Ecuador atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. El país que hace apenas quince años era presentado como una de las naciones más seguras de América Latina y mostraba avances significativos en indicadores de desarrollo humano, estabilidad institucional y reducción de desigualdades vive hoy una realidad radicalmente distinta.

La expansión del narcotráfico, la fragmentación del crimen organizado y el colapso de la seguridad pública han convertido a Ecuador en el país más inseguro de la región en términos de crecimiento de la violencia y tasas de homicidios. Pero la crisis no es únicamente de seguridad. Paralelamente, atraviesa un acelerado deterioro democrático e institucional marcado por la concentración de poder, la militarización de la vida pública y una deriva autoritaria cada vez más evidente bajo el gobierno de Daniel Noboa.

Los niveles de violencia e inseguridad ponen de manifiesto la incapacidad para responder con toda la fuerza del Estado de derecho y las instituciones democráticas esta realidad que enfrenta el pueblo ecuatoriano en su día a día. Convertir la lucha contra el crimen organizado en una prioridad política es muy distinto a normalizar un estado de excepción permanente, consolidando lo que deberían ser medidas temporales y excepcionales en una forma de gobierno. La declaración de “conflicto armado interno” y la sucesiva prórroga de estados de excepción desde inicios de 2024 han consolidado un escenario de excepcionalidad que debilita la institucionalidad, difumina los contrapesos democráticos y elimina las garantías constitucionales.

El presidente Noboa sigue el camino marcado por Nayib Bukele en El Salvador, intentando replicar el mismo patrón de gobierno: una progresiva concentración de poder en el Ejecutivo y la militarización de la seguridad pública. Igualmente, se confronta con contundencia a jueces, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos que se han opuesto a algunas reformas legales o han denunciado determinadas prácticas gubernamentales, como la ampliación de competencias de los servicios de inteligencia sin controles judiciales, la criminalización de la protesta social o las denuncias de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.

Por elevación, también podría apuntarse a la creciente influencia y alineamiento con las políticas de Donald Trump, cada vez más visibles, en la estrategia de Daniel Noboa, proyectando la imagen de un gobierno supeditado a una agenda regional impulsada desde Estados Unidos. Noboa se ha sumado fervientemente a la iniciativa “Escudo de las Américas” e incluso, hace unos meses, ambos países realizaron una operación militar conjunta contra el narcotráfico. Sin embargo, conviene recordar que su propuesta de volver a permitir la instalación de bases norteamericanas en Ecuador fue rotundamente derrotada en referéndum el año pasado.

Persecución política y judicial

A ello se suma un clima político cada vez más hostil hacia la oposición y hacia cualquier forma de disidencia social o política. En los últimos meses se han multiplicado las denuncias sobre persecución judicial contra dirigentes opositores, retirada de inmunidades parlamentarias y utilización de mecanismos administrativos y judiciales para debilitar espacios políticos críticos con el Gobierno.

La reciente suspensión provisional de Revolución Ciudadana, principal fuerza política de oposición del país, constituye uno de los episodios más graves de esta deriva. La exclusión de una organización política con amplia representación social y electoral afecta gravemente al pluralismo político y al derecho de participación democrática reconocido tanto en la Constitución ecuatoriana como en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

La preocupación aumenta si se observa el contexto general marcado por las denuncias de lawfare o guerra judicial iniciada hace años contra el expresidente Rafael Correa y su entorno, contra quienes se han abierto causas penales como parte de una estrategia de persecución o neutralización política del adversario. El caso del exvicepresidente Jorge Glas es un ejemplo paradigmático. Su detención en la Embajada de México en Quito supuso una vulneración sin precedentes de principios básicos del derecho internacional y de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. La operación provocó una grave crisis diplomática y generó numerosos pronunciamientos en contra, entre ellos el de España. Actualmente existe una enorme preocupación por el deterioro acelerado de su estado de salud debido a las condiciones en las que permanece encarcelado.

La experiencia latinoamericana demuestra que las políticas de “mano dura” no solucionan las causas estructurales de la violencia. Por el contrario, suelen producir graves retrocesos democráticos y abrir la puerta a modelos autoritarios difíciles de revertir. No es admisible combatir al crimen organizado a costa de los derechos humanos y el pluralismo político. De esta forma únicamente se agrava la crisis e incluso se acaba generando más violencia. En el caso de Ecuador, además, todos los datos conocidos ponen de manifiesto el fracaso de esta estrategia: el “estado de guerra” no está funcionando.

Lo que hoy ocurre en Ecuador no puede analizarse únicamente como una crisis de seguridad. Es también una profunda crisis democrática y social. Y quizá lo más preocupante sea precisamente la naturalización de esa deriva autoritaria en nombre del orden y de una supuesta estabilidad, pese al retroceso en cuestiones básicas como la sanidad o la educación. Porque cuando la excepción se convierte en forma de gobierno, la democracia empieza a tambalearse y, en ese momento, solo se revierte con una ciudadanía consciente y activa que se rebela contra la normalización del miedo y defiende sus derechos y libertades frente a la deriva autoritaria del poder. 

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La regularización extraordinaria de personas migrantes ha despertado la oposición de diversos líderes políticos y organizaciones ultraconservadoras. Están en contra de que personas extranjeras adquieran derechos y obligaciones equiparables a las de cualquier ciudadano español. Tras la entrada en vigor de esta medida, Vox ha expandido el concepto de la “prioridad nacional” –otra copia de la extrema derecha francesa de Le Pen– con la ayuda de un amplio número de pseudomedios de comunicación e incluso de dirigentes del PP, partido que a día de hoy sigue siendo el que más regularizaciones de este tipo ha aprobado desde que España es una democracia.

Entre quienes tratan de frenar la regularización emerge un patrón recurrente: la Industria del Control Migratorio. Diversos actores que tradicionalmente han tenido posturas conservadoras, como las patronales empresariales o la Conferencia Episcopal, han expresado apoyo a la regularización. Sin embargo, más allá de ideologías, valores y creencias, destacadas voces detractoras de la regularización de migrantes tienen vínculos claros con empresas que se lucran con el gasto público destinado a militarizar fronteras y endurecer el control migratorio. Dirigentes de Vox y del PP, así como líderes de organizaciones ultras como Hazte Oír, forman parte del ecosistema de la Industria del Control Migratorio en España. ¿Quiénes son?

El negocio antimigratorio del ‘cártel’ antiregularización

Vox, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso y la ultraconservadora Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica han presentado recursos ante el Tribunal Supremo para tumbar la regularización. La organización ultra Hazte Oír hizo lo propio el pasado 15 de abril, y el Alto Tribunal admitió su recurso a trámite en apenas 24 horas.

Hazte Oír es una organización católica ultraconservadora especializada en campañas de acoso y derribo contra las leyes LGTBI, el derecho al aborto o las personas migrantes. Esta asociación española, relacionada con la secta secreta El Yunque, cuenta con amplia presencia global gracias a su brazo internacional, CitizenGO, y está supuestamente vinculada al Kremlin a través de oligarcas del círculo íntimo de Putin. Ha sido acusada de promover campañas que usan el miedo al extranjero como herramienta de agitación y desestabilización en diversos países democráticos, entre ellos España. Estas campañas y acciones están acreditadas en diversas investigaciones e informes del Parlamento Europeo, la Comisión Europea y filtraciones de Wikileaks. Hazte Oír tiene, además, una relación estrecha con grandes actores de la Industria del Control Migratorio.

Un ejemplo: entre los grandes donantes históricos de Hazte Oír (en concreto, de su famoso Congreso Mundial de Familias) figura el fallecido David Álvarez Díez, fundador y presidente de Grupo EULEN, empresa adjudicataria de, entre otros, servicios en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y del mantenimiento de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla y diversos puestos fronterizos. EULEN figura entre las 10 empresas que más dinero público facturan en la Industria del Control Migratorio de España.

Por el consejo de administración de EULEN han desfilado nombres célebres del mundo conservador español, entre ellos los ex ministros del Interior Jaime Mayor Oreja y Rodolfo Martín Villa. Entre otras personas, en su equipo directivo figura Micaela Núñez Feijóo, que lleva 23 años en EULEN y es hermana del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, otra de las voces más destacadas en contra de la regularización de migrantes. “Ni la ilegalidad puede generar derechos, ni se puede premiar el desorden”, afirma el líder de los populares acerca de la regularización extraordinaria. María José Álvarez Mezquíriz, presidenta de EULEN, es una de las consejeras de EDATV, el portal de fake news del agitador Javier Negre, que a diario divulga bulos sobre el proceso de regularización.

EULEN no responde a las preguntas de este medio sobre su relación con Hazte Oír, sobre la financiación de EDATV ni sobre protocolos internos para evitar conflictos de intereses con el ámbito político. La compañía tampoco aclara si las donaciones de su fundador a Hazte Oír fueron hechas a título individual o en nombre de EULEN.

Entre los empresarios que nutren las arcas de Hazte Oír también figura la marquesa Esther Alcocer Koplowitz, presidenta del consejo de administración de FCC, que se da la mano con EULEN para licitar en procesos de contratación pública de control fronterizo.

La beligerancia de Hazte Oír también ilustra el componente mediático de la campaña de acoso y derribo contra la regularización de migrantes. Hazte Oír está vinculada al Grupo Intereconomía, que engloba medios como Toro TV o Radio Intereconomía, entre otros. Este conglomerado fue fundado por Julio Ariza, exdiputado del PP en el Parlament catalán. En el pasado Grupo Intereconomía también controló La Gaceta, cuyo consejo editorial preside el eurodiputado e hijo de un diplomático y propagandista nazi Hermann Terstch, que define la regularización como operación “criminal”. La Gaceta ahora pertenece a la Fundación Disenso. Este think tank vinculado a Vox se financia con fondos públicos que recibe el partido y sirve de altavoz a las posturas xenófobas de la ultraderecha española.

Vox y Disenso no responden a ninguna de las preguntas formuladas por este medio. Tampoco aportan detalles sobre los fondos públicos que recibe esta fundación, que no facilita sus cuentas ni la composición de su equipo directivo.

En la “derecha moderada” española que encarna el Partido Popular también hay una larga lista de figuras especialmente agresivas contra el proceso de regularización y vinculadas a empresas que hacen negocio con las políticas de control migratorio.

Un caso poco conocido es el de Elías Bendodo Benasayag, uno de los hombres fuertes de los populares en Andalucía. Bendodo encabezó la Consejería de Presidencia e Interior, y hasta mediados de 2022 fue portavoz de la Junta de Andalucía presidida por Juanma Moreno. Cuando estalló el caso de corrupción conocido como ‘Mediador’ o ‘Tito Berni’, que afecta principalmente al PSOE canario, varios medios informaron de que Bendodo adjudicó al menos un contrato a Asesoramiento y Servicios de Drones SL, empresa central en la trama corrupta. Bendodo afirmó que todo fue legal.

En este mismo escándalo de corrupción destaca Francisco Espinosa, general de división de la Guardia Civil, el escalafón más alto de esta institución. Espinosa procede de lo que en la benemérita llaman “el clan de los Zoido”, en referencia al político sevillano Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior en tiempos de Rajoy, que le ascendió a ese puesto. La Justicia investiga el presunto cobro de comisiones por parte de Espinosa y otras personas en los contratos del Gobierno español para transferir drones a países como Mali con el objetivo de combatir los flujos migratorios, una política conocida como ‘externalización de fronteras’.

«Los que vengan de forma irregular no serán bienvenidos, serán expulsados», aseguró Bendodo a finales de abril en un acto de la campaña electoral andaluza en una localidad de Almería, una de las provincias con más casos de explotación laboral de personas migrantes en situación irregular.

Elías Bendodo también es uno de los políticos más cercanos al lobby proisraelí en España. Por ejemplo, en varias ocasiones ha mostrado públicamente su sintonía con David Hatchwell, presidente y cofundador de ACOM, el mayor grupo de influencia de los aliados en España de Netanyahu. Hatchwell es uno de los grandes beneficiarios de la Industria del Control Migratorio en España. Una de sus grandes empresas, Excem, suministra tecnología israelí de vigilancia y análisis de documentos a la Policía Nacional, la Guardia Civil y AENA, entre otros. A pesar del embargo decretado por el Gobierno el año pasado, la frontera española está repleta de tecnología israelí por cielo, mar y tierra.

También en el entorno familiar de Bendodo hay grandes beneficiarios de la Industria del Control Migratorio. Sin ir más lejos, su suegro fue un alto cargo de Grupo ACS, el conglomerado de obra pública y multiservicios de Florentino Pérez. Se trata de la segunda empresa que más dinero factura en el negocio fronterizo español: construcción y mantenimiento de las vallas de Ceuta y Melilla, obras y servicios en centros de internamiento de extranjeros y hasta labores de socorro en el mar. La Fundación ACS está dirigida por el hermano de Jaime Mayor Oreja y ACS aparece en varios documentos manuscritos de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, como presunta financiadora de este partido.

No acaba ahí la lista de líderes políticos y de organizaciones ultraconservadoras que claman contra la regularización de migrantes al mismo tiempo que se lucran, directa o indirectamente, con el gasto asociado a las políticas de control migratorio. En el ránking español de la Industria del Control Migratorio destacan empresas como Telefónica, Escribano, Indra, Amper, Air Europa o Tecnobit, entre otras. Todas cuentan con ex altos cargos del Estado, la mayoría procedentes del PP (aunque también del PSOE y, en menor medida, del PNV).

El Partido Popular no responde a ninguna de las preguntas formuladas para este artículo.

Los detractores de la regularización argumentan que la regularización de migrantes tiene un efecto negativo sobre el empleo, la economía, la seguridad y la “identidad nacional”. La evidencia científica revela todo lo contrario: la irregularidad produce situaciones de explotación, vulneración de derechos fundamentales y caos, mientras que las anteriores regularizaciones en España tuvieron efectos positivos sobre los derechos de estas personas, reduciendo los casos explotación laboral, y favoreciendo la inclusión social y la contribución de los trabajadores extranjeros a las arcas del Estado. La cercanía de los actores ultraconservadores y las posiciones conspiranoicas contrarias a la ciencia también queda patente en innumerables estudios académicos.

José Bautista es coordinador del equipo de periodismo de investigación de la Fundación porCausa.

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Aficanda en Valencia de Alcántara (Cáceres) tras varios años viviendo en Ecuador, Victoria César Velázquez acaba de defender en la Universidad de Sevilla una tesis doctoral en la que indaga, a través de sus protagonistas, cómo el movimiento memorialista se ha ido forjando como el músculo de la recuperación y reparación a las víctimas del franquismo en España en las últimas dos décadas. Es tal la fuerza de este activismo –defiende la investigadora– que, incluso en este momento de ultraderechización y de discursos contrarios a los derechos humanos, logra mantener vivo un tema que desde muchas instituciones intentan dar por muerto. Para esta investigación, no ha recibido ningún tipo de financiación. «Hay mucha gente haciendo investigación sin recibir retribución económica, a expensas del sacrificio profesional y personal», afirma. 

¿Por qué hizo esta tesis doctoral?

El tema conectaba con mi trabajo de fin de grado, que había versado sobre una propuesta del Parlamento Europeo en 2014 acerca de cómo estudiar la memoria en las escuelas. Esta propuesta iba encaminada fundamentalmente al nazismo y al estalinismo o a los regímenes comunistas. Cuando me quise meter en el doctorado, contacté con el profesor Miguel Vázquez Liñán, que también había sido mi director de TFG, y ya concretamos el tema partiendo del planteamiento de que la memoria histórica en España y en Andalucía, tal y como la conocemos, no se puede entender sin el activismo memorialista, sin el movimiento memorialista. Hay, además, una ausencia o escasez de estudios académicos en los que el movimiento memorialista sea el objeto de estudio principal. Y así fuimos estableciendo el tema inicial de hacer una historia social del movimiento memorialista en Andalucía a través de entrevistas en profundidad, para que fueran las propias personas del movimiento las que describieran sus experiencias y las que contaran cómo había sido todo ese proceso. 

Se la dedica a su abuela. Aparte de que las abuelas siempre son especiales, ¿existe alguna motivación relacionada con la memoria?

No directamente o no del todo. Mi abuela es una figura muy importante en mi vida; es mi segunda madre, yo me crié con ella. Falleció durante el proceso de elaboración de la tesis y no fue nunca muy consciente del doctorado porque en sus últimos años tuvo Alzhéimer. A veces me había hablado de la represión en Lebrija, en mi pueblo, desde un punto de vista crítico. Mi abuelo había sido bastante autoritario, bastante afín al franquismo y a este tipo de ideología, por lo que mi abuela había sido una mujer muy sumisa durante casi toda su vida. Cuando falleció mi abuelo, fue cuando ella empezó a expresarse y hablar mucho más. Y sobre este tema en concreto, sacaba muchísimo a colación a una tía suya, que la crió, que sí fue una represaliada directa del franquismo, a su marido lo desaparecieron, ella quedó viuda con un niño de dos años, se negó a firmar el documento para recibir una ayuda, tuvo una vida bastante difícil y bastante condicionada por esa circunstancia. De hecho, a mí ahora mismo me gustaría intentar recuperar en la medida de lo posible la historia de esa tía abuela.

Mi abuela hablaba de ella como una mujer muy fuerte, muy orgullosa, muy digna. Y también sé que otra de sus tías se fue a Sevilla a vivir en una especie de cooperativa y fue también represaliada directamente, pero no sé todavía ni siquiera el nombre. Todas estas historias van creando una conciencia, una sensibilidad que en las generaciones más jóvenes quizás está menos presente que en generaciones más mayores que han tenido un contacto más directo con personas represaliadas directamente.

La investigación abarca 23 años, de 2000 a 2023. Puede parecer mucho, pero ¿cree que se siguen quedando cortos para todo lo que hay que reparar? Muchas víctimas presentes en ese movimiento memorialista ya han muerto. 

El movimiento ha logrado muchísimas cosas y ha avanzado muchísimo, pero también ha tenido muchísimos obstáculos que han determinado los avances que se han podido hacer. En estos años, aunque en Andalucía ha habido una profusión de iniciativas, incluso políticas institucionales, observas que no es suficiente viendo por ejemplo las cifras de las exhumaciones, de todas las personas que siguen siendo anónimas, como la historia de mi tía y su marido. Y, siendo realista, probablemente vaya a quedar mucho sin recuperar. Veinte años no son suficientes, obviamente, para recuperar la memoria de las personas represaliadas por el franquismo en su totalidad. 

Mantiene que el movimiento memorialista andaluz tiene unas características propias. ¿No es extrapolable al resto de España? 

Hay características propias a nivel de iniciativas, de políticas, de organización de las asociaciones, de medios de comunicación… pero obviamente muchas características sí son extrapolables. Sí sostengo también que Andalucía, sin restar gravedad a la represión en ninguna otra comunidad, es una víctima ejemplarizante, se mandaba un mensaje al exterior de ‘esto es lo que va a seguir pasando’. 

Entrevista a diferentes perfiles dentro del movimiento memorialista y hace una distinción entre familiares biológicos e ideológicos, como Cecilio Gordillo dentro de este último grupo.

Sí, surgía la necesidad de distinguirlos, precisamente por una definición que hace Cecilio Gordillo. Porque la participación en el movimiento memorialista puede empezar no necesariamente por un vínculo familiar sino por una afinidad ideológica,y creo que es muy importante porque es algo que está presente prácticamente en todas las personas que participan en él. A lo mejor las personas que pueden poner un poco más de distancia ideológica son aquellas que participan en la memoria a través de un vínculo profesional, pero incluso en esos casos hay un fuerte componente de compromiso emocional. 

Y muchas de esas personas, como el propio Gordillo, descubren también que son familiares biológicos.

Sí, son dos colectivos que están muy conectados entre sí, porque al final, si nos ponemos a escarbar en nuestras historias familiares, vamos a encontrar algún caso. 

Lo define Andrés Rebolledo, familiar de represaliados, como “trauma colectivo”. 

Eso es.

Divide la investigación en tres fases: los orígenes, la institucionalización y la inanición, que es en la que estamos ahora, con el PP en la Junta de Andalucía. No obstante, el movimiento memorialista fue bastante crítico con el PSOE en la fase de institucionalización. 

El periodo de institucionalización es muy complejo desde el punto de vista ideológico: hay muchas personas muy críticas que entienden que aun habiendo un cierto compromiso institucional con la recuperación de la memoria histórica, era muy limitado. Es decir, todo lo que se hacía tenía que seguir siendo promovido por parte del activismo ciudadano, e incluso en muchas ocasiones llevaba a cabo el trabajo, como con el mapa de fosas. Luego otras instituciones, incluyendo la universidad, validaron esta información. Pero sin la existencia del movimiento memorialista, mucho o casi todo de lo que se ha hecho no se hubiera hecho si se hubiera dejado en manos de la Junta de Andalucía. Y, además, lo que se ha conseguido ha sido a un ritmo que no es coherente con la urgencia de reparar a personas que son mayores. Las instituciones solas no hubieran movido la memoria histórica apenas y, de hecho, incluso las normativas han podido limitar a veces el tema de las exhumaciones, como la burocratización del proceso.

Y también ha habido conflictos internos en el seno del movimiento, ¿no?

Sí, no quiero idealizarlo. Venimos de un movimiento que también tiene sus contradicciones internas, sus propios desafíos internos. Han logrado llevar a cabo iniciativas conjuntas, pero obviamente existe conflicto a la hora de ponerse de acuerdo y de trabajar en el día a día con las personas que ideológicamente no son del mismo grupo, por así decirlo. De todas formas, es un movimiento muy plural, eso me parece algo muy positivo.

El PP ha ganado de nuevo las elecciones en Andalucía, pero ha perdido la mayoría absoluta. ¿Cómo ve al movimiento memorialista ahora, en este contexto de ultraderechización generalizado?

A partir de que entra el PP en la Junta de Andalucía, en 2019, hay un cambio muy claro: recorta brutalmente la financiación, elimina instituciones como la Oficina de Memoria Histórica de Sevilla, elimina también información que antes estaba en la página del Ayuntamiento de Sevilla sin ningún tipo de declaración pública sobre eso, sino que simplemente desaparece y ya está.

Y ahora, aunque en Andalucía pueda parecer que la ultraderechización no es tan explícita, en la práctica sí lo es, porque incluso en el discurso del PP no hay nada que nos invite a pensar que no existe esa hostilidad y esa oposición hacia la recuperación de la memoria histórica. El PP andaluz no se ha manifestado a favor de la recuperación de la memoria histórica, ni ha manifestado ningún compromiso con recuperar la memoria histórica. Por eso creo que, a diferencia de la etapa del PSOE, ahora mismo el movimiento memorialista puede tener una oportunidad de volver a un punto más reivindicativo en su conjunto, de estar en pie de guerra, puede ser un nexo de unión, tener una mayor cohesión interna. También dependerá mucho de cómo evolucione la situación a nivel nacional e incluso internacional en cuanto al auge de la extrema derecha, de la normalización de discursos que son totalmente contrarios al reconocimiento a las víctimas y a los derechos humanos. La inclusión de personas jóvenes, la renovación de liderazgos en el movimiento memorialista, es otro de los desafíos.

Hasta ahora, en el fortalecimiento del movimiento memorialista ha influido también, según explica en su tesis, la enorme producción cultural en torno a la memoria en los últimos años.

Sí, yo creo que gran parte de esto viene gracias a esa divulgación cultural. Entiendo que la producción académica es fundamental y es el origen, también en parte, de esa divulgación cultural. Pero claro, la academia tiene bastantes limitaciones para llegar a la sociedad y eso  es lo que sí logra la divulgación cultural: literatura, cine, música, incluso los medios de comunicación. Por eso me parece muy importante esos últimos diez años desde 2012, más o menos hasta acá, con una producción muy amplia y con un enfoque de derechos humanos.

¿Eso puede cambiar ahora con los nuevos escenarios políticos?

Todos entendemos que aquí hubo una dictadura durante 40 años, pero la justificación de que con Franco no se vivía tan mal viene de invisibilizar a todas las víctimas que el franquismo tiene detrás. Lo hace la extrema derecha pero también la derecha moderada, por así decirlo, o incluso parte de lo que se supone que es izquierda. Creo que ahí también ha jugado un rol en invisibilizar esa violencia tanto del franquismo como de la transición, al no querer poner el punto de atención ahí. Entonces, que exista esa divulgación cultural es súper importante, eso va a quedar ahí, a no ser que empiecen a censurar y a eliminar obras, ¿no? Que esperemos que no tengamos que llegar a ese punto nunca. Lo que pasa es que debería dársele más difusión todavía, por ejemplo, a través de la escuela. Y ahí, de nuevo, la posición institucional se vuelve un límite.

¿Y si desapareciera el movimiento memorialista? 

Si se disolviera en los próximos diez años, la memoria histórica quedaría en lo que se ha recuperado hasta ahora y poco más. Y como conclusión de la investigación, si no existiera el activismo no se habría hecho prácticamente nada. Pero bueno, también es un movimiento que está todavía en actividad, en desarrollo. Y eso para mí ha sido, durante la última etapa, un desafío desde el punto de vista de la investigación, estudiar esos últimos años en los que prácticamente estamos metidos ahora mismo, hacia dónde puede ir. 

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2.707 personas fueron ejecutadas en 2025 en 17 países. Es la cifra más alta registrada en casi medio siglo, desde 1981, según el informe Condenas a muerte y ejecuciones 2025 elaborado por Amnistía Internacional. En general, las ejecuciones aumentaron en un 78%, después de que en 2024 se registraran al menos 1.518. La organización atribuye este aumento «a unos pocos gobiernos decididos a ejercer su poder mediante el miedo».

El grueso de este incremento procede de Irán, cuyas autoridades ejecutaron a al menos 2.159 personas, más del doble que en 2024. En otros lugares, Arabia Saudí elevó su recuento de ejecuciones hasta al menos 356, y utilizó ampliamente la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas. En Kuwait, las ejecuciones casi se triplicaron (de seis a 17), mientras que casi se duplicaron en Egipto (de 13 a 23), Estados Unidos (de 25 a 47) y Singapur (de nueve a 17). El total de 2025 no incluye los miles de ejecuciones que Amnistía Internacional considera que siguieron llevándose a cabo en China, que continuó siendo el país con más ejecuciones en el mundo.

“Este alarmante aumento del uso de la pena de muerte se debe a un grupo reducido y aislado de Estados dispuestos a llevar a cabo ejecuciones a toda costa, pese a la tendencia global continuada hacia la abolición. Desde China, Irán o Corea del Norte, pasando por Arabia Saudí y Yemen, hasta Kuwait, Singapur y Estados Unidos, esta vergonzosa minoría está utilizando la pena de muerte como arma para infundir temor, sofocar la disidencia y mostrar la fuerza que las instituciones estatales tienen sobre personas desfavorecidas y comunidades marginadas”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

La organización indica que el recrudecimiento de enfoques sumamente punitivos de la “guerra contra las drogas” impulsó los esfuerzos por ampliar el uso de la pena de muerte. Esto se reflejó en el número de ejecuciones, pues casi la mitad (1.257 o el 46%) de todas las que se registraron fueron por delitos relacionados con las drogas: Irán (998), Kuwait (2), Arabia Saudí (240) y Singapur (15). Argelia, Kuwait y las Maldivas emprendieron iniciativas legislativas para ampliar el ámbito de aplicación de la pena capital con el fin de incluir este tipo de delitos.

El gobierno de Burkina Faso aprobó un proyecto de ley que incluía la reinstauración de la pena de muerte para delitos como “alta traición”, “terrorismo” y “actos de espionaje”, mientras que las autoridades de Chad establecieron una comisión para revisar cuestiones relacionadas con la pena capital, incluida su reinstauración. Además, las de Israel presentaron proyectos de ley discriminatorios para introducir y facilitar el uso de la pena de muerte contra personas palestinas.

Las ejecuciones las llevaron a cabo una puñado de países

Aunque las ejecuciones aumentaron, los países que las llevaron a cabo siguieron siendo una minoría aislada. Arabia Saudí, Corea del Norte, China, Egipto, Estados Unidos, Irak, Irán, Somalia, Vietnam y Yemen son los mismos 10 países de los que se supo que habían llevado a cabo ejecuciones todos los años en el último quinquenio y que habían mostrado un desprecio sistemático hacia las salvaguardias establecidas en virtud del derecho y las normas internacionales de derechos humanos, insiste el informe.

Cuatro países reanudaron las ejecuciones el año pasado (Japón, Emiratos Árabes Unidos, Sudán del Sur y Taiwán), con lo que el total de países que ejecutaron a personas ascendió a 17.

Por decimoséptimo año consecutivo, Estados Unidos fue el único país de las Américas que llevó a cabo ejecuciones, y casi la mitad de ellas se produjeron en Florida. En el África subsahariana, las ejecuciones se limitaron a Somalia y Sudán del Sur. Afganistán fue el único país de Asia meridional que ejecutó a personas, mientras que Singapur y Vietnam fueron los únicos de los que se tuvo constancia de que lo hicieran en el sureste asiático. Tonga era el único país de Oceanía que mantenía la pena de muerte en la ley. No se tuvo constancia de ejecuciones ni de condenas a muerte en Europa y Asia Central.

“Es hora de que los países que llevan a cabo ejecuciones se unan al resto del mundo y conviertan esta práctica abominable en cosa del pasado. La pena de muerte no nos ofrece mayor seguridad. Al contrario: constituye una afrenta irreversible contra la humanidad, impulsada por el miedo y que muestra un desprecio absoluto por el derecho internacional de los derechos humanos”, ha declarado Callamard.

La llama de la abolición sigue ardiendo

Cuando Amnistía Internacional comenzó su trabajo contra la pena de muerte en 1977, sólo 16 países la habían abolido. Hoy, esa cifra ha subido a 113, más de la mitad de los países del mundo, mientras que más de dos tercios son abolicionistas en la ley o en la práctica.

Ante un telón de fondo de conductas depredadoras, miedo y odio, algunos países tomaron medidas que demostraban que, con determinación y una presión continuada, la abolición mundial está al alcance de la mano. Las autoridades de Vietnam abolieron la pena de muerte para ocho delitos, entre ellos transporte de drogas, soborno y malversación, mientras que Gambia la abolió para el asesinato, la traición y otros delitos contra el Estado. En una decisión histórica, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, concedió el indulto a Rocky Myers: el primer indulto que se concedía a una persona de raza negra condenada a muerte en el estado.

En Líbano y Nigeria se presentaron proyectos de ley para abolir la pena capital, mientras que el Tribunal Constitucional de Kirguistán declaró inconstitucionales las iniciativas para reintroducir la pena de muerte.

“Con los derechos humanos amenazados en todo el mundo, millones de personas siguen luchando contra la pena de muerte todos los años, en una potente demostración de nuestra humanidad compartida”, prosigue Callamard. “La abolición total es posible si nos unimos para mantenernos firmes contra los pocos países aislados. Debemos mantener encendida, brillando con fuerza, la llama de la abolición hasta que el mundo quede totalmente libre de las tinieblas de los patíbulos».

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Poca gente se para a pensar quién está detrás de la traducción del libro que está leyendo. Mucha menos llega a pensar cuánto cobrará esa profesional, que seguramente no se pueda dedicar a la traducción como única forma de ganarse la vida. Y por si fuera poco, un nuevo golpe amenaza a este sector, en el que parece que lo único estable es la precariedad: la incursión de la inteligencia artificial generativa (IAG) en las editoriales podría desplazar (aún más) a los traductores, pauperizar (aún más) su labor y convertirles en meros correctores de un producto fabricado a través de una máquina.

Para evitarlo, el pasado 21 de abril hicieron pública una iniciativa: un sello que certifique que la traducción que el lector disfruta está realizada por un ser humano. Su materialización pasa por el buen hacer y la confianza en las compañías editoriales, cuya postura, por el momento, se puede resumir en un concepto muy en boga: la libertad (empresarial) primero.

Amaya García, presidenta de ACE Traductores, la principal asociación de traductores editoriales de España, que aglutina a unos 700 profesionales, asegura que la situación se ha agravado en las últimas dos décadas. «Las tarifas de los traductores llevan muchísimo tiempo sin subir. Que seamos la mayoría autónomos complica mucho nuestro poder de negociación», comenta. Ahora, el posible uso de la IAG por parte de editoriales para sustituir la labor de los traductores empeora una realidad que critican desde su nacimiento. «La IA se aprovecha de las obras que ya hemos publicado, de las de todo el mundo, explotándolas como otro tipo de piratería y saqueo, para elaborar sus traducciones», afirma.

Las tarifas que manejan dependen de los idiomas que traduzcan. Una «buena tarifa» con la que García trabaja es 0,055 euros por palabra, «y aún así es insuficiente para poder vivir de esto», apostilla. Tendría que traducir 22.200 palabras para llegar a los 1.221 euros mensuales de salario mínimo bruto reconocido en 14 pagas. Según la presidenta de ACE Traductores, una novela de unas 200 páginas puede abarcar dos o tres meses de trabajo. De todas formas, hay encargos que hasta desecha. «Pagan tan poco que tengo que recortar en calidad, pero luego lo firmo yo, ¿y cómo sabe el lector que esa traducción que no es tan buena no obedece a mi capacidad de trabajo sino a mis condiciones laborales? Para eso prefiero decir que no», denuncia.

Ana Alcaina, traductora editorial y profesora en la Facultad de Traducción de la Universitat Autònoma de Barcelona, admite que vive cierta incertidumbre por ver hasta qué punto, según sus propios términos, se le cae el libro de las manos a un lector cuando lea la traducción realizada por una IA. Y añade: «Construir juegos de palabras, expresar las emociones que esconden los personajes, producir la voz del autor y elegir entre adjetivos es un trabajo más minucioso de lo que puede hacer una máquina». Esta docente universitaria esgrime que la IAG «regurgita» un texto, que además es una versión de otros muchos.

Virginia Maza, afincada en Zaragoza y traductora con más de 20 años de experiencia, ayuda a perfilar el panorama: «La IA no es neutral, tiene ideología y unos fines económicos que sirven a la lógica capitalista». Ella es un caso inusual dentro de su profesión ya que se dedica a la traducción en exclusividad. Remarca que las negociaciones de tarifas son duras: «Yo llevo ya bastante tiempo, pero a las compañeras nuevas siempre les aconsejo que se asocien, que vayan a lo colectivo».

Ninguna editorial ha confesado en España que utiliza la IAG para traducir los libros extranjeros que comercializa. Sin embargo, en el sector se barrunta que la idea no es ajena a las empresas. Ya ha ocurrido con el sello Harlequin, del grupo HarperCollins, en Francia. «Quieren que los traductores acabemos puliendo los textos generados con IA por mucho menos dinero», señala García, presidenta de ACE Traductores, antes de advertir que esa forma de trabajar incluso lleva más tiempo que la traducción original en sí.

ACE Traductores no quiere quedarse viéndolas venir. Saben bien que las editoriales se valen de subterfugios para no indicar que una obra no ha sido traducida por un humano, y si lo indican, lo hacen de tal forma que el lector medio no se percata de ello. «La única salida que nos queda es proclamarlo nosotros a través de un sello de certificación» orientado al público lector, subraya García.

Las editoriales son clave para que este sello se normalice y se extienda lo más posible. «Contamos con su buena fe», remarca la presidenta de ACE Traductores, quien apunta que los lectores también tienen derecho a esa transparencia. Si alguno no le da tanta importancia a la traducción realizada por un humano, se podría quejar de que le cobraran lo mismo por el libro traducido con IAG.

La Asociación de Editores de Madrid no ha atendido a La Marea, pero su vicepresidente, Paulo Cosín, ha dejado una declaración: «La IA supone en algunos casos una amenaza y en otros una oportunidad, y los diferentes protagonistas de la cadena de valor tendremos que analizar el uso correcto y las limitaciones, tanto desde el punto de vista legal como ético». Sus homólogos catalanes han defendido que «todo es muy embrionario», en relación con la traducción realizada mediante IAG, aunque sí es una herramienta que abordan en sus órganos de debate y formación.

Por su parte, desde la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) han indicado que no intervienen en la operativa de las compañías, «que evidentemente tienen plena libertad para fijar sus criterios de actuación en todo el proceso de elaboración de un libro». Asimismo, han asegurado desconocer si hay editoriales que se valen de la IA para sus traducciones. «Por lo que a nosotros respecta y como no puede ser de otra manera, cada una decide libremente sobre el uso de cualesquiera herramientas digitales», han añadido.

De la misma forma, la FGEE ha reconocido que el entrenamiento de la IAG debería contar con la autorización de los creadores de las obras que la hayan alimentado. Nada de esto es suficiente para la traductora Virginia Maza, quien cree que la clave es la transparencia y que la IA es «una gran herramienta terrible que amenaza la vida». Dejar la cultura en sus manos, asegura, «no es peligroso únicamente para la cultura, sino también para la lengua, nuestro idioma y el pensamiento humano».

Este reportaje se ha publicado originalmente en El Periscopio, el suplemento cultural de La Marea. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para seguir apoyando el periodismo independiente.

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El mundo está al borde de una peligrosa nueva era impulsada por los ataques de poderosos Estados, corporaciones y movimientos antiderechos contra el multilateralismo, el derecho internacional y los derechos humanos, advierte Amnistía Internacional, que ha lanzado su informe anual: La situación de los derechos humanos en el mundo.

“Nos enfrentamos al momento más difícil de nuestra época. La humanidad sufre el ataque de movimientos transnacionales antiderechos y de gobiernos depredadores decididos a imponer su dominio mediante guerras ilícitas y descarados chantajes económicos”, ha afirmado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, que indica que la diferencia fundamental de este momento es que ya no estamos hablando de una erosión en los márgenes del sistema: «Se trata de un ataque directo a los cimientos de los derechos humanos y el orden internacional basado en normas, perpetrado por los actores más poderosos con el objetivo de conseguir control, impunidad y beneficios». 

Pone como ejemplo la guerra en Oriente Medio: «Tras los primeros ataques ilegales de Israel y Estados Unidos, que violaban la Carta de la ONU y desencadenaron las represalias indiscriminadas de Irán, el conflicto se ha convertido rápidamente en una guerra abierta contra la población civil y las infraestructuras civiles, agudizando el sufrimiento, ya de por sí terrible, de la población de toda la región. Ahora se está extendiendo a países del mundo entero, impactando contra poblaciones de muchos lugares y amenazando los medios de vida de millones de personas. Es lo que pasa cuando las normas, el marco jurídico y las instituciones que con tanto esfuerzo se construyeron para salvaguardar la humanidad se eliminan con el objetivo de dominar.”

El informe de Amnistía documenta, además, que el inminente colapso ya está en marcha, y expone sus devastadoras consecuencias para los derechos humanos, la estabilidad global y las vidas de millones de personas en 2026 y en años venideros. Por ello, pide a los Estados de todo el mundo que rechacen urgentemente la política de apaciguamiento adoptada en 2025 y se resistan con palabras y actos a la construcción de un «orden mundial depredador».

Los ataques depredadores están acelerando la destrucción del derecho internacional

Entre otras cuestiones, el documento cita el caso de Israel y el genocidio contra la población palestina en Gaza, a pesar del alto el fuego acordado en octubre de 2025; las más de 150 ejecuciones extrajudiciales de EE. UU. con sus bombardeos a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, y el «acto de agresión contra Venezuela» en enero de 2026; y la intensificación de los ataques de Rusia contra infraestructuras civiles fundamentales de Ucrania. Recoge también el uso de parapentes motorizados por parte del ejército de Myanmar para lanzar munición explosiva sobre pueblos en ataques que causaron decenas de víctimas mortales civiles, entre las que había niños y niñas.

Emiratos Árabes Unidos –prosigue– ha agravado el conflicto en Sudán al suministrar armamento avanzado chino a las Fuerzas de Apoyo Rápido, que, tras 18 meses de asedio, el pasado mes de octubre tomaron el control de la ciudad de El Fasher y cometieron homicidios masivos de civiles y actos de violencia sexual. Y en la República Democrática del Congo, el grupo armado M23, tomó las ciudades de Goma y Bukavu con el apoyo activo de Ruanda, «matando ilegítimamente a civiles y torturando a personas detenidas«. 

El listado no termina: a principios de 2026, el uso ilegítimo de la fuerza contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel, en violación de la Carta de la ONU, ha provocado ataques de represalia iraníes contra Israel y países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, mientras que Israel, por su parte, ha incrementado sus ataques contra Líbano.

«Desde la muerte de más de 100 niños y niñas en un ataque ilícito de Estados Unidos contra una escuela en Irán, a los devastadores ataques de todas las partes contra infraestructuras energéticas, el conflicto ha puesto en peligro la vida y la salud de millones de civiles, y amenaza con causar daños de gran magnitud, previsibles y a largo plazo al medioambiente y a la población civil, que tendrán impacto sobre el acceso a la energía, la atención sanitaria, la alimentación y el agua en una región ya turbulenta, y fuera de ella», denuncia el informe.

En Afganistán, los talibanes intensificaron sus políticas depredadoras contra la población femenina con más prohibiciones que las excluían de la educación, el trabajo y la libertad de circulación, mientras que en Irán, las autoridades masacraron a manifestantes en enero de 2026 en la que probablemente haya sido la represión más letal de este tipo en décadas.

Estados Unidos, Israel y Rusia erosionaron aún más los mecanismos internacionales de rendición de cuentas el año pasado, en particular la Corte Penal Internacional (CPI). El gobierno de Trump impuso sanciones a personal de la CPI, a organizaciones que colaboran con ella y a la relatora especial de la ONU sobre el Territorio Palestino Ocupado, mientras que los tribunales rusos emitieron órdenes de detención contra altos cargos de este organismo. Varios Estados más se retiraron o anunciaron su intención de retirarse del Estatuto de Roma y de tratados que prohíben las bombas de racimo y las minas terrestres antipersonal, recoge el informe.

En este contexto, Amnistía Internacional denuncia que la inmensa mayoría de los Estados no han querido o no han podido denunciar sistemáticamente los actos depredadores de Estados Unidos, Rusia, Israel o China, ni buscar soluciones diplomáticas. La Unión Europea y la mayoría de los Estados de Europa han mantenido –insiste– una actitud apaciguadora respecto a los ataques de Estados Unidos contra el derecho internacional y los mecanismos multilaterales. No han actuado con decisión para detener el genocidio de Israel ni para poner fin a las transferencias irresponsables de armas y tecnología que fomentan los crímenes de derecho internacional en todo el mundo. Tampoco han estado dispuestos a promulgar leyes de bloqueo para proteger a quienes el gobierno estadounidense había impuesto sanciones, incluidos jueces y fiscales de la CPI. Italia y Hungría declinaron detener a personas contra las que la CPI había dictado órdenes de detención y que se hallaban en su territorio, mientras que Alemania, Francia y Polonia dieron a entender que harían lo mismo.

“Muchos dirigentes mundiales se han mostrado excesivamente sumisos ante los ataques contra el derecho internacional y el sistema multilateral. No hay excusa para su silencio y su inacción. Es una actitud moralmente reprobable que no traerá más que el repliegue, la derrota y la eliminación de décadas de avances en materia de derechos humanos que tanto costaron conseguir. Apaciguar a los agresores es echar leña a un fuego que acabará quemándonos a todos e incendiando el futuro de las generaciones venideras”, ha declarado Agnès Callamard.

“Puede que haya quien tenga la tentación de descartar el sistema construido en los últimos 80 años por considerar que no fue más que una ilusión. Eso es ignorar los logros, conseguidos con gran esfuerzo, para que se reconozcan los derechos universales, la adopción de múltiples pactos y convenciones internacionales y de leyes nacionales que protegen frente a la discriminación racial y la violencia contra las mujeres, consagrando los derechos de trabajadores y trabajadoras y sindicatos, y reconociendo los derechos de las personas indígenas. Es olvidar que la decisión de los Estados de respaldar la Carta de la ONU y la Declaración Universal de Derechos Humanos ha hecho que se aborde la pobreza, se refuercen los derechos reproductivos y se haga justicia», ha añadido. 

“Los depredadores políticos y económicos, y quienes les facilitan las cosas, están sentenciando el fin del sistema multilateral no porque sea ineficaz, sino porque no está al servicio de su hegemonía y su control. La respuesta no es proclamar que el sistema es una quimera o que no hay forma de arreglarlo, sino afrontar sus fracasos, acabar con su aplicación selectiva y seguir transformándolo para que sea plenamente capaz de defender a todas las personas con la misma determinación». 

El recrudecimiento de los ataques contra la sociedad civil se propaga por el mundo

En 2025 se intensificó la proliferación de ataques contra la sociedad civil y los movimientos sociales, y los esfuerzos para silenciar y despojar de poder a organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos y disidentes fueron constantes y se extendieron por casi todo el mundo. 

Amnistía Internacional cita, por ejemplo, el caso de las autoridades de Nepal y de Tanzania y su uso de medios letales de forma ilícita para reprimir protestas en las que se expresaban reivindicaciones políticas y socioeconómicas. Los gobiernos de Afganistán, China, Egipto, Estados Unidos, India, Kenia y Venezuela, entre otros, también reprimieron violentamente protestas, criminalizaron la disidencia mediante leyes antiterroristas y de seguridad, o utilizaron tácticas policiales abusivas y perpetraron desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales.

En Reino Unido, las autoridades prohibieron Palestine Action —red de protesta de acción directa dirigida fundamentalmente contra las empresas fabricantes de armas israelíes y sus subsidiarias— en aplicación de leyes antiterroristas excesivamente amplias, y detuvieron a más de 2.700 personas por oponerse pacíficamente a esa prohibición. El Tribunal Superior de Reino Unido declaró ilegal la prohibición en febrero de 2026, una decisión que el gobierno ha recurrido.

Las autoridades turcas detuvieron a cientos de personas que protestaban pacíficamente tras el arresto de Ekrem ?mamo?lu, alcalde de Estambul y candidato presidencial, una de las más de 400 personas que se enfrentan a acciones judiciales por motivos políticos bajo presuntos cargos de corrupción.

Las autoridades estadounidenses lanzaron una campaña de represión ilegítima de personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo, haciendo un uso innecesario y excesivo de la fuerza, los perfiles raciales, la detención arbitraria y prácticas que constituían tortura y desaparición forzada. En América Latina, países como Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela adoptaron o reformaron marcos jurídicos que imponen controles desproporcionados a las organizaciones de la sociedad civil y afectan directamente a su capacidad de funcionar, acceder a recursos, apoyar a comunidades y defender los derechos humanos.  

«Muchos gobiernos, con la ayuda de actores empresariales, utilizaron software espía y censura digital para restringir la libertad de expresión y el derecho a la información. Las autoridades de Estados Unidos utilizaron herramientas de vigilancia impulsadas por inteligencia artificial contra estudiantes no estadounidenses que expresaban su solidaridad con la población palestina, arrestándolos y deportándolos. El gobierno de Serbia utilizó software espía y herramientas de análisis forense digital contra estudiantes que se manifestaban, periodistas y la sociedad civil. Las autoridades de Kenia emplearon sistemáticamente tácticas de represión facilitadas por la tecnología, como intimidación online, amenazas, incitación al odio y vigilancia ilegal, para sofocar las protestas encabezadas por jóvenes», denuncia Amnistía.

También Alemania, Estados Unidos, Canadá, Francia y Reino Unido, entre otros países, anunciaron o aprobaron recortes drásticos en los presupuestos de ayuda internacional, «aun sabiendo que probablemente esta medida tendría como consecuencia millones de muertes evitables», y en varios casos lo hicieron al mismo tiempo que se comprometían a aumentar masivamente el gasto militar: «Esto ha tenido un impacto catastrófico en los esfuerzos de las ONG para lograr avances en la libertad de prensa, la resiliencia climática y la justicia de género, proteger a las personas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo, y proporcionar atención sanitaria y acceso a los derechos sexuales y reproductivos». 

Muchos Estados continuaron resistiéndose a poner freno a las agresivas prácticas de evasión y fraude fiscales de milmillonarios y gigantes empresariales mientras reducían aún más los límites al poder de las empresas. En Estados Unidos, las demandas estratégicas contra la participación pública tuvieron un efecto intimidatorio sobre la sociedad civil. En una de ellas, el tribunal condenó a Greenpeace a pagar a una empresa de combustibles fósiles 660 millones de dólares, cantidad que luego se redujo a 345 millones. 

En un contexto dominado por las afirmaciones del presidente de Estados Unidos según las cuales el cambio climático es “un fraude”, los gobiernos distaron mucho de hacer lo suficiente para abordar asuntos tales como los desplazamientos provocados por el cambio climático, la transición equitativa para el abandono de los combustibles fósiles, o el aumento suficiente de los fondos para la acción climática, ni siquiera cuando el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente advirtió de que el mundo se encamina a alcanzar los 3 °C por encima de los niveles preindustriales para 2100. 

“¿Qué alternativa ofrecen los matones y depredadores al imperfecto experimento global que tan empeñados están en destruir? El orden mundial que proponen da la espalda a la justicia racial, de género y climática, y se mofa de ellas; trata a la sociedad civil como un enemigo común y rechaza la solidaridad internacional. Se basa en silenciar la disidencia, instrumentalizar el Derecho y deshumanizar a quienes consideran ‘los otros’. Su visión del mundo no se basa en el respeto por nuestra humanidad común, sino en la fuerza militar, el dominio comercial y la hegemonía tecnológica. Es, en definitiva, una visión sin brújula moral”, ha afirmado Agnès Callamard.  

Las personas que protestan, la sociedad civil y los organismos internacionales lideran los esfuerzos por resistir, combatir y transformar

El informe también recoge las fuertes protestas contra este nuevo orden mundial: así, en 2025, las protestas del movimiento Gen Z se extendieron por una docena de países, como Indonesia, Kenia, Madagascar, Marruecos, Nepal y Perú; además, unas 300.000 personas desafiaron en Hungría la prohibición del Orgullo de Budapest para defender los derechos LGBTI. A principios de 2026, desde Los Ángeles hasta Minneapolis ha habido manifestantes organizándose calle por calle y manzana por manzana contra la aplicación en Estados Unidos del control de inmigración en operaciones violentas y de marcado carácter militar.

El año pasado se propagaron por todo el mundo manifestaciones multitudinarias contra el genocidio perpetrado por Israel, y organizaciones humanitarias de más de 40 países organizaron flotillas para demostrar solidaridad con la población palestina. Se expandió el activismo global contra el flujo de armas a Israel y, en España, Francia, Grecia, Italia, Marruecos y Suecia, el personal portuario trató de interrumpir las rutas de transporte de armas. El activismo y la presión legal también hicieron que varios estados restringieran o prohibieran las exportaciones de armas a Israel.

«Si bien muchos gobiernos adoptaron una actitud de apaciguamiento ante los ataques a la justicia internacional, hubo varios Estados y organismos que fueron contracorriente, mostrando su compromiso con el multilateralismo y el Estado de derecho. Un número creciente, como España, reconoció que Israel estaba cometiendo genocidio, y varios ingresaron en el Grupo de La Haya, un colectivo decidido a hacer que Israel rinda cuentas por sus violaciones del derecho internacional, y coadyuvaron a la causa de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ)», concluye Amnistía Internacional. 

Filipinas entregó al expresidente Rodrigo Duterte a la CPI para que se enfrentara a los cargos del crimen de lesa humanidad de asesinato, y la CPI dictó órdenes de detención contra dos dirigentes talibanes por persecución por motivos de género. El Consejo de Europa y Ucrania acordaron establecer el Tribunal Especial para el Crimen de Agresión contra Ucrania, y, en República Centroafricana, un tribunal híbrido dictó sentencia condenatoria contra seis exmiembros de un grupo armado por crímenes de guerra y de lesa humanidad. 

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableció un mecanismo independiente de investigación para Afganistán, así como una misión de determinación de los hechos y una Comisión de Investigación sobre el este de la República Democrática del Congo, y amplió el mandato de la misión de determinación de los hechos sobre Irán. Se lograron avances considerables en la elaboración de una convención vinculante de la ONU sobre fiscalidad, y la CIJ y la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitieron opiniones consultivas en las que confirmaron la obligación de los Estados de responder a los daños climáticos atendiendo a los derechos humanos.

«En 2026 ha aumentado el número de Estados que han comenzado a denunciar las prácticas autoritarias y los ataques contra el orden basado en normas, destacando especialmente el posicionamiento del gobierno de España, pero tales llamamientos deben ir respaldados por una actuación decidida y sostenida».

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El 25 de marzo de 2026, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución con 123 países a favor, 52 abstenciones y 3 votos en contra en la que se “declara que la trata de africanos esclavizados y la esclavitud racializada de africanos constituyen el crimen de lesa humanidad más grave”. La iniciativa fue impulsada por Ghana, con el respaldo de la Unión Africana y la Comunidad del Caribe, y culminó con la aprobación de una resolución de enorme trascendencia, resultado de años de trabajo diplomático y avances progresivos a través de diversos instrumentos internacionales. Esta declaración va más allá de lo simbólico. Describe la esclavitud como un sistema “de escala, duración, naturaleza sistémica y consecuencias perdurables” y abre la puerta a medidas como disculpas formales, restitución o indemnización.

No creo que merezca la pena detenerse en el análisis de los tres votos en contra de Estados Unidos, Israel y Argentina como un emergente “eje del mal” que viene mostrando sin complejos su rechazo absoluto al derecho internacional y al multilateralismo. Sin embargo, debemos detenernos en los argumentos del bloque abstencionista, fundamentalmente los Estados de la UE y, más concretamente, en lo que respecta a la abstención de España. No obstante, ambas posiciones, por muchos matices que se quieran introducir, tenían como principal propósito cerrar la puerta a la justicia reparativa. Los argumentos no difieren. Con estas palabras los expresaba el embajador de Estados Unidos: “[EE. UU.] no reconoce el derecho legal a reparaciones por daños históricos que no eran ilegales bajo el derecho internacional en la época en que ocurrieron”.

A mi juicio, la abstención de los países de la UE, y especialmente de España, es injustificable y merece una crítica severa a la luz de la argumentación resumida en el Informe del Servicio Europeo de Acción Exterior.

«Jerarquizar tragedias históricas»

El punto de partida es la unánime condena de la esclavitud y el comercio de esclavos para a continuación justificar la abstención con argumentos técnicos como la inseguridad jurídica, principio de legalidad y la irretroactividad de las normas internacionales, aunque también se esgrimieron argumentos de carácter político, como el temor a “jerarquizar tragedias históricas”. Pero este razonamiento es sumamente débil. Reconocer la magnitud de la esclavitud no minimiza ni relativiza, en absoluto, la dimensión de otros crímenes, entre ellos el Holocausto. O incluso adoptar una posición defensiva ante referencias históricas, considerando que podrían generar divisiones, algo más que llamativo ¿Caben otras interpretaciones de este crimen atroz?

Volviendo a los argumentos de la abstención, parecen ignorar que el derecho internacional contemporáneo se ha construido precisamente sobre la idea de que ciertos crímenes, los más graves, trascienden su momento histórico. Por otro lado, olvidan que actos como la esclavitud racializada de los africanos en todo el mundo son criminales per se, independientemente de que no hubiera ley que los prohibiera e incluso antes de que fueran codificándose de forma progresiva, desde las bulas papales hasta su abolición. El precedente de los juicios de Nuremberg neutralizó el principio de legalidad como argumento frente a la comisión de crímenes masivos.

Además, en lo que respecta a la posición de España, podríamos decir que es una preocupante regresión respecto a sus propios compromisos y una contradicción con el liderazgo que está asumiendo en la defensa de la legalidad internacional y los derechos humanos. En la Declaración de Durban de 2001, se reconoció que la esclavitud es un crimen que «siempre debería haberlo sido». Si hace dos décadas España votó a favor de esta resolución ¿por qué se abstiene en 2026? La respuesta es incómoda: el miedo a las posibles implicaciones de la declaración. Aunque no sea vinculante, marca una dirección. Va más allá del simbolismo, legitimando el debate sobre las reparaciones que muchos Estados europeos prefieren evitar, entre ellos España. No por inseguridad jurídica, sino por sus posibles consecuencias políticas y económicas.

Otra de las cuestiones trascendentales es la persistencia de los efectos derivados de la esclavitud hasta hoy. Concretamente, se declara que “las secuelas de la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos persisten hoy en día en forma de racismo estructural, desigualdades raciales, subdesarrollo, marginación y disparidades socioeconómicas que afectan a los africanos y a las personas afrodescendientes en todas las partes del mundo”.

La contradicción de España

La contradicción es evidente. España reivindica el derecho internacional como herramienta para exigir responsabilidades en conflictos actuales, pero se muestra reticente cuando ese mismo marco apunta hacia su propio pasado. Es un doble estándar de difícil justificación, más aún cuando la resolución tampoco concreta las medidas de reparación ni redefine automáticamente las obligaciones de los Estados. Difícil explicación tiene, quizás por este motivo no encontremos ni comunicado ni declaraciones al respecto desde el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Como muy bien señala la Red Europea contra el Racismo, la postura de la UE abre una brecha entre sus «compromisos políticos y la acción significativa en justicia racial» y refleja una «renuencia a confrontar el papel histórico y actual de Europa en el racismo estructural».

La trata transatlántica de esclavos no solo fue por su dimensión “el crimen más grave contra la humanidad”, sino que esta atrocidad histórica es la base del racismo estructural y las desigualdades que persisten hoy en día. La abstención de la UE y de España es injustificable desde cualquier punto de vista. Ni los tecnicismos falaces ni el posible alcance de esta resolución en el futuro justifican una posición defensiva e incoherente que, en realidad, no es más que un escudo contra la justicia reparativa. No dudo que la abstención en este caso no es sinónimo de neutralidad, pero ante los crímenes contra la humanidad no debería caber ni la ambigüedad ni los cálculos políticos, económicos o de cualquier otro tipo por parte de los Estados

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Este reportaje forma parte del dossier ‘Obreros de ultraderecha’. Puedes conseguir la revista y suscribirte en el kiosco de ‘La Marea’.

Hablar de sindicalismo de derechas podría parecer un oxímoron si no fuera porque desde los mismos orígenes del movimiento obrero hubo organizaciones patronales dedicadas a promocionar la creación de sindicatos «amarillos» que pudieran servir a sus intereses atrayendo a trabajadores desclasados. El sindicalismo de derechas explotaría con toda virulencia en España en las primeras décadas del siglo XX, y muy particularmente en su epicentro industrial: Barcelona. Allí se fundarían en 1919 unos sindicatos «libres» de la mano de los círculos tradicionalistas, que en los siguientes años iban a confrontar de manera violenta la hegemonía de una todopoderosa CNT capaz de arrancar la jornada de las ocho horas en la huelga de La Canadiense.

Integrados en un principio por trabajadores del comercio, la banca y otros sectores no industriales, pronto reclutarían también una amalgama de mercenarios de fortuna que, bajo la protección del gobernador civil, el general Martínez Anido y el jefe superior de policía Arlegui, se dedicarían a intentar descabezar a la anarcosindical a fuerza de atentados. Así caerían asesinados su secretario en Catalunya, Salvador Seguí, y el abogado de los sindicalistas Francesc Layret; y quedaría gravemente herido Ángel Pestaña, secretario nacional de la Confederación. Por su parte, los cenetistas responderían con la misma receta, entrando de ese modo en la espiral del pistolerismo que tan bien reflejaría Eduardo Mendoza en La verdad sobre el caso Savolta.

Con similar objetivo nacería en 1934 la Central Obrera Nacional-Sindicalista (CONS) en Madrid, que pronto se dedicaría al esquirolaje violento, en ramas como la de la construcción. Tanto los sindicatos libres como la CONS desaparecerían con la guerra civil sin haber conseguido implantarse de manera significativa.

Después de 1939, y con las organizaciones obreras ilegalizadas, el régimen fundaría la Organización Sindical Española (OSE), comúnmente conocida como Sindicato Vertical, un Frankenstein que agrupaba de manera obligatoria en su seno a obreros y empresarios –«productores» en la terminología franquista– y cuya estructura reflejaba los ideales fascistas del Estado corporativo. Creado para cercenar cualquier atisbo de conflictividad laboral, iría perdiendo influencia durante los últimos años de la dictadura.

Nuevos sindicatos

De los rescoldos del franquismo surgiría Fuerza Nueva, un partido heredero del régimen presidido por el procurador en Cortes Blas Piñar; y poco después, un sindicato, Fuerza Nacional del Trabajo (FNT), correa de transmisión del primero, que sería presentado públicamente en 1979 como «la presencia del ideario político de Fuerza Nueva, en lo laboral», entendiendo como trabajador a «todo el que participa en la producción nacional, ya lo haga como obrero, técnico o empresario». Los requisitos para afiliarse eran «la creencia en la existencia de Dios, la defensa de la unidad de la Patria y la defensa de la justicia social».

Pese a organizar cooperativas de taxistas en algunas provincias, en general tuvo una implantación reducida a ciertos sectores de la sanidad, a algún departamento en el Ayuntamiento de la capital y poco más.

Décadas después, Vox daría un paso similar con la creación de Solidaridad: «Un sindicato nacional en defensa de nuestros trabajadores, nuestras familias y nuestro patrimonio, frente al callejón sin salida de la inmigración ilegal masiva». Su primer secretario, Rodrigo Alonso, diputado del partido en el parlamento andaluz, cedería el testigo en 2005 a Jordi de la Fuente, exdirigente del partido neonazi MSR (Movimiento Social Republicano). A Solidaridad no se le conoce actividad sindical reseñable, y la movilización que más espacio ha ocupado en los medios, la huelga general de 2023 «contra la ley de amnistía y los pactos del PSOE con los independentistas», se saldó con un nulo seguimiento, tan solo respaldado por Denaes, fundación afín al partido; Revuelta, la sección juvenil implicada recientemente en el escándalo del desvío de fondos por la dana… y no mucho más. Por otro lado, en su página web no se especifica estructura territorial o sectorial alguna salvo, paradójicamente, el de una sección sindical de riders, colectivo fundamentalmente migrante y racializado.

Sindicato de reminiscencias fascistas es también Unión Nacional de Trabajadores (UNT), fundado en enero de 1978 y considerado heredero de la CONS original. Se trata de una pequeña organización que, según sus propios datos, está implantada en sectores como el de la seguridad, el profesorado de religión o las administraciones de loterías. Desde 2008, su presidente es el abogado y exmilitar Jorge Garrido San Román.

Sin llegar a los extremos de Solidaridad o UNT, actualmente existen otros sindicatos que podrían considerarse sociológicamente conservadores como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), mayoritaria en la función pública o la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), aunque ambos se definen independientes y no supeditados a ninguna ideología política. Más cercana a discursos de la extrema derecha estaría Justicia Policial (JUPOL) que, pese a su supuesta independencia política, suele participar en protestas amparadas tanto por PP como por Vox.

Bola extra

Dejamos para el final el singular fenómeno de Manos Limpias, el autoproclamado sindicato de funcionarios públicos fundado en 1995 por Miguel Bernad, quien debería haber sido el sucesor de Blas Piñar en Fuerza Nueva si el partido no hubiera desaparecido antes. Manos Limpias destaca por su protagonismo en procesos mediáticos como el juicio del 11-M, la querella contra Baltasar Garzón o los últimos casos de corrupción, reales o ficticios, que han vuelto a colocar al pseudosindicato en el foco mediático al personarse como acusación popular en la causa contra Begoña Gómez, la jueza de la dana o el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Aparentemente, no constan mejoras laborales para su afiliación, pero de lo que no queda duda es de su activismo político. Recientemente, su letrado en el caso de Begoña Gómez renunciaba a seguir representando a la organización, acusándola de situarse exclusivamente «en el terreno de la controversia política y mediática».

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