Quienes nos dedicamos a escribir y pensar sobre España desde Estados Unidos llevamos una vida rara. Solo participamos a medias en la sociedad en la que vivimos y trabajamos. La otra mitad del tiempo estamos mentalmente en España, consumiendo medios ibéricos, intercambiando mensajes y llamadas con gente de allí. Siempre tenemos la mirada puesta en dos relojes. Lo nuestro no llega a ser un exilio, desde luego, pero sí manifiesta algunas de las paradojas propias del desplazamiento forzado, incluido el no saber si nuestro destierro acaba siendo una bendición o una condena.  

Vicente Rubio-Pueyo (Zaragoza, 1979) lleva 20 años viviendo así. Licenciado por la Universidad de Zaragoza y doctor por la Universidad Estatal de Nueva York con una tesis sobre la producción cultural española desde 2000 hasta el 15-M, estos días se gana la vida como profesor en Fordham University, una universidad jesuita situada en pleno Bronx neoyorquino. Desde siempre, ha combinado su trabajo académico con un continuo compromiso político, plasmado no solo en el activismo a pie de calle, sino también en una asidua labor investigadora para grupos y organizaciones políticas. Ha trabajado con el Laboratorio de Democracia Urbana (Nueva York), el Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social (IECCS, España) y con fundaciones como la Friedrich Ebert o Rosa Luxemburg, para la cual redactó un extenso informe sobre el auge de la ultraderecha española. 

El año pasado, Rubio-Pueyo publicó Un país entre dos tiempos. La década en que España experimentó políticamente (Lengua de Trapo), un lúcido ensayo que recorre la historia política y cultural española desde la Transición, con un enfoque especial sobre los últimos 15 años. El libro logra alcanzar el siempre difícil equilibrio entre la cercanía del compromiso y la perspectiva que proporciona la lejanía geográfica, enriquecida, en su caso, por el fermento intelectual de la universidad norteamericana.

¿Hasta qué punto es consciente de que la originalidad de su mirada se debe a su vivencia entre dos países?

En el libro intento partir del concepto de coyuntura para ofrecer una visión histórica más amplia que la acción-reacción del spin mediático continuo, un análisis que ayude a entender cómo se han redefinido nociones, términos y conceptos que daban sentido a la convivencia democrática y a la historia reciente de España. Pero siempre tengo muy presente cuál es mi lugar de enunciación. Al final, un libro como este es el producto de un itinerario vital. Si no es exhaustivo –me hubiera gustado hablar más sobre el Procés catalán, por ejemplo, o sobre feminismos y tecnopolítica– es precisamente porque ha terminado siendo el resultado de unas experiencias políticas y no otras. Eso sí, el proceso de escritura me ha permitido dilucidar más claramente mi trayectoria a través de los años, que reluce como el surco que va dejando el caracol. 

¿Cuál es, entonces, su lugar de enunciación?

Como persona nacida en 1979, soy un hijo del régimen del 78, al menos biográficamente. Recuerdo el impacto de 1992: la Expo de Sevilla, que fui a visitar con mis padres, y las Olimpiadas de Barcelona. Recuerdo también los años de Aznar y los atentados del 11-M. El No a la guerra de 2003, que me pilló con unos 23, 24 años, fue para mí un momento formativo en lo político.

«El No a la guerra de 2003, que me pilló con unos 23, 24 años, fue para mí un momento formativo en lo político».

Estas son las coordenadas históricas. ¿Y las sociológicas?

En ese sentido, soy hijo de una clase media progresista de Zaragoza, crítica, que va en busca de otros espacios que los que estaban disponibles en los años del postfranquismo. Fue por eso que el 15-M, para mí —y me consta que para muchos— fue un momento muy nuevo y al mismo tiempo muy reconocible. Era como encontrarme con algo que llevaba esperando toda la vida: una crítica al sistema que además podía ser muy amplia y abierta, y muy poco dogmática.

El 15-M le pilla ya viviendo en Estados Unidos; también la fundación de Podemos, tres años después.

Sí, claro, pero esto no significa que no pudiera participar en ambos. A la zaga del 15-M, formamos un espacio de Democracia Real Ya en Nueva York que fue muy importante para mí. Cuando ese mismo otoño ocurre Occupy Wall Street, me sumo con la experiencia del 15-M a cuestas. Y también participé en círculos de Podemos en EE. UU., o ayudé con visitas y contactos de Podemos y los municipalismos. En ese sentido, ha habido un camino constante de ida y vuelta, muy natural y fluido, con aprendizajes en ambas direcciones. Quiero creer que ha informado la mirada desde la que he escrito este libro.

«El 15-M era como encontrarme con algo que llevaba esperando toda la vida: una crítica al sistema que además podía ser muy amplia y abierta, y muy poco dogmática».

¿Cuál es para usted la conexión entre el 15-M y Occupy?

Para empezar, ambos tienen que hacerse cargo de una política posneoliberal, en el sentido de que tienen que partir, quieran o no, de una hegemonía neoliberal que lleva décadas consolidándose. Pero al mismo tiempo, ambos responden a tradiciones y situaciones específicas de cada lugar. En lo personal, Occupy me sirvió como una especie de curso acelerado de etnografía de la izquierda estadounidense. Fue fascinante, por ejemplo, ver cómo la gente aquí vivía el espacio público de la plaza comparado con cómo se vivía en España. No tenía nada que ver. También fue muy diferente la relación con la policía y qué significaba que te desalojaran.

Desde Estados Unidos, ¿ve cosas en España que no se ven estando dentro?

Quiero creer que sí. Sin ir más lejos, lo que se consiguió en España se ha visto con mucha más admiración desde fuera que desde dentro. Es cierto que ha habido muchas decepciones; no hemos conseguido lo que se quería. Pero también se han logrado cosas que hay que poner en perspectiva, y que, en efecto, a veces se ven mejor desde fuera.

La posición intermedia, en la que uno acaba traduciendo siempre entre dos realidades, condiciona cómo uno se relaciona con ambas. Al menos esa es mi experiencia.

La mía también. Y se manifiesta de forma curiosa. A lo largo de los años, por ejemplo, he podido ser testigo de procesos de organización entre gente que ha terminado por pertenecer a espacios diferentes. Como alguien de fuera, he tenido la suerte de seguir manteniendo amistad y confianza con todos. Pero no me cabe duda de que, si hubiera vuelto a España y hubiera podido participar más directamente en esas iniciativas, yo también habría acabado teniendo que elegir y asumir las consecuencias.

A la luz de esas divisiones, ¿cuáles son los aprendizajes de la última década?

Una cosa que he aprendido es no juzgar las decisiones personales y políticas de las personas. En política conviene no moralizar demasiado. Obviamente, hay itinerarios que comparto más que otros; tengo mis filias y fobias, como todos. Pero vistas desde fuera, muchas de las decisiones políticas y personales me han parecido comprensibles, por más contradictorias que puedan ser entre sí.

¿Hemos exagerado el peso de lo moral en política?

Bueno, obviamente la moral y la ética son muy importantes, también en política. Pero no para juzgar a las y los compañeros. 

En ese sentido, ¿cree que en España se tiende a moralizar más que, por ejemplo, en Estados Unidos?

Es una pregunta que nunca me he planteado así, fíjate. Pero, pintando muy a brocha gorda y sin querer recaer en clichés esencialistas, sí me parece que en España esa tendencia es más fuerte -quizá por la tradición católica y el legado de la Inquisición, vete a saber–. Digamos, para matizar, que en España se moraliza de manera diferente. Es obvio, por ejemplo, que al final del ciclo que acabamos de vivir en la izquierda, ha habido momentos fuertísimos de moralización y personalización, por más que las diferencias, en un principio, fueran sobre todo estratégicas e ideológicas. Esto es obvio y también es triste. Allí creo que las redes sociales, por más potentes que fueran como arma de comunicación, acabaron por acelerar la polarización no solo externa, sino también interna.

«Obviamente la moral y la ética son muy importantes, también en política. Pero no para juzgar a las y los compañeros». 

En Estados Unidos, ¿la política es menos moralizante o personalista?

No es que aquí la política sea menos personalista. De hecho, hay un personalismo mucho más fuerte. Lo que ocurre es que está incorporado el sistema desde el principio. En cierto sentido, es la base de todo el sistema electoral. La relación entre partido y candidato aquí no tiene nada que ver con la que es en Europa. Aquí es una relación casi contractual, basada en la rendición de cuentas, la accountability. Los partidos como tales no son organizaciones de masas, sino estructuras más bien vacías, cáscaras que se llenan de candidatos durante el proceso de primarias. Los equipos de cada candidato sobrevuelan todo eso. Después, se gestionan formalmente los apoyos o endorsements de diferentes organizaciones de base, como los sindicatos. 

¿La política española no se está moviendo en esa misma dirección? Los candidatos le quitan cada vez más peso a los partidos.

En efecto. También allí los partidos se van vaciando, convirtiéndose en una especie de equipos de comunicación en torno a los candidatos. Y no solo ocurrió en Podemos. También lo hemos visto en el PSOE, Ciudadanos, Vox o el PP.

Es por eso, quizá, que las alianzas políticas se van representando cada vez más como alianzas personales, basadas más en la amistad y la lealtad que en la coincidencia de idearios o una serie de intereses compartidos. ¿No crea una innecesaria vulnerabilidad?

Puede ser. Es obvio que ha incrementado el rol de los afectos en política: la nostalgia, el cansancio, la ilusión, el pánico conspiranoico. Esto también explica que tendamos cada vez más a identificarnos afectivamente con las y los candidatos. Pero, fíjate, no siempre es terrible. Yo, como persona que vive en Nueva York, estoy a tope con Zohran Mamdani, que me parece no solo muy capaz, sino adorable. Pero, volviendo a tu pregunta, estoy de acuerdo en que es peligroso confundir las alianzas políticas con las amistades personales. 

¿Cuál es el antídoto?

Por más simple o clásico que suene: volver a la calle, a los encuentros físicos. Mamdani tiene una enorme presencia en las redes, claro, pero no podemos olvidar a los más de cien mil voluntarios que tuvo, entre ellos un servidor y su familia. Para mí, la labor del canvassing, yendo de puerta en puerta, me permitió conocer mejor a los vecinos de mi propio barrio. El deseo de volver a encontrarse en espacios físicos lo veo muy generalizado y muy real. Y no solo porque las redes sociales estén en las manos de quienes están. 

«Mamdani tiene una enorme presencia en las redes, claro, pero no podemos olvidar a los más de cien mil voluntarios que tuvo, entre ellos un servidor y su familia».

Una vuelta a las prácticas de antes.

Exacto. Las viejas tradiciones de la izquierda tienen mucho que enseñarnos, incluido el sindicalismo. Yo, como miembro de mi sindicato, coincido con compañeros que a lo mejor votan al Partido Republicano, pero con quienes me toca trabajar para promover nuestros intereses compartidos. No hace falta que seamos mejores amigos, con tal de que tengamos relaciones cordiales –es decir, sanas, humanas–. El trabajo de coalición pide afectos humanos positivos, claro está; pero no necesariamente tiene por qué terminar en una especie de unidad metafísica de adoración mutua total. Así también lo común es mejor verlo como una propuesta de organización social, no una unidad mística. 

Una confusión táctica.

Algo en el mundo de hoy nos impulsa a pensar que, en política, hay que ser los mejores amigos siempre para todo. Si no, somos los peores enemigos, también para todo. La moralización y la personalización son parte de esa tendencia. En ese sentido, podemos diferenciar entre la dinámica que vimos desarrollarse dentro de Podemos, con su centro en Madrid, y la de, por ejemplo, Barcelona en Comú. No es que entre Els Comuns no hubiera tensiones. Pero se han llevado de otras maneras. Todo depende de los espacios que se generan y de las reglas que regulan la conducta dentro de esos espacios. Los individuos pueden ser mejores o peores personas, según los momentos; hay patologías y egos en todas partes. Pero cómo se procesan depende del espacio. Así, también hay espacios que manejan su pluralidad interna mejor que otros. En ese sentido, el modelo organizativo de Podemos, con su estructura clásica de partido con secretario y comité centrales –y que además se replicaba en cada pueblo y ciudad– no fue el mejor.

«Algo en el mundo de hoy nos impulsa a pensar que, en política, hay que ser los mejores amigos siempre para todo. Si no, somos los peores enemigos, también para todo. La moralización y la personalización son parte de esa tendencia».

Pero fue el más eficaz. Al menos, eso se decía.

Sigo teniendo problemas con ese marco, que opone unas tácticas supuestamente pragmáticas, realistas y eficaces a otras supuestamente idealistas, inocentes e ineficientes. En el fondo, es un binario falso. La idea de tomar el cielo por asalto, por poner un ejemplo, repudia una idea más fundamental de cooperación que había surgido durante el 15-M y que no dejaba de ser una resignificación muy interesante del consenso que se convirtió en el fetiche de la Transición. La idea de asaltar el cielo se usó como excusa para sacrificar muchas cosas que eran perfectamente prácticas, practicables y realistas. E incluso, a su modo, eficaces. Sobre todo si se trataba de convertirse en una fuerza política y cultural a largo plazo.

En su libro, analiza la función retórica de conceptos como “ventana de oportunidad” y “fin de ciclo”. Yo siempre sospecho que las y los protagonistas de la política confunden sus propias fases biográficas con las coyunturas históricas. La desilusión que parece reinar en el espacio a la izquierda del PSOE, ¿no es también un afecto vital propio de una generación de líderes y analistas que están cerca de cumplir los 50?

Es interesante que lo digas, porque en los últimos años mucha de la gente que ha participado en ese ciclo que ahora se supone se ha cerrado, ha ido sacando sus memorias. 

El suyo no es un libro de memorias, precisamente.

Claro. Aun así, lo que quizá más satisfacción me haya producido en las conversaciones que he ido teniendo sobre él es lo que han dicho varios compañeros públicamente: que les parece un libro generoso porque yo no necesito justificarme ni tirar patadas al de al lado. Quiero decir que yo no tengo cuentas que ajustar, ni decisiones que justificar. La desilusión que mencionas, por otra parte, y que coincide con un momento vital determinado, me recuerda mucho a la vivencia que tuvo la generación de mis padres después de la Transición. Mis padres fueron militantes del Partido Socialista de Aragón. Para ellos, ver cómo el PSOE copó todo ese espacio les produjo un gran desencanto. Fue un momento como el actual, en que pareció cerrarse un momento marcado por mucha energía y movilización ciudadanas. 

Su libro, sin embargo, resiste ese marco.

Obviamente, hemos vivido una decepción. Eso es innegable. Nuestra idea durante el 15-M no era terminar con un Pedro Sánchez como líder absoluto de la izquierda política. Yo también siento mi propio agotamiento, mi cansancio, mis preocupaciones, claro está. Pero también me resisto a resignarme. No hay que olvidar que la derecha juega a eso, a dejarnos dominar por esos afectos negativos. Hace falta otra mirada. Los movimientos políticos y sociales no se mueven en una hoja de cuentas que registre éxitos y fracasos. Más bien, van generando condiciones, elementos, ingredientes de visiones políticas, imaginarios políticos y lenguajes que acaban conformando un arsenal, a veces en estado latente y dormido, que puede ser convocado otra vez.

«Obviamente, hemos vivido una decepción. Eso es innegable. Nuestra idea durante el 15-M no era terminar con un Pedro Sánchez como líder absoluto de la izquierda política. Pero me resisto a resignarme. La derecha juega a eso».

Como los sobrevivientes de un naufragio que usan las partes del barco roto para construir otro.

Stuart Hall siempre insistió mucho en rechazar la fantasía de los nuevos comienzos. En el fondo nunca los hay. Lo que hay son articulaciones de elementos viejos y nuevos. Lo que pasa es que, para conseguir esa articulación, es crucial tener memoria. Sin ella, no hay manera de recuperar el hilo. Si se rompe el diálogo entre generaciones, entonces es cuando se producen esos blancos de impotencia política. 

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Bajo un sol cayendo a plomo en la Plaza del Pueblo de Orcasur (Madrid), se presentaba este sábado una confluencia que busca articular y aglutinar las diferentes luchas sociales, sindicales y medioambientales que están atravesando el territorio madrileño. El entorno no podía más adecuado para esta iniciativa colectiva; no en vano, Orcasur, Orcasitas, es esa aldea gala del sur en la que nunca se han implantado las derechas y que a finales de la dictadura consiguió que todos sus habitantes pasaran de vivir hacinados en chabolas, a estrenar viviendas dignas; un barrio del “cinturón rojo” de la periferia madrileña, en el que el movimiento ciudadano, vecinal, obrero, fue determinante, como otros similares, para poner fin a la dictadura y recuperar libertades. Siempre desde abajo, siempre a la izquierda.

La Confluencia de luchas es el resultado de varios años de trabajo conjunto entre las organizaciones CGT, CNT-Comarcal Sur, Ecologistas en Acción de Madrid, Sindicato de Manteros y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, y que, en un escenario marcado por la crisis ecosistémica, la precarización laboral, la crisis de vivienda y el endurecimiento de las políticas migratorias, quiere sumar fuerzas con las que construir respuestas colectivas con las que enfrentarse a la situación actual. Nos lo explicaba Julia Tabernero, integrante de Sindicato de Inquilinas y una de las impulsoras del proyecto: “El proceso lleva armándose casi tres cursos y surge entre organizaciones que ya nos conocíamos y habíamos colaborado en algunas ocasiones, pero necesitábamos de un análisis compartido del contexto. Y, sobre todo, de respuestas coordinadas”.

El proceso ha sido largo, se ha ido labrando gracias al intercambio de experiencias y el análisis de las diferentes luchas que dan forma a la iniciativa, y ha finalizado este curso 2025-2026 en la denominada Escuela de Luchas, en la que han participado cerca de 30 ponentes y varios centenares de asistentes a las sesiones celebradas en la Fundación Anselmo Lorenzo.

La huelga general contra el genocidio en Gaza, las movilizaciones del sector de la Enseñanza o la sanidad madrileñas, la crisis medioambiental, la emergencia habitacional, la campaña contra las políticas migratorias y por la regularización de los migrantes, o la manifestación del 1º de mayo interseccional más multitudinario de los últimos años, son algunos hitos compartidos entre organizaciones sociales y sindicales que ahora han dan el paso definitivo para sumar esfuerzos.

Medios de comunicación y policrisis

Para su presentación, las integrantes convocaron el evento denominado I Encuentro Primavera de Luchas, que contó con varios talleres de debate: a primera hora, Mark Bray, Miquel Ramos y Nuria Alabao nos hablaron de la “Internacional reaccionaria y los retos del antifascismo”, y analizaron el auge de la extrema derecha en todo el mundo, el papel que en ello están jugando los medios y su relación con las cuestiones de género, la masculinidad y el neoliberalismo.

Ya al filo del mediodía, Rubén Martínez, Helena Maleno, Josefa Sánchez Contreras y Constanza Cisneros participaron en una charla titulada “La policrisis y el sujeto en lucha”. Por último, representantes de Labor Notes, la red estadounidense que funciona como motor de izquierda en el movimiento sindical y promueve la militancia obrera y un sindicalismo orientado a la acción social, y el MST brasileño, movimiento campesino que lucha por una reforma agraria popular mediante la ocupación de tierras improductivas, han presentado sus experiencias en la mesa “Las militancias de base y las organizaciones de masas”.

Cayendo la tarde, se ha presentado formalmente la iniciativa, con discursos de los convocantes, pero también de diferentes realidades actuales en lucha: Extinción Rebelión, el sector de la educación infantil (0-3 años) en huelga desde hace semanas, la Asamblea por la vivienda de Usera, la Asociación de Vecinos de Orcasur, la sección de la CGT en El Corte Inglés, cuyas mujeres han conseguido abrir una grieta importante en una empresa siempre refractaria a la actividad sindical o la Sección de lo social de CNT, que recientemente ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Provincial contra el alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, por prevaricación y discriminación en la regularización de migrantes. Como broche final, las actuaciones musicales del coro ecofeminista de mujeres Malvaloca, y las bandas Tremenda Jauría y Biznaga han puesto la nota lúdica haciendo bailar a los asistentes.

Mark Bray, historiador y profesor universitario estadounidense que ha tenido que exiliarse en España por las amenazas que ha sufrido en su país, reflejaba el ánimo que flotaba en el ambiente: “las experiencias de Minnesota o más recientemente en Newark [se refiere las movilizaciones frente al centro de detención del ICE conocido como Delaney Hall, donde cientos de migrantes se encuentran llevando a cabo una huelga de hambre] son hitos que marcan el camino en mi país y protagonizan la esperanza de un antifascismo de autodefensa comunitaria desde abajo. Y lo que estoy viendo con la confluencia de luchas es igual de esperanzador, representa el ejemplo de cómo se puede establecer un movimiento de masas antifascista ante la eventual llegada de la extrema derecha al poder”.

Después de casi tres años de trabajo colectivo, este sábado se presentó finalmente la confluencia en Orcasur, pero tal y como afirma Gonzalo Maestro, uno de los impulsores de la iniciativa, “ahora el objetivo inmediato es sacarla de la capital y extenderla a otras zonas de la comunidad, y para ello ya tenemos programados actos en la sierra norte y otros ligares del este y la zona Sur. Y el siguiente paso será encontrarnos con iniciativas similares de otros territorios”. La confluencia ya se ha presentado públicamente, reforzando vínculos y compartiendo experiencias, pero el trabajo para extenderse fuera y seguir aumentando su implantación no ha hecho más que empezar.

Miguel Ángel Fernández es periodista freelance y trabajador de la Fundación Anselmo Lorenzo (CNT)

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La duda durante la pasada noche electoral fue la misma que sobrevoló durante toda la campaña: no era saber quién ganaría las elecciones andaluzas, sino cómo ganaría el PP, con mayoría absoluta o sin ella. Es decir, con holgura para gobernar o teniendo que negociar con Vox. Nada ha podido hasta el momento con el partido liderado por Juanma Moreno, que ha vuelto a ganar las elecciones en Andalucía pero, esta vez, con la duda ya disipada, sin mayoría absoluta, lo que lo obligará a sentarse con Vox.

El Partido Popular ha obtenido 53 escaños, a dos de la mayoría absoluta y cinco menos que en las pasadas autonómicas. En segundo lugar, el PSOE, liderado por la exministra de Hacienda María Jesús Montero, se ha quedado en 28 escaños, uno menos que en 2022, lo que supone, además, el peor resultado de la historia de un partido que, durante casi 40 años, fue hegemónico en Andalucía. Y, en tercer lugar, la ultraderecha de Vox ha ganado un diputado más que en 2022 y logra, así, 15 escaños. “Vamos a defender cada uno de esos votos”, ha dicho, al grito de “prioridad nacional”, el candidato de la ultraderecha, Manuel Gavira.

Hasta aquí, poca sorpresa en una noche electoral que ha dejado mensajes para todos los partidos, incluido el PP ganador –que pierde de este modo su comodidad a la hora de gobernar y se mete en «el lío» que pretendía evitar–, pero muy especialmente para la izquierda que gobierna en España: desde los desastrosos resultados del PSOE, y lo que ello supone para Pedro Sánchez, –“No son unos buenos resultados. Tomamos nota», ha dicho Montero– al sorpasso de Adelante Andalucía a la coalición de Izquierda Unida, Sumar y Podemos.

Liderada por Antonio Maíllo, Por Andalucía –integrada por Izquierda Unida, Podemos, Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes Equo, Alternativa Republicana y Alianza Verde–, se ha quedado con el mismo resultado que en 2022: cinco. Pero no fue una noche fácil: hubo un momento en que el recuento los dejó sin grupo parlamentario propio. “Se ha acabado el tiempo en que la izquierda transformadora retrocedía, independientemente de quién haya conseguido capitalizar eso”, ha afirmado Maíllo.

Su coalición ha quedado por detrás de Adelante Andalucía, liderado por José Ignacio García –anteriormente por Teresa Rodríguez–, que ha pegado un subidón y asciende a la cuarta posición: de los dos escaños de 2022, ha pasado a ocho. Es el único partido que ha crecido en escaños, junto a Vox. «Adelante Andalucía le ha quitado la mayoría absoluta al PP», ha celebrado García. «De momento no los hemos echado, pero Adelante ha llegado para quedarse y somos la principal fuerza de la izquierda en Andalucía», ha concluido.

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Ciento veinte organizaciones de carácter social, académico, político y sindical presentaron hoy un manifiesto a favor de que se aplique la Ley de Memoria Democrática a todos los y las saharauis que «padecieron persecución y violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento, opinión o conciencia por sus actividades de oposición» a la dictadura franquista.

Según reza el manifiesto, en cumplimiento con lo establecido en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, el reconocimiento de las víctimas saharauis «es un acto obligado conforme a los principios de verdad, justicia y reparación». De hecho, resaltan que fue en África donde comenzó el verdadero régimen franquista, ya que fueron los oficiales allí destinados quienes protagonizaron el golpe de Estado de 1936. Además, España administró ese territorio desde 1884 y, tras la reorganización de 1958, lo convirtió en la provincia número 53. A todos los efectos, sus habitantes eran tan españoles como los habitantes de la Península y las islas, y lo fueron hasta que España abandonó el territorio en 1976 y dio vía libre a la ocupación ilegal por parte de Marruecos.

«Denunciamos, además, un trato diferenciado entre la población española de origen europeo, que fue evacuada e indemnizada durante la llamada Operación Golondrina, y la población saharaui, que quedó desprotegida frente a la ocupación militar y perdió en muchos casos la nacionalidad española, derivando en situaciones de exilio y apatridia», señalan los firmantes en un comunicado.

Violencia colonial en el Sáhara

Existe una amplia bibliografía académica sobre la represión franquista en lo que entonces se llamó el «Sáhara español». Uno de los trabajos destacados es el informe Saharauis. Las otras víctimas del franquismo y postfranquismo. Memoria, desmemoria y responsabilidades del Estado español, de Abdeslam Aomar Lahsen, publicado por el Instituto Hegoa de la Universidad del País Vasco. En él se examina pormenorizadamente la historia de violencia colonial desarrollada en este territorio, como la guerra de Ifni-Sáhara (1957), la represión de manifestaciones pacíficas como la de Zemla (tras la que se produjo la desaparición forzada del líder saharaui Mohamed Bassiri) y otras desapariciones ocurridas durante la retirada española. El tratamiento desigual entre los represaliados de los distintos territorios españoles «constituye una discriminación basada en criterios raciales», denuncian los promotores del manifiesto.

Sus firmantes celebran la Ley de Memoria Democrática, pero indican que existe «un vacío histórico relevante al no contemplar expresamente la represión ejercida contra la población saharaui». Por ello, realizan una serie de peticiones al Gobierno y a la Comisión de la Verdad, anunciada el pasado mes de marzo para esclarecer las violaciones de los derechos humanos durante la guerra civil y la dictadura. Entre estas peticiones están:

• el reconocimiento oficial de las víctimas saharauis;
• el acceso a archivos y registros históricos;
• la investigación independiente de los hechos ocurridos durante la Administración española;
• la incorporación del caso saharaui al Plan Estatal de Memoria Democrática;
• la participación directa de víctimas y familiares en los procesos de verdad, justicia y reparación.

De acuerdo a lo recomendado por Naciones Unidas a la hora de abordar los legados del colonialismo y garantizar reparaciones efectivas, las organizaciones que firman este manifiesto concluyen que en el Sáhara Occidental persiste «una deuda histórica pendiente en materia de derechos humanos y reparación».

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Este artículo se publicó originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.

La salida de Jordi Pujol del juicio por la fortuna oculta en Andorra no es solo una decisión procesal: es también un punto de inflexión en una causa que durante años ha funcionado como espejo de una etapa política entera. La Audiencia Nacional ha concluido que, a sus 95 años, el president no se encuentra en condiciones de declarar ni de asumir un proceso penal con garantías. El argumento es médico, humanista y estrictamente legal. El efecto, inevitablemente, es político.

El tribunal llega a esta conclusión después de meses de indefinición. Desde el inicio de la vista oral, los informes periciales coincidían en lo esencial: un deterioro cognitivo suficiente para impedir un interrogatorio en condiciones. Aun así, la sala optó por mantener abierta la posibilidad de su declaración. Solo tras una evaluación directa esta misma semana —con reconocimiento forense y entrevista personal— se ha cerrado definitivamente esa puerta.

El límite del proceso penal ante una figura central del poder

Lo que se cierra ahora no es solo una comparecencia, sino una expectativa. El juicio avanzaba con una anomalía de fondo: la figura que daba sentido al conjunto del caso permanecía fuera de escena, pero no fuera del proceso. Esa ambigüedad permitía sostener la idea de que, en algún momento, el relato judicial podría articularse en torno a su testimonio. Ese escenario ya no existe.

Como apunta Josep Carles Rius, el proceso no se reduce a la responsabilidad individual de un acusado, sino que remite a una época de Catalunya. El pujolismo no operó únicamente como una opción electoral prolongada en el tiempo, sino como una forma de organización del poder, con capacidad para estructurar relaciones institucionales, económicas y sociales durante décadas.

Desde esta perspectiva, la decisión del tribunal plantea un problema difícil de encajar, no tanto en términos jurídicos como históricos, ya que la dilucidación de este entramado pierde ahora la figura simbólica que lo encarnaba.

Una memoria pendiente más allá del juicio

Durante años, Jordi Pujol ha sido una referencia central en la vida política catalana. No solo por su longevidad institucional, sino por la profundidad de su influencia. Como recordaba el periodista Txema Seglers, ha habido generaciones enteras para las que la política tenía un único nombre posible: “Si de pequeño te pedían el nombre de un político, solo sabías decir Jordi Pujol i Soley”.

Ese grado de centralidad explica que su salida del juicio no pueda interpretarse como un cierre. Cuando en 2014 reconoció la existencia de una fortuna no declarada, lo que se abrió fue una crisis de legitimidad que iba más allá de su figura. El caso dejó de ser una cuestión privada para convertirse en un problema estructural. Afectaba a la credibilidad de un modelo político y a la forma en que ese modelo había gestionado sus propios límites.

El juicio ofrecía la posibilidad de ordenar ese debate en términos judiciales, pero la resolución de la Audiencia Nacional interrumpe ese recorrido. Lo hace, ciertamente, por razones que resultan difíciles de discutir desde una perspectiva humanista. Nadie puede ser juzgado sin capacidad de defensa, pero al mismo tiempo introduce una discontinuidad: el principal sujeto del caso deja de formar parte de la escena justo en el momento en que esta podía empezar a producir una explicación más articulada.

La salida de Pujol obliga a formular la pregunta en otros términos. No se trata de su capacidad para declarar, sino de la capacidad colectiva para interpretar una etapa y determinar hasta qué punto se han identificado sus mecanismos y de qué manera se integran en el relato político contemporáneo.

El juicio continúa. Pero la parte más incómoda del caso —la que tiene que ver con la memoria y con la estructura del poder— queda, de momento, fuera de la sala.

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Este artículo forma parte del dossier ‘Obreros de ultraderecha’. Puedes conseguir la revista y suscribirte en el kiosco de ‘La Marea’.

Mono azul, gesto adusto, ceño muy fruncido, un envarado saludo militar. La capilla ardiente de Francisco Franco en el Palacio de Oriente convoca una larguísima cola de gente entre la que hay partidarios como este, simples curiosos y algún antifranquista que quiere asegurarse de que el rigor mortis del eterno Generalísimo está atado y bien atado. Y este obrero. Suponemos que lo era, por el mono azul. Es una imagen icónica. Se queda ahí, tieso como una vela o un garrote vil, y el servicio de seguridad tiene que empujarlo para que avance.

No sabemos quién era, como no conocemos la identidad de aquella señora que, en otra grabación emblemática de aquellos años transicionales, berrea a cámara que el Sagrado Corazón de Jesús nos ayudará en este baño de sangre. Perdieron su nombre y apellidos y se convirtieron en arquetipos: la furia nacionalcatólica, el obrero de derechas.

Hubo obreros franquistas, un obrerismo franquista, había habido un obrerismo falangista. El azul mahón de la camisa-uniforme de Falange provenía de aquellos monos; el rojo y negro de la enseña del partido, de la bandera anarquista. Trampas bastante burdas de lo que fundamentalmente eran señoritos con apellidos como Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, pero reclutaron a algún obrero real, igual que lo habían hecho los sindicatos católicos.

¿Nada más tonto que un obrero de derechas? ¿Sería, pues, el sumun de la tonticie ser un obrero franquista? No necesariamente. A algunos obreros puede interesarles que la derecha triunfe, porque es complejo el asunto del interés. Nunca se limita al dinero. Hay siniestros salarios emocionales: ser, por ejemplo, caudillo de tu casa, generalísimo de una esposa de pata quebrada, que en casa te reciba, después de que te exploten en el tajo, con una cena caliente, las zapatillas preparadas y una copita de Soberano, y a la que puedas calzarle una hostia sin que se queje. Las leyes del franquismo dictaminaban que la mujer debía pedir permiso a su marido para trabajar, firmar contratos o abrir cuentas; su delito de adulterio se ensañaba solo con las adúlteras; si a un uxoricidio se le apreciaba «causa de honor», la pena se atenuaba considerablemente. Y de esto se beneficiaban los gobernadores civiles, pero también los fresadores de la Perkins.

Malvados, pero no tontos

Franco y los franquistas eran malvados, pero no tontos, aunque a cierto mito antifranquista persistente le guste conceptuarlos así. Si hubieran sido tontos, no hubieran ganado tres guerras: la literal de 1936-1939; la supervivencia post-1945, tras la derrota del Eje, y, treinta años más tarde, la de la transición reformista o rupturista.

Con respecto a los obreros, supieron repartir, no solo palos, sino también zanahorias. Franco se había forjado en el Rif, pero también en la Asturias natal de su esposa, oriunda de una ciudad en la que, en 1934, la última comuna obrera de Europa Occidental –que la República de derechas encargó sofocar a Franco, con técnicas rifeñas– había reventado con dinamita la Cámara Santa de la catedral. El recuerdo de la Asturias roja preocupó siempre a un dictador que supo que, para desactivarla, hacía falta usar algo más que la violencia.

Los derechos recogidos en el Fuero del Trabajo, a los cuales se acogía el antifranquismo entrista; la vivienda de protección oficial o algunos proyectos emblemáticos del franquismo autárquico (de las universidades laborales a poblados modelo como Ciudad Pegaso, en Madrid; Llaranes, en Asturias, vinculado a ENSIDESA; o el poblado de ENCASO en Puertollano), fueron algunas de esas zanahorias.

Eran mucho menores y de peor calidad que las prebendas que conquistaban los trabajadores de las democracias keynesianas, que las consagraban como derechos en lugar de repartirlos como óbolos de caridad, cancelables a capricho del poder dictatorial y en cualquier momento. En Reino Unido, Países Bajos, Suecia o Francia la inversión pública en vivienda comportaba del 2 al 5% del PIB; se sujetaba a normativas de metros mínimos por habitante, calefacción, baño propio, cocina equipada y servicios urbanos modernos; y generó porcentajes del 20 o 30% del parque total, que se disparaba más allá en algunas ciudades.

Mientras tanto, en España la vivienda protegida no pasaba del 0,5% del PIB y del 5 a 7% del parque construido, y lo frecuente era que se construyera con superficies muy reducidas, sin baño completo o calefacción, con materiales baratos y rodeada de un adecentamiento urbanístico negligente o inexistente. Negligencia que hacía que muchos de esos vecinos forjaran poderosas asociaciones para reclamar alumbrado, asfaltado o colegios, que solieron acabar más o menos vinculadas al partido comunista.

Pero la memoria es selectiva, y ante problemas actuales como la crisis habitacional, al neofranquismo le resulta muy fácil convertir esos aspectos de la dictadura en nostalgia política del siglo XXI, propagada a través de memes y bulos. En ellos se deslizan nostalgias de otro tipo: no había «negros», «moros», «manolos» o «feminazis» en Llaranes. Y lo que sí había era lo que así recuerda una de sus habitantes, Ana Rosa Iglesias, en una entrevista en Nortes:

Se vigilaba a las familias. Había una monja, sor Vicenta, que se encargaba de eso. Las familias tenían que tener a los niños de una manera, no se podían hacer determinadas cosas, había que ir a misa… O el tema de los malos tratos. Porque había muchos malos tratos. Yo recuerdo vivirlo de bien pequeña. Vi saltar a una mujer por una ventana con el cuchillo del marido, borracho, detrás. Había mucho de eso. Y de padres a hijos, también. Lo veías en el colegio y en las casas de alrededor. Un día, tendría yo doce años, vinieron a detener a los padres de una niña, porque la habían intentado vender. Las familias normales trataban de ocultarte estas cosas, pero lo veías. O a lo mejor atar a un guaje que había hecho algo mal y llevarlo por alrededor de las casas dándole latigazos, para que la gente viera que el padre podía con el hijo.

La nostalgia del cuchillo y del latigazo puede ganar, hoy, unas elecciones. Votada por señoritos, y también por obreros.

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Este artículo ha sido publicado originalmente en Democráter, un espacio de análisis político y social que apuesta por una mirada profunda a los distintos temas que preocupan a la ciudadaníia.

17 de mayo. Es la fecha anunciada por el presidente andaluz, Juanma Moreno, para las próximas elecciones autonómicas, un mes antes de lo previsto. En la casilla de salida los andaluces encuentran a un presidente popular que viene de una histórica mayoría absoluta; como líder de la oposición, a una ministra con todas las encuestas en contra; a un bloque de izquierdas en plena reorganización y a una ultraderecha en auge.

Andalucía es una comunidad autónoma extensa –en tamaño y población– donde las circunscripciones electorales son provinciales. Ocho contiendas definirán, por tanto, el resultado final, con una sistema D’Hondt que beneficia a los peces grandes y una barrera electoral del 3% para sumar a un representante en el Parlamento.

Aunque la sensación de precampaña lleva ya tiempo en el aire, la campaña electoral arrancará oficialmente el 30 de abril. La cuenta atrás ya ha comenzado. A continuación hacemos un repaso por los puntos fuertes y flancos débiles de cada uno de los candidatos a la Junta de Andalucía.

Moreno se juega depender de la ultraderecha

Presidente de la Junta desde 2019, Moreno Bonilla viene de vivir una legislatura arrolladora gracias a la histórica mayoría absoluta de 2022. Pero la crisis de los cribados, que estalló en octubre de 2025, supuso un punto de inflexión. Fue –y sigue siendo– el mayor lastre de su gobierno. Por otro lado, ha sabido moverse bien tras el accidente de Adamuz y los destrozos por los temporales, mostrándose colaborativo con administraciones del PSOE y poco beligerante en los momentos más difíciles.

Pros: la moderación es la clave

Los siete años de gobierno no han desgastado al líder popular, cuya victoria el 17M parece clara. La mayoría absoluta le ha permitido alejarse del discurso ultra de Vox, al tiempo que ha hecho y deshecho a su antojo en el Gobierno andaluz según ha ido necesitando. Su imagen de político moderado en un entorno político cada vez más polarizado es, sin duda, el punto fuerte de su candidatura.

Según una encuesta realizada por Gesop, Moreno Bonilla sigue siendo el candidato mejor valorado por los andaluces. En estas elecciones se juega revalidar la mayoría absoluta o depender de los pactos con Vox, que tantos dolores de cabeza está provocando al PP en otras comunidades autónomas.

Contras: la sanidad pública hace aguas

En octubre de 2025 estalló la mayor crisis del gobierno popular: la crisis de los cribados. Entre 2.000 y 3.000 mujeres no fueron informadas debidamente de un posible cáncer de mama y no obtuvieron pruebas complementarias. Hasta 6.400 mamografías, según El País, se quedaron sin hacer en el Hospital Virgen del Rocío por falta de personal.

A su vez, la percepción general es que la sanidad andaluza está en mal estado, con listas de espera inasumibles y una sensación de indefensión creciente. Según el último barómetro del CENTRA, la sanidad es el principal problema que existe en Andalucía.

La expresidenta socialista Susana Díaz decía que la sanidad era la “joya de la corona”. Fue precisamente la mala gestión de la misma la que se llevó por delante al PSOE en Andalucía tras 40 años de gobierno. Las listas de espera han aumentado, la desafección con el Sistema Andaluz de Salud (SAS), también. Los andaluces recurren cada vez más a un seguro privado como alternativa a un sistema público que tiene demasiados agujeros.

Montero, una ministra ‘impopular’

El anterior líder socialista en Andalucía, Juan Espadas, logró 30 escaños en 2022. El resultado fue bajo, pues el PSOE aún no se había recuperado de la pérdida del gobierno y el nuevo liderazgo estaba aún por construir. Cuatro años después, las tareas pendientes son las mismas. Como consecuencia, todas las encuestas dan peor resultado a María Jesús Montero que a su predecesor.

La sevillana ha sido una de las últimas en comenzar su campaña. A pesar de que es candidata desde el pasado verano, no fue hasta el 28 de febrero cuando intensificó su actividad en la comunidad. Paralelamente, sigue manteniendo hasta el momento su asiento en Madrid y su puesto como ministra de Hacienda, lo que hace imposible que dedique el mismo tiempo que sus rivales a recuperar terreno electoral.

Pros: la fuerza de las siglas

Uno de los elementos que juegan a favor de la candidata socialista es que el PSOE andaluz, aunque aletargado, sigue teniendo presencia e implantación a lo largo y ancho de la comunidad. Alcaldías, diputaciones y líderes territoriales deberán ponerse las pilas si quieren mantener a flote unas siglas que son históricas en Andalucía. Montero puede levantar la bandera andaluza al ser ella víctima directa de la andaluzofobia, recibiendo constantemente insultos por su acento y su forma de hablar.

Su campaña pivotará, como no podía ser de otra manera, en torno al único talón de Aquiles de su adversario: la sanidad. Montero podría valerse de su experiencia como consejera de Salud entre 2004 y 2009, aunque esta estrategia es un arma de doble filo: el último recuerdo que tienen los andaluces de la sanidad a manos de los socialistas no es muy positivo.

Contras: poca presencia y reputación

La líder socialista ha sido catalogada por sus rivales como una ‘candidata de fin de semana’. Compaginar la tarea de ministra de Hacienda con la de oposición al presidente de la comunidad más grande de España no es tarea fácil. En estos meses, Montero no ha trabajado el territorio andaluz; sus visitas han sido esporádicas.

Y, aunque goza de un amplio grado de conocimiento, su reputación está en mínimos: es la candidata peor valorada en general y también entre sus votantes, según una reciente encuesta de Gesop.

La gestión de la financiación autonómica, por otra parte, puede pasarle factura. Catalunya fue la más beneficiada en este reparto, lo cual supone un agravio comparativo para el resto, incluyendo la comunidad a la que aspira a presidir.

Maíllo, suplente en la no-confluencia de izquierdas

Vuelve Antonio Maíllo a la arena andaluza. Es la segunda vez que acude al rescate: en 2015, al frente de Izquierda Unida, logró cinco escaños frente al auge del fenómeno de Teresa Rodríguez y Podemos. En esta ocasión, sólo 30 días después de que Ernesto Alba fuera designado como candidato, Maíllo tomó las riendas para reflotar a una confluencia en horas bajas.

Por Andalucía se ha quedado corta. El principal reto de la formación era revalidar su unidad con Podemos, pero ahora no parece posible. Los cinco diputados de Por Andalucía se han mantenido distantes todos estos años: por un lado, Alejandra Durán y Juan Antonio Delgado, de Podemos; y, por otro, Inmaculada Nieto (IU), Esperanza Gómez (Más País-Andalucía) y José Manuel Jurado (en un principio de Podemos, se pasó al bando contrario y actualmente apoya a Maíllo).

Pros: un líder conocido y con experiencia

El punto fuerte de Antonio Maíllo radica, principalmente, en que es uno de los líderes más conocidos por los andaluces. Mantiene una imagen de concordia, aunque está sufriendo los estragos de la no-unidad. Como Montero, juega con la baza de que su partido, Izquierda Unida, cuenta aún con alcaldías y presencia en el territorio. Además, el cordobés conoce bien el terreno andaluz y tiene experiencia: sabe lo que es hacer una campaña a contracorriente para salvar los muebles.

Contras: víctima de la división

El asunto de la no-unidad con Podemos está y estará presente durante todo el periodo electoral. Por Andalucía se considera a sí misma una confluencia, pero el único partido relevante es Izquierda Unida. Sumar, que aparece también en esta confluencia, no se sabe muy bien qué es en Andalucía más allá del partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz.

Antonio Maíllo tiene también mucha agenda fuera de Andalucía. Compagina su papel como candidato con el de coordinador federal de IU. Por si fuera poco, está enfrascado en otro proceso difícil: reconstruir la candidatura de Sumar y buscar una cara visible para cuando sea Pedro Sánchez quien apriete el botón de las elecciones.

Esta dispersión en las funciones no ayuda a generar confianza en el electorado. No está claro que vaya a permanecer en el sillón cuatro años frente a un previsible gobierno de Juanma Moreno, ahora que tiene la mente puesta en Madrid.

José Ignacio García: poco conocido, bien valorado

Alejado de las disputas de otros partidos de izquierdas, José Ignacio García y Adelante Andalucía cuentan con una hoja de ruta clara. Como consecuencia, este partido, de marcado carácter andalucista, puede presumir de ser el único que ha crecido en los últimos meses, además de Vox.

En un momento donde las izquierdas parecen encontrarse alicaídas y derrotadas, García promulga un discurso fresco y moderno para sus seguidores. Sin otras distracciones, está presente en el día a día de la comunidad y del Parlamento: al contrario que Montero y Maíllo, García rivaliza cada semana con el presidente andaluz en la Cámara.

Pros: el mejor valorado de la izquierda

A pesar de ser poco conocido, José Ignacio García es el candidato mejor valorado, sólo por detrás de Moreno Bonilla, según Gesop. Entre su propio electorado, es también quien obtiene mejor nota.

Su actividad versa sobre cuatro ejes que coinciden con los principales problemas de los andaluces, según el ‘CIS andaluz’: sanidad, vivienda, desempleo y corrupción. En estos años ha llevado al Parlamento propuestas constructivas como la Ley de Gafas Gratuitas, la Ley de Vivienda o la Ley por los Comedores Escolares Dignos.

Pero el punto fuerte de José Ignacio García está en el entorno digital. Cuenta con un gran número de seguidores en redes sociales y se dirige con naturalidad al público joven. Como anécdota, cabe destacar que presentó su candidatura con un festival de música en lugar del habitual mitin, y ha preparado una campaña puerta a puerta para conocer las necesidades de la población, imitando el método de Mamdani en Nueva York.

Contras: un líder desconocido

La principal debilidad de García es el bajo grado de conocimiento. Aunque mejora su valoración encuesta tras encuesta, apenas lo conocen un 20% de los andaluces. La carrera del jerezano es contra el tiempo, y la extensión del territorio andaluz no ayuda.

Muy presente y con posibilidades en el occidente de la comunidad, el candidato de Adelante Andalucía tiene serios problemas para alcanzar el 3% necesario en provincias como Jaén, Granada y Almería, territorios donde es menos conocido que en Sevilla o Cádiz.

Adelante Andalucía sólo tiene dos escaños, por lo que no cuenta con grupo parlamentario propio. Esto implica menos recursos económicos que sus adversarios. Así, Adelante Andalucía compite en una desigualdad material.

Gavira, el candidato en la cuerda floja

Manuel Gavira es el portavoz y posible candidato de Vox en Andalucía, aunque aún tendrá que ser confirmado por su partido (con un fuerte control estatal en las manos de Santiago Abascal). A Gavira le sobrevuela Pepa Millán, una joven política que actualmente es portavoz en el Congreso. Ambos luchan por un gran premio: si a Moreno Bonilla no le dan los números para una mayoría absoluta, uno de los dos puede ser vicepresidente de la Junta de Andalucía.

Pros: el partido sigue creciendo

Los puntos a favor del por ahora candidato andaluz son los puntos a favor de Vox. El auge del partido de extrema derecha se materializa de norte a sur de España. El partido de Abascal ha mejorado sus números en las últimas elecciones autonómicas, logrando 11 asientos en Extremadura (6 más respecto a las anteriores), 14 en Castilla y León (uno más) y 14 en Aragón (siete más).

Al electorado de Vox no le importa el carisma del candidato, es un votante que busca las siglas. Vox se ha convertido en el principal rival de Pedro Sánchez, y el partido de ultraderecha capitaliza el desgaste del presidente.

Contras: Gavira se estanca

Aunque la formación crece, el candidato andaluz no mejora sus cifras personales. No es de extrañar que la duda planee sobre él a escasas semanas de las elecciones. Vox crece en Andalucía a dos tiempos: Manuel Gavira está estancado, a pesar de que lidera la formación en la comunidad desde 2022, y no lo quieren como presidente de la Junta ni sus propios votantes.

A Vox le ha crecido un nuevo problema. En el seno del partido han surgido numerosas fricciones entre sus caras más conocidas: Espinosa de los Monteros u Ortega Smith ya no forman parte del núcleo de Santiago Abascal, y las voces discordantes no dejan de aumentar. En este caldo de cultivo, y contra todo pronóstico, ha surgido un competidor en su mismo espacio político: Se Acabó la Fiesta, del sevillano líder de masas Alvise Pérez.

Se Acabó la Fiesta, las ardillas de Alvise juegan en casa

El mediático Alvise Pérez (Luis Pérez Fernández) sigue con su ruta electoral para visitar, por fin, la que es su casa. Este sevillano es ampliamente conocido en redes sociales y logró un puesto en el Parlamento Europeo con su partido Se Acabó la Fiesta. El aforamiento que le otorga este puesto le sirve para eludir, por ahora, las distintas causas judiciales que tiene abiertas.

A Alvise no le ha ido bien en la arena española. No ha logrado representación en ninguna de las comunidades, aunque se ha hecho con un buen puñado de votos que le sirve, al menos, para presumir de superar a Podemos. Para estas elecciones andaluzas ha elegido como candidato al también sevillano Adrián Yacar, un polifacético policía nacional que ha montado una empresa de IA y que tiene por la red un videoclip cantando junto al Pequeño Nicolás.

Pros: el número 1 en redes

Alvise se mueve realmente bien en el terreno de las redes sociales, donde es el líder indiscutible. Aunque esto no se está trasladando directamente a los votos, le está permitiendo movilizar a sus seguidores. Además, se está beneficiando de las grietas que hay en Vox, pescando, comicio tras comicio, entre su caladero de votantes.

Contras: la ley electoral le augura un 0

Adrián Yacar no es conocido. Tampoco cuenta con experiencia política. Su partido, SALF, no tendrá demasiado espacio en los medios y no podrá acudir a los debates, al no tener representación institucional. Aunque crecen con paso lento, cuentan con el gran problema de la ley electoral andaluza, que obliga a sacar un 3% de votos en una única provincia para lograr un representante.

Podemos, camino a la desaparición

Desde su irrupción en 2014, Podemos ha pasado por numerosos estados de ánimo, y actualmente se encuentra en horas bajas. Las disputas internas del partido han sido una constante desde sus inicios. Para estos comicios, aunque un buen número de responsables andaluces estaban a favor de explorar una unidad electoral con IU, la dirección de Belarra, afincada en Madrid, ha hecho imposible este encuentro.

Su candidato, Juan Antonio Delgado, es un viejo conocido del partido morado (‘el Guardia civil de Podemos’) pero aunque ha estado cuatro años con una butaca en el Parlamento, se ha mantenido con muy poca actividad política hasta que han llegado las elecciones.

Pros: una vieja cara conocida

Cuesta encontrar un mensaje optimista para el votante de Podemos. Las elecciones que preceden a las andaluzas no auguran nada bueno. Donde han acudido en solitario, Aragón y Castilla y León, han desaparecido. Sólo en Extremadura han logrado representación, pero lo han hecho con una coalición que ahora parece imposible.

Como punto a favor, Juan Antonio Delgado es moderadamente conocido, igual que Gavira (Vox) y más que José Ignacio García (Adelante Andalucía).

Contras: la marca en horas bajas

Podemos se encuentra en un mal momento. La marca morada no garantiza buenos resultados, todo lo contrario. A su vez, Delgado ha desaprovechado la oportunidad de construir una alternativa en los cuatro años que ha estado como diputado andaluz. En su lugar, ha estado desaparecido. Mucha más presencia ha tenido su compañera Alejandra Durán, que se ha mostrado presente en iniciativas y eventos sociales, pero que no ha podido optar a ser la candidata a las elecciones.

Tampoco le ayuda la fuga de su líder más carismático. José Manuel Jurado, que entró en Por Andalucía como diputado y militante de Podemos, se ha pasado al bando ‘ganador’ de Antonio Maíllo. Una grieta más para un partido con demasiados problemas que ya escucha de fondo a los violinistas del Titanic ensayando para adornar el hundimiento.

Actualización 27 de marzo a las 9.50 h.

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Hablar de sindicalismo de derechas podría parecer un oxímoron si no fuera porque desde los mismos orígenes del movimiento obrero hubo organizaciones patronales dedicadas a promocionar la creación de sindicatos «amarillos» que pudieran servir a sus intereses atrayendo a trabajadores desclasados. El sindicalismo de derechas explotaría con toda virulencia en España en las primeras décadas del siglo XX, y muy particularmente en su epicentro industrial: Barcelona. Allí se fundarían en 1919 unos sindicatos «libres» de la mano de los círculos tradicionalistas, que en los siguientes años iban a confrontar de manera violenta la hegemonía de una todopoderosa CNT capaz de arrancar la jornada de las ocho horas en la huelga de La Canadiense.

Integrados en un principio por trabajadores del comercio, la banca y otros sectores no industriales, pronto reclutarían también una amalgama de mercenarios de fortuna que, bajo la protección del gobernador civil, el general Martínez Anido y el jefe superior de policía Arlegui, se dedicarían a intentar descabezar a la anarcosindical a fuerza de atentados. Así caerían asesinados su secretario en Catalunya, Salvador Seguí, y el abogado de los sindicalistas Francesc Layret; y quedaría gravemente herido Ángel Pestaña, secretario nacional de la Confederación. Por su parte, los cenetistas responderían con la misma receta, entrando de ese modo en la espiral del pistolerismo que tan bien reflejaría Eduardo Mendoza en La verdad sobre el caso Savolta.

Con similar objetivo nacería en 1934 la Central Obrera Nacional-Sindicalista (CONS) en Madrid, que pronto se dedicaría al esquirolaje violento, en ramas como la de la construcción. Tanto los sindicatos libres como la CONS desaparecerían con la guerra civil sin haber conseguido implantarse de manera significativa.

Después de 1939, y con las organizaciones obreras ilegalizadas, el régimen fundaría la Organización Sindical Española (OSE), comúnmente conocida como Sindicato Vertical, un Frankenstein que agrupaba de manera obligatoria en su seno a obreros y empresarios –«productores» en la terminología franquista– y cuya estructura reflejaba los ideales fascistas del Estado corporativo. Creado para cercenar cualquier atisbo de conflictividad laboral, iría perdiendo influencia durante los últimos años de la dictadura.

Nuevos sindicatos

De los rescoldos del franquismo surgiría Fuerza Nueva, un partido heredero del régimen presidido por el procurador en Cortes Blas Piñar; y poco después, un sindicato, Fuerza Nacional del Trabajo (FNT), correa de transmisión del primero, que sería presentado públicamente en 1979 como «la presencia del ideario político de Fuerza Nueva, en lo laboral», entendiendo como trabajador a «todo el que participa en la producción nacional, ya lo haga como obrero, técnico o empresario». Los requisitos para afiliarse eran «la creencia en la existencia de Dios, la defensa de la unidad de la Patria y la defensa de la justicia social».

Pese a organizar cooperativas de taxistas en algunas provincias, en general tuvo una implantación reducida a ciertos sectores de la sanidad, a algún departamento en el Ayuntamiento de la capital y poco más.

Décadas después, Vox daría un paso similar con la creación de Solidaridad: «Un sindicato nacional en defensa de nuestros trabajadores, nuestras familias y nuestro patrimonio, frente al callejón sin salida de la inmigración ilegal masiva». Su primer secretario, Rodrigo Alonso, diputado del partido en el parlamento andaluz, cedería el testigo en 2005 a Jordi de la Fuente, exdirigente del partido neonazi MSR (Movimiento Social Republicano). A Solidaridad no se le conoce actividad sindical reseñable, y la movilización que más espacio ha ocupado en los medios, la huelga general de 2023 «contra la ley de amnistía y los pactos del PSOE con los independentistas», se saldó con un nulo seguimiento, tan solo respaldado por Denaes, fundación afín al partido; Revuelta, la sección juvenil implicada recientemente en el escándalo del desvío de fondos por la dana… y no mucho más. Por otro lado, en su página web no se especifica estructura territorial o sectorial alguna salvo, paradójicamente, el de una sección sindical de riders, colectivo fundamentalmente migrante y racializado.

Sindicato de reminiscencias fascistas es también Unión Nacional de Trabajadores (UNT), fundado en enero de 1978 y considerado heredero de la CONS original. Se trata de una pequeña organización que, según sus propios datos, está implantada en sectores como el de la seguridad, el profesorado de religión o las administraciones de loterías. Desde 2008, su presidente es el abogado y exmilitar Jorge Garrido San Román.

Sin llegar a los extremos de Solidaridad o UNT, actualmente existen otros sindicatos que podrían considerarse sociológicamente conservadores como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), mayoritaria en la función pública o la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), aunque ambos se definen independientes y no supeditados a ninguna ideología política. Más cercana a discursos de la extrema derecha estaría Justicia Policial (JUPOL) que, pese a su supuesta independencia política, suele participar en protestas amparadas tanto por PP como por Vox.

Bola extra

Dejamos para el final el singular fenómeno de Manos Limpias, el autoproclamado sindicato de funcionarios públicos fundado en 1995 por Miguel Bernad, quien debería haber sido el sucesor de Blas Piñar en Fuerza Nueva si el partido no hubiera desaparecido antes. Manos Limpias destaca por su protagonismo en procesos mediáticos como el juicio del 11-M, la querella contra Baltasar Garzón o los últimos casos de corrupción, reales o ficticios, que han vuelto a colocar al pseudosindicato en el foco mediático al personarse como acusación popular en la causa contra Begoña Gómez, la jueza de la dana o el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Aparentemente, no constan mejoras laborales para su afiliación, pero de lo que no queda duda es de su activismo político. Recientemente, su letrado en el caso de Begoña Gómez renunciaba a seguir representando a la organización, acusándola de situarse exclusivamente «en el terreno de la controversia política y mediática».

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De una tierra conservadora y en detalle desconocida como Castilla y León lo que no se espera nunca es la sorpresa. Pero este es un tiempo de cambios y las elecciones autonómicas de 2026 han sido, sobre todo, lo que nadie esperaba. El PP estaba preocupado por la movilización de sus votantes, en los segundos comicios a Cortes despegados de los municipales, y Vox prometía seguir en la ola superando el umbral del 20% por primera vez en una autonomía. Al PSOE nadie le auguraba una noche tan buena y su aspiración de, al menos, poder decir que ganaba las elecciones (se quedó a casi 60.000 votos y 3 escaños) se fiaba a la penetración de los de Santiago Abascal en territorio popular. La Unión del Pueblo Leonés (UPL) quería rubricar un triunfo histórico con grupo propio y sorpasso al PSOE, y quedó encallada. Los localismos de Soria ¡Ya! y Por Ávila perdieron fuelle. Y desaparecen del hemiciclo IU-Sumar, Podemos y Ciudadanos.

Alfonso Fernández Mañueco, el hombre que con 60 años lo ha sido todo en 31 de los 38 que su partido ha gobernado en Castilla y León, es el único con posibilidad de presidir la Junta de nuevo, pero tendrá que volver a hacerlo con un Vox que ya salió de espantada por mandato nacional a mitad de legislatura y que lo llama “canalla” y de quien él ha dicho que es un partido que quiere “tirar gente [migrantes] al mar”. El domingo por la noche, en el cuartel electoral del PP en su Salamanca natal, estaba contento y aliviado: cree que con el pinchazo de Vox (al que casi duplica en votos) sobre las expectativas, ahora a los de Abascal se les bajarán los humos y se sentarán a negociar en base al programa del PP, sin apretar.

El nuevo líder de la oposición, el socialista Carlos Martínez, confía en que la negociación de tantos gobiernos autonómicos resulte en una ruptura en la derecha que lleve a una repetición electoral. Sabe que la campaña se le ha quedado corta y él no está acostumbrado a perder: ha sido cinco veces alcalde de Soria y tiene la única mayoría absoluta del PSOE en una capital de provincias. Siguiéndolo en campaña (rápido, porque llegó a visitar cinco provincias en día y medio), muchos intuyeron lo que acabó confirmándose la noche del domingo: que era un buen candidato socialista para Castilla y León. Un hombre común, desenfadado, que hace “pincho-mítines” con un botellín en la mano; al que no han enseñado todavía a hablar como un político moderno, que dice cosas inusuales y no rehúye preguntas, con un discurso muy aterrizado en los servicios públicos y la igualdad, cercano, un alcalde con peña al que mantean en fiestas.

La etapa Mañueco en Castilla y León ha estado marcada por la ola del gran cambio político contemporáneo en España. En 2015 –las últimas elecciones de su predecesor Juan Vicente Herrera–, la tercera fuerza en Cortes era Podemos con 10 escaños. Ahora no llega a los 10.000 votos, casi la mitad que el partido de Alvise y apenas el doble que el PACMA. La coalición IU-Sumar triplica los apoyos de Podemos, pero ni siquiera yendo juntos a estos comicios habrían mantenido el escaño en la única provincia donde tenían posibilidades: Valladolid. No es la única explicación, pero sí les ha hecho daño el voto estratégico: las circunscripciones provinciales, sobre todo las más pequeñas, han sido históricamente un lugar en el que la izquierda alternativa (antes IU en solitario) veía cómo se le perdían votos sin representación. En estas elecciones los votantes han querido asegurarse de que su voto vaya a un saco seguro: los de derechas al PP, el statu quo, y los progresistas o centristas (a los que les espanta la ultraderecha) al PSOE. El voto a los dos grandes partidos es muy leal en Castilla y León, y tienen algo que a Vox (y a Podemos y a Sumar) se le ha dado especialmente mal: cuadros de partido y despliegue territorial. IU sí resiste, a su escala, en ese aspecto.

En 2019, cuando el PSOE de Luis Tudanca ganó las primeras elecciones de un Mañueco que se estrenó con el peor resultado de su partido en su gran bastión, Ciudadanos (tercera fuerza con 12) tuvo en su mano ofrecer a los castellano y leoneses la posibilidad de conocer un gobierno que no fuera del PP e hizo lo contrario. Esa apuesta acabó con adelanto electoral. Ahora se ha quedado por debajo de los 5.000 votos y fuera de las Cortes. El que fuera vicepresidente de ese Gobierno, Francisco Igea, pidió el voto en estas elecciones para IU-Sumar en Valladolid. Cosas veredes. En 2022, una campaña en Castilla y León con gran seguimiento nacional a diferencia de esta, Vox llegó a su primer gobierno autonómico con 13 procuradores. Juan García-Gallardo, ese joven político estridente del “latido fetal” de quien Abascal dijo aquello de que se le estaba poniendo cara de vicepresidente, tuiteó el domingo, desde la ruptura hostil con el líder, un acertado análisis de la noche: “Es el bipartidismo y no Vox el que hoy está de fiesta”.

Castilla y León es una comunidad enorme y compleja. Nacida de la unión de una región histórica (León) y otra desmembrada (Castilla) como contrapeso español a los nacionalismos periféricos, alberga realidades diversas: voto urbano más progresista que el rural, que decrece; León –y ahora Soria con su alcalde– como diques socialistas en un mar azul de interior. Pero tiene un elemento definitorio: su votante medio supera los 50 años. Este grupo demográfico lo domina todo –incluso cómo se hacen las cosas: “así, como se han hecho siempre”– y está harto de los sobresaltos de los dos últimos gobiernos de coalición fallidos.

Vox no acertó a la hora de ponerse el listón en el 20% de los votos: ni el campo de Castilla y León –amarrado por alcaldes del PP desde hace casi 40 años y sin grandes empresas como las que tiene, por ejemplo, Murcia– ni su demografía favorecen su crecimiento. Su ascenso se sustenta en el nuevo votante, jóvenes de entre 18 y 25 años, la parte inicial del éxodo continuo que condena a esta comunidad: más de 1 millón de sus nacidos viven fuera de ella. Dentro apenas 2,4 millones y cada vez más envejecidos.

En estas elecciones se han equivocado la mayoría de las encuestas (el CIS no tuvo mala puntería, aunque con horquillas amplias), los análisis, los partidos, todos, en definitiva, al no concebir que las urnas tienen vida propia y que este es un tiempo de cambios, aunque el cambio en esta tierra conservadora sea una vuelta (parcial) al bipartidismo. Una vuelta a casa, a lo (malo o bueno) conocido, después de un par de aventuras que no salieron bien.

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El escenario electoral en Castilla y León sigue siendo muy similar tras las elecciones autonómicas celebradas este domingo. Con 33 escaños, el PP liderado por Alfonso Fernández Mañueco ha vuelto a ganar los comicios. Y, aunque sube dos más, queda lejos de la mayoría absoluta, con lo que necesita otra vez a Vox para poder gobernar. La ultraderecha, con 14 procuradores, ha logrado uno más que en 2022, cuando entró por primera vez en un gobierno autonómico, pero no ha conseguido romper la barrera del 20% que esperaba.

Liderado por Carlos Martínez, el PSOE, con la sombra de Aragón y Extremadura, ha ganado sin embargo dos escaños con respecto a 2022 y sube así a 30, lo que le permite, al menos, respirar. Pero Podemos e Izquierda Unida, que han ido cada una por su lado en estas elecciones, han desaparecido del arco parlamentario castellano-leonés. «0 escaños a la izquierda del PSOE. No hacer algo (o hacer lo de siempre) es pura negligencia», ha expresado nada más conocer los resultados Gabriel Rufián, quien está batallando por articular una izquierda plurinacional. También ha desaparecido Ciudadanos.

Los otros tres partidos que seguirán en la cámara autonómica son Unión del Pueblo Leonés y Por Ávila, que mantienen 3 y un procurador respectivamente. Soria Ya se queda con uno de los dos que tenía.

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Uno. El clima

Muchos lectores recordarán el anuncio o habrán oído hablar de él. Ante sus horas más bajas, el Atlético de Madrid puso en circulación a principios de la década de 2000 un ingenioso spot en el que se veía a un niño y su padre circulando por unas calles de Madrid atestadas de madridistas celebrando los triunfos de su equipo mientras los colchoneros acababan de hundirse en el pozo de la Segunda División. El anuncio terminaba con el niño formulando esta pregunta, mitad enternecedora, mitad letal: “Papá, ¿por qué somos del Atleti?”. 

Viendo el envenenado clima político del país y escuchando las cosas tremendas que los políticos, aunque ciertamente unos mucho más que otros, se dicen entre sí, cabe imaginar a ese mismo niño yendo en el coche con su padre alcalde, concejal, consejero o ministro; concluido el noticiario radiofónico que ambos acaban de escuchar, el hijo del alto cargo preguntaría lo mismo que el hijo del colchonero: “Papá, ¿por qué te hiciste político?”. 

Dos. Cretino, capullo, mentiroso

Los medios de izquierdas contabilizaron en su día los siguientes insultos proferidos desde las derechas contra Pedro Sánchez desde que es presidente del Gobierno: inmoral, irresponsable, cretino, capullo, hijo de puta, indecente, traidor, tirano, populista, corrupto, déspota, caudillista, ególatra, felón y sectario. Y ahí va ahora la relación de epítetos proferidos desde la izquierda contra Alberto Núñez Feijóo que recopilaron los medios de derechas: vago, mentiroso, populista, incompetente, extremista, cínico, insolvente y extremista. 

Es obvio que la derecha insulta más y mejor que la izquierda, aunque huelga decir que, para ser verdaderamente exhaustivas, ambas recopilaciones deberían haber incluido los dicterios, injurias y ofensas contra esos mismos políticos que eran cosecha exclusiva de los propios medios. Al fin y al cabo, políticos y periodistas son los dos principales colectivos que administran el espacio público: si, como viene sucediendo, tal espacio se envilece hasta el punto en que lo está ahora, la responsabilidad no puede ser exclusiva, como solemos pretender los periodistas, únicamente de los políticos. 

Tres. Piedras en el tejado

La política es el único oficio donde es costumbre, cuando no obligación inexcusable, tirar incesantemente piedras contra su propio tejado, contra el tejado mismo de la política, compartido por apedreadores y apedreados. No es raro, sin embargo, que suceda así: el modelo de organización y conducta en que se inspira la política es la guerra, y los políticos son vistos por sus adversarios no como ciudadanos particulares, personas de carne y hueso con hijos, padres, esposas, maridos, sino como combatientes uniformados de un ejército enemigo o, en el mejor de los casos, como estereotipados especímenes de un colectivo odiado, detestado o simplemente menospreciado.

Cuatro. Si nos pincháis, ¿no sangramos?

Bien pensado, los profesionales de la política, tan vilipendiados en general, deberían en no pocas ocasiones despertarnos más compasión que ira, más indulgencia que severidad. Recuerdan un poco a aquel Sylock que se lamentaba de que sus vecinos venecianos lo vieran como un maldito judío y no como un hombre con manos, órganos, cuerpo, sentimientos, afectos, pasiones, calentado por el mismo sol y enfriado por el mismo invierno que ellos. Si mañana Sánchez, Feijóo, Abascal, sí, sí, ¿por qué no Abascal? salieran a escena interpelando a sus adversarios con las preguntas, enternecedoras y letales, del pobre Sylock, –si nos pincháis, ¿no sangramos?; si nos hacéis cosquillas, ¿no nos reímos?; si nos envenenáis, ¿acaso no nos morimos?– serían el hazmerreír de sus oponentes, la vergüenza de sus correligionarios, el blanco predilecto de las impías mofas de la prensa.

Cinco. Respuesta correcta pero parcial

“Papá, ¿por qué te hiciste político?”. A la pregunta de su hijo, recién terminado el boletín de noticias, el alcalde, el concejal, el ministro le darían la respuesta políticamente correcta, no necesariamente falsa pero sí parcial: “¿Que por qué estoy en política? Para hacer una sociedad más justa, naturalmente, para hacer progresar el país y mejorar la vida de la gente, hijo mío”. Como el pequeño atlético del anuncio, el niño se quedaría dudoso, pensativo, intentando en vano cohonestar en su mente atónita las remotas proclamas de fraternidad y los insultos del noticiario todavía resonando en sus oídos, las promesas de justicia y la práctica incesante de la mezquindad y la doblez. Un minuto después, los altos cargos más íntegros y sinceros, vagamente compungidos, secretamente avergonzados, quizá añadirían para sí mismos: “Y también por fatuidad, por egolatría, por jactancia, por una buena nómina, también por todo eso, hijo mío”.  

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“La sociedad española tiene un deber de memoria con las personas que fueron perseguidas, encarceladas, torturadas e incluso perdieron sus bienes y hasta su propia vida en defensa de la Democracia y la libertad”. Así reza la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022, cuya disposición adicional vigésima, publicada el pasado 4 de marzo en el BOE vía real decreto, deja fuera del derecho de indemnización a aquellos fallecidos, también en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos, posteriores al 29 de diciembre de 1978, día en que se aprobó la Constitución.

Entre las decenas de personas que se calcula que existen que perdieron la vida a manos de la ultraderecha y las Fuerzas de Seguridad del Estado tras esa fecha y que se quedan fuera de esta indemnización de 250.000 euros están los tres asesinados por la Guardia Civil en mayo de 1981, conocido como el caso Almería, y los estudiantes José Luis Montañés y Emilio Martínez, muertos por disparos de la Policía en una manifestación en diciembre de 1979, cuyos hermanos se muestran indignados ante esta decisión del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.

Asimismo, el movimiento memorialista demanda al Gobierno que haga público el dictamen de una comisión formada por una docena de especialistas en derechos humanos, derecho penal e historia contemporánea que dirimió si las víctimas oficiales de la Transición se pueden contar hasta 1983.

El portavoz del Colectivo de Olvidados de la Transición (COT), Javier Almazán, recuerda que en abril de 2024 se creó esta comisión, que debía emitir su resolución en menos de un año. Estaba formada por figuras como el cofundador de CC. OO. Nicolás Sartorius, la abogada y presidenta de Movimiento por la Paz Francisca Sauquillo y los catedráticos de historia José Álvarez Junco, Araceli Manjón-Cabeza, Carmen Molinero, Antonio Rivera y Encarnación Lemus.

El integrante del COT, hermano de Ángel Almazán Luna, asesinado con 18 años en diciembre de 1976 tras ser brutalmente agredido por la Policía, explica que “ahora mismo no sabemos si los muertos después de diciembre de 1978 se consideran víctimas”. Sea como fuere, el real decreto no recoge su derecho a indemnización, por lo que habría que modificarlo para que así sucediera.

Almazán afirma que tanto el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, como la directora general de Memoria, Zoraida Hijosa, han reconocido que el estudio ya finalizado obra en su poder. Por su parte, desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, con Ángel Víctor Torres al frente, no han respondido a las cuestiones planteadas por La Marea, por lo que no han clarificado cuándo se publicará la resolución de los expertos ni por qué no han esperado a que se conociera para aprobar el real decreto. Tampoco han contestado si buscarán alguna forma de indemnizar los crímenes cometidos más allá de 1978 ni qué depuración se dio en los Cuerpos de Seguridad una vez aprobada la Constitución.

Cambio de año, misma represión

Javier Montañés responde a esta última pregunta: “Ninguna”. Él es hermano de José Luis Montañés Gil, asesinado a los 22 años por disparos de la Policía en Madrid, el 13 de diciembre de 1979, durante una manifestación legalizada de trabajadores y estudiantes. “Esto no tiene ningún sentido. La Policía franquista de diciembre de 1978 no se transformó en otra Policía en enero de 1979. Eran los mismos agentes. Aquí no hubo ninguna varita mágica que hiciera cambiar sus métodos represivos”, opina.

Por el momento, este profesional del tercer sector afincado en Menorca asegura confiar en que el dictamen de la comisión avale su postura. “Tengo los pies en el suelo, pero también la esperanza de que vuelvan a modificar el decreto. Vivimos momentos políticos convulsos y todo puede cambiar en poco tiempo”, añade. Por otra parte, denuncia que este último movimiento del Gobierno supone una revictimización por parte del Estado. “Nos acompañan en los actos, en lo simbólico, pero por otro lado nos esconden de nuevo. Es una sinrazón dejarnos fuera de la ley”, reitera.

Aquel 13 de diciembre de 1979 Javier Montañés tenía 15 años, los mismos que Mari Carmen Martínez. Ella es hermana de Emilio Martínez Menéndez, muerto a los 20 años en la misma manifestación que José Luis. “No entraba en mi cabeza que, sabiendo que ese informe ya existe, no nos permitan reclamar la indemnización, y no creo que haya sido un descuido”, comenta.

Esta funcionaria madrileña de 61 años, quien recuerda que aquella movilización también se saldó con otros tres heridos de bala, desconoce si el Gobierno quiere introducir a las víctimas “a plazos” en la ley para que vuelva a publicarse la noticia de que “ellos son los defensores de la memoria democrática y de la Transición”, según sus palabras. Martínez se siente disgustada: “Nos ha sentado mal porque creo que hay cierto consenso en que con la entrada en vigor de la Constitución no se volvió la Policía democrática de repente”.

Además, considera que el Gobierno podría haber dejado abierta la cuestión. “Podrían estudiar caso por caso, que al final no son tantos”, sostiene. Y añade: “Si los mataron ya con la Constitución vigente, más grave es”.

Asesinatos más allá de 1978

El hermano de Juan Mañas Morales, Francisco, celebraba su comunión en mayo de 1981. Tenía entonces 8 años. Juan tenía 24, y bajaba desde Santander hasta Almería para encontrarse con su familia. El día 11 apareció su cuerpo y el de otros dos amigos calcinados y con múltiples impactos de bala, dentro del Ford Fiesta en el que viajaban, después de que la Guardia Civil les confundiera con los etarras que el 7 de mayo atentaron en Madrid contra el que era jefe de la Casa Militar del rey Juan Carlos I. “No entiendo qué argumentos tiene el PSOE para dejarnos fuera de la posibilidad de indemnización”, critica.

Francisco Mañas, que ahora tiene 53 años y trabaja como gerente en una empresa, asegura que seguirán recurriendo y luchando. “Yo nunca he sabido por qué hay tanto silencio con el caso Almería. Parece que es un tema tabú, como que da miedo. Quizá porque intervino la Guardia Civil, o porque todavía queda algún secreto por ahí guardado y no quieren que salga a la luz”, se explaya antes de remarcar que el Gobierno debería rectificar para incluir a las víctimas hasta 1983.

José Luis Montañés, Emilio Martínez y Juan Mañas, así como Luis Cobo y Luis Montero, también víctimas en el caso Almería, no son los únicos asesinados más allá de 1978 que ahora no podrán percibir la indemnización. A finales de abril de 1979, Andrés García Fernández murió a manos de un grupo de jóvenes, uno de los cuales portaba un brazalete con una cruz gamada, en la calle Goya de Madrid. Tenía 18 años.

Yolanda González, militante comunista y líder estudiantil, fue secuestrada en su casa en el barrio madrileño de Aluche a los 19 años por militantes de Fuerza Nueva en febrero de 1980. Terminaron matándola el mismo mes y año en que Vicente Cuervo, delegado de la sección sindical de CNT en Telefunken, perdió la vida tras recibir un disparo de un ultraderechista, también de Fuerza Nueva, en Vallecas, aunque en este caso está reconocido como víctima del terrorismo. En marzo de 1980, varios militantes de extrema derecha apalearon y apuñalaron hasta la muerte a Jorge Caballero. Las familias de todos ellos, según el Gobierno, no tienen derecho a recibir la indemnización por su lucha por la libertad en España. En nuestro país no existe tampoco un censo oficial de víctimas políticas de la Transición y primeros años de la democracia.

1983 y la «soltura democrática»

Desde La Comuna-Asociación de presxs y represaliadxs por la dictadura franquista, consideran que la modificación de la ley “es un avance” para las víctimas de 1978, pero “siguen quedando muchas que no gozan de los mismos derechos”, relata a La Marea su portavoz, Nerea Fulgado.

Esta asociación participó en las negociaciones previas a la Ley de Memoria Democrática, cuya disposición adicional decimosexta establece la creación de la ya mencionada comisión técnica. Según la norma, elaborarán un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia hasta el 31 de diciembre de 1983, y señalarán “posibles vías de reconocimiento y reparación”.

“Hablamos de ese año porque tanto la Transición como los primeros años de la democracia fueron muy sangrientos, y con el gobierno del PSOE se consideraba que se había logrado cierta soltura democrática”, apunta la activista memorialista de La Comuna.

Por otro lado, más allá de criticar la falta de extensión temporal para las indemnizaciones, desde La Comuna demandan que el Ejecutivo apruebe un reglamento de la Ley de Memoria Democrática. “Sin él no podemos articular una prohibición de las manifestaciones fascistas”, ejemplifica Fulgado. “Tenemos la sensación de quedarnos siempre a medias y que sea algo cosmético por parte del PSOE”, concluye.

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De todas las paradojas y sincretismos ideológicos que conforman el pensamiento fascista, la relación entre futurismo y presentismo analizada por el historiador François Hartog es sin duda una de las más interesantes. Su estudio detallado del Manifesto futurista (1909) de Filippo Marinetti descubre, precisamente, el peso del presentismo en el propio futurismo. Citando el texto del vanguardista italiano que reza “el Tiempo y el Espacio murieron ayer. Vivimos ya en lo absoluto porque ya hemos creado la eterna velocidad omnipresente”, Hartog concluye que el presente se ha “futurizado”, que “por la velocidad, el presente se transforma en eternidad”. La prisa, la velocidad y el ahora absoluto: este es el tiempo por el que abogaba Marinetti para el orden fascista que estaba por venir y que, para algunos, resuena con la temporalidad del momento histórico que vivimos.

El pasado sábado 14 de febrero, el militante de extrema derecha francés Quentin Deranque falleció tras pasar dos noches hospitalizado en estado crítico. En principio –la investigación judicial todavía tiene que determinarlo–, su muerte se produjo tras una reyerta en la ciudad de Lyon con antiguos militantes del colectivo antifascista de la Jeune Garde (‘Joven Guardia’); el enfrentamiento terminó en una paliza con consecuencias mortales. Deranque formaba parte de la escolta del colectivo femonacionalista Némesis, un grupúsculo identitario compuesto mayoritariamente por mujeres que tenía como objetivo boicotear una conferencia de la eurodiputada de La Francia Insumisa (LFI) Rima Hassan en el Instituto de Estudios Políticos (Sciences Po Lyon). Los alborotadores acudieron allí armados con gas pimienta y tubos metálicos. Si la muerte de Deranque ha tomado proporciones mediáticas de primer orden es fundamentalmente por la vinculación que, desde gran parte de la esfera política y mediática, se está haciendo entre la Jeune Garde y LFI. Aparte de la presencia de Hassan, su fundador y portavoz, Raphaël Arnault, que cesó su cargo en este colectivo en 2022, es actualmente diputado insumiso en la Asamblea Nacional francesa.

Presentados los hechos, en vez de entrar en la vorágine presentista que induce a enjuiciarlos de forma supuestamente objetiva (es decir, sin matices ni contexto y condenándolos de entrada), la situación exige un momento de reflexión sobre las etapas que han llevado a este trágico suceso.

A día de hoy, hablar de Lyon es hablar de la ciudad francesa con mayor implantación de la extrema derecha grupuscular en Francia. Históricamente, fue en la metrópoli lionesa donde se fundó en 1968 el conocido Grupo de Investigación y Estudios para la civilización europea (GRECE), el principal órgano de difusión del mayor intento de renovación del pensamiento de extrema derecha europeo tras la derrota del fascismo: la Nueva Derecha francesa. Sociológicamente, en esta ciudad, la derecha está influenciada por un catolicismo tradicionalista que la lleva a posiciones más reaccionarias que la derecha conservadora clásica, ampliando la capilaridad de la ideología de extrema derecha. No es casualidad que allá por 2018, el ISSEP de Marion Maréchal abriera sus puertas aquí.

Más recientemente, en un informe de 2019 del Servicio central de inteligencia francés (SCRT), Lyon es identificada como la “cuna”de la extrema derecha gala, punto de convergencia del activismo identitario, neofascista y neonazi en Francia. Según el programa “Violences et Radicalités Militantes”, las agresiones cometidas entre 1986 y 2017 por grupos neofascistas, skinheads neonazis e identitarios asciende a 82, una cifra muy por encima de la media en comparación con el resto del territorio francés. Como se puede apreciar en el monográfico de Alain Chevarin Lyon et ses extrêmes droites (La Lanterne, 2021), el perfil de las agresiones es variado. Durante un tiempo implantados en torno a locales que hacen las veces de bar, sala de conferencias y club de boxeo, militantes de Generación Identitaria o de otros grupúsculos similares se dedicaron durante la década de 2010 a salir de caza armados por el centro de Lyon. Las principales agresiones se registran contra militantes anarquistas, personas asociadas a la izquierda volviendo de manifestaciones, magrebíes, así como contra locales de sindicatos, librerías o restaurantes de comida oriental.

Es en este contexto que nace la Jeune Garde lionesa en 2018, básicamente, como otro grupo de autodefensa antifascista. Así nos lo explicaba Raphaël Arnault en una entrevista en profundidad. La percepción de la amenaza estaba lejos de ser constatada exclusivamente por sus miembros, siendo fácil encontrar años antes titulares, incluso en medios de derechas, del estilo “Lyon, ¿nueva capital de la ultraderecha?” o “Lyon, ¿capital de la extrema derecha francesa?”. Además, el objetivo de la formación fundada por Arnault consistía en ampliar el espacio de lucha contra esta amenaza, antagonizando no solo con el militantismo grupuscular, sino también contra la extrema derecha institucional y mediática, tejiendo alianzas con otros partidos y sindicatos. La confrontación directa a pie de calle no era la prioridad del colectivo.

La condena sin análisis ni contexto

La violencia se debe lamentar. Pero el simple ejercicio que “condena la violencia” es fútil si no viene acompañado de un análisis mínimo que permita entender las causas que han llevado a esta. ¿O hay que condenar la violencia de los afroamericanos que se armaron para intentar prevenir la masacre racista de Tulsa de 1921? ¿O la de los obreros italianos organizados contra los camisas negras de Mussolini en la misma época? No obstante, este tipo de condena vacía de fondo fue la empleada por la propia Francia Insumisa en un primer momento, acorralada en medio de una estrategia de demonización. El líder de los insumisos, Jean-Luc Mélenchon, publicaba en primera instancia en su cuenta de X que “la violencia obstaculiza nuestros movimientos y genera un miedo contagioso”. Incluso Arnault manifestó de inmediato su “horror y rechazo” por la muerte de Deranque. No sería hasta días después que LFI adoptaría un argumentario menos defensivo, como las declaraciones del secretario de la organización Manuel Bompard, situando lo acontecido en un contexto de autodefensa popular.

Mientras tanto, la actuación del resto de la clase política francesa ha sido la habitual en estos casos. Desde varios sectores del centro-izquierda, no se ha perdido la oportunidad de volver atacar a LFI, al tiempo que se condenaba lo sucedido de forma ciegamente presentista. Destacan las declaraciones del antiguo presidente de la República y actual diputado del Partido Socialista, François Hollande, tratando a la Jeune Garde de grupo “que hace del combate físico su propósito y su método” y que “esto era generalmente lo que existía a en los partidos extremistas”. Una vez más igualando el antifascismo al fascismo y desdibujando por completo la línea política de la Jeune Garde.

Por su parte, el gobierno de Emmanuel Macron ya anunció que se cancelará todo acto en la enseñanza universitaria asociado a posibles alteraciones del orden público. La universidad, lugar privilegiado para el debate de ideas, en el centro de la crítica del macronismo desde hace años, es otra de las víctimas de estos tristes acontecimientos.

Al mismo tiempo, desde la presidencia de la Asamblea Nacional, igualmente controlada por el gobierno de Macron, se pidió un minuto de silencio por la muerte de Quentin Deranque. El mismo que no se pidió por la muerte del jugador de rugby argentino Federico Martín Aramburú, asesinado en marzo de 2022 en París a manos de un militante neofascista, al que le reprendió por estar profiriendo insultos racistas en un bar. O, de paso, por todas las víctimas de los mismos grupúsculos violentos con los que presumiblemente simpatizaba Deranque.

Desde los grandes grupos de comunicación se ha mandado también un mensaje tremendamente problemático. Tras la manifestación del 21 de febrero en Lyon, convocada por el neofascismo grupuscular para honrar la muerte de Deranque, a pesar de los eslóganes racistas y LGTBI-fóbicos que se lanzaron; a pesar incluso de algunos saludos nazis, varios grandes medios afirmaron que “la marcha se desarrolló en calma”, que “fue bien”. El mensaje está claro. Aquí está el verdadero rostro de la corrección política.

¿Qué nos dice pues la muerte de Quentin Deranque? Desgraciadamente, nada bueno. Nos revela la voluntad de buena parte del arco político francés de, en el mejor de los casos, abandonar al antifascismo a su suerte; y en el peor, de criminalizarlo. Igualmente, nos dice que la sociedad francesa se está acostumbrando de forma cada vez más tácita a la violencia de la extrema derecha. Y, sobre todo, que hemos entrado en una temporalidad presentista, de tintes profundamente reaccionarios, que nos incita a darle la espalda a la historia, para vivir ciegos en un día a día abocado al desastre. Frente a esta triple amenaza, y ante los ecos del futurismo de Marinetti, hoy más que nunca, siamo tutti antifascisti.

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