Quienes nos dedicamos a escribir y pensar sobre España desde Estados Unidos llevamos una vida rara. Solo participamos a medias en la sociedad en la que vivimos y trabajamos. La otra mitad del tiempo estamos mentalmente en España, consumiendo medios ibéricos, intercambiando mensajes y llamadas con gente de allí. Siempre tenemos la mirada puesta en dos relojes. Lo nuestro no llega a ser un exilio, desde luego, pero sí manifiesta algunas de las paradojas propias del desplazamiento forzado, incluido el no saber si nuestro destierro acaba siendo una bendición o una condena.  

Vicente Rubio-Pueyo (Zaragoza, 1979) lleva 20 años viviendo así. Licenciado por la Universidad de Zaragoza y doctor por la Universidad Estatal de Nueva York con una tesis sobre la producción cultural española desde 2000 hasta el 15-M, estos días se gana la vida como profesor en Fordham University, una universidad jesuita situada en pleno Bronx neoyorquino. Desde siempre, ha combinado su trabajo académico con un continuo compromiso político, plasmado no solo en el activismo a pie de calle, sino también en una asidua labor investigadora para grupos y organizaciones políticas. Ha trabajado con el Laboratorio de Democracia Urbana (Nueva York), el Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social (IECCS, España) y con fundaciones como la Friedrich Ebert o Rosa Luxemburg, para la cual redactó un extenso informe sobre el auge de la ultraderecha española. 

El año pasado, Rubio-Pueyo publicó Un país entre dos tiempos. La década en que España experimentó políticamente (Lengua de Trapo), un lúcido ensayo que recorre la historia política y cultural española desde la Transición, con un enfoque especial sobre los últimos 15 años. El libro logra alcanzar el siempre difícil equilibrio entre la cercanía del compromiso y la perspectiva que proporciona la lejanía geográfica, enriquecida, en su caso, por el fermento intelectual de la universidad norteamericana.

¿Hasta qué punto es consciente de que la originalidad de su mirada se debe a su vivencia entre dos países?

En el libro intento partir del concepto de coyuntura para ofrecer una visión histórica más amplia que la acción-reacción del spin mediático continuo, un análisis que ayude a entender cómo se han redefinido nociones, términos y conceptos que daban sentido a la convivencia democrática y a la historia reciente de España. Pero siempre tengo muy presente cuál es mi lugar de enunciación. Al final, un libro como este es el producto de un itinerario vital. Si no es exhaustivo –me hubiera gustado hablar más sobre el Procés catalán, por ejemplo, o sobre feminismos y tecnopolítica– es precisamente porque ha terminado siendo el resultado de unas experiencias políticas y no otras. Eso sí, el proceso de escritura me ha permitido dilucidar más claramente mi trayectoria a través de los años, que reluce como el surco que va dejando el caracol. 

¿Cuál es, entonces, su lugar de enunciación?

Como persona nacida en 1979, soy un hijo del régimen del 78, al menos biográficamente. Recuerdo el impacto de 1992: la Expo de Sevilla, que fui a visitar con mis padres, y las Olimpiadas de Barcelona. Recuerdo también los años de Aznar y los atentados del 11-M. El No a la guerra de 2003, que me pilló con unos 23, 24 años, fue para mí un momento formativo en lo político.

«El No a la guerra de 2003, que me pilló con unos 23, 24 años, fue para mí un momento formativo en lo político».

Estas son las coordenadas históricas. ¿Y las sociológicas?

En ese sentido, soy hijo de una clase media progresista de Zaragoza, crítica, que va en busca de otros espacios que los que estaban disponibles en los años del postfranquismo. Fue por eso que el 15-M, para mí —y me consta que para muchos— fue un momento muy nuevo y al mismo tiempo muy reconocible. Era como encontrarme con algo que llevaba esperando toda la vida: una crítica al sistema que además podía ser muy amplia y abierta, y muy poco dogmática.

El 15-M le pilla ya viviendo en Estados Unidos; también la fundación de Podemos, tres años después.

Sí, claro, pero esto no significa que no pudiera participar en ambos. A la zaga del 15-M, formamos un espacio de Democracia Real Ya en Nueva York que fue muy importante para mí. Cuando ese mismo otoño ocurre Occupy Wall Street, me sumo con la experiencia del 15-M a cuestas. Y también participé en círculos de Podemos en EE. UU., o ayudé con visitas y contactos de Podemos y los municipalismos. En ese sentido, ha habido un camino constante de ida y vuelta, muy natural y fluido, con aprendizajes en ambas direcciones. Quiero creer que ha informado la mirada desde la que he escrito este libro.

«El 15-M era como encontrarme con algo que llevaba esperando toda la vida: una crítica al sistema que además podía ser muy amplia y abierta, y muy poco dogmática».

¿Cuál es para usted la conexión entre el 15-M y Occupy?

Para empezar, ambos tienen que hacerse cargo de una política posneoliberal, en el sentido de que tienen que partir, quieran o no, de una hegemonía neoliberal que lleva décadas consolidándose. Pero al mismo tiempo, ambos responden a tradiciones y situaciones específicas de cada lugar. En lo personal, Occupy me sirvió como una especie de curso acelerado de etnografía de la izquierda estadounidense. Fue fascinante, por ejemplo, ver cómo la gente aquí vivía el espacio público de la plaza comparado con cómo se vivía en España. No tenía nada que ver. También fue muy diferente la relación con la policía y qué significaba que te desalojaran.

Desde Estados Unidos, ¿ve cosas en España que no se ven estando dentro?

Quiero creer que sí. Sin ir más lejos, lo que se consiguió en España se ha visto con mucha más admiración desde fuera que desde dentro. Es cierto que ha habido muchas decepciones; no hemos conseguido lo que se quería. Pero también se han logrado cosas que hay que poner en perspectiva, y que, en efecto, a veces se ven mejor desde fuera.

La posición intermedia, en la que uno acaba traduciendo siempre entre dos realidades, condiciona cómo uno se relaciona con ambas. Al menos esa es mi experiencia.

La mía también. Y se manifiesta de forma curiosa. A lo largo de los años, por ejemplo, he podido ser testigo de procesos de organización entre gente que ha terminado por pertenecer a espacios diferentes. Como alguien de fuera, he tenido la suerte de seguir manteniendo amistad y confianza con todos. Pero no me cabe duda de que, si hubiera vuelto a España y hubiera podido participar más directamente en esas iniciativas, yo también habría acabado teniendo que elegir y asumir las consecuencias.

A la luz de esas divisiones, ¿cuáles son los aprendizajes de la última década?

Una cosa que he aprendido es no juzgar las decisiones personales y políticas de las personas. En política conviene no moralizar demasiado. Obviamente, hay itinerarios que comparto más que otros; tengo mis filias y fobias, como todos. Pero vistas desde fuera, muchas de las decisiones políticas y personales me han parecido comprensibles, por más contradictorias que puedan ser entre sí.

¿Hemos exagerado el peso de lo moral en política?

Bueno, obviamente la moral y la ética son muy importantes, también en política. Pero no para juzgar a las y los compañeros. 

En ese sentido, ¿cree que en España se tiende a moralizar más que, por ejemplo, en Estados Unidos?

Es una pregunta que nunca me he planteado así, fíjate. Pero, pintando muy a brocha gorda y sin querer recaer en clichés esencialistas, sí me parece que en España esa tendencia es más fuerte -quizá por la tradición católica y el legado de la Inquisición, vete a saber–. Digamos, para matizar, que en España se moraliza de manera diferente. Es obvio, por ejemplo, que al final del ciclo que acabamos de vivir en la izquierda, ha habido momentos fuertísimos de moralización y personalización, por más que las diferencias, en un principio, fueran sobre todo estratégicas e ideológicas. Esto es obvio y también es triste. Allí creo que las redes sociales, por más potentes que fueran como arma de comunicación, acabaron por acelerar la polarización no solo externa, sino también interna.

«Obviamente la moral y la ética son muy importantes, también en política. Pero no para juzgar a las y los compañeros». 

En Estados Unidos, ¿la política es menos moralizante o personalista?

No es que aquí la política sea menos personalista. De hecho, hay un personalismo mucho más fuerte. Lo que ocurre es que está incorporado el sistema desde el principio. En cierto sentido, es la base de todo el sistema electoral. La relación entre partido y candidato aquí no tiene nada que ver con la que es en Europa. Aquí es una relación casi contractual, basada en la rendición de cuentas, la accountability. Los partidos como tales no son organizaciones de masas, sino estructuras más bien vacías, cáscaras que se llenan de candidatos durante el proceso de primarias. Los equipos de cada candidato sobrevuelan todo eso. Después, se gestionan formalmente los apoyos o endorsements de diferentes organizaciones de base, como los sindicatos. 

¿La política española no se está moviendo en esa misma dirección? Los candidatos le quitan cada vez más peso a los partidos.

En efecto. También allí los partidos se van vaciando, convirtiéndose en una especie de equipos de comunicación en torno a los candidatos. Y no solo ocurrió en Podemos. También lo hemos visto en el PSOE, Ciudadanos, Vox o el PP.

Es por eso, quizá, que las alianzas políticas se van representando cada vez más como alianzas personales, basadas más en la amistad y la lealtad que en la coincidencia de idearios o una serie de intereses compartidos. ¿No crea una innecesaria vulnerabilidad?

Puede ser. Es obvio que ha incrementado el rol de los afectos en política: la nostalgia, el cansancio, la ilusión, el pánico conspiranoico. Esto también explica que tendamos cada vez más a identificarnos afectivamente con las y los candidatos. Pero, fíjate, no siempre es terrible. Yo, como persona que vive en Nueva York, estoy a tope con Zohran Mamdani, que me parece no solo muy capaz, sino adorable. Pero, volviendo a tu pregunta, estoy de acuerdo en que es peligroso confundir las alianzas políticas con las amistades personales. 

¿Cuál es el antídoto?

Por más simple o clásico que suene: volver a la calle, a los encuentros físicos. Mamdani tiene una enorme presencia en las redes, claro, pero no podemos olvidar a los más de cien mil voluntarios que tuvo, entre ellos un servidor y su familia. Para mí, la labor del canvassing, yendo de puerta en puerta, me permitió conocer mejor a los vecinos de mi propio barrio. El deseo de volver a encontrarse en espacios físicos lo veo muy generalizado y muy real. Y no solo porque las redes sociales estén en las manos de quienes están. 

«Mamdani tiene una enorme presencia en las redes, claro, pero no podemos olvidar a los más de cien mil voluntarios que tuvo, entre ellos un servidor y su familia».

Una vuelta a las prácticas de antes.

Exacto. Las viejas tradiciones de la izquierda tienen mucho que enseñarnos, incluido el sindicalismo. Yo, como miembro de mi sindicato, coincido con compañeros que a lo mejor votan al Partido Republicano, pero con quienes me toca trabajar para promover nuestros intereses compartidos. No hace falta que seamos mejores amigos, con tal de que tengamos relaciones cordiales –es decir, sanas, humanas–. El trabajo de coalición pide afectos humanos positivos, claro está; pero no necesariamente tiene por qué terminar en una especie de unidad metafísica de adoración mutua total. Así también lo común es mejor verlo como una propuesta de organización social, no una unidad mística. 

Una confusión táctica.

Algo en el mundo de hoy nos impulsa a pensar que, en política, hay que ser los mejores amigos siempre para todo. Si no, somos los peores enemigos, también para todo. La moralización y la personalización son parte de esa tendencia. En ese sentido, podemos diferenciar entre la dinámica que vimos desarrollarse dentro de Podemos, con su centro en Madrid, y la de, por ejemplo, Barcelona en Comú. No es que entre Els Comuns no hubiera tensiones. Pero se han llevado de otras maneras. Todo depende de los espacios que se generan y de las reglas que regulan la conducta dentro de esos espacios. Los individuos pueden ser mejores o peores personas, según los momentos; hay patologías y egos en todas partes. Pero cómo se procesan depende del espacio. Así, también hay espacios que manejan su pluralidad interna mejor que otros. En ese sentido, el modelo organizativo de Podemos, con su estructura clásica de partido con secretario y comité centrales –y que además se replicaba en cada pueblo y ciudad– no fue el mejor.

«Algo en el mundo de hoy nos impulsa a pensar que, en política, hay que ser los mejores amigos siempre para todo. Si no, somos los peores enemigos, también para todo. La moralización y la personalización son parte de esa tendencia».

Pero fue el más eficaz. Al menos, eso se decía.

Sigo teniendo problemas con ese marco, que opone unas tácticas supuestamente pragmáticas, realistas y eficaces a otras supuestamente idealistas, inocentes e ineficientes. En el fondo, es un binario falso. La idea de tomar el cielo por asalto, por poner un ejemplo, repudia una idea más fundamental de cooperación que había surgido durante el 15-M y que no dejaba de ser una resignificación muy interesante del consenso que se convirtió en el fetiche de la Transición. La idea de asaltar el cielo se usó como excusa para sacrificar muchas cosas que eran perfectamente prácticas, practicables y realistas. E incluso, a su modo, eficaces. Sobre todo si se trataba de convertirse en una fuerza política y cultural a largo plazo.

En su libro, analiza la función retórica de conceptos como “ventana de oportunidad” y “fin de ciclo”. Yo siempre sospecho que las y los protagonistas de la política confunden sus propias fases biográficas con las coyunturas históricas. La desilusión que parece reinar en el espacio a la izquierda del PSOE, ¿no es también un afecto vital propio de una generación de líderes y analistas que están cerca de cumplir los 50?

Es interesante que lo digas, porque en los últimos años mucha de la gente que ha participado en ese ciclo que ahora se supone se ha cerrado, ha ido sacando sus memorias. 

El suyo no es un libro de memorias, precisamente.

Claro. Aun así, lo que quizá más satisfacción me haya producido en las conversaciones que he ido teniendo sobre él es lo que han dicho varios compañeros públicamente: que les parece un libro generoso porque yo no necesito justificarme ni tirar patadas al de al lado. Quiero decir que yo no tengo cuentas que ajustar, ni decisiones que justificar. La desilusión que mencionas, por otra parte, y que coincide con un momento vital determinado, me recuerda mucho a la vivencia que tuvo la generación de mis padres después de la Transición. Mis padres fueron militantes del Partido Socialista de Aragón. Para ellos, ver cómo el PSOE copó todo ese espacio les produjo un gran desencanto. Fue un momento como el actual, en que pareció cerrarse un momento marcado por mucha energía y movilización ciudadanas. 

Su libro, sin embargo, resiste ese marco.

Obviamente, hemos vivido una decepción. Eso es innegable. Nuestra idea durante el 15-M no era terminar con un Pedro Sánchez como líder absoluto de la izquierda política. Yo también siento mi propio agotamiento, mi cansancio, mis preocupaciones, claro está. Pero también me resisto a resignarme. No hay que olvidar que la derecha juega a eso, a dejarnos dominar por esos afectos negativos. Hace falta otra mirada. Los movimientos políticos y sociales no se mueven en una hoja de cuentas que registre éxitos y fracasos. Más bien, van generando condiciones, elementos, ingredientes de visiones políticas, imaginarios políticos y lenguajes que acaban conformando un arsenal, a veces en estado latente y dormido, que puede ser convocado otra vez.

«Obviamente, hemos vivido una decepción. Eso es innegable. Nuestra idea durante el 15-M no era terminar con un Pedro Sánchez como líder absoluto de la izquierda política. Pero me resisto a resignarme. La derecha juega a eso».

Como los sobrevivientes de un naufragio que usan las partes del barco roto para construir otro.

Stuart Hall siempre insistió mucho en rechazar la fantasía de los nuevos comienzos. En el fondo nunca los hay. Lo que hay son articulaciones de elementos viejos y nuevos. Lo que pasa es que, para conseguir esa articulación, es crucial tener memoria. Sin ella, no hay manera de recuperar el hilo. Si se rompe el diálogo entre generaciones, entonces es cuando se producen esos blancos de impotencia política. 

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Después de varios años de trabajo conjunto, CGT, CNT-Comarcal Sur, Ecologistas en Acción de Madrid, Sindicato de Manteros y Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid han decidido constituir la «Confluencia de luchas», una propuesta que busca reforzar la articulación entre los distintos movimientos sociales y sindicales de la ciudad en un escenario marcado por la crisis ecosistémica, la precarización laboral, la crisis de vivienda o el endurecimiento de las políticas migratorias. En este momento, los miembros de este frente común consideran imprescindible generar espacios compartidos que permitan construir respuestas colectivas.

La iniciativa, que se presenta públicamente el próximo sábado en Orcasur, barrio madrileño con una importante tradición popular y de asociacionismo vecinal, es el resultado de más de dos años de trabajo conjunto, así lo explica Julia Tabernero, integrante del Sindicato de Inquilinas y una de las impulsoras del proyecto: «El proceso lleva armándose casi tres cursos y surge entre organizaciones que ya nos conocíamos y habíamos colaborado en algunas ocasiones, pero necesitábamos de un análisis compartido del contexto. Y, sobre todo, de respuestas coordinadas».

El objetivo de esta suma, según nos cuenta Gonzalo Maestro, de CNT, es el de construir un espacio de encuentro, coordinación y acción, pero también «un proceso político orientado con la idea de construir estructuras militantes y organizativas sólidas, con identidad propia, con capacidad de fortalecer las distintas luchas desde un horizonte político compartido, y ganas de hacer frente a las diferentes formas de dominación del capitalismo contemporáneo».

Estas organizaciones unen fuerzas para proponer alternativas con un componente fundamental de clase: «Entendemos que las luchas de los diferentes colectivos que conforman la confluencia pueden ser diferentes, pero en este momento de policrisis y avance de la extrema derecha, hemos decidido aparcar lo que nos separa y dar el paso a organizarnos desde abajo y desde la izquierda», expone Luis Rico, de Ecologistas en Acción.

«Buscamos romper contradicciones históricas en las que nos ha sumido el capitalismo, las típicas entre sindicalismo y ecologismo, por ejemplo, y así trabajamos en cómo cerrar fábricas contaminantes o de armamento; en plantear un modelo industrial totalmente diferente que también beneficie a la clase trabajadora. Lo mismo decimos del movimiento de inquilinas e inquilinos, con el que coincidimos en que la vivienda debe ser un bien de uso y no para la especulación. Y con los migrantes nos une la solidaridad de clase: entendemos que todo el mundo tiene derecho a vivir aquí, a tener las mismas garantías y mismos derechos. Eso sí, a quienes no queremos aquí es a los capitales especulativos internacionales y a los fondos de inversión», concluye Rico.

Coincide en esa visión Mario Rísquez, integrante de CGT: «La confluencia de organizaciones que desarrollan su actividad en ámbitos aparentemente distintos nace de la lectura que hacemos de la crisis ecosocial en la que estamos inmersos: no podemos entender la precariedad en el trabajo y los bajos salarios de manera desligada del problema habitacional y los precios de la vivienda. Ponemos el foco en las condiciones de vida, del empleo, de la vivienda, del racismo y las políticas migratorias, del cambio climático, etc., todas ellas interrelacionadas. Y para afrontarlas debemos construir diagnósticos comunes, estrategias alineadas y unidad de acción».

Son las mismas razones que han llevado al sindicato de manteros a unirse a la confluencia, tal y como nos cuenta Serigne Mbayé: «Aquí hay personas con papeles, sin papeles y nativas, pero siempre trabajamos desde el apoyo mutuo. Nuestra lucha busca derribar fronteras, tanto las visibles como las invisibles, y romper esa discriminación que sufrimos como migrantes, pero también como clase trabajadora. Somos personas que estamos a pie de calle y luchamos por la igualdad de las personas, por un mundo mejor y más decente, contra las guerras y la explotación, por los servicios públicos… Todo eso nos afecta. No queremos que nos dividan, nuestra lucha es contra el destrozo del medioambiente, contra la especulación con la vivienda… somos los primeros que también sufrimos esto. Por eso es importante dar ese paso: si el sistema pretende dividirnos, nosotros sumamos fuerzas».

El proceso de confluencia ha sido largo y, según nos explican desde las organizaciones que la componen, desde el comienzo se hizo un esfuerzo en la autoformación: «Lo primero fue realizar una serie de encuentros de aprendizaje e intercambio de experiencias, en los que contar también con otras voces que nos parecían interesantes. Por ahí pasaron personas como Pastora Filigrana, Yayo Herrero, Amaia Pérez Orozco… Es decir, se trataba de establecer una serie de encuentros estratégicos con los que ir estructurando propuestas concretas». Estos encuentros de debate han finalizado este curso 2025-2026 en la denominada Escuela de Luchas, en la que han participado cerca de 30 ponentes y varios centenares de asistentes a las sesiones que se han llevado a cabo en la Fundación Anselmo Lorenzo.

Para Julia Tabernero, la escuela «ha sido una experiencia que hemos construido entre todas, un espacio de formación política y social para personas que conocían a alguna de las organizaciones o que estaban cercanas a los movimientos sociales y organizativos, pero que todavía no estaban participando. Y también para esa gente joven a la que le apetecería tener su primera experiencia militante. Los resultados han sido tan interesantes y fructíferos que la intención es volver a repetirla».

La Confluencia de Luchas se presenta ahora en Madrid, pero tiene la vocación de ser un espacio abierto a la incorporación de otros colectivos y organizaciones, sindicales, de vivienda, feministas, antirracistas, ecologistas»“que compartan prácticas políticas similares basadas en el sindicalismo, la generación de contrapoder y la institucionalidad popular como palancas para la transformación social y la transición poscapitalista».

Y de hecho, ya están trabajando para sacar la experiencia de la ciudad, e incluso extenderla fuera de la Comunidad de Madrid, respetando «la autonomía, las dinámicas y las alianzas de las organizaciones en los distintos territorios». Eso sí, «las organizaciones que ahora conformamos la confluencia de luchas compartimos una serie de principios organizativos y estratégicos, como la autonomía frente a partidos políticos y apuestas electorales, la organización de base y asamblearia, o la desobediencia y la acción directa», finaliza Rísquez.

De momento la Confluencia de Luchas se presenta este sábado con el evento I Encuentro Primavera de Luchas, que contará con charlas y mesas de debate sobre la internacional reaccionaria y los retos del antifascismo, la policrisis y el sujeto de la lucha, y la militancia de base y las organizaciones de masas en el siglo XXI. Contará con la participación de periodistas, historiadores y activistas como Mark Bray, Miquel Ramos, Nuria Alabao, Rubén Martínez, Helena Maleno, Josefa Sánchez Contreras y Constanza Cisneros, además de con una programación infantil simultánea durante todo el día, gracias a los colectivos Tartamuda y Ecobloco. La jornada finalizará con las actuaciones del coro de mujeres Malvaloca y las bandas Tremenda Jauría y Biznaga.

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En la segunda parte de El padrino, la obra maestra de Francis Ford Coppola, hay una traición entre todas las traiciones que duele más que ninguna otra. Fredo, hermano de Michael Corleone, había participado en el intento fallido de asesinato contra el menor de los Corleone, el capo de la familia. Y lo había hecho por lo mismo de siempre: la ambición de acumular más dinero, más poder. Cuando Michael lo descubre, durante la noche de fin de año, se acerca a su hermano, le coge por el cuello, y le susurra al oído: «Me rompiste el corazón».

En solo dos días desde que se ha conocido la investigación por parte de la Audiencia Nacional al expresidente Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra, se ha desplegado todo un psicodrama cuyos efectos han reverberado con intensidad entre las filas progres de la sociedad española. Y vaya la presunción de inocencia por delante. Zapatero es inocente hasta que se demuestre lo contrario. No es la intención de estas líneas juzgar la solidez de una causa judicial que puede ir para largo, sino observar los efectos emocionales que provocan determinadas traiciones. Porque en Ábalos, a fin de cuentas, nadie había proyectado una imagen de integridad y honestidad de la que sentirse orgulloso. Tampoco en Santos Cerdán.

El martes, cuando la investigación del juez Calama salió a la luz, toda la izquierda – también la izquierda a la izquierda del PSOE– salía en bloque en defensa del expresidente que negociaba con Maduro y con los independentistas. El lawfare ha existido y existe, y si había una pieza de caza mayor, esa era la del expresidente del Gobierno. El miércoles, al desvelarse parte del auto, se echaba el freno de mano. Una lectura en diagonal de las diligencias previas hacía temer lo peor: ¿Y si…?

Gabriel Rufián, en el Congreso, lo sintetizaba desde su escaño con su habitual oratoria: «Si esto es cierto, es una mierda. Si esto es falso, es más mierda todavía». Como queriendo decir: ¿Tú también, ZP…?

Pero hay otra pregunta interesante: ¿cuándo se convirtió Zapatero en un referente de la izquierda más allá del PSOE? La nostalgia es un mecanismo de supervivencia importante; nos permite estar en paz con nuestro pasado, pero a cambio de distorsionarlo para que encaje mejor con aquello que nos gustaría que hubiera sido. Se olvida, por ejemplo, que Zapatero fue el presidente de España que pactó con el Partido Popular la reforma del artículo 135 de la Constitución para imponer un techo a la deuda, rindiéndose a las políticas austericidas de la UE más neoliberal hasta la fecha.

Se podría argumentar que no había posibilidad de hacer otra cosa, que la UE era Ley, y que la Ley de la UE se transpone automáticamente en el cuerpo legal nacional. Pero se nos olvida que lo hizo en pleno agosto y por sorpresa para ahorrarse el bochorno y el debate público, y que entró en vigor a principios de septiembre de 2011, cuando las plazas del país hervían de indignación. No, Zapatero no era un referente de la izquierda. Eso no significa que se le deba echar a las hienas, ahora que empiezan a oler la sangre.

Que hoy que sea un referente de la izquierda –a la vista de la decepción generalizada del mundo progre– es también sintomático de la falta de referentes en el mundo de la política española. Muy pocos nombres han conseguido sobrevivir al paso del tiempo. Igual Julio Anguita es el único de los «grandes» que mantiene su legado intacto. Ahora, el orgullo socialista puede volver a tambalearse. Porque de Felipe González, por suerte, ya nadie se acuerda. Suerte de la nostalgia.

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2.707 personas fueron ejecutadas en 2025 en 17 países. Es la cifra más alta registrada en casi medio siglo, desde 1981, según el informe Condenas a muerte y ejecuciones 2025 elaborado por Amnistía Internacional. En general, las ejecuciones aumentaron en un 78%, después de que en 2024 se registraran al menos 1.518. La organización atribuye este aumento «a unos pocos gobiernos decididos a ejercer su poder mediante el miedo».

El grueso de este incremento procede de Irán, cuyas autoridades ejecutaron a al menos 2.159 personas, más del doble que en 2024. En otros lugares, Arabia Saudí elevó su recuento de ejecuciones hasta al menos 356, y utilizó ampliamente la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas. En Kuwait, las ejecuciones casi se triplicaron (de seis a 17), mientras que casi se duplicaron en Egipto (de 13 a 23), Estados Unidos (de 25 a 47) y Singapur (de nueve a 17). El total de 2025 no incluye los miles de ejecuciones que Amnistía Internacional considera que siguieron llevándose a cabo en China, que continuó siendo el país con más ejecuciones en el mundo.

“Este alarmante aumento del uso de la pena de muerte se debe a un grupo reducido y aislado de Estados dispuestos a llevar a cabo ejecuciones a toda costa, pese a la tendencia global continuada hacia la abolición. Desde China, Irán o Corea del Norte, pasando por Arabia Saudí y Yemen, hasta Kuwait, Singapur y Estados Unidos, esta vergonzosa minoría está utilizando la pena de muerte como arma para infundir temor, sofocar la disidencia y mostrar la fuerza que las instituciones estatales tienen sobre personas desfavorecidas y comunidades marginadas”, ha manifestado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

La organización indica que el recrudecimiento de enfoques sumamente punitivos de la “guerra contra las drogas” impulsó los esfuerzos por ampliar el uso de la pena de muerte. Esto se reflejó en el número de ejecuciones, pues casi la mitad (1.257 o el 46%) de todas las que se registraron fueron por delitos relacionados con las drogas: Irán (998), Kuwait (2), Arabia Saudí (240) y Singapur (15). Argelia, Kuwait y las Maldivas emprendieron iniciativas legislativas para ampliar el ámbito de aplicación de la pena capital con el fin de incluir este tipo de delitos.

El gobierno de Burkina Faso aprobó un proyecto de ley que incluía la reinstauración de la pena de muerte para delitos como “alta traición”, “terrorismo” y “actos de espionaje”, mientras que las autoridades de Chad establecieron una comisión para revisar cuestiones relacionadas con la pena capital, incluida su reinstauración. Además, las de Israel presentaron proyectos de ley discriminatorios para introducir y facilitar el uso de la pena de muerte contra personas palestinas.

Las ejecuciones las llevaron a cabo una puñado de países

Aunque las ejecuciones aumentaron, los países que las llevaron a cabo siguieron siendo una minoría aislada. Arabia Saudí, Corea del Norte, China, Egipto, Estados Unidos, Irak, Irán, Somalia, Vietnam y Yemen son los mismos 10 países de los que se supo que habían llevado a cabo ejecuciones todos los años en el último quinquenio y que habían mostrado un desprecio sistemático hacia las salvaguardias establecidas en virtud del derecho y las normas internacionales de derechos humanos, insiste el informe.

Cuatro países reanudaron las ejecuciones el año pasado (Japón, Emiratos Árabes Unidos, Sudán del Sur y Taiwán), con lo que el total de países que ejecutaron a personas ascendió a 17.

Por decimoséptimo año consecutivo, Estados Unidos fue el único país de las Américas que llevó a cabo ejecuciones, y casi la mitad de ellas se produjeron en Florida. En el África subsahariana, las ejecuciones se limitaron a Somalia y Sudán del Sur. Afganistán fue el único país de Asia meridional que ejecutó a personas, mientras que Singapur y Vietnam fueron los únicos de los que se tuvo constancia de que lo hicieran en el sureste asiático. Tonga era el único país de Oceanía que mantenía la pena de muerte en la ley. No se tuvo constancia de ejecuciones ni de condenas a muerte en Europa y Asia Central.

“Es hora de que los países que llevan a cabo ejecuciones se unan al resto del mundo y conviertan esta práctica abominable en cosa del pasado. La pena de muerte no nos ofrece mayor seguridad. Al contrario: constituye una afrenta irreversible contra la humanidad, impulsada por el miedo y que muestra un desprecio absoluto por el derecho internacional de los derechos humanos”, ha declarado Callamard.

La llama de la abolición sigue ardiendo

Cuando Amnistía Internacional comenzó su trabajo contra la pena de muerte en 1977, sólo 16 países la habían abolido. Hoy, esa cifra ha subido a 113, más de la mitad de los países del mundo, mientras que más de dos tercios son abolicionistas en la ley o en la práctica.

Ante un telón de fondo de conductas depredadoras, miedo y odio, algunos países tomaron medidas que demostraban que, con determinación y una presión continuada, la abolición mundial está al alcance de la mano. Las autoridades de Vietnam abolieron la pena de muerte para ocho delitos, entre ellos transporte de drogas, soborno y malversación, mientras que Gambia la abolió para el asesinato, la traición y otros delitos contra el Estado. En una decisión histórica, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, concedió el indulto a Rocky Myers: el primer indulto que se concedía a una persona de raza negra condenada a muerte en el estado.

En Líbano y Nigeria se presentaron proyectos de ley para abolir la pena capital, mientras que el Tribunal Constitucional de Kirguistán declaró inconstitucionales las iniciativas para reintroducir la pena de muerte.

“Con los derechos humanos amenazados en todo el mundo, millones de personas siguen luchando contra la pena de muerte todos los años, en una potente demostración de nuestra humanidad compartida”, prosigue Callamard. “La abolición total es posible si nos unimos para mantenernos firmes contra los pocos países aislados. Debemos mantener encendida, brillando con fuerza, la llama de la abolición hasta que el mundo quede totalmente libre de las tinieblas de los patíbulos».

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Este reportaje se publicó originalmente en la revista de ‘La Marea’. Puedes conseguir un ejemplar y suscribirte en nuestro kiosco.

«Wilfing on the internet… is becoming a real problem…».

La profesora recita un texto durante la clase de inglés mientras camina de un lado a otro del aula. Los alumnos, abrigados con chaquetas e incluso con capucha por el frío invernal, repiten las frases al unísono, en voz baja.

«Most teenagers spend too much time in front of their computers…».

En la escuela de secundaria para chicos Rushdi Al Shamaa, situada a las afueras de Damasco, cada uno de los alumnos, de entre 13 y 15 años, carga a sus espaldas una historia atravesada por la guerra. «A causa de la guerra, yo y mi familia fuimos a Egipto», cuenta Kenan Al-Madany, de 13 años. Este año, con la caída del régimen de Al Asad, ha vuelto a Siria tras pasar una década en El Cairo. Ahora está en séptimo curso y le gusta sobre todo estudiar Inglés, Árabe, Matemáticas y Ciencias. En cambio, Historia y Geografía le cuestan más. Es un buen alumno, reconocen las profesoras. Él sueña con estudiar Medicina en el extranjero. «Me gustaría ir a Alemania, Estados Unidos o Egipto, y después regresar», dice convencido, pese a su corta edad.

Quien también sueña con un futuro fuera es Amer Al-Hilal, de 14 años, que actualmente cursa noveno en la misma escuela. Nació en Daraa, la cuna del levantamiento sirio en 2011, donde trató de estudiar, pese a los riesgos. «A veces no íbamos a la escuela porque era demasiado peligroso, ya que había francotiradores», recuerda. Finalmente, en 2018 su familia se trasladó a Damasco, donde encontró una mayor estabilidad para asistir a las clases. «Eres libre cuando hablas. Nadie irá a prisión por algo que ha dicho», dice ahora, aliviado tras la caída del régimen en diciembre de 2024. Amer quiere ser ingeniero y vivir en Australia.

Escuelas destruidas

Como le ocurrió a Kenan y a Amer, la guerra civil en Siria, que duró más de una década, truncó el acceso a la educación de millones de niños. Antes de 2011, la tasa de escolarización primaria rondaba el 97%, una de las más altas de la región. Actualmente, más de 2,4 millones de niños se encuentran sin escolarizar, según cifras de Unicef. Los datos del Ministerio de Educación sirio señalan que alrededor de 8.000 escuelas fueron dañadas o destruidas por la guerra, o convertidas en refugios para quienes perdieron sus hogares. Por este motivo, según Unicef una de cada tres no pudo reabrir al inicio de este curso escolar en septiembre.

Los desafíos también son políticos, ya que las escuelas deben adaptarse a los cambios educativos impulsados por el nuevo gobierno del HTS (Hayat Tahrir al Sham), liderado por el presidente Ahmed Al Sharaa. «Reformar los currículos es más difícil que cambiar una Constitución», reconoció el ministro de Educación, refiriéndose a la revisión de manuales de Historia y la eliminación de los contenidos ideológicos previos.

En el despacho de Huda, antigua profesora y ahora responsable del archivo y registro de datos del instituto, todavía hay libretas con el rostro de Bashar Al Asad en la cabecera. Los pupitres son antiguos, las puertas y paredes tienen partes gastadas, sin pintura, y las banderitas tricolor de esta nueva era –verde, blanco y negro, con tres estrellas rojas– llenan los pasillos, recordando todavía las celebraciones del primer aniversario de la caída de Al Asad.

Durante demasiado tiempo, dice Huda, el edificio ha estado abandonado. «Lleva 20 años descuidado. Nadie pintó la pared, nadie reparó nada en esta escuela. Sentimos que nuestra escuela es pobre», protesta. Ahora las profesoras –casi todas mujeres–, que han requerido de un permiso del Ministerio de Educación para poder hablar con la prensa, hablan aliviadas, con libertad, del largo período en el que ejercieron su trabajo bajo el régimen anterior. «El gobierno era muy rico, porque robaba. Por ejemplo, reparaban la puerta, y escribían en la factura que costaba, digamos, un millón. Y pagaban 100.000. Escribían facturas falsas y se metían el resto del dinero en los bolsillos», asegura.

Nuevos libros

La transformación que han vivido en el último año no solo se percibe en sus discursos, sino también en los detalles más cotidianos del aula. Los libros se reutilizaban curso tras curso, pero el cambio de gobierno ha propiciado una renovación casi completa. «Después de la liberación, el 90% de los libros son nuevos. Antes los alumnos solían conseguirlos de segunda mano, y fue así durante muchos años», cuenta Razan Soudan, la bibliotecaria de la escuela, que antes había ejercido de profesora de árabe y de asistente a la dirección.

Y no se trata solo de un cambio de papel: «Los libros de Historia incluían información falsa en los planes de estudio anteriores. Nombres erróneos de revolucionarios históricos, especialmente de Siria. Ahora, esta información ha sido ajustada, editada, y los nombres correctos se han añadido de nuevo», agrega Sheereen Ali Alkhalil, encargada de la supervisión de los alumnos. Por ejemplo, las clases de historia ya no glorifican el «Movimiento Correctivo» de 1970, cuando Hafez Al Asad, padre de Bashar, llegó al poder mediante un golpe militar. Ni la «Guerra de Liberación de Octubre» de 1973, la batalla contra Israel sobre los Altos del Golán.

Hoy los salarios han aumentado –de 400.000 a 1.200.000 libras, explican–, y perciben un intento de cambio. Pero nadie se atreve a medir resultados todavía. «Ha pasado solo un año desde la liberación. No podemos evaluar si avanzamos o retrocedemos», añade Sheereen. «Esta es la generación de la guerra. Son inteligentes, pero no se les preparó de la mejor manera», se lamenta. Lo que más preocupa a las profesoras es el hecho de que alrededor de 70 alumnos no asisten a las clases por estar trabajando, pese a que la escolarización a su edad todavía es obligatoria.

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El Festival Internacional de Cine del Sáhara (FiSahara) acaba de celebrar su decimonovena edición en los campamentos de personas refugiadas de Tinduf (Argelia). Su directora, María Carrión, explica el milagro de un festival que reúne a cineastas, periodistas, cinéfilos y activistas de todo el mundo, pero que, sobre todo, es disfrutado y protagonizado por el pueblo saharaui.

La mayoría de las personas que asisten a las proyecciones son saharauis, y lo mismo ocurre en las charlas y en los talleres. ¿Cómo han conseguido que una población refugiada en condiciones tan extremas haga suyo el FiSahara?

Este proyecto aterrizó en los campamentos en 2003 con una edición muy especial que aún no sabemos cómo salió adelante. Fue un chute de energía pero también algo muy ajeno a la cultura y a las tradiciones saharauis, a pesar de que muchas películas eran españolas y de que tienen ese vínculo con España. Pero a través de los talleres de cine del FiSahara y, en 2011, de la creación de la Escuela de Cine Abidin Kaid Saleh, los jóvenes saharauis se apropiaron de la herramienta del audiovisual. Empezaron a hacer sus propias películas y a usarlas para hablar de temas sensibles o de aquellos de los que les costaba hablar. También tenemos un cine móvil que realiza proyecciones en las wilayas. Las mujeres están usando el cine como un instrumento de educación. Y los mayores, que en un principio lo veían como una imposición occidental, y hasta cierto punto lo era, al ver cine saharaui en las pantallas lo han incorporado a sus vidas.

Una estudiante de la Escuela de Cine nos explicaba que ha dedicado su primer corto al rechazo de una joven a casarse, como le quiere imponer su padre, para poder seguir estudiando y ser libre. ¿Cómo ha sido el trabajo con las mujeres para que usen el cine para defender sus derechos?

Muy importante, porque lo usan precisamente para abordar estos temas. Es mucho más fácil romper el hielo en una charla tras una proyección. Así que la escuela ha tenido siempre muchas alumnas con historias muy potentes. Además, llegó un momento en el que fue necesario que la formación la diera un equipo saharaui. A través de becas internacionales, cada vez ha habido más formadores y formadoras con esa visión de género de la mujer saharaui.

¿Cuáles son los temas que más necesitan abordar desde el cine?

Sus preocupaciones: la falta de oportunidades, de trabajo, la depresión, la salud mental, el tema de las drogas, que es tremendo… También han hecho un par de sitcoms y a través del humor abordan cuestiones cruciales como la inmigración, las cada vez mayores desigualdades… La televisión de la RASD [República Árabe Saharaui Democrática] emite muchos de sus trabajos y algunos están llegando a los territorios ocupados por Marruecos. Es más, cada año nos llegan trabajos hechos por saharauis bajo la ocupación, sin ninguna formación, que están haciendo sus propias películas. Y nosotros les damos el espacio y la atención que necesitan.

¿Están ayudando las redes sociales a su difusión?

Mucho. Por ejemplo, la sitcom Tonterías en el exilio se ha vuelto viral gracias a que la pueden ver en sus teléfonos. Y un signo de lo potente que se ha vuelto el Fisahara es que Marruecos se ha inventado un festival de cine en la Dajla ocupada. Está dotado con una cantidad de dinero impresionante, con hoteles de cinco estrellas, e invitan a gente del cine de todo el mundo que a menudo no es consciente de que está yendo a un territorio ocupado. Marruecos intenta competir con el FiSahara, pero no se puede comparar un festival hecho por un pueblo con uno organizado por un régimen.

Un signo de lo potente que se ha vuelto el FiSahara es que Marruecos se ha inventado un festival de cine en la Dajla ocupada»

¿Cuáles son las mayores dificultades que encuentran los aspirantes a cineastas?

Todas. Grabar el sonido cuando ruge el viento es imposible, lo mismo que proteger los equipos para que no les entre la arena. Aquí, además, se está haciendo cine, como dijo un compañero, con los mismos elementos que utilizaron sus abuelas para construir los campamentos en medio de la hamada. Un año, hubo una subida de tensión eléctrica y se quemaron todos los equipos de la escuela. Lo que sale de los campamentos saharauis es un cine urgente hecho con herramientas muy básicas. Pero las historias contrarrestan las dificultades técnicas.

En un momento como el actual, en el que hay un mayor número de personas desplazadas en el mundo, en el que vivimos el genocidio de Gaza, las guerras de Líbano e Irán, en el que hay grandes similitudes entre la ocupación de Palestina y del Sáhara Occidental, dedicáis esta edición al derecho al retorno, que es uno de los derechos más olvidados.

Como no se aborda en las negociaciones, de las que están excluidos los propios interesados, nos toca reivindicarlo a nosotros. Estamos en un mal momento, pero estos pueblos llevan décadas, sino siglos, luchando. En España nos alarmamos mucho por la situación del Sáhara, pero los saharauis están tranquilos porque tienen claro que para ellos la cuestión no es si van a retornar, sino cuándo lo harán. Y ese espíritu es también el del FiSahara. Por más retos y obstáculos que encontremos, va a seguir adelante porque va a acompañar al pueblo saharaui hasta que su tierra sea libre.

La Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) fue una de las principales financiadoras del FiSahara en sus inicios, pero tras los recortes de la crisis de 2008, nunca ha vuelto a apoyarlo. ¿Con qué apoyos contáis?

Pasamos una cantidad absurda de tiempo buscando financiación. El año pasado no pudimos celebrar el festival por falta de dinero. Hay mucho trabajo voluntario, cada año perdemos dinero por emergencias y cambios de última hora, como invitados que no pueden asistir, y pese a todo conseguimos que el festival salga adelante con muy poquito dinero.

El Gobierno español no aporta financiación, y eso lo dice todo de la política de España. Que no nos financien demuestra lo ruin que es la política española. Es algo que no perdono a mi país. España no solo se desentiende de sus obligaciones legales con el pueblo saharaui, sino que se alinea con la potencia ocupante.

En cuanto a la AECID, he intentado retomar esa vía de financiación, pero no ha sido posible. Lo que nos llega es que se trata de una decisión política. El Ministerio de Exteriores español no quiere que el FiSahara exista porque es un problema para ellos. Lo que está haciendo es ruin y cruel.

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BOGOTÁ // Lo último que ve Daniel Jaimes es el destello de un disparo. Se oscurece la tarde del 1 de mayo de 2021, se apaga su visión. El gas del proyectil lanzado por un agente policial rasga su garganta. Cae al suelo y siente que una parte de su cara se desprende del cuerpo. El cilindro de gas lacrimógeno impacta directamente sobre el lado derecho de su nariz, pulverizando los huesos de sus pómulos, rompiendo su tabique y los pisos orbitales “que son los huesos que sostienen los ojos”, desprendiendo el maxilar superior. Pierde diez piezas dentales. Su ojo derecho estalla. “Usted es para que estuviera muerto”, todavía repiten doctores y cirujanos.

Una lágrima gotea incesante bajo el pañuelo negro de tela que cubre ahora la parte derecha de su rostro, dice que es por la celulitis preseptal, una infección recurrente. “Pasé por tanto dolor desde el principio… tú viste cómo estaba. Esa lágrima es porque me duele, pero uno se acostumbra”, se resigna Daniel. Cinco años después del impacto –durante el mayor estallido social en Colombia– el dolor físico ya no lo define todo. “Soy una persona rota, no te lo voy a negar”. Silencio. “Sé que nunca voy a sanar del todo, pero soy terco: creo que con amor se puede tapar el sol”, narra el joven de 25 años, dejando ver una leve sonrisa.

Cinco años del estallido social: 5.340 casos de violencia policial

El 28 de abril de 2021, millones de colombianos se tomaron durante casi cuatro meses las plazas, calles y parques de todo el país en contra de la reforma tributaria del entonces presidente derechista, Iván Duque. Una reforma que ahogaba, aún más, a las poblaciones más afectadas por la crisis sanitaria del COVID-19. Las históricas marchas retomaban el eco del Paro Nacional de noviembre de 2019. Los reclamos de justicia social, mejoras económicas y sociales, el cese de los asesinatos contra líderes sociales pronto se mezclaron con los pedidos de una reforma policial.

La Fuerza Pública colombiana (Policía Nacional, el Ejército y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD, hoy llamado UNDMO) reprimió a los manifestantes, en su mayoría jóvenes, con una violencia colosal. Tanquetas y lanzaderas de proyectiles Venom contra las piedras de los manifestantes, gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar las arengas pacíficas, tiros de balas contra escudos de latón y madera. Solo entre el 28 de abril y el 20 de julio, la Plataforma Grita de la organización colombiana Temblores registró 5.340 casos de violencia policial en todo el territorio: 40 casos de violencia homicida, 105 casos de trauma ocular, 35 casos de violencia sexual. Hubo estigmatización contra la protesta y los manifestantes, detenciones y judicializaciones arbitrarias, abusos de autoridad, desapariciones. Hoy, en el quinto aniversario, la gran herida abierta de todo un país sigue siendo la impunidad de sus violencias estatales.

“Existe un pimponeo entre la jurisdicción penal militar y la justicia ordinaria que funciona como una estrategia dilatoria para evitar el esclarecimiento de los hechos”, afirma Camilo Mendoza, de Temblores ONG. Su último reporte demuestra cómo los casos registrados de violencia policial siguen sin haberse esclarecido y muchos han sido archivados. “El acceso a la justicia en el ámbito penal muestra un panorama muy crítico”, reconoce Mendoza. De los 105 casos registrados de trauma ocular, solo uno tiene una sentencia condenatoria en primera instancia. “Esto demuestra un escenario de impunidad sistemática y estructural frente a violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado”, denuncia.

Agresiones oculares, persecución y exilio

Al otro lado del teléfono, Leidy Natalia Cadena, narra con tesón los detalles previos a perder la visión total de su ojo derecho. “No fue un error. El primer disparo fue directo al ojo, el segundo a la pierna”. Era la única mujer del grupo, tenía 22 años cuando fue alcanzada por el proyectil de bala de goma disparado por el miembro del ESMAD, Danilo José Núñez; quien fue condenado a siete años de prisión el pasado 6 de abril, siendo de los primeros casos en llegar a la justicia ordinaria por mutilaciones oculares durante las protestas sociales. “La sentencia es agridulce. A mí me arrebataron todo: mi país, mi familia, mi profesión. Siete años de cárcel no me devuelven nada”, se lamenta desde el exilio.

La joven politóloga tuvo que salir del país por las amenazas recibidas después de hacer público su caso. “El primer año fuera de Colombia fue muy duro. Yo estaba en shock. Luego una amiga que también había perdido un ojo se suicida, y eso me destruye”. Durante meses le costó levantarse de la cama, sobrevivir. A Leidy todavía le quiebra la voz hablando de su exilio: “Me quitaron la posibilidad de vivir la vida que había construido”.

La falta de justicia para las víctimas de crímenes por parte del Estado se ha vuelto un paisaje habitual en Colombia. Desde el genocidio de militantes de la extinta Unión Patriótica hasta los mal llamados «falsos positivos», civiles ejecutados extrajudicialmente por militares, o las víctimas durante las protestas sociales. “Lo que estamos viendo es la continuidad de un patrón de impunidad que el país arrastra desde hace décadas”, dice Alfonso Castillo, de la organización de víctimas de crímenes de Estado, Movice. “No hay avances reales en la justicia frente a hechos graves cometidos por agentes estatales, y eso envía un mensaje muy negativo a las víctimas y a la sociedad en general”.

“Una oportunidad perdida”, el reclamo de la reforma policial

El 19 de junio de 2022, ante una multitud eufórica e ilusionada, escudado por el retrato del joven Dylan Cruz, asesinado por el ESMAD durante el Paro Nacional de 2019, el recién elegido presidente Gustavo Petro –el primero de izquierda– pronunció lo siguiente: “Ningún joven volverá a ser violentado por imaginar un país diferente”. Habló de las víctimas del estallido social, abrazó a la madre de Dylan, que lo acompañaba en el escenario, y se convirtió en la esperanza de ese grito sordo de justicia, verdad, reparación y no repetición que coreaban millones de personas que meses antes habían marchado en las calles.

“Uno de los aspectos más llamativos es que el gobierno ha respondido de manera más efectiva a las demandas de otros sectores sociales que a las de las juventudes populares, que fueron centrales en el estallido y también en el cambio político que vino después,” cuestiona Víctor Barrera, del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).

Petro hizo campaña apoyado sobre esa demanda del movimiento social –y de los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales– de una reforma policial. La promesa electoral de justicia para las víctimas del estallido, según el investigador de Temblores, no se materializó en los términos que la ciudadanía esperaba. “Eso deja una sensación de oportunidad perdida, incluso en un contexto político que parecía favorable”, apunta Mendoza.

A poco más de tres meses de que culmine su mandato, de aquel grito solo queda un sollozo. El gobierno izquierdista impulsó una reforma policial desde el Ministerio de Defensa, entidad bajo la que se cobijan los uniformados, y se emitió la Directiva Permanente 009 de 2023. La Policía cambió sus uniformes, el ESMAD pasó a llamarse UNDMO: Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden.

“Se ha avanzado en introducir el diálogo como herramienta para gestionar la protesta, incluso desde el Ministerio del Interior, pero la reforma estructural de la policía no se dio y esa discusión se fue perdiendo”, reconoce Barrera, uno de los autores del libro Dilemas en movimiento, un texto que analiza cómo interactuaron todos los actores que participaron en las movilizaciones sociales.

Por su parte, los supervivientes de las violencias policiales continúan haciéndose la misma pregunta: ¿quién dio la orden? Miguel Fernando Leal, de 44 años, es uno de los miembros más adultos del Movimiento en Resistencia Contra las Agresiones Oculares del ESMAD (MOCAO), conformado en 2021 para cobijar a las víctimas de lesiones oculares. Su historia es similar a la de sus compañeros. Salió a marchar pacíficamente en el sur de Bogotá, en un barrio popular, y un uniformado le disparó una bala de goma directamente contra su ojo izquierdo, quitándole la vista para siempre. “Yo sí creo que hay una intencionalidad. Estos disparos a la cabeza no son accidentales. Hay un objetivo: callar, dejar una marca, generar miedo en los demás”, reclama.

Su vida, y la de su familia, cambió para siempre. Se mira al espejo y ve dos personas distintas. Su mano derecha actúa de bastón, con ella palpa el mundo que no puede ver. “La sociedad no dimensionaba que por salir a protestar podía pasar algo así. Una cosa es que te detengan o que haya una sanción, pero otra es que te disparen a la cabeza. Eso ya es una mutilación, algo que te cambia la vida para siempre”.

En 2024, el Gobierno colombiano emitió el Decreto 1231 que, entre otras cosas, limita el uso de la fuerza policial en las movilizaciones. “Hemos visto que, según cifras oficiales, se han reducido las intervenciones donde se usa la fuerza, lo cual es positivo”, dice Mendoza, señalando que, si bien ha habido mayores garantías para la protesta social, en los escenarios donde se utiliza la fuerza se siguen presentando irregularidades y abusos.

Pese a algunos esfuerzos, las transformaciones estructurales en la Fuerza Pública y los pedidos de los organismos de derechos humanos, entre ellos sacar a los uniformados del Ministerio de Defensa, quedaron fuera de la agencia del Gobierno. El próximo 31 de mayo se celebran elecciones en Colombia, con el candidato de izquierda Iván Cepeda liderando las encuestas con un breve margen ante la candidata del uribismo, Paloma Valencia. “El contexto actual es preocupante porque la violencia está siendo utilizada como argumento político. En medio de escenarios electorales, ciertos sectores recurren a discursos que priorizan la seguridad por encima de los derechos, lo que puede tener consecuencias graves para la democracia”, dice el activista e investigador del Movice Alfonso Castillo.

“El enemigo no es el uniformado, es el sistema”

“Yo ya sé quién fue el policía que me disparó”, dice Gareth Sella, cineasta, ex viceministro de Juventudes del actual Gobierno y sobreviviente de agresión ocular. Perdió la vista de su ojo izquierdo en febrero de 2020, antes de que iniciara el estallido social. Gareth formaba parte de los Escudos Azules, una agrupación de estudiantes que, resguardados por escudos de madera, plantaban cara y protegían a los manifestantes de los ataques policiales cuando se iniciaban los disturbios. No pudo marchar durante el estallido social, pero su activismo cobró más sentido el día que le arrebataron la vista. “La gente ha despertado y aunque nos quiten los ojos, vemos sus crímenes de Estado”, pronunció ante el Congreso, cuando las plazas comenzaban a llenarse de manifestantes.

Su caso, como la mayoría, sigue en la impunidad. “Para mí el enemigo nunca fue la policía… es el sistema”, expresa dejando ver una rabia común que se repite entre las víctimas. Un relato que también repite Daniel Jaimes: “Tuve que entender que hacerle daño a la persona que me disparó no me va a hacer mejor. Se trata de transformar esa rabia en algo que sirva”. Y Leidy Cadena: “Esto no es solo contra una persona, es contra una institución que hizo de esto algo sistemático. Han pasado cinco años sin que digan la verdad”.

Colectividad y resistencia

Para Víctor Barrera, el estallido puso en la agenda pública problemáticas estructurales que llevaban años invisibilizadas e ignoradas, especialmente en lo referente a las fuertes desigualdades sociales que atraviesan al país. Si bien, no todos los sectores del movimiento social tuvieron un papel dentro de la institucionalidad, se articularon redes con impacto local o barrial. “Uno de ellos es el fortalecimiento organizativo en sectores populares que no estaban vinculados a formas tradicionales de movimiento social”, señala.

Gareth reconoce visiblemente decepcionado que las personas y colectivos que estuvieron al frente durante el estallido no tuvieron un papel relevante dentro de las instituciones, incumpliendo las promesas de campaña y el sueño de las poblaciones más marginadas por el Estado.

Gracias a la ayuda de la cooperación y los organismos internacionales, MOCAO, junto con el Centro de Investigación Internacional de Violencia Ocular, están estudiando el impacto de las armas menos letales, recabando testimonios de supervivientes de todo el mundo con el fin de que las agresiones oculares sean reconocidas como crímenes de lesa humanidad.

Daniel lleva poco más de un año trabajando incesantemente en el centro de investigación. Su voz, pese a su juventud, suena como la de un líder. Sus colegas bromean y lo llaman “el profe”. Estar ahí, investigando, estudiando, hablando con otros supervivientes, le ha ayudado con la sombra siempre presente de la depresión, que le llevó a intentar quitarse la vida en al menos una ocasión. “Lo que hacemos no tiene que ver con lengua, raza o género. Los derechos humanos tienen que estar por encima de todo”, dice convencido.

Cinco años después de nuestro primer encuentro, cuando llegó a la entrevista con el rostro inflamado, enrojecido, con dos tubos en la nariz para poder respirar, con la voz de un niño que se hizo adulto entre hospitales, Daniel habla de su trabajo como activista y líder con el entusiasmo de alguien que, pese al dolor, tiene una fuerte urgencia por vivir. “Mi abuela, que fue quien me crió, me dijo un 31 de diciembre: ‘Estoy tan orgullosa de usted’. Era lo único que yo quería escuchar”.

– Dani, ¿con qué sueñas?

– Mi sueño es un mundo más justo. Y eso es trabajo de todos: generar empatía en el otro, ayudar a que la gente no repita el dolor que uno vivió. A mí me encanta ayudar. Quiero una vida larga para eso: ayudar lo máximo que pueda.

Debajo de la tela que cubre el lugar donde antes estaba su ojo derecho sigue brotando una lágrima. Está vez, de emoción.

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5 de mayo

En una entrevista que hace un diario berlinés a una escritora ucraniana leo que en su país en todas las carreras universitarias hay que estudiar una asignatura de literatura y lengua ucranianas. No me imagino la reacción de los estudiantes españoles, pongamos de Medicina o Física, si les obligasen a estudiar –y examinarse– de literatura y lengua castellana; o catalana; o gallega.

Tampoco estaría mal, aunque por otros motivos, que quienes estudian Filosofía o Literatura o Filología tuvieran que aprobar una asignatura de Ciencias Naturales.

6 de mayo

Creo que fue la noche antes de que Héctor Abad Faciolince saliese de viaje, que le llevaría primero a Grecia y después a Ucrania, cuando cenamos juntos en un restaurante, con un pequeño grupo de amigos. Hicimos algunas bromas tontas sobre su arriesgado viaje –probablemente no valorábamos de verdad ese riesgo– y pocos días después recibimos la noticia de que había estado a punto de morir por un misil ruso que cayó en un pizzeria de Kramatorsk en la que cenaba. Acabo de empezar a leer el libro en el que relata este hecho, Ahora y en la hora, pero antes he acabado el que estaba escribiendo Victoria Amelina, con quien Héctor compartía una mesa en el restaurante: Looking at women looking at war. Como es sabido, Héctor resultó herido y Amelina murió en el ataque.

En el libro de Amelina leo:

No hay reglas claras para sobrevivir durante una guerra. Puedes obedecer todas las recomendaciones, acudir a los refugios antiaéreos en su momento, llevar contigo un botiquín de emergencia, intentar evacuar, y que aun así te maten.

No hay reglas para sobrevivir, pero sí las hay para vivir. Estaba en nuestra mano salvar un escarabajo, cruzar las calles desiertas con el semáforo en verde, ser amables, ser elegantes y ser humanos.

Amelina se esfuerza por vivir según esas reglas, un empeño que la lleva a investigar crímenes de guerra jugándose la vida, a ayudar a evacuar a personas en peligro y a intentar vivir cada día esforzándose por preservar esa humanidad que siempre corre el riesgo de desaparecer durante una guerra.

Se lee el libro con el corazón en un puño: no solo por las atrocidades que describe sin ningún tipo de efectismo; tampoco solo por las historias que va transmitiendo de todas esas mujeres que en muchos casos son víctimas de la guerra pero también protagonistas de alguna forma de resistencia, desde la que empuña un arma y lucha en el frente contra los invasores rusos a la que intenta preservar una biblioteca de la destrucción. Si resulta un libro doloroso en cada página es porque vas leyendo las luchas y las ilusiones, también los miedos, de esa mujer que sabes acabará muriendo jovencísima asesinada en un ataque ruso. Cuando habla del futuro tú ya sabes que no llegará.

En la última anotación del libro, escrita un par de meses antes de morir, dice:

…sencillamente, he dejado de tener miedo a la muerte. Incluso imagino que todas las mujeres sobre las que escribo se reúnen en mi funeral (…) Pero entonces recuerdo que todavía tengo que terminar mi libro, ver a mi hijo crecer e incluso unirse al ejército en unos años.

No acabará el libro, no verá crecer a su hijo –que ha dejado a salvo en Polonia–, no verá liberado su país de los agresores rusos ni volverá a ver a esas mujeres resistentes de las que escribe con admiración y amor.

Ahora seguiré leyendo el libro de Héctor, y buscaré algún otro de esta mujer entrañable y admirable.

Llevo un par de años leyendo sobre todo ensayos sobre la historia y la cultura europeas del siglo XX. La sensación más hiriente de estas lecturas es que rara vez nos damos cuenta de que lo excepcional es que no estemos gobernados por cómplices de asesinatos, torturas, secuestros; bien por impotencia –han de someterse a otros gobiernos más poderosos–, bien porque les parece que son medios necesarios en el día a día de la política internacional –para proteger intereses económicos o promover un determinado reparto de poder, cosas que a menudo van de la mano–. Está de más decir que ahora mismo no estamos en uno de esos momentos excepcionales.

7 de mayo

Algo que dice Victoria Amelina en su libro y que no se me va de la cabeza es que los articulistas sumisos que trastocan la verdad para agradar al poder –y para lucrarse– son responsables de la invasión y agresión rusas. Ellos, con sus mentiras, con sus bulos, con sus agresiones verbales, preparan el terreno a los misiles y blanquean los asesinatos.

Pienso en nuestros periodistas más deleznables, que generan el odio a los inmigrantes y a los homosexuales, o/y niegan la violencia de género, y pienso: son ellos los primeros responsables de agresiones y muertes, son ellos los que transforman a los más vulnerables en peligrosas amenazas. Pero a ellos las consecuencias les dan igual.

La indiferencia es el superpoder de los miserables.

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Ha pasado un mes desde que el Parlamento israelí (Knéset) aprobó la ampliación del uso de la pena de muerte, con la indignante imagen de Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional y líder de la ultraderecha, celebrando con champán tan siniestro acontecimiento. Desde entonces, la actualidad, marcada por la guerra de agresión de Estados Unidos e Israel en Irán y Líbano, ha desviado la atención sobre el alcance de esta ley, mientras Israel sigue bombardeando Gaza pese al alto el fuego formal, en plena crisis humanitaria, y en Cisjordania se intensifican tanto la violencia militar como los ataques de colonos, en un clima de total impunidad. 

Paradójicamente, un día antes de la aprobación de esta ley, el diario Haaretz informaba de que un tribunal de Jerusalén se negaba a mantener en prisión al joven colono Yunin Levi, acordando su arresto domiciliario a pesar de las imágenes en las que se le ve claramente disparando al activista palestino Awdah Hathaleen, colaborador del documental ganador del Oscar No Other Land, que denuncia los ataques de colonos y soldados israelíes contra la comunidad palestina de Masafer Yatta.

Esta ley no puede entenderse como un endurecimiento penal más dentro del marco de la seguridad nacional de Israel. Estamos ante un cambio de una enorme trascendencia en un sistema que ha ido consolidando, a lo largo de décadas, la discriminación y la violencia estructural contra los palestinos y palestinas. En este sentido, debe ser analizada como la culminación de un engranaje jurídico e institucional que vulnera frontalmente el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Al establecer dos regímenes jurídicos diferenciados, la norma profundiza en el apartheid. Por un lado, permite a los tribunales militares en la Cisjordania ocupada imponer la pena capital por mayoría simple, incluso sin la petición de la fiscalía; por otro, amplía la competencia de los tribunales civiles para aplicar la muerte bajo criterios ideológicos tan ambiguos como la «intención de negar la existencia del Estado de Israel». La Ley de Pena de Muerte está claramente diseñada para que la ejecución por ahorcamiento recaiga exclusivamente sobre la población palestina.

Conforme establece el IV Convenio de Ginebra, en tiempos de guerra y ocupación, la imposición de la pena de muerte está sujeta a garantías procesales reforzadas que esta ley obvia de forma deliberada. Dictar sentencias de muerte por mayoría simple, eliminando el derecho al indulto y exigiendo la ejecución en un plazo de 90 días, no solo es incompatible con los estándares internacionales, sino que constituye una violación grave que podría tipificarse como un crimen de guerra. Así lo han manifestado, entre otros, Volker Türk (Alto Comisionado para los DDHH) o Francesca Albanese (Relatora Especial para Palestina), junto a organizaciones de defensa de los derechos Humanos, como Amnistía Internacional. 

Desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, también vulnera el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que Israel es parte, puesto que la ampliación de la pena de muerte contradice abiertamente las limitaciones a “los delitos más graves” y el respeto a las garantías estrictas de debido proceso. 

Además, para comprender plenamente el alcance de esta ley, resulta imprescindible situarla en el contexto en el que será aplicada: un momento en el que la Corte Internacional de Justicia examina si Israel está vulnerando la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 en Gaza. A ello se suma la Opinión Consultiva de 2024, en la que el propio tribunal ya concluyó que determinadas políticas israelíes en el territorio palestino ocupado contravienen normas fundamentales del derecho internacional, incluida la prohibición de la segregación racial y el apartheid. En este escenario de perpetración de un genocidio y de violación sistemática de los derechos humanos, es imposible considerarlo una medida aislada, sino como parte de un patrón más amplio por el que Israel debe responder ante instancias internacionales. 

Por tanto, es un paso más en la consolidación de este entramado jurídico e institucional que articula ocupación, anexión ilegal de territorios y violencia estructural contra la población palestina, marcada por una profunda deshumanización, y cuya persecución ahora se pretende completar con la Ley de Pena de Muerte. 

Frente a esta deriva es injustificable la inacción de la comunidad internacional y, particularmente, de Unión Europea. Lejos de actuar conforme a sus propios principios, ha optado por mantener el Acuerdo de Asociación con Israel incluso después de reconocer que vulnera su cláusula de derechos humanos. La negativa a suspenderlo, pese al llamamiento expreso de países como España, Irlanda y Eslovenia, y al respaldo de amplios sectores sociales y diplomáticos europeos, evidencia hasta qué punto pesan más los intereses geopolíticos y económicos. El bloqueo de Alemania y su “razón de Estado” junto a Italia y Francia, no solo desacredita el discurso europeo en materia de derechos humanos, sino que refuerza un mensaje de impunidad en un momento histórico, de extrema gravedad.

Por ello, no bastan las declaraciones ni la retórica hueca. La Unión Europea debe adoptar medidas concretas si no quiere ser un mero “espectador” o, incluso, ser cómplice de esta atrocidad. Suspender el Acuerdo de Asociación con Israel es hoy el mínimo exigible, junto con la prohibición del comercio con los asentamientos ilegales y la ruptura de relaciones de todo tipo. Si la Unión Europea aspira a conservar alguna credibilidad como garante de derechos, este es un momento decisivo para demostrarlo: no solo están en juego los derechos de la población palestina, sino la vigencia misma de los valores que dice defender y la pervivencia de un orden internacional basado en normas. Estar a la altura ahora no es una opción política, es una exigencia histórica.

La entrada Pena de muerte y ‘apartheid’: la consolidación de un sistema de violencia estructural extrema ante la inacción de la UE se publicó primero en lamarea.com.

Ciento veinte organizaciones de carácter social, académico, político y sindical presentaron hoy un manifiesto a favor de que se aplique la Ley de Memoria Democrática a todos los y las saharauis que «padecieron persecución y violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento, opinión o conciencia por sus actividades de oposición» a la dictadura franquista.

Según reza el manifiesto, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, el reconocimiento de las víctimas saharauis «es un acto obligado conforme a los principios de verdad, justicia y reparación». De hecho, resaltan que fue en África donde comenzó el verdadero régimen franquista, ya que fueron los oficiales allí destinados quienes protagonizaron el golpe de Estado de 1936. Además, España administró ese territorio desde 1884 y, tras la reorganización de 1958, lo convirtió en la provincia número 53. A todos los efectos, sus habitantes eran tan españoles como los habitantes de la Península y las islas, y lo fueron hasta que España abandonó el territorio en 1976 y dio vía libre a la ocupación ilegal por parte de Marruecos.

«Denunciamos, además, un trato diferenciado entre la población española de origen europeo, que fue evacuada e indemnizada durante la llamada Operación Golondrina, y la población saharaui, que quedó desprotegida frente a la ocupación militar y perdió en muchos casos la nacionalidad española, derivando en situaciones de exilio y apatridia», señalan los firmantes en un comunicado.

Violencia colonial en el Sáhara

Existe una amplia bibliografía académica sobre la represión franquista en lo que entonces se llamó el «Sáhara español». Uno de los trabajos destacados es el informe Saharauis. Las otras víctimas del franquismo y postfranquismo. Memoria, desmemoria y responsabilidades del Estado español, de Abdeslam Aomar Lahsen, publicado por el Instituto Hegoa de la Universidad del País Vasco. En él se examina pormenorizadamente la historia de violencia colonial desarrollada en este territorio, como la guerra de Ifni-Sáhara (1957), la represión de manifestaciones pacíficas como la de Zemla (tras la que se produjo la desaparición forzada del líder saharaui Mohamed Bassiri) y otras desapariciones ocurridas durante la retirada española. El tratamiento desigual entre los represaliados de los distintos territorios españoles «constituye una discriminación basada en criterios raciales», denuncian los promotores del manifiesto.

Sus firmantes celebran la Ley de Memoria Democrática, pero indican que existe «un vacío histórico relevante al no contemplar expresamente la represión ejercida contra la población saharaui». Por ello, realizan una serie de peticiones al Gobierno y a la Comisión de la Verdad, anunciada el pasado mes de marzo para esclarecer las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura. Entre estas peticiones están:

• el reconocimiento oficial de las víctimas saharauis;
• el acceso a archivos y registros históricos;
• la investigación independiente de los hechos ocurridos durante la Administración española;
• la incorporación del caso saharaui al Plan Estatal de Memoria Democrática;
• la participación directa de víctimas y familiares en los procesos de verdad, justicia y reparación.

De acuerdo a lo recomendado por Naciones Unidas a la hora de abordar los legados del colonialismo y garantizar reparaciones efectivas, las organizaciones que firman este manifiesto concluyen que en el Sáhara Occidental persiste «una deuda histórica pendiente en materia de derechos humanos y reparación».

La entrada 120 organizaciones piden que se aplique la Ley de Memoria también a las víctimas saharauis del franquismo se publicó primero en lamarea.com.

Este fotoensayo sobre el Sáhara Occidental se publicó originalmente en La Marea 110. Puedes conseguir la revista y suscribirte en nuestro kiosco.

«Estamos en el lugar de Mejaire. Aquí se cría pescado, gallinas y dátiles». Jadija Mohamad es una de las biólogas encargadas de la piscifactoría ubicada en los campamentos de personas refugiadas saharauis en Tinduf, Argelia. También fue una de las impulsoras del proyecto que inició en 2018. Este centro es un oasis de palmeras verdes que deja atrás la carretera del desierto a las afueras de la wilaya de Smara. Aunque en los inicios a Jadija le dijeron que era una idea loca, esa de criar peces en el desierto, más loco le parecía que faltaran nutrientes básicos en la dieta de una población que cuenta con uno de los mayores bancos pesqueros del Atlántico. Y a la que se le niega el derecho a su mar. El pescado saharaui circula hacia mercados internacionales, pero no llega ni a la población que resiste en el territorio ocupado ni a las más de 170.000 personas refugiadas en los campamentos.

Lejos de ese mar también está Damba Mohamad, en Rabuni, la capital administrativa de los campamentos. Desde la pequeña tienda de alimentación que asoma a la calle principal, recorre en su furgoneta blanca los más de 800 kilómetros en busca de corvina o merluza procedente de Nouadhibou, ciudad mauritana próxima a la frontera del Sáhara Occidental. El viaje dura cerca de 24 horas y lo repite una vez al mes durante el invierno (de diciembre a marzo), cuando el pescado puede conservarse mejor. Es la única manera de saborear lo que les fue arrebatado hace 50 años. Junto a Damba, Hameiduha Emhamed recuerda aquel gusto de su infancia en Dajla, conocida como la Villa Cisneros de la provincia 53 española.

Así, mientras las corvinas y las merluzas se abren paso en los congeladores de Damba, la tilapia del Nilo y la roja lo hacen en las piscinas de Mejaire, con la incertidumbre de no saber hasta cuándo. El proyecto, financiado en sus inicios por el Programa Mundial de Alimentos, resiste hoy bajo mínimos por falta de recursos. «La tilapia es un pez refugiado, igual que nosotras», dice Jadija.

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Este contenido forma parte de un proyecto realizado con la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat a través de la beca DevReporter Connect for Global Change de Lafede.cat.

La entrada Cuando el mar queda lejos se publicó primero en lamarea.com.

Un anciano se baja de una vieja marshrutka (minibús), se pone un gorro, unos guantes y una espesa bufanda de lana hecha por su mujer, quien le espera en casa. Una vez abrigado, se hace la señal de la cruz, desprende la cuerda de un pequeño trineo en el que carga dos cajas con víveres e inicia un camino a pie hacia el río Konka, en un paraje desolado, con nieve, sin gente. Una deshilachada red antidrones protege parte de su próximo recorrido. Se ha bajado en la última parada de la marshrutka que va de Kushuhum en dirección a Malokaterynivka, dos asentamientos rurales del sur de Zaporiyia, la ciudad de medio millón de habitantes, industrial y levantada por cosacos a orillas del río Dniéper, que da nombre a toda esta provincia.

La ruta de este ucraniano valiente es la de tantas otras personas que, por pura necesidad, han de jugarse la vida para salir de casa a por medicinas, comida y útiles que les ayuden a superar este invierno, uno de los más fríos que por estos pagos se recuerdan. Son por lo general hombres de más de 60 años y, por lo tanto, libres de ser reclutados para combatir a los invasores rusos, que en este caso se encuentran extremadamente cerca, dando lugar a esa cruel paradoja que es librarte de ser enviado al frente, al tiempo que el frente te es enviado a ti. Asimismo, las mujeres, igualmente audaces y maduras, visten con abrigos acolchados y cargan con las icónicas bolsas de croché soviéticas, a las que en su juventud llamaban avoska, que en ruso significa “por si acaso”, esto es, una malla de rejilla que vacía apenas ocupa espacio y toda señora portaba en su bolso para cuando surgiese la oportunidad de llevarse algún producto de las tiendas de comestibles oficiales.

Según la agencia de Naciones Unidas para los refugiados, en este año 2026, hay 10,8 millones de personas que necesitan ayuda humanitaria, de los cuales 3,7 se encuentran desplazadas en el interior del país. Sin embargo, ¿qué sucede con aquellas personas que deciden no ser evacuadas de las zonas de combate y quedan alejadas de los puntos donde se distribuye la ayuda humanitaria? Este es el caso de la población del sur de Kushuhum, y más concretamente, del asentamiento de Malokaterynivka. Para Maxim, chófer de la última marshrutka que más se está acercando a este lugar, su servicio es tan imprescindible como arriesgado. “Es una cuestión difícil la de decidir si seguimos brindando el servicio de transporte público o no. Por un lado, sabes que tú eres la única conexión que les queda con el mundo, pero por otro también sabes que acercarte aquí te puede costar la vida. De modo que cuando la situación se hace insostenible, vamos reduciendo paradas. De momento salimos de la ciudad de Zaporiyia hacia Kushuhum. Son 9 kilómetros arriesgados. Lo asumimos. Pero los siguientes 4 o 5 kilómetros más al sur, hacia el asentamiento de Malokaterynivka, ya suponen una situación mucho más extrema. Los drones y la artillería son permanentes. Lo siento, pero no podemos hacer el trayecto completo, así que la gente se baja y recorre los últimos kilómetros a pie hasta sus casas”, se lamenta.

Una de esas personas que se bajan en la última parada de la marshrutka, se santiguan, arropan o cargan cajas sobre trineos antes de emprender una marcha a pie, camino al asentamiento de Malokaterynivka y el río Konka, es Alexander, un hombre de 53 años prematuramente desgastado por la pobreza y la guerra. Tal y como aconseja antes de iniciar la marcha, “lo importante es andar rápido y mejor solo que en grupo. Aunque lo más peligroso es en coche. Si ven uno, atacan seguro”, señala mientras prepara su trineo junto a otras dos personas que también se han bajado de la marshrutka y están a punto de iniciar un escalofriante recorrido hasta sus viviendas.

Por el camino Alexander se cruza con Sergei y Denis, dos soldados pertrechados con pistola en el pecho, fusil de asalto en el hombro izquierdo y escopeta de postas en el derecho. Caminan lentamente mirando hacia el cielo con el casco bien calado y un chaleco antibalas que no solo los protege de la metralla, sino también del frío. Consultados por las condiciones de seguridad y la presencia de unas tropas rusas que ya se encuentran al otro lado del río Konka, los soldados advierten sin entrar en muchos detalles: “Sí, están allí, lo que es peligroso porque con sus drones llegan aquí en menos de cinco minutos. Sin embargo, hay más problemas…”. Y efectivamente los hay. Tal y como reportan los últimos informes del Ministerio de Defensa ucraniano, la poca profundidad de los ríos que rodean a esta comunidad, han permitido a las fuerzas armadas rusas llevar a cabo incursiones que, si bien no han prosperado, indican lo que podría ser un futuro asalto a este suburbio de Zaporiyia, y por ende a la propia capital de la provincia, situada a unos 12 kilómetros de este punto.

El suburbio de Malokaterynivka, ubicado en la orilla norte del río Konka, y última barrera natural de los ucranianos con la que hoy se topa el ejército ruso antes de la ciudad de Zaporiyia, se encuentra separado de las posiciones rusas por los 2.000 metros de agua que dividen ambas márgenes de este afluyente del río Dniéper. “Los rusos están al otro lado del río, en la localidad de Prymorske. Es por eso por lo que este servicio de la marshrutka está a punto de desaparecer”, explica Ludmilla, una mujer que regresa de casa de un tío suyo, aislado por la crudeza del invierno y las dificultades de movilidad propias de su avanzada edad. “Todo el sur de Zaporiyia –continúa– y más aún este lugar donde estamos, al sur de Kushuhum, es ya un escenario de guerra abierta en el que quedan muy pocas personas viviendo”. Preguntada por si existen servicios que asisten a estos ancianos que no quieren abandonar sus hogares, Ludmilla responde que hay organizaciones humanitarias que se acercan en vehículos blindados, pero, según explica, sus visitas son ya muy puntuales, “pues la gran evacuación de gente se produjo hace meses”.

Siguiendo el camino hacia el sur, en dirección a Malokaterynivka, se llega a un cruce en el que se yergue un edificio desconcertante. Rodeado de mallas metálicas para evitar el impacto directo de los drones, esta singular construcción de ladrillos es el último negocio que permanece abierto antes de llegar a la zona desde donde dispara la artillería ucraniana. Con un letrero colgando, luces de discoteca y un porche que hace las veces de sala de fiestas, el local acoge en su interior a dos mujeres en estado de embriaguez tratando de hacer sonar un destartalado equipo de sonido al tiempo que se escuchan algunas detonaciones de fondo. A su alrededor se esparcen decenas de botellas de vodka vacías, ceniceros atestados de colillas y la certeza de que la guerra ha agravado problemas sociales como el del alcoholismo y las drogadicciones. De acuerdo con el último informe mundial sobre drogas de la ONU, la producción de estupefacientes sintéticos, así como de cannabis, ha sufrido un claro incremento desde el inicio de la invasión rusa en febrero del 2022. A esto se suman otros desafíos, como el de la depresión y la ansiedad que sufren, no solo los civiles sino también los militares. Para la sociedad ucraniana no es ningún secreto que muchos soldados que regresan de primera línea con estrés postraumático recurren a las drogas, como tampoco lo es el hecho de que en el propio frente se consumen más que nunca. No en vano, un estudio de la ONG Life Rivne Network indica que un 38% de los soldados ucranianos admiten haber consumido anfetaminas para sobrellevar la fatiga de combate y marihuana –e incluso opioides– para los momentos de descanso. Tal y como apuntan muchas de las personas con las que se comparte esta preocupación, los sueldos de los soldados han tenido, sin quererlo, algo que ver en todo esto. Si el salario mínimo de un trabajador no supera los 170 euros en la Ucrania del 2026, el de un soldado puede multiplicar esa cifra por 10 si es que se encuentra en la línea de combate.

“Verás que aquí hay de todo”, advierte Alexander al abrir la puerta del local bunkerizado que se encuentra tras el porche y la extraña sala de fiestas. Como si de un oasis se tratara, en el interior hay luz, calor, y una mujer de pelo largo, sonriente y fornida que se llama Victoria. Según explica esta, su negocio hace las veces de farmacia, bar, economato, refugio y cocina. “Sí, aquí viene mucha gente necesitada, pero vivimos un momento en el que no todo es hacer negocio. También hay que ayudarse los unos a los otros”, señala, no sin razón, antes de explicarnos dónde está el lugar en el que nos encontramos y lo mal que está la situación con las tropas rusas al otro lado del río Konka. “Si continuáis caminando hacia el sur ya estaréis al borde del río en Malokaterynivka”, explica. Con varias provisiones adquiridas en la tienda, Alexander retoma la caminata en la dirección que Victoria señala como muy peligrosa. “Es que allí está mi casa”, se excusa.

Pese a la heroica defensa de las fuerzas ucranianas, los avances del ejército ruso en Zaporiyia han sido lentos pero implacables, sobre todo en el último año. Controlando ya el 75% de toda la región, y con la central nuclear más grande de Europa en su poder desde marzo del 2022, existe la posibilidad de que, una vez llegado a Kushuhum, el Kremlin pueda comenzar un verdadero asedio a la capital de esta provincia, la cual fue declarada parte de la Federación Rusa en un referéndum que ni respondió al derecho internacional ni ha reconocido ningún país del mundo más allá de Corea del Norte, Nicaragua, Bielorrusia, Venezuela y Cuba.

Para Alexander, quien está a punto de llegar a su casa, la irrupción de los ocupantes rusos en su asentamiento no sería motivo de huida. “Soy mayor y estoy un poco cansado. Yo he decidido quedarme para cuidar de mis animales”, explica mientras abre la puerta de una pequeña dacha. Ya dentro, le recibe una colonia de gatos a los que acaricia con mimo. “Vivo solo. Es todo cuanto tengo”, afirma sonriente mientras va dejándoles comida. Después de servir un té, se sienta y da cuenta de la que es, hoy por hoy, su mayor preocupación. “Lo que no me gustaría es que mi casa sea dañada. Con esta estufa de leña y un poco de comida puedo sobrevivir, pero sin un techo todo cambiaría”.

En un informe elaborado por Naciones Unidas el pasado año se dice que alrededor del 10?% de las viviendas de Ucrania han sido dañadas o destruidas desde el inicio de la invasión rusa. Resulta interesante sumar otro dato menos conocido de la misma organización. En este se dice que, desde la independencia del país hace 35 años, solo se han construido entre un 7 y un 10% de todas las viviendas actuales, siendo el 90 o 93?% restante obra del periodo soviético que transcurrió en las cuatro décadas anteriores. Sin ir más lejos, la de Alexander es una de estas moradas: precaria, unifamiliar y con un pequeño jardín sobre el cual vuelan los drones a diario. Tanto es así que en un momento dado se levanta y exclama: “Tienes que ver esto. Sal y mira”. Cruzando el tejado de su dacha se aprecia un hilo que brilla al sol. Se trata del rastro dejado por un dron ruso dirigido por fibra óptica, la mayor amenaza para los civiles de esta zona y el motivo para abandonar el lugar tan rápido como se pueda.

A pesar del frío y la desolación, en la caminata de regreso hacia la capital de la provincia es posible encontrar algunos signos de vida, desde oportunistas que van a la husma del cobre en las casas destrozadas por la artillería rusa hasta bandadas de perros en busca de un hueso que llevarse al hocico. También, muy de cuando en cuando, otros civiles que van a coger la última marshrutka en dirección aKushuhum y Zaporiyia.Oleg, un setentón con bigote y sombrero de lana, es de los primeros en llegar a la marquesina donde serán recogidos. Lleva consigo una Beretta de 9mm en una funda de cuero. Asegura que es su mejor defensa contra los drones. “Si se acerca uno, ¡pum! Lo disparo y asunto resuelto”, afirma con desbordante optimismo.

Según se va regresando ya a bordo de la marshrutka, primero se pasa por el centro de Kushuhum, donde un reciente ataque contra una marquesina ha dejado heridas a dos mujeres de 72 y 52 años. A continuación, ya superado el control militar que da acceso a la ciudad de Zaporiyia, comienzan a verse carteles que animan a sumarse a las brigadas de voluntarios. Entre ellas, Khartia es una de las que ha tenido más aceptación. Sin embargo, hay algo inquietante en la publicidad que utilizan en este invierno del 2026. Si hace año y medio mostraban aguerridos combatientes posando en un estudio fotográfico, hoy sus vallas publicitarias ofrecen como reclamo la triste imagen de una litera metálica y un vehículo 4×4 para la extracción de heridos.

La convicción de que, pese al indudable coraje demostrado por las tropas ucranianas, la guerra está perdida y de que hay muchos políticos y militares beneficiándose de la situación, es otro de los grandes tabús informativos de este conflicto, en el que las cifras del desencanto hablan por sí solas: de los 11 millones de hombres ucranianos en edad de combatir (de 25 a 60 años) apenas 1,1 millón han atendido al llamado de sumarse a filas. ¿Qué tendría que decir al conjunto de la sociedad esa mayoría silenciosa que elude prestar servicio en las Fuerzas Armadas? ¿Dónde están? ¿Se puede hablar de pluralidad informativa cuando las motivaciones de un sector tan amplio y determinante de la sociedad no son sujeto de debate ni en los medios ni en la esfera política?

Llegada por fin la última parada de la marshrutka, los pasajeros descienden aliviados. “Resulta triste que nos sintamos seguras al llegar a una ciudad en la que casi todos los días caen bombas, pero, comparado con los lugares de los que venimos, resulta mucho más tranquila”, señala Oksana, una mujer habituada a hacer este desplazamiento para conseguir algunos alimentos y medicinas. Mientras ella se pierde por las calles de la ciudad se va formando una nueva cola para ascender a la marshrutka en su viaje de regreso a Kushuhum. “Si no tienes un coche, este es nuestro último medio de conexión con el resto de Ucrania. Esperemos que no corten esta ruta a Kushuhum, como acaba de pasar con la de Malokaterynivka”, comenta una de las mujeres que espera subirse para viajar de vuelta al último bastión defensivo que protege por el sur la ciudad de Zaporiyia.

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Puedes leer toda la serie en los siguientes enlaces:

• Los extremos del Donbás (1)
• Sumy, la guerra a ninguna parte (2)
• Raihodorok, la vida a tiro de tanque (3)
• Última ‘marshrutka’ hacia la línea de fuego (y 4)
  

La entrada Última ‘marshrutka’ hacia la línea de fuego (y 4) se publicó primero en lamarea.com.

Puedes adquirir un ejemplar del número 111 de La Marea aquí.

«Pederastas: el problema estructural que no queremos abordar». Nunca nos había costado tanto escoger un titular de portada. Decidimos dedicar un especial a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes como un ejercicio de autocrítica y responsabilidad. Tras una comida en la que estuvimos hablando de Epstein, nos dimos cuenta de que no teníamos problema en definirlo a él y a sus cómplices como pederastas. Tampoco para aplicar ese término a los miembros de la Iglesia católica que han cometido agresiones sexuales. Las noticias sobre estos casos despiertan indignación y repulsa. Pero ¿cuál es la respuesta ante la violencia sexual intrafamiliar, la que supone un 80% del total? Las víctimas y especialistas que participan en el dossier de nuestro última revista lo tienen claro: silencio.

Una de cada cinco personas sufre violencia sexual antes de cumplir los 18 años, pero muy raramente lo contará y, menos aún, llegará a denunciarlo. Las agresiones que cometen nuestros padres, abuelos, tíos, padrastros, primos, vecinos o cuñados suelen ser secretos familiares que quedan impunes. Para minimizar su impacto, debemos reconocer cómo se manifiesta a través de señales más o menos evidentes. Para ello, hemos recopilado una serie de consejos de expertos para elaborar una guía con algunos indicadores, de tipo físico o conductual, que pueden ayudarnos a detectar posibles casos de violencia sexual contra la infancia y la adolescencia. Puedes descargarla aquí en castellano, catalán, euskera y gallego.

Quizá mientras lees estas líneas, estés pensando en alguien próximo que ha sufrido este tipo de violencia. Tal vez te haya sucedido a ti, la probabilidad es alta. Repetimos: afecta al 20% de las personas menores de edad. En La Marea no vamos a dejar de recordarlo porque los medios de comunicación debemos ser un servicio público.

Otros temas en La Marea 111

Además, fieles a nuestra inclinación por el reporterismo, visitamos Siria y Cuba. Al primer destino acudimos de la mano de Núria Vilà Coma, quien visita una escuela a las afueras de Damasco para ver cómo se han reanudado las clases después de la guerra civil y de la caída del gobierno de Bashar al Asad.

A la isla caribeña nos acercan Patricia Simón y el fotoperiodista Alex Zapico. Cuba vive momentos de tensión por el estrangulamiento energético al que está sometida por parte de Estados Unidos, que además amenaza con una invasión. Los cortes de electricidad son continuos y el éxodo de personas jóvenes es imparable.

Marco Dalla Stella firma un reportaje sobre la inteligencia artificial aplicada al armamento. Esta IA señala objetivos para los bombardeos en Irán y actualmente carece de regulación. La masacre provocada por el ataque estadounidense a una escuela de niñas en Minab expone los riesgos de su utilización.

Asimismo, Guillermo Martínez charló con el historiador Gutmaro Gómez Bravo sobre el final de la guerra civil española, el tema de su último ensayo. En él trata todos los pormenores del fin de una contienda que necesitó de la rendición y de la entrega del bando republicano. Es decir, que Franco no ganó heroicamente en el campo de batalla, sino con espionaje y tejemanejes de despacho.

Sebastiaan Faber, por su parte, conversó con la periodista Raina Lipsitz, autora de un libro titulado The Rise of a New Left que trata sobre los movimientos de la izquierda juvenil en Estados Unidos. Para prosperar, esta izquierda ha tenido que enfrentarse no sólo al trumpismo, sino al establishment del Partido Demócrata. La victoria de Zohran Mamdani en Nueva York es uno de sus triunfos más sonados.

Nos ocupamos también de la conservación de los océanos, elaboramos un bazar con productos e iniciativas de carácter ecosocial, os contamos la fascinante historia de la pintora Fanny Gonmar y, como siempre, viajamos a uno de los lugares que siempre está en nuestro corazón: los campamentos saharauis en Argelia. Allí, Miguel Ángel Fernández firma un reportaje sobre una original forma de cultivar hortalizas frescas en pleno desierto.

En El Periscopio, nuestro suplemento cultural, abordamos el uso de la inteligencia artificial para realizar traducciones literarias, cuya popularización está poniendo en peligro a un sector ya muy precarizado que propone alternativas. También viajamos a Avilés, donde tendrá lugar una Bienal de Arte dedicada al cambio climático. Y hablamos con la escritora Laura Ortiz Gómez, autora de una novela atípica y deslumbrante sobre la lucha de clases: Indócil. El broche de oro para el suplemento es un relato de la escritora Elvira Navarro.

Como ves, La Marea en papel vuelve cargada de temas interesantes y también incómodos. Así debería ser siempre el periodismo. Así intentamos hacerlo. Ayúdanos a seguir en la brecha. Compra la revista. Suscríbete.

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Aprovechando la reciente aparición de su último libro Redes vacías. Tecnología catastrófica y el fin de la democracia (Anagrama, 2026), desde el colectivo Hello Compost! conversamos con el sociólogo César Rendueles para indagar sobre aquellos aspectos clave para construir una relación duradera y emancipadora entre política social y redes tecnológicas.

Desde que escribió Sociofobia, Rendueles ha destacado por una crítica quirúrgica a los discursos tecno-optimistas que ven en la tecnología digital el vector de cualquier revolución contemporánea posible. Sin caer tampoco en el tecno-catastrofismo, necesitamos sentarnos a pensar juntas qué derivas pueden llevarnos a una comprensión situada y contextual de la tecnología si lo que queremos es un cambio social donde el 99% tenga posibilidades de mejorar su existencia.

El texto de César recoge muchas cuestiones de gran interés para Hello Compost! en lo que respecta a nuestro objetivo de desplegar jardines digitales que contribuyan a convertir Internet en un lugar más habitable y democrático. Desde su crítica al ciberfetichismo -la creencia de que las tecnologías digitales son capaces de solventar problemáticas que, en el fondo, son de carácter social, cultural y político-, hace un repaso al recorrido de la tecnopolítica en las últimas décadas.

Esta perspectiva histórica es, a nuestro modo de ver, fundamental para desentrañar tanto las limitaciones como las potencialidades de lo digital en cuanto a su contribución al cambio social. El paso de un tecno-utopismo en las décadas de los ‘90 y los ‘00 hasta el catastrofismo que se ha ido instalando en la última década -prácticamente, sin solución de continuidad- demuestra las carencias que siempre ha acarreado la hipótesis tecnopolítica. La apertura, horizontalidad y descentralización que parecían plantear un nuevo paradigma emancipador no han sido capaces de paliar las derrotas que ha inflingido el neoliberalismo a los pilares tradicionales del anticapitalismo como el movimiento sindical o la solidaridad internacionalista.

Sin embargo, esto no supone una renuncia a aquellos movimientos y estrategias que surgieron de la tecnopolítica como la cultura y el software libre, el mediactivismo, la guerrilla de comunicación, la piratería o los hacklabs. La cuestión está en qué podemos recuperar en las condiciones del presente o, más bien, en cómo podemos actualizar la potencia de sus prácticas. Del mismo modo que es necesario reivindicar el valor de estos movimientos, también es justo señalar los fracasos de las corporaciones tecnológicas para no hacerle el juego al triunfalismo de Silicon Valley y los tecno-oligarcas.

Esto es especialmente importante en estos momentos, en los que el ecosistema digital es cada vez más funcional a los intereses de los movimientos políticos iliberales y de extrema derecha, para lo que X, anteriormente conocido como Twitter, es un ejemplo paradigmático. Durante la época del 15M, esta plataforma parecía la panacea de la esfera pública digital y tenía una orientación marcadamente progresista, mientras que, desde la compra de Elon Musk, ha virado hacia un estercolero filofascista. Aquí es importante considerar que no debemos caer en el espejismo de que es una representación fiel de la opinión pública. Ni lo era cuando parecía contribuir al progresismo, ni lo es ahora que va a favor de Trump y sus acólitos de todo el planeta. Situar y evaluar en su justa medida la influencia de lo digital más allá de las pantallas es una labor fundamental para dejar atrás el ciberfetichismo.

Dicho esto, ni el texto de César ni la conversación que tuvimos con él se detienen en el análisis crítico de la situación. La clave radica en avanzar en cómo pensamos y hacemos el ecosistema digital que queremos. En este sentido, es preciso poner el foco en la institucionalidad, especialmente en lo que se refiere a su capacidad de mediación pública. Porque precisamente la privatización del ciberespacio y su fomento de la inmediatez y la aceleración es lo que ha posibilitado que movimientos autoritarios emerjan y medren en este entorno.

Necesitamos instituciones digitales que generen espacios para que surjan preguntas y más preguntas, no tanto soluciones, y que estas vengan de procesos de reflexión individual y deliberación colectiva. Y cuando hablamos de lo público también es preciso puntualizar que público no es equivalente a estatal -es decir, manejado por el Estado-. No tendría sentido pasar de un centralismo corporativo a un centralismo estatal. Un ecosistema digital público sería aquel capaz de amparar tanto iniciativas estatales como privadas como comunitarias. Esto requiere de audacia política y realismo tecnológico. También perseverancia en los movimientos tecnopolíticos emancipadores. No cejar en el empeño de generar un deseo de cambio para que tengamos una vida menos cuantificada y más bella.

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HARASTA (SIRIA) // «El misil cayó justo aquí», dice Fateh, mientras señala el techo del comedor de su nueva casa. Nueva, porque la ha comprado hace justo una semana, aunque desde algunas de sus habitaciones, agujereadas por un bombardeo, puede verse el cielo. No sabe si el misil lo lanzó el régimen sirio o Rusia, aunque poco importa ahora mismo. Eran aliados. Lo que importa es que Fateh Elkhiami, de 26 años y originario de Damasco, quiere hacer de este apartamento parcialmente en ruinas su hogar. Y cuanto antes mejor.

Estamos en Harasta, una ciudad en las afueras de Damasco, y Fateh todavía recuerda cuando su abuela y su madre compraron los dos pisos, uno al lado del otro, en el año 2009. A los pocos meses, empezaron a reformarlos (azulejos nuevos, instalación eléctrica, cocina…) hasta que, justo antes de tenerlo todo listo, empezó la guerra. Durante años, la familia no pudo regresar a la vivienda, ya que la zona quedó en medio del conflicto, entre el régimen sirio y los rebeldes.

«Recuerdo que en Damasco preguntábamos de vez en cuando a gente que conocemos aquí sobre la condición de la casa. Nos decían que estaba bien», cuenta Fateh, en castellano, ya que trabaja de profesor privado de árabe e inglés y anteriormente había impartido clases de inglés en español. «Pero en 2017 Rusia ayudó al gobierno a atacar Harasta para sacar a los rebeldes, y en un par de meses todo quedó bombardeado. Dos meses después, el gobierno dijo que podíamos entrar en Harasta, y fue un shock ver que la casa, después de años de estar bien, ya no lo estaba», explica con amargura, mientras de fondo se escuchan martilleos en edificios cercanos. Otros vecinos también se apresuran a reconstruir sus hogares.

Catorce años de guerra han dejado buena parte de Siria destrozada. Según un informe del Banco Mundial, casi un tercio de las infraestructuras y viviendas del país fueron dañadas o destruidas entre 2021 y 2024 (a finales de ese año cayó el gobierno de Bashar Al Asad). El organismo estima que la reconstrucción puede costar hasta 216.000 millones de dólares. De estos, unos 82.000 millones servirían para restaurar solo la infraestructura básica, mientras que 75.000 millones se destinarían a viviendas y otros 59.000 millones a edificios no residenciales.

Según la ONU, alrededor de 7 millones de sirios siguen siendo desplazados internos, de los cuales 1,5 millones viven aún en campamentos o asentamientos informales. Aunque las nuevas autoridades de Damasco han iniciado los primeros pasos para coordinar prioridades de rehabilitación en las zonas más afectadas y desde hace poco existe un plan nacional, la reconstrucción sigue siendo un proceso fragmentado.

«El gobierno, en colaboración con empresas, han establecido un órgano para invertir en la reconstrucción, para atraer a empresas internacionales y nacionales. Pero es un plan general, y cada ciudad tiene su análisis y trabajo», detalla Salaha Ismail, experto en planificación urbana y miembro de la ONG Kafaat for Reconstruction. Él se encarga sobre todo de generar análisis técnicos y fortalecer comunidades en las afueras de Damasco, en zonas como Harasta. «Ahí necesitan la ayuda de empresas, y el gobierno ha recogido dinero a través de la organización Syrian Investment Trust. Hay algunas cosas que podemos decir que van a funcionar. Otras, todavía es muy complejo saberlo. Se trata de proyectos grandes de empresas internacionales de Estados Unidos en torno a la electricidad, las zonas militares, etc. Eso es difícil, pero la infraestructura, las casas, esto es algo más local, una tarea del gobierno».

Reconstruir sin esperar al gobierno

Fateh sube con cuidado por una estructura sin barandilla. Donde hoy hay un vacío abierto al patio, antes había una habitación pensada para que él durmiera allí. «Esta parte cayó dentro de la casa», explica, mientras esquiva los cascotes esparcidos por toda la estancia. Las escaleras originales desaparecieron cuando las fuerzas gubernamentales entraron en la ciudad en 2018. «Rompieron y robaron todo lo que pudieron: cables, puertas, ventanas, cerámica…», se lamenta.

Durante siete años, la familia, al igual que muchas otras, decidieron no hacer nada. «Todo era demasiado caro. El coste de los materiales de reconstrucción es ahora más barato, relativamente. Otro factor es el precio del dólar comparado con la lira. Ahora la lira es más fuerte». Por ello, esta semana, un año después del cambio de régimen, ha tomado la decisión de hacer que este sea su hogar. Ha comprado formalmente el piso a su abuela hace apenas una semana por 3.500 dólares –un precio familiar, por debajo del mercado– y calcula que necesitará unos 4.500 más para retirar los escombros y rehabilitar las dos viviendas, la suya y la de su madre.

Quien le ayuda en toda la reconstrucción es su amigo Osama Alsawaf, ingeniero de Damasco. Hoy han quedado para discutir los últimos flecos antes de empezar la obra, dentro de pocos días. Todavía ven lejano que el plan gubernamental se implemente realmente en su zona. «Si reconstruyes ahora, es bajo tu responsabilidad», le recuerda Osama a Fateh, sentados en un café en Damasco, repitiendo la norma no escrita del nuevo gobierno. «El gobierno dice: construye, pero si mañana hacemos un nuevo plan urbano y no encaja… En fin, que podrían demolerlo otra vez», insiste Osama.

A Osama, ingeniero especializado en energías solares de 31 años, la elevada demanda de reconstrucción de hogares tras 14 años de guerra le ha hecho inclinar, gradualmente, su trabajo hacia este ámbito. Una rehabilitación iniciada desde cero puede costar unos 10.000 dólares, mientras que la más barata que ha hecho, «muy básica», reconoce, ha costado 2.500 dólares.

El trabajo principal, asegura Osama, es reparar y poner en marcha la infraestructura básica que el antiguo gobierno se apropió cuando recuperó ciudades que antes estaban en manos de los rebeldes. Muchos de los sirios que ahora están reconstruyendo estos edificios cuentan con el apoyo económico de familiares que viven fuera. Osama acaba de volver de Egipto, donde ha vivido en los últimos cinco años, y reconoce que trabaja un tanto a ciegas. «La gente necesita casas. Los alquileres están altos. Pero todos trabajamos sin saber qué pasará después».

Pese a la incertidumbre actual sobre los planes del gobierno en cuanto a la reconstrucción, Fateh no ha querido esperar a ninguna hipotética ayuda pública. «Creo que si la ayuda llega, tendré que esperar muchísimo, y habrá prioridades. Por ejemplo, Jobar [la zona más asediada por el régimen sirio, vecina de Harasta y que quedó completamente destrozada] será una prioridad; Harasta no estará en el primer lugar del plan. Así que prefiero empezar que esperar, porque al final tengo que vivir mi vida y tener mi casa», dice convencido.

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“Esta es la última casa en la que vivimos con mi papá. Y ya después, construimos eso al frente. El centro de Fidel es toda una casa completa como museo. Está muy bien hecho. Pero este es un centro de estudios del archivo del Che, no es para turistas. Vienen investigadores de todo el mundo y se coordinan con la investigadora principal, que tiene más de 70 años. Ahora, con la falta de gasolina, no puede venir, trabaja desde casa”, explica Aleida Guevara, hija del Che Guevara, en medio de la peor crisis que atraviesa Cuba desde el triunfo de la Revolución en 1959.

Aleida Guevara (La Habana, 1960) vio a su padre por última vez cuando tenía tres años. Pero se ha pasado el resto de su vida encontrándose con su rostro en camisetas, pósters, graffitis, esculturas, tatuajes y tazas en buena parte de los lugares que ha visitado para hablar sobre Cuba. El Che Guevara sigue siendo el revolucionario por antonomasia que inspira a millones de personas con su épica entrega a la construcción de un mundo más justo.

Un mito reconocible con la reproducción de apenas un par de trazos –la boina y la mirada al horizonte– gracias a fotografías icónicas como la de Korda. Un referente de las izquierdas de todo el mundo que murió cuando intentaba replicar la revolución cubana en Bolivia. Fue capturado en 1967 durante un combate con el Ejército boliviano, que contaba entonces con apoyo de la CIA. Un día después fue ejecutado por un sargento cumpliendo órdenes de la Presidencia boliviana.

Ahora, tras una vida ejerciendo como médica pediatra, Aleida Guevara es la albacea del pensamiento guevariano. Pasados los sesenta años, su madre, Aleida March, le pidió que la sucediera en la dirección del Centro de Estudios Che Guevara. No le pudo decir que no. Ella y sus hermanos llaman «sargento de caballería» a quien trabajó en la clandestinidad como miliciana del Movimiento 26 de Julio para acabar con la dictadura de Fulgencio Batista. “Fue lo peor que pude haber hecho porque yo me retiré pero mi mamá no se retiró nunca”, dice entre risas su hija.

Antes de comenzar la entrevista, Aleida graba un sentido mensaje de solidaridad para la cadena de televisión libanesa Al Mayadeen, en la que realiza un programa semanal en español. Israel acaba de recrudecer la guerra contra Líbano y de comenzar otra contra Irán de la mano de Estados Unidos, mientras continúa el genocidio de la Franja de Gaza.

¿Cómo definiría la situación en Cuba?

Es uno de los momentos más difíciles desde la Revolución. Desde el punto de vista económico, pero tambien por la presión ideológica que se está ejerciendo sobre nosotros. El gobierno de Estados Unidos está intentando por todos los medios desaparecer la Revolución cubana.

¿Y cuál es la salida?

Lo primero, resistir. Porque si no, desaparecemos de la faz de la tierra. Y si queremos seguir viviendo como pueblo, como nación, tenemos que resistir. Después, hay que buscar alternativas. Por ejemplo, estamos buscando la electricidad en la energía alternativa. El sol no lo pueden bloquear, ni el viento. También tenemos algunos ríos caudalosos que podemos aprovechar. Tenemos muy poca producción de petróleo, que además tiene mucho azufre y rompe las máquinas. El mayor bolsón está en el mar y es muy difícil explotarlo sin dañar la naturaleza, que hay que cuidar siempre. Además, una de las cosas más lindas de Cuba son las playas, no podemos perderlas.

Mi papá fue a Japón en 1959. Después de cada viaje escribía un informe que se publicaba en la revista Verde Olivo o lo contaba en una conferencia en la televisión para explicar lo que había hecho. En esa ocasion, dijo que Japón tenía un tercio de la tierra fértil en Cuba y que producía sesenta veces más que nosotros, por lo que teníamos que aprender a cultivarla mejor. Aún no lo hemos logrado.

También habria que controlar los precios. Estados Unidos ha querido cerrar totalmente el mercado, pero ha dejado una puerta a las empresas privadas. Ellos compran sus productos en Estados Unidos y los ponen aquí a precios muy altos, especialmente para quienes tenemos salarios estatales. Entonces, el Estado tiene que controlar esos precios. O también puede ser que algunas de estas empresas tengan que abaratarlos para poder vender su mercancía.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha repetido en varias ocasiones que tras Irán caerá Cuba. ¿Con quién cuenta el Estado cubano para que eso no ocurra?

Primero, con nuestro pueblo. Trump, como la mayoría de los estadounidenses, no tienen idea de quiénes somos. Para ellos, América Latina siempre ha sido su patrio trasero y han hecho lo que han querido. Cuando triunfó la Revolución cubana, por primera vez, se frenó eso. Desde entonces, han tratado de asfixiarla con el bloqueo económico. Así que esto viene caminando desde hace años y el pueblo ha aprendido a resistir y a buscar alternativas, que para mí es lo más importante.

Cuba ha sembrado solidaridad durante todos los años de Revolución. En 1963 teníamos muy pocos médicos porque la mayoría había migrado a Estados Unidos y a pesar de eso, enviamos una brigada médica para Argel porque los necesitaban. Es decir, lo poco que hemos tenido lo hemos compartido, y eso ha sembrado un sentido solidario de devolver algo de lo recibido.

Desde luego, nunca nos ha faltado la solidaridad de México con Cuba. Cuando toda la América Latina nos botó de la OEA, el único país que mantuvo relaciones con Cuba, a pesar de los gringos, a pesar de todo, fue México. Ahora también tenemos al pueblo venezolano. Hemos crecido juntos en los últimos años y tenemos un gran lazo de amistad, sobre todo cuando hablamos de Chávez y Fidel. China siempre ha estado muy cerca, Vietnam, Corea del Norte –con más dificultades por la lejanía–, Rusia y Bielorrusia también se ha portado bastante bien. Aunque ideológicamente no somos iguales, son gobiernos que han mantenido los lazos de solidaridad por el amor que emana entre sus pueblos.

Por su parte, Estados Unidos no conoce la historia de nuestro pueblo, piensan que somos indios con taparrabos y negritos con levitas, como decían ellos. Es increíble como la mente de esta gente no evoluciona. Yo terminé de formarme trabajando en Nicaragua porque se habían quedado sin médicos durante la revolución sandinista. Pues estando en la Universidad Centroamericana vino un grupo de médicos estadounidenses a dar una conferencia a sus colegas nicas. Los únicos que nos quedamos hasta el final fuimos los estudiantes cubanos por pena y por educación. Los nicas se fueron indignados porque aunque venían con la mejor intención, no tenían ni idea de a quiénes estaban hablando. El mejor profesor de Medicina que tuve en mi vida fue el nicaragüense Norman Jirón, un genio, y fueron a darle una clase como si fuese un niño. Los estadounidenses no tienen idea de quiénes somos el pueblo lationoamericano y, mucho menos, el cubano, que tenemos en un nivel cultural mucho mayor. La Revolución nos ha hecho un pueblo culto con un gran deseo de vivir con dignidad. Y eso no nos lo quita nadie.

Estados Unidos tiene un mayor potencial militar así que pueden entrar en la isla, pero no te garantizo que puedan. Yo peino canas y tengo las rodillas desbaratadas, pero si entran, que me busquen un asientico con un buen rifle porque todavía tengo buena puntería. A nosotros nos conviene que no se metan, pero si lo hacen, somos un pueblo decidido a luchar hasta las últimas consecuencias.

¿Cree que Trump podría decidir invadir Cuba?

Es imposible predecir lo que puede hacer un enfermo mental. Pero ellos saben lo que es un pueblo decidido a luchar porque tuvieron que retirarse de Vietnam.

¿Qué cree que pensaría su padre sobre lo que está ocurriendo si estuviera vivo?

No puedo poner palabras que no dijo en boca de mi papá. Pero teniendo en cuenta cómo vivió, el Che estaría preparando le resistencia y nosotros con él.

Esta es la ultima casa en la que vivió en su padre.

Sí, yo nací en lo que hoy es Playa, que antes era Miramar. Pero él no quería esa casa porque era inmensa y a mi mamá tampoco le gustaba porque la guarnición, sus compañeros, estaban siempre allí y ella quería privacidad. Entonces, le dieron esta. Cuando la vio, dijo “Nos tenemos que quedar aquí porque si no, nos van a llevar al Palacio de la Revolución”.

¿Cómo describiría a su padre?

Tuve muy poco tiempo con mi papá. Además, era dirigente de un proceso revolucionario incipiente. El hombre no tenía horas de descanso, trabajaba hasta dieciocho horas diarias. A veces, para estar con nosotros nos llevaba a un trabajo voluntario los domingos. Tengo imágenes de mi papá cortando caña y yo sentada detrás de él, comiéndome una mientras le escuchaba. Él tenía que usar el poco tiempo que tenía con nosotros y la mejor educación es el ejemplo. Era un hombre muy cariñoso, nos besaba con mucha fuerza. Yo aprendí a besar así y mi mamá después se quejaba y me decía «¡Estás besando igual que tu papá!». Cuando él llegaba a casa solía ser tarde así que yo aprovechaba para dormir con mi mamá. Él me cargaba para llevarme a mi cama y me daba un beso fuerte que me despertaba un poco. Yo creo que por eso cogí miedo a la oscuridad. Mi madre me consiguió un libro de un león que acompañaba a un niño que tenía miedo. Funcionó para que yo superase el miedo. Así que mi papá me trajo un regalo tras volver de un viaje. Fue la única vez. Era un león de peluche. Todavía lo tengo.

¿Qué otras ideas de las que recogió su padre en sus diarios y conferencias quedan por aplicar?

Muchas. Mi papá era un innovador. Iba un trabajo voluntario a aprender y a tratar de mejorarlo. Un día fue a donde se empalmaban los libros. Miró cómo se hacía y después le dijo al compañero: “Yo creo que si lo hacemos al revés ganaremos tiempo y calidad». Y lo demostró. Era ese tipo de ser humano que no solamente dice una cosa, sino que es capaz de escuchar, aprender, mirar y sacar mejores conclusiones. Así que dejó escrito muchas cosas que aún no hemos logrado poner en práctica. Lo primero es su ejemplo como dirigente. Un día mi papá descubrió que en nuestra casa estábamos consumiendo productos que no entraban por la libreta de racionamiento. Aquello fue bien feo. Él era ministro, pero no quería que hubiera ninguna diferencia con respecto al pueblo. La ética revolucionaria del Che todavía no la ha alcanzado mucha gente en este país. Él nunca le habría dicho a la gente que viviese de una manera mientras él vivía de otra. Eso es un pecado mortal para la revolución. Y hay muchos dirigentes en nuestro país, sobre todo en las capas intermedias, que tendrían que aprender mucho del Che.

¿Y cómo es su madre, Aleida March?

Soy una mujer socialmente útil gracias a que ella me formó. Mi mamá es una mujer de campo, con una educación muy estricta que hizo que le costase abrirse a la vida. Cuando murió mi papá, ella se transformó en un bloque para poder seguir viviendo. Él fue su primer novio, su marido, el padre de sus hijos, su compañero, su maestro, mi papá era todo para ella. Fíjate que ella estaba dispuesta a dejarnos a nosotros para irse con él. Fue mi papá quien le pidió que se quedara con nosotros al menos dos años. Le prometió que si la guerrilla en Bolivia duraba más tiempo, él la mandaría buscar.

Mi mamá nunca permitió que nos dieran ningún trato especial. Nos educó con las mismas carencias que tenía el pueblo y eso se lo agradeceremos siempre. Decimos que es un sargento de caballería, pero gracias a ese sargento hoy somos útiles al pueblo.

¿Qué podrían haber hecho mejor los gobernantes cubanos?

Uy, un montón de cosas. Acuérdate de que las revoluciones son procesos a veces explosivos y están hechos por hombres y por mujeres. Nunca son perfectos, siempre se cometen errores. Lo que defendemos y siempre defenderemos es que los únicos que podemos subsanar esos errores somos nosotros mismos. Nadie más tiene el derecho a hacerlo. Por ejemplo, hay que trabajar el tema de las viviendas de los campesinos. Con el triunfo de la Revolución, hubo un éxodo del 83% de la poblacion rural hacia las ciudades porque los campesinos querían que sus hijos fuesen ingenieros, médicos, maestros. El campo se quedó abandonado, lo que es fatal para la economía del país porque la tierra es la que produce los alimentos que nos permiten sobrevivir. Ahora nos hemos dado cuenta de esa situación y la Revolución está arreglando las viviendas del campesino, haciendo cooperativas, para que la gente viva mejor en el campo. No lo hemos logrado al 100%, pero tenemos muchas cosas que mejorar.

También tenemos el sueño de que los institutos de medicina no estén concentrados en la capital, sino dispersos en las provincias del país, lo que obligaría a muchos de nuestros mejores médicos a vivir allí.

Otro problema es que Cuba se ha convertido en un país muy viejo y hay que reactivar las cuestiones de la juventud. En los últimos años tuvimos una emigración juvenil bastante grande. Hay que trabajar la cuestión ideológica con los jóvenes, incentivarles para que se queden, que tengan más posibilidades de expresar sus sentimientos no solo desde el punto de vista emocional sino también de cuestiones objetivas de la vida práctica.

¿Cuál es su análisis sobre el momento que está viviendo el mundo?

Hay un economista estadounidense, no me preguntes el nombre porque siempre los olvido, que decía que “si la humanidad pierde la ética para vivir, pierde el derecho a existir”. Pues nosotros estamos perdiendo el derecho a existir porque estamos perdiendo la ética. Cuando permites lo que está pasando en Gaza, en Irán, en Líbano, cuando no eres capaz de frenar a tus gobiernos para que rompan relaciones con Israel, para que no vendan armas a su gobierno, desgraciadamente te conviertes en cómplice. Y esa es una de las cosas más duras que nos ha tocado vivir. Esta impotencia tan grande de no poder frenar al enemigo hace que cueste seguir viviendo.

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Las burocracias estatales, una invención moderna si las hay, representan, sin embargo, una combinación de dos arquetipos más bien míticos: el laberinto y el infierno. Ay de quien se atreva a entrar en ellas sin la ayuda de una Ariadna o un Virgilio, una guía que enseñe cómo llegar al minotauro -y cómo, después, salir con vida-.

El hecho de que, de todas las burocracias europeas, la española sea una de las menos transitables supone un grave problema. Porque muchas de las garantías del sistema democrático solo se pueden realizar a través de instancias burocráticas. Sin ir más lejos, varias de las promesas centrales de las dos leyes de memoria histórica (2007 y 2022) dependen del acceso ciudadano a los archivos del Estado. Hasta hace un par de años, sin embargo, era prácticamente imposible conseguir información fiable sobre -por poner un ejemplo- una pariente victimizada por el régimen franquista. No solo había un sinfín de repositorios, cada cual con sus propios buscadores (de los que, claro, no todos funcionaban), sino que había bastantes archivos sin apenas vías de acceso.

Esto lo observó de primera mano Hernán Fernández-Barriales López, un ingeniero químico español que entonces vivía en Estados Unidos, cuando en 2021 quiso buscar información sobre dos bisabuelos represaliados por el franquismo. Pero en lugar de dejarse vencer por la frustración, decidió buscar una solución al problema. Poco después, nació Buscar.Combatientes.es, una web de fácil manejo creada en colaboración con Combatientes.es que permite buscar de una vez una gran cantidad de archivos, repositorios y bases de datos.

La noticia sobre la nueva herramienta no tardó en difundirse entre las filas memorialistas. Cinco años después, la web recibe más de 3.000 visitantes únicos al día. No solo son ciudadanos quienes recurren a ella, sino también investigadores. Incluso la han empezado a usar las y los funcionarios. “La última vez que estuve en el Centro de Memoria Democrática de Salamanca, escuché a un archivero recomendarle mi web a un usuario”, recuerda Fernández, riéndose. “No soy muy de ponerme el foco, pero igual me acerqué después para presentarme”.

Además de proporcionar una herramienta tan sencilla como útil, la mera existencia de su web también revela las deficiencias del Estado español.

En efecto. Quizá la carencia mayor sea la que suele mencionar Emilio Silva: que no exista una oficina estatal de ayuda a las víctimas o a los familiares de víctimas, que pueda dirigir a la gente. Hasta la fecha, todo ha dependido de voluntarios, entre los que también me cuento, claro. No hay una iniciativa gubernamental que dirija a las personas y les enseñe cómo empezar a investigar.

Las burocracias las solemos asociar con el control y la uniformidad. En el tema de los archivos de la guerra y del franquismo, en cambio, parecen dominar la dispersión y el caos. No hay nadie que tenga una visión de conjunto.

Esa es exactamente mi experiencia. Para empezar, hay una desconexión enorme entre el gobierno estatal y los autonómicos, entre los que, a su vez, también hay mucha diferencia. En Cataluña y Euskadi se ha hecho un mejor trabajo al poner los archivos a disposición del público, pero en muchos otros es claro que no lo han considerado como parte de su trabajo. Finalmente, hay una gran desconexión entre diferentes partes del gobierno estatal. Hasta la fecha, lo que ha habido son como pegotes: iniciativas puntuales que responden a momentos o intereses particulares, pero que no se integran y que no duran. No hay un plan general.

¿A qué se debe?

Siempre tengo la duda de si se trata de falta de interés o si es algo más dirigido, alguien que ha pensado: “Vamos a poner las cosas difíciles al público, porque cuanto menos salga a la luz, menos problemas hay”. Por otra parte, está el problema del acceso. Una cosa es saber que existe la información -que ya cuesta-, pero otra muy distinta, muchas veces aún más complicada, es acceder a ella. Como han denunciado bastantes investigadores, hay un abuso del tema de protección de datos. Es la excusa que dan, por ejemplo, para no darte acceso a datos de gente que murió en un hospital ¡en el 36! “Es que igual hay datos que puedan afectar a la intimidad”, alegan. ¡Cuando hay documentos similares de cincuenta años después que se publican sin ningún problema!

¿Cuál ha sido su experiencia en el contacto directo con las y los archiveros y otros funcionarios?

Muy buena, siempre. Las trabas me parece que las ponen los que están en otro nivel, los responsables de las políticas. Aun después de la ley de 2022, que ha mejorado algunas cosas, hay limitaciones que no parecen tener sentido alguno. Ahora, por ejemplo, está permitido sacar fotos con el móvil, pero no puedes usar ni un pequeño trípode. Y en muchos archivos te piden, además, que llenes un documento que liste todas las fotos que sacas -de qué documento, qué página, el número total-, al mismo tiempo que te imponen un límite de 60 fotos por día. Eso, ¿qué sentido tiene?

Normas así siguen partiendo del principio de que el acceso al archivo es un privilegio excepcional que, por tanto, hay que limitar. O tratar con sospecha. Hacen como si sacar una foto de un documento significara que ese documento deje de existir. Una especie de pensamiento mágico.

Así parece. Por lo demás, las y los archiveros con quienes he tratado hacen lo que pueden para facilitar el acceso. Lo que ocurre es que son muy pocos y no dan abasto.

En la medida en que Buscar Combatientes enseña el camino a la ciudadanía hacia archivos concretos, imagino que han incrementado las peticiones de documentación.

También me consta. Sin ir más lejos, desde que puse el buscador en marcha, los tiempos de respuesta de los archivos han subido una barbaridad. Antes tardaban dos o tres semanas en mandarte los documentos. Ahora están tardando seis o siete meses tanto en Salamanca como en el Archivo General Histórico de Defensa. Tiene sentido: antes, nadie sabía que existía esa documentación. Hoy, buscas en Google y te aparece la referencia en Buscar Combatientes. Pero ahora que ha incrementado el interés, tal vez tenga sentido poner a veinte trabajadores en vez de a dos para tramitar las solicitudes de documentación. Desde luego que falta voluntad.

¿En algún momento ha habido representantes del Gobierno español -desde la Secretaría de Memoria Histórica, por ejemplo— que se le hayan acercado para agradecerle el trabajo o proponer una colaboración?

Nunca. Donde sí ha habido mucho interés y buena voluntad, en cambio, ha sido desde las asociaciones memorialistas y las universidades. Pero nada de parte del gobierno. La verdad es que esperaba, según se fue haciendo más útil el buscador y más gente lo utilizaba, que alguien de algún ministerio se pusiera en contacto. Aunque fuera para decirme: “Oye, esto, ¿cómo lo has montado? ¿Cómo funciona?” Quiero dejar claro que nunca he tenido ningún interés monetario. Yo lo único que pongo son 60 euros al año para mantener el servidor -que, por cierto, está en Estados Unidos, aunque yo estos días vivo y trabajo en Países Bajos- y muchas horas de trabajo voluntario.

Tengo a un grupo de veinte o treinta personas que me ayudan, también de forma voluntaria, en tareas de transcripción e indexación de documentos. Pero yo soy muy tiquismiquis e insisto en revisarlo todo personalmente. Aun así, me parece que hemos demostrado que, para crear una herramienta útil que sirva a miles de personas -a millones, si me apuras-, no hace falta gastarse mucho dinero. Por otra parte, si tuviéramos algunos recursos adicionales -que de todos modos para el Estado serían nimios- desde luego que podríamos hacer mucho más y mil veces mejor.

Aunque imagino que trabajar al margen de la burocracia y sus protocolos permite cierta agilidad, también hace más vulnerable al proyecto en términos de sostenibilidad, ¿no?

Claro. De hecho, yo no soy informático, sino ingeniero químico. Lo que me ha permitido montar el buscador es un cursillo de 40 horas en línea. El servidor lo he montado para que pueda aguantar bastante, aunque yo no le ponga tantas horas como al principio. Pero sí he pensado, ¿qué pasaría si mañana me cayera un árbol encima? Por otra parte, el tema de la sostenibilidad tiene su cara y cruz. El hecho de que esto sea una iniciativa privada también le da cierto blindaje ante los cambios de gobierno en España. Si esto fuera una iniciativa estatal, si llegara otro partido al gobierno, sería muy fácil decir: “Esto se corta”. Como proyecto privado, esto seguirá en marcha gobierne quien gobierne.

La entrada Hernán Fernández, creador de Buscar Combatientes: “Aún hay muchas trabas para acceder a los archivos de la represión franquista” se publicó primero en lamarea.com.

Todavía nadie sabe por qué aquel 5 de enero de 1939 decidió inscribirse en el Registro Civil con el nombre de Juan Carlos Beese Rodríguez. Esa es la gran incógnita que aún sobrevuela a la hora de hablar de la que siempre se dio a conocer, firmó y se refirió a ella misma con el nombre de Margarita Juana. La periodista Andrea Momoitio, convertida durante tres años en buscadora de la respuesta que nunca llegó y biógrafa accidental de una historia que estaba por contar, publica Farsante. Una historia queer en la Falange (Libros del KO, 2026). 

A caballo entre su Santa Cruz de Tenerife natal y Madrid, capital de su educación y desmanes, Margarita deja tras de sí una juventud repleta de mentiras que transitó entre la Residencia de Señoritas, su adhesión y predicamento a favor de la Falange, la cárcel y una muerte que llegó en Alemania bajo las bombas aliadas.

La investigadora Yanira Hermida Martín fue la primera que indagó en la vida de Margarita. Momoitio tomó su testigo y todavía ahora fantasea con que aparezca una tercera persona que pueda reconstruir un hilo desvencijado por el paso del tiempo, el silencio y el estigma. “Todo lo que nos queda por saber tiene que ver con su intimidad, y de eso no queda rastro. A mí ya se me acabó la imaginación”, acepta la periodista.

La más que entendible resignación que se apodera de Momoitio ante la falta de respuestas no impide vislumbrar toda una obra repleta de información. Sí sabemos que Margarita nació el 24 de junio de 1896, en el número 27 de la calle Duggi, en la finca de don Bruno, su padre, alemán. “Si no fuera porque no puede ser, creeríamos que no tuvo infancia”, escribe en su libro sobre Margarita la también autora de Lunática (Libros del KO, 2022). A los 19 años, en octubre de 1915, la tinerfeña ya firmaba en la prensa.

Una conservadora en el Madrid efervescente

Sus ansias de formación la llevaron a recalar en Madrid por primera vez a finales de abril de 1920. Al año siguiente, ya formaba parte de la Residencia de Señoritas bajo la tutela de la pedagoga y humanista María de Maeztu. “Procedía de una familia de nuevos burgueses. No venía de una familia rica de cuna. Lo que querían era tenerla controlada”, explica Momoitio. Fue en esos años donde comenzó a mentir, farsear su vida, para conseguir saborear la capital un tiempo más allá del que quería su familia. Allí coincidió con compañeras como Victoria Kent, la misma que diseñaría la cárcel en la que llegaría a estar presa casi tres meses en 1940.

Pero para eso todavía quedaban numerosas vicisitudes que experimentar en su biografía incompleta. Por ejemplo, formar parte de un movimiento feminista que entonces también se encontraba dividido. “Ella defendió la corriente que apostaba por promover el acceso de las mujeres a algunos derechos, pero enmarcados en la educación. El objetivo era estar más formadas para ser mejores esposas y madres, no para desarrollar sus propias vidas, intereses y carreras profesionales”, explica Momoitio. Vinculada a la fe católica, se opuso al sufragio femenino.

En la CNT por miedo, en la Falange por convicción

Margarita ingresó en el cuerpo de Correos en 1922 y la guerra civil estalló cuando se encontraba destinada en Málaga. Mientras tanto, se había convertido en la directora de la revista Héroes, cargo que ocupó apenas unos meses. Materializó su adhesión a la Falange en mayo de 1934, seis meses después de que José Antonio Primo de Rivera la fundara en el Teatro de la Comedia de Madrid. 

Momoitio no tuvo nada fácil cerciorarse de que esto era cierto. Solo lo hizo cuando en el archivo de Correos encontró una carta de la mismísima Pilar Primo de Rivera en la que pedía al jefe de Margarita que le otorgara un mes de permiso sin empleo y sueldo. “Dijo que era una camarada y que quería que trabajara para ella en Salamanca”, añade la periodista. Sucedió en diciembre de 1937.

Su militancia en la Falange la llevó a ser la delegada femenina del Sindicato Vertical en Málaga. Su objetivo era promover la sindicación de otras mujeres. Para conseguirlo, Margarita y otras como ella daban mítines en los que dejaban claro el papel secundario que deberían tener las mujeres, en el sindicato y en la sociedad en general. 

Para entonces ya había superado el expediente de depuración iniciado por los sublevados contra ella. Se percataron de que, durante un tiempo, engrosó las filas del anarcosindicalismo con el carné de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Se defendió. Temerosa de que Málaga cayera bajo el “dominio rojo”, lo hizo para no tener represalias, testimonió en su momento.

Un delito penado con años de cárcel

La documentación analizada por Momoitio indica que Margarita hizo todo lo posible por escapar de su trabajo en Correos. Con una baja médica, recaló de nuevo en Santa Cruz de Tenerife a finales de 1938. La víspera de Reyes del año siguiente, decidió ir al Registro Civil para remendar el error cometido por sus progenitores al nacer: no haberla inscrito. Sin embargo, decidió hacerlo bajo el nombre de Juan Carlos Beese Rodríguez. La detención llegó el 10 de mayo. Durante seis días, el tiempo que su padre necesitó para conseguir la fianza, durmió en la prisión santacruceña de mujeres.

Ella aseguró en un primer momento que el cambio de nombre respondía a su afán de ir al frente de guerra en Alemania. Es decir, dar hasta su vida por los nazis. El fiscal lo advirtió desde el principio de la causa judicial: “Porque ser hombre o mujer da lugar a distintos derechos y obligaciones y distinto trato en las relaciones sociales”. 

Las exploraciones médicas atestiguaron que no estaba claro que los caracteres sexuales secundarios y terciarios pertenecieran a un individuo de sexo femenino. “La voz, piel y el vello manifiestan una tendencia intermedia y algunos, francamente varoniles”, dejaron por escrito los médicos. Lo mismo sucedía con su aspecto psíquico. Clasificaron a Margarita como pseudohermafrodita o intersexual. Al mismo tiempo, cuestionada la propia Falange sobre si Margarita aparecía en sus listas, el partido joseantoniano renegó de su vástago.

Una penúltima huida

Nada evitó su condena, que llegó en abril de 1940. La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife determinó una pena de dos años, cuatro meses y un día de prisión por un delito de falsedad en documento público. También tuvo que pagar 2.500 pesetas de multa y parte de las costas del juicio. Pero el viaje no había terminado. En el tiempo que transcurrió hasta que la condena se hizo firme, Margarita marchó a la península sin autorización judicial para ello. “Dijo que nunca quiso eludir a la justicia y que lo hizo para cambiar de abogado”, explica Momoitio. Su padre, don Bruno, lo denunció.

La orden de búsqueda y captura pronto llegó a la capital. El 19 de octubre superó la puerta de la cárcel de Ventas, ideada por su antigua compañera de la Residencia de Señoritas Victoria Kent, para estar en ella 82 días. El 9 de enero de 1941, dos años después del intento fraudulento a ojos de la justicia de su inscripción en el Registro Civil, Margarita ya estaba de vuelta en Tenerife.

La escritora y periodista desconoce si Margarita realmente sentía cierta pulsión a socializar como un varón o su movimiento respondió a otros intereses. Nadie sabe ahora qué versión creerse: si realmente quería ir a luchar con la División Azul del lado de los nazis o se sentía un hombre y las personas se burlaban de ella, como también argumentó durante el procedimiento judicial. “Las mujeres falangistas de alguna manera se sentían por encima de la categoría general de mujeres. Yo creo que pretendía acceder a derechos o posibilidades que no tenía”, comenta Momoitio. A pesar de los recovecos que quedan en blanco en esta historia, la biógrafa se inclina por pensar que estamos ante una mujer cis, lesbiana, falangista y muy ambiciosa.

Muerta tras bombardeo aliado

En abril de 1943 cumplió la pena. Al final, consiguió marchar hacia Alemania. Recaló en un hospital psiquiátrico fundado en 1877 en la ciudad de Ahrweiler y en posesión del doctor Ehrenwall. Trabajó como enfermera. El 29 de enero de 1945, unas 200 bombas arrasaron la zona. Más de dos docenas de ellas fueron a parar a la clínica. Margarita murió, y con ella todo rastro a la respuesta todavía por descubrir: por qué decidió inscribirse en el registro como Juan Carlos. 

En abril de ese año, don Bruno publicó la esquela de su hija en la prensa local de Santa Cruz de Tenerife. Su cuerpo reposa en el cementerio de esta ciudad alemana. Una placa con su nombre y el de las demás enfermeras fallecidas durante el bombardeo sirve de homenaje. 

Momoitio asegura en su libro que nunca va a cansarse de conocer a esta farsante, a pesar de las contradicciones. “Ella pertenecía a ese grupo de personas que ganó la guerra e invadió el Estado español de represión y miseria”, apunta más adelante. Juan Carlos o Margarita inscriben así su nombre en los anales de las pequeñas historias, aquellas que nos construyen como sociedad, incluso alrededor de un círculo que, por el momento, no se ha cerrado. Preguntada una vez más Momoitio sobre el por qué de la decisión de la tinerfeña, concluye: “Vete tú a saber”.

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El Parlamento israelí votó el pasado martes, 30 de marzo, a favor de una ley que pretende convertir la pena de muerte en castigo obligatorio para cualquier palestino acusado de matar a un israelí en un ataque calificado como «terrorista». La iniciativa, impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, no ha sido aprobada de forma definitiva —al menos todavía— pero su sola tramitación ya cumple una función: enviar un mensaje de terror legal a la población palestina.

Porque antes de entender qué significa esta ley, hay que recordar que Israel ya aplica una forma de muerte civil a miles de palestinos. Actualmente, alrededor de 3.000 se encuentran en detención administrativa: encarcelados sin cargos, sin juicio y sin conocer las pruebas contra ellos. Basta con que un comandante militar firme una orden basada en «información secreta» para que un palestino desaparezca entre rejas durante meses o años. Es la suspensión de todo derecho sin fecha de caducidad.

Desde la Nakba, muchas prisiones israelíes han funcionado como piezas clave de la maquinaria colonial: espacios de tortura, aislamiento y desaparición forzada. La detención administrativa es heredera directa de esa tradición: secuestrar cuerpos sin explicación, mantenerlos en un limbo legal indefinido. Ahora Ben-Gvir quiere dar el salto: de la celda sin juicio a la horca sin indulto.

Lo que propone es el salto definitivo. Su proyecto no solo establece la pena de muerte para los palestinos acusados de atentados mortales, sino que la hace irreversible: sin posibilidad de apelación, sin derecho a indulto presidencial, sin margen para ningún recurso. Un tribunal militar dictaría la condena y esa sería la última palabra.

Excluidos los colonos que cometan asesinatos

Además, la ley sería explícitamente discriminatoria. Se aplicaría únicamente a los palestinos de Cisjordania, excluyendo a los colonos judíos que cometan asesinatos por motivos nacionalistas, una práctica en aumento que el propio gobierno de Ben-Gvir ha protegido sistemáticamente.

Pero lo más importante no es si la ley llegará a aprobarse en sus lecturas finales, sino el propósito que persigue. Porque ni la detención administrativa ni la ley de ejecución son herramientas de justicia. Son instrumentos de disuasión por terror.

La estrategia es clara: forzar un sistema de castigo tan desproporcionado y tan irreversible que cualquier palestino que contemple la resistencia armada sepa que el precio puede ser su vida, sin juicio justo, sin apelación y sin posibilidad de canje. Los intercambios de prisioneros, que históricamente han permitido liberar a miles de encarcelados, quedarían bloqueados ante la imposibilidad de negociar con condenas a muerte irrevocables.

Pero el objetivo no es solo disuadir al individuo. Es paralizar a la comunidad. El miedo, en esta lógica, no es un efecto secundario indeseado. Es el mecanismo central. Una población aterrorizada es una población que no se organiza, que no protesta, que no resiste. O al menos esa es la apuesta de Ben-Gvir y los sectores más extremistas del Gobierno israelí.

Dentro de Israel, sin embargo, esta deriva está generando fracturas profundas. Sectores liberales, juristas y ex altos cargos militares han alzado la voz para advertir que convertir la excepción en ley tendría un coste inasumible para el propio Estado. Dificultaría cualquier futuro intercambio de prisioneros —una herramienta que Israel ha utilizado en numerosas ocasiones para recuperar a sus soldados—, entraría en contradicción con los acuerdos internacionales y expondría a los líderes israelíes a ser perseguidos en tribunales internacionales. Para muchos israelíes, esta ley no representa la defensa de su país, sino la imposición de una agenda mesiánica que antepone la venganza al interés nacional. Ben-Gvir, sin embargo, ha ignorado sistemáticamente estas advertencias.

La ley de ejecución no ha sido aprobada aún. Pero su mera presencia en el debate ya está cumpliendo su función: normalizar lo inaceptable y profundizar un régimen que convierte la arbitrariedad en método y el miedo en política de Estado. La pregunta es si el mundo seguirá mirando hacia otro lado mientras Israel construye, piedra por piedra, un sistema legal diseñado para ejecutar sin juicio, encarcelar sin causa y castigar sin límite.

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