Sabemos que, aunque lleves el electrónico a la playa, aún te gusta meter la nariz entre los libros para olerlos. Que, de vez en cuando, mientras scrolleas en tu smartphone, te viene a la cabeza el momento café y periódico una mañana de verano. Sabemos también que te encanta recibir regalos envueltos delicadamente, tal vez con un textito a boli, con una dedicatoria –aunque tal vez seas más de los que les gusta hacerlo–. Imagínate, piensa por un momento, lo que sería recibir un mensaje en una botella. Pues mira, La Marea te trae eso este verano y todo el año: un periodismo que puedes tocar, sentir, oler, humano, lento. Un periodismo hecho con Inteligencia Artesanal.

En esta casa concebimos nuestra profesión como un oficio hecho por personas y al servicio de las personas, no del poder político ni del económico, ni de ese otro poder tan particular que ostentan las tecnológicas. Pero dedicarse a la artesanía, ya saben, es difícil en tiempos de esa otra supuesta inteligencia, la artificial: exige buenos materiales, cuidado, mimo. Es decir, tiempo y recursos.

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Ni las administraciones encargadas disponen de información de calidad, ni los profesionales encargados cuentan con formación especializada, ni, en general, los centros de protección a un colectivo tan vulnerable como son las personas menores en situación de desprotección funcionan correctamente. Son las conclusiones principales de una investigación desarrollada por el Defensor del Pueblo tras una actuación de oficio iniciada en 2022 al conocer diversos casos de agresiones sexuales a menores que se encontraban en este tipo de instalaciones.

Anteriormente, el Defensor del Pueblo ya había iniciado una actuación en relación con casos surgidos en las Illes Balears (Mallorca), en 2020, y en la Comunidad de Madrid, a inicios de 2022, centradas, fundamentalmente, en conocer las medidas de prevención y detección de casos que habían desplegado las respectivas administraciones con competencia en la protección de menores, así como en la disposición de protocolos para el correcto control y la respuesta ante los casos detectados.

La actuación actual, que se ha ido ampliando en los últimos años, se ha completado con la visita a varios centros de menores tutelados por la Administración: Residencia especializada en adaptación psicosocial Picón de Jarama, en Paracuellos de Jarama (Comunidad de Madrid); Centro Educativo Terapéutico CET-Gasteiz, en Vitoria-Gasteiz (País Vasco); Hogar de Protección Arrui y Centro Educativo Alea, en Molina de Segura (Región de Murcia); Casa d’Infants Quim Grau, en Hospitalet de Llobregat (Cataluña); Centro de Acogida Lucentum, en Alicante (Comunitat Valenciana); Centro Residencial Infantojuvenil Campillín, en Oviedo, y la Unidad Familiar Cayés, en Llanera (Asturias). 

Según las conclusiones del informe –titulado El sistema de protección de menores ante los casos de violencia sexual–, la mayoría de las administraciones no disponían de información de calidad y completa, ni estadísticamente tratada, sobre los casos de abusos o explotación sexual producidos mientras los menores se encontraban al amparo del sistema de protección. Además, ante la falta de especialización, el Defensor del Pueblo sugiere ampliar la formación de los profesionales de estos centros en materia de detección, abordaje y acompañamiento de las situaciones de violencia sexual, y que se cuente con la figura del técnico referente en violencia y explotación sexual. También recomienda la adopción de programas educativos sobre una vida afectivo-sexual saludable y sobre seguridad en las redes sociales para los menores que se encuentran en el sistema de protección.

«Estos ataques a la libertad sexual de los menores, que se producen lamentablemente en todos los ámbitos sociales, deben constituir una prioridad para las administraciones, máxime cuando afectan a menores que se encuentran en ese momento bajo su amparo y protección», sostiene el estudio, que el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, acaba de registrar en las Cortes Generales. «Son un gravísimo ataque a los derechos humanos que debe ser atajado, con rigor y firmeza, por la sociedad y por los poderes públicos”, insiste el Defensor, cuya institución viene denunciando este problema estructural desde hace años, con especial incidencia en los casos de pederastia cometidos en el seno de la Iglesia católica.

El problema, no obstante, va más allá: una de cada cinco personas ha sufrido o sufre agresiones sexuales en su infancia y adolescencia. De hecho, como recoge el reciente informe, muchos de los menores que llegan a estos centros tutelados por la Administración ya vienen arrastrando situaciones de agresiones sexuales, lo que los convierte en aún más vulnerables.

En este contexto, el Defensor del Pueblo destaca un problema y una recomendación que califica como prioritaria: las entidades públicas de protección de la infancia y la adolescencia deben elaborar un plan de revisión de los recursos residenciales de que disponen para ajustar la oferta residencial y que se atienda a los menores de conformidad con sus singularidades. Es decir, que se diferencie con claridad entre centros de acogida residencial, centros específicos de protección para problemas de conducta y centros terapéuticos o de atención a la discapacidad. «Se ha observado que la vida en estos centros se encuentra ahora tensionada, como consecuencia, fundamentalmente, de dos aspectos: la evolución en los perfiles de los menores que allí se acogen, que ha derivado en la recepción de más menores con patologías de salud mental o con discapacidad intelectual grave, contrariamente a lo previsto en la legislación de protección del menor, y la escasez de profesionales y la precariedad en sus condiciones de
trabajo, incluidas sus expectativas laborales«.

El informe insiste en que los centros específicos de protección para menores con problemas de conducta no pueden convertirse, en ningún caso, en recursos residenciales para acoger a todo tipo de menores que requieran un régimen estricto de vida por sus condiciones personales, acumulando en ellos perfiles muy diferentes que requieren de una atención especializada y adecuada a sus características. «Esa mezcla de perfiles de menores de edad conviviendo en un mismo recurso, además de contravenir la legislación, perjudica claramente la atención que precisa cada uno de los menores tutelados. Otra expresión preocupante de esta circunstancia, que se ha podido comprobar en el desarrollo de esta actuación general, en alguno de los centros, es la situación de convivencia, en un mismo recurso, de menores en régimen de protección y menores infractores, aun con una medida judicial de convivencia en grupo educativo», denuncia la institución.

En su visita a los centros, el Defensor del Pueblo constata una realidad que dificulta la detección y, por tanto, la prevención: la mayoría de los casos investigados de explotación sexual se produjeron coincidiendo con momentos complejos en la vida de los centros (presencia de menores más disruptivos, conflictos laborales, ausencia de dirección, etc.) lo que aparejó el retraso en la detección y la intervención. El Defensor también ha recordado que la normativa vigente prevé que todas las entidades públicas de protección de menores han de contar con protocolos de actuación para la prevención, detección precoz e intervención frente a situaciones de violencia sexual, por lo que ha recomendado que las que aún no dispongan de ellos procedan a su aprobación.

También propone que tanto el Ministerio de Juventud e Infancia como los órganos competentes en las administraciones autonómicas elaboren un estudio sobre el riesgo de explotación y abuso sexual de los menores que se encuentran al amparo del sistema de protección, tanto en los centros residenciales de protección como en familias de acogida. Además, se les ha solicitado que impulsen la puesta en marcha del Registro Unificado de Servicios Sociales de Violencia Infantil y el Registro Central de Información sobre Violencia contra la Infancia y Adolescencia, previstos en la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia. Igualmente, recomienda que cada comunidad autónoma apruebe la disposición general que regule las condiciones de autorización y funcionamiento de los centros residenciales de protección de menores en su territorio, con los requisitos mínimos que han de cumplir en materia de organización, personal técnico y auxiliar, materiales, protocolos de actuación y régimen de infracciones y sanciones.

Por otra parte, el Defensor del Pueblo ha formulado una recomendación a la Secretaría de Estado de Justicia (Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes) para que se promueva la creación de más instancias judiciales especializadas en el ámbito de la violencia sobre la infancia y la adolescencia. Y para que se refuerce la atención multidisciplinar a los menores de edad víctimas de explotación sexual y se evite la revictimización.

Según el informe, ninguna de las administraciones a las que se ha dirigido ha mencionado que se cuente con la participación de los niños, niñas y adolescentes en la elaboración de protocolos o guías, lo que pone de manifiesto la gestión adultocéntrica de este asunto y la necesidad de adoptar «uno de los derechos rectores de la Convención de los Derechos del Niño como es el derecho a la participación».

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Al frente del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de la Universidad de Barcelona, la catedrática Noemí Pereda dirigió el primer estudio estatal con una muestra representativa tan amplia –más de 4.000 adolescentes y jóvenes de 14 a 17 años– y, además, con información proveniente de los propios niños, niñas y adolescentes de ahora, no de adultos que lo sufrieron en el pasado: un 17,8% reportaron haber sufrido algún tipo de victimización sexual a lo largo del último año

Desde su punto de vista, este tipo de muestra es fundamental para poder intervenir y actuar ahora, de manera inmediata, desde la prevención. Para ello, insiste en una herramienta fundamental: la educación afectivo-sexual como una asignatura obligatoria en todos los colegios: «Esto no va de que en una asignatura de 3º de la ESO sepan lo que es el pene y un embarazo. No. Esto va de consentimiento, va de los derechos que tienes sobre tu cuerpo, va de tu intimidad, va del respeto a los demás. Va de relaciones igualitarias».

¿Por qué es importante entender que no estamos ante casos puntuales, aislados? 

Es súper importante porque ni es algo puntual ni es el caso Epstein tampoco. Porque ahora estamos con esto como si esto fuera la realidad. No, la realidad de la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia es intrafamiliar, es continua, es silenciada. No son estos casos mediáticos. Es que estoy preocupada con el caso Epstein porque últimamente veo que se está desviando todo hacia ahí.

¿Cómo lo podemos transmitir para que se entienda?

El problema es que en el día a día es mucho más sutil y más difícil de detectar porque muchas veces se esperan este tipo de casos extremos. Y no, no es así. Por eso cuesta tanto detectarlos. 

Pero estos casos extremos también ayudan a visibilizar, ¿no?

Claro, tienen que servir como desencadenante. Sobre el caso Epstein podemos pensar, ‘vale, a mí no me pasará porque yo no dejaré que mi hija se vaya con un señor’. Perfecto. Pero hay que saber que en el 80% de los casos las agresiones se cometen por algún familiar o conocido. O sea, el peligro no está fuera. Y este es un gran problema, porque la prevención tiene que venir de dentro. El niño tiene que saber cuáles son sus derechos, que puede decir que no,y, que si ocurre algo, tenga la confianza como para venir y contártelo, que haya esta comunicación fluida contigo. Y esto muy difícil porque, como digo, no es un señor extraño, desconocido, que va a venir y va a secuestrar a tu hijo.

Las cifras no han cambiado a lo largo de los años. Entre el 10% y el 20% de la población sufre agresiones sexuales en su infancia o adolescencia. 

Sí, es algo que se mantiene, que sorprende. Es alucinante. Los datos desde hace muchos años están estancados en este 10-20% y no salimos xde ahí. Probablemente tampoco hacemos mucho para salir de ahí. Porque salir de ahí supondría, en primer lugar, una educación afectivo-sexual universal desde etapas muy tempranas. Y esto no ocurre en la mayoría de países, no es solo en España.

¿Y cómo se incorpora esto en los colegios, por ejemplo?

Esto no va de que en una asignatura de 3º de la ESO sepan lo que es el pene y un embarazo. No. Esto va de consentimiento, va de los derechos que tienes sobre tu cuerpo, va de tu intimidad, va del respeto a los demás. Va de relaciones igualitarias. Es educación afectivo-sexual, no solo sexualidad biológica.

Además, lo importante de esta educación es que no solo evitas víctimas, sino que evitas también agresores, porque les estás enseñando y les estás diciendo «no, no, cuando una persona te dice que no, es un no, tienes que respetar”. Entonces, mientras no hagamos realmente un cambio social donde eduquemos a los niños en el respeto al otro, en el consentimiento, esa cifra del 10-20% va a seguir ahí porque son niños que crecen.

«Esto no va de que en una asignatura de 3º de la ESO sepan lo que es el pene y un embarazo. No. Esto va de consentimiento, va de los derechos que tienes sobre tu cuerpo, va de tu intimidad, va del respeto a los demás. Va de relaciones igualitarias. Es educación afectivo-sexual, no solo sexualidad biológica».

La muestra del estudio del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de la Universidad de Barcelona fue de más de 4.000 adolescentes y jóvenes de 14 a 17 años. Son niños, niñas y adolescentes de ahora, no adultos que lo sufrieron en el pasado. ¿En qué aspecto mejora este tipo de muestra el diagnostico?

En primer lugar, son chicos y chicas que pueden responder, éticamente se ha demostrado que tienen la capacidad de poder responder, obviamente, con su consentimiento informado, comprendiendo las preguntas. Son encuestas que están validadas en otros países, también en España. La cuestión es que tenemos que focalizarnos en los adolescentes de hoy porque es donde podemos intervenir de forma inmediata; de lo contrario, tendemos a pensar que es algo que pasaba en otras épocas. Cuando haces las encuestas con adultos, estás viendo lo que pasó hace 5, 10, 15, 20, 25, 30 años. 

A mí me apena mucho la última encuesta del Ministerio de Juventud e Infancia porque era una oportunidad enorme, con todo el poder que tiene, de hacerla con adolescentes escolarizados, mucho mayor que la que hicimos nosotros. Porque al final nosotros la hicimos en colaboración con “la Caixa”, con su financiación. Llegamos a más de 4.000 adolescentes, pero es cierto que somos una universidad, no somos el Ministerio de Juventud e Infancia. Entonces, yo sí que apelaría a que se asuma esta responsabilidad.

«Tenemos que focalizarnos en los adolescentes de hoy porque es donde podemos intervenir de forma inmediata; de lo contrario, tendemos a pensar que es algo que pasaba en otras épocas».

Hay países como Canadá y Estados Unidos, pero es que también Chile, para que nos situemos, que hacen esta encuesta cada dos años. Porque eso nos permitiría ver variaciones y decir ‘resulta que en Catalunya han implementado un programa y, fíjate, de hace dos años a hoy el porcentaje es más bajo’. Esto solo lo podemos ver si hacemos estudios con los adolescentes de hoy. Cuando lo hacemos con adultos ya sabemos lo que va a salir.

Pederastas: dejemos de mirar para otro lado

Ha aumentado mucho también la violencia entre iguales, entre los propios chicos y chicas.

Esta es una de las cuestiones que se veía en nuestro estudio. Ha subido y ha subido por esta negligencia respecto a la educación afectivo-sexual y el peso de la industria del porno. No es que los adolescentes vayan a buscar porno, es que la industria los va a buscar a ellos. El modelo que tienen es la pornografía, no hay un modelo educativo que contrarreste los mensajes distorsionados que da la pornografía. No estamos invirtiendo en prevención para nada. Tenemos juegos infantiles como Roblox donde hay enlaces a pornografía. ¿Por qué? Porque saben que lo van a ver niños y que le van a dar. Entonces, no vale con culpar a los adolescentes de ver pornografía, es que la industria los busca a ellos. Por eso hay que hacer actuaciones en políticas públicas que realmente sean efectivas, porque si no el porcentaje no baja. 

«Tenemos juegos infantiles como Roblox donde hay enlaces a pornografía. ¿Por qué? Porque saben que lo van a ver niños y que le van a dar. Entonces, no vale con culpar a los adolescentes de ver pornografía, es que la industria los busca a ellos».

¿Nos falta ese salto cualitativo que dimos con la violencia machista?

Totalmente. Mira, siempre se dice que después de la violencia de género tendría que salir a la luz la violencia contra la infancia y la adolescencia, pero es más difícil y es más difícil porque vivimos en una sociedad que es adultocéntrica, o sea, nosotros somos quienes controlamos, nosotros somos quienes votamos a nuestros dirigentes, los niños no pueden elegir, los niños no pueden salir de su contexto familiar si no hay un adulto que detecta este tipo de situaciones, porque para ellos es la normalidad. Tiene que haber como una sociedad adulta muy sensibilizada para que esto salga a la luz. Y lo que ocurre es que en muchos casos se justifica este tipo de agresiones diciendo que el niño se lo inventa. 

«Siempre se dice que después de la violencia de género tendría que salir a la luz la violencia contra la infancia y la adolescencia, pero es más difícil y es más difícil porque vivimos en una sociedad que es adultocéntrica».

¿La Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia –Lopivi– está ayudando a entender la situación?

Sí, estamos mejorando. La Lopivi ha ayudado mucho también, supuso un impulso para hablar del tema. Pero es cierto que como sociedad sigue sin calar que los niños son sujetos de derecho, que no solo son objetos de cuidado. Esto hay que entenderlo: los niños tienen derechos que no puedes violar por mucho que seas padre o madre. Hace días, Ana Obregón decía ante una acusación: ‘Es mi niña y hago con ella lo que quiero’. Claro, esto te lo está diciendo alguien público, lo está diciendo a la sociedad y es un mensaje que a muchas personas les cala. No, no puedes hacer lo que quieras. Es una persona con derechos propios, es un ciudadano, pero cuesta mucho entenderlo. Por eso muy importante también el trabajo desde el punto de vista periodístico. El niño no es propiedad de nadie, es un ciudadano con derechos propios.

«Los niños tienen derechos que no puedes violar por mucho que seas el padre o la madre. No es propiedad de nadie, es un ciudadano con derechos propios».

También nos cuentan algunas víctimas que este tema se minimiza.

Sí, se minimiza mucho. Se dice ‘bueno, son niños, lo olvidarán, tampoco es tan grave, cuando crezcan ya se les pasará’. Y no. Esto es un daño que perdura a lo largo del desarrollo y un daño en un momento en el que el niño está creciendo, en el que está estableciendo sus relaciones con el mundo, consigo mismo, con los demás y estás destruyendo todo esto.

Por tanto, no puedes tener un ciudadano integrado, prosocial cuando han vivido experiencias de este tipo en su infancia y nadie los ha ayudado. Y por eso hay que entender el daño que esto causa también como sociedad. Por eso se habla del problema de salud pública. La OMS lo define como un problema de salud pública. ¿Por qué? Pues porque nos afecta a todos. No solo a nivel de salud mental, de salud física de estas víctimas, sino a nivel de relaciones, de repetición del patrón de violencia con otros niños. Nos encontramos con muchos adolescentes que agreden, pero es que ellos también han sido víctimas previamente. 

Muchas veces se dice que están enfermos.

Hay un porcentaje muy pequeño de psicopatía en la sociedad, que es aquel que no tiene empatía por los demás, pero en general nacemos con la capacidad de empatizar. ¿Por qué un niño llega a una determinada edad y agrede a otros niños? Porque si no intervenimos en las formas de violencia en la familia, no podemos luego intervenir en este adolescente que agrede a su compañera de clase. Realmente hay que trabajar desde el inicio.

«Nos encontramos con muchos adolescentes que agreden, pero es que ellos también han sido víctimas previamente».

¿Hay relación entre violencia sexual y conducta suicida?

Sí, por eso además es muy importante hacer este tipo de encuestas sobre bienestar, no solo de violencia y poder. Porque se podría intervenir preventivamente con los casos de riesgo. Una de las salidas que encuentra la víctima al dolor intensísimo que está viviendo es esta: acabar con todo y acabar con su vida.

La violencia sexual también se relaciona con consumo de alcohol y drogas, que es otro de los problemas que tenemos. Porque es algo que te permite desconectar de todo este recuerdo. Se relaciona con problemas de salud mental, obviamente, ansiedad, depresión, fracaso escolar. Entonces, invirtamos en esta prevención, invirtamos en que los adolescentes, los niños, puedan hablar cuanto antes con alguien, que sepan que tienen el derecho a hablar, que es eso lo que estamos diciendo con la educación afectivo-sexual. 

¿Por qué debe ser desde etapas tempranas? 

Porque el niño tiene que aprender que nadie puede tocar su cuerpo si él no quiere y que tiene que haber una justificación. ‘Hola, soy el médico y te voy a tocar por esto’. Perfecto. Ya le estás mostrando un respeto. Pero es que cogemos al niño, le limpiamos el culo, le quitamos los pantalones. Y, claro, lo que el niño está aprendiendo indirectamente es que cualquier adulto puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Luego queremos que hablen. ¿Pero cuándo van a hablar? Si no saben que tienen este derecho, ¿no?

Pero hay resistencia por parte de las familias a que esto se dé en los colegios, como si fuera una cuestión política o ideológica. ¿Cómo combatimos eso?

Para empezar, yo creo que es el Ministerio de Educación quien debe tomar una decisión. Porque esto no depende de una escuela, que tu escuela resulta que está al lado de una asociación y vienen a dar una charla. No. Yo entiendo que los padres tienen sus miedos o como lo queramos llamar. Pero si esto es una directriz desde Educación, significa que todas las escuelas de España van a tener una asignatura y esta asignatura va a estar manualizada, con lo cual, como padre tú puedes observar qué temas se van a tratar, cómo se van a tratar. Tiene que tener un profesorado como cualquier otra asignatura, como Matemáticas. No puede dejarse como una chica voluntaria que viene sensibilizada, debe ser un profesorado preparado con un temario basado en la evidencia. Le podemos cambiar el nombre, que eso también se ha discutido mucho con asociaciones. Puede ser educación para el bienestar. Llamémoslo como queramos, pero esto no es una elección según el partido que gobierne. No va de charlas. Es el derecho de tu hijo, no el tuyo. Es el derecho del niño a la educación afectivo-sexual, no tu derecho como padre.

«La educación afectivo-sexual tiene que tener un profesorado como cualquier otra asignatura, como Matemáticas, con un temario basado en la evidencia. No va de charlas, es el derecho de tu hijo, no el tuyo».

Por tanto, hay que tener mucho valor político, porque obviamente es algo que va a generar muchísima polémica. Pero, insisto, estamos hablando de educación, y tú no puedes decidir si quieres o no eso para tu hijo. Además, reitero, tiene que ser una educación sexual y afectiva universal, porque si no estamos generando una fuente de desigualdad. Tú puedes educar a tu hijo en prevención, accedes a un cuento, sabes qué recursos hay. Pero es que hay familias que no.

¿Cómo han influido en todo ello las redes sociales y la IA?

El contexto online también es muy terrible. Hay muchos pederastas que se conectan y captan. Lo vimos con los casos de la explotación sexual en Mallorca. Y las captaban por Instagram. Y ahí hay también un agujero importante de falta de educación en los riesgos online, los riesgos de enviar una fotografía, por ejemplo. Y son las niñas y niños con menos protección, con menos recursos en sus familias, los que acaban siendo mayoritariamente víctimas de estas redes. El Estado tiene que luchar para que no haya una desigualdad y no haya niños en mayor riesgo de violencia sexual.

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Este reportaje se publicó originalmente en papel, en La Marea 111. Puedes conseguir un ejemplar y suscribirte en nuestro kiosco.

La Guerra Civil podría haber terminado meses antes de aquel 1 de abril de 1939. La victoria del bando golpista vino precedida por una operación de inteligencia, diplomacia y logística sin parangón en la historia bélica hasta aquel momento. La rendición tenía que ser total. No hubo espacio para armisticio alguno. Todos los presos fieles a la República serían tratados como presos comunes, no como prisioneros de guerra. Tampoco alargar la contienda habría significado entrar en la Segunda Guerra Mundial. Aquel primero de abril, la Guerra Civil llegó a muchos lugares que no la habían vivido. La épica cacareada por los gallos de la victoria no fue tal. La rendición al completo estuvo medida al milímetro, no así la crueldad que se desataría en cada lugar en el que los vencedores tuvieran sed de venganza.

Estas son las grandes tesis que deja tras de sí Cómo terminó la guerra civil española (Crítica, 2026), un extenso ensayo que contiene documentación con información procedente de fuentes hasta ahora no accesibles a los investigadores. En él, Gutmaro Gómez Bravo reescribe los días clave en los que el bando franquista pergeñó la victoria incondicional. Este catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) huye de la versión más extendida y se aleja de las desavenencias entre los gerifaltes militares republicanos para poner la mirada sobre los golpistas: «Su operación fue todo un éxito», adelanta.

El investigador asegura que la contienda podría haber concluido el 31 de enero, tras la caída de Barcelona, porque el conflicto ya se encontraba resuelto desde el plano militar. «Es en el cuartel general de Burgos donde se decide otro final. Quieren una rendición sin condiciones de los republicanos y evitar una mediación internacional y un tratado que convirtiera a los presos en prisioneros de guerra», explica Gómez. Lo consiguieron, pero solo tras un trabajo calculado hasta el mínimo resquicio.

Entre el hambre y el perdón

Junto al bando golpista, que se veía a sí mismo más victorioso cada día que pasaba tras la victoria en la batalla del Ebro y la caída de Catalunya, luchaba el hambre. «El hambre es decisiva para esta estrategia de rendición que proyectan, sustentada también en la guerra psicológica», sostiene Gómez. La aviación franquista bombardeaba con pan las grandes ciudades republicanas que sobrevivían con gran dificultad al asedio. En los paquetes, proclamas que aseguraban que las personas que no tuvieran las manos manchadas de sangre no tenían nada que temer.

El historiador asegura que los franquistas proyectaron la rendición a través del hambre y la promesa del perdón. «Lo que no querían era tener que combatir en las ciudades, como pasará en la Segunda Guerra Mundial. Buscan una rendición ordenada, planimétrica, y lo comunican dándole la vuelta. Dicen que la culpa del hambre son los republicanos y la resistencia», añade el también director del Grupo de Investigación de la Guerra Civil y el Franquismo de la UCM.

Europa, a favor de Franco

El plano internacional fue determinante en estas últimas semanas de conflicto. En su ensayo, Gómez corta esa línea recta historiográfica trazada entre el final de la Guerra Civil y la posibilidad de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Consultada la documentación de Inglaterra y Alemania, el historiador resuelve que «a partir de la caída de Catalunya todo el mundo quiere que la guerra termine». Es precisamente en enero de 1939 cuando tanto soviéticos como alemanes, que pronto firmarían entre ellos el pacto de no agresión, empezarían a virar sus posiciones.

Las jornadas que pasarían a la posteridad se suceden. El 15 de febrero, los británicos reconocen en secreto a Franco como jefe del Estado, una decisión que harán pública el día que Francia también la tome. El día 27 hacen lo propio los franceses, justo una semana después de que España haya firmado, también en secreto, el tratado Antikomintern, que confirma la entrada militar de España en el Eje junto a Alemania, Italia y Japón, y que hará público el 31 de marzo, el último día de guerra en España.

Durante marzo, el último mes antes del fin de la contienda y el inicio de la dictadura, desde Burgos los franquistas se esmeran en hacer llegar a los republicanos las normas que deberán respetar en la rendición. «Se da un encuentro entre los militares del Estado Mayor de los dos ejércitos cuando, en realidad, ya trabajan para el mismo. Ahí se ve cómo el servicio de inteligencia franquista ha absorbido al servicio republicano. Les dan órdenes, trabajan juntos. No los matan, los utilizan», apostilla Gómez tras haber recabado esta información durante visitas a archivos extranjeros.

La entrada en Madrid

El coronel José Ungría es uno de los grandes nombres propios de esta historia. Sabedor de su papel decisivo a la hora de crear un gran aparato de información en el territorio republicano, Francisco Franco le encargó que definiera el desenlace de la guerra desde la perspectiva militar. Gracias a él, el Estado Mayor de Burgos terminó absorbiendo al Estado Mayor leal a la República.

José María Taboada Lago es otro de los nombres determinantes en el fin de la guerra. Secretario de Acción Católica, se movió diplomáticamente para interrumpir la mediación iniciada por el Vaticano en la Navidad de 1938 y, más tarde, se encargó de la unificación de las fuerzas derechistas en la capital, Madrid, republicana hasta el final de la guerra. Para salir de sus escondites y saludar al nuevo régimen que arrebataría la democracia a España durante cuatro décadas, Taboada y sus seguidores tenían que estar atentos a Radio Nacional. «Cataluña está nublado» significaba que la operación no había culminado en la región mediterránea; «geografía extensa», que se acercaban a la capital; y el día que anunciaran un «reparto de caramelos» en Madrid, sería la jornada señalada para que los franquistas tomaran la ciudad tras casi tres años de guerra.

Ungría y Taboada son dos de las entradas que recoge un dramatis personae con el que, acertadamente, la editorial Crítica ha decidido acompañar el ensayo y cuyas definiciones casi alcanzan las siete decenas. Entre ellas se cuentan personajes como Manuel Azaña, Pablo de Azcárate, Julián Besteiro, el cardenal Isidro Gomá y Diego Martínez Barrio, al igual que entidades o conceptos, como Comité propaz civil, Consejo Asesor, Consejo Nacional de Defensa y Servicio de Información y Policía Militar.

Por otro lado, los sindicatos no perdieron su papel predominante. La ocupación de las grandes ciudades por parte de los franquistas estuvo pactada con la UGT y la CNT, «quienes representaban realmente el primer gobierno de Francisco Largo Caballero frente al de Juan Negrín», apunta el historiador. Gómez apunta que la entrega de Madrid tenía que venir acompañada del aseguramiento de industrias como la logística, las comunicaciones, el Metro, el agua o la electricidad. «Hacen coincidir la transición con la ocupación, y es un éxito de manual para ellos», agrega.

Necesidad de rendición

De todas formas, la caída de Madrid el 27 de marzo estuvo precedida por una operación planificada y pensada para que todo concluyera como deseaban los franquistas. Dos días antes tuvo lugar la entrega de toda la aviación republicana que quedaba. «Después vendieron una victoria clara, pero estuvo planeada al milímetro porque no se fiaban: los republicanos que se rendían seguían siendo 400.000 hombres armados», detalla el autor del ensayo. Llegaba el tiempo de las salvas al aire como gritos de rendición, de sacar la bandera blanca, de que los militares republicanos se descosieran una manga de su uniforme.

Gómez recalca que esta versión de los hechos, contada desde la perspectiva interna del bando franquista, quedó opacada con el paso de los años. «Los protagonistas nunca lo contaron y la población en general desconoce que llegaron hasta este nivel de acuerdo, que realmente el ejército de Franco necesitó que los otros se rindieran y entregaran. Siempre ha parecido que se debió a una conquista, algo épico, pero no es así», se explaya.

El historiador, preguntado por aquello que le ha parecido más llamativo de esta investigación que le ha llevado años, responde que «el nivel de orden» que ejecutaron los franquistas a la hora de la rendición. Pero no solo eso. «Ahora vemos las consecuencias que tuvo ese final tan planificado a nivel logístico, diplomático y militar, algo muy complejo. Sin embargo, también vemos que a nivel local se desató una venganza brutal», comenta. Así lo refleja en su trabajo: la fase final de la operación «llevó a la rendición, al cese de las hostilidades, pero también al castigo masivo de la población civil».

El 1 de abril llegó el último parte de guerra, el único firmado a título particular por Franco: «En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado». Sin embargo, la batalla por la verdad se sigue librando investigación tras investigación precisamente para desterrar lo maniqueo, aquello que Gómez describe así en su libro: «Seguimos en una historia de vencedores y vencidos, de héroes y villanos, de ingenuos y clarividentes. Una historia, en definitiva, de buenos y malos».

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En un lugar de La Mancha, pero esta vez en el siglo XXI, los Quijotes que sueñan con un mundo justo y respetuoso con la vida en general han cambiado la lucha contra los molinos por la lucha contra los centros de datos, unas infraestucturas que, con el auge de la inteligencia artificial (IA), están colonizando poco a poco España con la promesa de nuevos empleos. Talavera de la Reina es uno de los centros neurálgicos, pero también Aragón, Madrid y Extremadura.

Los centros de datos consumen gigantescas cantidades de agua y energía eléctrica. Acaparan suelo y dejan contaminación. ¿Es posible que la extracción de estos recursos desestabilice los territorios en los que se instalan? Según muchos expertos, sí, pero tampoco hay cifras exactas. Esa es la principal cualidad de este floreciente negocio: la opacidad, los pactos secretos con las administraciones, el cabildeo, la política de hechos consumados. La Marea dedica el dossier principal de su nueva revista en papel a estos nuevos «paisajes del poder», como los denomina el investigador Manuel García.

La falta de transparencia que los caracteriza impide, en muchas ocasiones, que la ciudadanía conozca el impacto real al que se enfrenta cuando estos nuevos gigantes recalan en sus territorios, donde antes había vida, donde antes había historia o, siendo más directos, donde antes había una línea de transporte público o cosechas o una depuradora de agua. En este número, realizamos una panorámica general de la situación de la mano de especialistas de primer nivel, analizamos el lobby de esta industria en Europa, con Spain DC como epicentro en España, y nos detenemos en los movimientos que ya están diciendo «no» a los gigantes de los nuevos tiempos.

Mucho más en La Marea 112

Además del dossier dedicado a los centros de datos, la revista del trimestre julio / septiembre viene cargada de reportajes y entrevistas ideales para desencriptar la actualidad. Por ejemplo, ¿qué demonios está pasando en el Reino Unido? Nuestro compañero Guillem Pujol responde a esta pregunta en un momento especialmente delicado de la política británica. Roto el bipartidismo laboristas-tories, los neofascistas están llamando fuerte a la puerta del nº 10 de Downing Street.

Patricia Simón, por su parte, viaja hasta el Sáhara Occidental para mostrar la lucha de las mujeres por superar su tradición patriarcal. A pesar de las críticas que reciben, las feministas saharauis lo tienen claro: «Para nosotras no es incompatible luchar por la independencia de nuestra patria y por el respeto a nuestros derechos como mujeres».

En Argentina, Andrés Actis pone el foco en un extractivismo fósil que ha cobrado enorme fuerza bajo la presidencia de Javier Milei: el de las arenas de sílice que se utilizan en el fracking, la fractura de la roca para acceder al petróleo. Esta práctica está destruyendo los humedales del río Paraná.

En el ámbito doméstico, entrevistamos a la dibujante Yeyei Gómez, al fiscal delegado de Criminalidad Informática en Sevilla, Gabriel González, y a la directora general de la Aemet, Alicia López Rejas.

Con el ojo siempre puesto en la ecología, el clima y el medioambiente, analizamos el difícil despegue del veganismo en España, viajamos a Berlín para conocer sus huertos urbanos populares, enumeramos algunos consejos para hacer deporte durante el verano tórrido que nos espera y recomendamos productos e iniciativas sostenibles en un bazar veraniego seleccionado por Carro de Combate.

Pero no acaba ahí la cosa: esta Marea cuenta con los artículos de opinión de Jorge Dioni López, Thilo Schäfer y el tradicional incordio de la filósofa Ana Carrasco-Conde.

Nuestro cuadernillo cultural, El Periscopio, llega con novedades: por voluntad propia, este número es el último que coordinan Laura Casielles y José Ovejero. Durante varios años (muchos de ellos en colaboración con Bob Pop) han tratado de rebasar los límites impuestos por la cultura mainstream. En su despedida se han fijado en el arte de los bertsolaris, en la sororidad de las integrantes del Lyceum Club de Madrid en el centenario de su creación y en la resistencia de la cultura argentina frente a la motosierra libertariana. Además, cierran su labor al frente del Periscopio con un broche de oro: un cuento de Isaac Rosa.

Como veis, La Marea continúa con su compromiso por el periodismo «de interés público», como subrayó el jurado del Premio Nacional de Periodismo de Investigación El Confidencial, cuando distinguió nuestros reportajes sobre la gestación subrogada en España. También seguimos empeñadas en reivindicar el trabajo humano frente a la amenaza de la inteligencia artificial. Por eso, en La Marea nunca habrá ilustraciones generadas por una IA. Al contrario, nos complace enormemente colaborar con artistas como Daniel Gómez Vega y como Adara Sánchez, artífices de las magníficas portadas de la revista 112 y de El Periscopio.

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La entrada La Marea 112: ¿qué ocultan los centros de datos? se publicó primero en lamarea.com.

‘La Marea’ está dedicando una serie de reportajes a la gentrificación. Las entregas analizan, desde diferentes perspectivas, el proceso que sufre el distrito valenciano de la Saïdia como paradigma de lo que ocurre en muchos barrios de las grandes ciudades. Puedes leer los capítulos anteriores aquí.

El número 9 de la calle Padre Urbano, en el distrito de la Saïdia de València, es una finca de una altura que data de 1927. En su balcón está colgada una pancarta contra la turistificación, idéntica a las muchas que se pueden ver en ese distrito. Todas se confeccionaron en una imprenta que estaba situada casi enfrente. Ya no existe. Tuvo que cerrar porque los dueños no pudieron afrontar la subida del alquiler que les planteó su casero, justo, justo, cuando el negocio empezaba a asentarse. Dos apartamentos turísticos ocupan su lugar. 

La anécdota surge durante los encuentros que la Associació Veïnal de la Saïdia organiza en la sede de la entidad el segundo miércoles de cada mes. 

–Coged una ensaimada. Están muy buenas.

En torno a café y piezas de repostería, y después de conversar sobre las múltiples actividades que organiza la asociación –los paseos nocturnos por el distrito las noches de luna llena concitan elogios unánimes–, salen a relucir historias sobre el impacto del turismo en el comercio de la zona, y se comenta el caso del lutier que tuvo que cambiar de local porque su casero quería subirle el alquiler, o el de la peluquera que reconvirtió su negocio en apartamentos turísticos. 

El número 46 de la calle Sagunt –un edificio antiguo de dos plantas– llama la atención por el azul eléctrico de su fachada. Allí tiene su tienda de pinturas Javier Zuriaga, miembro de la Junta Directiva y tesorero de la Asociación de Comerciantes de la Saïdia, que asegura que el turismo está inflando los precios de los alquileres de los bajos y poniendo en apuros algunos negocios. Sin conocerlo, Javier habla de casos como el de Mario Castellote Béjar (37 años), que regenta un estudio de tatuajes en la avenida Constitución. Alquiló un bajo para su local por 400 euros mensuales hace cinco años. Antes del vencimiento, el pasado abril, le anunciaron que, si quería renovar, tendría que pagar 850. La justificación: es el precio del mercado. 

–No, si por el dinero no es.

Eso decía el dueño del bajo donde estaba la escuela infantil (de 0 a 3 años) Amics, emplazada en un lugar privilegiado: al principio de la calle Visitación, a apenas unos metros del jardín que se extiende a lo largo del antiguo cauce del río Turia. Después de unos 25 años en ese lugar y de una reforma de más 50.000 euros, el contrato de alquiler terminaba en septiembre de 2023. Una de las propietarias de Amics, que prefiere no dar su nombre, relata cómo, un año antes del vencimiento, empezaron a negociar la compra del local. El casero les dijo que se estaba pagando mucho dinero por los bajos de la zona para dedicarlos a pisos turísticos y fijó una cantidad inicial de 300.000 euros, pero cuando vio que podían llegar a esa cifra, empezó a subir el precio. Total, no era por dinero. Finalmente, las propietarias de Amics desistieron. Una de ellas está convencida de que el dueño ya tenía pactada la venta a un inversor del que podía obtener una mayor cantidad —¡será por dinero!— y que la negociación no fue más que una estratagema para evitar los derechos que tenían como arrendatarias. 

El cierre de Amics dejó a 30 familias colgadas. Lucas Maltes (37 años) fue uno de los afectados. Quería llevar a su hija a la escuela infantil, situada justo enfrente de su tienda de venta y reparación de bicis, pero el cierre le obligó a buscar una alternativa. La encontró, igual que una nueva ubicación para su establecimiento. Lucas tiene ahora su negocio en la misma calle Visitación, pero unos metros más adelante. Paga un alquiler de 490 €, una cantidad, aclara, por debajo del actual precio de mercado, que se explica, en parte, porque no tiene salida de humos, lo que limita las posibilidades del local. Recuerda, además, que la planta baja estaba en muy malas condiciones. La proliferación de viviendas turísticas en la zona, confirma Lucas, ha incrementado los precios de los alquileres de los bajos, porque la oferta es mucho menor. Él, sin embargo, está contento con su casera, de la que, dice, cobra lo que es justo y no quiere líos con las licencias turísticas. 

«El comercio es el primer generador de vida social», afirma Amparo Vidal, portavoz de la Asociación de Vecinos de Sant Antoni, uno de los barrios de la Saïdia, mientras recorre la calle Padre Urbano. Amparo recuerda la tienda de gaseosas del señor Manolo, el limonero. Detiene a una vecina que pasa por la calle para que confirme la información. «Mira, ahí viene el Chispas, el electricista de toda la vida», avisa de nuevo la dirigente vecinal. Ximo Muñoz, vicepresidente de la asociación, le dice que no hace falta que se pare a hablar con cada persona, pero ella no puede evitar saludar a Isabel, la dueña de la peluquería más antigua de la zona. Tiene 86 años y dice, sin dejar de sonreír, que empezó en el negocio con 21 años, no, con 18, rectifica, y que, aunque ya no trabaja, le gusta pasarse para hablar con las clientas. Y que aún salta a la comba.

El mundo que rememora Amparo se ha desvanecido con el paso del tiempo, los nuevos hábitos de consumo, la globalización —sus padres tenían un almacén al por mayor de molduras para marcos en la misma Padre Urbano que se fue a pique cuando empezaron las importaciones masivas desde China— y, también, la irrupción del turismo de masas. En la esquina de Padre Urbano con la calle Luz Casanova, el lugar que ocupaban tres comercios —la  tienda de ultramarinos Salvador, la ferretería Julián y la pescadería La Loma— está dedicado ahora a apartamentos turísticos. Unos metros más adelante, una casa de comidas, antes carnicería, se ha transformado en la sede de una empresa que ofrece servicios de gestión y limpieza de alojamientos vacacionales. 

Estos cambios de uso vienen precedidos, en ocasiones, de periodos más o menos largos de inactividad. Es el caso de los diecinueve apartamentos turísticos ubicados en la manzana triangular delimitada por las calles Ministro Luis Mayans y Padre Urbano y la avenida Primado Reig, en el extremo norte de la Saïdia, la parte más alejada del centro. Desde 2025, ocupan el espacio que quedó libre tras el cierre de Filero, una tienda de mobiliario contemporáneo. En un hipotético enfrentamiento deportivo entre los bajos turísticos y los comerciales de esa isla de edificios, los primeros ganarían por goleada: 19-9. Sin embargo, la regulación de usos terciarios hoteleros del Ayuntamiento de València, que entró en vigor en mayo, prohíbe que los bajos turísticos superen el 15 % de los que no tengan uso residencial en una manzana. Y que, superado ese umbral, no se renovarán las licencias de alojamiento turístico que caduquen. 

La peluquera que reconvirtió su negocio en dos bajos turísticos es Ana Bueso. 28 de sus 52 años los ha pasado entre tintes y tijeras, hasta que la artrosis y una lesión en el hombro le hicieron replantearse su futuro profesional. Duda si contar su historia. Recela del tratamiento periodístico que reciben los apartamentos turísticos y tampoco quiere dar pistas de la ubicación de los suyos: en agosto le vandalizaron las cerraduras. Se queja de que se persiga a quien intenta vivir de su trabajo legalmente —tiene incluso el Certificado de Calidad Turística—, y subraya que no es una especuladora, que su trabajo no es fácil, que tiene que estar pendiente del teléfono 24 horas al día siete días a la semana, que ella se encarga de todo —salvo de la limpieza, que también supervisa—, que ganaba más como peluquera… Y cuando ya parece que se le han acabado los que, remacha: «Intento hacer mi trabajo lo mejor posible. Siempre». Y muestra las rosas que ha dejado sobre la mesa de uno de los apartamentos —«vivo en el campo», aclara— y los mensajes cariñosos de sus huéspedes.

Ana subraya que sus clientes generan riqueza en el barrio. Mario, muy a su pesar, no es uno de los beneficiados. Dice que ha tatuado a guiris, claro, pero de manera ocasional, y que eso no le salva el negocio. Tampoco a Emilia Villalba, la pescatera de la calle Alfambra, o a Bernardo Alcaide, que tiene su bar en la calle Lleida. Quizás porque no tiene carta en inglés. Ellos se lo pierden, se las pierden: las cinco tortillas diferentes que prepara cada día y que no ven acabar la jornada. O el arroz al horno que incluye en el menú de los martes. Bernardo ve pasar a los turistas por delante de su negocio en dirección al supermercado cercano, donde una de las empleadas señala que la gran mayoría de los viajeros que entran, hasta el 70 %, son grupos de jovencitos que compran comida preparada, alcohol y refrescos. 

La alarma salta en el canal de difusión de WhatsApp de la asamblea anticapitalista La Saïda Comuna: Núria alerta de la inminente apertura de un bar musical en la calle Maximiliano Thous, al lado del apartotel que está en construcción. «El alma de la fiesta ha llegado», dice, en inglés, uno de los letreros del local. Y se disparan las intervenciones. Amparo comenta que las macrorresidencias hacen que los barrios pierdan su identidad porque los establecimientos de ocio sustituyen a los pequeños negocios. Y Bego recuerda los locales nocturnos que se han abierto recientemente en el distrito. «La ciudad y los barrios, para los turistas», lamenta Emilio. «Vamos a tener noches legendarias», remacha Núria con ironía. 

—¿Tiene souvenirs?

Elisa Estellés, la estanquera de la calle Visitación, se sorprendió cuando un cliente, un chico alto, rubio (¿sería austríaco, o quizás noruego?) le hizo esa pregunta. Nunca le había ocurrido.

—¿Tiene souvenirs?

Pero que el mismo día otro turista le hiciera exactamente la misma pregunta la dejó pensativa: ¿tendría que incorporar las postales y los imanes de nevera a su lista de referencias? Algo parecido le sucedió hace un par de años a la propietaria de una tienda de muebles cuando un técnico del Ayuntamiento que estaba ayudando a la digitalización de los pequeños negocios le aconsejó, a título particular, que tendría que ir pensando en adaptar su comercio al turismo. «¿Y qué haré, venderé postales?», se planteó. De momento, sigue fiel a los sofás y las mesas de comedor. Elisa se lo está pensando. 

Quien no tiene dudas es Lucas. Un extranjero entra en su tienda para preguntarle si alquila bicicletas. En un más que buen inglés, le responde que no y le explica dónde puede hacerlo. A Lucas, sencillamente, no le da la gana incluir ese servicio en su negocio porque implicaría, razona, quitarle tiempo a sus clientes de toda la vida, y agrega que esa es su forma de hacer activismo. Así que no le importa que, desde hace unos tres años, hayan comenzado a proliferar las tiendas que alquilan bicicletas en las calles Guadalaviar y Sagunt, justo enfrente del puente de Serranos, ese que conecta la Saïdia con el hipergentrificado centro de València en apenas 200 metros.

Las maletas que empujan a los turistas por las aceras de la Saïdia ignoran las historias que se desarrollan en esas calles. Historias como la de la vecina que pide ayuda para su frutero, quien, después de unos meses con el negocio cerrado por un problema personal y la consecuente pérdida de clientela, afronta la reapertura con la sorpresa de que su casero le va a duplicar el alquiler, y también sorpresa, pero más impotencia, la que experimentó la propietaria de un comercio que tenía medio local alquilado cuando el dueño le dio tres meses para desalojarlo, tres meses para vender las existencias que tenía en esa parte de la tienda a precio de fábrica, tres meses para comprobar que las prisas del arrendador eran porque tenía apalabrado el local a un inversor para montar un apartamento turístico, qué negocio, ese de los apartamentos turísticos, debió pensar el propietario de otro bajo comercial cuando se acercó a su inquilino, treinta años de relación, para dejarle caer, así, como quien no quiere la cosa, que igual le interesaba alquilarlo para alojamiento vacacional, que podría sacar más dinero, él, funcionario de alto nivel, propietario con sus hermanos de toda la finca. Será por dinero. 

Historias como la de Mario, que intenta morderse la lengua, pero no puede, así que pide perdón por su vocabulario, porque vaya mierda esa de la oferta y la demanda, vaya discurso vacío, porque la gente, lamenta, va con el chip de, tío, si no me alquilas el bajo por tanta pasta, me hago un airbnb y gano el triple, y admite que la subida de la renta fue un golpe duro, pero qué iba a hacer, después de todo el dinero invertido, si ya está arraigado en el barrio y él y su equipo dependen del estudio para vivir, qué iba a hacer sino pasar por el aro y buscar un trabajo para compensar el dinero que deja de ingresar por el aumento de la renta, porque ahora a duras penas gana mil pavos al mes. 

Lo único que queda de la escuela infantil Amics es la persiana del centro educativo. Los obreros estuvieron trabajando en la reforma del espacio un tiempo, pero, desde hace unos meses, no se ve movimiento en el inmueble. Su futuro es una incógnita, igual que el de la pescadería de Emilia, que se jubilará en julio. Supone que el local volverá a alquilarse, pero desconoce si se convertirá en otro apartamento turístico, como los muchos situados en las inmediaciones, o abrirá un nuevo negocio, como la clínica veterinaria o el taller de cerámica que se han inaugurado recientemente en su calle. Bernardo, que también se jubilará a finales de año, quiere traspasar su bar. Su primera opción le ha fallado, pero, a partir de septiembre, empezará en serio a buscar alternativas. 

Lucas pasa cada día con su bicicleta por delante del bajo que ocupaba su antigua tienda de bicicletas. Ahora es un apartamento turístico. 

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Los trayectos en Metro, aunque muchas veces asfixiantes, pueden ser un lugar perfecto para la reflexión. Más si el tema sobre el que se da vueltas tiene que ver con la clase. Silvia Bezos eligió este transporte para que la protagonista de Manos de pobre, cómic que se hizo con el Premio PANG de la editorial Aristas Martínez, meditara sobre cómo los conceptos de desigualdad, acceso al conocimiento y cultura del esfuerzo moldean nuestras vidas.

Unas reflexiones que la autora contrasta con ilustraciones muy coloridas, referencias pop y mucho humor para que, según la propia Silvia Bezos, no la acusen de “intensita”. Hablamos con ella sobre todas estas ideas y sobre por qué, después de hacer el cómic, ha llegado a la conclusión de que no quiere cambiar de clase.

¿Las manos de pobre, por más que queramos, siempre van a ser reconocibles?

Una conclusión a la que he llegado después de hacer el cómic es que cuando intentamos disimular, tener ese passing de clase media, podemos lograrlo en algún aspecto. Algunos podrán conseguir una casa mejor, otros vestirán como la clase alta y otros pondrán todo su empeño en el plano intelectual, pero en otros sentidos se les va a notar. Al final siempre se vislumbra. Creo que es imposible en todos los puntos llegar al mismo lugar.

Sobre todo si se trabaja seis días a la semana, como le pasa a la protagonista. ¿Se pueden tener otras manos con esta realidad?

El esfuerzo que tiene que hacer una persona que trabaja tanto para alcanzar los mismos lugares que una que viene de lugares privilegiados es enorme. Algo que acaba llevando a una serie de consecuencias tanto físicas como mentales o en el tiempo que le queda para no hacer nada. Esto lo vemos en las personas que estudian mientras trabajan: ¿Cuánto esfuerzo le supone aprobar en comparación con su compañero que no tiene otra cosa que hacer?

Quizá donde más reconocible sea encontrar esas manos es en el Metro. ¿Por eso decidiste ubicar la obra allí?

El Metro es un lugar muy de clase obrera. Que haya gente que no lo ha cogido en su vida es algo que a las personas de a pie nos deja locas. También porque es muy repetitivo y claustrofóbico, como la vida laboral de las personas de clase trabajadora. 

La novela gráfica es una especie de ensayo en el que muestras cómo la clase nos atraviesa en todos los ámbitos de nuestra vida. Incluso en el modo en que nos comportamos o en cómo nos expresamos.

Esto depende un poco de cuáles sean tus ambiciones. Pero algo que parece obvio, es decir, que una persona que venga de clase obrera se vaya a expresar peor, Brigitte Vasallo lo desmonta en su libro de Lenguaje exclusivo y exclusión de clase. Ella dice que las personas que vienen de clase baja, cuando están en público o en lugares de gente de estratos más altos, sobreproducen el lenguaje. Entonces tienes los dos extremos: los que se expresan peor y los que tienden a hacerlo con muchísima complejidad. Esto último, aunque no lo parezca, también señala de dónde vienes.

Podemos pensar que la clase tiene que ver sobre todo con la riqueza, pero hay otros muchos capitales que influyen. Como el cultural.

A mí esto fue lo primero que me obsesionó, porque es lo que más me importa. El resto de cosas que acompañan el venir de estratos sociales altos me dan más igual. Pero yo recuerdo pensar de pequeña: ¿Por qué una compañera sabía ciertas cosas si no las habíamos dado en clase? Ese capital cultural en mi opinión es el más difícil de alcanzar. Tanto, que en este punto nos llevan mucha ventaja y tienes que poner mucho empeño para alcanzarlo. 

En el cómic esto lo muestro a través una carrera de relevos generacional. Algo que estoy viviendo ahora con mi hija. Pienso en cómo educarla en este aspecto porque no he tenido referentes. Y me pregunto qué hacen estas personas para que a sus hijos de 18 años sean cultísimos. Algo que creo que no depende del colegio al que se va, sino de lo que pasa en casa. El problema es que es más fácil copiar las conductas exteriores que las domésticas. La clase tiene que ver mucho con cómo te comportas ahí. Y con lo cultural pasa mucho eso.

¿Por ello es tan complicado cambiar de estatus social?

Uno de los motivos por los que nos intentan convencer de que sí se puede es por esto: porque es casi imposible. Hubo un momento en el que el ascensor social sí que funcionaba más, pero ahora está muy estropeado. Para vivir medianamente bien tenemos que hacer esfuerzos muy grandes y, aun así, mucha gente ni siquiera mejora. Ellos nos venden que es posible de manera individual, pero es al revés: solo lo conseguiremos de manera colectiva.

«Si nos intentan convencer de que se puede cambiar de clase es porque es casi imposible»

Una serie de reflexiones casi ensayísticas que entran en contraste con las ilustraciones coloridas y pop. ¿Por qué quisiste hacerlo así?

Siempre he tenido miedo de que me acusen de intensa en la vida, por eso me he adaptado así al miedo. Compenso la intensidad con el chiste y el colorido. No ha sido nada meditado.

También hay mucho humor. Aquí hasta los perros reflexionan con la protagonista.

Tenía muchas ganas de hacer un cómic, pero a la vez me daba miedo. Me apunté en 2020 a un curso de novela gráfica que fue genial y me animó un montón. En él, uno de los consejos que me dieron fue que tenía que intentar que el lector no acabara odiando a la protagonista. Me pareció interesante introducir personajes que apuntillaran o expresaran lo que ella no dice, para que no fuera la protagonista la que cargara con todo el discurso. Y si podían ser graciosos, como un perro, mejor.

En la contraportada de Manos de pobre la protagonista deja la conclusión de que en la obra ha encontrado todas las excusas para explicar por qué no está forrada a su edad.

Una cosa que hace este cómic más llevadero es que se ríe bastante de la protagonista. No es un discurso súper aleccionador, sino que se mofa de ella y de todos los que tenemos pensamientos del estilo. Yo, después de hacer le cómic, he llegado a la conclusión de que no quiero cambiar de clase. Lo que quiero es vivir con dignidad, tener tiempo libre, salud y educación a mi alcance. 

Igualmente, en la obra hago la reflexión de que esta gente está fatal. Ellos tienen problemas de salud mental –diferentes de los de la clase trabajadora– que tienen que ver con una excesiva contención en la vida. Si eso es a lo que aspiramos, yo paso. También pierden capacidad de empatía y contacto con la realidad y lo humano. Yo solamente quiero y deseo dignidad para la gente. Se me ha pasado la idealización de los privilegios de clase durante todas estas reflexiones.

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‘Pederastas, un problema estructural que no queremos abordar’, un especial de La Marea. Puedes descargarte el reportaje principal aquí. Si lo prefieres, puedes suscribirte a nuestra revista para que te llega a casa y podamos seguir haciendo periodismo.

Hace apenas un par de años, Robert Thacker, autor de la biografía de la Nobel de Literatura Alice Munro, se vio obligado a explicar por qué no había incluido en ese libro, publicado en 2011, un episodio muy importante en la vida de la canadiense. El episodio en cuestión lo hizo público en un periódico una hija de Munro, Andrea Robin Skinner, dos meses después de la muerte de la escritora: «A la sombra de mi madre, un icono literario, mi familia y yo hemos ocultado un secreto durante décadas. Ha llegado el momento de contar mi historia». En realidad, Andrea ya la había contado hacía años a su familia, quien tenía que haberla protegido y no lo hizo. «Mi padrastro abusó de mí. Mi madre se quedó a su lado», tituló aquel artículo en Toronto Star en 2024. Ni siquiera una condena al agresor, según explicó Andrea, logró romper el silencio al que su familia la había sometido durante décadas. 

La historia de Andrea Robin Skinner es la historia de tantos niños y niñas que se siguen contando y no se creen hoy en todo el mundo, en España, en tu barrio, en tu propia casa; que se cuentan y no pasa nada. O que incluso continúan sin contarse. Es la historia de tantos y tantos agresores bien reputados, bien vistos, que dicen, en los pocos casos en los que son juzgados, que no es verdad o que fue la niña o el niño quien los sedujo; agresores que entran en el cuarto de su hijo por la noche y le ponen el mejor de los desayunos por la mañana, que siguen delinquiendo amparados por la impunidad, por el mirar para otro lado. Es la misma historia de tantas y tantas familias que se rompen por un delito que continúa siendo un tabú, algo muy fuerte, tan asqueroso, tan perverso, que no entra en cabeza humana. Pero que existe, que lo cometen hombres, familiares y conocidos en su mayoría. No son monstruos, ni psicópatas, no tienen diagnosticada enfermedad alguna. 

El segundo marido de Alice Munro agredió sexualmente a Andrea cuando ella tenía nueve años. La niña hizo llegar el caso a su padre, que se quedó de brazos cruzados: «La incapacidad de mi padre para tomar una decisión que me protegiera me hizo sentir que yo no formaba parte de ninguna de las dos familias. Estaba sola». La violencia continuó hasta que llegó a la pubertad. Años después, con veintitantos, se lo contó a su madre, aprovechando que había escrito uno de sus cuentos de premio sobre una niña que se suicidó tras ser agredida por su padre. Fuera de la literatura, en la vida real, ante el caso de su hija, Alice Munro también se cruzó de brazos: «Reaccionó exactamente como me temía que haría, como si se hubiese enterado de una infidelidad». 

A lo máximo que llegó, según narra Skinner, fue a hablarle sobre otros niños con los que este hombre mantenía «amistades», como si la traicionada hubiera sido ella, la esposa. «¿Se dio cuenta de que estaba hablando a una víctima y que yo era su hija? Si lo hizo, yo no lo sentí. Cuando intenté decirle cómo el abuso de su esposo me había causado daño, se mostró incrédula». Andrea, que ahora ayuda a personas que han pasado por su misma situación, rompió la relación con su madre cuando nacieron sus hijas. Ella sí tuvo claro que nunca iría con ellas allí donde el agresor estuviera. 

Gerald Fremlin, el segundo marido de Munro, el padrastro de Andrea, el agresor, fue condenado en 2005 después de que Andrea, la hija de Alice Munro, la hijastra, la víctima, lo denunciara ya mayor: dos años de prisión provisional y una orden de alejamiento de menores de 14 años. Fremlin era ya octogenario. Murió en 2013 y, hasta ese momento, Munro, la madre de la víctima, permaneció al lado del agresor. ¿Por qué no incluyó este episodio, aun conociéndolo, aun con sentencia condenatoria, el biógrafo de la premio nobel? ¿Qué motivo expuso para no hacer nuevamente nada, para cruzarse de brazos ante esta historia? «Yo lo veía como un asunto familiar privado», justificó.

Detrás de ese argumento se ha escondido históricamente uno de los principales problemas a la hora de afrontar –y prevenir– la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes: lo que le hizo el padrastro a la hija de Alice Munro no es un caso aislado, como tampoco lo es lo que le hicieron los curas pederastas a sus víctimas, ni lo que un tío, un primo, un padre o un abuelo siguen haciéndole a muchos niños y niñas hoy en sus casas, igual de pederastas que estos curas; o lo que los actualizados agresores sexuales continúan haciendo a estas personas vulnerables a través de las pantallas. Lo que les ha pasado históricamente a los niños y niñas y sigue ocurriendo hoy, lo que hacen los agresores sexuales con estos niños y niñas, es un delito público derivado de un problema social estructural, de salud pública. Y solo abordándolo desde este prisma –y no como casos aislados, espectaculares o de puertas para adentro– se podrán adoptar medidas que pongan el foco en el delito y en los delincuentes, que protejan a las posibles víctimas y que ayuden a las que, por desgracia, ya lo son.

Así lo indican desde todos los sectores consultados para la elaboración de este dossier: desde el ámbito judicial al policial, desde el ámbito educativo al psicológico, desde las organizaciones en defensa de la infancia hasta las propias víctimas –o supervivientes, como muchas prefieren denominarse– y familias afectadas. Es necesario dar un salto cualitativo en el abordaje de la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia ya, cuanto antes, como ocurrió también con la violencia de género en su día.

Una violencia continuada

«Ni es algo puntual ni es tampoco el caso Epstein», analiza la doctora en Psicología y catedrática en Victimología Noemí Pereda. «Porque ahora estamos con esto como si esto fuera la realidad. No, la realidad de la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia es intrafamiliar, es continua, es silenciada, nadie lo descubre. No son estas historias mediáticas. Es que estoy preocupada con el caso Epstein porque veo que últimamente se está desviando todo hacia ahí», explica Pereda. Al frente del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de la Universidad de Barcelona, dirigió el primer estudio estatal con una muestra representativa tan amplia –más de 4.000 adolescentes y jóvenes de 14 a 17 años– y, además, con información proveniente de los propios niños, niñas y adolescentes de ahora, no de adultos que lo sufrieron en el pasado. 

Los datos son demoledores: un 17,8% reportaron haber sufrido algún tipo de victimización sexual a lo largo del último año. Si comparamos este porcentaje con el obtenido en la primera encuesta realizada en España, en 1994 por el profesor de la Universidad de Salamanca Félix López, se observa que no ha cambiado prácticamente nada –entre un 10% y un 20% de la población, según los diferentes estudios, ha sufrido agresiones en su infancia o adolescencia–, lo que indica también que las administraciones han estado igualmente cruzadas de brazos ante este asunto en las últimas tres décadas. 

«Las horas son las que son, no damos abasto. Tenemos tiempo y recursos limitados. Todo pasa por priorizar en la agenda al niño o la niña. Hemos visto cómo se ha priorizado a la mujer. Ahora tocan los niños. Tenemos la experiencia multidisciplinar de los equipos que trabajan en violencia de género, hay que aplicarla también a la violencia contra los niños, con sus peculiaridades y especificidades», concluían unas jornadas organizadas a finales de 2019 por el Colegio de Abogados de Sevilla, la Fundación Gota de Leche, el Foro Profesional por la Infancia de Andalucía y la Real Academia de Medicina de Sevilla.

En todo el mundo, según Unicef, más de 370 millones de niñas y mujeres vivas en la actualidad y entre 240 y 310 millones de niños y hombres han sufrido violaciones o abusos sexuales antes de los 18 años. Uno de cada cinco, dice la campaña del Consejo de Europa lanzada en 2010. Pero es que además, como afirman desde Save the Children, persiste el desafío de conocer la dimensión real: «Sabemos que las cifras oficiales reflejan solo la punta del iceberg, que muchos casos no se detectan y no se denuncian, en parte por las dinámicas propias del abuso, que suele producirse en entornos de confianza y en contextos de secretismo que dificultan la revelación por parte del niño o niña y de otros familiares», sostiene Clara Burriel, especialista en violencia en la citada organización. Y ese es otro de los principales problemas: a pesar de su gravedad, todavía se trata de una realidad muy invisibilizada, rodeada de tabúes, falsos mitos sobre su frecuencia, las víctimas o los contextos. «La sensibilización social sigue siendo tarea pendiente: necesitamos comprender que se trata de una problemática estructural, no casos aislados», insiste. 

Según el Ministerio del Interior, en 2024 se interpusieron 22.774 denuncias por violencia sexual –un 4,68% más que el año anterior y un 66% más que hace seis años–, de las cuales casi la mitad (un 41,2%) tenía como víctima a una persona menor de 18 años. Los datos constatan «la sobrerrepresentación femenina en la victimización sexual», la alta incidencia de esta violencia y la «fuerte masculinización de la autoría» de estos delitos.

María (nombre ficticio) tiene 45 años. Sufrió agresiones sexuales por parte de un familiar cuando era adolescente. Acudió a terapia ya mayor, poco antes de la pandemia. Y hoy, cuando escucha este tipo de reflexiones, de enfoques, asiente y dice: «Eso es, es eso. Nunca es tarde para hablar de ello. No es Epstein, son las casas, es lo que está pasando hoy en las casas». Su familia está rota porque ella lo contó. Y eso también es frecuente, no es aislado, como sostiene esta sentencia de 2023, que condena al tío de una niña como María: «La menor explicó que no lo hizo antes –contar que su tío la agredía– porque tenía miedo a que no la creyeran, y porque pensaba que al revelarlo la familia se iba a romper, como ocurrió cuando se supo. Es algo repetitivo en estos casos».

María afirma que en su grupo de terapia, en el 90% de los casos no tuvieron apoyo familiar: «La respuesta sobre cómo respondían las madres era muy similar, hemos sido repudiadas, no hemos tenido apoyo real y práctico», dice en un pasaje que recuerda, a su vez, a la interpretación de Belén Rueda en No tengas miedo, una película dirigida por Montxo Armendáriz en 2011. La niña –Michelle Jenner– se lo cuenta una y otra vez a su madre, pero la madre, que puede representar también a la sociedad, no quiere creerla, no quiere asumir que eso que está narrando su hija se está produciendo, que sea el padre el que lo está cometiendo, o quizá no puede asumir el error de no haberla protegido. 

Esa es otra cuestión que se repite, el perfil (o no perfil) del agresor, porque cualquiera puede serlo. Todas las encuestas realizadas hasta el momento, todos los colectivos que trabajan en este asunto, lo confirman: en torno al 80% de este tipo de violencia se da dentro de la familia o entornos muy conocidos. «No son personas encapuchadas, pueden estar en casa», afirma la subdirectora de las líneas de ayuda de la Fundación ANAR, Shauri Molina. Según un análisis de sentencias que Save the Children viene elaborando periódicamente, más del 90% de las personas acusadas son hombres y en ocho de cada diez casos es conocida. Y sin embargo, como remarca en sus ponencias la superviviente Miriam Joy, hoy mediadora en prevención en la asociación Redime, nos alertan cuando somos pequeños de no coger caramelos de desconocidos, pero nadie nos dice que el agresor, «el lobo», puede estar en tu cuarto.

Entre los espacios más comunes, sigue destacando el entorno familiar, aunque también se dan otros agresores conocidos, como amigos o allegados de la familia o víctima, profesionales que trabajan con niños y niñas, etc. En el caso de Miriam, por ejemplo, fue un médico. En el caso de Francisco, hoy con 43 años, fue un vecino, posteriormente conserje de su colegio. Dentro de la familia, las figuras que destacan son la pareja de la madre (11%), el padre (8%) y otros familiares, como tíos y abuelos (8%). En el entorno conocido no familiar, el 75,2% eran conocidos o amigos de la víctima. No obstante, el aumento de la violencia digital está haciendo que el porcentaje de agresores desconocidos esté creciendo, como corroboran Save the Children y la Fundación ANAR.

El tipo de agresor, según el citado estudio de sentencias, también marca la media de edad de las víctimas: así, en los casos en los que la agresión procede del entorno familiar, la media es de diez años; mientras que cuando el agresor pertenece al entorno conocido o es una persona desconocida, se sitúa en torno a los 13. Además, en seis de cada diez casos, se trata de agresores sin antecedentes (63%). El informe indica también que se ha producido un incremento en el número de quienes sí los tienen, y se sitúa en el 17,5%. Aquí destaca otra cuestión importante: en el 16% de los casos, los antecedentes eran por delitos contra la libertad sexual, lo que supone un aumento respecto al 4% de 2021.

La importancia de creer a las víctimas

«Serán imaginaciones tuyas», concluye la madre sobre lo que le cuenta su hija en la película de Armendáriz, como suele pensar la sociedad ante los casos reales. «Cuando yo lo conté, dos años después, cuando tenía 11 años, me llevé una reprimenda tremenda, me dijeron que aquello era una invención», dice Francisco. «No se quiere ver porque faltan herramientas y se tiene miedo al conflicto. Y en nuestra sociedad los abusos sexuales a menores es algo que tenemos bastante asimilado, sabemos que pasa, pero cuando pasa y lo tenemos delante de nuestras narices nos resulta tan espantoso que preferimos mirar para otro lado antes que abordarlo y denunciarlo», prosigue. 

Desde la Fundación ANAR parten de una máxima: «Siempre tenemos que creer a los niños, niñas y adolescentes, hay que darles un espacio, decirles que no les vamos a juzgar, que la culpa la tiene el agresor, y tener oídos para esos niños», explica Shauri Molina. En el 9,4% de los casos atendidos, tuvo que intervenir el departamento jurídico; y en el 9,3%, hubo una coordinación con entidades externas para proteger a esos niños.  

Porque otra supuesta explicación que se esgrime para no mirar es culpar a la víctima: «Serás una puta», le dijo una madre a su hija con 12 años cuando le contó lo que le hacía su padre: «¡Pregúntaselo a tu marido, papá me está tocando y va a mi cuarto todas las noches por mí!». «Imagínate qué ganas tienes tú de hablar de esto», explica la terapeuta Eva Medina ante este caso que trató. El problema, como analiza, es que un niño no imagina lo que no ve, no fantasea con lo que no conoce. «O lo ha visto o se lo han hecho, y en ambos casos es delito», dice. Y se llama pederastia –continúa– por muy dura que suene la palabra: «Es fuerte, pero es la realidad. Una persona que abusa de un menor es un pederasta, sea el padre, el hermano, el tío, la madre o Perico el de los palotes». 

Esta otra sentencia también es clara en ese sentido: «No se trata de un mayor de edad con nociones sexuales, que puede tener capacidad para inventar escenas de contenido sexual, sino de un menor que no las conoce, lo que, como apunta el tribunal, supone un grado de credibilidad relevante de los menores víctimas en estos casos que les hace ser unas víctimas en su propio hogar. Este tipo de hechos cometidos por personas del entorno de la menor conlleva una facilidad operativa delincuencial del sujeto activo del delito y la más completa indefensión de los menores de edad que sufren la delincuencia sexual», escribe en 2024 la Sala de lo Penal del Supremo al denegar un recurso de casación presentado por el agresor, condenado en 2021, que argumentaba que se había vulnerado su presunción de inocencia. La mayoría de los casos, de hecho, no llegan a los juzgados, porque o no los creen o no lo cuentan por la propia dinámica del abuso hasta que son adultos.

Eva Medina es tía de Miriam Joy y, como ella, trabaja en la asociación Redime, nacida en 2004 alrededor de esta historia familiar. Miriam contó cuando cumplió los 18 años que un médico había abusado de ella. De ella y de más niños. «Pertenecíamos a una comunidad cristiana y había una persona, un médico con su esposa, que llevaba a los niños, no tenían hijos, era gente muy reconocida socialmente. Él era muy cercano, muy empático. Trabajaban con niños y adolescentes, y hacían campamentos, tenían una revista, en fin… atraían a los niños y a las niñas. Fue una bomba. Y te preguntas, ¿pero cuándo ha pasado esto? ¿Dónde estábamos nosotros, sus padres, su familia?», rememora Eva.  

A Miriam, en contra de lo que suele suceder, sí la creyeron. «Eso supone una crisis familiar, personal, de fe y de todo. Porque donde creíamos que los niños estaban protegidos y seguros, es donde estaban siendo abusados», prosigue su tía, con una agenda de trabajo tan cargada que siempre acaba posponiendo esta entrevista. «Los padres de Miriam, Gloria, que es la presidenta de la asociación, junto con su marido, Joel, fueron a Estados Unidos por otra cuestión y asistieron a una conferencia. Alguien se levantó y contó que su padre había abusado de ella». De allí se trajeron una guía, Puerta de Esperanza, que tradujeron y adaptaron, y formaron los primeros grupos de ayuda mutua, sesiones que se centran en la rehabilitación de adultos que fueron agredidos sexualmente en la niñez. 

«La asociación empieza con grupos pequeñitos de unas cuantas mujeres. En principio, solo eran mujeres. Muchas nos conocíamos, pero nunca habíamos hablado de esto. Amigas quizás de toda la vida, pero jamás se había hablado de esto. Y empezamos a hacer este trabajo con el manual, escrito por Jan Frank». A partir de ahí, la asociación comenzó a crecer de manera exponencial: «Y empezamos a tener los grupos de ayuda mutua ya más regulados, dos veces al mes, en sesiones presenciales en principio». 

Esa es la columna vertebral de Redime, pero su labor, que comenzó en Málaga y ahora es de ámbito estatal, tiene en realidad tres patas: la rehabilitación de las víctimas, la prevención y la formación. «Nos dimos cuenta de que la educación es crucial. Y creamos un programa de prevención que va desde los tres años hasta el bachillerato adaptado según el rango de edad. Por ejemplo, con los más pequeñitos usamos guiñoles, muñecos, canciones, etc.».

La mayoría de estos programas, denominados Talleres para la vida y dirigidos a docentes, alumnado y familias, los desarrollan de manera gratuita, solicitados por colegios, pero no tienen los recursos suficientes para hacer todo lo que se necesita, ni convenios con las administraciones que permitan ejecutar este trabajo de manera sistemática y en todos los centros. «Lamentablemente, no ha habido ni un solo colegio o instituto al que hayamos ido en el que no haya saltado algún caso. Las cifras son alarmantes, pandémicas. Nosotros estamos desbordados. Nos llegan personas derivadas de salud mental que no pueden ser atendidas porque dan cita cada no sé cuántos meses… El Estado tiene que poner los recursos para que las víctimas puedan ser atendidas», insiste Eva Medina. Aunque en 2021 se aprobó la Ley de Protección a la Infancia (Lopivi), un paso fundamental para abordar este problema según los agentes implicados, prácticamente hasta el momento han sido las propias víctimas y las iniciativas privadas las que han ido actuando en este asunto. Es el caso también de la Fundación Vicki Bernadet, que lleva trabajando desde 1997 en la atención integral, prevención y sensibilización. 

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Vicki Bernadet fue agredida de los nueve a los 17 años y no lo contó hasta los 34. Hoy tiene 72 años y considera que, tratándose de otra época, algo debería haber cambiado. Pero no: «Se trata de una realidad tan dura que existe una sensación generalizada de que las cosas son menos graves de lo que decimos. Y se suele pensar que estamos exagerando para sensibilizar. Por eso tenemos que encontrar ese equilibrio para que no se cierren las mentes ante esta realidad tan cruda. Y siempre digo que quiero ir con la Generalitat, no contra la Generalitat. Y, por ejemplo, en los talleres de padres y madres tengo que conseguir, y lo consigo afortunadamente, que al menos cuatro o cinco veces se rían a carcajadas, para romper, porque el humor humaniza a la gente».

Desde la primera que vez que contó su historia y comenzó a dar en entrevistas, tardó casi diez años en impartir una charla en «un solo» colegio. Y aunque ahora va a centros escolares con una gran acogida, hace unos días acudió a uno donde de 600 familias solo asistieron unas cinco. Ella, como las demás víctimas, se enfrentó a dos realidades: la reacción del entorno familiar y la inexistencia de recursos especializados. En estos días, por ejemplo, desde su fundación, acaban de participar en la elaboración de un nuevo protocolo en Bajo Aragón «para garantizar respuestas claras, eficaces y alineadas con la normativa vigente, y fortalecer la capacidad de los agentes a la hora de actuar de forma temprana, coordinada y efectiva ante estos casos».

Otro ejemplo es el estudio que lideró la profesora Pereda, que fue financiado, entre otras, por una institución privada como la Fundación ”la Caixa”. «A mí me apena mucho la última encuesta del Ministerio de Juventud e Infancia porque era una oportunidad enorme, con el poder que tiene el ministerio, de hacer una encuesta en adolescentes escolarizados aún mayor que la nuestra. Pero la volvieron a hacer con adultos».

Desde el ministerio señalan la dificultad ante la necesidad de autorización familiar, ya que los casos se dan precisamente en las familias. Pereda insiste en que hay países como Canadá, EE. UU. o Chile que hacen esta encuesta con adolescentes cada dos años. «Porque eso –analiza– nos permitiría ver variaciones y decir ‘oye, resulta que en Catalunya han implementado un programa y, fíjate, de hace dos años a hoy, el porcentaje es más bajo’. Esto solo lo podemos comprobar si hacemos estudios con los adolescentes de hoy, con los que podemos intervenir hoy y no cuando pasen los años. La política pública debe invertir en esto y en prevención. Porque cuando lo hacemos con adultos, ya sabemos qué va a salir».

La sociedad, además, ha cambiado y ahora se dan nuevos factores que no influyeron en esos niños hoy adultos: desde la irrupción de Internet y las nuevas tecnologías –con la IA como última novedad– hasta nuevas formas de relaciones familiares. Todo ello permitiría detectar también las nuevas formas de violencia a través de la tecnología y la violencia cada vez mayor entre iguales, entre personas de la misma edad. «Ha aumentado por esta negligencia respecto a la educación afectivo-sexual y el peso de la industria del porno. Porque no es que los adolescentes vayan a buscar porno, es que la industria los va a buscar a ellos. O sea, tenemos juegos infantiles como Roblox donde hay enlaces a pornografía. ¿Por qué? Porque saben que lo van a ver niños. No se trata de culpar a los adolescentes de ver pornografía, de prohibir. Debemos entender todo este escenario y hacer actuaciones en políticas públicas que realmente sean efectivas, porque, si no, este porcentaje no va a bajar», añade la catedrática.

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La pederastia en la Iglesia

También fue, al margen del Estado, la insistencia de las víctimas de pederastia en la Iglesia la que ha conseguido finalmente el reconocimiento de estas agresiones, el derecho a su reparación y el acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno con el Defensor del Pueblo para indemnizar los casos que estén prescritos en la justicia pública. «Mucha gente piensa que esto es de la época de Franco. Claro. En la época de Franco ocurría, pero es que por desgracia en nuestros días también sigue ocurriendo, y hay niños y niñas que han sufrido delitos de pederastia y sus padres están desesperados, primero por el estado de sus hijos, pero después también porque los poderes públicos parece que juegan a archivarlo todo», denuncia Juan Cuatrecasas, portavoz de la Asociación Nacional Infancia Robada. 

«Solo desde enero de 2025 al verano de 2025, en España, ha habido hasta 12 casos en colegios concertados», enumera. Este mismo marzo, el Opus Dei ha apartado a un profesor en Madrid por supuestas agresiones sexuales a tres menores de edad, según ha publicado El País, que puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española. «A diferencia del ámbito familiar, la víctima, cuando denuncia, se enfrenta a su agresor pero también a toda la orden, prelatura a la que éste pertenezca, que intenta tapar el caso y defender el buen nombre de la institución. Es decir, recae sobre la víctima todo el poder de la institución, con lo que ello supone. Y de ahí que, cuando un menor/adulto denuncia a un miembro de la Iglesia, ésta nunca asume su defensa, y sí la de su agresor», reflexiona Cuatrecasas.

Su hijo fue víctima de un profesor numerario en un colegio vasco. «Nos trasladó en mayo de 2011 el delito que habían perpetrado contra él; nos habló de abusos y acoso escolar, las dos cosas, porque muchas veces los casos de abuso que se producen en colegios llevan emparejado el tema del acoso, porque el pederasta, el depredador sexual, lo que hace es intentar aislar a la víctima, como ocurre también en la violencia de género», explica. «Para nosotros –prosigue– fue una pesadilla porque veíamos a nuestro hijo fatal. Y en un principio no te imaginas hasta dónde llegaba todo. Pero cuando ya tu hijo te dice con dificultad lo que ha pasado, pues lo primero que haces es intentar que él salga adelante –ese ha sido siempre nuestro objetivo– y por supuesto a la vez tuvimos que denunciar porque el colegio pretendía taparlo todo», denuncia. 

La Asociación Nacional Infancia Robada nació de un grupo de víctimas de la Iglesia, cuyos jerarcas han llegado a alegar que lo de los abusos no era solo cosa de esta institución. Y es cierto. «Pero a lo largo del tiempo han recurrido a nosotros sobre todo víctimas del ámbito intrafamiliar, alguna del deportivo e incluso de los Boy Scouts. Es, efectivamente, un mal endémico de nuestra sociedad. Y siempre digo que con la infancia nada es suficiente», concluye Cuatrecasas. Según la encuesta realizada por la firma GAD3 para el Defensor del Pueblo, el 1,13% de las personas han sufrido abusos en el ámbito religioso católico. La cifra supone un 0,6% con respecto a los abusos totales reportados: un 11,7% de las personas entrevistadas (con una muestra de 8.000). Y no es menor: son unas 400.000 víctimas, según las prospecciones del Defensor. 

«En el caso de la Iglesia es un tema que procede de muchas décadas atrás, y está insertado como algo estructural. No son cuatro casos, como decía la Iglesia al principio. Son muchos y cada vez más. E incluso te diré que en este ámbito se entendía que era entre un cura o religioso adulto y un niño y, con el tiempo, también han ido saliendo mujeres víctimas de sacerdotes. Hay campos totalmente inexplorados, como el tema de las monjas, que algún día también saldrá», añade Cuatrecasas, que lidera la petición de un Estatuto específico que otorgue a los supervivientes «la condición de víctima» con derechos en el ámbito sanitario, educativo, laboral y social. Además de la protección judicial a quienes hayan denunciado.

El informe destaca, además, que la violencia contra la infancia, considerada como un asunto de salud pública por la Organización Mundial de la Salud (OMS), no ha aparecido entre los problemas que generan una mayor preocupación en la ciudadanía, según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). «Por ello –indica el Defensor–, se aprovechó la ocasión para preguntar a las personas encuestadas, ante todo, cuál era su percepción del problema». La mayoría lo considera un problema social muy grave o bastante grave. Sobre si existe una mayor conciencia social, un 19,7% respondió «mucha» y un 40,2% «bastante», frente a un 32% que consideró que la conciencia social había crecido poco y un 5,2% nada. 

«Precisamente el tabú que todavía rodea a esta forma de violencia está muy vinculado a esos entornos en los que se produce. Aceptar esto implica reconocer que el riesgo y la violencia muchas veces proceden de los entornos que deberían ser protectores. Esa realidad genera una profunda incomodidad social, pero también sentimientos de vergüenza, culpa y miedo, incluso dentro de las propias familias o instituciones, que pueden llegar a traducirse en situaciones o dinámicas de encubrimiento para evitar el estigma social», contextualiza la experta Clara Burriel.

Fue lo que hizo la Iglesia durante años con estos casos o lo que hacen tantas familias con los suyos. En el foro celebrado en Sevilla a finales de 2019, también se llegó a concluir lo siguiente: «En el momento actual, la actitud de la mayoría de los profesionales es el no querer implicarse en la atención, ni en la notificación por las consecuencias que podría acarrear, por la dificultad que entraña, por la dedicación que exige y por la inseguridad jurídica profesional que padecemos». Ocurre también que cuando alguien pone este asunto en una conversación –como hemos constatado en el proceso de elaboración de este dossier– la reacción suele ser de desconexión: qué tema «más feo», qué tema «más incómodo».

La justicia

La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, admite la deuda que existe con estas víctimas. «Pido disculpas, en nombre del Estado, a todas las infancias porque no hemos llegado a tiempo de evitar muchas situaciones dolorosas», dice en una entrevista en páginas posteriores. Este año se cumplirá un lustro de la aprobación de la Lopivi, que necesita seguir dotándose de financiación y recursos para ser efectiva, sobre todo, desde el punto de vista educativo y judicial. Porque lo que ha pasado también hasta ahora es que no se reconoce que los niños sean sujetos de derechos, que no son propiedad de los padres, ni de los tutores, ni de nadie. «El ordenamiento jurídico no está pensado para los niños y las niñas», dice tajante la magistrada Glòria Poyatos, que insiste en la importancia de incluir la perspectiva de infancia en la justicia.

Juicio en el parque. ¿Se lo imaginan? Los niños tampoco en una sala de vistas

«En todo lo relacionado con los menores, necesitamos dar un salto cualitativo porque nos encontramos con que sus necesidades y experiencias normalmente quedan ocultas, es muy difícil valorar su relato, muy difícil valorar su sintomatología o sus reacciones porque suelen ser inespecíficas. Se necesita de la psicología, y no de una psicología cualquiera, sino de algo muy especializado para poder llevarlo a cabo en profundidad. Y actualmente no tenemos esos recursos, de forma que los juristas estamos opinando y tomando decisiones sobre cuestiones relativas a menores, cuestiones muy relevantes, sin tener suficiente formación», admite la abogada Amparo Díaz, especializada en violencia de género y victimología.

«No nos olvidemos –prosigue– de que el machismo justifica y legitima que haya ciudadanos de primera categoría y ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría, como las mujeres, niños y niñas». «Cuando las víctimas son niños que todavía no tienen capacidad de expresarse con mucho detalle, el sistema que se está aplicando es un sistema basado en la valoración de la credibilidad de su relato y requiere que su relato sea detallado, con detalles del contexto, del lugar, de la secuencia de cómo suceden los hechos… y nada de eso lo pueden hacer muchos menores. Se están dejando de lado otro tipo de investigaciones basadas en otro tipo de herramientas como pueden ser los juegos con muñecos, los dibujos, pruebas indirectas…», prosigue Díaz. 

Sira Rego: “Pido disculpas en nombre del Estado a todas las infancias”

La Lopivi parte de ahí y, entre otras cuestiones, prevé la creación de juzgados especializados en violencia contra la infancia. Sin embargo, según matiza Save the Children, la instauración de las nuevas secciones se aprobó finalmente en 2025 en Madrid, Barcelona y Málaga, cada una de ellas con una única plaza judicial. «Aunque la implementación deba ser paulatina, tres secciones con una plaza cada una para todo el país resultan manifiestamente insuficientes para atender de manera especializada todas las formas de violencia de las que son víctimas niños, niñas y adolescentes, por lo que es necesario una implementación más amplia desde su inicio, así como la creación de plazas judiciales», reclama Burriel.

En este ámbito, las asociaciones y colectivos piden la creación de fiscalías especializadas, asegurar que estos casos recaigan en las secciones de violencia contra la infancia y la adolescencia, en lugar de las secciones de violencia sobre la mujer: «Pues las niñas tienen necesidades específicas diferenciadas de las de las mujeres adultas, motivadas por su edad, el momento de desarrollo, el tipo de violencia o la relación con la persona agresora. Lo contrario supondría, además en la práctica, un trato desigual entre niños y niñas, cuyos casos por el mismo tipo de violencia serían tramitados por secciones distintas», señala Burriel. 

Y, por supuesto, resulta fundamental integrar el modelo Barnahus en la justicia especializada en infancia, un modelo de atención integral donde todas las instituciones que intervienen en un caso de agresión sexual infantil se coordinan y trabajan bajo el mismo techo para atender al niño o niña víctima. El objetivo es evitar la victimización secundaria estableciendo protocolos de actuación interdisciplinarios e interinstitucionales, lo que mejorará de ese modo la coordinación entre los profesionales y asegurará la protección de los niños y niñas a la hora de conducir exploraciones, realizar la prueba preconstituida y evitar su declaración en el juicio oral, lo que lo aleja de las instalaciones judiciales.

Según el informe de sentencias de Save the Children, en más de la mitad de los casos, hay víctimas que siguen teniendo que declarar más de una vez. En el 20% de los casos, la víctima tuvo que declarar dos veces, mientras que en un 3% tuvieron que declarar hasta cinco veces o más. Por otro lado, los que llegan a la justicia se extienden más allá de los tres años y preocupa el aumento de los que sobrepasan los cinco años de duración. «Habitualmente, las instancias judiciales hacen gala de ese principio garantista del habeas corpus, que me parece muy bien, pero cuando alguien denuncia esto no lo hace por capricho, cuando alguien va a un juzgado no lo hace como el que va un domingo a dar un paseo por el campo. La casuística de casos falsos denunciados de violencia contra la infancia es prácticamente ridícula», insiste Cuatrecasas. 

El proceso judicial iniciado por su familia contra el profesor, que acabó condenado, concluyó varios años más tarde, en 2018: «Y tenemos que aguantar halagos hacia el pederasta, con condena. Estamos en 2026 y esto no ha terminado. Nos queda el juicio civil y el tema del Vaticano».

Secuelas de por vida

Laura fue la única de cuatro hermanas que se atrevió a hablar. Su padre agredió a todas las demás. Cuando llegó a ella, la más pequeña, se acabó. Su madre no se había enterado hasta entonces. Y aunque su caso llegó a los tribunales y el padre fue condenado, Laura sigue viviendo hoy, con más de 40 años y dos hijos, con ese dolor: «Ese tío ha pasado unos cuantos años en la cárcel y no ha pagado nada porque se declaró insolvente. Él está tan pancho. Nosotras seguimos destrozadas». Ninguna de sus hermanas terminó los estudios básicos. Ella ha encadenado depresiones y trastornos de la alimentación y, según cuenta, no le sirve la justicia restaurativa cuando se le pregunta como forma, también, de poder aminorar su dolor.

«En España también tenemos estudios de la relación entre violencia sexual y la conducta suicida, una relación más que demostrada. El niño busca una salida al dolor y muchas veces consiste en acabar con todo, con su vida. La violencia sexual también se relaciona con consumo de alcohol y drogas, que es otro de los problemas que tenemos. Un consumo que te permite desconectar de este recuerdo. Se relaciona también con problemas de salud mental, obviamente, ansiedad, depresión, fracaso escolar. Y es un problema que no estamos sobrerrelacionando con otros problemas, y que está demostrado desde hace mucho tiempo, tanto fuera del país como en España», expresa Pereda. 

Según el informe publicado este mismo abril por la Fundación ANAR sobre su línea de ayuda telefónica, email o chat, la conducta suicida de menores de edad se ha convertido, por cuarto año consecutivo, en el principal problema atendido. Y la primera causa de los problemas de salud mental es la violencia. Después de ello y las autolesiones, entre los principales temas de consulta destacan las agresiones sexuales. 

Aunque con ayuda hay salida, en una de las sentencias citadas anteriormente, el tribunal también lo dice claramente: «El sufrimiento que padecen estas menores difícilmente podrán borrarlo de su mente en el futuro». De hecho, la mayoría, cuando lo cuenta, ya es una persona adulta, lo que lleva a que el delito prescriba en muchas ocasiones y que los hechos queden impunes. Por eso se está pidiendo la imprescriptibilidad. «Suele ser característica habitual en estos casos el silencio de los menores y la prolongación en el tiempo de las agresiones sexuales, que es lo que busca el autor de estos hechos delictivos para conseguir la obstaculización de la decisión de la denuncia por parte de los menores, o de contarle a sus madres lo que están sufriendo», insiste la misma sentencia.

La pesadilla suele iniciarse como un «secreto» entre el agresor y la víctima, que aún no sabe que lo es. Porque no le pega, que es algo que el niño identifica como algo malo, sino que le hace cosquillas, o lo acaricia. Por eso es fundamental, como afirma Vicki Bernadet, la confianza educada, hacer ver al niño que los secretos se pueden tener pero que hay que romperlos cuando te hacen sentir mal. En todo ese proceso, el niño muchas veces huye a otro lugar, disocia lo que le hace por la noche su padre de lo que le dice por la mañana: por la noche entra en su cuarto y lo toca y por la mañana hablan de las notas del cole. La espiral va creciendo de tal manera que el mismo niño, puede llegar a sentirse culpable, y sentir vergüenza, porque el agresor también se lo recuerda: no lo puedes contar porque a ti también te gusta. «Me sentía una puta», dicen algunas mujeres agredidas. Y esa niña o ese niño tampoco quiere que su padre o su abuelo vayan a la cárcel. ‘¿Estás seguro de lo que dices? Porque puede ir a la cárcel?’. Y entonces se retractan. Con eso también juegan estos agresores. 

A pesar de los avances, de las leyes, siguen produciéndose casos como este que publicó en marzo El Salto: un juzgado de Madrid otorgó la custodia exclusiva de una niña de seis años a su padre denunciado por violencia sexual hacia la pequeña cuando el caso todavía no estaba sobreseído. El escrito –afirma el medio– hacía alusiones al falso síndrome de alienación parental, prohibido en la Lopivi. 

Más allá de este caso particular, la abogada Díaz insiste en ello, en que las leyes están, pero no siempre se aplican: «Rige la presunción de inocencia, pero debería regir a la vez el derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, el derecho a que se investigue en profundidad un caso y que se lleven a cabo diligencias útiles para llegar a conocer qué es lo que ha sucedido. Sin embargo, nos quedamos muchísimas veces en la superficie, porque como el menor no llega a dar suficientes detalles o no llega a tener evidencias físicas o síntomas psicológicos específicos, nos quedamos ahí».

Pone como ejemplo el artículo 19 de la Ley de Violencia de Género, que dice que las entidades que dan atención especializada a las mujeres podrán pedir medidas urgentes al juzgado: «Y, sin embargo, no se piden. El hecho de que la madre haya contado previamente una situación de maltrato hacia ella, por desgracia se suele interpretar como que hay una animadversión, que es parcial y que no es objetiva».

Por ello, plantea algo básico: que las administraciones públicas cumplan la legislación. «Para eso es necesario que tengan más medios. Las profesionales que están en esos servicios normalmente están muy implicadas, pero tienen poco tiempo, muchas veces trabajan a media jornada y tienen temor, por un lado, a los propios procedimientos judiciales, y, por otro, a las represalias de las personas que están identificando como posibles agresores. Y eso pasa en todos los servicios. Los servicios sociales muchas veces no se pronuncian, se quedan en la superficialidad, entre lo que dice uno y lo que dice otro, no avanzan y no se hacen más investigaciones ni se pide nada específico a los juzgados ni a los centros educativos».

Prevención y detección: redes e inteligencia artificial

En mitad de este panorama, la formación, la prevención y la detección temprana son, por tanto, las herramientas cruciales. «Salir de las cifras estancadas supondría en primer lugar impartir una educación afectivo-sexual universal desde etapas muy tempranas. Y esto no ocurre en la mayoría de países, no es solo España. Y no va de que en una asignatura de 3º de ESO sepan lo que es el pene y un embarazo, no. Esto va de consentimiento, va de los derechos que tienes sobre tu cuerpo, tu intimidad, va del respeto a los demás, de relaciones igualitarias. Es educación afectivo-sexual, no solo sexualidad biológica», insiste Pereda. 

El niño, dice ella, tiene que aprender que nadie puede tocar su cuerpo si él no quiere y que tiene que haber una justificación para ello. «Hay que decir, ‘hola, soy el médico y te voy a tocar por esto’. Perfecto. Ya le estás mostrando un respeto. O ‘soy mamá y te limpio el culete, porque tengo que limpiártelo’. Perfecto. Este mensaje ya está mostrando un respeto por el niño. Pero no lo hacemos así. Cogemos al niño, lo limpiamos, lo coge el médico, le quita los pantalones… Lo que está aprendiendo es que cualquier adulto puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Y luego queremos que hablen. Claro, ¿cuándo van a hablar? Si no saben que tienen este derecho, ¿no?», expone con ejemplos prácticos que permiten ver toda la violencia a la que sometemos a los niños sin ser conscientes de ello. 

Prevención: libros y canciones para ayudar a las niñas y niños a protegerse de los pederastas

Como la tradición social de dar besos como muestra de buena educación, de relación social. Si el niño no lo hace, porque no le sale, porque no quiere, o porque no tiene ganas, se le dice que es un maleducado y se le insiste hasta que da el dichoso beso. ¿Pero cómo va a saber que tiene que decir que no cuando lo estén sometiendo a una violencia?, reflexiona Vicki Bernadet en una de sus charlas. En la misma línea se expresa la experta Clara Burriel, que destaca la posición privilegiada de los centros educativos para detectar casos. «Es fundamental que el profesorado sepa identificar señales de alerta y comprender lo que un niño o niña puede estar revelando. Para ello, es clave la formación de los y las docentes, y también la implementación de las figuras de protección que recoge la Lopivi para el ámbito educativo, el coordinador/a de bienestar». 

Y, por supuesto, son necesarios –dice– protocolos para la detección, la notificación y la actuación: «Sin un protocolo claro, las decisiones pueden quedar en manos de cada docente, quien puede enfrentar dudas sobre cómo proceder, temores a represalias o incertidumbre sobre la veracidad del testimonio. Para evitar que la protección dependa de la valentía individual o de la percepción subjetiva de cada profesional, todos los centros educativos deberían contar con protocolos internos, con mecanismos de prevención y pautas claras de actuación». 

Es, además, una medida que, como sostienen los especialistas, debe venir del Estado, no se debe dejar al albur de cada colegio, de cada comunidad autónoma o de cada partido político. «Esto no es ideología, es educación. Hay que tomar las riendas porque estamos hablando de educación y tu hijo tiene derecho a la educación. Tú no puedes decidir si quieres educar o no a tu hijo. Y lo mismo que tiene profesorado de matemáticas va a tener esta asignatura que la va a dar una profesora, no la va a dar una voluntaria», zanja Pereda.

La catedrática apunta también a otra cuestión fundamental: «Lo importante de esta educación es que no solo evitas víctimas, sino también agresores». Y más en un contexto como el actual, con el aumento de la violencia entre iguales. «Estos mismo niños agresores son también víctimas. Por eso hacemos mucho hincapié en la mirada del adulto, porque es el adulto quien identifica las señales de riesgo», añade Shaurin Molina, de la Fundación ANAR. 

Eva Medina cuenta un caso que abordaron desde Redime: un grupo de niños de 12 años agredieron a una niña en el baño del instituto: «Se masturbaron delante la niña. Y cuando se les pregunta a los niños por qué han hecho eso, la respuesta es para caerse de espaldas: ‘Porque eso les gusta a las mujeres’. Y cuando les preguntas que por qué, te responden: ‘Porque lo hemos visto en Internet’. El modelo que tienen es la pornografía. Yo siempre les digo que la pornografía es la ciencia ficción del sexo». 

Desde su punto de vista, abordar la educación es una cuestión de Estado, pero también de las familias: «Porque los padres y las madres a veces pensamos que el niño está en su cuarto, tranquilito… Pero no. Tu niño está en su cuarto, pero no tendría que tener un ordenador en el cuarto, ni puedes darle un móvil. Yo digo muchas veces: ‘Oye, le das el móvil porque se calma, pero también se calmaría con un chupito de whisky. Y si te lo pide mañana, ¿a que no se lo das? Como sociedad hemos de ir hacia esos cambios porque el resultado está ahí», insiste.

La abogada Amparo Díaz también incide en ello: «Hay que perseguir el porno online que involucra a menores o que suponen prácticas humillantes y agresivas sobre las mujeres». Para Díaz, esta violencia no solo no es cosa del pasado, sino que estamos en uno de los peores periodos: «Por no decir el peor, porque Internet ha potenciado la cosificación del ser humano y especialmente de las mujeres, niñas y niños, de forma que se está naturalizando el uso cosificante de las niñas y de los niños de manera sexual».

Con red o sin red, el delito sigue estando ahí. Por ello, concluyen todos los sectores que han participado en el dossier, hay que escuchar a las víctimas de una vez y poner el foco en los agresores, que son los que están logrando que no queramos ver, que miremos para otro lado.  

La ministra Rego, víctimas y especialistas piden mirar de frente a la pederastia en el acto de ‘La Marea’

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Me hallo sentado frente a la página en blanco, como tantas veces, y pienso en esa niña. En una habitación compartida de un centro de menores de Tenerife, una cría mata el tiempo como ahora mata el tiempo medio planeta: mirando vídeos. Reels, que se llaman. Esa sucesión hipnótica de imágenes breves que Instagram escupe sin cesar, una tras otra, hasta que el dedo se cansa o la conciencia se disuelve. Ella disocia, que es la palabra técnica para decir que se va, que deja de estar. Lleva horas así, quizá toda la tarde. Y lo que ni ella ni sus compañeras de cuarto saben –ni tampoco usted, ni casi nadie– es que mientras ella mira, una inteligencia artificial ha generado más de 90 millones de predicciones por segundo para mantenerla ahí. No es un dato sacado de la manga. Lo dijo uno de los creadores de esta bestial droga que consumimos bajo el eufemismo de «red social».

Porque de eso hablamos: una droga. No se fuma, no se inhala, no se inyecta. Entra por los ojos y se instala en el cerebro con la complicidad silenciosa de un algoritmo diseñado para secuestrar la atención. Y está al alcance de sus hijos, de sus hijas, de los niños que aún no saben que están siendo el producto, no el cliente. Son la antesala de algo peor: la normalización de la cosificación. Y aquí conviene recordar de dónde viene todo esto, porque la memoria, aunque no guste, es necesaria. El dueño de Instagram se llama Meta, y Meta es la misma empresa que fundó un tal Mark Zuckerberg en una residencia universitaria.

Su primer proyecto no fue una red social para conectar al mundo, sino una página llamada Facemash. Funcionaba así: tomaba fotografías de las estudiantes de Harvard, sin su consentimiento, de los directorios universitarios, y las enfrentaba en pares para que los usuarios votaran quién era la «tía más buena». Un ranking de mujeres reducidas a puntuación. Ese fue el origen. Ahí nació la criatura que hoy le muestra a su hija cómo debe verse para ser validada.

Llevo años analizando crímenes con pruebas digitales. He visto cómo evolucionan las herramientas, pero también cómo se mantienen intactas ciertas inercias. Internet no es neutral. Nunca lo ha sido. Tampoco es un espejo fiel de la sociedad: es una lupa. Amplifica lo que ya somos. Y si algo somos es profundamente machistas. Por eso no me trago el discurso naíf de que estas plataformas pueden ser, por sí mismas, espacios de igualdad. No lo digo desde el cinismo, sino desde la experiencia. No se puede construir un entorno justo sobre una arquitectura diseñada para explotar la atención y monetizar el deseo.

No se puede levantar un templo a la igualdad sobre un solar donde la base fue la cosificación. Hace tiempo decidí comprobarlo. Me creé cuentas nuevas, limpias, sin historial, sin sesgos previos. Quería ver qué ofrecía la máquina cuando aún no sabía nada de mí. El resultado fue quirúrgico: en perfiles femeninos, cocina, decoración, ternura domesticada. En perfiles masculinos, cuerpos. Mujeres fragmentadas en curvas, en poses, en estímulos rápidos. Desde el minuto uno. Sin contexto. Sin historia. Solo consumo.

No es un fallo. Es diseño, como ha dictado una sentencia contra Meta y YouTube. Y, sin embargo, convivimos con ello como si fuera inevitable. Hemos integrado Instagram  en nuestras dinámicas más íntimas. Es nuestra carta de presentación, es filtro previo a cualquier relación. Nadie da ya su número sin pasar antes por ese escaparate digital donde competimos por parecer algo que no somos.

Pero hay algo que me inquieta más. ¿Cómo es posible que una empresa capaz de detectar automáticamente un pezón en una imagen –y censurarlo en milisegundos– no sea capaz de detectar a un menor en riesgo? ¿Cómo puede afinar hasta el absurdo para proteger su moral estética y  fallar sistemáticamente en la protección real? La respuesta es sencilla: porque el menor también es producto. Y mientras el producto genere interacción, no hay incentivo real para detener la maquinaria.

En paralelo, las redes se llenan de una estética imposible. Una carrera en la que las mujeres compiten contra versiones irreales de sí mismas, mientras los hombres consumen esa ficción como si fuera norma. Y entonces me pregunto: ¿de verdad creemos que estos sistemas se han diseñado desde una mirada equilibrada? ¿Que un algoritmo así es fruto de equipos de hombres y mujeres? La historia de la tecnología nos dice lo contrario.

Durante décadas, las mujeres han sido expulsadas de los espacios donde se decide cómo se construye el mundo digital. No es solo una cuestión de números. Es una cuestión de cultura. De cómo se percibe a quien entra. De cómo se cuestiona su talento. No es casualidad que muchas hayan abandonado. Ni que otras tengan que demostrar el doble para ser tomadas en serio. Ni que los productos finales reflejen ese sesgo. La exclusión no es un accidente. Es estructura. Y esa estructura se replica en el código, en los algoritmos, en las decisiones de producto. Lo que vemos en pantalla no es solo tecnología: es ideología empaquetada en forma de entretenimiento.

Ahora bien, no todo está perdido. Estamos en un momento histórico peculiar. La IA ha democratizado, en parte, el acceso al conocimiento y a la creación tecnológica. Hoy, más que nunca, cualquiera con capacidad y determinación puede aprender, construir, intervenir. Las barreras siguen existiendo, sí, pero ya no son infranqueables. La pregunta no es si podemos cambiar esto. La pregunta es si queremos hacerlo.

¿Estamos preparados para que entren más mujeres en el diseño de la tecnología y cambien las reglas del juego? ¿Podemos imaginar algoritmos diseñados desde la empatía, desde la protección, desde una comprensión distinta del poder? Yo, como hombre que ha crecido en este entorno y que ha participado –consciente o no– de sus inercias, quiero pensar que sí. Que es posible. Pero eso exige renunciar a ciertos beneficios, cambiar modelos de negocio, asumir pérdidas a corto plazo. Y eso, siendo honestos, es lo verdaderamente difícil.

Mientras, la niña de Tenerife sigue deslizando el dedo. Sigue ahí, atrapada en una secuencia que no diseñó y de la que nadie parece querer rescatarla. Porque no es una historia individual. Es un patrón. Como lo son tantos casos que terminan en violencia, en explotación, en situaciones donde la tecnología facilita el daño. Y aquí está el problema real: no estamos ante una herramienta que se usa mal. Estamos ante un sistema que funciona exactamente como fue diseñado.

La próxima vez que hablemos de redes sociales, quizá deberíamos dejar de preguntarnos cómo usarlas mejor y empezar a preguntarnos si estamos dispuestos a aceptar lo que realmente son. Porque tal vez el mayor engaño no sea el algoritmo y seguimos discutiendo si esto es bueno o malo, útil o inútil, educativo o peligroso… como si aún no hubiéramos entendido que el debate real es otro. No va de redes sociales. Va de esa niña que terminó siendo captada para la prostitución en el caso 18 lovas… Va de qué tipo de sociedad estamos dispuestos a tolerar. Y, sobre todo, de si vamos a seguir entregando a nuestros hijos e hijas a un sistema que no los protege… porque en realidad nunca fue diseñado para hacerlo.  

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La jueza ha condenado a 12 meses de multa a los cuatro activistas climáticos que arrojaron pintura contra el Congreso en marzo de 2023 y ha absuelto a cinco participantes. La sentencia descarta la petición de la Fiscalía, que solicitaba un año y nueve meses de cárcel como castigo ejemplarizante. La magistrada opta por la pena mínima para este delito de daños al patrimonio porque los condenados carecen de antecedentes penales y usaron pintura diluida con la intención de minimizar los desperfectos.

El fallo judicial, al que ha tenido acceso Climática, advierte que la libertad de expresión no ampara causar daños a un edificio histórico protegido. Aunque la defensa sostenía que el material era inofensivo, la sentencia revela que la pintura penetró en la piedra porosa y se adhirió al barniz de uno de los leones de bronce. Esta situación obligó a contratar a técnicos restauradores, lo que elevó la factura de limpieza a 5.863 euros, una cantidad que los activistas ya habían depositado en los juzgados en concepto de fianza.

Desde la defensa de los activistas valoran la resolución judicial con un sabor «agridulce»: celebran haber evitado la prisión, pero insisten en que la acción no superó el «umbral de molestias» amparado por el derecho a la protesta. Este caso marca un precedente de cara al próximo otoño, cuando una quincena de integrantes de Rebelión Científica se sentará en el banquillo por una acción similar en la misma escalinata.

Puedes leer el análisis completo de la sentencia y todas sus claves en Climática.

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Hacía mucho calor. Eran las siete y media de la tarde y el termómetro no bajaba de los 38º grados. La Sala El Cachorro, en Triana, acababa de abrir sus puertas, y el público, contra todo pronóstico, comenzó a llegar. “Gracias por venir desafiando al calor pero, sobre todo, gracias por venir a escuchar hablar de un tema del que no queremos oír ni hablar”, introdujo la periodista Olivia Carballar en la nueva presentación del especial sobre pederastia publicado en La Marea, esta vez en Sevilla.

Con ejemplares repartidos por todas las mesas, el público permaneció atento y participativo durante las dos horas que duró el acto, vertebrado por la necesidad de abordar la violencia sexual en la infancia y adolescencia como un problema social, estructural y de salud pública, del mismo modo que la violencia de género. 

“Lo mantuve oculto durante 40 años. Y lo que me llevó a contarlo fue tocar fondo”, sostuvo Laura Cuevas, superviviente de agresiones sexuales desde los seis a los 16 años, fundadora de la asociación Lulacris. Su primer «confidente» fue el libro que escribió en 2022, Sin filtro, para poder sacar todo lo que llevaba dentro. Narrado con una claridad absoluta ante una sala noqueada, su caso visibilizó el trauma y la soledad que arrastró y que continúan arrastrando estas víctimas. “Mi madre lo sabía. Durante mucho tiempo, culpé a mi madre, más que a mi padre”, admitió con templanza. Es una historia que se repite, en todo tipo de familias, como contó también la hija de la Premio Nobel Alice Munro, quien se sintió abandonada por su familia, o como cuenta Montxo Armendáriz en su película No tengas miedo.

VÍDEO: LAURA LEÓN

Laura Cuevas se mueve ahora por toda España intentando dar visibilidad a un tema que sigue siendo un tabú en la sociedad, como ella misma aseguró. Ayer hizo más de 350 kilómetros (ida y vuelta) para estar en Sevilla contando una historia, la suya, pero también la de uno de cada cinco niñas o niños que son agredidos sexualmente, mayoritariamente por familiares o conocidos, y para quienes casi nadie está mirando. “La estadística es tan escandalosa que es muy probable que conozcamos a algunos de ellos. En un equipo tan pequeño como el que hacemos La Marea, no tuvimos que salir fuera, teníamos al menos una víctima dentro”, remarcó la periodista Carballar.

La reacción de las familias, que deriva en muchos casos en encubrimiento por la vergüenza y el estigma social que se genera alrededor, fue una de las cuestiones planteadas desde el público. “Lo normal es que no se denuncie porque esto rompe el esquema familiar, salta por los aires”, respondió Amparo Díaz, abogada especializada en violencia de género y victimología. Desde su experiencia día a día en los tribunales, denunció una falta de formación en la justicia en este aspecto y defendió la aplicación de la perspectiva de infancia para que estos delitos no queden impunes. Además, destacó el aumento de las agresiones entre menores: «Se debe intervenir como un asunto de Estado».

VÍDEO: LAURA LEÓN

Una de las mayores reivindicaciones en el evento fue la formación en los colegios e institutos como principal herramienta de prevención y la necesidad de impartir una asignatura obligatoria sobre educación afectivo-sexual, mucho más aún en la época de la digitalización, las redes sociales y la inteligencia artificial. 

Todos estos factores han disparado los delitos sexuales en la red, reflexionó el fiscal delegado de Criminalidad Informática en Sevilla, Gabriel González, que alertó de que con las tecnologías, a diferencia de la violencia sexual física en entornos conocidos, los agresores han multiplicado el número de víctimas. “Tiran la caña a ver a quién pescan”, escenificó. Además, incidió en la necesidad de reparar el daño moral a las víctimas con indemnizaciones que no sean irrisorias, porque muchas de ellas no se pueden pagar toda la terapia que necesitan para superar el trauma que arrastran.

VÍDEO: LAURA LEÓN

Los ponentes también reflexionaron sobre la responsabilidad de las tecnológicas a la hora de poder facilitar, a través de sus plataformas, la comisión de estos delitos, como expresó el perito informático Jorge Coronado, que puso el ejemplo de la plataforma de juegos Roblox y las acusaciones sobre pederastia. Entre el público, de hecho, había una madre que pidió ayuda para el caso su hija, relacionado con una interacción sospechosa en la red con un hombre desconocido. «Denuncia en la policía», le indicaron.

Quienes acudieron, se quedaron a escuchar, a pesar de lo doloroso, incluso, «vomitivo», que puede resultar enfrentarse a estos relatos efectivamente terroríficos, pero reales. Se habló de la prescripción de estos delitos, de las listas de espera en la sanidad pública para la atención en salud mental, de que quien comete estos delitos monstruosos no son monstruos, que puede ser el médico, el padre, el vecino, el novio de la madre, el cura. Se habló también de la pederastia en la Iglesia. En resumen, se habló abiertamente de un problema de gran magnitud del que no se suele hablar por miedo, por incomodidad, por rechazo.

“Algunos colegios, en vez de sentirse orgullosos de parar estos casos, lo llegan a ocultar”, denunció una persona del público, entre quienes había trabajadoras sociales, maestras, juristas, periodistas, investigadores, psicólogos, informáticas, estudiantes, madres y padres. Laura Cuevas –»Es un lujo tenerte hoy aquí», le dijo Amparo Díaz– lo confirmó: “Una vez anularon un curso de formación porque decían que si hablaban de ello en el cole, a lo mejor los niños comenzaban a inventarse abusos”, dijo ante la perplejidad de la sala, donde también se lanzaron algunas recomendaciones. Celebración fue una de ellas, una película danesa de 1998 escrita y dirigida por Thomas Vinterberg.

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La Marea ha sido galardonada con el Premio Nacional de los primeros Premios de Periodismo de Investigación de El Confidencial, creados con motivo de su 25.º aniversario. Los reportajes premiados, centrados en la agencia de gestación subrogada Gestlife, forman parte del especial de este medio sobre la industria de los vientres de alquiler, publicado en el año 2025.

El jurado, presidido por el director de El Confidencial, Nacho Cardero, e integrado por Antonio Rubio, Marta Sánchez Esparza, Edith Rodríguez y Tomás Ocaña y asistido por Miguel Ángel Gavilanes como secretario, ha determinado por unanimidad que la investigación de Marco Dalla Stella, Patricia Simón y Magda Bandera aborda una cuestión «de indudable interés público en el que confluyen la salud, la maternidad, los derechos de las mujeres y los límites éticos de las técnicas reproductivas». Un tema que las Naciones Unidas han identificado como una preocupación global por su relación con la explotación reproductiva y la trata.

El jurado ha valorado que la investigación «se sustente en información verificada, contrastada y documentada» así como la combinación rigurosa de fuentes «garantizando al lector datos fiables y contexto completo sin incluir la opinión del periodista o del medio».

«La trayectoria de La Marea se conforma como una cooperativa en la que los socios tienen voz y voto sobre la línea editorial y los estándares de publicación. Una estructura que es garantía de su independencia. Su trayectoria demuestra que el periodismo de calidad no es patrimonio de las grandes cabeceras, sino una elección que se ejerce cada día desde la vocación, la autonomía y el compromiso con el interés público», sostiene el jurado.

Premio a la Trayectoria Profesional

Los primeros galaradones dedicados al periodismo de investigación de El Confidencial también han destacado al periodista Dean Baquet con el Premio a la Trayectoria Profesional. Ganador de Pulitzer por su trabajo como reportero en The Chicago Tribune, Baquet ocupó distintos cargos en Los Angeles Times, incluido el de director. También estuvo al frente de The New York Times como editor ejecutivo entre el año 2014 y el 2022.

Bajo la dirección de Baquet, el diario neoyorquino llevó a cabo investigaciones de gran calado como como la que reveló la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2016 y la que destapó los casos de abusos sexuales cometidos por el productor de cine Harvey Weinstein que desataron el movimiento #MeToo.

El jurado que ha otrogado este premio, presidido por Luis Enríquez, está formado por Martin Baron, Miguel Ángel Aguilar, James Harding, Marianela Balbi y Giles Tremlett.

Premio Internacional

El medio mexicano Aristegui Noticias, liderado por Carmen Aristegui, ha recibido el galardón internacional por «exponer con documentación inédita los mecanismos de desinformación, manipulación y guerra sucia operados desde uno de los grupos mediáticos más poderosos de América Latina». Los periodistas Sebastián Barragán Hidalgo, Brandon J. Celaya Torres, Regina Diez Gutiérrez, Juan Omar Fierro y Lilia Saúl Rodríguez firman la pieza donde se aborda la ética mediática y la responsabilidad de los periodistas de exponer irregularidades, incluso dentro de su propio sector.

Menciones de honor

La investigación Dirty Payments -que ha demostrado «el poder de la cooperación internacional para exponer secretos financieros y responsabilizar a instituciones poderosas»- y Los niños perdidos en la guerra interna de Ecuador -donde Alina Manrique documenta cómo se duplicaron las desapariciones de menores en el primer año de conflicto armado de Ecuador- han recibido la Mención de Honor en esta primera edición.

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Hablar de los niños sin los niños es habitual; incluso, con ellos y ellas delante, como si no estuvieran, como si no entendieran. Pero lo hacen, a su manera, y es vital ofrecerles herramientas para que conozcan sus derechos, sus límites y detectar cómo y a quién pedir ayuda. 

Paso 1: conocer el cuerpo

Debemos empezar por el conocimiento de su propio cuerpo. Basta de eufemismos. Lo de que ‘no se nombra, no existe’ se puede aplicar a cómo nos relacionamos con nuestros genitales y las «zonas privadas». Al delimitar primero unas zonas, los niños pueden no solo saber de su existencia sino de su importancia. 

Libros como Tu cuerpo es tuyo, de Lucía Serrano, Tu cuerpo es un tesoro, de Margarita García Marqués –fundadora de la Asociación para la Sanación y Prevención de los Abusos Sexuales en la Infancia–, o ¡Mi cuerpo es mío!, de Dagmar Geisler, son una adquisición obligada en nuestra biblioteca casera.

Además, El semáforo corporal, de María Edelys Soler Rojas, ofrece pictogramas para que los niños y niñas neurodivergentes –con Trastorno del Espectro Autista y Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad– puedan reconocer qué zonas no puede tocar nadie. 

Paso 2: el consentimiento

¿Os suena eso de la abuela diciendo «dame un beso que me pongo triste»? Además de tener su poquito de manipulación emocional, pone contra las cuerdas el consentimiento del niño. La prevención se inicia ahí. Enseñarles que pueden negarse es la manera de que entiendan que la opción del no siempre está disponible.

 «En mis besos mando yo», dice la protagonista de Marta no da besos, de Pablo Macías y Belén Gaudes, con ilustraciones de Nacho de Marcos. También habla de ello la pediatra Mar López Sureda en El monstruo de los abrazos. También creó, junto a Demi, la canción Solo mío. 

El consentimiento (¡para niños y niñas!), de Rachel Brian deja claro en su subtítulo qué encontraremos en sus páginas: cómo poner límites, pedir respeto y estar a cargo de ti mismo. Esta novela gráfica pretende alejarse de la lógica de la culpa y la vergüenza, y les propone reflexionar sobre sus fronteras infranqueables. 

Por su parte, el erizo Enzo explica en Con sentimiento: el cuerpo solo se toca con permiso –de Carmen Esteban y Júlia Quintana– cómo el abrazo de una amiga de su madre hace que se sienta incómodo; y, sobre todo, cómo escuchar al cuerpo para detectar si estamos a gusto o no con el contacto de otras personas.

Paso 3: los secretos

A veces, la prevención no es suficiente. Por eso, también debemos contarles a quién avisar o cómo pueden sentirse para que aprendan a detectarlo. Y sí, alertarles de que esa persona, el agresor, no tiene por qué ser necesariamente alguien desconocido que nos regale caramelos en la calle, sino que puede ser del entorno familiar o cercano. Como demuestra la estadística.

Uno de los cuentos más usados en los centros escolares es Kiko y la Mano (también conocido como La Regla de Kiko), un libro recomendado a partir de los tres años y publicado por el Consejo de Europa. Cuenta, además, con un Manual para profesionales –válido también para padres y madres–. En su cuarto capítulo, por ejemplo, se centra en cómo explicar a los niños y niñas que identifiquen personas específicas a las que pueden pedir auxilio y enseñarles a ayudarse entre sí cuando uno de ellos no es capaz de contarlo a los adultos.

¿De qué color son tus secretos?, de la psicóloga Margarita García Marqués, promueve la expresión emocional en la infancia cuando han sido víctimas de alguna transgresión en sus límites corporales, y les enseña a identificar los tipos de secretos. Porque, como cantan Los Canticuénticos: «Hay secretos chiquititos que te invitan a jugar y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal». 

Unicef ha creado una página con canciones que puedes escuchar aquí.

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Este artículo ha sido publicado originalmente en La Directa.

La palabra imperialismo vuelve a estar en boca de todos. La geopolitización de las relaciones internacionales, así como el marcaje territorial, la política de la fuerza, el nacionalismo expansionista y la coerción económica y militar, hacen difícil encontrar una mejor manera de describir las disputas en el tablero global. El principal motivo de este conflicto a gran escala es que vivimos en un tiempo liminal, un intervalo entre un estado anterior y uno nuevo, el interregno entre la unipolaridad estadounidense surgida del final de la Guerra Fría y la multipolaridad que reivindican las potencias medias y emergentes.

Ante la intensidad y la velocidad de los cambios globales, que tienden a invisibilizar otros ritmos y horizontes políticos, este texto nace con la voluntad de contribuir a la construcción de un antiimperialismo popular que responda al contexto y ponga en valor resistencias y alternativas.

Recursos, propaganda y desgaste social

Las diferentes dimensiones del embate imperial exigen una respuesta antiimperialista que vaya más allá del campismo —la idea de que “los enemigos de mis enemigos son mis amigos”— y también de la condena selectiva que, por ejemplo, señala al imperialismo ruso mientras blanquea el imperialismo yanqui.

Es precisamente el imperialismo estadounidense, hoy encabezado por Donald Trump, quien está dinamitando las ya frágiles relaciones internacionales desde una lógica abiertamente transaccional. El afán por controlar recursos estratégicos —desde las tierras raras de Ucrania hasta el potencial gasístico de Gaza, pasando por el petróleo venezolano o los hidrocarburos de Irán— está reconfigurando aceleradamente las alianzas globales y, al mismo tiempo, se utiliza como instrumento de confrontación contra China.

Ahora bien, el imperialismo actual no solo opera mediante el expolio de recursos. También actúa como una fuerza destructiva con profundos efectos psicosociales: normaliza la violencia, alimenta la impotencia, la ansiedad y la apatía, y favorece el aislamiento. En su versión trumpista, la dimensión comunicativa se convierte en un elemento central para producir este impacto. Por un lado, busca saturar el espacio público con un flujo constante de mensajes que hegemoniza los canales de comunicación. Por otro, pretende desplazar la ventana de Overton, ampliando los límites de lo políticamente aceptable. El vídeo “Trump Gaza” es un ejemplo claro: una apuesta por normalizar lo grotesco.

La acción imperialista y su aparato propagandístico también penetran en el ámbito militante, generando fatiga, frustración y pérdida del sentido de la lucha. Este desgaste se explica, en parte, por la hiperresponsabilización y la incoherencia que implica reconocerse como pieza de un sistema estructuralmente injusto. Ulrich Brand definía esta realidad como “modo de vida imperial”: una forma de vida propia del Norte Global, sostenida sobre la explotación de territorios y ecosistemas ajenos, presentada falsamente como universal pero profundamente insostenible e injusta, y reproducida transversalmente por amplias capas sociales.

La sustancia del antiimperialismo popular

Podríamos definir el antiimperialismo popular como una crítica a la expansión política, económica y cultural de potencias dominantes sobre otros territorios, otorgando protagonismo a las formas de oposición que surgen desde las clases populares (trabajadoras, campesinas, colectivo LGTBIQ+, personas racializadas, pueblos indígenas, etc.).

La esencia del concepto puede encontrarse en diferentes tradiciones que van desde el marxismo de Vladimir Lenin o Rosa Luxemburgo, el decolonialismo de Frantz Fanon o Ho Chi Minh, hasta movimientos contemporáneos como el zapatismo y los movimientos indígenas, feministas y ecologistas, principalmente en el Sur Global.

En este sentido, diversas voces reivindican un antiimperialismo popular capaz de superar el campismo y el reduccionismo geopolítico. Ashley Smith alerta contra la lectura de los conflictos únicamente como disputas interimperialistas y rechaza la idea de Washington como fuerza positiva global. Al mismo tiempo, Anticapitalistas sitúa en el centro el apoyo a Palestina, el antirracismo, los derechos de las personas migrantes y la oposición al militarismo, mientras que Catarsi Magazine defiende la autonomía política de las resistencias y el anticolonialismo como respuesta a la extrema derecha. Finalmente, Walaa Alqaisiya reivindica un feminismo palestino antiimperialista que articule género, clase y liberación colectiva frente al colonialismo y al pinkwashing israelí.

Por tanto, el antiimperialismo popular debe articular la confrontación con el orden geopolítico actual junto con una transformación de las formas de producción y reproducción, orientada a superar las dinámicas de acumulación, sosteniendo la vida y defendiendo a las clases populares. Esto implica disputar el control de los recursos estratégicos y rechazar que la crisis ecológica se resuelva mediante una nueva expansión extractiva sostenida sobre el saqueo territorial, la dependencia tecnológica y la subordinación del Sur Global. La reconfiguración industrial impulsada por los bloques occidentales —desde las cadenas de minerales críticos hasta la consolidación de una economía orientada al rearme— no representa una ruptura con el modelo anterior, sino su adaptación militarizada.

Esta confrontación también exige situar la movilidad humana y la reproducción social en el centro del análisis político. Las fronteras y los regímenes migratorios actúan como mecanismos que legitiman internamente el autoritarismo y la excepcionalidad permanente. En este contexto, las luchas feministas, antirracistas, campesinas, indígenas y migrantes no pueden entenderse como frentes complementarios, sino como espacios centrales de confrontación con un modelo que mercantiliza los territorios, erosiona las condiciones materiales de la vida y externaliza los costes sociales y ecológicos hacia los colectivos precarizados y vulnerabilizados.

Esto implica reconocer como parte de la lucha antiimperialista diversas formas de resistencia popular ya existentes, que operan en diferentes escalas pero responden a una misma lógica de confrontación con el expolio, el racismo y la militarización. En Estados Unidos, destacan las redes de vigilancia comunitaria y apoyo mutuo impulsadas por organizaciones de base que alertan y protegen a las comunidades migrantes frente a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como el movimiento autoorganizado migrante y antirracista ¡Regularización Ya!, centrado en la regularización y la defensa de los derechos de las personas sin papeles en el Estado español.

En el ámbito de los recursos, encontramos las resistencias al extractivismo verde del pueblo sami frente a la expansión de proyectos mineros de tierras raras que amenazan sus territorios y formas de vida, y las luchas de las comunidades lickanantay en el desierto de Atacama contra la extracción de litio vinculada a grandes corporaciones transnacionales. En la misma línea, en Cataluña, la Revoltes de la Terra denuncia y confronta la presencia de la empresa minera sionista ICL en el Bages, señalando los impactos ecológicos y las violaciones de derechos humanos derivadas de su actividad. Finalmente, en Europa, se cuestiona la deriva de la industria alemana —con casos como Volkswagen— por su implicación en cadenas de producción vinculadas a sistemas militares como la “Cúpula de Acero”, que ejemplifica la creciente integración entre el sector automovilístico y el complejo militar-industrial israelí.

Al mismo tiempo, diversas experiencias recientes en territorios directamente impactados por el imperialismo insisten en la necesidad de una autonomía política popular frente a las injerencias imperiales y las élites locales. El Sindicato de Trabajadores de los Autobuses de Teherán rechazaba tanto a las potencias extranjeras como el retorno monárquico impuesto “desde arriba” como vías de liberación para las clases populares iraníes. En una línea similar, el Comité Nacional de Conflicto venezolano denunciaba tanto la disputa entre imperialismos como la deriva proimperialista del gobierno de Delcy Rodríguez. Desde Palestina, Queers in Palestine rechaza la instrumentalización colonial de las disidencias sexuales para justificar violencia imperialista y genocida, negando que los derechos LGTBIQ+ puedan utilizarse como criterio para deshumanizar a pueblos colonizados.

Las tareas del antiimperialismo popular en el tiempo liminal

La buena noticia es que ya tenemos mucho trabajo hecho. Es importante que nuestros proyectos políticos no sean víctimas de un contexto lleno de excepcionalidades. Una de las tareas más importantes, en un presente discontinuo, es dar continuidad a nuestros horizontes políticos sin renunciar a un margen de maniobra suficiente para poder responder a los cambios del contexto.

Dentro de este margen de maniobra y en el marco de un antiimperialismo popular, es necesario articular un conjunto de propuestas que permitan responder a las diferentes dimensiones del embate imperial y a sus expresiones contemporáneas.

En primer lugar, el desarme debe plantearse como una condición material para reducir la capacidad de proyección de violencia de los bloques imperiales y de los Estados que los sostienen. Esto implica oponerse al atlantismo y al aumento de los presupuestos militares, a la expansión de la industria armamentística y de la industria dual —civil y militar—, y a la normalización de la guerra como instrumento político.

En segundo lugar, es necesario avanzar hacia una ruptura con la subordinación estructural a Estados Unidos, entendiéndolo como eje central del orden imperial contemporáneo. Esto supone cuestionar las dependencias metabólicas, económicas, militares y políticas, así como las alianzas que sostienen este orden, con el objetivo de abrir espacios de autonomía para proyectos populares.

En tercer lugar, es necesario desarrollar una práctica antirracista y decolonial que permita identificar y combatir las formas de dominación que sostienen el orden global actual. Esto implica analizar las bases materiales de la explotación colonial y neocolonial, desmontar las lógicas de acumulación capitalista y confrontar los discursos racistas y deshumanizadores que las legitiman.

Por último, es imprescindible responder al afán extractivo sobre los recursos naturales y territoriales, que estructura gran parte de las relaciones Norte-Sur y que se entrelaza con la emergencia climática y la crisis de la reproducción social. Esta respuesta implica defender la soberanía sobre los bienes comunes y oponerse a las lógicas de acumulación que destruyen ecosistemas y despojan a las comunidades, al tiempo que se sitúa en el centro la sostenibilidad de la vida. Esto supone reforzar las redes comunitarias, los servicios públicos y las condiciones materiales que hacen posible la vida cotidiana, disputando el sentido de lo que significa vivir dignamente fuera de las dinámicas de mercado, explotación y colapso ecológico.

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El próximo 9 de junio, el ciudadano Robert Francis Prevost, más conocido como papa León XIV, llegará a Barcelona en el marco de un viaje oficial, que discurrirá entre el 6 y el 12 de junio, y que lo llevará también a Madrid, Gran Canaria y Tenerife. En una nota de prensa, la Conferencia Episcopal Española señala que el Papa recorrerá 2.500 kilómetros en seis días, realizando 17 discursos y homilías, así como 21 actos, para “poder encontrarse con todos, escuchar a todos y hablar a todos y con todos”. 

Sin embargo, no todos quieren poder encontrarse con el representante de la principal teocracia del mundo, el Vaticano. En Barcelona, la Fundación Ferrer i Guàrdia, Europa laica y la asociación Ateus de Catalunya, han impulsado la campaña Jo no t’espero, a la que se han sumado ya decenas de colectivos y ciudadanos particulares. Bajo el lema “su viaje, tus impuestos”, denuncian el dispendio que supondrá para las arcas públicas la visita papal. Un viaje que, además de los operativos de seguridad, acondicionamiento público y el largo etcétera derivado de este tipo de visitas protocolares, ha generado un gasto adicional en la campaña publicitaria realizada por la Generalitat de Catalunya para dar la bienvenida a Prevost, Hola món, hola Papa. 

Sorprende este despliegue publicitario institucional, que se concreta también en publicidad pagada en la prensa, y que es atípico ante lo que las autoridades presentan como una visita de Estado. De hecho, las asociaciones impulsoras del manifiesto apuntan a que tratar como visita de Estado lo que es una visita de carácter religioso genera una “confusión” que “debilita la neutralidad institucional y perpetúa un trato privilegiado que contradice el principio de aconfesionalidad reconocido constitucionalmente”.

España es un particular Estado aconfesional, que sigue manteniendo un Concordato con la Iglesia católica, heredero de los pactos del postfranquismo con la institución que fue legitimadora esencial de la dictadura. Una institución religiosa a la que se beneficia con exenciones fiscales y a la que ha permitido el robo de patrimonio y bienes inmobiliarios a través de las inmatriculaciones, como es el caso notorio de la mezquita de Córdoba. Una institución que, como indica el manifiesto, nunca ha pedido perdón oficial ni por su instigación y colaboración en la Cruzada del franquismo ni por su activa participación en el robo de bebés, calculado en más de 300.000 por algunas asociaciones. Una institución opaca, que ha amparado abusos sexuales, que se opone a los derechos reproductivos de las mujeres y el derecho a una muerte digna.

La visita del Papa la vamos a acabar pagando todas las contribuyentes, aunque no marquemos la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Conviene recordar este hecho en un país donde la derecha pone el grito en el cielo cada vez que alguna expresión religiosa, especialmente si proviene de la comunidad musulmana, aparece en el debate público. La separación de la esfera privada y pública que la derecha y la ultraderecha defienden cuando se trata de otras creencias, a las que perciben como “ajenas” a la idiosincrasia española, no aplica cuando se trata de la religión que se considera base de la identidad española y elemento indisociable de la construcción de su nación. Una construcción interesada que, por supuesto, obvia la diversidad cultural y religiosa existente durante siglos en la península ibérica antes de la “Reconquista” católica. 

La laicidad social avanza, a pesar de todo

Sin embargo, este intento de presentar a España como baluarte del catolicismo es un imaginario cada vez más difícil de defender. En la sociedad española la secularidad está extendida, a pesar de que las expresiones culturales se confundan con las religiosas en Semana Santa o Navidades, fiestas que, a su vez, tienen un origen pagano vinculado con los ciclos de la naturaleza pero que se resignificaron al ser apropiadas por el catolicismo. 

En los últimos tiempos, estamos presenciando, además, una campaña emprendida por algunos sectores religiosos para convencernos de un aumento de la religiosidad entre los jóvenes. Una tendencia a la que se han sumado, oportunistamente, diversas artistas que se han subido al carro de la espiritualidad (algo distinto a la religiosidad, por otra parte). Sin duda, los tiempos, por momentos apocalípticos, que nos está tocando vivir, pueden llevar a mucha gente a buscar respuestas más allá de lo racional y a refugiarse en un sentido trascendente vinculado a creencias religiosas. Pero los datos, más bien, hablan de un fenómeno de descenso paulatino de la creencia católica en España. 

Las encuestas del CIS mostraban, para abril de 2026, que más del 39% de la sociedad española se considera agnóstica, indiferente o atea, frente a un 35,9% de católicos no practicantes. Cuando se trata de jóvenes, las cifras de no creyentes, agnósticos y ateos superan el 50%, porcentaje muy superior a la media global. Por otra parte, los católicos practicantes son el 17,1% frente al 16,7% de las personas ateas, pero la serie de datos desde 2021 permite observar un descenso leve y zigzagueante de los primeros, y un ascenso, también zigzagueante pero más acusado, de las últimas. El 6% de los encuestados se declara creyente de otra religión.  

La laicidad avanza, aunque sea de manera desigual y combinada. La fe también parece ir por barrios. Estos días, es mucho más probable encontrarse banderas vaticanas para dar la bienvenida al Papa en las ventanas y balcones de las zonas más acomodadas de Barcelona que en los barrios populares. Un dato que no sorprende pero que recuerda que en este Estado hubo una tradición popular claramente anticlerical.

Una visita en clave política… y geopolítica

Con el auge de la ultraderecha a escala mundial, y su relación con diversas iglesias evangélicas que crecen en influencia, también en España, el catolicismo español no quiere perder su tradicional monopolio religioso. La visita papel le sirve para mostrar músculo. También León XIV se está perfilando, igual que el papa Francisco, como una figura progresista, antagónica hasta cierto punto a dichas fuerzas. Un liderazgo religioso, a la par que político, que puede ser leído en clave geopolítica, sin duda.

Pero, con todo el respeto para el Sr. Prevost y su posición humanista frente a la barbarie representada por Donald Trump y sus aliados, desde el reconocimiento de su defensa de los migrantes y los marginados –defensa que también hacen muchos otros representantes o partidarios de su iglesia desde las bases cristianas más apegadas al mensaje original de Cristo, muchos de ellos militantes, a su vez, de organizaciones socialistas y/o comunistas–, no por ello hay que olvidar la institución nefasta a la que este Papa, como todos los papas anteriores, representa. 

Tampoco el entusiasmo colectivo que inducen estos mega eventos debiera anestesiar un sentido crítico necesario frente al marasmo. Las simpatías que puedan albergar algunos hacia el Sr. Prevost, o su predecesor, no pueden llevar a la izquierda a olvidar las coordenadas sobre las que debiera girar el debate acerca del papel de la religión en la esfera pública. La visita del Papa debería servir, más bien, para reivindicar la memoria histórica y la reparación, como recuerda la campaña Jo no t’espero. También para recordar que la religión, cualquiera que sea, debería circunscribirse al ámbito privado, evitando cualquier interferencia con las instituciones públicas. España tiene un largo trecho por recorrer en este sentido. Por una separación efectiva de la religión y el Estado, yo no le espero, Sr. Prevost.  

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«Esta realidad genera una profunda incomodidad social, pero también sentimientos de vergüenza, culpa y miedo, incluso dentro de las propias familias o instituciones, que pueden llegar a traducirse en situaciones o dinámicas de encubrimiento para evitar el estigma social», reflexiona Clara Burriel, especialista en violencia en Save The Children. Desde la organización, insisten en la necesidad de dar un salto en el enfoque de la violencia sexual en la infancia y la adolescencia: no son casos aislados, es un problema estructural.

¿Cuáles son los principales retos a la hora de abordar la violencia sexual en la infancia y adolescencia? 

Uno de los principales retos para abordar la violencia sexual en la infancia radica en que, a pesar de su gravedad, todavía se trata de una realidad muy invisibilizada, que continúa rodeada de tabús, falsos mitos sobre su frecuencia, las víctimas o los contextos en los que se produce. La sociedad todavía no es plenamente consciente de la magnitud de este fenómeno. Por eso, la sensibilización social sigue siendo una tarea pendiente: necesitamos comprender que se trata problemática estructural, y no de casos aislados.

Además, en relación con el conocimiento sobre la prevalencia de la violencia sexual hacia la infancia, persiste también el desafío de conocer su dimensión real: sabemos que las cifras oficiales reflejan solo la punta del iceberg, que muchos casos no se detectan y en ocasiones no se denuncian, en parte por las dinámicas propias del abuso, que suele producirse en entornos de confianza y en contextos de secretismo que dificultan la revelación por parte del niño o niña y de otros familiares. 

En este contexto, es muy complicado tratar de prevenir estos casos.

Otro reto clave tiene que ver con la prevención y la detección temprana. Es todavía necesaria una mayor formación especializada de profesionales (docentes, personal sanitario, fuerzas y cuerpos de seguridad, sistema judicial), así como la elaboración de protocolos para la detección, notificación y coordinación de estos casos, situando siempre al niño o niña en el centro de las intervenciones. En este sentido, también se destaca la falta de desarrollo e implementación de una educación afectivo sexual desde edades tempranas, reglada y adaptada a cada etapa evolutiva, pues esta educación constituye una herramienta clave en la prevención de esta violencia. 

Por otro lado, también persisten los retos en la respuesta que damos a los niños y niñas víctimas de esta violencia. Cuando la prevención falla y la violencia ya se ha producido, el desafío es garantizar una respuesta integral, inmediata y adaptada a las necesidades específicas de niños, niñas y adolescentes. El daño no termina necesariamente cuando cesa la violencia: la forma en que el entorno y las instituciones responden puede mitigar ese impacto o, por el contrario, agravarlo. Evitar la revictimización de los niños y niñas debe ser siempre una prioridad, pero todavía no contamos con procesos de respuesta adaptados a sus derechos y necesidades particulares. 

Y, finalmente, las nuevas tecnologías han añadido nuevos retos: el entorno digital riesgos, generando nuevas formas de violencia sexual y transformando otras preexistentes.. Esto exige respuestas específicas, coordinadas y adaptadas a la realidad digital en la que hoy crecen niños y adolescentes.

Según uno de los informes de Save The Children, que analiza sentencias, se puede deducir que hay características similares en estos casos, que confirman que estamos ante un problema estructural, que no son casos aislados. Pero nos quedamos con los casos «espectaculares».  

Si observamos las cifras oficiales proporcionadas por el Ministerio del Interior, podemos concluir que no estamos ante episodios aislados, sino de un problema social arraigado, persistente y de gran preocupación: en 2024 se interpusieron en España 22.774 por violencia sexual de las cuales casi la mitad (un 41,2%, 9.393) tenía como víctima a una persona menor de 18 años. Esto quiere decir que casi la mitad de las denuncias por violencia sexual en nuestro país tienen como víctima a un niño, niña o adolescente, siendo 8 de cada 10 niñas y chicas adolescentes. Además, se aprecia un aumento en las denuncias de un 182,8% desde 2010. De ninguna manera podemos concluir que se trata de casos aislados.

Esta forma de violencia consiste en la imposición por parte de un adulto o de otro niño, niña o adolescente de una actividad de carácter sexual a un niño o niña, aprovechando la desigualdad de poder para obtener una satisfacción sexual. Respecto a los datos obtenido en nuestro análisis de sentencias (Por una justicia a la altura de la infancia), se revelan características comunes: por ejemplo, en muchos casos, el agresor pertenece al entorno cercano de la víctima, con frecuencia un familiar, y casi en la totalidad de los casos es un hombre. Esto refuerza la idea de que hablamos de una violencia que se produce mayoritariamente en espacios de confianza, donde el secretismo y la desigualdad de poder son claves.

Además, los abusos suelen comenzar de forma progresiva, aumentando en intensidad con el tiempo. Al inicio, el niño o la niña puede no comprender lo que está ocurriendo, y posteriormente pueden aparecer sentimientos de culpa o vergüenza que refuerzan el silencio. En muchos casos, el propio agresor alimenta la idea de responsabilidad en la víctima. Todo ello genera enormes barreras para la revelación, especialmente cuando la violencia procede del entorno de confianza.

La pederastia en la Iglesia, por un lado, y el caso Epstein, por otro –sin comparar por supuesto estos casos tan diferentes– están permitiendo hablar o al menos poner en la agenda mediática y social estos temas. ¿Por qué sigue siendo un tabú? 

Los casos de abuso sexual relacionados con la Iglesia o el caso Epstein son casos de gran impacto mediático, que visibilizan esta forma de violencia en contextos específicos. Al respecto, es importante señalar que la mayoría de abusos sexuales siguen cometiéndose en entornos de confianza del niño o niña y que las figuras familiares se encuentra entre los agresores más comunes en este tipo de violencia. La denuncia y visibilización de los casos más mediáticos es fundamental, pero también lo es poner el foco en la violencia cotidiana, menos visible y mucho más extendida, que ocurre en el ámbito familiar y cercano, y que precisamente por esa cercanía y por el silencio que la rodea resulta más difícil de detectar y abordar.

Precisamente el tabú que todavía rodea a esta forma de violencia está muy vinculado a esos entornos en los que se produce. Aceptar esto implica reconocer que el riesgo y la violencia muchas veces proceden de los entornos que deberían ser protectores. Esa realidad genera una profunda incomodidad social, pero también sentimientos de vergüenza, culpa y miedo, incluso dentro de las propias familias o instituciones, que pueden llegar a traducirse en situaciones o dinámicas de encubrimiento para evitar el estigma social.  

¿Se están tomando medidas efectivas desde las administraciones en el ámbito educativo?

Los centros educativos están en una posición privilegiada para detectar posibles casos de abuso, ya que el profesorado y el personal escolar tienen contacto diario con niños y niñas. Es fundamental que sepan identificar señales de alerta y comprender lo que un niño o niña puede estar revelando, ya sea de forma directa o indirecta. Para ello, es clave la formación de los y las docentes, y también la implementación de las figuras de protección que recoge la LOPIVI para el ámbito educativo (coordinador/a de bienestar). También son necesarios protocolos para la detección, la notificación y la actuación frente a los casos detectados. Sin un protocolo claro, las decisiones pueden quedar en manos de cada docente, quien puede enfrentar dudas sobre cómo proceder, temores a represalias o incertidumbre sobre la veracidad del testimonio. Para evitar que la protección de niños y niñas dependa de la valentía individual o de la percepción subjetiva de cada profesional, todos los centros educativos deberían contar con protocolos internos de protección frente a la violencia, incluyendo mecanismos de prevención y pautas claras de actuación.

¿Y para las familias? 

En el ámbito familiar, la educación afectivo-sexual y la parentalidad positiva son fundamentales en la prevención del abuso, especialmente dentro del propio ámbito familiar. Es clave que niños y niñas aprendan a reconocer estas conductas incluso cuando provienen de personas de confianza, incluidos familiares, y que comprendan que ninguna relación de afecto justifica el abuso. Proporcionarles herramientas para identificar, nombrar y rechazar situaciones de abuso, así como garantizar que cuentan con un entorno seguro donde puedan pedir ayuda sin miedo, es esencial para su protección.

Por supuesto, las familias no deben estar solas en este proceso: las administraciones públicas tienen la responsabilidad de garantizar una educación afectivo-sexual reglada, progresiva, desde edades tempranas, como recogen la LOPIVI y la LOMLOE, impartida por personal educativo con formación específica en la materia. 

La LOPIVI prevé los tribunales especializados. Pero, ¿son suficientes? 

La LOPIVI, aprobada en 2021, prevé la creación de juzgados especializados en violencia contra la infancia tras un año desde su implementación. Sin embargo, la creación de las nuevas secciones especializadas se aprobó finalmente en 2025, con la ley 1/2025 el Real Decreto 422/2025, aprobado el 3 de junio de 2025 por el Consejo de Ministros. Este último instrumento solo prevé la creación de tres secciones especializadas para todo el Estado, en Madrid, Barcelona y Málaga, cada una de ellas con una única plaza judicial.

Aunque la implementación de las secciones en violencia contra la infancia y la adolescencia deba ser paulatina, tres secciones con una plaza cada una para todo el país resultan manifiestamente insuficientes para atender de manera especializada todas las formas de violencia de las que son víctimas niños, niñas y adolescentes, por lo que es necesario una implementación más amplia de estas secciones desde su inicio, así como la creación de plazas judiciales.

¿Cree que hay confusión en el lenguaje a la hora de hablar de este asunto? Muchas veces parece que da miedo a hablar de pederastia, como si no quisiéramos llamar a las cosas por su nombre. 

Es posible que en ocasiones se eviten algunos términos por falta de conocimiento o incluso por la carga emocional y social que pueden conllevar. En este sentido, la sensibilización sigue siendo clave, así como la capacidad de identificar con claridad a los agresores como responsables de la violencia y a las víctimas como tales, sin ambigüedades ni desplazamientos de responsabilidad, y siempre desde un enfoque de derechos.

¿Cree que hay hipocresía al hablar de este tema en ciertas esferas?

Como señalábamos, la violencia sexual contra la infancia sigue siendo en general una realidad invisibilizada. Por eso es necesario un cambio de paradigma: reconocer la violencia contra la infancia como un problema social y no como un asunto aislado o privado. Esto implica poner el foco tanto en la prevención como en una respuesta adecuada, inmediata y centrada en las víctimas. En cualquiera de sus múltiples formas y canales, la violencia ejercida contra niñas, niños y adolescentes es inaceptable, y debemos movilizar todos los recursos disponibles para prevenirla, actuar cuando se produce y restaurar los derechos de quienes la sufren. Como sociedad, nuestro compromiso debe ser claro: enfrentar esta dura realidad, reconocer su existencia y tomar medidas efectivas para proteger a la infancia y la adolescencia.

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Quienes nos dedicamos a escribir y pensar sobre España desde Estados Unidos llevamos una vida rara. Solo participamos a medias en la sociedad en la que vivimos y trabajamos. La otra mitad del tiempo estamos mentalmente en España, consumiendo medios ibéricos, intercambiando mensajes y llamadas con gente de allí. Siempre tenemos la mirada puesta en dos relojes. Lo nuestro no llega a ser un exilio, desde luego, pero sí manifiesta algunas de las paradojas propias del desplazamiento forzado, incluido el no saber si nuestro destierro acaba siendo una bendición o una condena.  

Vicente Rubio-Pueyo (Zaragoza, 1979) lleva 20 años viviendo así. Licenciado por la Universidad de Zaragoza y doctor por la Universidad Estatal de Nueva York con una tesis sobre la producción cultural española desde 2000 hasta el 15-M, estos días se gana la vida como profesor en Fordham University, una universidad jesuita situada en pleno Bronx neoyorquino. Desde siempre, ha combinado su trabajo académico con un continuo compromiso político, plasmado no solo en el activismo a pie de calle, sino también en una asidua labor investigadora para grupos y organizaciones políticas. Ha trabajado con el Laboratorio de Democracia Urbana (Nueva York), el Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social (IECCS, España) y con fundaciones como la Friedrich Ebert o Rosa Luxemburg, para la cual redactó un extenso informe sobre el auge de la ultraderecha española. 

El año pasado, Rubio-Pueyo publicó Un país entre dos tiempos. La década en que España experimentó políticamente (Lengua de Trapo), un lúcido ensayo que recorre la historia política y cultural española desde la Transición, con un enfoque especial sobre los últimos 15 años. El libro logra alcanzar el siempre difícil equilibrio entre la cercanía del compromiso y la perspectiva que proporciona la lejanía geográfica, enriquecida, en su caso, por el fermento intelectual de la universidad norteamericana.

¿Hasta qué punto es consciente de que la originalidad de su mirada se debe a su vivencia entre dos países?

En el libro intento partir del concepto de coyuntura para ofrecer una visión histórica más amplia que la acción-reacción del spin mediático continuo, un análisis que ayude a entender cómo se han redefinido nociones, términos y conceptos que daban sentido a la convivencia democrática y a la historia reciente de España. Pero siempre tengo muy presente cuál es mi lugar de enunciación. Al final, un libro como este es el producto de un itinerario vital. Si no es exhaustivo –me hubiera gustado hablar más sobre el Procés catalán, por ejemplo, o sobre feminismos y tecnopolítica– es precisamente porque ha terminado siendo el resultado de unas experiencias políticas y no otras. Eso sí, el proceso de escritura me ha permitido dilucidar más claramente mi trayectoria a través de los años, que reluce como el surco que va dejando el caracol. 

¿Cuál es, entonces, su lugar de enunciación?

Como persona nacida en 1979, soy un hijo del régimen del 78, al menos biográficamente. Recuerdo el impacto de 1992: la Expo de Sevilla, que fui a visitar con mis padres, y las Olimpiadas de Barcelona. Recuerdo también los años de Aznar y los atentados del 11-M. El No a la guerra de 2003, que me pilló con unos 23, 24 años, fue para mí un momento formativo en lo político.

«El No a la guerra de 2003, que me pilló con unos 23, 24 años, fue para mí un momento formativo en lo político».

Estas son las coordenadas históricas. ¿Y las sociológicas?

En ese sentido, soy hijo de una clase media progresista de Zaragoza, crítica, que va en busca de otros espacios que los que estaban disponibles en los años del postfranquismo. Fue por eso que el 15-M, para mí —y me consta que para muchos— fue un momento muy nuevo y al mismo tiempo muy reconocible. Era como encontrarme con algo que llevaba esperando toda la vida: una crítica al sistema que además podía ser muy amplia y abierta, y muy poco dogmática.

El 15-M le pilla ya viviendo en Estados Unidos; también la fundación de Podemos, tres años después.

Sí, claro, pero esto no significa que no pudiera participar en ambos. A la zaga del 15-M, formamos un espacio de Democracia Real Ya en Nueva York que fue muy importante para mí. Cuando ese mismo otoño ocurre Occupy Wall Street, me sumo con la experiencia del 15-M a cuestas. Y también participé en círculos de Podemos en EE. UU., o ayudé con visitas y contactos de Podemos y los municipalismos. En ese sentido, ha habido un camino constante de ida y vuelta, muy natural y fluido, con aprendizajes en ambas direcciones. Quiero creer que ha informado la mirada desde la que he escrito este libro.

«El 15-M era como encontrarme con algo que llevaba esperando toda la vida: una crítica al sistema que además podía ser muy amplia y abierta, y muy poco dogmática».

¿Cuál es para usted la conexión entre el 15-M y Occupy?

Para empezar, ambos tienen que hacerse cargo de una política posneoliberal, en el sentido de que tienen que partir, quieran o no, de una hegemonía neoliberal que lleva décadas consolidándose. Pero al mismo tiempo, ambos responden a tradiciones y situaciones específicas de cada lugar. En lo personal, Occupy me sirvió como una especie de curso acelerado de etnografía de la izquierda estadounidense. Fue fascinante, por ejemplo, ver cómo la gente aquí vivía el espacio público de la plaza comparado con cómo se vivía en España. No tenía nada que ver. También fue muy diferente la relación con la policía y qué significaba que te desalojaran.

Desde Estados Unidos, ¿ve cosas en España que no se ven estando dentro?

Quiero creer que sí. Sin ir más lejos, lo que se consiguió en España se ha visto con mucha más admiración desde fuera que desde dentro. Es cierto que ha habido muchas decepciones; no hemos conseguido lo que se quería. Pero también se han logrado cosas que hay que poner en perspectiva, y que, en efecto, a veces se ven mejor desde fuera.

La posición intermedia, en la que uno acaba traduciendo siempre entre dos realidades, condiciona cómo uno se relaciona con ambas. Al menos esa es mi experiencia.

La mía también. Y se manifiesta de forma curiosa. A lo largo de los años, por ejemplo, he podido ser testigo de procesos de organización entre gente que ha terminado por pertenecer a espacios diferentes. Como alguien de fuera, he tenido la suerte de seguir manteniendo amistad y confianza con todos. Pero no me cabe duda de que, si hubiera vuelto a España y hubiera podido participar más directamente en esas iniciativas, yo también habría acabado teniendo que elegir y asumir las consecuencias.

A la luz de esas divisiones, ¿cuáles son los aprendizajes de la última década?

Una cosa que he aprendido es no juzgar las decisiones personales y políticas de las personas. En política conviene no moralizar demasiado. Obviamente, hay itinerarios que comparto más que otros; tengo mis filias y fobias, como todos. Pero vistas desde fuera, muchas de las decisiones políticas y personales me han parecido comprensibles, por más contradictorias que puedan ser entre sí.

¿Hemos exagerado el peso de lo moral en política?

Bueno, obviamente la moral y la ética son muy importantes, también en política. Pero no para juzgar a las y los compañeros. 

En ese sentido, ¿cree que en España se tiende a moralizar más que, por ejemplo, en Estados Unidos?

Es una pregunta que nunca me he planteado así, fíjate. Pero, pintando muy a brocha gorda y sin querer recaer en clichés esencialistas, sí me parece que en España esa tendencia es más fuerte -quizá por la tradición católica y el legado de la Inquisición, vete a saber–. Digamos, para matizar, que en España se moraliza de manera diferente. Es obvio, por ejemplo, que al final del ciclo que acabamos de vivir en la izquierda, ha habido momentos fuertísimos de moralización y personalización, por más que las diferencias, en un principio, fueran sobre todo estratégicas e ideológicas. Esto es obvio y también es triste. Allí creo que las redes sociales, por más potentes que fueran como arma de comunicación, acabaron por acelerar la polarización no solo externa, sino también interna.

«Obviamente la moral y la ética son muy importantes, también en política. Pero no para juzgar a las y los compañeros». 

En Estados Unidos, ¿la política es menos moralizante o personalista?

No es que aquí la política sea menos personalista. De hecho, hay un personalismo mucho más fuerte. Lo que ocurre es que está incorporado el sistema desde el principio. En cierto sentido, es la base de todo el sistema electoral. La relación entre partido y candidato aquí no tiene nada que ver con la que es en Europa. Aquí es una relación casi contractual, basada en la rendición de cuentas, la accountability. Los partidos como tales no son organizaciones de masas, sino estructuras más bien vacías, cáscaras que se llenan de candidatos durante el proceso de primarias. Los equipos de cada candidato sobrevuelan todo eso. Después, se gestionan formalmente los apoyos o endorsements de diferentes organizaciones de base, como los sindicatos. 

¿La política española no se está moviendo en esa misma dirección? Los candidatos le quitan cada vez más peso a los partidos.

En efecto. También allí los partidos se van vaciando, convirtiéndose en una especie de equipos de comunicación en torno a los candidatos. Y no solo ocurrió en Podemos. También lo hemos visto en el PSOE, Ciudadanos, Vox o el PP.

Es por eso, quizá, que las alianzas políticas se van representando cada vez más como alianzas personales, basadas más en la amistad y la lealtad que en la coincidencia de idearios o una serie de intereses compartidos. ¿No crea una innecesaria vulnerabilidad?

Puede ser. Es obvio que ha incrementado el rol de los afectos en política: la nostalgia, el cansancio, la ilusión, el pánico conspiranoico. Esto también explica que tendamos cada vez más a identificarnos afectivamente con las y los candidatos. Pero, fíjate, no siempre es terrible. Yo, como persona que vive en Nueva York, estoy a tope con Zohran Mamdani, que me parece no solo muy capaz, sino adorable. Pero, volviendo a tu pregunta, estoy de acuerdo en que es peligroso confundir las alianzas políticas con las amistades personales. 

¿Cuál es el antídoto?

Por más simple o clásico que suene: volver a la calle, a los encuentros físicos. Mamdani tiene una enorme presencia en las redes, claro, pero no podemos olvidar a los más de cien mil voluntarios que tuvo, entre ellos un servidor y su familia. Para mí, la labor del canvassing, yendo de puerta en puerta, me permitió conocer mejor a los vecinos de mi propio barrio. El deseo de volver a encontrarse en espacios físicos lo veo muy generalizado y muy real. Y no solo porque las redes sociales estén en las manos de quienes están. 

«Mamdani tiene una enorme presencia en las redes, claro, pero no podemos olvidar a los más de cien mil voluntarios que tuvo, entre ellos un servidor y su familia».

Una vuelta a las prácticas de antes.

Exacto. Las viejas tradiciones de la izquierda tienen mucho que enseñarnos, incluido el sindicalismo. Yo, como miembro de mi sindicato, coincido con compañeros que a lo mejor votan al Partido Republicano, pero con quienes me toca trabajar para promover nuestros intereses compartidos. No hace falta que seamos mejores amigos, con tal de que tengamos relaciones cordiales –es decir, sanas, humanas–. El trabajo de coalición pide afectos humanos positivos, claro está; pero no necesariamente tiene por qué terminar en una especie de unidad metafísica de adoración mutua total. Así también lo común es mejor verlo como una propuesta de organización social, no una unidad mística. 

Una confusión táctica.

Algo en el mundo de hoy nos impulsa a pensar que, en política, hay que ser los mejores amigos siempre para todo. Si no, somos los peores enemigos, también para todo. La moralización y la personalización son parte de esa tendencia. En ese sentido, podemos diferenciar entre la dinámica que vimos desarrollarse dentro de Podemos, con su centro en Madrid, y la de, por ejemplo, Barcelona en Comú. No es que entre Els Comuns no hubiera tensiones. Pero se han llevado de otras maneras. Todo depende de los espacios que se generan y de las reglas que regulan la conducta dentro de esos espacios. Los individuos pueden ser mejores o peores personas, según los momentos; hay patologías y egos en todas partes. Pero cómo se procesan depende del espacio. Así, también hay espacios que manejan su pluralidad interna mejor que otros. En ese sentido, el modelo organizativo de Podemos, con su estructura clásica de partido con secretario y comité centrales –y que además se replicaba en cada pueblo y ciudad– no fue el mejor.

«Algo en el mundo de hoy nos impulsa a pensar que, en política, hay que ser los mejores amigos siempre para todo. Si no, somos los peores enemigos, también para todo. La moralización y la personalización son parte de esa tendencia».

Pero fue el más eficaz. Al menos, eso se decía.

Sigo teniendo problemas con ese marco, que opone unas tácticas supuestamente pragmáticas, realistas y eficaces a otras supuestamente idealistas, inocentes e ineficientes. En el fondo, es un binario falso. La idea de tomar el cielo por asalto, por poner un ejemplo, repudia una idea más fundamental de cooperación que había surgido durante el 15-M y que no dejaba de ser una resignificación muy interesante del consenso que se convirtió en el fetiche de la Transición. La idea de asaltar el cielo se usó como excusa para sacrificar muchas cosas que eran perfectamente prácticas, practicables y realistas. E incluso, a su modo, eficaces. Sobre todo si se trataba de convertirse en una fuerza política y cultural a largo plazo.

En su libro, analiza la función retórica de conceptos como “ventana de oportunidad” y “fin de ciclo”. Yo siempre sospecho que las y los protagonistas de la política confunden sus propias fases biográficas con las coyunturas históricas. La desilusión que parece reinar en el espacio a la izquierda del PSOE, ¿no es también un afecto vital propio de una generación de líderes y analistas que están cerca de cumplir los 50?

Es interesante que lo digas, porque en los últimos años mucha de la gente que ha participado en ese ciclo que ahora se supone se ha cerrado, ha ido sacando sus memorias. 

El suyo no es un libro de memorias, precisamente.

Claro. Aun así, lo que quizá más satisfacción me haya producido en las conversaciones que he ido teniendo sobre él es lo que han dicho varios compañeros públicamente: que les parece un libro generoso porque yo no necesito justificarme ni tirar patadas al de al lado. Quiero decir que yo no tengo cuentas que ajustar, ni decisiones que justificar. La desilusión que mencionas, por otra parte, y que coincide con un momento vital determinado, me recuerda mucho a la vivencia que tuvo la generación de mis padres después de la Transición. Mis padres fueron militantes del Partido Socialista de Aragón. Para ellos, ver cómo el PSOE copó todo ese espacio les produjo un gran desencanto. Fue un momento como el actual, en que pareció cerrarse un momento marcado por mucha energía y movilización ciudadanas. 

Su libro, sin embargo, resiste ese marco.

Obviamente, hemos vivido una decepción. Eso es innegable. Nuestra idea durante el 15-M no era terminar con un Pedro Sánchez como líder absoluto de la izquierda política. Yo también siento mi propio agotamiento, mi cansancio, mis preocupaciones, claro está. Pero también me resisto a resignarme. No hay que olvidar que la derecha juega a eso, a dejarnos dominar por esos afectos negativos. Hace falta otra mirada. Los movimientos políticos y sociales no se mueven en una hoja de cuentas que registre éxitos y fracasos. Más bien, van generando condiciones, elementos, ingredientes de visiones políticas, imaginarios políticos y lenguajes que acaban conformando un arsenal, a veces en estado latente y dormido, que puede ser convocado otra vez.

«Obviamente, hemos vivido una decepción. Eso es innegable. Nuestra idea durante el 15-M no era terminar con un Pedro Sánchez como líder absoluto de la izquierda política. Pero me resisto a resignarme. La derecha juega a eso».

Como los sobrevivientes de un naufragio que usan las partes del barco roto para construir otro.

Stuart Hall siempre insistió mucho en rechazar la fantasía de los nuevos comienzos. En el fondo nunca los hay. Lo que hay son articulaciones de elementos viejos y nuevos. Lo que pasa es que, para conseguir esa articulación, es crucial tener memoria. Sin ella, no hay manera de recuperar el hilo. Si se rompe el diálogo entre generaciones, entonces es cuando se producen esos blancos de impotencia política. 

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Bajo un sol cayendo a plomo en la Plaza del Pueblo de Orcasur (Madrid), se presentaba este sábado una confluencia que busca articular y aglutinar las diferentes luchas sociales, sindicales y medioambientales que están atravesando el territorio madrileño. El entorno no podía más adecuado para esta iniciativa colectiva; no en vano, Orcasur, Orcasitas, es esa aldea gala del sur en la que nunca se han implantado las derechas y que a finales de la dictadura consiguió que todos sus habitantes pasaran de vivir hacinados en chabolas, a estrenar viviendas dignas; un barrio del “cinturón rojo” de la periferia madrileña, en el que el movimiento ciudadano, vecinal, obrero, fue determinante, como otros similares, para poner fin a la dictadura y recuperar libertades. Siempre desde abajo, siempre a la izquierda.

La Confluencia de luchas es el resultado de varios años de trabajo conjunto entre las organizaciones CGT, CNT-Comarcal Sur, Ecologistas en Acción de Madrid, Sindicato de Manteros y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, y que, en un escenario marcado por la crisis ecosistémica, la precarización laboral, la crisis de vivienda y el endurecimiento de las políticas migratorias, quiere sumar fuerzas con las que construir respuestas colectivas con las que enfrentarse a la situación actual. Nos lo explicaba Julia Tabernero, integrante de Sindicato de Inquilinas y una de las impulsoras del proyecto: “El proceso lleva armándose casi tres cursos y surge entre organizaciones que ya nos conocíamos y habíamos colaborado en algunas ocasiones, pero necesitábamos de un análisis compartido del contexto. Y, sobre todo, de respuestas coordinadas”.

El proceso ha sido largo, se ha ido labrando gracias al intercambio de experiencias y el análisis de las diferentes luchas que dan forma a la iniciativa, y ha finalizado este curso 2025-2026 en la denominada Escuela de Luchas, en la que han participado cerca de 30 ponentes y varios centenares de asistentes a las sesiones celebradas en la Fundación Anselmo Lorenzo.

La huelga general contra el genocidio en Gaza, las movilizaciones del sector de la Enseñanza o la sanidad madrileñas, la crisis medioambiental, la emergencia habitacional, la campaña contra las políticas migratorias y por la regularización de los migrantes, o la manifestación del 1º de mayo interseccional más multitudinario de los últimos años, son algunos hitos compartidos entre organizaciones sociales y sindicales que ahora han dan el paso definitivo para sumar esfuerzos.

Medios de comunicación y policrisis

Para su presentación, las integrantes convocaron el evento denominado I Encuentro Primavera de Luchas, que contó con varios talleres de debate: a primera hora, Mark Bray, Miquel Ramos y Nuria Alabao nos hablaron de la “Internacional reaccionaria y los retos del antifascismo”, y analizaron el auge de la extrema derecha en todo el mundo, el papel que en ello están jugando los medios y su relación con las cuestiones de género, la masculinidad y el neoliberalismo.

Ya al filo del mediodía, Rubén Martínez, Helena Maleno, Josefa Sánchez Contreras y Constanza Cisneros participaron en una charla titulada “La policrisis y el sujeto en lucha”. Por último, representantes de Labor Notes, la red estadounidense que funciona como motor de izquierda en el movimiento sindical y promueve la militancia obrera y un sindicalismo orientado a la acción social, y el MST brasileño, movimiento campesino que lucha por una reforma agraria popular mediante la ocupación de tierras improductivas, han presentado sus experiencias en la mesa “Las militancias de base y las organizaciones de masas”.

Cayendo la tarde, se ha presentado formalmente la iniciativa, con discursos de los convocantes, pero también de diferentes realidades actuales en lucha: Extinción Rebelión, el sector de la educación infantil (0-3 años) en huelga desde hace semanas, la Asamblea por la vivienda de Usera, la Asociación de Vecinos de Orcasur, la sección de la CGT en El Corte Inglés, cuyas mujeres han conseguido abrir una grieta importante en una empresa siempre refractaria a la actividad sindical o la Sección de lo social de CNT, que recientemente ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Provincial contra el alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, por prevaricación y discriminación en la regularización de migrantes. Como broche final, las actuaciones musicales del coro ecofeminista de mujeres Malvaloca, y las bandas Tremenda Jauría y Biznaga han puesto la nota lúdica haciendo bailar a los asistentes.

Mark Bray, historiador y profesor universitario estadounidense que ha tenido que exiliarse en España por las amenazas que ha sufrido en su país, reflejaba el ánimo que flotaba en el ambiente: “las experiencias de Minnesota o más recientemente en Newark [se refiere las movilizaciones frente al centro de detención del ICE conocido como Delaney Hall, donde cientos de migrantes se encuentran llevando a cabo una huelga de hambre] son hitos que marcan el camino en mi país y protagonizan la esperanza de un antifascismo de autodefensa comunitaria desde abajo. Y lo que estoy viendo con la confluencia de luchas es igual de esperanzador, representa el ejemplo de cómo se puede establecer un movimiento de masas antifascista ante la eventual llegada de la extrema derecha al poder”.

Después de casi tres años de trabajo colectivo, este sábado se presentó finalmente la confluencia en Orcasur, pero tal y como afirma Gonzalo Maestro, uno de los impulsores de la iniciativa, “ahora el objetivo inmediato es sacarla de la capital y extenderla a otras zonas de la comunidad, y para ello ya tenemos programados actos en la sierra norte y otros ligares del este y la zona Sur. Y el siguiente paso será encontrarnos con iniciativas similares de otros territorios”. La confluencia ya se ha presentado públicamente, reforzando vínculos y compartiendo experiencias, pero el trabajo para extenderse fuera y seguir aumentando su implantación no ha hecho más que empezar.

Miguel Ángel Fernández es periodista freelance y trabajador de la Fundación Anselmo Lorenzo (CNT)

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No nos cansaremos de repetirlo: una de cada cinco personas menores de edad sufre agresiones sexuales, la mayoría de ellas cometidas por familiares o conocidos. No lo queremos ver, no lo queremos asumir. Pero el problema está. No son casos puntuales ni es un asunto privado. Estamos hablando de un problema social, estructural y de salud pública que, pese a su gravedad y magnitud, continúa siendo un tabú en la sociedad.

«Muchas veces siento impotencia«, resumió Vicki Bernadet, que lleva más de 30 años intentando visibilizar este asunto, en la presentación online del especial de La Marea junto a la catedrática en Victimología Noemí Pereda. «Los medios de comunicación tenéis un papel muy importante», añadió Pereda.

En este contexto, en La Marea continuamos también con las presentaciones presenciales, esta vez en Sevilla. El evento se celebrará el próximo 10 de junio a las 19.30 horas en la Sala El Cachorro, en el barrio de Triana. Conducido por Olivia Carballar, contaremos con víctimas y representantes del mundo de la judicatura.

Así, participarán el fiscal delegado de Criminalidad Informática en Sevilla, Gabriel González, la abogada Amparo Díaz y el perito tecnológico Jorge Coronado, que abordarán las claves sobre el impacto de estos delitos en las redes sociales. Desde la asociación Redime, contaremos con la abogada y superviviente de abusos Mari Carmen Heredia y la terapeuta Eva Medina. Y también nos acompañará la superviviente Laura Cuevas, de la asociación Lulacris.

El acto se suma al celebrado el pasado mayo en el Teatro del Barrio, en Madrid, al que acudieron diferentes víctimas, especialistas y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que explicó las claves de la ampliación de la Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia (Lopivi) tras su aprobación en el Consejo de Ministros.

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