también es normal que ocurra cuando la mayor parte de tu vida ha girado en torno a él. Nuestros padres son los primeros que querrían hacer muchísimas cosas que ahora no pueden, pero hay que convencerles de que tienen derecho para ello.

Ya lo ha mencionado. El filósofo Juan Evaristo Valls escribió El derecho a las cosas bellas. Vindicación de la vida holgada(Ariel, 2025). El autor dijo en una entrevista en La Marea que «una sociedad más perezosa nos llevaría a desplazar el capital del centro para entender la vida como descanso, placidez, repleta de vínculos improductivos y repleta de relaciones de cuidado». ¿Usted qué cree que pasaría si todos nos «desesforzáramos» un poco más? ¿Es algo utópico?

No creo que sea para nada utópico, ya estamos viendo un montón de ejemplos. Una gran parte de este movimiento de priorizar el tiempo al trabajo no viene de una organización explícita, es una corriente, una pulsión que ha crecido en la gente de manera orgánica. Poco a poco vemos cómo la gente no se cree ese discurso de que uno es lo que es en su puesto laboral. De alguna manera, se ha instaurado el sentido común y es una de las cosas que más esperanza a me generan.

Sobre qué pasaría si nos «desesforzáramos» más, pues nada. La sociedad seguiría funcionando y el agua seguiría fluyendo por las cañerías. Pienso que, si debemos entender el esfuerzo de alguna forma, es que debe ir hacia las personas a través de canales comunes. Esa es la manera de que todo funcione mientras nos esforzamos un poco menos. No olvidemos que el esfuerzo, aunque pensamos que es la norma, debería ser la excepción. Y luego también podríamos pensar por qué la mayor parte de los esfuerzos son individuales, no colectivos para un fin común.

Afirma que «la cultura del esfuerzo es una de las estrategias con las que el liberalismo trata de convencerte de que sí te da a elegir». ¿Vivimos en la ilusión de ser libres?

Yo creo que somos más libres de lo que pensamos. Cuando la gente asume los postulados de la cultura del esfuerzo, no es porque sea tonta o esté alienada. Me repito, pero creo que lo hace porque psicológica, vital y socialmente le va a granjear mayor beneficio. Tenemos que ser capaces de construir una alternativa a eso.

El médico Eduardo Vara, autor de Maldito trabajo. Sobrevivir a la cultura del sacrificio y repensar la vocación(Ariel, 2024), señaló en una entrevista en Ethic que «intentar mejorar constantemente es perjudicial para el trabajador». ¿Existe algún límite en ese «mejorar constantemente»?

Cuando uno se pregunta por la mejora y por la constancia, habría que preguntarse qué es mejorar y con qué intensidad puede hacerlo, y, sobre todo, a costa de qué. Esa es la respuesta que debemos encontrar como sociedad. Si los rendimientos de una empresa mejoran porque un empleado trabaja tres horas más a la semana, ¿es una mejora o un empeoramiento?

A mí también me jode el imperativo de insuficiencia que hay constantemente. Parece que tenemos un software instalado de mejora continua e infinita, y eso es devastador a nivel humano. No hago una enmienda a la totalidad sobre esto, pero sí tendríamos que empezar a aceptar algunos de nuestros defectos y límites.

Pero muchas veces la izquierda compra esta forma de entender el ascenso social a través de la meritocracia. La clase obrera es la que se esfuerza de verdad, no los ricos, no los poderosos.

La izquierda ha podido legitimar la cultural del esfuerzo a nivel histórico con lemas como «la tierra para quien la trabaja», y eso tenía todo el sentido del mundo. Defendíamos ese principio con el objetivo no tanto de estar más orgullosos de nuestro trabajo, sino de trabajar menos, repartirlo, llegar a construir una sociedad en la que el trabajo no fuera, ni mucho menos, la actividad central. Ahora bien, eso no significa que queramos ser clase obrera para siempre, porque la lucha tendría que seguir centrada en destruir las clases.

De hecho, seguimos trabajando casi la misma jornada que hace un siglo, cuando se conquistaron las ocho horas.

Hemos llegado a un punto en que la exigencia de acortar el horario laboral es algo muy residual. Ni siquiera los sindicatos mayoritarios la defienden con ahínco.

Volvamos a uno de los principales conceptos que aporta en su ensayo. Para darle la vuelta a la idea añade un adjetivo que lo cambia todo: propugna la cultura del esfuerzo común. ¿A qué se refiere exactamente?

Lo puedes llamar progreso, Estado, fraternidad… Lo que quieras, pero siempre buscando entre todos una manera planificada para evitar duplicidades y competencias absurdas. Si tienes un servicio postal que funciona bien, no es necesario que existan otros tantos que se encarguen de lo mismo. Es tan sencillo como eso.

La cultura del esfuerzo común lo que intenta es hacer pensar qué necesitamos como comunidad y sumar esfuerzos para no tener que estar tirando de heroicidades para conseguir los objetivos. Nada más y nada menos. Quiero una vida que merezca la pena ser vivida, que no sea una oda al sacrificio.

Desde el plano más personal, ¿ha merecido la pena el esfuerzo que ha hecho para escribir este libro? ¿Cómo lo ha hecho para capear esta contradicción?

Sí que ha merecido la pena. Yo he necesitado reconciliar todo ese esfuerzo con el proyecto político que presento en el libro, y eso es lo que quiero que suceda en la sociedad. La cultura del esfuerzo común nos tiene que ayudar a que cada uno pueda desarrollar sus pasiones e intereses con toda la intensidad y ganas del mundo, aunque se le den de pena. Tenemos que sacar nuestras aficiones, nuestros pasatiempos, de las garras del trabajo. Lo que tenemos que hacer es crear las condiciones para que yo pueda no vender ni un solo ejemplar de este libro y que no pase absolutamente nada.

La entrada Miguel Gómez Garrido: “El trabajo nos angustia cuando lo tenemos y cuando no lo tenemos” se publicó primero en lamarea.com.

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Hace apenas un par de años, Robert Thacker, autor de la biografía de la Nobel de Literatura Alice Munro, se vio obligado a explicar por qué no había incluido en ese libro, publicado en 2011, un episodio muy importante en la vida de la canadiense. El episodio en cuestión lo hizo público en un periódico una hija de Munro, Andrea Robin Skinner, dos meses después de la muerte de la escritora: «A la sombra de mi madre, un icono literario, mi familia y yo hemos ocultado un secreto durante décadas. Ha llegado el momento de contar mi historia». En realidad, Andrea ya la había contado hacía años a su familia, quien tenía que haberla protegido y no lo hizo. «Mi padrastro abusó de mí. Mi madre se quedó a su lado», tituló aquel artículo en Toronto Star en 2024. Ni siquiera una condena al agresor, según explicó Andrea, logró romper el silencio al que su familia la había sometido durante décadas. 

La historia de Andrea Robin Skinner es la historia de tantos niños y niñas que se siguen contando y no se creen hoy en todo el mundo, en España, en tu barrio, en tu propia casa; que se cuentan y no pasa nada. O que incluso continúan sin contarse. Es la historia de tantos y tantos agresores bien reputados, bien vistos, que dicen, en los pocos casos en los que son juzgados, que no es verdad o que fue la niña o el niño quien los sedujo; agresores que entran en el cuarto de su hijo por la noche y le ponen el mejor de los desayunos por la mañana, que siguen delinquiendo amparados por la impunidad, por el mirar para otro lado. Es la misma historia de tantas y tantas familias que se rompen por un delito que continúa siendo un tabú, algo muy fuerte, tan asqueroso, tan perverso, que no entra en cabeza humana. Pero que existe, que lo cometen hombres, familiares y conocidos en su mayoría. No son monstruos, ni psicópatas, no tienen diagnosticada enfermedad alguna. 

 «Eso es, es eso. Nunca es tarde para hablar de ello. No es Epstein, son las casas, es lo que está pasando hoy en las casas», dice hoy desde Sevilla María, una niña ya adulta como Andrea Robin Skinner. María usa este nombre porque no quiere revelar su nombre real, y asegura que su familia está rota porque contó que un familiar cercano la había estado agrediendo sexualmente cuando era una niña. Esta sentencia de 2023, que condena al tío de una pequeña como María, confirma que no estamos ante casos aislados: «La menor explicó que no lo hizo antes –contar que su tío la agredía– porque tenía miedo a que no la creyeran, y porque pensaba que al revelarlo la familia se iba a romper, como ocurrió cuando se supo. Es algo repetitivo en estos casos».

María afirma que en su grupo de terapia, en el 90% de los casos no tuvieron apoyo familiar: «La respuesta sobre cómo respondían las madres era muy similar, hemos sido repudiadas, no hemos tenido apoyo real y práctico», dice en un pasaje que recuerda, a su vez, a la interpretación de Belén Rueda en No tengas miedo, una película dirigida por Montxo Armendáriz en 2011. La niña –Michelle Jenner– se lo cuenta una y otra vez a su madre, pero la madre, que puede representar también a la sociedad, no quiere creerla, no quiere asumir que eso que está narrando su hija se está produciendo, que sea el padre el que lo está cometiendo, o quizá no puede asumir el error de no haberla protegido. 

La ministra Rego, víctimas y especialistas piden mirar de frente a la pederastia en el acto de ‘La Marea’

Esa es otra cuestión que se repite, el perfil (o no perfil) del agresor, porque cualquiera puede serlo. Todas las encuestas realizadas hasta el momento, todos los colectivos que trabajan en este asunto, lo confirman: en torno al 80% de este tipo de violencia se da dentro de la familia o entornos muy conocidos.

«Serán imaginaciones tuyas», concluye la madre sobre lo que le cuenta su hija en la película de Armendáriz, como suele pensar la sociedad ante los casos reales. «Cuando yo lo conté, dos años después, cuando tenía 11 años, me llevé una reprimenda tremenda, me dijeron que aquello era una invención», dice Francisco, hoy con 43 años. Cuenta que en su caso fue un vecino. «No se quiere ver porque faltan herramientas y se tiene miedo al conflicto. Y en nuestra sociedad los abusos sexuales a menores es algo que tenemos bastante asimilado, sabemos que pasa, pero cuando pasa y lo tenemos delante de nuestras narices nos resulta tan espantoso que preferimos mirar para otro lado antes que abordarlo y denunciarlo», prosigue. 

Desde la Fundación ANAR parten de una máxima: «Siempre tenemos que creer a los niños, niñas y adolescentes, hay que darles un espacio, decirles que no les vamos a juzgar, que la culpa la tiene el agresor, y tener oídos para esos niños», explica Shauri Molina. En el 9,4% de los casos atendidos, tuvo que intervenir el departamento jurídico; y en el 9,3%, hubo una coordinación con entidades externas para proteger a esos niños.  

Porque otra supuesta explicación que se esgrime para no mirar es culpar a la víctima: «Serás una puta», le dijo una madre a su hija con 12 años cuando le contó lo que le hacía su padre: «¡Pregúntaselo a tu marido, papá me está tocando y va a mi cuarto todas las noches por mí!». «Imagínate qué ganas tienes tú de hablar de esto», explica la terapeuta Eva Medina ante este caso que trató. El problema, como analiza, es que un niño no imagina lo que no ve, no fantasea con lo que no conoce. «O lo ha visto o se lo han hecho, y en ambos casos es delito», dice. Y se llama pederastia –continúa– por muy dura que suene la palabra: «Es fuerte, pero es la realidad. Una persona que abusa de un menor es un pederasta, sea el padre, el hermano, el tío, la madre o Perico el de los palotes». 

El segundo marido de Alice Munro agredió sexualmente a Andrea cuando ella tenía nueve años. La niña hizo llegar el caso a su padre, que se quedó de brazos cruzados: «La incapacidad de mi padre para tomar una decisión que me protegiera me hizo sentir que yo no formaba parte de ninguna de las dos familias. Estaba sola». La violencia continuó hasta que llegó a la pubertad. Años después, con veintitantos, se lo contó a su madre, aprovechando que había escrito uno de sus cuentos de premio sobre una niña que se suicidó tras ser agredida por su padre. Fuera de la literatura, en la vida real, ante el caso de su hija, Alice Munro también se cruzó de brazos: «Reaccionó exactamente como me temía que haría, como si se hubiese enterado de una infidelidad». 

A lo máximo que llegó, según narra Skinner, fue a hablarle sobre otros niños con los que este hombre mantenía «amistades», como si la traicionada hubiera sido ella, la esposa. «¿Se dio cuenta de que estaba hablando a una víctima y que yo era su hija? Si lo hizo, yo no lo sentí. Cuando intenté decirle cómo el abuso de su esposo me había causado daño, se mostró incrédula». Andrea, que ahora ayuda a personas que han pasado por su misma situación, rompió la relación con su madre cuando nacieron sus hijas. Ella sí tuvo claro que nunca iría con ellas allí donde el agresor estuviera.

Gerald Fremlin, el segundo marido de Munro, el padrastro de Andrea, el agresor, fue condenado en 2005 después de que Andrea, la hija de Alice Munro, la hijastra, la víctima lo denunciara ya mayor: dos años de prisión provisional y una orden de alejamiento de menores de 14 años. Fremlin era ya octogenario. Murió en 2013 y, hasta ese momento, Munro, la madre de la víctima, permaneció al lado del agresor. ¿Por qué no incluyó este episodio, aun conociéndolo, aun con sentencia condenatoria, el biógrafo de la premio nobel? ¿Qué motivo expuso para no hacer nuevamente nada, para cruzarse de brazos ante esta historia? «Yo lo veía como un asunto familiar privado», justificó.

Detrás de ese argumento se ha escondido históricamente uno de los principales problemas a la hora de afrontar –y prevenir– la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes: lo que le hizo el padrastro a la hija de Alice Munro no es un caso aislado, como tampoco lo es lo que le hicieron los curas pederastas a sus víctimas, ni lo que un tío, un primo, un padre o un abuelo siguen haciéndole a muchos niños y niñas hoy en sus casas, igual de pederastas que estos curas; o lo que los actualizados agresores sexuales continúan haciendo a estas personas vulnerables a través de las pantallas. Lo que les ha pasado históricamente a los niños y niñas, como María o Francisco, y sigue ocurriendo hoy, lo que hacen los agresores sexuales con estos niños y niñas, es un delito público derivado de un problema social estructural, de salud pública, como indican los especialistas consultados.

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BOGOTÁ // Lo último que ve Daniel Jaimes es el destello de un disparo. Se oscurece la tarde del 1 de mayo de 2021, se apaga su visión. El gas del proyectil lanzado por un agente policial rasga su garganta. Cae al suelo y siente que una parte de su cara se desprende del cuerpo. El cilindro de gas lacrimógeno impacta directamente sobre el lado derecho de su nariz, pulverizando los huesos de sus pómulos, rompiendo su tabique y los pisos orbitales “que son los huesos que sostienen los ojos”, desprendiendo el maxilar superior. Pierde diez piezas dentales. Su ojo derecho estalla. “Usted es para que estuviera muerto”, todavía repiten doctores y cirujanos.

Una lágrima gotea incesante bajo el pañuelo negro de tela que cubre ahora la parte derecha de su rostro, dice que es por la celulitis preseptal, una infección recurrente. “Pasé por tanto dolor desde el principio… tú viste cómo estaba. Esa lágrima es porque me duele, pero uno se acostumbra”, se resigna Daniel. Cinco años después del impacto –durante el mayor estallido social en Colombia– el dolor físico ya no lo define todo. “Soy una persona rota, no te lo voy a negar”. Silencio. “Sé que nunca voy a sanar del todo, pero soy terco: creo que con amor se puede tapar el sol”, narra el joven de 25 años, dejando ver una leve sonrisa.

Cinco años del estallido social: 5.340 casos de violencia policial

El 28 de abril de 2021, millones de colombianos se tomaron durante casi cuatro meses las plazas, calles y parques de todo el país en contra de la reforma tributaria del entonces presidente derechista, Iván Duque. Una reforma que ahogaba, aún más, a las poblaciones más afectadas por la crisis sanitaria del COVID-19. Las históricas marchas retomaban el eco del Paro Nacional de noviembre de 2019. Los reclamos de justicia social, mejoras económicas y sociales, el cese de los asesinatos contra líderes sociales pronto se mezclaron con los pedidos de una reforma policial.

La Fuerza Pública colombiana (Policía Nacional, el Ejército y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD, hoy llamado UNDMO) reprimió a los manifestantes, en su mayoría jóvenes, con una violencia colosal. Tanquetas y lanzaderas de proyectiles Venom contra las piedras de los manifestantes, gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar las arengas pacíficas, tiros de balas contra escudos de latón y madera. Solo entre el 28 de abril y el 20 de julio, la Plataforma Grita de la organización colombiana Temblores registró 5.340 casos de violencia policial en todo el territorio: 40 casos de violencia homicida, 105 casos de trauma ocular, 35 casos de violencia sexual. Hubo estigmatización contra la protesta y los manifestantes, detenciones y judicializaciones arbitrarias, abusos de autoridad, desapariciones. Hoy, en el quinto aniversario, la gran herida abierta de todo un país sigue siendo la impunidad de sus violencias estatales.

“Existe un pimponeo entre la jurisdicción penal militar y la justicia ordinaria que funciona como una estrategia dilatoria para evitar el esclarecimiento de los hechos”, afirma Camilo Mendoza, de Temblores ONG. Su último reporte demuestra cómo los casos registrados de violencia policial siguen sin haberse esclarecido y muchos han sido archivados. “El acceso a la justicia en el ámbito penal muestra un panorama muy crítico”, reconoce Mendoza. De los 105 casos registrados de trauma ocular, solo uno tiene una sentencia condenatoria en primera instancia. “Esto demuestra un escenario de impunidad sistemática y estructural frente a violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado”, denuncia.

Agresiones oculares, persecución y exilio

Al otro lado del teléfono, Leidy Natalia Cadena, narra con tesón los detalles previos a perder la visión total de su ojo derecho. “No fue un error. El primer disparo fue directo al ojo, el segundo a la pierna”. Era la única mujer del grupo, tenía 22 años cuando fue alcanzada por el proyectil de bala de goma disparado por el miembro del ESMAD, Danilo José Núñez; quien fue condenado a siete años de prisión el pasado 6 de abril, siendo de los primeros casos en llegar a la justicia ordinaria por mutilaciones oculares durante las protestas sociales. “La sentencia es agridulce. A mí me arrebataron todo: mi país, mi familia, mi profesión. Siete años de cárcel no me devuelven nada”, se lamenta desde el exilio.

La joven politóloga tuvo que salir del país por las amenazas recibidas después de hacer público su caso. “El primer año fuera de Colombia fue muy duro. Yo estaba en shock. Luego una amiga que también había perdido un ojo se suicida, y eso me destruye”. Durante meses le costó levantarse de la cama, sobrevivir. A Leidy todavía le quiebra la voz hablando de su exilio: “Me quitaron la posibilidad de vivir la vida que había construido”.

La falta de justicia para las víctimas de crímenes por parte del Estado se ha vuelto un paisaje habitual en Colombia. Desde el genocidio de militantes de la extinta Unión Patriótica hasta los mal llamados «falsos positivos», civiles ejecutados extrajudicialmente por militares, o las víctimas durante las protestas sociales. “Lo que estamos viendo es la continuidad de un patrón de impunidad que el país arrastra desde hace décadas”, dice Alfonso Castillo, de la organización de víctimas de crímenes de Estado, Movice. “No hay avances reales en la justicia frente a hechos graves cometidos por agentes estatales, y eso envía un mensaje muy negativo a las víctimas y a la sociedad en general”.

“Una oportunidad perdida”, el reclamo de la reforma policial

El 19 de junio de 2022, ante una multitud eufórica e ilusionada, escudado por el retrato del joven Dylan Cruz, asesinado por el ESMAD durante el Paro Nacional de 2019, el recién elegido presidente Gustavo Petro –el primero de izquierda– pronunció lo siguiente: “Ningún joven volverá a ser violentado por imaginar un país diferente”. Habló de las víctimas del estallido social, abrazó a la madre de Dylan, que lo acompañaba en el escenario, y se convirtió en la esperanza de ese grito sordo de justicia, verdad, reparación y no repetición que coreaban millones de personas que meses antes habían marchado en las calles.

“Uno de los aspectos más llamativos es que el gobierno ha respondido de manera más efectiva a las demandas de otros sectores sociales que a las de las juventudes populares, que fueron centrales en el estallido y también en el cambio político que vino después,” cuestiona Víctor Barrera, del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).

Petro hizo campaña apoyado sobre esa demanda del movimiento social –y de los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales– de una reforma policial. La promesa electoral de justicia para las víctimas del estallido, según el investigador de Temblores, no se materializó en los términos que la ciudadanía esperaba. “Eso deja una sensación de oportunidad perdida, incluso en un contexto político que parecía favorable”, apunta Mendoza.

A poco más de tres meses de que culmine su mandato, de aquel grito solo queda un sollozo. El gobierno izquierdista impulsó una reforma policial desde el Ministerio de Defensa, entidad bajo la que se cobijan los uniformados, y se emitió la Directiva Permanente 009 de 2023. La Policía cambió sus uniformes, el ESMAD pasó a llamarse UNDMO: Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden.

“Se ha avanzado en introducir el diálogo como herramienta para gestionar la protesta, incluso desde el Ministerio del Interior, pero la reforma estructural de la policía no se dio y esa discusión se fue perdiendo”, reconoce Barrera, uno de los autores del libro Dilemas en movimiento, un texto que analiza cómo interactuaron todos los actores que participaron en las movilizaciones sociales.

Por su parte, los supervivientes de las violencias policiales continúan haciéndose la misma pregunta: ¿quién dio la orden? Miguel Fernando Leal, de 44 años, es uno de los miembros más adultos del Movimiento en Resistencia Contra las Agresiones Oculares del ESMAD (MOCAO), conformado en 2021 para cobijar a las víctimas de lesiones oculares. Su historia es similar a la de sus compañeros. Salió a marchar pacíficamente en el sur de Bogotá, en un barrio popular, y un uniformado le disparó una bala de goma directamente contra su ojo izquierdo, quitándole la vista para siempre. “Yo sí creo que hay una intencionalidad. Estos disparos a la cabeza no son accidentales. Hay un objetivo: callar, dejar una marca, generar miedo en los demás”, reclama.

Su vida, y la de su familia, cambió para siempre. Se mira al espejo y ve dos personas distintas. Su mano derecha actúa de bastón, con ella palpa el mundo que no puede ver. “La sociedad no dimensionaba que por salir a protestar podía pasar algo así. Una cosa es que te detengan o que haya una sanción, pero otra es que te disparen a la cabeza. Eso ya es una mutilación, algo que te cambia la vida para siempre”.

En 2024, el Gobierno colombiano emitió el Decreto 1231 que, entre otras cosas, limita el uso de la fuerza policial en las movilizaciones. “Hemos visto que, según cifras oficiales, se han reducido las intervenciones donde se usa la fuerza, lo cual es positivo”, dice Mendoza, señalando que, si bien ha habido mayores garantías para la protesta social, en los escenarios donde se utiliza la fuerza se siguen presentando irregularidades y abusos.

Pese a algunos esfuerzos, las transformaciones estructurales en la Fuerza Pública y los pedidos de los organismos de derechos humanos, entre ellos sacar a los uniformados del Ministerio de Defensa, quedaron fuera de la agencia del Gobierno. El próximo 31 de mayo se celebran elecciones en Colombia, con el candidato de izquierda Iván Cepeda liderando las encuestas con un breve margen ante la candidata del uribismo, Paloma Valencia. “El contexto actual es preocupante porque la violencia está siendo utilizada como argumento político. En medio de escenarios electorales, ciertos sectores recurren a discursos que priorizan la seguridad por encima de los derechos, lo que puede tener consecuencias graves para la democracia”, dice el activista e investigador del Movice Alfonso Castillo.

“El enemigo no es el uniformado, es el sistema”

“Yo ya sé quién fue el policía que me disparó”, dice Gareth Sella, cineasta, ex viceministro de Juventudes del actual Gobierno y sobreviviente de agresión ocular. Perdió la vista de su ojo izquierdo en febrero de 2020, antes de que iniciara el estallido social. Gareth formaba parte de los Escudos Azules, una agrupación de estudiantes que, resguardados por escudos de madera, plantaban cara y protegían a los manifestantes de los ataques policiales cuando se iniciaban los disturbios. No pudo marchar durante el estallido social, pero su activismo cobró más sentido el día que le arrebataron la vista. “La gente ha despertado y aunque nos quiten los ojos, vemos sus crímenes de Estado”, pronunció ante el Congreso, cuando las plazas comenzaban a llenarse de manifestantes.

Su caso, como la mayoría, sigue en la impunidad. “Para mí el enemigo nunca fue la policía… es el sistema”, expresa dejando ver una rabia común que se repite entre las víctimas. Un relato que también repite Daniel Jaimes: “Tuve que entender que hacerle daño a la persona que me disparó no me va a hacer mejor. Se trata de transformar esa rabia en algo que sirva”. Y Leidy Cadena: “Esto no es solo contra una persona, es contra una institución que hizo de esto algo sistemático. Han pasado cinco años sin que digan la verdad”.

Colectividad y resistencia

Para Víctor Barrera, el estallido puso en la agenda pública problemáticas estructurales que llevaban años invisibilizadas e ignoradas, especialmente en lo referente a las fuertes desigualdades sociales que atraviesan al país. Si bien, no todos los sectores del movimiento social tuvieron un papel dentro de la institucionalidad, se articularon redes con impacto local o barrial. “Uno de ellos es el fortalecimiento organizativo en sectores populares que no estaban vinculados a formas tradicionales de movimiento social”, señala.

Gareth reconoce visiblemente decepcionado que las personas y colectivos que estuvieron al frente durante el estallido no tuvieron un papel relevante dentro de las instituciones, incumpliendo las promesas de campaña y el sueño de las poblaciones más marginadas por el Estado.

Gracias a la ayuda de la cooperación y los organismos internacionales, MOCAO, junto con el Centro de Investigación Internacional de Violencia Ocular, están estudiando el impacto de las armas menos letales, recabando testimonios de supervivientes de todo el mundo con el fin de que las agresiones oculares sean reconocidas como crímenes de lesa humanidad.

Daniel lleva poco más de un año trabajando incesantemente en el centro de investigación. Su voz, pese a su juventud, suena como la de un líder. Sus colegas bromean y lo llaman “el profe”. Estar ahí, investigando, estudiando, hablando con otros supervivientes, le ha ayudado con la sombra siempre presente de la depresión, que le llevó a intentar quitarse la vida en al menos una ocasión. “Lo que hacemos no tiene que ver con lengua, raza o género. Los derechos humanos tienen que estar por encima de todo”, dice convencido.

Cinco años después de nuestro primer encuentro, cuando llegó a la entrevista con el rostro inflamado, enrojecido, con dos tubos en la nariz para poder respirar, con la voz de un niño que se hizo adulto entre hospitales, Daniel habla de su trabajo como activista y líder con el entusiasmo de alguien que, pese al dolor, tiene una fuerte urgencia por vivir. “Mi abuela, que fue quien me crió, me dijo un 31 de diciembre: ‘Estoy tan orgullosa de usted’. Era lo único que yo quería escuchar”.

– Dani, ¿con qué sueñas?

– Mi sueño es un mundo más justo. Y eso es trabajo de todos: generar empatía en el otro, ayudar a que la gente no repita el dolor que uno vivió. A mí me encanta ayudar. Quiero una vida larga para eso: ayudar lo máximo que pueda.

Debajo de la tela que cubre el lugar donde antes estaba su ojo derecho sigue brotando una lágrima. Está vez, de emoción.

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Poca gente se para a pensar quién está detrás de la traducción del libro que está leyendo. Mucha menos llega a pensar cuánto cobrará esa profesional, que seguramente no se pueda dedicar a la traducción como única forma de ganarse la vida. Y por si fuera poco, un nuevo golpe amenaza a este sector, en el que parece que lo único estable es la precariedad: la incursión de la inteligencia artificial generativa (IAG) en las editoriales podría desplazar (aún más) a los traductores, pauperizar (aún más) su labor y convertirles en meros correctores de un producto fabricado a través de una máquina.

Para evitarlo, el pasado 21 de abril hicieron pública una iniciativa: un sello que certifique que la traducción que el lector disfruta está realizada por un ser humano. Su materialización pasa por el buen hacer y la confianza en las compañías editoriales, cuya postura, por el momento, se puede resumir en un concepto muy en boga: la libertad (empresarial) primero.

Amaya García, presidenta de ACE Traductores, la principal asociación de traductores editoriales de España, que aglutina a unos 700 profesionales, asegura que la situación se ha agravado en las últimas dos décadas. «Las tarifas de los traductores llevan muchísimo tiempo sin subir. Que seamos la mayoría autónomos complica mucho nuestro poder de negociación», comenta. Ahora, el posible uso de la IAG por parte de editoriales para sustituir la labor de los traductores empeora una realidad que critican desde su nacimiento. «La IA se aprovecha de las obras que ya hemos publicado, de las de todo el mundo, explotándolas como otro tipo de piratería y saqueo, para elaborar sus traducciones», afirma.

Las tarifas que manejan dependen de los idiomas que traduzcan. Una «buena tarifa» con la que García trabaja es 0,055 euros por palabra, «y aún así es insuficiente para poder vivir de esto», apostilla. Tendría que traducir 22.200 palabras para llegar a los 1.221 euros mensuales de salario mínimo bruto reconocido en 14 pagas. Según la presidenta de ACE Traductores, una novela de unas 200 páginas puede abarcar dos o tres meses de trabajo. De todas formas, hay encargos que hasta desecha. «Pagan tan poco que tengo que recortar en calidad, pero luego lo firmo yo, ¿y cómo sabe el lector que esa traducción que no es tan buena no obedece a mi capacidad de trabajo sino a mis condiciones laborales? Para eso prefiero decir que no», denuncia.

Ana Alcaina, traductora editorial y profesora en la Facultad de Traducción de la Universitat Autònoma de Barcelona, admite que vive cierta incertidumbre por ver hasta qué punto, según sus propios términos, se le cae el libro de las manos a un lector cuando lea la traducción realizada por una IA. Y añade: «Construir juegos de palabras, expresar las emociones que esconden los personajes, producir la voz del autor y elegir entre adjetivos es un trabajo más minucioso de lo que puede hacer una máquina». Esta docente universitaria esgrime que la IAG «regurgita» un texto, que además es una versión de otros muchos.

Virginia Maza, afincada en Zaragoza y traductora con más de 20 años de experiencia, ayuda a perfilar el panorama: «La IA no es neutral, tiene ideología y unos fines económicos que sirven a la lógica capitalista». Ella es un caso inusual dentro de su profesión ya que se dedica a la traducción en exclusividad. Remarca que las negociaciones de tarifas son duras: «Yo llevo ya bastante tiempo, pero a las compañeras nuevas siempre les aconsejo que se asocien, que vayan a lo colectivo».

Ninguna editorial ha confesado en España que utiliza la IAG para traducir los libros extranjeros que comercializa. Sin embargo, en el sector se barrunta que la idea no es ajena a las empresas. Ya ha ocurrido con el sello Harlequin, del grupo HarperCollins, en Francia. «Quieren que los traductores acabemos puliendo los textos generados con IA por mucho menos dinero», señala García, presidenta de ACE Traductores, antes de advertir que esa forma de trabajar incluso lleva más tiempo que la traducción original en sí.

ACE Traductores no quiere quedarse viéndolas venir. Saben bien que las editoriales se valen de subterfugios para no indicar que una obra no ha sido traducida por un humano, y si lo indican, lo hacen de tal forma que el lector medio no se percata de ello. «La única salida que nos queda es proclamarlo nosotros a través de un sello de certificación» orientado al público lector, subraya García.

Las editoriales son clave para que este sello se normalice y se extienda lo más posible. «Contamos con su buena fe», remarca la presidenta de ACE Traductores, quien apunta que los lectores también tienen derecho a esa transparencia. Si alguno no le da tanta importancia a la traducción realizada por un humano, se podría quejar de que le cobraran lo mismo por el libro traducido con IAG.

La Asociación de Editores de Madrid no ha atendido a La Marea, pero su vicepresidente, Paulo Cosín, ha dejado una declaración: «La IA supone en algunos casos una amenaza y en otros una oportunidad, y los diferentes protagonistas de la cadena de valor tendremos que analizar el uso correcto y las limitaciones, tanto desde el punto de vista legal como ético». Sus homólogos catalanes han defendido que «todo es muy embrionario», en relación con la traducción realizada mediante IAG, aunque sí es una herramienta que abordan en sus órganos de debate y formación.

Por su parte, desde la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) han indicado que no intervienen en la operativa de las compañías, «que evidentemente tienen plena libertad para fijar sus criterios de actuación en todo el proceso de elaboración de un libro». Asimismo, han asegurado desconocer si hay editoriales que se valen de la IA para sus traducciones. «Por lo que a nosotros respecta y como no puede ser de otra manera, cada una decide libremente sobre el uso de cualesquiera herramientas digitales», han añadido.

De la misma forma, la FGEE ha reconocido que el entrenamiento de la IAG debería contar con la autorización de los creadores de las obras que la hayan alimentado. Nada de esto es suficiente para la traductora Virginia Maza, quien cree que la clave es la transparencia y que la IA es «una gran herramienta terrible que amenaza la vida». Dejar la cultura en sus manos, asegura, «no es peligroso únicamente para la cultura, sino también para la lengua, nuestro idioma y el pensamiento humano».

Este reportaje se ha publicado originalmente en El Periscopio, el suplemento cultural de La Marea. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para seguir apoyando el periodismo independiente.

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El 7 de mayo se convierte en un día histórico para las escuelas infantiles de España. Su profesorado convoca una huelga nacional, la primera del sector, en la que solo ofrecerán los servicios mínimos.

En una rueda de prensa convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), varios miembros de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) y representantes de las trabajadoras de educación infantil en la etapa de 0-3 años han explicado las razones de esta huelga. «Somos la base, somos educación», subrayó Lucía Martínez, miembro de la PLEI, en un momento de su intervención. 

«Esto es algo histórico. Nunca todo el sector 0-3 en la Comunidad de Madrid había hecho una huelga indefinida [iniciaron su paro el pasado 7 de abril]. Que todo el sector se manifieste el 7 de mayo en todas las comunidades autónomas en defensa de una educación pública, gratuita y universal y de unas condiciones dignas para la primera infancia es muy emocionante», cuenta a La Marea Rosa Marín, representante de la PLEI. Desde las escuelas infantiles están ejerciendo presión –«tan necesaria», a juicio de Marín– para que las instituciones públicas les escuchen. Lo denominan la «revolución amarilla».

Además de la huelga estatal, se celebran manifestaciones esta tarde en diversos puntos de España a las que se anima a asistir también a las familias «para luchar por el derecho de sus hijos e hijas a recibir una educación de calidad», anima Marín.

La portavoz de la PLEI reconoce que ya se han reunido con la ministra de Educación y han abierto una línea de trabajo para caminar hacia las mejoras que el sector demanda. Sin embargo, denuncia que «la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ni nos atiende ni nos ha escuchado; se ha reunido con los sindicatos mayoritarios para ver temas concretos, pero creo que en su cabeza no está la problemática global de la que hablamos».

Qué medidas se solicitan

¿Por qué se manifiestan? «Por dignificar el 0-3. Por la bajada de ratios. Por la subida de salarios. Por el reconocimiento profesional», resumen unos profesores y profesoras de la PLEI en su perfil de Instagram. «Es hora de dejar de ser invisibles, de exigir los recursos que nuestra infancia merece». Estas son sus peticiones.

1. Una aproximación a las ratios europeas

«No te dan las manos para cambiar un pañal mientras otro tiene hambre, otro sueño, otro llora…», admite Rosa Marín. «Queremos una normativa a nivel estatal que estipule unas ratios respetuosas con la infancia y que, por lo menos, se asemejen a las recomendaciones de la Unión Europea». El Decreto 18/2008, de 6 de marzo, establece los requisitos mínimos para los centros que imparten el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) en la Comunidad de Madrid, unas ratios que, con pequeñas variaciones, se mantienen en todas las comunidades autónomas, y que están alejadas de las cifras europeas.

Cuidar de un solo bebé ya es complicado. En este caso se trata de un/a educador/a para 8 bebés de 0-1 año, una para 14 de 1-2 años, y una para 20 de 2-3 años. En la puerta de una escuela infantil de A Coruña, las docentes han colgado un cartel que compara la ratio actual en España con la de países como Finlandia, Inglaterra o la vecina Portugal. Mientras en España contamos con 8 bebés por aula, en el resto de países mencionados tienen 4, 3 y 5 menores de un año, respectivamente, al cuidado de una persona. «Lo que pedimos es cambiar nuestros ratios por una educadora para 3 bebés de 0-1, una para 5 niños/as de 1-2 años y una para 6 de 2-3 años», cuenta la portavoz de la PLEI.

2. Pareja educativa

La pareja educativa es un modelo de trabajo en el ámbito educativo en el que dos docentes (o un docente y otro profesional) comparten la responsabilidad de un grupo de estudiantes de manera coordinada. «Necesitamos ser dos en el aula para atender la individualidad que requiere esta etapa», sostiene Marín, de la PLEI. Y no solo por bajar las ratios, sino por facilitar que todos los menores consigan construir un vínculo con una de esas dos personas de referencia, y que estas tengan un «conocimiento profundo» de ese niño o niña.

3. Salarios dignos y reconocimiento de las categorías profesionales.

«Con la responsabilidad y formación que tenemos, estamos teniendo tablas salariales por debajo del salario mínimo interprofesional. Es indigno y muy frustrante dejarnos vendidas a un convenio colectivo que es imposible mejorar», insiste Marín. Esa subida salarial debe estar acompañada «de una dotación suficiente de recursos», apunta, por su parte, David Castro, representante de la plataforma Galicia Dignidade 0-3, brazo autonómico de la plataforma estatal.

4. Calendario escolar como el de otras etapas educativas 

«Estamos obligados a abrir 12 meses al año», denuncian desde Galicia Dignidade 0-3. «No entendemos por qué las criaturas más pequeñas, que más necesidad tienen de pasar tiempo con su familia, tienen que estar durante el mes de julio en las aulas», añade desde Madrid Rosa Marín. «¡Y sin climatización! Porque esa es otra cosa: las infraestructuras se nos caen a pedazos, con goteras, moho… Es vergonzoso».

5. En Galicia no son parte de Educación

«En Galicia no estamos ni siquiera reconocidos por la Consellería de Educación; estamos adscritos a Política Social. Y esto, que parece una tontería, implica bastantes cosas», explica David Castro. «El carácter educativo incluiría, por ejemplo, horas reconocidas de atención a la infancia, de programación, de evaluación, de tutorías, reuniones de equipo, reuniones con las familias… Eso no está recogido, eso sale de nuestras horas libres».

Una lucha feminista en un sector feminizado

«La infancia hay que cuidarla. Es nuestro mayor valor como sociedad», subraya Marín, que lleva cinco semanas en huelga indefinida en Madrid. Define esta reivindicación también como una «lucha feminista contra este sistema patriarcal que nos sigue asfixiando y que no pone en valor los cuidados, algo que tradicionalmente han hecho las mujeres». «No somos cuatro locas, es todo un sector».

Coincide con ella Castro, de Galicia Dignidade 0-3: «Este es un sector muy feminizado. Casi el 96% son mujeres. También por eso creo que las reclamaciones que hacen juegan a favor de una política de igualdad real. Porque no vale más fabricar neumáticos que educar a un niño pequeño. Y, sin embargo, se paga más».

La primera infancia, una etapa clave

«La etapa 0-3 no es conciliación». Este es el primer punto del manifiesto de las escuelas infantiles en Galicia, difundido por la plataforma Galicia Dignidade 0-3.

La primera infancia siempre ha sido denostada, como si los receptores de esta educación inicial no se enteraran de nada. La neurociencia y la pedagogía indica, en cambio, que es una etapa fundamental: el cerebro es una esponja y es en esas edades cuando se crea la personalidad, la socialización, la construcción de vínculos, la tolerancia a la frustración, la co-regulación con su figura de referencia… Esa referencia, en el aula, son las educadoras. «No puedes ofrecer lo que no tienes. Y tú no puedes tener una estabilidad emocional cuando tienes a ocho bebés llorando».

«Es una lucha por poner el foco en la infancia y dejar el adultocentrismo, la producción y el capitalismo exacerbado que nos está comiendo», demanda Marín.

Servicios mínimos

Se han marcado en toda España unos servicios mínimos para que las familias que, por conciliación, necesitan llevar a sus niños y niñas, puedan hacerlo con garantías de que serán cuidados. Aunque en el caso de Galicia, «la Xunta nos está marcando unos servicios mínimos abusivos», denuncia Sandra, docente en 0-3 en una escuela pública de A Coruña. «Nosotros aquí somos 14 educadoras y, si seguimos sus pautas, sólo nos podríamos ir a la huelga cuatro personas».

A continuación, se pueden ver los horarios de las manifestaciones en diversas localidades.

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En marzo de 2026, Anthropic –la empresa que fabrica el modelo de inteligencia artificial Claude– publicó un informe sobre el impacto de la IA en el mercado laboral. Sus autores, Maxim Massenkoff y Peter McCrory, introducen un nuevo indicador para medir el riesgo de desplazamiento laboral por IA al que llaman observed exposure, una métrica que cruza la capacidad teórica de los modelos de lenguaje con su uso real y automatizado en entornos profesionales.

Los números son reveladores en su frialdad, aunque a estas alturas ya no sorprenderán demasiado: los programadores informáticos encabezan la lista de ocupaciones más expuestas, con un 74,5% de cobertura automatizable. Les siguen los representantes de atención al cliente (70,1%), los técnicos de entrada de datos (67,1%), los especialistas en registros médicos (66,7%) y los analistas de mercado (64,8%). La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos proyecta, además, que las ocupaciones con mayor exposición observada crecerán menos de aquí a 2034: por cada 10 puntos porcentuales de incremento en la cobertura IA, la proyección de crecimiento del empleo cae 0,6 puntos. Es una pendiente modesta en los decimales, pero inequívoca en la dirección.

El informe también detecta algo que todavía no aparece en las estadísticas de desempleo pero que lo precede: la contratación de jóvenes entre 22 y 25 años en los sectores más expuestos ha caído un 14% en el período post-ChatGPT. Los trabajadores de mayor edad permanecen en sus puestos; los jóvenes, sencillamente, ya no entran. La máquina no expulsa todavía de forma masiva; por ahora, cierra el acceso a quienes aún no han llegado.

Conviene señalar, antes de seguir, algo que ningún modelo econométrico puede capturar: el informe lo publica la misma empresa que construye la herramienta que desplaza los empleos. El capital tecnológico se ha arrogado también la función de diagnóstico, y eso delimita de antemano qué puede ser visto, pensado y, sobre todo, propuesto como solución. El informe mide la exposición al riesgo, pero la pregunta que no formula –a quién va a parar la productividad ganada– la responden los mercados cada trimestre con resultados récord.

La promesa incumplida de la abundancia

En 1930, en plena resaca del crack de Wall Street, John Maynard Keynes publicó un ensayo llamado Economic Possibilities for our Grandchildren en el que imaginó que hacia el año 2030 el progreso tecnológico habría resuelto el problema económico de la humanidad. Su predicción era que por aquel entonces (dentro de cuatro años), la humanidad disfrutaría de una jornada laboral de 15horas semanales, y el resto del tiempo podría ser dedicado al ocio, a la cultura, a lo que a cada cual le diera la gana. Keynes no era un revolucionario ni un utopista de izquierdas; era el economista más influyente de su siglo, y su argumento era puramente aritmético. Si la productividad crece lo suficiente, llega un momento en que las máquinas hacen el trabajo y los seres humanos pueden hacer otra cosa.

Paul Lafargue había llegado a una conclusión similar cincuenta años antes, en El derecho a la pereza (1880), aunque con una carga política que Keynes no compartía: si las máquinas producen más, los seres humanos deberían trabajar menos, y el hecho de que eso no ocurra dice algo sobre quién controla las máquinas, no sobre las máquinas en sí.

Marx lo había formulado en términos más radicales todavía, en los Manuscritos económico-filosóficos de 1844, al describir el trabajo como la forma fundamental de alienación del ser humano bajo el capitalismo. En ese texto, el trabajo se convierte en algo externo al trabajador, en una actividad que no le pertenece y que le arrebata la energía vital para convertirla en mercancía. La tecnología, en este esquema, debería representar la posibilidad histórica de revertir esa alienación: si las máquinas hacen el trabajo, los seres humanos podrían recuperar el tiempo para desarrollarse como tales.

Tres pensadores, tres tradiciones intelectuales distintas, la misma conclusión de fondo…pero lo que estamos viviendo en este momento es exactamente lo contrario de lo que los tres anticiparon. El aumento de productividad que trae la IA no está reduciendo la jornada laboral, ni garantizando una renta de subsistencia a quienes quedan desplazados, ni, por supuesto, financiando sistemas públicos más robustos. Está concentrando el excedente en manos de un número cada vez más reducido de propietarios de infraestructura digital, mientras los trabajadores desplazados navegan solos un mercado que ya no los necesita con la misma urgencia de antes.

La cuestión de fondo, sin embargo, no es que la IA destruya empleos netos, sino que los beneficios extraordinarios separan cada vez a aquellos que necesitan “matarse” a trabajar (a veces se trata de un matarse literal) ante una minoría ultrarrica con un poder económico superior al PIB de varios Estados del mundo.

De alguna manera la ola neoliberal que comenzó en las postrimerías de la primera mitad del siglo XX, ha encontrado en la IA su argumento más poderoso: la inevitabilidad. Si los mercados son eficientes y la tecnología es neutral, cualquier perturbación laboral es simplemente el precio del progreso, y quien no se adapte habrá elegido, en el fondo, su propio destino.

Lo que sería posible si hubiera voluntad política

No existe ninguna razón técnica por la que el aumento de productividad derivado de la IA no pueda distribuirse. Las propuestas son muchas. La renta básica universal, por ejemplo, ofrece un mecanismo: si las máquinas generan riqueza, que esa riqueza financie la vida de quienes las máquinas han desplazado. Una demanda que, lejos de ser una excentricidad de la izquierda, tiene defensores en tradiciones políticas muy diversas, precisamente porque la lógica que la sustenta es difícil de rebatir sin apelar directamente a los intereses de quienes acumulan.

Porque lo que sigue ocurriendo –y lo que el debate técnico sobre la IA sistemáticamente oscurece con sus métricas de cobertura y sus proyecciones de crecimiento sectorial– es que el aumento de la productividad no está sirviendo para liberarnos del trabajo, sino para concentrar la riqueza de muchos en manos de muy pocos. Keynes lo habría reconocido con perplejidad. Lafargue, con rabia. Y Marx, con la amarga satisfacción de quien ya lo habría anticipado.

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Las niñas y los niños deberán ser escuchados en cualquier proceso que les afecte, independientemente de su edad. Esta es una de las claves principales en la ampliación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi), que se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Hasta el momento, la obligatoriedad de la escucha de la niñas y niños se establecía a partir de los doce años o de una «madurez suficiente» de la persona menor de edad afectada, lo que ha provocado que, en muchos casos, la voz de niñas y niños no haya sido tomada en consideración. 

Impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia, la ampliación refuerza el interés superior del niño o de la niña, de manera que deberá justificarse expresamente en todos los actos y resoluciones administrativas y judiciales cómo se ha valorado ese interés y por qué la decisión adoptada protege mejor el bienestar físico, emocional y psicológico de las personas menores de edad. «En este sentido, se incluye entre los criterios relativos al interés superior del menor el alejamiento del niño o niña de aquella persona que lo violente, de modo que el interés superior del menor nunca es estar con un agresor o presunto agresor«, explican fuentes del ministerio.  

Así, el nuevo texto prohíbe el Síndrome de Alienación Parental, «junto con cualquier reformulación o planteamiento sin aval científico, de forma expresa». Ningún informe público o privado basado en el SAP –insiste el texto– podrá utilizarse en procedimientos judiciales o administrativos. Además las resoluciones que lo utilicen podrán ser impugnadas.

Según el texto aprobado en el Consejo de MInistros, no podrá establecerse custodia compartida cuando existan indicios de que esa decisión puede afectar negativamente a la salud física, psíquica o emocional de la persona menor de edad: «Detallando los criterios interpretativos del interés superior del menor y estableciendo la obligatoriedad de la escucha. Del mismo modo, si un niño o niña expresa rechazo hacia uno de sus progenitores, el sistema deberá investigar las causas del rechazo y proteger a la persona menor de edad».

También se incorpora una medida de enorme impacto: bastará el consentimiento de un solo progenitor para que una persona menor de edad víctima de violencia pueda acceder a atención psicológica, social o jurídica. Se evitará así que el agresor pueda tener capacidad de veto sobre la reparación.

La reforma de la norma endurece los requisitos para acceder y mantenerse en profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con niños, niñas y adolescentes. En esta línea, será requisito para el acceso a dichas profesiones no haber sufrido condena por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia. 

Destaca también la obligación de crear turnos de oficio especializados en violencia contra la infancia y la adolescencia dentro de los Colegios de Abogacía. Para el Ministerio, esta ampliación legislativa supone un punto de inflexión en la respuesta del Estado frente a la violencia contra la infancia: «Durante demasiado tiempo, el sistema ha llegado tarde o no ha protegido adecuadamente. Esta reforma actúa precisamente sobre esos fallos y sitúa la protección de niños y niñas como una responsabilidad pública ineludible».

Actualización: 20h

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Puedes leer el dossier completo sobre la violencia sexual en la infancia y adolescencia adquiriendo aquí tu ejemplar de La Marea. También puedes suscribirte para recibir nuestras revistas en tu buzón.

Cuando se conocen los datos oficiales, resulta difícil entender cómo este problema permanece silenciado en el debate público: según el Estudio de prevalencia de la violencia contra la infancia y la adolescencia en España, publicado por el Ministerio de Juventud e Infancia en 2025, tres de cada 10 jóvenes han sufrido violencia sexual en esas edades. Un escandaloso 30%. La ministra del ramo, Sira Rego (València, 1973), recibe a La Marea para conversar sobre cómo abordan este crimen los poderes públicos y sobre la ampliación de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi). Esta reforma, pendiente de aprobarse próximamente, aplicará a los niños y niñas que hayan sufrido cualquier tipo de violencia el Estatuto de Víctimas. También contempla la obligatoriedad de escucharles en los procedimientos judiciales que les afecten, independientemente de su edad. 

El gran número de niños y niñas que han sufrido violencia sexual impone una primera pregunta incómoda: ¿está la Administración cuidando adecuadamente a la infancia?

La pregunta nos la tenemos que hacer todos los poderes públicos, pero también la sociedad en su conjunto. Creo que tenemos una deuda pendiente con la infancia en términos generales y especialmente en este asunto. Por eso estamos trabajando para ampliar determinadas leyes y para crear la ley de violencia vicaria. La acción del Gobierno tiene que ser decidida, determinante, rápida y eficaz, porque se trata de un tema muy doloroso. Debe ser una política de Estado. Eso en cuanto a lo legislativo, pero como sociedad también tenemos que cambiar muchas cosas, y uno los grandes retos es que las violencias contra la infancia no sigan formando parte del ámbito privado. Tienen que incluirse en la conversación pública del país. Con un 30% de niños y niñas que están sufriendo violencia sexual, esto no puede seguir siendo un asunto secundario.

Efectivamente, la mayoría de los casos de pederastia ocurren en el entorno familiar o en entornos cercanos. Al tratarse del ámbito privado, ¿hasta dónde se puede llegar?

Los derechos se tienen que garantizar en todos los espacios de la vida. En la vida pública y en la vida privada. En la calle y en las familias. Las violencias machistas también han formado parte del ámbito privado durante mucho tiempo y luego, afortunadamente, han pasado a ser un elemento de conversación pública y de intervención de los poderes públicos. Con las violencias contra las infancias debe operar la misma lógica. Quienes tenemos contacto con niños tenemos una responsabilidad. Nosotros lanzamos el año pasado una campaña en la que interpelábamos a las personas adultas para indicar que hay señales que son alertas. Y ahí un adulto debe intervenir. Puede ser un adulto de la comunidad educativa, o del ámbito médico o de la propia familia, entendiendo la familia como algo más grande que el núcleo familiar. Además, con la ampliación de la Lopivi pretendemos ser más garantistas a la hora de erradicar, prevenir y abordar las violencias sexuales contra la infancia. Por ejemplo, insistimos en la necesidad imperiosa de que la escucha de los niños y las niñas sea un elemento central en los procesos judiciales.

El clima político actual está muy fragmentado, pero estamos hablando de proteger a la parte más frágil de nuestra sociedad: los niños. ¿Quién podría estar en contra de esto en el Parlamento? ¿Qué resistencias esperan encontrar a esta ley?

El sentido común a mí me dice que es una ley a la que no debería oponerse nadie, pero sí he oído voces que ponen en cuestión el derecho de un niño a ser escuchado. Hay casos de jueces que se han negado a escuchar a los niños. Y hablo de casos dramáticos. Se trata de niños que están sufriendo muchísimo. Estamos viendo cosas muy duras. Por supuesto, no te expresas igual cuando tienes 5 años que cuando tienes 25, pero esto no significa que los niños no puedan hablar y que no puedan comunicarse y explicar lo que les ha sucedido. Lógicamente, esto se tiene que hacer con un acompañamiento profesional adecuado y en unas instalaciones que tengan perspectiva de infancia. Esto ya está muy trabajado, está sustentado por el trabajo de los profesionales y por multitud de estudios académicos. Es decir, hay un rigor científico detrás de estos procesos de acompañamiento del niño y de la niña a la hora de tomar testimonios que tienen validez. Como ejemplos tenemos el proyecto Barnahus o las cámaras Gesell, que trabajan con este enfoque. Y funcionan. Hay que adecuar el sistema de justicia para que tenga perspectiva de infancia.

Dado que este es un tema que no está en la agenda pública, ¿usted cree que la ley puede ir por delante de la sociedad? Es decir, hubo muchas voces contrarias a la ley del matrimonio homosexual, pero han pasado los años y eso es un derecho que ya nadie se cuestiona.

No siempre ocurre así. Yo pertenezco a una tradición política [la del PCE] que me indica justo lo contrario: en la mayoría de los casos la sociedad ha ido por delante de la ley. Por ejemplo, la gente trabajadora de este país ha conseguido derechos porque se ha organizado y ha salido a la calle. También el movimiento feminista nos ha dado lecciones maravillosas en ese sentido.

Pero para ello habría que educar antes a la sociedad en la protección de la infancia. A eso me refería cuando hablaba de que la ley irá por delante.

Somos un país pionero en la cuestión de la protección a la infancia. La Lopivi, aunque es muy reciente [se aprobó en 2021], supuso un punto de inflexión. En comparación con otros países, estamos muy por delante. Hemos avanzado, pero nos queda mucho camino por recorrer. Y con cifras tan dolorosas de violencias contra la infancia, necesitamos seguir empujando. Claro, la infancia no es un sujeto político que se pueda organizar de la misma manera que las personas adultas, no ocupan las calles haciendo grandes demandas sociales. Así que, en este caso, sí que creo que la ley puede ser útil, pero se trata de un asunto que tiene que desbordar la propia ley. Lo bueno es que, para afrontar este problema, ahora contamos con un Ministerio de Infancia. Y nos queremos hacer cargo. Yo siempre aprovecho cualquier oportunidad para pedir disculpas por todo lo que la Administración no ha hecho. Pido disculpas, en nombre del Estado, a todas esas infancias porque no hemos llegado a tiempo de evitar muchas situaciones dolorosas. Ahora tenemos la firme determinación de que eso cambie. Con leyes, con pedagogía, con estrategias. Por ejemplo, una parte de las violencias sexuales tienen como canal las plataformas digitales. Ahí estamos incidiendo de una manera muy contundente.

Nadie duda de la buena voluntad de la Ley de Entornos Digitales Seguros, ¿pero prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales es realmente posible a nivel técnico?

Ante un problema tecnológico, siempre hay una solución tecnológica. El problema no es técnico porque ya ha quedado acreditado que si se quiere bloquear una aplicación o el acceso a una web, se puede hacer. Ocurre en muchos lugares del mundo. Si Facebook sabe más cosas de ti que tú mismo, seguramente también podrá saber qué edad tienes y ofrecer una herramienta de verificación de edad con garantías. Pero al margen de esto, desde el Gobierno de España estamos trabajando con una herramienta de verificación que se está probando a nivel europeo y que es muy potente, muy buena. Las pruebas están muy avanzadas y funciona muy bien. El problema no es ese. El problema es saber hasta qué punto hay una voluntad colectiva de ponerle límite a las plataformas y de democratizar el entorno digital. No puede ser que haya multinacionales tecnológicas que estén por encima de la ley, porque eso significa que están por encima de nuestros derechos y de nuestras libertades.

En España quizás no, pero en EE. UU. están claramente por encima de la ley.

Bueno, en España hemos visto que la plataforma de X ha puesto en marcha una inteligencia artificial generativa y ha publicado, en muy pocos días, una gran cantidad de material de violencia contra la infancia… sin consecuencias. ¡Esto es un delito, una vulneración de derechos fundamentales de libro! Y a quienes estamos diciendo que es inadmisible se nos está señalando. 

Seguramente le caiga una multa millonaria por parte de la Unión Europea, lo hemos visto con otras empresas tecnológicas, pero puede que pasen varios años para que eso ocurra.

No sé si se tardará tanto. Lo que sí sé es que en este caso, como en muchos otros, necesitamos plantear un principio de precaución. Igual que se miden los impactos que pueden tener determinados procesos en el medioambiente o en la salud pública, ese mismo principio debe regir en el ámbito digital. Lo que no puede ser es que alguien suelte miles de imágenes de violencia sexual contra la infancia y luego pongamos el remedio.

Algunos de los casos más sangrantes de violencia sexual contra personas menores se han dado en centros de acogida. Fueron muy sonados los casos de Mallorca y de Madrid (el caso Sana). ¿Qué puede hacer su ministerio para garantizar que hechos como estos no vuelvan a ocurrir?

Las competencias las tienen las comunidades autónomas, pero nosotros podemos regular un marco general que diga cómo deben ser los sistemas de protección y de acogida. Y lo estamos haciendo. Sabemos que la prioridad de muchas comunidades no es proteger a los niños en situación de desamparo. Y hay que decirlo claramente: esto es una cuestión de voluntad política. Hay quien usa los presupuestos para hacer regalos fiscales a los ultrarricos o para dopar la sanidad privada. En estos casos, el sistema de protección está externalizado, generando precariedad y dando lugar a realidades de enorme tensión: no hay recursos, no hay suficientes profesionales para atender a los menores, que están viendo vulnerados sus derechos. Por eso estamos tramitando un decreto que lo regulará todo: formación de profesionales, ratios, tipos de centro, prioridad de la acogida familiar sobre la residencial, acompañamiento también más allá de los 18 años, porque no se les puede dejar en la calle en cuanto cumplen la mayoría de edad… El decreto estará muy pronto en el Consejo de Ministros.  

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