En la madrugada del sábado 28 de febrero de 2026, una serie de ataques «preventivos» lanzados por Israel y Estados Unidos contra Irán desencadenaron una escalada regional que ha vuelto a situar al Líbano en el centro del tablero de la guerra. A mediados de abril, los esfuerzos diplomáticos lograron el anuncio de un alto el fuego temporal de 10 días entre Líbano e Israel; sin embargo, la situación desde entonces sigue siendo extremadamente volátil y el riesgo de una nueva ruptura de las hostilidades persiste en todos los frentes.

En todo el sur del Líbano, el desplazamiento en 2026 no se ha producido como un momento único de huida, sino como un movimiento repetido marcado por los bombardeos, la incertidumbre, los refugios superpoblados y el acceso limitado a los servicios esenciales. A pesar del alto el fuego, las hostilidades continúan y las restricciones al retorno siguen vigentes en decenas de pueblos del sur. Muchas familias se desplazan de un lugar temporal a otro sin saber cuándo, o si, volverán a casa.

Estas seis historias, recopiladas por los equipos de Acción contra el Hambre en el Líbano, reflejan el impacto humano de una crisis multifacética marcada por el conflicto, las dificultades económicas y la inestabilidad prolongada.

«Durante tres días estuvimos en la carretera, en coches, al aire libre, desplazándonos de un lugar a otro»

Esta es la segunda vez que Ahmad huye del distrito de Tiro con su mujer y sus dos hijos, de 10 y 12 años. Durante la escalada de 2024, la familia ya había buscado refugio en el mismo centro de acogida colectiva en el que se alojan ahora de nuevo.

«El año pasado también estuvimos aquí», dice. «La gente nos ayudó mucho».

Esta vez, sin embargo, la magnitud del desplazamiento parece mayor y más caótica. Tras abandonar su hogar, la familia se desplazó repetidamente entre Beirut y el Monte Líbano en busca de refugio. Cuando finalmente llegaron a un refugio escolar en el distrito de Aley, se habían distribuido colchones y mantas gracias al apoyo de voluntarios y organizaciones humanitarias, pero las condiciones seguían siendo difíciles. La calefacción, la electricidad y el agua caliente eran limitadas.

«Nos las arreglamos», dice. «Pero hace frío», explica Ahmad, para quien la asistencia sanitaria es la principal preocupación, especialmente para los niños desplazados. «Si un niño está enfermo, necesitamos una atención adecuada. Esa es la prioridad».

«Si yo me derrumbo, ¿qué les quedará a ellos?»

Para Hanan, el desplazamiento se ha vuelto inseparable del miedo que sienten sus hijos.

Hanan, una enfermera del distrito de Bint Jbeil, huyó tras ver las carreteras abarrotadas de familias que escapaban del sur del Líbano. «Vimos las carreteras llenas. La gente se marchaba. Así que nosotros también nos fuimos».

Su familia pasó días desplazándose de un lugar temporal a otro hasta llegar finalmente a un refugio colectivo en el distrito de Aley. En un momento dado, tras esperar horas dentro de otro refugio escolar, les dijeron que no había espacio disponible.

«Fueron los voluntarios quienes nos ayudaron a encontrar un lugar», dice.

Dentro del refugio, las bajas temperaturas y el suministro eléctrico inestable siguen afectando a la vida cotidiana. Pero la mayor preocupación de Hanan es el impacto psicológico en sus hijos: «Mis hijos eran los mejores de su clase. Ahora mira lo que les está haciendo esto».

Su hijo ahora reacciona con intensidad ante los ruidos fuertes y el estrés.

«Si encuentro un lugar donde no oigan nada, me iré», dice. «Aunque tenga que vivir en la calle».

«Te vas de repente. Ni siquiera entiendes lo que está pasando. Simplemente te vas»

Rana y su familia huyeron del distrito de Tiro sin hacer las maletas, mientras los bombardeos se intensificaban en su zona.

El viaje hacia el Monte Líbano duró casi tres días. Cuando llegaron a un refugio colectivo en el distrito de Aley, nueve miembros de la familia de varias generaciones, incluidos sus hijos de 6 y 8 años y sus parientes mayores, compartían el suelo de una sola aula.

«Los primeros días dormíamos en el suelo. No había nada».

Con el tiempo, los voluntarios y las organizaciones humanitarias distribuyeron colchones, comida y suministros básicos, pero la incertidumbre sigue siendo constante.

«Antes, la gente solía acogernos», explica. «Esta vez, no había sitio».

Dentro del refugio, las aulas se han convertido en espacios habitables donde la privacidad ha desaparecido, y la vida cotidiana gira en torno a adaptarse a la escasez. Para la anciana de la familia, esta situación no era desconocida. El desplazamiento ya formaba parte de su experiencia vital, explica: «Confiamos en Dios. Eso es todo».

«No sabíamos adónde íbamos»

Saed salió del distrito de Bint Jbeil a medianoche con su mujer y sus tres hijos adolescentes. A última hora de la tarde del día siguiente, seguían desplazándose entre carreteras y pueblos sin un destino claro.

La familia cambió de rumbo repetidamente dependiendo de qué carreteras seguían siendo accesibles y dónde aún podría haber refugio disponible. Al igual que muchas familias desplazadas que huían del sur del Líbano, se desplazaban sin saber con certeza dónde pasarían la noche. «No nos fue fácil encontrar un sitio», confiesa.

Saed, que tiene unos 50 años y vive con una discapacidad, también necesita medicación regular para la diabetes y otras afecciones de salud. En el desplazamiento, el acceso al tratamiento se ha vuelto irregular y depende de la disponibilidad. La presión económica ha añadido otra capa de dificultades. Incluso los artículos básicos para el hogar se han vuelto inasequibles.

«Intenté comprar una sartén», dice su esposa. «Cuesta 15 dólares. No disponemos de esa cantidad».

La familia depende ahora en gran medida de la ayuda de familiares, vecinos y redes comunitarias mientras permanece en un refugio temporal. «Dependemos de la bondad de la gente», dice él. Por ahora, sus días siguen marcados por la incertidumbre, los recursos limitados y la ausencia de un plazo claro para el regreso.

«Dormí en el coche con mi hijo mayor porque no teníamos su silla de ruedas con nosotros»

Cuando las órdenes de desalojo llegaron a Borj Chimali, cerca de Tiro, Salman huyó con su esposa, sus cinco hijos y su anciano suegro. Tres de sus hijos padecen parálisis cerebral y tienen graves limitaciones de movilidad. Dos dependen por completo de sillas de ruedas, mientras que otro también padece epilepsia.

La familia pasó casi 15 horas en la carretera antes de llegar a un refugio colectivo en Saida.

Hoy, él y su familia se encuentran en la planta baja de un edificio de la Universidad de Saida, en la ciudad de Sidón. Una vez que por fin estuvieron a salvo, Salman regresó a Tiro para recoger las dos sillas de ruedas y las mantas de su casa. Dentro del refugio, la vida cotidiana se ve marcada por los retos de accesibilidad. Los aseos y el desplazamiento por los espacios compartidos siguen siendo difíciles para los niños, mientras que los suministros médicos y de higiene son limitados.

«El suelo es un problema. El frío hace que los niños se pongan enfermos. No paran de toser»

Zeina y su familia extensa abandonaron Deir al-Zahrani una hora después de que comenzara el bombardeo. «Nos fuimos inmediatamente», dice. «Llevábamos a los niños con nosotros».

El grupo de 13 personas huyó hacia el distrito de Aley, donde ya habían buscado refugio durante la anterior escalada de violencia en 2024. Llegar pronto no significaba que las condiciones estuvieran preparadas. «Ahora hay cosas disponibles», dice. «Pero seguimos sin tener almohadas ni colchonetas». Los niños del refugio siguen durmiendo al frío, mientras que el suministro eléctrico sigue siendo irregular.

A pesar de sus diferentes trayectorias, las familias comparten la misma realidad: desplazamientos repetidos, refugios superpoblados, atención interrumpida e incertidumbre sobre lo que les depara el futuro.

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Texto y testimonios: Kamila Lakkis, especialista en Comunicación e Incidencia de Acción contra el Hambre en el Líbano

Actualmente, Acción contra el Hambre en el Líbano presta apoyo en 284 refugios colectivos y ha ofrecido asistencia (alimentos, agua, saneamiento y atención sanitaria) a más de 70 000 personas en el país.

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Hasta el 7 de noviembre de 1976, y pese al clima de terror que había traído la llegada de los militares al poder en Argentina, la vida de Graciela Lois se encaminaba hacia la felicidad. Casada con Ricardo, a quien había conocido dos años antes en una protesta en la facultad, los unía la militancia en la Juventud Universitaria Peronista (JUP), y en ese momento también una hija de solo tres meses. Aquella noche, Graciela esperaba el regreso de su marido tras una cita con compañeros de la JUP. Pero nunca llegó. No lo sabía entonces, pero Ricardo acababa de entrar en la larga lista de desaparecidos de la dictadura.

Durante meses se aferró a la esperanza de que había sido detenido y que, tal vez, lo liberarían pronto. “Ese tal vez me persiguió durante mucho tiempo”, admite ahora Graciela. Se acabó incorporando a la organización Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, donde encontró a muchas otras personas que, como ella, buscaban a un hijo, un marido o un hermano arrancado por la represión en los primeros meses del régimen. Hoy preside la organización, habiendo dedicado media vida a la defensa de los derechos humanos y a la construcción de la memoria de esa oscura etapa de la historia argentina. Y, sin embargo, siente que debe volver a empezar esa lucha que creía ya ganada.

Argentina cumple este 24 de marzo 50 años del golpe de Estado de 1976 que llevó a las Fuerzas Armadas al poder. Aquel régimen, instaurado bajo el argumento de poner fin al “desgobierno” y a la “delincuencia subversiva” de las guerrillas de izquierdas, desplegó un plan sistemático de terrorismo de Estado, caracterizado por secuestros, torturas, la apropiación de niños nacidos en cautiverio y una red de centros clandestinos de detención extendida por todo el país. La cifra de 30.000 personas desaparecidas, la mayoría todavía sin localizar, sintetiza la magnitud del horror.

La dictadura terminó en diciembre de 1983, debilitada por la derrota en la guerra de las Malvinas y una profunda crisis económica. Con el retorno de la democracia, Argentina se convirtió en un referente mundial: a diferencia de España, donde las autoridades franquistas nunca fueron juzgadas, el Juicio a las Juntas de 1985 sentó en el banquillo de los tribunales civiles a los máximos responsables del régimen y los condenó por crímenes de lesa humanidad.

Cambio de narrativa

Pero ahora, a medio siglo del golpe, el clima es muy distinto. Desde su llegada al poder, Javier Milei ha adoptado una postura abiertamente confrontativa con el consenso construido en torno al Nunca más, reabriendo debates que durante décadas parecían cerrados. Para el movimiento de derechos humanos, se trata de un escenario impensable hasta hace solo unos años. “Nadie se esperaba que fuéramos a volver atrás en esto”, admite Graciela, dolida. “Confiamos demasiado en que estaba todo ganado”.

Pese a ese pesimismo, en parte lo está. Según un estudio reciente, hoy siete de cada 10 argentinos mantienen una visión negativa de la dictadura, y una mayoría reconoce la existencia de un plan sistemático de represión. “Tras la dictadura, el país se puso a la vanguardia en la promoción y defensa de los derechos humanos. Eso ha creado un sentido común muy arraigado en la sociedad”, argumenta el sociólogo Emilio Crenzel. El historiador Matías Grinchpun añade un matiz: ese amplio consenso social tapaba la existencia de sectores minoritarios con opiniones opuestas. “No es que aparecieran memorias de derecha que no existían; simplemente han ganado visibilidad social”, explica.

En realidad, el camino hacia ese consenso nunca fue lineal. Tras el Juicio a las Juntas, las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida frenaron los juicios contra militares. Poco después, el gobierno indultó a los altos mandos encarcelados en nombre de la “reconciliación nacional”. No fue hasta principios de siglo, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, cuando esas normas fueron anuladas y los procesos judiciales se reactivaron. Luego, con el regreso de la derecha al poder de la mano de Mauricio Macri, se intentó aplicar el beneficio del 2×1 a los militares condenados por delitos de lesa humanidad para reducir su sentencia.

Aun con esos antecedentes, ambos analistas coinciden en que el gobierno actual marca una diferencia cualitativa con los predecesores. “Desde el retorno de la democracia, nunca hubo una administración con una visión tan benevolente hacia la dictadura”, dice Grinchpun. Crenzel coincide, e identifica en el discurso oficial una combinación de negación, relativización y justificación de las violaciones a los derechos humanos. “Son argumentos que ya utilizaba la propia dictadura militar a lo largo de su existencia”, subraya.

Ya durante la campaña electoral de 2023, Milei hizo de la polémica su mejor baza, cuestionando la cifra de los 30.000 desaparecidos. Una vez en la Casa Rosada, ha profundizado en ese relato, llevándolo incluso hasta el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. En su revisión de la narrativa sobre la dictadura, ha abogado por construir una “memoria completa” que justifique la represión estatal como parte de una “guerra” contra la violencia de las guerrillas de izquierda.

El giro no ha sido solo discursivo. El gobierno de Milei ha degradado la Secretaría de Derechos Humanos al rango de subsecretaría y ha despedido a la mitad de su plantilla. También ha cerrado el centro Haroldo Conti, un espacio que promovía la memoria a través de la cultura, y ha dejado inoperativa la unidad de investigación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que se encargaba de localizar a niños apropiados durante la dictadura.

Una memoria firme

“Hay una política de desmantelamiento de las estructuras que existían en materia de derechos humanos y una apuesta por elaborar un relato que redefina el sentido común sobre la violencia de los años setenta”, resume Crenzel. Pero, pese a los esfuerzos de Milei, muchos de los avances logrados siguen en pie: los juicios por delitos de lesa humanidad continúan, la memoria forma parte del currículo educativo, se producen libros y documentales, y cada 24 de marzo las calles se llenan en movilizaciones masivas. “Son logros que Milei no ha podido erosionar”, explica el sociólogo. Por eso, afirma que Argentina llega a los 50 años del golpe “en un contexto contradictorio”.

En ningún lugar se ha visto eso con más claridad que en el Museo Sitio de Memoria ESMA, el mayor centro clandestino de detención durante la dictadura, hoy convertido en un símbolo de las políticas de memoria y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Marzo es el mes más concurrido por la proximidad al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Las salas se abarrotan de visitantes, la gran mayoría argentinos, que recorren en silencio los espacios donde funcionó el aparato represivo, conmovidos por el relato del guía.

Aquí, la llegada de Milei al poder no ha significado una caída en el número de visitantes. “Incluso viene más gente”, admite un trabajador. “Las visitas para colegios y universidades están cubiertas hasta fin de año”. Sin embargo, el cambio de gobierno ha traído recortes presupuestarios, y con ello una reducción drástica de la plantilla. “Antes éramos 60 empleados; ahora solo somos 20”, informa otra trabajadora del centro. La prueba más evidente del ajuste económico lo ofrecen los folletos informativos: solo están disponibles en inglés y en ellos aparece el logo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos –de la administración anterior; ahora es solo de Justicia–. “No quieren imprimir más”, revela la trabajadora, desalentada. “Con eso lo digo todo”.

Por ahora, el gobierno no ha dado el paso más extremo: indultar a los represores condenados. Y eso que parecía solo una cuestión de tiempo cuando, a mediados de 2024, varios diputados oficialistas visitaron en prisión a militares responsables de asesinatos, torturas y secuestros durante la dictadura. Para Lydia Lukaszewicz, ese gesto fue particularmente doloroso. Su padre, Hernán Lukaszewicz, participó en el aparato represivo como suboficial del Ejército. Hoy se considera exhija porque dice haber “renunciado a esa historia”, y denuncia los crímenes de la dictadura desde Asamblea Desobediente, un colectivo de familiares de represores.

“Siempre esperé que hablara, que diera nombres”, cuenta Lydia. “Pero nunca lo hizo”. Casos como el del ex marino Adolfo Scilingo, que confesó su participación en los vuelos de la muerte y actualmente cumple condena en España, son excepcionales –y por ello, repudiados dentro de las propias filas militares–. Cuando oye hablar de un posible indulto, Lydia no puede evitar pensar en su padre biológico, quien, como tantos otros, murió sin haber sido condenado y sin romper el pacto de silencio que ha protegido a tantos responsables. “Estos tipos no tienen que salir más”, afirma. “Tienen que pudrirse en la cárcel”.

Si el gobierno de Milei aún no ha avanzado en la liberación de los represores es por una cuestión de prioridades, según Crenzel. El libertario está centrado en su agenda económica, basada en la desregulación total, lo que ya ha provocado una fuerte reacción social. Las marchas de los jubilados por los recortes en las pensiones o las protestas contra la recientemente aprobada reforma laboral, que permite jornadas de 12 horas, son síntomas de esa tensión. “Sabe que esos cambios económicos van a generar conflicto y evita sumar nuevos frentes al mismo tiempo”, explica el sociólogo.

Sin embargo, uno de los ataques más profundos al consenso del Nunca más está pasando casi desapercibido, advierte Grinchpun. “Milei está intentando desandar el sentido común construido durante décadas mediante un relato que revaloriza las fuerzas armadas y de seguridad”, señala. Así, el gobierno ha nombrado recientemente al teniente general Carlos Presti como ministro de Defensa –la primera vez que un militar ocupa el cargo desde la dictadura–, y ha impulsado la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, una ruptura con los acuerdos básicos establecidos tras 1983.

Además, ante las movilizaciones contra sus políticas, el Ejecutivo ha recurrido al uso de la fuerza y ha justificado las actuaciones policiales incluso cuando han dejado heridos graves. Recordando que estas fuerzas de seguridad fueron “una pieza clave del aparato represivo de la dictadura”, Grinchpun alerta del riesgo de que ese discurso termine otorgando “legitimidad a los actos más violentos que puedan cometer”. Sus efectos, añade, podrían perdurar más allá del actual gobierno. “Cuando Milei se vaya, algo de eso va a quedar. Y eso termina siendo una deformación enquistada en el corazón de la democracia, que le impide desarrollarse plenamente”.

En medio de esa disputa por la memoria de la dictadura, las Madres de la Plaza de Mayo –las activistas más emblemáticas del movimiento por los derechos humanos– mantienen aún la lucha nacida en 1977. Ante la desaparición de sus hijos a manos del gobierno militar, comenzaron a reunirse frente a la Casa Rosada todos los jueves para exigir respuestas. Como el estado de sitio prohibía las concentraciones de más de tres personas, optaron por caminar en círculo alrededor de la plaza. No han dejado de hacerlo desde entonces.

El pasado 12 de marzo completaron la ronda número 2.500. Avanzando lentamente, leyeron los nombres de los desaparecidos, seguidos de un reivindicativo “¡presente!”. No faltó a la cita la presidenta de la asociación, Carmen Arias, de 84 años y con la cabeza cubierta por el icónico pañuelo blanco, de compromiso inquebrantable. “Las madres no vamos a dejar nunca la lucha, por más trabas que nos pongan”, lanzó entre aplausos del público. “Hasta el jueves que viene”.

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