Al frente del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de la Universidad de Barcelona, la catedrática Noemí Pereda dirigió el primer estudio estatal con una muestra representativa tan amplia –más de 4.000 adolescentes y jóvenes de 14 a 17 años– y, además, con información proveniente de los propios niños, niñas y adolescentes de ahora, no de adultos que lo sufrieron en el pasado: un 17,8% reportaron haber sufrido algún tipo de victimización sexual a lo largo del último año
Desde su punto de vista, este tipo de muestra es fundamental para poder intervenir y actuar ahora, de manera inmediata, desde la prevención. Para ello, insiste en una herramienta fundamental: la educación afectivo-sexual como una asignatura obligatoria en todos los colegios: «Esto no va de que en una asignatura de 3º de la ESO sepan lo que es el pene y un embarazo. No. Esto va de consentimiento, va de los derechos que tienes sobre tu cuerpo, va de tu intimidad, va del respeto a los demás. Va de relaciones igualitarias».
¿Por qué es importante entender que no estamos ante casos puntuales, aislados?
Es súper importante porque ni es algo puntual ni es el caso Epstein tampoco. Porque ahora estamos con esto como si esto fuera la realidad. No, la realidad de la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia es intrafamiliar, es continua, es silenciada. No son estos casos mediáticos. Es que estoy preocupada con el caso Epstein porque últimamente veo que se está desviando todo hacia ahí.
¿Cómo lo podemos transmitir para que se entienda?
El problema es que en el día a día es mucho más sutil y más difícil de detectar porque muchas veces se esperan este tipo de casos extremos. Y no, no es así. Por eso cuesta tanto detectarlos.
Pero estos casos extremos también ayudan a visibilizar, ¿no?
Claro, tienen que servir como desencadenante. Sobre el caso Epstein podemos pensar, ‘vale, a mí no me pasará porque yo no dejaré que mi hija se vaya con un señor’. Perfecto. Pero hay que saber que en el 80% de los casos las agresiones se cometen por algún familiar o conocido. O sea, el peligro no está fuera. Y este es un gran problema, porque la prevención tiene que venir de dentro. El niño tiene que saber cuáles son sus derechos, que puede decir que no,y, que si ocurre algo, tenga la confianza como para venir y contártelo, que haya esta comunicación fluida contigo. Y esto muy difícil porque, como digo, no es un señor extraño, desconocido, que va a venir y va a secuestrar a tu hijo.
Las cifras no han cambiado a lo largo de los años. Entre el 10% y el 20% de la población sufre agresiones sexuales en su infancia o adolescencia.
Sí, es algo que se mantiene, que sorprende. Es alucinante. Los datos desde hace muchos años están estancados en este 10-20% y no salimos xde ahí. Probablemente tampoco hacemos mucho para salir de ahí. Porque salir de ahí supondría, en primer lugar, una educación afectivo-sexual universal desde etapas muy tempranas. Y esto no ocurre en la mayoría de países, no es solo en España.
¿Y cómo se incorpora esto en los colegios, por ejemplo?
Esto no va de que en una asignatura de 3º de la ESO sepan lo que es el pene y un embarazo. No. Esto va de consentimiento, va de los derechos que tienes sobre tu cuerpo, va de tu intimidad, va del respeto a los demás. Va de relaciones igualitarias. Es educación afectivo-sexual, no solo sexualidad biológica.
Además, lo importante de esta educación es que no solo evitas víctimas, sino que evitas también agresores, porque les estás enseñando y les estás diciendo «no, no, cuando una persona te dice que no, es un no, tienes que respetar”. Entonces, mientras no hagamos realmente un cambio social donde eduquemos a los niños en el respeto al otro, en el consentimiento, esa cifra del 10-20% va a seguir ahí porque son niños que crecen.
«Esto no va de que en una asignatura de 3º de la ESO sepan lo que es el pene y un embarazo. No. Esto va de consentimiento, va de los derechos que tienes sobre tu cuerpo, va de tu intimidad, va del respeto a los demás. Va de relaciones igualitarias. Es educación afectivo-sexual, no solo sexualidad biológica».
La muestra del estudio del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de la Universidad de Barcelona fue de más de 4.000 adolescentes y jóvenes de 14 a 17 años. Son niños, niñas y adolescentes de ahora, no adultos que lo sufrieron en el pasado. ¿En qué aspecto mejora este tipo de muestra el diagnostico?
En primer lugar, son chicos y chicas que pueden responder, éticamente se ha demostrado que tienen la capacidad de poder responder, obviamente, con su consentimiento informado, comprendiendo las preguntas. Son encuestas que están validadas en otros países, también en España. La cuestión es que tenemos que focalizarnos en los adolescentes de hoy porque es donde podemos intervenir de forma inmediata; de lo contrario, tendemos a pensar que es algo que pasaba en otras épocas. Cuando haces las encuestas con adultos, estás viendo lo que pasó hace 5, 10, 15, 20, 25, 30 años.
A mí me apena mucho la última encuesta del Ministerio de Juventud e Infancia porque era una oportunidad enorme, con todo el poder que tiene, de hacerla con adolescentes escolarizados, mucho mayor que la que hicimos nosotros. Porque al final nosotros la hicimos en colaboración con “la Caixa”, con su financiación. Llegamos a más de 4.000 adolescentes, pero es cierto que somos una universidad, no somos el Ministerio de Juventud e Infancia. Entonces, yo sí que apelaría a que se asuma esta responsabilidad.
«Tenemos que focalizarnos en los adolescentes de hoy porque es donde podemos intervenir de forma inmediata; de lo contrario, tendemos a pensar que es algo que pasaba en otras épocas».
Hay países como Canadá y Estados Unidos, pero es que también Chile, para que nos situemos, que hacen esta encuesta cada dos años. Porque eso nos permitiría ver variaciones y decir ‘resulta que en Catalunya han implementado un programa y, fíjate, de hace dos años a hoy el porcentaje es más bajo’. Esto solo lo podemos ver si hacemos estudios con los adolescentes de hoy. Cuando lo hacemos con adultos ya sabemos lo que va a salir.
Ha aumentado mucho también la violencia entre iguales, entre los propios chicos y chicas.
Esta es una de las cuestiones que se veía en nuestro estudio. Ha subido y ha subido por esta negligencia respecto a la educación afectivo-sexual y el peso de la industria del porno. No es que los adolescentes vayan a buscar porno, es que la industria los va a buscar a ellos. El modelo que tienen es la pornografía, no hay un modelo educativo que contrarreste los mensajes distorsionados que da la pornografía. No estamos invirtiendo en prevención para nada. Tenemos juegos infantiles como Roblox donde hay enlaces a pornografía. ¿Por qué? Porque saben que lo van a ver niños y que le van a dar. Entonces, no vale con culpar a los adolescentes de ver pornografía, es que la industria los busca a ellos. Por eso hay que hacer actuaciones en políticas públicas que realmente sean efectivas, porque si no el porcentaje no baja.
«Tenemos juegos infantiles como Roblox donde hay enlaces a pornografía. ¿Por qué? Porque saben que lo van a ver niños y que le van a dar. Entonces, no vale con culpar a los adolescentes de ver pornografía, es que la industria los busca a ellos».
¿Nos falta ese salto cualitativo que dimos con la violencia machista?
Totalmente. Mira, siempre se dice que después de la violencia de género tendría que salir a la luz la violencia contra la infancia y la adolescencia, pero es más difícil y es más difícil porque vivimos en una sociedad que es adultocéntrica, o sea, nosotros somos quienes controlamos, nosotros somos quienes votamos a nuestros dirigentes, los niños no pueden elegir, los niños no pueden salir de su contexto familiar si no hay un adulto que detecta este tipo de situaciones, porque para ellos es la normalidad. Tiene que haber como una sociedad adulta muy sensibilizada para que esto salga a la luz. Y lo que ocurre es que en muchos casos se justifica este tipo de agresiones diciendo que el niño se lo inventa.
«Siempre se dice que después de la violencia de género tendría que salir a la luz la violencia contra la infancia y la adolescencia, pero es más difícil y es más difícil porque vivimos en una sociedad que es adultocéntrica».
¿La Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia –Lopivi– está ayudando a entender la situación?
Sí, estamos mejorando. La Lopivi ha ayudado mucho también, supuso un impulso para hablar del tema. Pero es cierto que como sociedad sigue sin calar que los niños son sujetos de derecho, que no solo son objetos de cuidado. Esto hay que entenderlo: los niños tienen derechos que no puedes violar por mucho que seas padre o madre. Hace días, Ana Obregón decía ante una acusación: ‘Es mi niña y hago con ella lo que quiero’. Claro, esto te lo está diciendo alguien público, lo está diciendo a la sociedad y es un mensaje que a muchas personas les cala. No, no puedes hacer lo que quieras. Es una persona con derechos propios, es un ciudadano, pero cuesta mucho entenderlo. Por eso muy importante también el trabajo desde el punto de vista periodístico. El niño no es propiedad de nadie, es un ciudadano con derechos propios.
«Los niños tienen derechos que no puedes violar por mucho que seas el padre o la madre. No es propiedad de nadie, es un ciudadano con derechos propios».
También nos cuentan algunas víctimas que este tema se minimiza.
Sí, se minimiza mucho. Se dice ‘bueno, son niños, lo olvidarán, tampoco es tan grave, cuando crezcan ya se les pasará’. Y no. Esto es un daño que perdura a lo largo del desarrollo y un daño en un momento en el que el niño está creciendo, en el que está estableciendo sus relaciones con el mundo, consigo mismo, con los demás y estás destruyendo todo esto.
Por tanto, no puedes tener un ciudadano integrado, prosocial cuando han vivido experiencias de este tipo en su infancia y nadie los ha ayudado. Y por eso hay que entender el daño que esto causa también como sociedad. Por eso se habla del problema de salud pública. La OMS lo define como un problema de salud pública. ¿Por qué? Pues porque nos afecta a todos. No solo a nivel de salud mental, de salud física de estas víctimas, sino a nivel de relaciones, de repetición del patrón de violencia con otros niños. Nos encontramos con muchos adolescentes que agreden, pero es que ellos también han sido víctimas previamente.
Muchas veces se dice que están enfermos.
Hay un porcentaje muy pequeño de psicopatía en la sociedad, que es aquel que no tiene empatía por los demás, pero en general nacemos con la capacidad de empatizar. ¿Por qué un niño llega a una determinada edad y agrede a otros niños? Porque si no intervenimos en las formas de violencia en la familia, no podemos luego intervenir en este adolescente que agrede a su compañera de clase. Realmente hay que trabajar desde el inicio.
«Nos encontramos con muchos adolescentes que agreden, pero es que ellos también han sido víctimas previamente».
¿Hay relación entre violencia sexual y conducta suicida?
Sí, por eso además es muy importante hacer este tipo de encuestas sobre bienestar, no solo de violencia y poder. Porque se podría intervenir preventivamente con los casos de riesgo. Una de las salidas que encuentra la víctima al dolor intensísimo que está viviendo es esta: acabar con todo y acabar con su vida.
La violencia sexual también se relaciona con consumo de alcohol y drogas, que es otro de los problemas que tenemos. Porque es algo que te permite desconectar de todo este recuerdo. Se relaciona con problemas de salud mental, obviamente, ansiedad, depresión, fracaso escolar. Entonces, invirtamos en esta prevención, invirtamos en que los adolescentes, los niños, puedan hablar cuanto antes con alguien, que sepan que tienen el derecho a hablar, que es eso lo que estamos diciendo con la educación afectivo-sexual.
¿Por qué debe ser desde etapas tempranas?
Porque el niño tiene que aprender que nadie puede tocar su cuerpo si él no quiere y que tiene que haber una justificación. ‘Hola, soy el médico y te voy a tocar por esto’. Perfecto. Ya le estás mostrando un respeto. Pero es que cogemos al niño, le limpiamos el culo, le quitamos los pantalones. Y, claro, lo que el niño está aprendiendo indirectamente es que cualquier adulto puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Luego queremos que hablen. ¿Pero cuándo van a hablar? Si no saben que tienen este derecho, ¿no?
Pero hay resistencia por parte de las familias a que esto se dé en los colegios, como si fuera una cuestión política o ideológica. ¿Cómo combatimos eso?
Para empezar, yo creo que es el Ministerio de Educación quien debe tomar una decisión. Porque esto no depende de una escuela, que tu escuela resulta que está al lado de una asociación y vienen a dar una charla. No. Yo entiendo que los padres tienen sus miedos o como lo queramos llamar. Pero si esto es una directriz desde Educación, significa que todas las escuelas de España van a tener una asignatura y esta asignatura va a estar manualizada, con lo cual, como padre tú puedes observar qué temas se van a tratar, cómo se van a tratar. Tiene que tener un profesorado como cualquier otra asignatura, como Matemáticas. No puede dejarse como una chica voluntaria que viene sensibilizada, debe ser un profesorado preparado con un temario basado en la evidencia. Le podemos cambiar el nombre, que eso también se ha discutido mucho con asociaciones. Puede ser educación para el bienestar. Llamémoslo como queramos, pero esto no es una elección según el partido que gobierne. No va de charlas. Es el derecho de tu hijo, no el tuyo. Es el derecho del niño a la educación afectivo-sexual, no tu derecho como padre.
«La educación afectivo-sexual tiene que tener un profesorado como cualquier otra asignatura, como Matemáticas, con un temario basado en la evidencia. No va de charlas, es el derecho de tu hijo, no el tuyo».
Por tanto, hay que tener mucho valor político, porque obviamente es algo que va a generar muchísima polémica. Pero, insisto, estamos hablando de educación, y tú no puedes decidir si quieres o no eso para tu hijo. Además, reitero, tiene que ser una educación sexual y afectiva universal, porque si no estamos generando una fuente de desigualdad. Tú puedes educar a tu hijo en prevención, accedes a un cuento, sabes qué recursos hay. Pero es que hay familias que no.
¿Cómo han influido en todo ello las redes sociales y la IA?
El contexto online también es muy terrible. Hay muchos pederastas que se conectan y captan. Lo vimos con los casos de la explotación sexual en Mallorca. Y las captaban por Instagram. Y ahí hay también un agujero importante de falta de educación en los riesgos online, los riesgos de enviar una fotografía, por ejemplo. Y son las niñas y niños con menos protección, con menos recursos en sus familias, los que acaban siendo mayoritariamente víctimas de estas redes. El Estado tiene que luchar para que no haya una desigualdad y no haya niños en mayor riesgo de violencia sexual.
El pasado 15 de junio, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el “Acuerdo de 4 de junio de 2026, de la Comisión de Selección a la que se refiere el artículo 305 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas de alumnos y alumnas de la Escuela Judicial para su posterior acceso a la Carrera Judicial por la categoría de juez/a, y plazas de alumnos y alumnas del Centro de Estudios Jurídicos, para su posterior ingreso en la Carrera Fiscal por la categoría de Abogado/a Fiscal”.
Detrás de tan extenso título se encuentra la “macroconvocatoria”, en palabras del ministro de Justicia, Félix Bolaños, a oposiciones a la carrera de juez y fiscal. El Gobierno oferta, así, 700 plazas, 575 de las cuales serán para jueces y fiscales por oposición y 125 para la vía de acceso por el cuarto turno. Esta vía de acceso, muy criticada por los sectores más corporativos del poder judicial, permite la incorporación como magistrados a juristas “de prestigio” que demuestren más de 10 años de ejercicio profesional.
El mismo Bolaños anunció en su cuenta de X esta convocatoria como “la mayor transformación de la justicia en décadas”. Sin embargo, aumento de la cantidad no necesariamente es igual a cambio de la cualidad. Es decir, nada garantiza que aumentar los efectivos encargados de impartir justicia haciendo cumplir el imperio de la ley vaya a transformar algunos de los problemas que arrastra la justicia española, que no sólo tienen que ver con la insuficiencia de recursos o de personal.
Ni siquiera la posibilidad de aumentar la presencia de magistrados por el cuarto turno abre necesariamente la puerta a la entrada de visiones que rompan el corporativismo que impide la autocrítica y la transformación de este rígido poder. Tampoco garantiza per se mayores dosis de independencia e imparcialidad. A modo de ejemplo, el célebre Juan Carlos Peinado, magistrado instructor en la causa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se incorporó a la carrera judicial por el extinto tercer turno, derogado en 2003, una vía directa similar al cuarto turno por la que “juristas de reconocida competencia” podían pasar a ser jueces, sin realizar oposiciones, si cumplían con seis años de ejercicio profesional.
En un contexto en que la justicia está en el ojo del huracán por el protagonismo –voluntario o involuntario– de ciertos jueces en la vida política española, cuyas decisiones condicionan el decurso de una agenda política plagada de juicios a miembros del poder político y sus familiares, el acceso a la carrera judicial reviste una importancia crucial. Una importancia que trasciende el mero debate sobre la mejora de las oportunidades profesionales, o de los recursos al servicio de los ciudadanos, y entra de lleno en el plano político.
Aunque el poder judicial trate de desvincularse del estigma de la politización de la justicia, lo cierto es que los jueces también son ciudadanos que, en su aplicación de la ley, pueden estar contaminados de sus propios sesgos, valores y prejuicios que los llevan a determinada interpretación de las leyes existentes. A quienes niegan la ideología presente en los impartidores de justicia, que en ocasiones puede comprometer la independencia e imparcialidad en el ejercicio de su profesión, habría que recordarles los vasos comunicantes entre el poder político y el poder judicial que se expresa en las posibilidades de promoción a puestos de poder institucional una vez dentro de la carrera judicial.
Uno de esos elementos es el origen de clase, que condiciona no sólo las posibilidades de acceso a unas oposiciones altamente disuasorias para quienes no se pueden permitir dedicar un promedio de casi 5 años de estudio exclusivo sin remuneración, y con los gastos añadidos de pagar a preparadores que cobran cantidades de dos ceros mensuales en sobres que no suelen declarar a Hacienda. No extraña, por tanto, que el 96% de quienes realizaron oposiciones en la promoción 2025-2026 contaran con la ayuda de sus padres para poder estudiar.
Garantizar la democratización del acceso a las carreras judicial y fiscal, mediante la promoción de condiciones estructurales de igualdad de oportunidades, mitigando las desigualdades sociales preexistentes más allá del formalismo vacío de las “oposiciones libres basadas en los principios del mérito y la capacidad”, es un paso imprescindible para superar la justicia de clase que todavía padecemos en el Estado español.
Para ello es perentorio que las iniciativas recogidas en el “Anteproyecto de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal” que el Consejo de Ministros aprobó el 21 de enero de 2025 y que actualmente se encuentra en fase de tramitación en el Congreso, puedan ir adelante en una Ley Orgánica que siente las bases de una democratización -siempre tímida e insuficiente si no va de la mano de transformaciones de la correlación de fuerzas estatales y del poder económico, como sabemos– que permita la entrada de aire fresco a uno de los poderes del Estado que se presenta como garante de derechos y libertades pero que aparece, con demasiada frecuencia, como un freno para los cambios sociales.
‘Pederastas, un problema estructural que no queremos abordar’, un especial de La Marea. Puedes descargarte el reportaje principal aquí. Si lo prefieres, puedes suscribirte a nuestra revista para que te llega a casa y podamos seguir haciendo periodismo.
Hace apenas un par de años, Robert Thacker, autor de la biografía de la Nobel de Literatura Alice Munro, se vio obligado a explicar por qué no había incluido en ese libro, publicado en 2011, un episodio muy importante en la vida de la canadiense. El episodio en cuestión lo hizo público en un periódico una hija de Munro, Andrea Robin Skinner, dos meses después de la muerte de la escritora: «A la sombra de mi madre, un icono literario, mi familia y yo hemos ocultado un secreto durante décadas. Ha llegado el momento de contar mi historia». En realidad, Andrea ya la había contado hacía años a su familia, quien tenía que haberla protegido y no lo hizo. «Mi padrastro abusó de mí. Mi madre se quedó a su lado», tituló aquel artículo en Toronto Star en 2024. Ni siquiera una condena al agresor, según explicó Andrea, logró romper el silencio al que su familia la había sometido durante décadas.
La historia de Andrea Robin Skinner es la historia de tantos niños y niñas que se siguen contando y no se creen hoy en todo el mundo, en España, en tu barrio, en tu propia casa; que se cuentan y no pasa nada. O que incluso continúan sin contarse. Es la historia de tantos y tantos agresores bien reputados, bien vistos, que dicen, en los pocos casos en los que son juzgados, que no es verdad o que fue la niña o el niño quien los sedujo; agresores que entran en el cuarto de su hijo por la noche y le ponen el mejor de los desayunos por la mañana, que siguen delinquiendo amparados por la impunidad, por el mirar para otro lado. Es la misma historia de tantas y tantas familias que se rompen por un delito que continúa siendo un tabú, algo muy fuerte, tan asqueroso, tan perverso, que no entra en cabeza humana. Pero que existe, que lo cometen hombres, familiares y conocidos en su mayoría. No son monstruos, ni psicópatas, no tienen diagnosticada enfermedad alguna.
El segundo marido de Alice Munro agredió sexualmente a Andrea cuando ella tenía nueve años. La niña hizo llegar el caso a su padre, que se quedó de brazos cruzados: «La incapacidad de mi padre para tomar una decisión que me protegiera me hizo sentir que yo no formaba parte de ninguna de las dos familias. Estaba sola». La violencia continuó hasta que llegó a la pubertad. Años después, con veintitantos, se lo contó a su madre, aprovechando que había escrito uno de sus cuentos de premio sobre una niña que se suicidó tras ser agredida por su padre. Fuera de la literatura, en la vida real, ante el caso de su hija, Alice Munro también se cruzó de brazos: «Reaccionó exactamente como me temía que haría, como si se hubiese enterado de una infidelidad».
A lo máximo que llegó, según narra Skinner, fue a hablarle sobre otros niños con los que este hombre mantenía «amistades», como si la traicionada hubiera sido ella, la esposa. «¿Se dio cuenta de que estaba hablando a una víctima y que yo era su hija? Si lo hizo, yo no lo sentí. Cuando intenté decirle cómo el abuso de su esposo me había causado daño, se mostró incrédula». Andrea, que ahora ayuda a personas que han pasado por su misma situación, rompió la relación con su madre cuando nacieron sus hijas. Ella sí tuvo claro que nunca iría con ellas allí donde el agresor estuviera.
Gerald Fremlin, el segundo marido de Munro, el padrastro de Andrea, el agresor, fue condenado en 2005 después de que Andrea, la hija de Alice Munro, la hijastra, la víctima, lo denunciara ya mayor: dos años de prisión provisional y una orden de alejamiento de menores de 14 años. Fremlin era ya octogenario. Murió en 2013 y, hasta ese momento, Munro, la madre de la víctima, permaneció al lado del agresor. ¿Por qué no incluyó este episodio, aun conociéndolo, aun con sentencia condenatoria, el biógrafo de la premio nobel? ¿Qué motivo expuso para no hacer nuevamente nada, para cruzarse de brazos ante esta historia? «Yo lo veía como un asunto familiar privado», justificó.
Detrás de ese argumento se ha escondido históricamente uno de los principales problemas a la hora de afrontar –y prevenir– la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes: lo que le hizo el padrastro a la hija de Alice Munro no es un caso aislado, como tampoco lo es lo que le hicieron los curas pederastas a sus víctimas, ni lo que un tío, un primo, un padre o un abuelo siguen haciéndole a muchos niños y niñas hoy en sus casas, igual de pederastas que estos curas; o lo que los actualizados agresores sexuales continúan haciendo a estas personas vulnerables a través de las pantallas. Lo que les ha pasado históricamente a los niños y niñas y sigue ocurriendo hoy, lo que hacen los agresores sexuales con estos niños y niñas, es un delito público derivado de un problema social estructural, de salud pública. Y solo abordándolo desde este prisma –y no como casos aislados, espectaculares o de puertas para adentro– se podrán adoptar medidas que pongan el foco en el delito y en los delincuentes, que protejan a las posibles víctimas y que ayuden a las que, por desgracia, ya lo son.
Así lo indican desde todos los sectores consultados para la elaboración de este dossier: desde el ámbito judicial al policial, desde el ámbito educativo al psicológico, desde las organizaciones en defensa de la infancia hasta las propias víctimas –o supervivientes, como muchas prefieren denominarse– y familias afectadas. Es necesario dar un salto cualitativo en el abordaje de la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia ya, cuanto antes, como ocurrió también con la violencia de género en su día.
Una violencia continuada
«Ni es algo puntual ni es tampoco el caso Epstein», analiza la doctora en Psicología y catedrática en Victimología Noemí Pereda. «Porque ahora estamos con esto como si esto fuera la realidad. No, la realidad de la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia es intrafamiliar, es continua, es silenciada, nadie lo descubre. No son estas historias mediáticas. Es que estoy preocupada con el caso Epstein porque veo que últimamente se está desviando todo hacia ahí», explica Pereda. Al frente del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de la Universidad de Barcelona, dirigió el primer estudio estatal con una muestra representativa tan amplia –más de 4.000 adolescentes y jóvenes de 14 a 17 años– y, además, con información proveniente de los propios niños, niñas y adolescentes de ahora, no de adultos que lo sufrieron en el pasado.
Los datos son demoledores: un 17,8% reportaron haber sufrido algún tipo de victimización sexual a lo largo del último año. Si comparamos este porcentaje con el obtenido en la primera encuesta realizada en España, en 1994 por el profesor de la Universidad de Salamanca Félix López, se observa que no ha cambiado prácticamente nada –entre un 10% y un 20% de la población, según los diferentes estudios, ha sufrido agresiones en su infancia o adolescencia–, lo que indica también que las administraciones han estado igualmente cruzadas de brazos ante este asunto en las últimas tres décadas.
«Las horas son las que son, no damos abasto. Tenemos tiempo y recursos limitados. Todo pasa por priorizar en la agenda al niño o la niña. Hemos visto cómo se ha priorizado a la mujer. Ahora tocan los niños. Tenemos la experiencia multidisciplinar de los equipos que trabajan en violencia de género, hay que aplicarla también a la violencia contra los niños, con sus peculiaridades y especificidades», concluían unas jornadas organizadas a finales de 2019 por el Colegio de Abogados de Sevilla, la Fundación Gota de Leche, el Foro Profesional por la Infancia de Andalucía y la Real Academia de Medicina de Sevilla.
En todo el mundo, según Unicef, más de 370 millones de niñas y mujeres vivas en la actualidad y entre 240 y 310 millones de niños y hombres han sufrido violaciones o abusos sexuales antes de los 18 años. Uno de cada cinco, dice la campaña del Consejo de Europa lanzada en 2010. Pero es que además, como afirman desde Save the Children, persiste el desafío de conocer la dimensión real: «Sabemos que las cifras oficiales reflejan solo la punta del iceberg, que muchos casos no se detectan y no se denuncian, en parte por las dinámicas propias del abuso, que suele producirse en entornos de confianza y en contextos de secretismo que dificultan la revelación por parte del niño o niña y de otros familiares», sostiene Clara Burriel, especialista en violencia en la citada organización. Y ese es otro de los principales problemas: a pesar de su gravedad, todavía se trata de una realidad muy invisibilizada, rodeada de tabúes, falsos mitos sobre su frecuencia, las víctimas o los contextos. «La sensibilización social sigue siendo tarea pendiente: necesitamos comprender que se trata de una problemática estructural, no casos aislados», insiste.
Según el Ministerio del Interior, en 2024 se interpusieron 22.774 denuncias por violencia sexual –un 4,68% más que el año anterior y un 66% más que hace seis años–, de las cuales casi la mitad (un 41,2%) tenía como víctima a una persona menor de 18 años. Los datos constatan «la sobrerrepresentación femenina en la victimización sexual», la alta incidencia de esta violencia y la «fuerte masculinización de la autoría» de estos delitos.
María (nombre ficticio) tiene 45 años. Sufrió agresiones sexuales por parte de un familiar cuando era adolescente. Acudió a terapia ya mayor, poco antes de la pandemia. Y hoy, cuando escucha este tipo de reflexiones, de enfoques, asiente y dice: «Eso es, es eso. Nunca es tarde para hablar de ello. No es Epstein, son las casas, es lo que está pasando hoy en las casas». Su familia está rota porque ella lo contó. Y eso también es frecuente, no es aislado, como sostiene esta sentencia de 2023, que condena al tío de una niña como María: «La menor explicó que no lo hizo antes –contar que su tío la agredía– porque tenía miedo a que no la creyeran, y porque pensaba que al revelarlo la familia se iba a romper, como ocurrió cuando se supo. Es algo repetitivo en estos casos».
María afirma que en su grupo de terapia, en el 90% de los casos no tuvieron apoyo familiar: «La respuesta sobre cómo respondían las madres era muy similar, hemos sido repudiadas, no hemos tenido apoyo real y práctico», dice en un pasaje que recuerda, a su vez, a la interpretación de Belén Rueda en No tengas miedo, una película dirigida por Montxo Armendáriz en 2011. La niña –Michelle Jenner– se lo cuenta una y otra vez a su madre, pero la madre, que puede representar también a la sociedad, no quiere creerla, no quiere asumir que eso que está narrando su hija se está produciendo, que sea el padre el que lo está cometiendo, o quizá no puede asumir el error de no haberla protegido.
Esa es otra cuestión que se repite, el perfil (o no perfil) del agresor, porque cualquiera puede serlo. Todas las encuestas realizadas hasta el momento, todos los colectivos que trabajan en este asunto, lo confirman: en torno al 80% de este tipo de violencia se da dentro de la familia o entornos muy conocidos. «No son personas encapuchadas, pueden estar en casa», afirma la subdirectora de las líneas de ayuda de la Fundación ANAR, Shauri Molina. Según un análisis de sentencias que Save the Children viene elaborando periódicamente, más del 90% de las personas acusadas son hombres y en ocho de cada diez casos es conocida. Y sin embargo, como remarca en sus ponencias la superviviente Miriam Joy, hoy mediadora en prevención en la asociación Redime, nos alertan cuando somos pequeños de no coger caramelos de desconocidos, pero nadie nos dice que el agresor, «el lobo», puede estar en tu cuarto.
Entre los espacios más comunes, sigue destacando el entorno familiar, aunque también se dan otros agresores conocidos, como amigos o allegados de la familia o víctima, profesionales que trabajan con niños y niñas, etc. En el caso de Miriam, por ejemplo, fue un médico. En el caso de Francisco, hoy con 43 años, fue un vecino, posteriormente conserje de su colegio. Dentro de la familia, las figuras que destacan son la pareja de la madre (11%), el padre (8%) y otros familiares, como tíos y abuelos (8%). En el entorno conocido no familiar, el 75,2% eran conocidos o amigos de la víctima. No obstante, el aumento de la violencia digital está haciendo que el porcentaje de agresores desconocidos esté creciendo, como corroboran Save the Children y la Fundación ANAR.
El tipo de agresor, según el citado estudio de sentencias, también marca la media de edad de las víctimas: así, en los casos en los que la agresión procede del entorno familiar, la media es de diez años; mientras que cuando el agresor pertenece al entorno conocido o es una persona desconocida, se sitúa en torno a los 13. Además, en seis de cada diez casos, se trata de agresores sin antecedentes (63%). El informe indica también que se ha producido un incremento en el número de quienes sí los tienen, y se sitúa en el 17,5%. Aquí destaca otra cuestión importante: en el 16% de los casos, los antecedentes eran por delitos contra la libertad sexual, lo que supone un aumento respecto al 4% de 2021.
La importancia de creer a las víctimas
«Serán imaginaciones tuyas», concluye la madre sobre lo que le cuenta su hija en la película de Armendáriz, como suele pensar la sociedad ante los casos reales. «Cuando yo lo conté, dos años después, cuando tenía 11 años, me llevé una reprimenda tremenda, me dijeron que aquello era una invención», dice Francisco. «No se quiere ver porque faltan herramientas y se tiene miedo al conflicto. Y en nuestra sociedad los abusos sexuales a menores es algo que tenemos bastante asimilado, sabemos que pasa, pero cuando pasa y lo tenemos delante de nuestras narices nos resulta tan espantoso que preferimos mirar para otro lado antes que abordarlo y denunciarlo», prosigue.
Desde la Fundación ANAR parten de una máxima: «Siempre tenemos que creer a los niños, niñas y adolescentes, hay que darles un espacio, decirles que no les vamos a juzgar, que la culpa la tiene el agresor, y tener oídos para esos niños», explica Shauri Molina. En el 9,4% de los casos atendidos, tuvo que intervenir el departamento jurídico; y en el 9,3%, hubo una coordinación con entidades externas para proteger a esos niños.
Porque otra supuesta explicación que se esgrime para no mirar es culpar a la víctima: «Serás una puta», le dijo una madre a su hija con 12 años cuando le contó lo que le hacía su padre: «¡Pregúntaselo a tu marido, papá me está tocando y va a mi cuarto todas las noches por mí!». «Imagínate qué ganas tienes tú de hablar de esto», explica la terapeuta Eva Medina ante este caso que trató. El problema, como analiza, es que un niño no imagina lo que no ve, no fantasea con lo que no conoce. «O lo ha visto o se lo han hecho, y en ambos casos es delito», dice. Y se llama pederastia –continúa– por muy dura que suene la palabra: «Es fuerte, pero es la realidad. Una persona que abusa de un menor es un pederasta, sea el padre, el hermano, el tío, la madre o Perico el de los palotes».
Esta otra sentencia también es clara en ese sentido: «No se trata de un mayor de edad con nociones sexuales, que puede tener capacidad para inventar escenas de contenido sexual, sino de un menor que no las conoce, lo que, como apunta el tribunal, supone un grado de credibilidad relevante de los menores víctimas en estos casos que les hace ser unas víctimas en su propio hogar. Este tipo de hechos cometidos por personas del entorno de la menor conlleva una facilidad operativa delincuencial del sujeto activo del delito y la más completa indefensión de los menores de edad que sufren la delincuencia sexual», escribe en 2024 la Sala de lo Penal del Supremo al denegar un recurso de casación presentado por el agresor, condenado en 2021, que argumentaba que se había vulnerado su presunción de inocencia. La mayoría de los casos, de hecho, no llegan a los juzgados, porque o no los creen o no lo cuentan por la propia dinámica del abuso hasta que son adultos.
Eva Medina es tía de Miriam Joy y, como ella, trabaja en la asociación Redime, nacida en 2004 alrededor de esta historia familiar. Miriam contó cuando cumplió los 18 años que un médico había abusado de ella. De ella y de más niños. «Pertenecíamos a una comunidad cristiana y había una persona, un médico con su esposa, que llevaba a los niños, no tenían hijos, era gente muy reconocida socialmente. Él era muy cercano, muy empático. Trabajaban con niños y adolescentes, y hacían campamentos, tenían una revista, en fin… atraían a los niños y a las niñas. Fue una bomba. Y te preguntas, ¿pero cuándo ha pasado esto? ¿Dónde estábamos nosotros, sus padres, su familia?», rememora Eva.
A Miriam, en contra de lo que suele suceder, sí la creyeron. «Eso supone una crisis familiar, personal, de fe y de todo. Porque donde creíamos que los niños estaban protegidos y seguros, es donde estaban siendo abusados», prosigue su tía, con una agenda de trabajo tan cargada que siempre acaba posponiendo esta entrevista. «Los padres de Miriam, Gloria, que es la presidenta de la asociación, junto con su marido, Joel, fueron a Estados Unidos por otra cuestión y asistieron a una conferencia. Alguien se levantó y contó que su padre había abusado de ella». De allí se trajeron una guía, Puerta de Esperanza, que tradujeron y adaptaron, y formaron los primeros grupos de ayuda mutua, sesiones que se centran en la rehabilitación de adultos que fueron agredidos sexualmente en la niñez.
«La asociación empieza con grupos pequeñitos de unas cuantas mujeres. En principio, solo eran mujeres. Muchas nos conocíamos, pero nunca habíamos hablado de esto. Amigas quizás de toda la vida, pero jamás se había hablado de esto. Y empezamos a hacer este trabajo con el manual, escrito por Jan Frank». A partir de ahí, la asociación comenzó a crecer de manera exponencial: «Y empezamos a tener los grupos de ayuda mutua ya más regulados, dos veces al mes, en sesiones presenciales en principio».
Esa es la columna vertebral de Redime, pero su labor, que comenzó en Málaga y ahora es de ámbito estatal, tiene en realidad tres patas: la rehabilitación de las víctimas, la prevención y la formación. «Nos dimos cuenta de que la educación es crucial. Y creamos un programa de prevención que va desde los tres años hasta el bachillerato adaptado según el rango de edad. Por ejemplo, con los más pequeñitos usamos guiñoles, muñecos, canciones, etc.».
La mayoría de estos programas, denominados Talleres para la vida y dirigidos a docentes, alumnado y familias, los desarrollan de manera gratuita, solicitados por colegios, pero no tienen los recursos suficientes para hacer todo lo que se necesita, ni convenios con las administraciones que permitan ejecutar este trabajo de manera sistemática y en todos los centros. «Lamentablemente, no ha habido ni un solo colegio o instituto al que hayamos ido en el que no haya saltado algún caso. Las cifras son alarmantes, pandémicas. Nosotros estamos desbordados. Nos llegan personas derivadas de salud mental que no pueden ser atendidas porque dan cita cada no sé cuántos meses… El Estado tiene que poner los recursos para que las víctimas puedan ser atendidas», insiste Eva Medina. Aunque en 2021 se aprobó la Ley de Protección a la Infancia (Lopivi), un paso fundamental para abordar este problema según los agentes implicados, prácticamente hasta el momento han sido las propias víctimas y las iniciativas privadas las que han ido actuando en este asunto. Es el caso también de la Fundación Vicki Bernadet, que lleva trabajando desde 1997 en la atención integral, prevención y sensibilización.
Vicki Bernadet fue agredida de los nueve a los 17 años y no lo contó hasta los 34. Hoy tiene 72 años y considera que, tratándose de otra época, algo debería haber cambiado. Pero no: «Se trata de una realidad tan dura que existe una sensación generalizada de que las cosas son menos graves de lo que decimos. Y se suele pensar que estamos exagerando para sensibilizar. Por eso tenemos que encontrar ese equilibrio para que no se cierren las mentes ante esta realidad tan cruda. Y siempre digo que quiero ir con la Generalitat, no contra la Generalitat. Y, por ejemplo, en los talleres de padres y madres tengo que conseguir, y lo consigo afortunadamente, que al menos cuatro o cinco veces se rían a carcajadas, para romper, porque el humor humaniza a la gente».
Desde la primera que vez que contó su historia y comenzó a dar en entrevistas, tardó casi diez años en impartir una charla en «un solo» colegio. Y aunque ahora va a centros escolares con una gran acogida, hace unos días acudió a uno donde de 600 familias solo asistieron unas cinco. Ella, como las demás víctimas, se enfrentó a dos realidades: la reacción del entorno familiar y la inexistencia de recursos especializados. En estos días, por ejemplo, desde su fundación, acaban de participar en la elaboración de un nuevo protocolo en Bajo Aragón «para garantizar respuestas claras, eficaces y alineadas con la normativa vigente, y fortalecer la capacidad de los agentes a la hora de actuar de forma temprana, coordinada y efectiva ante estos casos».
Otro ejemplo es el estudio que lideró la profesora Pereda, que fue financiado, entre otras, por una institución privada como la Fundación ”la Caixa”. «A mí me apena mucho la última encuesta del Ministerio de Juventud e Infancia porque era una oportunidad enorme, con el poder que tiene el ministerio, de hacer una encuesta en adolescentes escolarizados aún mayor que la nuestra. Pero la volvieron a hacer con adultos».
Desde el ministerio señalan la dificultad ante la necesidad de autorización familiar, ya que los casos se dan precisamente en las familias. Pereda insiste en que hay países como Canadá, EE. UU. o Chile que hacen esta encuesta con adolescentes cada dos años. «Porque eso –analiza– nos permitiría ver variaciones y decir ‘oye, resulta que en Catalunya han implementado un programa y, fíjate, de hace dos años a hoy, el porcentaje es más bajo’. Esto solo lo podemos comprobar si hacemos estudios con los adolescentes de hoy, con los que podemos intervenir hoy y no cuando pasen los años. La política pública debe invertir en esto y en prevención. Porque cuando lo hacemos con adultos, ya sabemos qué va a salir».
La sociedad, además, ha cambiado y ahora se dan nuevos factores que no influyeron en esos niños hoy adultos: desde la irrupción de Internet y las nuevas tecnologías –con la IA como última novedad– hasta nuevas formas de relaciones familiares. Todo ello permitiría detectar también las nuevas formas de violencia a través de la tecnología y la violencia cada vez mayor entre iguales, entre personas de la misma edad. «Ha aumentado por esta negligencia respecto a la educación afectivo-sexual y el peso de la industria del porno. Porque no es que los adolescentes vayan a buscar porno, es que la industria los va a buscar a ellos. O sea,tenemos juegos infantiles como Roblox donde hay enlaces a pornografía. ¿Por qué? Porque saben que lo van a ver niños. No se trata de culpar a los adolescentes de ver pornografía, de prohibir. Debemos entender todo este escenario y hacer actuaciones en políticas públicas que realmente sean efectivas, porque, si no, este porcentaje no va a bajar», añade la catedrática.
También fue, al margen del Estado, la insistencia de las víctimas de pederastia en la Iglesia la que ha conseguido finalmente el reconocimiento de estas agresiones, el derecho a su reparación y el acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno con el Defensor del Pueblo para indemnizar los casos que estén prescritos en la justicia pública. «Mucha gente piensa que esto es de la época de Franco. Claro. En la época de Franco ocurría, pero es que por desgracia en nuestros días también sigue ocurriendo, y hay niños y niñas que han sufrido delitos de pederastia y sus padres están desesperados, primero por el estado de sus hijos, pero después también porque los poderes públicos parece que juegan a archivarlo todo», denuncia Juan Cuatrecasas, portavoz de la Asociación Nacional Infancia Robada.
«Solo desde enero de 2025 al verano de 2025, en España, ha habido hasta 12 casos en colegios concertados», enumera. Este mismo marzo, el Opus Dei ha apartado a un profesor en Madrid por supuestas agresiones sexuales a tres menores de edad, según ha publicado El País, que puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española. «A diferencia del ámbito familiar, la víctima, cuando denuncia, se enfrenta a su agresor pero también a toda la orden, prelatura a la que éste pertenezca, que intenta tapar el caso y defender el buen nombre de la institución. Es decir, recae sobre la víctima todo el poder de la institución, con lo que ello supone. Y de ahí que, cuando un menor/adulto denuncia a un miembro de la Iglesia, ésta nunca asume su defensa, y sí la de su agresor», reflexiona Cuatrecasas.
Su hijo fue víctima de un profesor numerario en un colegio vasco. «Nos trasladó en mayo de 2011 el delito que habían perpetrado contra él; nos habló de abusos y acoso escolar, las dos cosas, porque muchas veces los casos de abuso que se producen en colegios llevan emparejado el tema del acoso, porque el pederasta, el depredador sexual, lo que hace es intentar aislar a la víctima, como ocurre también en la violencia de género», explica. «Para nosotros –prosigue– fue una pesadilla porque veíamos a nuestro hijo fatal. Y en un principio no te imaginas hasta dónde llegaba todo. Pero cuando ya tu hijo te dice con dificultad lo que ha pasado, pues lo primero que haces es intentar que él salga adelante –ese ha sido siempre nuestro objetivo– y por supuesto a la vez tuvimos que denunciar porque el colegio pretendía taparlo todo», denuncia.
La Asociación Nacional Infancia Robada nació de un grupo de víctimas de la Iglesia, cuyos jerarcas han llegado a alegar que lo de los abusos no era solo cosa de esta institución. Y es cierto. «Pero a lo largo del tiempo han recurrido a nosotros sobre todo víctimas del ámbito intrafamiliar, alguna del deportivo e incluso de los Boy Scouts. Es, efectivamente, un mal endémico de nuestra sociedad. Y siempre digo que con la infancia nada es suficiente», concluye Cuatrecasas. Según la encuesta realizada por la firma GAD3 para el Defensor del Pueblo, el 1,13% de las personas han sufrido abusos en el ámbito religioso católico. La cifra supone un 0,6% con respecto a los abusos totales reportados: un 11,7% de las personas entrevistadas (con una muestra de 8.000). Y no es menor: son unas 400.000 víctimas, según las prospecciones del Defensor.
«En el caso de la Iglesia es un tema que procede de muchas décadas atrás, y está insertado como algo estructural. No son cuatro casos, como decía la Iglesia al principio. Son muchos y cada vez más. E incluso te diré que en este ámbito se entendía que era entre un cura o religioso adulto y un niño y, con el tiempo, también han ido saliendo mujeres víctimas de sacerdotes. Hay campos totalmente inexplorados, como el tema de las monjas, que algún día también saldrá», añade Cuatrecasas, que lidera la petición de un Estatuto específico que otorgue a los supervivientes «la condición de víctima» con derechos en el ámbito sanitario, educativo, laboral y social. Además de la protección judicial a quienes hayan denunciado.
El informe destaca, además, que la violencia contra la infancia, considerada como un asunto de salud pública por la Organización Mundial de la Salud (OMS), no ha aparecido entre los problemas que generan una mayor preocupación en la ciudadanía, según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). «Por ello –indica el Defensor–, se aprovechó la ocasión para preguntar a las personas encuestadas, ante todo, cuál era su percepción del problema». La mayoría lo considera un problema social muy grave o bastante grave. Sobre si existe una mayor conciencia social, un 19,7% respondió «mucha» y un 40,2% «bastante», frente a un 32% que consideró que la conciencia social había crecido poco y un 5,2% nada.
«Precisamente el tabú que todavía rodea a esta forma de violencia está muy vinculado a esos entornos en los que se produce. Aceptar esto implica reconocer que el riesgo y la violencia muchas veces proceden de los entornos que deberían ser protectores. Esa realidad genera una profunda incomodidad social, pero también sentimientos de vergüenza, culpa y miedo, incluso dentro de las propias familias o instituciones, que pueden llegar a traducirse en situaciones o dinámicas de encubrimiento para evitar el estigma social», contextualiza la experta Clara Burriel.
Fue lo que hizo la Iglesia durante años con estos casos o lo que hacen tantas familias con los suyos. En el foro celebrado en Sevilla a finales de 2019, también se llegó a concluir lo siguiente: «En el momento actual, la actitud de la mayoría de los profesionales es el no querer implicarse en la atención, ni en la notificación por las consecuencias que podría acarrear, por la dificultad que entraña, por la dedicación que exige y por la inseguridad jurídica profesional que padecemos». Ocurre también que cuando alguien pone este asunto en una conversación –como hemos constatado en el proceso de elaboración de este dossier– la reacción suele ser de desconexión: qué tema «más feo», qué tema «más incómodo».
La justicia
La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, admite la deuda que existe con estas víctimas. «Pido disculpas, en nombre del Estado, a todas las infancias porque no hemos llegado a tiempo de evitar muchas situaciones dolorosas», dice en una entrevista en páginas posteriores. Este año se cumplirá un lustro de la aprobación de la Lopivi, que necesita seguir dotándose de financiación y recursos para ser efectiva, sobre todo, desde el punto de vista educativo y judicial. Porque lo que ha pasado también hasta ahora es que no se reconoce que los niños sean sujetos de derechos, que no son propiedad de los padres, ni de los tutores, ni de nadie. «El ordenamiento jurídico no está pensado para los niños y las niñas», dice tajante la magistrada Glòria Poyatos, que insiste en la importancia de incluir la perspectiva de infancia en la justicia.
«En todo lo relacionado con los menores, necesitamos dar un salto cualitativo porque nos encontramos con que sus necesidades y experiencias normalmente quedan ocultas, es muy difícil valorar su relato, muy difícil valorar su sintomatología o sus reacciones porque suelen ser inespecíficas. Se necesita de la psicología, y no de una psicología cualquiera, sino de algo muy especializado para poder llevarlo a cabo en profundidad. Y actualmente no tenemos esos recursos, de forma que los juristas estamos opinando y tomando decisiones sobre cuestiones relativas a menores, cuestiones muy relevantes, sin tener suficiente formación», admite la abogada Amparo Díaz, especializada en violencia de género y victimología.
«No nos olvidemos –prosigue– de que el machismo justifica y legitima que haya ciudadanos de primera categoría y ciudadanos y ciudadanas de segunda categoría, como las mujeres, niños y niñas». «Cuando las víctimas son niños que todavía no tienen capacidad de expresarse con mucho detalle, el sistema que se está aplicando es un sistema basado en la valoración de la credibilidad de su relato y requiere que su relato sea detallado, con detalles del contexto, del lugar, de la secuencia de cómo suceden los hechos… y nada de eso lo pueden hacer muchos menores. Se están dejando de lado otro tipo de investigaciones basadas en otro tipo de herramientas como pueden ser los juegos con muñecos, los dibujos, pruebas indirectas…», prosigue Díaz.
La Lopivi parte de ahí y, entre otras cuestiones, prevé la creación de juzgados especializados en violencia contra la infancia. Sin embargo, según matiza Save the Children, la instauración de las nuevas secciones se aprobó finalmente en 2025 en Madrid, Barcelona y Málaga, cada una de ellas con una única plaza judicial. «Aunque la implementación deba ser paulatina, tres secciones con una plaza cada una para todo el país resultan manifiestamente insuficientes para atender de manera especializada todas las formas de violencia de las que son víctimas niños, niñas y adolescentes, por lo que es necesario una implementación más amplia desde su inicio, así como la creación de plazas judiciales», reclama Burriel.
En este ámbito, las asociaciones y colectivos piden la creación de fiscalías especializadas, asegurar que estos casos recaigan en las secciones de violencia contra la infancia y la adolescencia, en lugar de las secciones de violencia sobre la mujer: «Pues las niñas tienen necesidades específicas diferenciadas de las de las mujeres adultas, motivadas por su edad, el momento de desarrollo, el tipo de violencia o la relación con la persona agresora. Lo contrario supondría, además en la práctica, un trato desigual entre niños y niñas, cuyos casos por el mismo tipo de violencia serían tramitados por secciones distintas», señala Burriel.
Y, por supuesto, resulta fundamental integrar el modelo Barnahus en la justicia especializada en infancia, un modelo de atención integral donde todas las instituciones que intervienen en un caso de agresión sexual infantil se coordinan y trabajan bajo el mismo techo para atender al niño o niña víctima. El objetivo es evitar la victimización secundaria estableciendo protocolos de actuación interdisciplinarios e interinstitucionales, lo que mejorará de ese modo la coordinación entre los profesionales y asegurará la protección de los niños y niñas a la hora de conducir exploraciones, realizar la prueba preconstituida y evitar su declaración en el juicio oral, lo que lo aleja de las instalaciones judiciales.
Según el informe de sentencias de Save the Children, en más de la mitad de los casos, hay víctimas que siguen teniendo que declarar más de una vez. En el 20% de los casos, la víctima tuvo que declarar dos veces, mientras que en un 3% tuvieron que declarar hasta cinco veces o más. Por otro lado, los que llegan a la justicia se extienden más allá de los tres años y preocupa el aumento de los que sobrepasan los cinco años de duración. «Habitualmente, las instancias judiciales hacen gala de ese principio garantista del habeas corpus, que me parece muy bien, pero cuando alguien denuncia esto no lo hace por capricho, cuando alguien va a un juzgado no lo hace como el que va un domingo a dar un paseo por el campo. La casuística de casos falsos denunciados de violencia contra la infancia es prácticamente ridícula», insiste Cuatrecasas.
El proceso judicial iniciado por su familia contra el profesor, que acabó condenado, concluyó varios años más tarde, en 2018: «Y tenemos que aguantar halagos hacia el pederasta, con condena. Estamos en 2026 y esto no ha terminado. Nos queda el juicio civil y el tema del Vaticano».
Secuelas de por vida
Laura fue la única de cuatro hermanas que se atrevió a hablar. Su padre agredió a todas las demás. Cuando llegó a ella, la más pequeña, se acabó. Su madre no se había enterado hasta entonces. Y aunque su caso llegó a los tribunales y el padre fue condenado, Laura sigue viviendo hoy, con más de 40 años y dos hijos, con ese dolor: «Ese tío ha pasado unos cuantos años en la cárcel y no ha pagado nada porque se declaró insolvente. Él está tan pancho. Nosotras seguimos destrozadas». Ninguna de sus hermanas terminó los estudios básicos. Ella ha encadenado depresiones y trastornos de la alimentación y, según cuenta, no le sirve la justicia restaurativa cuando se le pregunta como forma, también, de poder aminorar su dolor.
«En España también tenemos estudios de la relación entre violencia sexual y la conducta suicida, una relación más que demostrada. El niño busca una salida al dolor y muchas veces consiste en acabar con todo, con su vida. La violencia sexual también se relaciona con consumo de alcohol y drogas, que es otro de los problemas que tenemos. Un consumo que te permite desconectar de este recuerdo. Se relaciona también con problemas de salud mental, obviamente, ansiedad, depresión, fracaso escolar. Y es un problema que no estamos sobrerrelacionando con otros problemas, y que está demostrado desde hace mucho tiempo, tanto fuera del país como en España», expresa Pereda.
Según el informe publicado este mismo abril por la Fundación ANAR sobre su línea de ayuda telefónica, email o chat, la conducta suicida de menores de edad se ha convertido, por cuarto año consecutivo, en el principal problema atendido. Y la primera causa de los problemas de salud mental es la violencia. Después de ello y las autolesiones, entre los principales temas de consulta destacan las agresiones sexuales.
Aunque con ayuda hay salida, en una de las sentencias citadas anteriormente, el tribunal también lo dice claramente: «El sufrimiento que padecen estas menores difícilmente podrán borrarlo de su mente en el futuro». De hecho, la mayoría, cuando lo cuenta, ya es una persona adulta, lo que lleva a que el delito prescriba en muchas ocasiones y que los hechos queden impunes. Por eso se está pidiendo la imprescriptibilidad. «Suele ser característica habitual en estos casos el silencio de los menores y la prolongación en el tiempo de las agresiones sexuales, que es lo que busca el autor de estos hechos delictivos para conseguir la obstaculización de la decisión de la denuncia por parte de los menores, o de contarle a sus madres lo que están sufriendo», insiste la misma sentencia.
La pesadilla suele iniciarse como un «secreto» entre el agresor y la víctima, que aún no sabe que lo es. Porque no le pega, que es algo que el niño identifica como algo malo, sino que le hace cosquillas, o lo acaricia. Por eso es fundamental, como afirma Vicki Bernadet, la confianza educada, hacer ver al niño que los secretos se pueden tener pero que hay que romperlos cuando te hacen sentir mal. En todo ese proceso, el niño muchas veces huye a otro lugar, disocia lo que le hace por la noche su padre de lo que le dice por la mañana: por la noche entra en su cuarto y lo toca y por la mañana hablan de las notas del cole. La espiral va creciendo de tal manera que el mismo niño, puede llegar a sentirse culpable, y sentir vergüenza, porque el agresor también se lo recuerda: no lo puedes contar porque a ti también te gusta. «Me sentía una puta», dicen algunas mujeres agredidas. Y esa niña o ese niño tampoco quiere que su padre o su abuelo vayan a la cárcel. ‘¿Estás seguro de lo que dices? Porque puede ir a la cárcel?’. Y entonces se retractan. Con eso también juegan estos agresores.
A pesar de los avances, de las leyes, siguen produciéndose casos como este que publicó en marzo El Salto: un juzgado de Madrid otorgó la custodia exclusiva de una niña de seis años a su padre denunciado por violencia sexual hacia la pequeña cuando el caso todavía no estaba sobreseído. El escrito –afirma el medio– hacía alusiones al falso síndrome de alienación parental, prohibido en la Lopivi.
Más allá de este caso particular, la abogada Díaz insiste en ello, en que las leyes están, pero no siempre se aplican: «Rige la presunción de inocencia, pero debería regir a la vez el derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, el derecho a que se investigue en profundidad un caso y que se lleven a cabo diligencias útiles para llegar a conocer qué es lo que ha sucedido. Sin embargo, nos quedamos muchísimas veces en la superficie, porque como el menor no llega a dar suficientes detalles o no llega a tener evidencias físicas o síntomas psicológicos específicos, nos quedamos ahí».
Pone como ejemplo el artículo 19 de la Ley de Violencia de Género, que dice que las entidades que dan atención especializada a las mujeres podrán pedir medidas urgentes al juzgado: «Y, sin embargo, no se piden. El hecho de que la madre haya contado previamente una situación de maltrato hacia ella, por desgracia se suele interpretar como que hay una animadversión, que es parcial y que no es objetiva».
Por ello, plantea algo básico: que las administraciones públicas cumplan la legislación. «Para eso es necesario que tengan más medios. Las profesionales que están en esos servicios normalmente están muy implicadas, pero tienen poco tiempo, muchas veces trabajan a media jornada y tienen temor, por un lado, a los propios procedimientos judiciales, y, por otro, a las represalias de las personas que están identificando como posibles agresores. Y eso pasa en todos los servicios. Los servicios sociales muchas veces no se pronuncian, se quedan en la superficialidad, entre lo que dice uno y lo que dice otro, no avanzan y no se hacen más investigaciones ni se pide nada específico a los juzgados ni a los centros educativos».
Prevención y detección: redes e inteligencia artificial
En mitad de este panorama, la formación, la prevención y la detección temprana son, por tanto, las herramientas cruciales. «Salir de las cifras estancadas supondría en primer lugar impartir una educación afectivo-sexual universal desde etapas muy tempranas. Y esto no ocurre en la mayoría de países, no es solo España. Y no va de que en una asignatura de 3º de ESO sepan lo que es el pene y un embarazo, no. Esto va de consentimiento, va de los derechos que tienes sobre tu cuerpo, tu intimidad, va del respeto a los demás, de relaciones igualitarias. Es educación afectivo-sexual, no solo sexualidad biológica», insiste Pereda.
El niño, dice ella, tiene que aprender que nadie puede tocar su cuerpo si él no quiere y que tiene que haber una justificación para ello. «Hay que decir, ‘hola, soy el médico y te voy a tocar por esto’. Perfecto. Ya le estás mostrando un respeto. O ‘soy mamá y te limpio el culete, porque tengo que limpiártelo’. Perfecto. Este mensaje ya está mostrando un respeto por el niño. Pero no lo hacemos así. Cogemos al niño, lo limpiamos, lo coge el médico, le quita los pantalones… Lo que está aprendiendo es que cualquier adulto puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Y luego queremos que hablen. Claro, ¿cuándo van a hablar? Si no saben que tienen este derecho, ¿no?», expone con ejemplos prácticos que permiten ver toda la violencia a la que sometemos a los niños sin ser conscientes de ello.
Como la tradición social de dar besos como muestra de buena educación, de relación social. Si el niño no lo hace, porque no le sale, porque no quiere, o porque no tiene ganas, se le dice que es un maleducado y se le insiste hasta que da el dichoso beso. ¿Pero cómo va a saber que tiene que decir que no cuando lo estén sometiendo a una violencia?, reflexiona Vicki Bernadet en una de sus charlas. En la misma línea se expresa la experta Clara Burriel, que destaca la posición privilegiada de los centros educativos para detectar casos. «Es fundamental que el profesorado sepa identificar señales de alerta y comprender lo que un niño o niña puede estar revelando. Para ello, es clave la formación de los y las docentes, y también la implementación de las figuras de protección que recoge la Lopivi para el ámbito educativo, el coordinador/a de bienestar».
Y, por supuesto, son necesarios –dice– protocolos para la detección, la notificación y la actuación: «Sin un protocolo claro, las decisiones pueden quedar en manos de cada docente, quien puede enfrentar dudas sobre cómo proceder, temores a represalias o incertidumbre sobre la veracidad del testimonio. Para evitar que la protección dependa de la valentía individual o de la percepción subjetiva de cada profesional, todos los centros educativos deberían contar con protocolos internos, con mecanismos de prevención y pautas claras de actuación».
Es, además, una medida que, como sostienen los especialistas, debe venir del Estado, no se debe dejar al albur de cada colegio, de cada comunidad autónoma o de cada partido político. «Esto no es ideología, es educación. Hay que tomar las riendas porque estamos hablando de educación y tu hijo tiene derecho a la educación. Tú no puedes decidir si quieres educar o no a tu hijo. Y lo mismo que tiene profesorado de matemáticas va a tener esta asignatura que la va a dar una profesora, no la va a dar una voluntaria», zanja Pereda.
La catedrática apunta también a otra cuestión fundamental: «Lo importante de esta educación es que no solo evitas víctimas, sino también agresores». Y más en un contexto como el actual, con el aumento de la violencia entre iguales. «Estos mismo niños agresores son también víctimas. Por eso hacemos mucho hincapié en la mirada del adulto, porque es el adulto quien identifica las señales de riesgo», añade Shaurin Molina, de la Fundación ANAR.
Eva Medina cuenta un caso que abordaron desde Redime: un grupo de niños de 12 años agredieron a una niña en el baño del instituto: «Se masturbaron delante la niña. Y cuando se les pregunta a los niños por qué han hecho eso, la respuesta es para caerse de espaldas: ‘Porque eso les gusta a las mujeres’. Y cuando les preguntas que por qué, te responden: ‘Porque lo hemos visto en Internet’. El modelo que tienen es la pornografía. Yo siempre les digo que la pornografía es la ciencia ficción del sexo».
Desde su punto de vista, abordar la educación es una cuestión de Estado, pero también de las familias: «Porque los padres y las madres a veces pensamos que el niño está en su cuarto, tranquilito… Pero no. Tu niño está en su cuarto, pero no tendría que tener un ordenador en el cuarto, ni puedes darle un móvil. Yo digo muchas veces: ‘Oye, le das el móvil porque se calma, pero también se calmaría con un chupito de whisky. Y si te lo pide mañana, ¿a que no se lo das? Como sociedad hemos de ir hacia esos cambios porque el resultado está ahí», insiste.
La abogada Amparo Díaz también incide en ello: «Hay que perseguir el porno online que involucra a menores o que suponen prácticas humillantes y agresivas sobre las mujeres». Para Díaz, esta violencia no solo no es cosa del pasado, sino que estamos en uno de los peores periodos: «Por no decir el peor, porque Internet ha potenciado la cosificación del ser humano y especialmente de las mujeres, niñas y niños, de forma que se está naturalizando el uso cosificante de las niñas y de los niños de manera sexual».
Con red o sin red, el delito sigue estando ahí. Por ello, concluyen todos los sectores que han participado en el dossier, hay que escuchar a las víctimas de una vez y poner el foco en los agresores, que son los que están logrando que no queramos ver, que miremos para otro lado.
La Marea ha sido galardonada con el Premio Nacional de los primeros Premios de Periodismo de Investigación de El Confidencial, creados con motivo de su 25.º aniversario. Los reportajes premiados, centrados en la agencia de gestación subrogada Gestlife, forman parte del especial de este medio sobre la industria de los vientres de alquiler, publicado en el año 2025.
El jurado, presidido por el director de El Confidencial, Nacho Cardero, e integrado por Antonio Rubio, Marta Sánchez Esparza, Edith Rodríguez y Tomás Ocaña y asistido por Miguel Ángel Gavilanes como secretario, ha determinado por unanimidad que la investigación de Marco Dalla Stella, Patricia Simón y Magda Bandera aborda una cuestión «de indudable interés público en el que confluyen la salud, la maternidad, los derechos de las mujeres y loslímites éticos de las técnicas reproductivas». Un tema que las Naciones Unidas han identificado como una preocupación global por su relación con la explotación reproductiva y la trata.
El jurado ha valorado que la investigación «se sustente en información verificada, contrastada y documentada» así como la combinación rigurosa de fuentes «garantizando al lector datos fiables y contexto completo sin incluir la opinión del periodista o del medio».
«La trayectoria de La Marea se conforma como una cooperativa en la que los socios tienen voz y voto sobre la línea editorial y los estándares de publicación. Una estructura que es garantía de su independencia. Su trayectoria demuestra que el periodismo de calidad no es patrimonio de las grandes cabeceras, sino una elección que se ejerce cada día desde la vocación, la autonomía y el compromiso con el interés público», sostiene el jurado.
Premio a la Trayectoria Profesional
Los primeros galaradones dedicados al periodismo de investigación de El Confidencial también han destacado al periodista Dean Baquet con el Premio a la Trayectoria Profesional. Ganador de Pulitzer por su trabajo como reportero en The Chicago Tribune, Baquet ocupó distintos cargos en Los Angeles Times, incluido el de director. También estuvo al frente deThe New York Timescomo editor ejecutivo entre el año 2014 y el 2022.
Bajo la dirección de Baquet, el diario neoyorquino llevó a cabo investigaciones de gran calado como como la que reveló la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de EE. UU. de 2016 y la que destapó los casos de abusos sexuales cometidos por el productor de cine Harvey Weinstein que desataron el movimiento #MeToo.
El jurado que ha otrogado este premio, presidido porLuis Enríquez, está formado por Martin Baron, Miguel Ángel Aguilar, James Harding, Marianela Balbi y Giles Tremlett.
Premio Internacional
El medio mexicano Aristegui Noticias, liderado por Carmen Aristegui, ha recibido el galardón internacional por «exponer con documentación inédita los mecanismos de desinformación, manipulación y guerra sucia operados desde uno de los grupos mediáticos más poderosos de América Latina». Los periodistas Sebastián Barragán Hidalgo, Brandon J. Celaya Torres, Regina Diez Gutiérrez, Juan Omar Fierro y Lilia Saúl Rodríguez firman la pieza donde se aborda la ética mediática y la responsabilidad de los periodistas de exponer irregularidades, incluso dentro de su propio sector.
Menciones de honor
La investigación Dirty Payments -que ha demostrado «el poder de la cooperación internacional para exponer secretos financieros y responsabilizar a instituciones poderosas»- y Los niños perdidos en la guerra interna de Ecuador -donde Alina Manrique documenta cómo se duplicaron las desapariciones de menores en el primer año de conflicto armado de Ecuador- han recibido la Mención de Honor en esta primera edición.
¿Cómo se cuenta lo incontable?Así ha titulado Carne Cruda su programa de este jueves, dedicado a la pederastia en la Iglesia en la jornada previa a la visita del Papa a España. Además, ha abordado la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia en el ámbito familiar y conocido de la mano de la presidenta de la Fundación Vicki Bernadet y la periodista Olivia Carballar, coordinadora del dossier especial de La Marea 111.
El programa ha incidido en la responsabilidad de la sociedad y ha puesto el foco en el encubrimiento de estos casos por parte de la jerarquía católica a través de la película La luz,que se estrena este viernes en los cines. En la mesa han intervenido su director, Fernando Franco, el actor Alberto San Juan, su productora, Merry Colomer, y el periodista de El País Julio Núñez, cuyo periódico comenzó en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española.
«Si tú Julio y tu compañero os sentíais solos como testigos de este horror, imagínate cómo se sentirán las víctimas ante la visita del Papa, que están pidiendo que las escuche y que no se las escuche», reflexionó el actor Alberto San Juan.
El próximo 9 de junio, el ciudadano Robert Francis Prevost, más conocido como papa León XIV, llegará a Barcelona en el marco de un viaje oficial, que discurrirá entre el 6 y el 12 de junio, y que lo llevará también a Madrid, Gran Canaria y Tenerife. En una nota de prensa, la Conferencia Episcopal Española señala que el Papa recorrerá 2.500 kilómetros en seis días, realizando 17 discursos y homilías, así como 21 actos, para “poder encontrarse con todos, escuchar a todos y hablar a todos y con todos”.
Sin embargo, no todos quieren poder encontrarse con el representante de la principal teocracia del mundo, el Vaticano. En Barcelona, la Fundación Ferrer i Guàrdia, Europa laica y la asociación Ateus de Catalunya, han impulsado la campaña Jo no t’espero, a la que se han sumado ya decenas de colectivos y ciudadanos particulares. Bajo el lema “su viaje, tus impuestos”, denuncian el dispendio que supondrá para las arcas públicas la visita papal. Un viaje que, además de los operativos de seguridad, acondicionamiento público y el largo etcétera derivado de este tipo de visitas protocolares, ha generado un gasto adicional en la campaña publicitaria realizada por la Generalitat de Catalunya para dar la bienvenida a Prevost, Hola món, hola Papa.
Sorprende este despliegue publicitario institucional, que se concreta también en publicidad pagada en la prensa, y que es atípico ante lo que las autoridades presentan como una visita de Estado. De hecho, las asociaciones impulsoras del manifiesto apuntan a que tratar como visita de Estado lo que es una visita de carácter religioso genera una “confusión” que “debilita la neutralidad institucional y perpetúa un trato privilegiado que contradice el principio de aconfesionalidad reconocido constitucionalmente”.
España es un particular Estado aconfesional, que sigue manteniendo un Concordato con la Iglesia católica, heredero de los pactos del postfranquismo con la institución que fue legitimadora esencial de la dictadura. Una institución religiosa a la que se beneficia con exenciones fiscales y a la que ha permitido el robo de patrimonio y bienes inmobiliarios a través de las inmatriculaciones, como es el caso notorio de la mezquita de Córdoba. Una institución que, como indica el manifiesto, nunca ha pedido perdón oficial ni por su instigación y colaboración en la Cruzada del franquismo ni por su activa participación en el robo de bebés, calculado en más de 300.000 por algunas asociaciones. Una institución opaca, que ha amparado abusos sexuales, que se opone a los derechos reproductivos de las mujeres y el derecho a una muerte digna.
La visita del Papa la vamos a acabar pagando todas las contribuyentes, aunque no marquemos la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Conviene recordar este hecho en un país donde la derecha pone el grito en el cielo cada vez que alguna expresión religiosa, especialmente si proviene de la comunidad musulmana, aparece en el debate público. La separación de la esfera privada y pública que la derecha y la ultraderecha defienden cuando se trata de otras creencias, a las que perciben como “ajenas” a la idiosincrasia española, no aplica cuando se trata de la religión que se considera base de la identidad española y elemento indisociable de la construcción de su nación. Una construcción interesada que, por supuesto, obvia la diversidad cultural y religiosa existente durante siglos en la península ibérica antes de la “Reconquista” católica.
La laicidad social avanza, a pesar de todo
Sin embargo, este intento de presentar a España como baluarte del catolicismo es un imaginario cada vez más difícil de defender. En la sociedad española la secularidad está extendida, a pesar de que las expresiones culturales se confundan con las religiosas en Semana Santa o Navidades, fiestas que, a su vez, tienen un origen pagano vinculado con los ciclos de la naturaleza pero que se resignificaron al ser apropiadas por el catolicismo.
En los últimos tiempos, estamos presenciando, además, una campaña emprendida por algunos sectores religiosos para convencernos de un aumento de la religiosidad entre los jóvenes. Una tendencia a la que se han sumado, oportunistamente, diversas artistas que se han subido al carro de la espiritualidad (algo distinto a la religiosidad, por otra parte). Sin duda, los tiempos, por momentos apocalípticos, que nos está tocando vivir, pueden llevar a mucha gente a buscar respuestas más allá de lo racional y a refugiarse en un sentido trascendente vinculado a creencias religiosas. Pero los datos, más bien, hablan de un fenómeno de descenso paulatino de la creencia católica en España.
Las encuestas del CIS mostraban, para abril de 2026, que más del 39% de la sociedad española se considera agnóstica, indiferente o atea, frente a un 35,9% de católicos no practicantes. Cuando se trata de jóvenes, las cifras de no creyentes, agnósticos y ateos superan el 50%, porcentaje muy superior a la media global. Por otra parte, los católicos practicantes son el 17,1% frente al 16,7% de las personas ateas, pero la serie de datos desde 2021 permite observar un descenso leve y zigzagueante de los primeros, y un ascenso, también zigzagueante pero más acusado, de las últimas. El 6% de los encuestados se declara creyente de otra religión.
La laicidad avanza, aunque sea de manera desigual y combinada. La fe también parece ir por barrios. Estos días, es mucho más probable encontrarse banderas vaticanas para dar la bienvenida al Papa en las ventanas y balcones de las zonas más acomodadas de Barcelona que en los barrios populares. Un dato que no sorprende pero que recuerda que en este Estado hubo una tradición popular claramente anticlerical.
Una visita en clave política… y geopolítica
Con el auge de la ultraderecha a escala mundial, y su relación con diversas iglesias evangélicas que crecen en influencia, también en España, el catolicismo español no quiere perder su tradicional monopolio religioso. La visita papel le sirve para mostrar músculo. También León XIV se está perfilando, igual que el papa Francisco, como una figura progresista, antagónica hasta cierto punto a dichas fuerzas. Un liderazgo religioso, a la par que político, que puede ser leído en clave geopolítica, sin duda.
Pero, con todo el respeto para el Sr. Prevost y su posición humanista frente a la barbarie representada por Donald Trump y sus aliados, desde el reconocimiento de su defensa de los migrantes y los marginados –defensa que también hacen muchos otros representantes o partidarios de su iglesia desde las bases cristianas más apegadas al mensaje original de Cristo, muchos de ellos militantes, a su vez, de organizaciones socialistas y/o comunistas–, no por ello hay que olvidar la institución nefasta a la que este Papa, como todos los papas anteriores, representa.
Tampoco el entusiasmo colectivo que inducen estos mega eventos debiera anestesiar un sentido crítico necesario frente al marasmo. Las simpatías que puedan albergar algunos hacia el Sr. Prevost, o su predecesor, no pueden llevar a la izquierda a olvidar las coordenadas sobre las que debiera girar el debate acerca del papel de la religión en la esfera pública. La visita del Papa debería servir, más bien, para reivindicar la memoria histórica y la reparación, como recuerda la campaña Jo no t’espero. También para recordar que la religión, cualquiera que sea, debería circunscribirse al ámbito privado, evitando cualquier interferencia con las instituciones públicas. España tiene un largo trecho por recorrer en este sentido. Por una separación efectiva de la religión y el Estado, yo no le espero, Sr. Prevost.
Asistimos, hace unos días, a un espectáculo único y, casi me atrevería a decir, irrepetible: una conferencia de prensa del presidente del Real Madrid Club de Fútbol y del Grupo ACS, Florentino Pérez. Su singularidad estaría basada no solo en el hecho de que hiciera más de 11 años que el empresario madrileño no comandaba un acto de tales características sino, más bien, por algunas de las perlas que dejó escapar durante los aproximadamente 65 minutos que llegó a alcanzar. Críticas a periodistas presentes, amenazas con bajas de suscripciones a medios de comunicación, comentarios machistas, un aire de condescendencia y superioridad sostenido o una casi insoportable sensación de impunidad ante cualquier expresión pasada, presente o futura, poblaron su exótica comparecencia ante los medios de comunicación.
La actitud general, tanto de los periodistas como de la opinión pública ante la situación pasaba, por momentos, casi por segundos, de la sorpresa absoluta a la confirmación de una marcada personalidad que era descrita por algunos como autosuficiente, altanera y desdeñosa ante la oposición y la crítica.
Para algunos, los prejuicios hacia un tipo de figura que representa el éxito en lo simbólico, lo social y lo económico, se veían confirmados –los ricos, ya se sabe, son personas altivas que se rodean siempre solo de pelotas y conseguidores–, mientras que, para otros, entre los que me incluyo, nos encontraríamos, de nuevo, ante la necesidad de plantear un estudio sistemático y científico sobre el grupo social al que Florentino Pérez representa: las élites.
Con señaladas excepciones, la antropología y la sociología españolas han dedicado poco tiempo y espacio al estudio de este singular colectivo. La aparición de algunas publicaciones recientes, como la del sociólogo Andrés VillenaLas élites que dominan España (Libros del KO, 2026) o El Estado pesebre. Una historia de las élites españolas (Ediciones Paseo, 2025), del historiador Carlos Arenas Posadas, serían algunos de estos escasos ejemplos.
También cabría destacar, aunque desde una perspectiva más periodística o ensayística, las obras del reportero de El PaísCristian Segura, Gente de Orden. La derrota de una élite (Galaxia Gutenberg, 2021), o Quiero y no puedo. Una historia de los pijos de España (Blackie Books, 2024), de la periodista Raquel Peláez. Pero poco más, excepto alguna obra que se ha quedado antigua y algunos artículos académicos publicados aquí y allá.
La dedicación al estudio de las élites es mucho mayor, quizás debido a las enormes desigualdades estructurales que presentan sus sociedades, en América Latina, donde principalmente la sociología lleva décadas poniendo el foco en los comportamientos, tipología de relaciones, espacios propios y sistemas de prestigio de las élites regionales. En Europa, cabría destacar el papel del sociólogo Pierre Bourdieu, que en su obra La distinción. Criterios y bases sociales del gusto (publicada en castellano por Taurus en 1998) creó un marco teórico específico que ha permitido el estudio de las relaciones y el campo de acción de las élites francesas y globales.
La antropología tiene, en este ámbito, una asignatura pendiente. Esto podría deberse a varios factores, entre los que podríamos citar su vinculación inicial con las sociedades denominadas primitivas. También entran en juego la etnografía como metodología específica de la disciplina, mucho más proclive a aplicarse a marcos abiertos que a cerrados, como los de las élites; el propio carácter elitista de los primeros investigadores, así como el acompañamiento colonial que tuvo, desde sus inicios, la antropología como ciencia.
Podría deberse, por añadidura, a su especialización en grupos minoritarios, subordinados, sobre los cuales se ejercía el poder, y no sobre aquellos que lo ejercían; al cierto carácter estanco y a la especialización de las ciencias sociales, donde la antropología pareció dejar en manos de la sociología el estudio de las estructuras sociales, el sistema de clases o las relaciones entre grupos, etc. Sin embargo, más que una falla, este conjunto de razones podría tomarse, más bien, como un aliciente para entrar en el campo inexplorado del estudio de las élites, tanto más cuanto las sociedades actuales parecen deslizarse sobre una pendiente marcada por el incremento de la desigualdad y de un ejercicio de poder tecnocrático y tecnopolítico.
La antropología, en este caso, no parte de cero. Si bien es cierto que su objeto de estudio principal no ha sido, de forma destacada, este grupo social, las mismas herramientas –la etnografía– como sus marcos teóricos referenciales, bien afinados, podrían ser de perfecta utilidad ante una aproximación y análisis de las élites, y el caso de la rueda de prensa de Florentino Pérez nos recuerda, y nos sirve de ejemplo, precisamente de esta posibilidad.
Han sido numerosas las voces que, tanto desde la política, como desde el periodismo –caso destacable el de Fonsi Loaiza en su conocida obra Florentino Pérez, el poder del palco (Akal, 2022)– han destacado el papel que determinados espacios juegan en los entramados del poder. En este caso, el del palco del Real Madrid CF, un lugar de acceso altamente restringido donde se hacen y deshacen propuestas políticas, iniciativas empresariales, relaciones y negocios, se pactan acuerdos y desmontan conflictos, entre las principales élites sociales, políticas y económicas del país, aunque con una presencia destacada de las ubicadas en la capital del Reino, Madrid. Pues bien, la antropología ha destacado la importancia de este tipo de sitios reconociéndolos como lugares de discurso oculto.
Para el político y antropólogo James C. Scott, estos espacios serían «aquellos lugares donde ya no es necesario callarse las réplicas, reprimir la cólera, morderse la lengua y donde, fuera de las relaciones de dominación, se puede hablar con vehemencia, con todas las palabras». Esta acepción de lugar de discurso oculto estaría, como puede observarse, vinculada a grupos y colectivos dominados, no a los dominadores, si bien bastaría con darle la vuelta y pensar en ellas precisamente como aquellos espacios donde los que no se muerden la lengua son las élites para que fuera útil a nuestros objetivos. Esto nos permitiría entrar al análisis y estudio de este tipo de emplazamiento como lugares apartados, sin vigilancia o control, no ajenos tanto a la represión de los dominadores sino, más bien, a la observación y examen de los dominados.
Son, bajo esta consideración, espacios profundamente antidemocráticos donde se llevan a cabo acciones y se toman decisiones que, posteriormente, tienen repercusiones en una sociedad teóricamente moderna y democrática. Pero, además, este tipo de lugares atrae y contiene personas que comparten experiencias similares en el ejercicio de la dominación, esto es, son espacios homogéneos, guetos de clase, capital social y simbólico similares, que articulan, reproducen y distribuyen el poder. Son, por tanto, espacios que generan culturas propias que han escapado y escapan al control de los dominados. Al contrario que los tradicionales lugares de discurso oculto –bares, tabernas, iglesias, bibliotecas, fábricas, etc.– que habrían sido objeto de examen e inspección por parte de las élites, estos han escapado a cualquier tipo de transparencia y control.
Un acercamiento etnográfico, por tanto, no solo se aparece como necesario, sino también como pertinente al contar con unos marcos analíticos iniciales que permitirían entender el qué, cómo, para qué y por qué de estos lugares. Caso más complicado es el acceso directo, ya que las élites siempre han sido celosas de sus secretos, pero que sea complicado no significa que sea imposible. O que deba hacerse de forma directa e in situ, como el caso de la reciente presentación en público de Florentino Pérez dejó en evidencia. Pensar en estos lugares –el palco– como lugares de discurso oculto permitiría entender que la personalidad de la figura del presidente del Real Madrid no es exótica, singular o excéntrica, sino que simplemente no está estudiada, por cuanto no están estudiados los espacios en los que se mueve el grupo social al que el también presidente de ACS representa. Examinando el palco del Bernabéu, por tanto, podremos seguir hablando de Florentino y de las élites.
Jose Mansilla es antropólogo urbano y profesor en la Universitat Autònoma de Barcelona.
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Hace apenas un par de años, Robert Thacker, autor de la biografía de la Nobel de Literatura Alice Munro, se vio obligado a explicar por qué no había incluido en ese libro, publicado en 2011, un episodio muy importante en la vida de la canadiense. El episodio en cuestión lo hizo público en un periódico una hija de Munro, Andrea Robin Skinner, dos meses después de la muerte de la escritora: «A la sombra de mi madre, un icono literario, mi familia y yo hemos ocultado un secreto durante décadas. Ha llegado el momento de contar mi historia». En realidad, Andrea ya la había contado hacía años a su familia, quien tenía que haberla protegido y no lo hizo. «Mi padrastro abusó de mí. Mi madre se quedó a su lado», tituló aquel artículo en Toronto Star en 2024. Ni siquiera una condena al agresor, según explicó Andrea, logró romper el silencio al que su familia la había sometido durante décadas.
La historia de Andrea Robin Skinner es la historia de tantos niños y niñas que se siguen contando y no se creen hoy en todo el mundo, en España, en tu barrio, en tu propia casa; que se cuentan y no pasa nada. O que incluso continúan sin contarse. Es la historia de tantos y tantos agresores bien reputados, bien vistos, que dicen, en los pocos casos en los que son juzgados, que no es verdad o que fue la niña o el niño quien los sedujo; agresores que entran en el cuarto de su hijo por la noche y le ponen el mejor de los desayunos por la mañana, que siguen delinquiendo amparados por la impunidad, por el mirar para otro lado. Es la misma historia de tantas y tantas familias que se rompen por un delito que continúa siendo un tabú, algo muy fuerte, tan asqueroso, tan perverso, que no entra en cabeza humana. Pero que existe, que lo cometen hombres, familiares y conocidos en su mayoría. No son monstruos, ni psicópatas, no tienen diagnosticada enfermedad alguna.
«Eso es, es eso. Nunca es tarde para hablar de ello. No es Epstein, son las casas, es lo que está pasando hoy en las casas», dice hoy desde Sevilla María, una niña ya adulta como Andrea Robin Skinner. María usa este nombre porque no quiere revelar su nombre real, y asegura que su familia está rota porque contó que un familiar cercano la había estado agrediendo sexualmente cuando era una niña. Esta sentencia de 2023, que condena al tío de una pequeña como María, confirma que no estamos ante casos aislados: «La menor explicó que no lo hizo antes –contar que su tío la agredía– porque tenía miedo a que no la creyeran, y porque pensaba que al revelarlo la familia se iba a romper, como ocurrió cuando se supo. Es algo repetitivo en estos casos».
María afirma que en su grupo de terapia, en el 90% de los casos no tuvieron apoyo familiar: «La respuesta sobre cómo respondían las madres era muy similar, hemos sido repudiadas, no hemos tenido apoyo real y práctico», dice en un pasaje que recuerda, a su vez, a la interpretación de Belén Rueda en No tengas miedo, una película dirigida por Montxo Armendáriz en 2011. La niña –Michelle Jenner– se lo cuenta una y otra vez a su madre, pero la madre, que puede representar también a la sociedad, no quiere creerla, no quiere asumir que eso que está narrando su hija se está produciendo, que sea el padre el que lo está cometiendo, o quizá no puede asumir el error de no haberla protegido.
«Serán imaginaciones tuyas», concluye la madre sobre lo que le cuenta su hija en la película de Armendáriz, como suele pensar la sociedad ante los casos reales. «Cuando yo lo conté, dos años después, cuando tenía 11 años, me llevé una reprimenda tremenda, me dijeron que aquello era una invención», dice Francisco, hoy con 43 años. Cuenta que en su caso fue un vecino. «No se quiere ver porque faltan herramientas y se tiene miedo al conflicto. Y en nuestra sociedad los abusos sexuales a menores es algo que tenemos bastante asimilado, sabemos que pasa, pero cuando pasa y lo tenemos delante de nuestras narices nos resulta tan espantoso que preferimos mirar para otro lado antes que abordarlo y denunciarlo», prosigue.
Desde la Fundación ANAR parten de una máxima: «Siempre tenemos que creer a los niños, niñas y adolescentes, hay que darles un espacio, decirles que no les vamos a juzgar, que la culpa la tiene el agresor, y tener oídos para esos niños», explica Shauri Molina. En el 9,4% de los casos atendidos, tuvo que intervenir el departamento jurídico; y en el 9,3%, hubo una coordinación con entidades externas para proteger a esos niños.
Porque otra supuesta explicación que se esgrime para no mirar es culpar a la víctima: «Serás una puta», le dijo una madre a su hija con 12 años cuando le contó lo que le hacía su padre: «¡Pregúntaselo a tu marido, papá me está tocando y va a mi cuarto todas las noches por mí!». «Imagínate qué ganas tienes tú de hablar de esto», explica la terapeuta Eva Medina ante este caso que trató. El problema, como analiza, es que un niño no imagina lo que no ve, no fantasea con lo que no conoce. «O lo ha visto o se lo han hecho, y en ambos casos es delito», dice. Y se llama pederastia –continúa– por muy dura que suene la palabra: «Es fuerte, pero es la realidad. Una persona que abusa de un menor es un pederasta, sea el padre, el hermano, el tío, la madre o Perico el de los palotes».
El segundo marido de Alice Munro agredió sexualmente a Andrea cuando ella tenía nueve años. La niña hizo llegar el caso a su padre, que se quedó de brazos cruzados: «La incapacidad de mi padre para tomar una decisión que me protegiera me hizo sentir que yo no formaba parte de ninguna de las dos familias. Estaba sola». La violencia continuó hasta que llegó a la pubertad. Años después, con veintitantos, se lo contó a su madre, aprovechando que había escrito uno de sus cuentos de premio sobre una niña que se suicidó tras ser agredida por su padre. Fuera de la literatura, en la vida real, ante el caso de su hija, Alice Munro también se cruzó de brazos: «Reaccionó exactamente como me temía que haría, como si se hubiese enterado de una infidelidad».
A lo máximo que llegó, según narra Skinner, fue a hablarle sobre otros niños con los que este hombre mantenía «amistades», como si la traicionada hubiera sido ella, la esposa. «¿Se dio cuenta de que estaba hablando a una víctima y que yo era su hija? Si lo hizo, yo no lo sentí. Cuando intenté decirle cómo el abuso de su esposo me había causado daño, se mostró incrédula». Andrea, que ahora ayuda a personas que han pasado por su misma situación, rompió la relación con su madre cuando nacieron sus hijas. Ella sí tuvo claro que nunca iría con ellas allí donde el agresor estuviera.
Gerald Fremlin, el segundo marido de Munro, el padrastro de Andrea, el agresor, fue condenado en 2005 después de que Andrea, la hija de Alice Munro, la hijastra, la víctima lo denunciara ya mayor: dos años de prisión provisional y una orden de alejamiento de menores de 14 años. Fremlin era ya octogenario. Murió en 2013 y, hasta ese momento, Munro, la madre de la víctima, permaneció al lado del agresor. ¿Por qué no incluyó este episodio, aun conociéndolo, aun con sentencia condenatoria, el biógrafo de la premio nobel? ¿Qué motivo expuso para no hacer nuevamente nada, para cruzarse de brazos ante esta historia? «Yo lo veía como un asunto familiar privado», justificó.
Detrás de ese argumento se ha escondido históricamente uno de los principales problemas a la hora de afrontar –y prevenir– la violencia sexual contra los niños, niñas y adolescentes: lo que le hizo el padrastro a la hija de Alice Munro no es un caso aislado, como tampoco lo es lo que le hicieron los curas pederastas a sus víctimas, ni lo que un tío, un primo, un padre o un abuelo siguen haciéndole a muchos niños y niñas hoy en sus casas, igual de pederastas que estos curas; o lo que los actualizados agresores sexuales continúan haciendo a estas personas vulnerables a través de las pantallas. Lo que les ha pasado históricamente a los niños y niñas, como María o Francisco, y sigue ocurriendo hoy, lo que hacen los agresores sexuales con estos niños y niñas, es un delito público derivado de un problema social estructural, de salud pública, como indican los especialistas consultados.
“Tenemos que desalojar las salas. Donde os quedéis, ahí os habéis quedado. No podemos hacer nada. Se han apagado los ordenadores y desalojad el pasaje. Gracias”. Esta es la llamada de emergencia del puesto de mando en València Sud –a la que ha accedido La Marea– que recibieron todos los maquinistas de todas las líneas ante la inundación que sufrieron sus instalaciones a las 19:45 horas del 29 de octubre de 2024, el peor día de la dana.
El Control de Tráfico Centralizado (CTC) está al sur del nuevo cauce del río Turia y a unos 1.200 metros al norte del barranco del Poyo, que al desbordarse inutilizó las instalaciones. Además, este puesto de mando no estaba duplicado en València, lo que permitiría una actuación en caso de una emergencia como la que estaba ocurriendo aquel día.
Ese 29 de octubre de 2024, en el puesto de mando estaba el secretario autonómico de Infraestructuras, Javier Sendra, quien a las 19:34 llamó a Carlos Mazón, el entonces presidente de la Generalitat, para avisarle de que estaba siendo inundado por el desborde del barranco del Poyo. Esta llamada llevó a Mazón al Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) la tarde de la dana tras su larga sobremesa en el restaurante El Ventorro, según publicó elDiario.es.
Desde Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) han confirmado a La Marea que entre las 19:00 y las 19:30 les llegaron avisos de inundación en Paiporta, Picanya y Torrent y se dio la orden de parar los trenes que circulaban por esa zona, pero se mantuvo la circulación en València ciudad. Eso cambió al inundarse el centro de mando, desde donde se dio la orden de parar al no funcionar los ordenadores, como recoge el audio.
Para las 20.21, el puesto de mando de FGV quedó totalmente anegado. Los trabajadores tuvieron que salir de la sala y subieron a las plantas superiores para evitar morir ahogados, indican desde FGV. Todo el personal que se encontraba en las instalaciones, además de pasajeros, pasó toda la noche en la primera planta, incluido Javier Sendra.
La falta de un sistema de control supone que los trenes circulan sin semáforos, a ciegas, pudiendo provocar colisiones y accidentes. Y, en efecto, no había un sistema duplicado en València, pero tampoco, por ejemplo, en el Metro de Bilbao hasta 2025, cuando se inauguró el puesto redundante que permite mantener el servicio activo, “en las mismas condiciones, en el caso de que el Puesto de Mando Centralizado (PMC) actual quede inoperativo”.
La llamada en València ordenó la detención de 68 trenes y tranvías, contactados mediante el dispositivo tren-tierra y telefónicamente, “en una estación que reuniera las debidas condiciones de seguridad”. Se realizó desde la planta baja que ocupaba el puesto de mando en la sede central de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y que acogía, además del puesto de mando de todo Metrovalencia, talleres, varios edificios de mantenimiento, oficinas y la estación València Sud de las líneas 1, 2 y 7.
El destrozo del puesto de mando de la red de Metrovalencia llevó a su instalación provisional en talleres Machado, al norte de la ciudad, frente al Estadi Ciutat de València del Levante Unión Deportiva. La Generalitat ha destinado más de 23 millones de euros a la reconstrucción de la sede central de FGV afectada por la dana. Más de tres millones de euros se han destinado a instalar el nuevo puesto de mando en talleres Machado y restaurar el CTC en València Sud.
El nuevo puesto de mando principal se ubica ahora en la primera planta y las oficinas en la planta baja. No se recuperó el servicio de trenes en València Sud hasta el 27 de junio de 2025, indican desde FGV. Hasta este mismo mes de abril no se ha dado por finalizado el proceso de reconstrucción, con la reincorporación completa del personal de oficina.
Salarios, vivienda y paz. Son las tres palabras clave en este Primero de Mayo, marcado por la inestabilidad mundial. «En un contexto global de guerra y deshumanización, que camina de la mano del crecimiento del fascismo de la extrema derecha internacional, vemos cómo la apropiación por la fuerza de los recursos y territorios ajenos nos retrotraen a las políticas belicistas de principios del siglo XX», denuncia CGT en un comunicado.
“Es el momento de profundizar en la protección de la capacidad adquisitiva de los hogares en nuestro país”, dijo esta semana el secretario general de CC. OO., Unai Sordo, que recordó la propuesta de subida salarial de entre el 4% y el 7% para los próximos años. “No puede haber 10 u 11 millones de personas en nuestro país, cuyos salarios están estancados”, aseveró en la rueda de prensa celebrada junto al secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Este año, estos sindicatos han trasladado la manifestación central a Málaga, uno de los ejemplos más paradigmáticos de la crisis habitacional.
Las movilizaciones exigirán que se traslade la situación de la macroeconomía española –en un momento de crecimiento– a los bolsillos de las familias españolas, a través de una subida generalizada de salarios y también de una fiscalidad justa que garantice los servicios públicos del país. Sordo explicó que no se descarta, incluso, la posibilidad de una subida adicional del Salario Mínimo Interprofesional si la inflación se sigue profundizando este año.
“El país está creciendo, las empresas están ganando dinero a espuertas. Los incrementos de los beneficios empresariales han sido altísimos. Por eso necesitamos que se reparta a través de la negociación colectiva, que se reparta a través de la reducción del tiempo de trabajo», explicó Álvarez. «Tenemos que ir a la jornada de 37 horas y media en ese camino hacia las 35. Tenemos que ir a crear empleo de calidad. Ese es y forma parte de los lemas de este Primero de Mayo”, añadió el secretario general de UGT.
Sordo también hizo un llamamiento para que las movilizaciones sirvan, además, para impulsar y defender la autonomía estratégica de España y Europa contra la administración Trump. “Lo que hay detrás de la guerra en Irán, del bloqueo de Ormuz, del intento de estrangular la economía china, que tiene ahora mismo la administración Trump, no se queda en China, es fragmentar Europa, es incrementar nuestra dependencia respecto a las materias fósiles y a los productos norteamericanos para arruinar nuestro continente”, concluyó Sordo.
«Las élites económicas y el gobierno de EE. UU. regresan a los tiempos de la doctrina Monroe, amenazando a todo el continente americano. Y, junto con el Estado sionista de Israel, rompen las escasas normas del Derecho internacional, provocan desplazamiento de millones de personas, destruyen infraestructuras de todo tipo, masacran poblaciones indefensas, bombardean escuelas, hospitales… Provocando un genocidio en Palestina y extendiendo la muerte y la destrucción en el Líbano, Irán y todo Oriente Medio», reflexiona CGT.
Desde el Sindicato de Inquilinas también llaman a la movilización: «El mismo fondo buitre que nos echa de nuestras casas y barrios, financia las guerras del capital. El imperialismo y el rentismo nos quieren solas y enfrentadas, pero estamos juntas y somos imparables». El día 24 de mayo, el colectivo ha convocado una manifestación específica: «Hemos visto cómo el alquiler ha subido en Madrid más de un 50% en los últimos cinco años, con un coste medio de más de 1.500 euros al mes. En nuestro caso –y en el de tantas–, más del 70% del salario se va en pagar el alquiler: trabajamos la mayoría de los días para el casero. Mientras tanto, las administraciones públicas siguen sin responder con firmeza, llegando tarde y mal cuando llegan», denuncian en un comunicado.
Esta misma semana, el Congreso rechazó el decreto ley de prórroga de los contratos de alquiler, con los votos decisivos de Junts. «También vemos cómo la derecha y la ultraderecha intentan desviar el problema, señalando a la población migrante, a la ocupación o a las pensionistas como culpables, buscando enfrentarnos entre quienes estamos en situaciones similares. Intentan incluso enfrentarnos a inquilinos y propietarios, cuando sabemos que muchos pequeños propietarios también están cansados de este modelo que transforma barrios en parques turísticos y hace imposible que sus familiares, vecinas y amigos puedan vivir dignamente», prosigue el Sindicato de Inquilinas.
Salvemos lo público
Este Primero de Mayo coincide, además, con el arranque de la campaña electoral andaluza, en la que de nuevo quedará evaluada la fuerza de la ultraderecha y se pondrá a prueba la mayoría absoluta del actual presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP). En el centro de sus críticas está el desmantelamiento de la sanidad pública.
En mitad de la campaña, de hecho, la Plataforma Salvemos lo público ha convocado una manifestación el próximo 9 de mayo en las ocho provincias andaluzas ante lo que consideran el deterioro y la privatización de servicios. Entre los colectivos convocantes está USTEA, CC. OO., Marea Verde, Marea Blanca, Izquierda Unida y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.
