Poco más de un mes de vida, transcurrida entre las paredes de un hospital desbordado sin apenas medios materiales ni humanos, y conectada a un tubo para poder recibir alimentos. Desde que nació, la niña palestina Lila Albhaisi ha sufrido infección pulmonar, bloqueo esofágico y niveles altos de amoníaco en sangre, y no puede recibir el pecho de su madre como cualquier recién nacido. Un cuadro clínico grave que requiere de una atención médica pediátrica especializada urgente a la que ahora mismo no puede acceder, según relatan fuentes médicas que han evaluado y hacen seguimiento a su caso. Israel, mientras tanto, bloquea y limita la entrada de materiales médicos como el endoscopio que necesitaría para sobrevivir. Su familia se mantiene en vilo mientras observa impotente cómo la pequeña podría fallecer en cualquier momento, esperando un tratamiento que no llega. Así es el padecimiento de tantas y tantas personas enfermas en la Franja de Gaza.

Lila se encuentra en el Hospital Al-Aqsa, en Deir al-Balah, 14 kilómetros al sur de la ciudad de Gaza. Desde allí, su padre ha gestionado todos los trámites pertinentes para solicitar su traslado urgente a otro centro médico fuera del país donde pueda ser atendida correctamente. Del traslado tiene que hacerse cargo la Organización Mundial de la Salud (OMS), previo requerimiento a las autoridades israelíes del organismo militar Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT), que deben aprobar la evacuación de los pacientes. Sin embargo, actualmente, los allegados de Lila todavía no han obtenido respuesta a pesar de la gravedad de su estado, al límite.

El pasado miércoles 22 de junio se concentraron durante varios días frente a la sede de la OMS en Deir al-Balah junto a otros enfermos a la espera de evacuación para exigir información y reclamar que se agilicen los procedimientos, pues hay vidas en juego. Denuncian la inoperancia y la opacidad de esta organización, que ignora sus demandas en medio de la desesperación. “Uno no sabe ni cuándo ni cómo va a salir, ni si va a salir. Hay gente esperando dos años, y la gente está muriendo sin poder recibir tratamiento médico fuera”, cuenta Issam, tío abuelo de Lila. 

La situación en la región es devastadora. La crisis humanitaria derivada de la guerra y de las restricciones impuestas por Israel golpea especialmente a los menores de edad, sobre todo a la población infantil, que carece de una adecuada atención sanitaria, nutrición, abastecimiento de agua potable y saneamiento. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la escalada del conflicto y las limitaciones de movimiento podrían afectar a unos 134.000 niños y niñas. Durante los seis primeros meses de 2026, esta organización ha atendido a más de 11.000 recién nacidos pequeños o enfermos. Por su parte, un estudio publicado en The Lancet en 2025 revela que decenas de miles de niños y niñas en edad preescolar en la Franja de Gaza sufren desnutrición aguda, prevenible si se levantara el bloqueo a la entrada de alimentos, agua, medicamentos, combustible y otros artículos esenciales. 

La Marea ha intentado recabar, sin éxito, la versión de las oficinas de la OMS en Europa y el Mediterráneo Oriental, así como de la embajada de Israel en España.

La entrada La niña Lila (o cómo Gaza se debate entre la vida y la muerte) se publicó primero en lamarea.com.

Cuba es un país paralizado desde que, el pasado diciembre, el presidente Trump amenazase con represalias a cualquier país que exportase petróleo a la isla. Un castigo colectivo ilegal según el derecho internacional con el que el mandatario estadounidense intenta doblegar al Gobierno cubano para que acepte sus condiciones en unas negociaciones erráticas.

Mientras tanto, el pueblo cubano sufre una crisis humanitaria agravada por décadas de bloqueo norteamericano, por políticas locales ineficaces y por el desplome del turismo desde la pandemia de COVID-19. Todo ello ha provocado el mayor éxodo de la historia reciente cubana. De acuerdo a las cifras oficiales, entre 2021 y 2024 más de 1,2 millones de personas han abandonado la isla.

Según una investigación del economista y demógrafo Juan Carlos Albizu-Campos, del Centro Cristiano para la Reflexión y el Diálogo en Cuba, la pérdida poblacional asciende hasta el 20%: unos 2,1 millones de personas. Uno de cada cinco cubanos. La mayoría, jóvenes de entre 25 y 40 años. Y muchos de los que no han logrado aún una vía para huir, no ven otro horizonte para mejorar sus vidas.

Por ahora solo pueden pensar en cómo «resolver» un día más. Aunque los apagones son la manifestación más evidente del colapso energético, la falta de combustible tiene múltiples consecuencias: los cortes de agua pueden durar días porque los depósitos funcionan con electricidad, como los repetidores de Internet y telefonía móvil; no hay apenas transporte público, por lo que se han tenido que reducir las jornadas laborales y suspender las clases universitarias; los agricultores han tenido que sustituir los tractores por los bueyes, se ha reducido la recogida de basuras…

Y muchos días ni siquiera hay gas para cocinar, así que muchas familias usan cocinas artesanales de carbón. Una de ellas es Emma Navarro, de 84 años. «Yo quisiera que hubiera un cambio, para mejor, como quiere todo el mundo, ¿no?», dice en su casa a las afueras de La Habana. Y, efectivamente, Cuba es un país paralizado a la espera de un cambio. Nadie se aventura a predecir cuál será.  

La entrada Cuba a la espera se publicó primero en lamarea.com.

Entre 2016 y 2026, el Reino Unido ha tenido seis primeros ministros: David Cameron, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, Rishi Sunak y Keir Starmer, quien, además, presentó su dimisión el pasado 22 de junio. Ningún otro país del G7 ha vivido una rotación comparable en tiempos de paz. Theresa May cayó por el Brexit. Boris Johnson, por el escándalo de las fiestas en Downing Street durante la pandemia, pero también por el agotamiento de un partido que ya no sabía qué hacer con él. Liz Truss duró 45 días: su minibudget de recortes fiscales masivos sin financiación provocó una crisis de los mercados de bonos que la obligó a dimitir. Rishi Sunak intentó estabilizar el barco, pero arrastró el peso de tres líderes anteriores y una economía estancada. En julio de 2024, los conservadores sufrieron su peor derrota electoral desde 1832. En junio de 2026, Starmer cayó por sus políticas continuistas, sus errores de comunicación y su debilidad como jefe; su partido, casi en pleno, le dio la espalda.

Pero explicar esta cadena de colapsos solo por los errores individuales de cada líder sería un error. Para el profesor Dionyssis G. Dimitrakopoulos, politólogo de la Universidad Panteion de Atenas y ex titular de la Jean Monnet Chair en el Birkbeck College (University of London), la clave está en otro sitio: «El referéndum del Brexit, como muchos referéndums, no resolvió el problema de en qué quiere convertirse el Reino Unido». Lo que estamos viendo ahora, sostiene, es una prolongación de esa ausencia de respuesta a las grandes cuestiones: la economía, la sociedad, la inmigración, la política exterior. «Se trata de una crisis de identidad crónica –explica–. Es un país que parece haber perdido su brújula moral y política».

El sistema mayoritario

El punto de partida es estructural. El sistema electoral británico fue diseñado para producir estabilidad: gobiernos fuertes con mandatos claros. Durante décadas funcionó razonablemente bien en un paisaje político dominado por dos grandes partidos. Pero ese paisaje ha cambiado de forma irreversible y el sistema no se ha adaptado.

El resultado es una paradoja demoledora: las elecciones devuelven mayorías parlamentarias aplastantes que no reflejan en absoluto la distribución real del voto en la calle. Boris Johnson arrasó en 2019 con más de cien escaños de ventaja. Keir Starmer hizo lo mismo en 2024. Ese año, el first-past-the-post produjo el resultado más desproporcionado de la historia electoral británica: el Partido Laborista ganó casi dos tercios de los escaños con poco más de un tercio de los votos. Ninguna de esas mayorías existía de verdad. Eran artefactos del sistema, victorias infladas por una mecánica electoral que convierte pequeñas ventajas de voto popular en avalanchas de escaños. Y precisamente por eso se desploman: cuando la ilusión se disipa, no queda nada debajo.

Dimitrakopoulos lo resume así: el sistema intenta meter «una clavija cuadrada en un enchufe redondo». Es imposible. Y las consecuencias son evidentes: el Reino Unido, que históricamente ha sido un sistema de dos partidos, cuenta ahora con al menos cinco fuerzas políticas mayores que el first-past-the-post no puede procesar. En las elecciones locales de mayo de 2026, la suma del voto conservador y laborista alcanzó solo el 38% de los votos, una caída drástica respecto al 57% que obtuvieron juntos en las generales de 2024, que ya era un mínimo histórico. Lo que el sistema produce, en cambio, son gobiernos que parecen omnipotentes el día de su investidura y fantasmales apenas dos años después.

La solución obvia sería la representación proporcional, pero Dimitrakopoulos no es optimista al respecto: «Durante décadas se le ha dicho a la población que los sistemas proporcionales producen inestabilidad. Y ahora tienen exactamente eso». El dato más revelador es el referéndum de 2011 sobre la reforma electoral, en el que los británicos rechazaron incluso un sistema de voto alternativo –mucho menos proporcional que los modelos continentales– pese a que las encuestas previas mostraban mayorías favorables al cambio. El psicodrama, también surge de allí.

El suicidio laborista

La historia reciente del Partido Laborista es, en muchos sentidos, la de un partido que eligió ganar una guerra interna en lugar de prepararse para gobernar. Tras la derrota de Jeremy Corbyn en 2019 –en unas elecciones marcadas por el Brexit y por una campaña de descrédito orquestada desde dentro de las propias filas laboristas–, la facción derechista del partido, vinculada al legado de Tony Blair y conocida como Labour Together, tomó el control. Su objetivo no era construir un proyecto político; era purgar la izquierda.

Lo que siguió fue una operación de saneamiento ideológico que devoró al partido desde dentro. Suspensiones de militantes, señalamientos, candidaturas impuestas desde arriba en detrimento de figuras populares locales. La base militante se fue reduciendo. Las finanzas se deterioraron. Y cuando el colapso de los tories llegó antes de lo previsto, el partido se encontró en el gobierno sin haber construido su propia arquitectura programática.

Sobre Corbyn, Dimitrakopoulos tiene una lectura que va a contracorriente: «El corbynismo es parte de la solución, no parte del problema». Su argumento es doble. Primero, cuando Corbyn se convirtió en líder del partido, movilizó a medio millón de jóvenes, algo que no puede ignorarse. Segundo, fue precisamente Corbyn quien en 2017 prometió renacionalizar los ferrocarriles y la industria del agua –lo que las encuestas decían que quería la mayoría– y aun así el electorado votó a los tories. «Esto me demuestra que existe una lucha interna dentro del conjunto del pueblo británico», dice el profesor. Un país que quiere una cosa y vota la contraria, una y otra vez.

El resultado fue un gobierno que llegó al poder con una mayoría parlamentaria enorme y sin base social real. Starmer obtuvo en 2024 menos votos que Corbyn en 2019. Nadie votó por él; simplemente, el electorado castigó a los tories. Esa diferencia es crucial porque explica la velocidad del derrumbe posterior. Un gobierno sin base propia no tiene margen para el error, y Starmer cometió errores de bulto desde el primer momento.

La supresión del subsidio de combustible para pensionistas –en un país donde la pobreza energética se cobra vidas cada invierno– fue la primera señal. Le siguió el mantenimiento del tope de prestaciones sociales por número de hijos, una medida especialmente cruel que el propio partido había prometido derogar. Las reformas laborales se aguaron bajo presión empresarial hasta quedar irreconocibles. Las promesas sobre vivienda se evaporaron. En un país donde el 60% de la población apoya la gestión pública de servicios básicos, el gobierno optó por el lenguaje de la austeridad de 2010.

El politólogo y profesor en la Universidad de Cambridge David Runciman, en How Democracy Ends (2018), advertía que las democracias contemporáneas no colapsan por asalto desde fuera, sino por vaciamiento desde dentro. El de Starmer fue un caso de libro: una mayoría parlamentaria récord, un aparato de partido que se resiste a transformarse y una política que no representa a nadie.

Starmer, el encargado

Con el tiempo ha ido tomando cuerpo una lectura más fría de lo ocurrido: Keir Starmer, más que un líder político, fue un instrumento para desmantelar el proyecto de Corbyn. Abogado de perfil técnico, sin base propia ni ideología reconocible, Starmer fue útil precisamente por su carácter incoloro. Destruyó el laborismo de izquierdas con eficacia quirúrgica. Expulsó, suspendió, bloqueó. Pero una vez consumada la purga, no había nada detrás: ni programa, ni electorado. Ni sobre todo partido. Su propio equipo se lo dejó claro después de que Andy Burnham, alcalde de Mánchester y su principal rival para dirigir a los laboristas, se impusiera a la ultraderecha y ganara el escaño de Makerfield. «Ya nadie te apoya», le espetaron sin paliativos. Su dimisión, como luego se vio, era cuestión de horas. El 9 de julio se abrirá oficialmente la carrera por su sucesión, con Burnham como  aspirante más destacado.

Para Dimitrakopoulos, el problema de Starmer era de competencia: «Si hubiera tenido la capacidad que creíamos que tenía antes de convertirse en primer ministro, habría sabido gestionar las cosas. Pero la práctica ha demostrado que incluso con Corbyn fuera del partido, el problema real era su falta de habilidad». El caso Mandelson, añade, fue «terrible».

Llegó al gobierno por defecto, no por convicción, y gobernó en consecuencia. El principio del fin llegó con las elecciones locales del 7 de mayo de 2026. Los laboristas perdieron cerca de 1.500 concejales en los consejos ingleses, mientras Reform UK, el partido liderado por el ultraderechista Nigel Farage, ganaba 1.452 escaños en Inglaterra. En Gales, dejaron de ser el partido dominante por primera vez en un siglo. Para mediados de mayo, 97 diputados laboristas habían pedido públicamente la dimisión de Starmer o que fijara un calendario de salida, y un ministro del gabinete, cuatro secretarios de Estado y cuatro asesores parlamentarios habían renunciado como protesta. Wes Streeting, secretario de Sanidad y favorito de la derecha laborista, dimitió vaticinando (con acierto) que Starmer no lideraría al Partido Laborista en las próximas elecciones generales. Starmer se resistió a marcharse, argumentando que un cambio de liderazgo sumiría al país en el mismo caos que había vivido bajo los tories. Pero la realidad se impuso.

El escándalo Epstein

Si las políticas sociales erosionaron el apoyo popular, el caso Mandelson lo hundió en el fango de la corrupción. Peter Mandelson, figura fundacional del Nuevo Laborismo blairista, fue nombrado por Starmer embajador en Washington en diciembre de 2024. Era considerado un activo político de primer orden: alguien capaz de desenvolverse con la Administración Trump y con conexiones directas a figuras como Elon Musk o Scott Bessent.

Lo que hacía el nombramiento aún más inexplicable es que la relación de Mandelson con Jeffrey Epstein no era ningún secreto. Era ampliamente conocida en los círculos del poder británico, y el público general sabía que había visitado a Epstein después de que este fuera condenado. No era un hombre de confianza. Olía a corrupción desde el principio.

Cuando los archivos del Departamento de Justicia estadounidense comenzaron a publicarse, pusieron color y detalle a lo que ya se sospechaba, y la explosión fue inevitable. Entre los documentos figuraban mensajes en los que Mandelson expresaba su apoyo a Epstein mientras era investigado por haber transmitido información sensible de los mercados durante el período en que fue ministro de Finanzas (2008-2010). Entre los documentos figuraba un libro de visitas de las propiedades de Epstein que incluía una carta atribuida a Mandelson en la que describía al depredador sexual como su «mejor amigo».

Starmer despidió a Mandelson como embajador en septiembre de 2025, pero en febrero de 2026 aún  tuvo que exponerse ante la Cámara de los Comunes para lamentar públicamente su nombramiento. Se refirió a él del siguiente modo: «Traicionó a nuestro país, a nuestro Parlamento y a mi partido». El escándalo se llevó por delante al jefe de gabinete de Downing Street, Morgan McSweeney, y al máximo funcionario civil del Foreign Office, Olly Robbins, además del director de comunicaciones Tim Allan, que dimitió horas después. En febrero de 2026, la Policía Metropolitana abrió una investigación penal y Mandelson fue detenido y puesto en libertad bajo fianza.

El caso Epstein tiene una resonancia particular en el Reino Unido porque la contaminación no afecta solo a la política. El príncipe Andrés lleva años vinculado al escándalo. Ghislaine Maxwell, la colaboradora más estrecha de Epstein, es británica. La clase dirigente del país se siente señalada de una forma íntima y difícilmente esquivable. Para un gobierno que llegó al poder prometiendo limpiar la política, la imagen de Starmer defendiendo a Mandelson desde el atril de los Comunes se convirtió en el símbolo de todo lo que había prometido no ser.

La izquierda nacionalista

Mientras el laborismo implosionaba, el mapa político de las naciones devueltas se transformaba de forma silenciosa pero radical. Gales ha sido durante décadas un bastión laborista, conocido por sus minas de carbón y su clase trabajadora. En las elecciones de mayo de 2026, sin embargo, el voto laborista se derrumbó, y fue Plaid Cymru quien obtuvo más escaños en todo el País de Gales. Fue la primera vez desde el inicio de la devolución en 1999 que el Partido Laborista perdía el gobierno galés, poniendo fin a una racha de victorias que se remontaba a las elecciones generales del Reino Unido de 1922.

La victoria de Plaid Cymru significa que las tres regiones del Reino Unido fuera de Inglaterra –Irlanda del Norte, Escocia y ahora Gales– están gobernadas por partidos nacionalistas. Y lo significativo es que estos partidos no son, en modo alguno, equivalentes a los nacionalismos de derechas que proliferan por Europa. El SNP escocés, Plaid Cymru y Sinn Féin representan tradiciones de izquierda o centroizquierda, con programas sociales ambiciosos y posiciones progresistas. Son, en cierto sentido, el refugio de un electorado de izquierdas que ya no reconoce al Partido Laborista como su hogar.

El problema de Farage

Reform UK, el partido de Nigel Farage, ha capitalizado el colapso de los conservadores. Y conviene ser precisos aquí, porque el relato de que Reform está robando votos al Partido Laborista es más mediático que real. Según un estudio de YouGov, tan solo el 46% de los votantes laboristas de 2024 que votaron en las elecciones municipales de mayo de este año fueron leales al partido, pero solo un 6% se decantó por Reform UK, mientras que un 22% lo hizo por los Verdes. Reform es, fundamentalmente, la herencia del colapso tory, aunque, como apunta Dimitrakopoulos, también absorbe a los sectores más conservadores del electorado laborista tradicional, especialmente en el norte de Inglaterra.

El partido recibe financiación de millonarios vinculados a las criptomonedas, y esa financiación acaba de estallarle en las manos. El 7 de julio, Farage anunció su dimisión como diputado por Clacton mientras el comisionado parlamentario de estándares investigaba un regalo no declarado de cinco millones de libras del empresario Christopher Harborne –el mismo que en agosto de 2025 donó al partido otros nueve– y una segunda denuncia por los favores de George Cottrell, condenado en Estados Unidos por blanqueo de capitales. Horas después de su anuncio, The Guardian publicó que la banca había alertado a la National Crime Agency de ese regalo como posible blanqueo de dinero ya en mayo de 2024, siete semanas antes de que los votantes de Clacton lo eligieran; al día siguiente, el diario reveló que las alertas iban mucho más allá: transacciones millonarias entre los máximos dirigentes de Reform –incluido su número dos, Richard Tice– y donaciones al propio partido habían sido comunicadas a la agencia como posible blanqueo de capitales. Farage insiste en que no ha hecho nada malo y ha ideado su propia autoabsolución por las urnas. Se presentará a la elección parcial que provoca su dimisión, planteada como una batalla del pueblo “contra el establishment”; un establishment que, por cierto, ha decidido no comparecer. Laboristas, conservadores, liberaldemócratas y verdes boicotearán la contienda electoral y no disputarán el escaño. 

Su rival más visible es, por ahora, Count Binface, un hombre disfrazado con una capa plateada y un cubo de basura por cabeza que encarna la larga tradición británica de candidaturas satíricas. La ministra de Hacienda, Rachel Reeves, autorizó la convocatoria con una frase: si Farage “quiere pasarse el verano discutiendo con un cubo de basura”, no será ella quien se lo impida. Varios concejales electos de Reform han tenido que ser suspendidos por publicaciones de contenido racista y neonazi. Si gana en Clacton, la investigación se reanuda.

En las elecciones locales de mayo, Reform dominó con claridad: ganó 1.452 concejales en Inglaterra. Los Verdes obtuvieron 587 concejales, un incremento de 411 respecto a sus resultados anteriores, y en las generales de 2024 ya habían cuadruplicado su representación parlamentaria. Son fuerzas de naturaleza muy distinta –una financiada por millonarios, la otra por una base militante amplia– pero ambas reflejan el mismo agotamiento del bipartidismo.

Dimitrakopoulos no descarta que el ascenso de Farage sea, paradójicamente, la única salida al bloqueo: «Si Farage llega a ser primer ministro en el sistema británico, tendrá el poder en sus manos y no podrá culpar a nadie más». La lógica es la del fracaso necesario: solo cuando el populismo gobierne y decepcione podrá el país empezar a responder de verdad las preguntas que el Brexit dejó sin resolver.

La gran pregunta

Todo converge en un debate que el sistema político británico ya no puede postergar: la representación proporcional. El first-past-the-post ha generado durante décadas la ilusión de estabilidad ocultando la profundidad de las fracturas sociales. Con la fragmentación creciente, el sistema produce cada vez más diputados y concejales elegidos con menos de un tercio de los votos, lo que significa que las opiniones de más de dos tercios de los votantes quedan ignoradas.

El desenlace más inmediato apunta, en cambio, a la continuidad con otro protagonista. Wes Streeting, el favorito de la derecha laborista, se retiró de la carrera el mismo día de la dimisión de Starmer y respaldó al ya citado Andy Burnham, que a día de hoy es el único candidato declarado: si nadie más reúne los avales de 81 diputados antes del cierre de nominaciones, el 16 de julio, será proclamado líder sin contienda y podría ser primer ministro al día siguiente.

Nada de primarias. Se trataría, metafóricamente hablando, de una coronación. Burnham, ya ha descartado explícitamente la representación proporcional y ha señalado que mantendría las actuales políticas de inmigración. Antes incluso de ser líder, está completando a toda velocidad el arco de Starmer: las mismas posiciones, la misma lógica y el mismo callejón, que probablemente le lleve a la misma salida. El laborismo parece incapaz de aprender la lección que el electorado lleva años intentando enseñarle..

Lo que está en juego no es pues solo quién gobierna el Reino Unido, sino si el país es capaz de construir un sistema político que refleje la complejidad de una sociedad que lleva décadas siendo más plural de lo que sus instituciones han querido admitir. El filósofo Jacques Rancière distingue entre dos conceptos: la «política» y lo que llama la «policía» en su sentido más amplio. La primera es el momento en que quienes no tienen parte en el orden establecido irrumpen para reclamarla; la segunda, la gestión del consenso que distribuye posiciones y silencia el disenso. En el Reino Unido de 2026, lo que el sistema denomina «democracia» se parece cada vez más a la policía que a la política.  

La entrada ¿Qué está pasando en el Reino Unido? se publicó primero en lamarea.com.

Puedes leer más sobre centros de datos en el número 112 de La Marea.

Mayo es el mes de las graduaciones en Estados Unidos. Es costumbre que una figura distinguida se dirija a los recién graduados antes de su salto al mercado laboral con un discurso pensado para inspirarlos. A veces el efecto es el contrario. «El auge de la inteligencia artificial es la próxima revolución industrial», dijo Gloria Caulfield, alta directiva del sector inmobiliario, a los graduados de la Universidad Central de Florida. Le respondió una ola de abucheos. Sorprendida, la empresaria soltó una risita nerviosa y se giró hacia alguien situado junto al estrado, como si buscara confirmación de lo que acababa de pasar. «Guau… ¿Qué ha pasado?», preguntó Caulfield, visiblemente desconcertada.

Pocas semanas después le ocurrió algo parecido a Eric Schmidt, expresidente ejecutivo de Google, en la Universidad de Arizona. Tras mencionar que la revista Time había elegido a «los arquitectos de la IA» como personas del año 2025, una pitada lo interrumpió. «Sé lo que muchos estáis sintiendo. Os oigo», reaccionó Schmidt mientras los abucheos continuaban. «Hay un miedo en vuestra generación: que el futuro ya esté escrito, que las máquinas vengan, que los empleos se evaporen, que el clima se rompa, que la política esté fracturada y que vosotros heredéis un desastre que no habéis creado. Y entiendo ese miedo. Es racional». Sus palabras de comprensión no calmaron a la audiencia.

La de los estudiantes no es la única posición crítica. En todo el país, de forma transversal, la opinión pública se está posicionando en contra. Según una encuesta del Pew Research Center publicada en junio de 2025, la mitad de los estadounidenses están más preocupados que entusiasmados ante esta tecnología. La manifestación más visible de ese malestar es la oposición creciente a los centros de datos, la cara física de la IA, infraestructuras que rechazan siete de cada 10 estadounidenses, según una encuesta de Gallup. Algunos estados, como Maine, debaten moratorias para evaluar los riesgos ambientales y para la red eléctrica. La oposición, en otros casos, ya ha derivado en amenazas y ataques.

Intentar frenar la máquina

Una mañana de mayo, decenas de vecinos se concentraron frente al Ayuntamiento de Kenilworth, en Nueva Jersey, para oponerse a la construcción de un nuevo centro de datos para inteligencia artificial proyectado por CoreWeave. Llevaban carteles y cencerros. «Sé que quizá sea demasiado tarde para detenerlo», dijo una residente a una cadena de televisión local. «Pero confío en que, si logramos movilizar a suficiente gente de Kenilworth y las comunidades vecinas, tal vez consigamos que el gobierno municipal nos escuche», prosiguió.

Kenilworth es uno entre centenares de núcleos vecinales organizados para frenar la instalación de centros de datos. El observatorio Data Center Watch ha identificado 396 grupos de oposición activos en el país, una cifra en aumento constante. El observatorio cifró en 156.000 millones de dólares las inversiones que el año pasado fueron bloqueadas o aplazadas por la presión vecinal.

«La oposición contra centros de datos ha calado en el discurso dominante», dice Miquel Vila, investigador de la empresa de seguridad informática 10a Labs, que creó Data Center Watch. «Ahora no es solo una cosa que preocupe a los grupos de ciudadanos que tienen un centro de datos en su comunidad», añadió.

Desde que su equipo comenzó a monitorizar el fenómeno, afirma Vila, el ánimo público ha cambiado. Donde antes la gente carecía de una opinión clara o solo se movilizaba ante proyectos concretos, hoy se percibe un rechazo generalizado y transversal en el discurso político. «Vemos rechazo desde todos los sectores. De la izquierda, de la derecha, del centro, de arriba a abajo», asegura Vila.

Esa transversalidad tiene una explicación que va más allá del miedo laboral. Cecilia Rikap, economista argentina, profesora asociada del Institute for Innovation and Public Purpose del University College London y autora de Teoría de la dependencia digital, sostiene que la oposición a los centros de datos descansa también en un cálculo material que hasta ahora se sigue subestimando en el debate público: a diferencia de otras grandes infraestructuras, estos proyectos no devuelven al territorio nada parecido a lo que prometen. «Un centro de datos no es un tipo de inversión tradicional en infraestructura. No son generadores de empleo: lo único que generan es empleo de construcción. Cuando el centro de datos está funcionando, son unas pocas docenas de personas las que trabajan en puestos técnicos», explica Rikap. «Y a su vez destruye las economías regionales, porque por el nivel de consumo de energía eléctrica y de agua potable, nadie puede poner al lado ni un café, ni un local de nada».

A esa ausencia de efecto derrame se suma, según Rikap, una distorsión contable que infla las cifras anunciadas: «En Brasil, el cálculo estaba hecho: el 85% de la inversión declarada eran insumos importados». Frente a esa presión, cada vez más iniciativas legislativas intentan poner límites a la expansión del sector, especialmente en el principal país de esta explosión: Estados Unidos.

En Maine se debate una medida que, de aprobarse, paralizaría la construcción de centros de datos de más de 20 megavatios. En Virginia, los legisladores estatales discuten retirar las exenciones fiscales multimillonarias que han convertido al estado en el principal núcleo mundial de centros de datos. En Carolina del Sur, la congresista republicana Nancy Mace impulsa una moratoria de un año y ha prometido exigir a los operadores que generen su propia electricidad para no encarecer la factura del resto de consumidores. «Las reglas son simples: que los centros de datos paguen lo que les corresponde o por aquí que no vengan», escribió en X. En marzo, el senador progresista Bernie Sanders y la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez presentaron una propuesta de moratoria nacional a la construcción. Según lo relevado por Vila y su equipo, muy pocos políticos se atreven a defender estas infraestructuras, sobre todo en el ámbito local. «Independientemente de cuál sea su opinión sobre el tema, tienen que oponerse al centro de datos porque si no, no van a ser elegidos. Y esto va a pasar en ambos partidos», afirma.

La profecía hecha realidad

La oposición, en algunos casos, se ha manifestado a través de protestas violentas. La noche del 6 de abril de 2025, alguien disparó 13 veces contra la puerta principal de la casa de Ron Gibson, concejal demócrata del consejo municipal de Indianápolis, y dejó en el felpudo, dentro de una bolsa hermética, una nota: «No Data Centers». Gibson dormía dentro con su hijo de ocho años. Ninguno resultó herido. Una semana antes, la Comisión Metropolitana de Desarrollo había aprobado la recalificación del suelo para un centro de datos de la empresa Metrobloks en el distrito de Gibson, un proyecto que el concejal había respaldado públicamente. La principal plataforma vecinal contraria a la instalación, Protect Martindale-Brightwood, condenó el ataque y negó cualquier vinculación.

Un mes después, un escenario parecido se repitió en Utah. El 4 de mayo, los tres comisionados del condado de Box Elder aprobaron por unanimidad el proyecto Stratos, impulsado por el inversor canadiense Kevin O’Leary, conocido por el programa de televisión Shark Tank. Será uno de los mayores centros de datos del mundo: una extensión de unas 16.200 hectáreas, más superficie que la isla de Manhattan, y una capacidad prevista de hasta nueve gigavatios, más electricidad de la que consume todo el estado de Utah. Los tres comisionados recibieron amenazas de muerte. Entre los mensajes obtenidos por la cadena ABC4 al amparo de la ley de transparencia, uno decía: «Los tres podéis morir».

Al mismo tiempo, en Rumble, una plataforma que aloja contenidos vetados por YouTube por difundir teorías conspirativas y anticientíficas, abundan los vídeos de influencers con cientos de miles de seguidores que presentan los centros de datos como parte de una guerra contra la humanidad. A principios de mayo, el canal The People’s Voice publicó un vídeo titulado «Centros de datos construidos para matar y reemplazar a 200 millones de estadounidenses antes de 2030». «La IA representa la convergencia de todos los miedos asociados a las nuevas tecnologías», sostiene Mauro Lubrano, profesor de relaciones internacionales de la Universidad de Bath, en Reino Unido, y autor del libro Stop the Machines: The Rise of Anti-Technology Extremism.

Según Lubrano, el sentimiento antitecnológico suele anclarse en tres dimensiones distintas. La material: el temor a la pérdida de empleo y al impacto ambiental. La espiritual: la alienación y la pérdida de agencia. Y la existencial: el miedo a que una tecnología acabe con la humanidad.

«La IA atraviesa todas estas dimensiones», dice Lubrano. «Es la suma de todos los miedos, representa los mayores temores en lo que a tecnología se refiere. Para algunas personas, es una una profecía que se hizo realidad». Si no aumentan la transparencia y la participación ciudadana en estos procesos, Lubrano teme un incremento de los niveles de violencia. «Hay personas para las cuales este es un sistema que no se puede reformar. Y, por lo tanto, debe ser destruido», concluye. 

La entrada Todos odian la IA: el rechazo a los centros de datos en Estados Unidos se publicó primero en lamarea.com.

Esta entrevista se publicó originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerla en catalán aquí.

Desde los atentados del 11 de septiembre hasta la guerra de Gaza, pasando por la pandemia y la invasión rusa de Ucrania, Fabian Scheidler (Bochum, 1968) observa un mismo mecanismo político. Las crisis, sostiene, se convierten en oportunidades para ampliar los poderes excepcionales del Estado, transferir recursos públicos a grandes corporaciones y acelerar la militarización de las sociedades occidentales.

En El estado de guerra y la lucha por un nuevo orden de paz (publicado por Icaria), el ensayista alemán argumenta que Europa está abandonando progresivamente el modelo de Estado social construido tras la Segunda Guerra Mundial para entrar en una economía de guerra permanente. En esta conversación reflexiona sobre los límites del sistema de partidos, la crisis de la hegemonía occidental, el ascenso de China y las posibilidades de reconstruir una política de paz en el siglo XXI.

En el libro identificas un patrón común que atraviesa acontecimientos aparentemente distintos, desde el 11-S hasta la pandemia, la guerra de Ucrania o Gaza. En todos ellos observas una expansión de los poderes excepcionales del Estado y una creciente militarización de la política. ¿Crees que existe una racionalidad consciente detrás de este proceso o más bien una capacidad de las élites para instrumentalizar acontecimientos imprevistos?

No creo que hace 20 o 30 años hubiera un grupo de personas sentado alrededor de una mesa diseñando un estado de excepción permanente porque anticiparan el declive de Occidente o el caos global. La historia es mucho más compleja que eso. No funciona mediante planes perfectamente trazados.

Lo que sí observamos es que cuando se producen acontecimientos traumáticos –el 11-S, una pandemia o una guerra– esos acontecimientos son rápidamente utilizados para reforzar determinadas estructuras de poder porque hacerlo responde a los intereses de las élites políticas y económicas.

La pandemia es un buen ejemplo. Algunas personas se preguntan por qué la incluyo en un libro sobre guerra y paz. La razón es que toda la retórica desplegada durante aquellos años fue una retórica de guerra. Emmanuel Macron llegó a declarar que Francia estaba «en guerra contra el virus». Lo hizo en un momento en que el movimiento de los chalecos amarillos había puesto en cuestión el orden político francés y había protagonizado una movilización social muy importante. El estado de excepción también sirvió para contener ese conflicto. Algo parecido ocurrió con la llamada guerra contra el terrorismo. François Hollande reconoció que algunas de las medidas introducidas para combatir el terrorismo terminaron utilizándose contra activistas climáticos durante la cumbre del clima de París de 2015.

Existe una lógica recurrente. Se produce una crisis y esa crisis se utiliza para reforzar el poder ejecutivo, ampliar el poder corporativo y transferir enormes cantidades de recursos públicos hacia determinados intereses privados. Lo vimos en la guerra contra el terrorismo, donde el complejo militar-industrial fue uno de los grandes beneficiarios. Lo vimos también durante la pandemia, cuando sectores como las grandes farmacéuticas o las corporaciones tecnológicas obtuvieron enormes ventajas.

Y todo esto resulta especialmente relevante porque vivimos una crisis estructural del capitalismo que, en mi opinión, se arrastra al menos desde 2008. Cada vez más corporaciones dependen de subsidios estatales, rescates públicos o contratos gubernamentales. Los estados de emergencia se han convertido en mecanismos de transferencia masiva de recursos hacia esas estructuras de poder.

La crisis bancaria fue otro ejemplo. Se utiliza dinero público para rescatar grandes corporaciones privadas. Así funciona gran parte del capitalismo contemporáneo.

Sin embargo, algunos de los principios que definieron la gobernanza económica europea después de la crisis financiera parecen estar siendo revisados. Alemania ha flexibilizado sus restricciones constitucionales al endeudamiento y Europa parece abandonar algunas de las reglas que defendió durante años. ¿Interpretas estos cambios como una rectificación o simplemente como una adaptación a nuevas prioridades?

No creo que hayan aprendido demasiado de la crisis financiera. Muchas voces importantes siguen advirtiendo de la posibilidad de nuevas crisis bancarias. Lo que sí ha ocurrido en Alemania es que se ha modificado la Constitución para eliminar los límites de deuda cuando se trata de financiar la militarización. Los Verdes añadieron además excepciones relacionadas con los servicios de inteligencia. El resultado es muy claro. Se mantiene la austeridad para la mayoría de la población mientras se eliminan las restricciones cuando se trata de gasto militar. Estamos entrando en una situación en la que podemos destruir gran parte del Estado del bienestar europeo mientras destinamos recursos prácticamente ilimitados al ejército.

Recuerdo un titular del Financial Times que resumía muy bien esta lógica. Venía a decir que Europa tendría que recortar su Estado del bienestar para construir un Estado de guerra. Esa es precisamente la dirección en la que nos estamos moviendo.

Si el Estado-nación y el capitalismo forman parte de una misma arquitectura histórica, ¿sobre qué fundamentos podría construirse una política de seguridad diferente? ¿Existe alguna alternativa que no reproduzca la lógica de competencia geopolítica entre Estados?

Superar el Estado-nación es una tarea tan enorme como superar el capitalismo porque ambos forman parte de una misma estructura histórica. No son fenómenos independientes.

No sé si el capitalismo y el Estado-nación moderno sobrevivirán a lo largo de este siglo. Lo que sí sé es que ambos atraviesan una crisis profunda y que la respuesta de las élites está siendo avanzar hacia formas permanentes de estado de excepción e incluso de estado de guerra. Precisamente por eso creo que debemos resistir esa deriva militarista.

Para la izquierda esto implica recuperar la cuestión de la paz como un tema central. En Alemania, por ejemplo, una parte importante de la izquierda ha relegado esta cuestión porque considera que genera conflictos internos o dificultades mediáticas. Pero si los gobiernos europeos siguen avanzando en esta dirección, la militarización terminará destruyendo los fundamentos materiales del Estado social.

Por eso necesitamos construir una nueva coalición política que conecte paz, justicia social, ampliación del Estado del bienestar, límites al poder corporativo y diplomacia internacional. Sin paz será imposible abordar la crisis climática o la crisis ecológica. Los recursos necesarios para esas transformaciones desaparecerán. Todo está conectado.

En cierto sentido, necesitamos recuperar la intuición original del movimiento ecologista europeo, que vinculaba paz, democracia, justicia social y crítica al capitalismo como partes de una misma agenda.

Pero incluso las fuerzas políticas que nacieron para desafiar el consenso dominante parecen terminar adaptándose a él. Esto es algo de lo que se acusó por ejemplo a Podemos en ciudades como Cádiz, dónde coexistía un discurso transformador y una defensa de industrias vinculadas a la producción militar debido a su importancia para el empleo local. ¿Cómo se resuelve esa tensión entre transformación social y dependencia económica de las estructuras existentes?

Es una cuestión muy difícil. Soy bastante crítico con el sistema de partidos, aunque no podemos ignorarlo porque existe y sigue teniendo poder. Mi impresión es que cualquier transformación profunda tendrá que construirse también fuera de los partidos, mediante nuevas coaliciones sociales capaces de articular una visión diferente de Europa.

Lo que me da esperanza son experiencias concretas. Hemos visto trabajadores portuarios en Italia y España bloqueando envíos destinados a la guerra de Gaza. Hemos visto activistas bloqueando instalaciones del complejo militar-industrial en Alemania. Hemos visto formas de resistencia que surgen desde abajo.

También observamos resistencia entre los jóvenes frente a la posibilidad de reinstaurar el servicio militar obligatorio. Muchos no quieren participar en estos conflictos geopolíticos. Nada de esto constituye todavía un movimiento masivo, pero son elementos a partir de los cuales puede construirse algo diferente.

Consideras también que el declive de la hegemonía occidental podría abrir la posibilidad de un nuevo orden internacional. Sin embargo, ¿por qué deberíamos asumir que potencias como China, India o los Estados del Golfo actuarán de forma menos dominadora que las potencias occidentales? ¿Qué tendría de más pacífico un mundo multipolar?

La multipolaridad no garantiza la paz. También puede conducir a la guerra. De hecho, muchos de los grandes conflictos de la historia moderna surgieron precisamente durante momentos de transición hegemónica. Ocurrió antes de la Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda y en muchos otros momentos donde varias potencias competían por el liderazgo global. La cuestión es si existen factores que permitan evitar ese resultado.

China tiene una trayectoria histórica diferente. No completamente pacífica, por supuesto, pero sí distinta de la experiencia occidental. La relación entre Estado y capital es diferente. Existe una tradición política que insiste en mantener el control del capital y del ejército desde el poder civil. Además, la memoria histórica china está profundamente marcada por el llamado siglo de la humillación, cuando las potencias occidentales intervinieron y fragmentaron el país. Desde la perspectiva china, el objetivo principal consiste en evitar que algo semejante vuelva a ocurrir.

La narrativa dominante allí no es la construcción de un imperio militar global, sino la recuperación de la seguridad y la autonomía nacional mediante el desarrollo económico. Eso no significa que no existan sectores nacionalistas o militaristas en China. Existen. Pero sí abre la posibilidad de evitar una guerra por la sucesión hegemónica similar a las que hemos visto durante los últimos 500 años. No sabemos si lo conseguiremos. Solo sabemos que esa posibilidad existe.

¿Y qué papel desempeña Taiwán en esa ecuación?

Taiwán es probablemente el punto más peligroso. Mientras continúe el statu quo actual, con toda la retórica que queramos añadirle, es posible evitar una guerra. Pero si Taiwán declarara formalmente la independencia y Estados Unidos respaldara explícitamente esa decisión, entraríamos en un escenario completamente distinto.

Conviene recordar que la política de una sola China ha sido reconocida durante décadas por Naciones Unidas, por Estados Unidos y por la mayoría de los Estados del mundo. Mantener ese marco es probablemente una condición necesaria para evitar una confrontación militar de consecuencias imprevisibles.

La entrada Fabian Scheidler: “Europa está desmontando el Estado del bienestar para construir un Estado de guerra” se publicó primero en lamarea.com.

La periodista Chantal Flores había escuchado tantas historias de mujeres mexicanas que perdieron a un ser querido que cuando viajó a Bosnia, Serbia y Kosovo para entender el impacto de las desapariciones forzadas allí, no le hizo falta entender las palabras de las mujeres que le compartían sus experiencias en serbocroata o albanés: le bastó con leer su lenguaje corporal.

En su libro Huecos. Retazos de la vida ante la desaparición forzada, Flores, que nació en Monterrey en 1985, sigue a seis mujeres en México, Colombia y los Balcanes –Mirna, Lucy, Dragana, Zekija, Margarita y Valdete– que viven, o sobreviven, con el dolor de la pérdida. Nos cuenta sus historias en una serie de viñetas que a veces adoptan un tono periodístico y otras se leen más como novela o poema. A lo largo del libro, Flores escribe como una persona solidaria que se deja afectar por el duelo de estas seis mujeres que se enfrentan a silencios, intimidaciones, injusticias y sistemas rotos.

Lo que motivó a Flores a escribir este libro fue una sensación de impotencia ante el problema de la desaparición forzada en su propio país, donde se producen entre 35 y 40 desapariciones diarias. Al conectar las experiencias de mujeres mexicanas con las vividas en Colombia y los Balcanes, nos obliga a asumir que el sufrimiento que causa la desaparición forzada es universal, sin borrar la especifidad de cada lugar y cada experiencia individual.

Para comprender México, ha tenido que visitar otros países.

Mi intención nunca fue ser la corresponsal extranjera que le va a enseñar al mundo cómo son las cosas en los Balcanes o Colombia. Mi punto de partida siempre fue: esto que está pasando en mi país, en México, es muy grave. No tenemos un marco de referencia para entenderlo. No se compara con el periodo de desapariciones que México vivió en los años setenta, por ejemplo. Así que viajé a otros países para ver qué podía aprender. Sabía muy bien que los contextos no son los mismos, pero, por otra parte, supuse que algunas de sus luchas son similares.

Hay muchos países con desapariciones. ¿Cómo llegó a Colombia y los Balcanes?

Acabé en Colombia por el papel que allí tiene el narcotráfico, que es uno de varios agentes diferentes que perpetran las desapariciones. Me pareció similar a lo que está sucediendo en México. A los Balcanes llegué más bien por mis lecturas sobre el trabajo de la ciencia forense en la identificación de los restos. En esos libros siempre sale el ejemplo de los Balcanes, donde se ha usado la identificación de ADN con mayor efecto. Mi pregunta era: ¿tendrán paz esos familiares? Lo que ellos sufrieron se reconoció como una guerra –algo que en México no ocurre–. Segundo, atrajo una gran inversión y apoyo internacionales. Dado todo esto, me preguntaba, ¿cómo siguen estas familias, que además ya llevan unos 20 años desde que terminó la guerra? ¿Cómo viven con el dolor, con todo este camino ya recorrido?

¿Qué descubrió?

Más allá de las diferencias que he mencionado, encontré muchas similitudes. Al final del día vi el mismo dolor, la misma forma de organización entre las mujeres, que han construido redes, pero que también se encuentran algo aisladas de sus propias familias. Esta dimensión de género me llamó mucho la atención. Yo sabía que se tenían que comunicar entre ellas. Y como no las pude juntar en un espacio físico, las junté en las páginas de Huecos. Lo que quiero es que sepan que no están solas, que de cierta forma están aprendiendo unas de otras. Y que tienen cosas que enseñar a las otras que están por venir, porque esto no termina. Nunca va a haber suficiente información sobre la desaparición forzada.

Su propia voz y experiencia están muy presentes en el libro.

La verdad es que, cuando empecé Huecos, mi idea era escribir un libro serio de investigación periodística, con datos, cronologías y análisis políticos. Así que, cuando empecé a escribir, me encontré cortando todos los pasajes en los que aparecía yo: todo lo que sucedía después de que se apagara la grabadora –por ejemplo, los momentos en los que Mirna y yo estábamos platicando en la cama–. Pero cuando lo hablé con mi editor, me dijo: “Eso no lo cortes: tú eres la única que estuviste ahí y tienes que contarlo”.

¿Le costó incluir esa dimensión más personal?

Mi miedo inicial era que yo me convirtiera en la protagonista del libro. Yo era muy consciente de que las cosas de las que fui testigo pasaron en parte porque yo estaba allí cubriéndolas como reportera. Las familias que buscan a sus desaparecidos muchas veces sienten la presencia de los medios como una presión para que sucedan cosas, para que encuentren algo. A fin de cuentas, ¿qué son las familias que buscan si no encuentran cuerpos?

El resultado es un libro que logra conectar directamente con las lectoras. A mí, al menos, la lectura ha llegado a afectarme mucho.

Mi idea era, precisamente, que si yo me pongo ahí, a lo mejor el lector o la lectora se va a identificar con más facilidad. No soy la periodista inalcanzable que ni contesta al mail, sino al contrario, soy quien lleva a mis lectores de la mano. Eso era lo que yo quería que sintieran los lectores: ese dolor que te destroza cada vez que entras a estos viajes y entras en contacto con esta realidad. Con Huecos, yo quería aportar esa capa extra. Más que informarte, quiero que sientas y veas que estas son familias como la tuya o como la mía.

¿Cómo lidió usted misma con la carga del dolor?

Los primeros años me sentía mal conmigo misma, porque veía la desaparición por todas partes. Me afectó mucho. Pero acabé por encontrar las herramientas creativas para darle salida a ese dolor, a esa crueldad. Y cuando ahora alguien me dice, “no tengo corazón para leerlo”, le digo: “¡Si yo ya lo mastiqué por ti! Lo que te está llegando por mi libro es el 1%. No te lo estoy dando crudo”.

En algunas de las viñetas más literarias, como “Y no está”, abandona su voz narrativa regular para recurrir a una especie de corriente de conciencia. Me ha parecido muy poderoso.

En realidad, fue mi solución a un problema complicado. Hablé con muchísimas familias sobre sus vivencias. Fue muy difícil escoger a las seis mujeres que acabaron siendo mis protagonistas. Por otro lado, irónicamente, también fue muy fácil, porque ellas son las que estuvieron más dispuestas a contestar a las dudas que me surgían. Aun así, al escribir Huecos no me abandonaban esas otras familias a las que había dejado fuera, por más que también dieran forma a mi proceso de escritura. En esa viñeta que mencionas, intento incluir sus vivencias y algunos de los muchísimos detalles que me contaron. Es mi forma de decirles a mis lectoras: “Todo esto está pasando. Puede que no tenga nombres y fechas para todo, que no tenga los datos concretos, pero esto está pasando”. La verdad es que fue una viñeta que empecé a escribir con hartazgo, vomitándole al lector. Lo que sentí fue algo así como: “Ya me cansé yo de cargarlo todo sola”. Luego, cuando me puse a procesarlo, mi actitud cambió. Me imaginaba diciéndoles a mis lectores: “Quiero compartirte esto; espero puedas ver que no son solo Mirna, Lucy o Chuchita. Es todo esto”.

A las mujeres colombianas y mexicanas les podía hablar en español, pero para las entrevistas en los Balcanes tuvo que recurrir a intérpretes. ¿Cómo funcionaba eso?

El tema me estresaba mucho, la verdad, porque sabía que yo no iba realmente a entender toda la entrevista hasta que leyera la transcripción traducida. Por más rápida que fuera mi traductora, nunca iba a hacer lo mismo que yo en una entrevista en castellano o inglés. Además, cuando llegué a la primera cita en Ilijas, una ciudad bosnia, me encontré con un grupo grande de mujeres, aunque yo me había preparado para una entrevista con la líder. Entonces cerré los ojos y dije: “A ver, no voy a comprender el 100% de lo que se está compartiendo aquí. ¿Qué puedo ver?”. Y empecé a observar cómo esas mujeres se organizaban, cómo se sentaban unas, cómo se paraban otras, cómo se juntaban unas y se apartaban otras… Debo agregar que soy maestra de yoga y que lo que me mantiene sana en este trabajo es mover el cuerpo. Ahora bien, antes de ir a los Balcanes, una amiga me invitó a tomar un cursillo de yoga informada por el trauma. Es una forma de enseñar que enfoca en el impacto de la vida, de las experiencias, del trauma, en el sistema nervioso, y cómo el trauma se manifiesta en los movimientos y en los dolores físicos de las personas.

¿Esa experiencia le sirvió con el grupo de mujeres en Bosnia?

Pasó un proceso muy raro. Yo no podía más que asociar cómo movían el cuerpo las mujeres bosnias con los movimientos corporales de las mujeres que yo ya había visto en México. Entonces entendí: ahora, ella me está platicando de esta parte de la desaparición. En otras palabras, me di cuenta de que yo ya traía una idea de cómo se cuenta la desaparición de un ser querido. Es una estructura narrativa que, de cierta forma, se vuelve rígida con el paso del tiempo. Porque la mayoría de ellas han contado esa historia muchísimas veces: a los medios, a gobiernos, a organizaciones de derechos humanos.

La comprensión de estas dinámicas, ¿también le permite relacionarse de otra forma con sus entrevistadas?

Sí, claro. De hecho, ahora la uso mucho. Por ejemplo, el jueves pasado hicimos unas entrevistas en la cárcel para un proyecto sobre el narcomenudeo en el que estoy metida. Yo nunca había entrado a una cárcel de mujeres, y no era el mejor espacio o el espacio más seguro para hacer ese tipo de entrevistas, que además son por tiempo muy limitado y en presencia de las autoridades. Pero cuando empecé a relajar mi cuerpo, ellas se empezaron a relajar y nuestro lenguaje corporal se conectó. Fluyó muy bien la entrevista a pesar de ese entorno restrictivo. Eso, en fin, es algo que aprendí de las mujeres en los Balcanes: cómo acoplarme al espacio de ellas, a cómo se mueven, cómo sirven el café. Todos esos son detalles que la gente cree que son extras en una entrevista, pero que son realmente parte de crear ese entorno para que la gente comparta realmente lo que siente sobre ese momento de su vida. Y eso fue algo que quise transmitir en Huecos: cómo cargamos las historias con el cuerpo.

Huecos se publicó hace un par de años ya. ¿Sigue con el mismo tema?

Cuando salió Huecos, necesitaba como un refresh mental. Viendo el escenario en México, la falta de cambio, no ayuda. Y lo que sí cambia, es para peor: los métodos de desaparecer a la gente son cada vez más brutales, y es cada vez más cínico el manejo de los casos de desaparición. Todavía noto que tengo una respuesta muy emocional ante eso, lo que me impide cubrirlo de buena forma, periodísticamente hablando. Por tanto, he intentado abordarlo de otra forma. Ahora estamos por lanzar una plataforma que se llama Mapping Absence. Es una plataforma bilingüe enfocada en la desaparición forzada, pero globalmente, desde distintas miradas. Somos un colectivo chiquito de académicos y artistas; yo estoy como periodista. No tenemos recursos, realmente hay mucho de voluntariado, pero el punto es crear una plataforma fija donde podamos estar discutiendo la desaparición forzada desde distintos ángulos y visibilizando a los colectivos que lideran esta búsqueda, no solo en México. La desaparición forzada ha evolucionado mucho y se maneja en diferentes contextos. Ya llegamos a un punto donde hasta se niega que se trate de desapariciones forzadas, como hemos visto en Estados Unidos con el ICE.

La entrada Chantal Flores: “En México, los métodos para hacer desaparecer a la gente son cada vez más brutales” se publicó primero en lamarea.com.

El arquitecto israelí Eyal Weizman (Haifa, 1970) se ha convertido en uno de los grandes investigadores de crímenes de guerra gracias a la metodología que ha desarrollado junto a su equipo en Forensic Architecture. Este grupo interdisciplinar radicado en Goldsmiths, Universidad de Londres, reúne a arquitectos, programadores, juristas y periodistas, entre otras disciplinas, para construir representaciones en 3D con imágenes satelitales, vídeos y fotografías, así como testimonios de testigos de graves vulneraciones de derechos humanos. Entre sus decenas de investigaciones destacan las que realizaron sobre los bombardeos sistemáticos en Siria contra hospitales por parte de las aviaciones rusa y siria, así como los ataques con armas químicas del régimen de Al Asad; la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, en México; el genocidio alemán en Namibia; así como numerosos trabajos sobre la ocupación israelí y el genocidio en curso en la Franja de Gaza, por el que forman parte de la causa presentada por Sudáfrica contra Israel en el Tribunal Internacional de Justicia.

En 2023, Weizman publicó A través de los muros (Errata Naturae), en el que abordaba cómo el Ejército israelí aplicó las teorías posmodernistas del urbanismo en su forma de hacer la guerra durante la Segunda Intifada, agujereando y atravesando los hogares de los civiles palestinos para evitar las zonas abiertas y convirtiéndolas en una red de pasadizos destinada a ahondar en el control y la ocupación. Tres años después publica Ungrounding, The Architecture of Genocide (Fern Press), un libro excepcional por su capacidad para revelar, de manera científica, humanista e histórica, cómo el genocidio de Gaza es un proceso que el sionismo ha ejecutado durante el último siglo a través del colonialismo por asentamiento y cómo Israel ha transformado el suelo, el subsuelo y el espacio aéreo para cumplir su objetivo final: expulsar al pueblo palestino de su tierra.

Penguin publicará este volumen en España en 2027. El libro, en palabras del escritor y profesor Tareq Baconi, “sienta los fundamentos de la arquitectura de la liberación”. Francesca Albanese ha dicho que “prueba que la descolonización no es revancha, sino una condición de justicia para la liberación de los palestinos e israelíes”. Ilan Pappé, por su parte, lo ha definido como “extraordinario”.

Weizman acaba de presentarlo en Barcelona, aprovechando su participación en el Congreso Internacional de Arquitectura, al que Forensic Architecture aporta, además, una instalación sobre el genocidio de Gaza. Buscando un poco de sosiego, la conversación con él transcurre en una de las escaleras de emergencia del ajetreado Centro de Convenciones Internacionales. Weizman tiene poco en común con la labor de la mayoría de los asistentes. Él se define como defensor de los derechos humanos. La arquitectura es su forma de hacerlo.

En Ungrounding explica y muestra –a través de las reconstrucciones en 3D que hacen en Forensic Architecture– cómo Israel está borrando de distintas formas las pruebas del genocidio y de la existencia misma de la vida en Gaza. Una de ellas resulta especialmente infame, incluso en el marco del peor de los crímenes, un genocidio: explica cómo el Ejército israelí está aplastando con buldóceres los escombros de los edificios destruidos, la vegetación, los cristales, los plásticos, todo, incluidos los restos de las más de 10.000 personas desaparecidas, hasta convertirlos en dunas de arena. Allí se suben los francotiradores y los tanques para atacar. También conforman campos cerrados de interrogatorios y detención, delimitan nuevas rutas y fronteras y, sobre todo, encierran a los 2 millones de palestinos que ya viven hacinados en un 30% de la Franja de Gaza. ¿Cuál es el objetivo de eliminar todo lo que había en Gaza cuando estamos viendo el genocidio en directo?

El genocidio siempre implica varias cosas: un crimen contra las personas, contra el territorio y contra las condiciones que permiten la vida, e implica también una violencia contra las pruebas que demuestran que han ejecutado ese genocidio. 

El genocidio israelí en Gaza es parte de una estructura histórica más amplia: el colonialismo por asentamiento. El colonialismo por asentamiento, ya sea el español en América Latina, el australiano  o el israelí en Palestina, tiene una lógica de eliminación de lo existente para imponer unos nuevos paisajes, estilos de arquitectura y de infraestructuras, una nueva botánica…

La eliminación de la población indígena no siempre ocurre con grandes masacres, como estamos viendo en Gaza. También puede llevarse a cabo durante décadas, incluso siglos, privándoles de las condiciones necesarias para la vida. Por eso este libro dedica mucha atención al suelo, porque es la condición de la vida indígena, la fuente de toda la agricultura, de los acuíferos. Y el colonialismo por asentamiento sionista y, después, el israelí han estado muy vinculados a la transformación del suelo de Palestina y a la ocupación de aquellos más fértiles, como la cuenca de Wadi Gaza. Al final de la Nakba, Israel expulsó a los agricultores de sus tierras, los desplazó al desierto y borró todas las pruebas de su presencia. El objetivo es que no tuvieran dónde volver, porque todos los pueblos indígenas desplazados intentan regresar a las tierras en las que se forjó su cultura, su identidad y donde tenían su sustento. 

Así que la creación de Israel sobre Palestina implicó la destrucción de todas las evidencias de la existencia palestina: demolieron los edificios, araron los campos en la dirección contraria a cómo lo hacían los palestinos, crearon fincas grandes en lugar de las pequeñas explotaciones familiares palestinas y crearon un nuevo espacio que los palestinos no pudieran reconocer como suyo para, en última instancia, que no pudieran reclamar su derecho al retorno.

De hecho, la Convención para la prevención y sanción del delito de genocidio incluye entre sus supuestos el sometimiento intencional de un grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. Y su libro comienza y acaba explicando cómo en el último siglo Israel ha convertido el medio ambiente y la arquitectura en un arma para destruir las condiciones de vida. ¿Cómo lo está haciendo durante el genocidio? 

Hemos recopilado todas las órdenes de evacuación que Israel ha enviado en estos casi tres años. Cada vez que decían que iban bombardear un vecindario y ordenaban a sus habitantes a desplazarse en pocas horas a una supuesta zona de seguridad, les advertían de que si no cumplían la orden, perderían su condición de civiles. Se trata de una más del millón de manipulaciones legales que Israel está empleando para alegar que estaba intentando salvar vidas en el caso presentado por Sudáfrica ante el Tribunal Internacional de Justicia. Al recoger todas las direcciones de los lugares a los que desplazaban a la población durante estos tres años, hemos comprobado que los han ido empujando al suroeste hasta encerrarlos en un campo de concentración situado justo donde acaba la zona fértil y comienzan las dunas de arena. Es decir, que siguen creando las condiciones para provocar la destrucción de los supervivientes. Esta cláusula arquitectónica de la convención es como si definiese el genocidio por desgaste, en el que los pueblos indígenas son asesinados lentamente a través del hambre, de las epidemias, de la pobreza intergeneracional, de la enfermedad…  El genocidio sigue en curso.

Cuanto más controla Israel el espacio aéreo, más ahonda en el subsuelo la resistencia palestina” 

Divide usted los capítulos de su libro en suelo, subsuelo y espacio aéreo. ¿Por qué es tan importante entender cómo Israel controla estos tres espacio para entender la ocupación y el genocidio?

Necesitamos desarrollar una concepción tridimensional del territorio. Un mapa muestra la superficie, pero debajo hay un paisaje subterráneo variado: arqueología, infraestructura, acuíferos… El espacio aéreo, incluso el de las ciudades palestinas, también está controlado por Israel. Por tanto, tenemos una arquitectura tridimensional que sí ha sido comprendida por los combatientes de la resistencia palestina. 

Los agricultores palestinos comprendieron la tridimensionalidad del terreno y fueron los que desarrollaron los túneles, que es la arquitectura de resistencia más extraordinaria. Estos agricultores aprendieron durante siglos a excavar pozos de más de 100 metros de profundidad porque sabían cómo excavar sin apenas oxígeno, a través de la arcilla, de la arena y la arenisca, y cómo reforzar las cavidades en el subsuelo. Cuando les expulsaron de sus tierras y quedaron recluidos en campos de refugiados en las dunas de arena, emplearon ese conocimiento ancestral para excavar túneles y estar en contacto con sus seres queridos, que habían sido desplazados a Egipto. Después, cuando Israel asfixió Gaza con el bloqueo, se convirtieron en vías de suministro para la Franja. Y, por supuesto, se establecieron también como medio de defensa. Cuando Israel cava búnkeres, los palestinos cavan túneles, que además no pueden ser volados tan fácilmente por la fuerza aérea israelí.

Ahora Israel ha declarado que ha destruido el 20% de los túneles. No tiene por qué ser cierto. Si dan ese porcentaje, probablemente sea menor. Pero sí han destruido el 80% del suelo de Gaza, así que debajo existe una matriz social que contiene la memoria de la relación con una superficie tan destruida que es irreconocible.

Hay una guerra tridimensional en la que cuanto más controla Israel el espacio aéreo, más ahonda en el subsuelo la resistencia palestina. 

A menudo, la prensa occidental presenta a los colonos como un grupo radicalizado y fuera del control del Estado israelí. Pero como bien explica en su libro, los colonos son el pilar del Estado israelí desde su fundación, algo lógico si tenemos en cuenta que se trata de un proyecto colonial. ¿Cuál es el plan israelí para Gaza y qué papel juegan los colonos en él?

El objetivo de Israel con el genocidio no era matar a todos los palestinos, sino los suficientes para que el resto huyese a Egipto y cerrar las puertas de Palestina tras ellos. Pero Egipto mantuvo la frontera cerrada y lo que Israel persigue ahora es lo que llama la transferencia silenciosa o voluntaria por parte de los palestinos. Israel mantiene Gaza en unas condiciones tan difíciles para que los palestinos dejen de resistir, para que se marchen a cualquier país que les dé un visado y terminen por renunciar a su derecho al retorno. Y la arquitectura y la reconstrucción juegan un papel importante en el objetivo de la limpieza étnica. 

Ni el estúpido plan de Trump de la Riviera de Oriente Próximo, que nunca se va a desarrollar, ni el egipcio de construir viviendas de forma masiva tienen que ver con la reconstrucción, sino con el desplazamiento. Ambos son una vía para forzar a los palestinos a irse mientras, supuestamente, se levantan los edificios nuevos. Pero Israel nunca les permitiría regresar. Como dijo un ministro israelí, las fuerzas del mercado harán lo que el Ejército israelí no pudo hacer: la limpieza étnica total de los palestinos de la Franja de Gaza. Es decir, Israel emplea la arquitectura para continuar con el genocidio por otros medios. Pero el pueblo palestino tiene memoria de la Nakba, del 47 y del 48, de los años cincuenta, de los sesenta y de todas las campañas por medio de las cuales Israel ha intentando expulsarles. Por eso, tantos no se fueron de sus casas, y por eso, también, muchos siguen viviendo entre los escombros de las mismas.

Necesitamos luchar por la descolonización de Palestina”

A menudo pensamos que el envilecimiento de la mayor parte de la sociedad israelí, así como la deshumanización que ha desarrollado contra el pueblo palestino, son el resultado de los sistemas y políticas que han hecho posible casi 80 años de ocupación. Sin embargo, en su libro vemos que los patrones de odio y crueldad que nos horrorizan hoy ya los empleaban las milicias sionistas en los primeros años de ocupación. ¿Cómo podían emplear esa maldad desde el principio tras la experiencia tan reciente del Holocausto?

El colonialismo de asentamiento se basa en la deshumanización de los palestinos. La noción misma del Estado de Israel como un Estado judío significa que ese lugar es solo para los judíos y que todos los demás son solo visitantes –ya sean del pasado, del presente o del futuro– y que no serán concebidos como personas conectadas con ese territorio. Nunca han aceptado la relación de los palestinos con Palestina, ni su arquitectura o su agricultura como algo valioso. La deshumanización de los palestinos es total y opera en todos los ámbitos. Así podemos entender también por qué la deshumanización operó en la dirección contraria el 7 de octubre de 2023 y por qué surgió esa crueldad contra los civiles capturados en los kibutz. Aun así, me inspiraron mucho las relaciones humanas que se establecieron entre algunos secuestrados y los palestinos, los testimonios en los que israelíes contaban cómo compartían la comida, sus despedidas conmovedoras… No he visto que esto ocurra en el sistema penitenciario israelí, donde tantos palestinos son violados y mueren por las torturas.

Creo que esos momentos de humanidad y cuidado son los que hay que perseguir para que Palestina vuelva a ser un lugar respetuoso y democrático en el que todas las religiones convivan y tengan los mismos derechos. Y ninguna frontera va a lograr eso. Necesitamos luchar por la descolonización de Palestina y desmantelar el régimen de apartheid, que es el motor del colonialismo de asentamiento que busca que la tierra palestina sea transferida a los judíos. Hay que democratizar ese lugar a través del derecho al retorno.

Ningún poder fascista, racista o colonialista dura para siempre” 

Pero según varias encuestas, como la que realizó por el Penn State Institute y publicó el diario Haaretz, el 80% de los israelíes judíos encuestados apoya la limpieza étnica de Gaza. ¿Cómo se puede recuperar a una sociedad tan radicalizada en el odio?

Cuando un Estado se basa en la discriminación, en la supremacía judía, cuando todo el sistema educativo está orientado a la deshumanización, la deshistorización, la despolitización de la sociedad palestina, no puede sorprender que el 80% de los israelíes persiga la expulsión de los palestinos. Para desmantelar ese pensamiento hay que hacerlo en todos los ámbitos.

No sé cuándo ocurrirá la descolonización, puede venir por presiones externas o por la implosión de la sociedad por sus propias contradicciones. Los choques entre la extrema derecha y la derecha menos extrema están desgarrando la sociedad israelí. En Israel, apenas una quincena de parlamentarios apoya un Estado palestino con las fronteras de 1967 modificadas por acuerdo. Así que no hay nada en el sistema político actual que represente la posibilidad de un cambio real. Pero ningún poder fascista, racista o colonialista dura para siempre. No puedo saber cuándo llegará su fin, pero como investigador debo insistir en las conexiones a pequeña escala de humanización y de convivencia.  

¿Cómo está cambiando y dificultando el trabajo de Forensic Architecture este borrado del territorio que está llevando a cabo Israel durante el genocidio?

Israel no permite que los investigadores de derechos humanos entren en Gaza y ha asesinado a cientos de periodistas. Y aun así, los palestinos se arriesgan a grabar sabiendo que los soldados israelíes tienen la política de disparar contra cualquiera que les enfoque con una cámara. Lo hacen para que veamos lo que está ocurriendo. Así que tenemos el deber ético de examinar cada vídeo con mucho cuidado para ver dónde están, cómo se conecta con otros vídeos, con otros testimonios, con el flujo de documentación que nos llega de ese genocidio. Y necesitamos comprobar que es auténtico, dónde y cuándo fue filmado, para presentarlo como prueba en el caso de genocidio de Sudáfrica contra Israel. Y mes tras mes, año tras año, Gaza está desapareciendo: los edificios que aparecían al fondo de un vídeo ahora son dunas serpenteantes. Tenemos gazatíes trabajando con nosotros que no pueden reconocer Gaza. 

Forensic Architecture es un trabajo del corazón, así como una ética de la precisión y de la identificación”

Se ha demostrado que Gaza está usando la inteligencia artificial (IA) para acelerar el genocidio, ¿pero cómo la está usando para borrar las pruebas? 

Todo el mundo sabe que Israel está usando la IA para seleccionar objetivos, pero no debemos exagerar su importancia porque Israel quiere dar la impresión de que utiliza los mejores medios para distinguir entre los operativos de Hamás y la población civil; la realidad es que lo ha destruido todo. Hay cerca de 100.000 muertos, además de los desaparecidos, y ciudades enteras borradas del mapa. ¿Qué tiene que ver eso con el uso de la IA? 

Nuestro trabajo consiste en escuchar testimonios, analizar las pruebas e identificar lo que está sucediendo. No tiene cabida la IA más allá de la catalogación del material. Yo diría que Forensic Architecture es un trabajo del corazón, así como una ética de la precisión y de la identificación. Miramos los vídeos como si nos los enviara un ser querido, escuchando, mirando y compilando vídeo por vídeo un archivo del genocidio.  

En el libro, además de explicar los mecanismos de borrado de Palestina, la reconstruye a través de personas que sufrieron el destierro de la Nakba. ¿Por qué es tan importante ese proceso de reconstrucción?

Mapear las aldeas de donde fueron expulsados es una forma de honrarles a través de la precisión y de la belleza de reconstruir un pozo, su casa, en un paisaje que ya no existe. Porque lo opuesto a desenraizar es volver a enraizar, reescribir el paisaje con lo que era, mientras se acepta la herida y se trabaja por el retorno de los refugiados.

¿Cómo fue su toma de conciencia de la cuestión palestina?

Soy de Haifa, una ciudad un poco singular porque no todos los palestinos fueron expulsados de ella en 1948. Crecí teniendo contacto con palestinos y con la determinación de ser arquitecto. Así fue como empecé a ver que las ruinas que quedan de la vida palestina, cómo los barrios judíos israelíes rodean a los palestinos, cómo se divide la tierra. La arquitectura me abrió los ojos a la lógica colonial de asentamiento de la ocupación israelí.

Usted reside en el Reino Unido, donde se ha criminalizado la protesta contra el genocidio y donde la organización Palestine Action ha sido ilegalizada. En Alemania, sufrió un fuerte un señalamiento cuando fue a dar una conferencia sobre el genocidio con la relatora Francesca Albanese. ¿Cómo ha afectado a Forensic Architecture su trabajo sobre Palestina?

Hemos perdido financiadores. Muchos de los que pensábamos que eran liberales y defensores de los derechos humanos, cuando empezamos a trabajar sobre el genocidio y el apartheid, nos dijeron: «Oh, eso es demasiado, no deberíais trabajar en eso». Necesitamos encontrar nuevos financiadores, pero es muy difícil. 

Nuestra sede en Alemania casi tuvo que cerrar y la policía alemana me ha designado como alguien a quien hay que vigilar. ¿Cómo es posible que un defensor de los derechos humanos, un defensor israelí de los derechos humanos, miembro de una familia superviviente del Holocausto, esté señalado en Alemania por antisemitismo? ¿Cómo hemos llegado a esto?

La entrada Eyal Weizman: “Israel emplea la arquitectura para continuar el genocidio” se publicó primero en lamarea.com.

Este artículo se publicó originalmente en La Marea 112. Puedes conseguir un ejemplar de la revista y suscribirte en nuestro kiosco.

Puede ser que los periodistas futboleros (hay unos cuantos) abusemos del balompié como metáfora o espejo de la actualidad. Pero es difícil resistirse ante un Mundial tan peculiar como el que se está celebrando en Estados Unidos, Canadá y México. En Alemania, antes del comienzo del torneo, había una gran incertidumbre alrededor del potencial de la selección tras una racha bastante mala. La tetracampeona del mundo se presentaba como el reflejo de una sociedad que atraviesa una crisis de confianza como nunca se había visto desde los años de la posguerra. La gran pregunta era: ¿puede Alemania competir todavía al más alto nivel o ha caído irremediablemente en la mediocridad?

Como es costumbre, en las semanas previas al torneo se emitían y publicaban todo tipo de documentales televisivos, artículos, libros o pódcasts recordando otros tiempos, especialmente el Mundial de 2006, celebrado en Alemania. Hace ya dos décadas. Aquel evento ha pasado a la memoria colectiva como el «Sommermärchen» (‘cuento de verano’). Igual que la actual, la joven selección entrenada entonces por Jürgen Klinsmann despertaba dudas sobre su competitividad, pero pronto conquistó los corazones incluso de gente no adicta al balompié. Llegó hasta la semifinal. Y lo más importante, el país mostró su lado más amable. Aquellas cuatro semanas fueron una fiesta de la que disfrutaron cientos de miles de visitantes de todo el mundo. Hasta el tiempo acompañaba. La sociedad alemana estaba tan sorprendida como orgullosa de haber sido una gran anfitriona, desmintiendo así la imagen más bien sobria y fría del país. Todo el mundo recuerda cómo las calles se llenaron de banderas alemanas. Por primera vez, la gente exponía el negro, el rojo y el dorado sin el complejo de recordar el pasado más oscuro. Años antes, cuando celebramos en el centro de Düsseldorf la victoria alemana en el Mundial de 1990, alguna gente nos increpaba por llevar la bandera y la camiseta de la selección. Pero en aquel verano de 2006, Alemania era un país feliz.

Veinte años después no queda nada de ese espíritu alegre, ligero y de brazos abiertos al mundo. Ha resurgido el nacionalismo racista con el auge de Alternativa para Alemania, que encabeza las encuestas desde hace meses. La crisis es palpable y va más allá de la economía. La recesión no es algo coyuntural. Se habla de un fin del modelo de negocio. La potente industria dependía más de lo que se admitía de la importación de gas natural barato desde Rusia. El principal cliente era China, donde empresas como Volkswagen obtenían buena parte de sus beneficios. Hoy, las empresas chinas no solo compiten con las alemanas, sino que las superan en muchos ámbitos tecnológicos, especialmente en los coches eléctricos y la energía solar. La economía alemana tiene que reinventarse en muchos aspectos.

Las reformas no llegan. La sociedad asiste a una parálisis de gobierno. Si los problemas internos acabaron con la coalición entre socialdemócratas, verdes y liberales encabezada por Olaf Scholz, el primer año del actual gobierno entre democristianos y socialdemócratas ha decepcionado incluso más si cabe. Según una encuesta realizada por Ipsos a principios de año, un 64% de los alemanes desconfía del canciller Friedrich Merz. Un 35% no cree que la economía alemana pueda recuperar la competitividad perdida frente a un 29% que sí lo cree (el resto no sabe o no contesta). Otro sondeo del diario conservador Frankfurter Allgemeine Zeitung entre empresarios dice que el 57% no alberga ninguna esperanza de que las reformas se produzcan con el actual gobierno de coalición.

El propio canciller no contribuyó precisamente a tranquilizar a la opinión pública sobre el futuro cuando, por ejemplo, reprendió a los alemanes y alemanas señalando que deberían trabajar más, a la vez que denunciaba un «lifestyle centrado en trabajar a tiempo parcial». Tras un aluvión de críticas, Merz últimamente intenta levantar los ánimos para salir del túnel. «Podemos conseguirlo si estamos juntos y empezamos a creer un poco más en nosotros mismos», aseguraba a principios de junio.

El estado de angustia social también tiene que ver con la escena internacional, un mundo que ha cambiado radicalmente en los últimos años, y no solo en el plano tecnológico. Antes de la invasión rusa de Ucrania el régimen de Vladímir Putin era, por lo menos, un aliado útil para Berlín en cuanto a proveedor de energía, si bien nunca cesaron los recelos políticos. Ahora los admirados Estados Unidos también han dejado de ser el aliado fiable, el gran hermano protector. A muchos alemanes, sobre todo conservadores, se les ha caído el mito de la democracia liberal más antigua y sólida del mundo por las maniobras autoritarias de Donald Trump. Lo mismo vale para otro pilar de la política exterior de Alemania después del nazismo: la defensa a ultranza de Israel. Ante las barbaridades cometidas contra la población civil en Gaza, llámese genocidio o no, mucha gente en Alemania duda si se debe justificar todo con el pretexto del derecho a la autodefensa. Pero el establishment político y mediático en el país vigila con celo que las críticas a las atrocidades del gobierno de Benjamín Netanyahu no traspasen cierta línea roja. En Alemania, hoy en día es muy fácil que te tilden de antisemita por denunciar la masacre de Gaza. Finalmente, la resurrección del servicio militar y un nuevo plan de protección civil para casos de guerra han devuelto a la sociedad alemana a la época de la guerra fría.

En el Mundial, y a la vista de este ambiente lúgubre, un buen desempeño de la selección alemana, reflejo de una sociedad con muchos jugadores de origen migrante, habría ayudado a insuflar ánimos, aunque sólo fuera de forma efímera. No fue así: Alemania fue eliminada en los penaltis por Paraguay. Lejos queda el cuento de hadas de aquel verano de 2006.

La entrada Aquel verano de 2006 en Alemania se publicó primero en lamarea.com.

Alicia Armesto Núñez, la activista y periodista española secuestrada en Libia el pasado mayo, ha sido liberada junto a los otros nueve activistas del convoy terrestre de la Global Sumud Flotilla. Llegó al Aeropuerto Madrid-Barajas el miércoles sobre las 22:30 horas, con una veintena de amigos y familiares esperando en la terminal con banderas, flores y carteles. 

Tras abrazar a sus seres queridos y simpatizantes, comenzó a denunciar el abuso psicológico que sufrieron los activistas tras ser secuestrados cerca de Sirte y después trasladados a la zona de Bengasi. “Ahí fue donde nos rompimos. Era un sitio donde oyes cómo están pegando a la gente… en un momento salías y estaba el suelo lleno de sangre, no sabía si me iba a tocar a mí mañana”, declara tras su llegada. “No he pasado tanto miedo en mi vida”.

También ha descrito que a todos los participantes les sacaron sangre sin consentimiento, alegando que era obligatorio para su posterior liberación. Sin embargo, lo más duro para el grupo probablemente fue la incertidumbre de no saber cuánto tiempo iban a pasar secuestrados, según Armesto: “Nos decían ‘tomorrow, you go tomorrow’, y tomorrow nada”. 

Las condiciones del lugar eran pésimas los primeros días, con celdas oscuras y muy pequeñas. “Mi perro duerme en un colchón mejor que en el que dormíamos nosotros”, bromea Armesto, con un ramo de flores en una mano y una cartulina firmada en la otra. Poco a poco los fueron juntando en celdas más grandes y eventualmente pudieron salir brevemente al patio. 

Durante parte del secuestro, varios activistas hicieron huelga de hambre –a la que simpatizantes se unieron en solidaridad desde España– y Armesto describe cómo una persona llegó a desmayarse y convulsionar. 

Durante todo el mes estuvieron sin apenas comunicación con el exterior, más allá de llamadas de 10 minutos a la semana con seres queridos y reuniones breves con personal del consulado. “No tenemos ni idea de lo que ha pasado fuera. Vengo de estar un mes totalmente incomunicada”. 

Sin embargo, agradece la labor del cónsul y vicecónsul españoles, que la visitaron y estuvieron hospedándose en la zona hasta la liberación, a diferencia de los cónsules de otros países. “Han sido extremadamente maravillosos. Han sido el rayito de luz que teníamos”, afirma.

En la terminal, frente a simpatizantes y seres queridos, Armesto también aprovechó para recordar la situación que vive el pueblo palestino durante el genocidio en Gaza y los cerca de 10.000 palestinos encarcelados en Israel, muchos de ellos sin cargos ni debido proceso. Y mientras los diez activistas del convoy secuestrados ya han vuelto a sus países, todavía quedan cuatro activistas de la flotilla anterior en cárceles de Túnez por cargos económicos que, según la Global Sumud, carecen de fundamento y responden a “motivaciones políticas”.

Un convoy de 230 activistas para llevar ayuda humanitaria a Gaza

El convoy había comenzado su travesía desde Mauritania a principios de mayo para llevar ayuda humanitaria a Gaza por el paso de Rafah, en una misión complementaria a la flotilla, que viajaba por mar. Estaba compuesto por cerca de 230 activistas de decenas de nacionalidades, incluyendo cuatro españoles además de Armesto, que se unieron en la capital libia de Trípoli.  

Las fuerzas que controlan el este de Libia, lideradas por el militar Khalifa Haftar, secuestraron a Armesto y otros nueve activistas el domingo 24 de mayo en un punto de control cerca de la ciudad costera de Sirte cuando estos se reunían para negociar el paso seguro del convoy. Uno de los activistas comunicó que les estaban trasladando en tres furgonetas blancas sin informar del destino. Desde entonces, estuvieron en una ubicación desconocida –que según Armesto los secuestradores llamaban “black hole”, agujero negro– casi un mes sin contacto directo con familiares y amigos, más allá de visitas breves y puntuales con los cónsules de sus respectivos países. 

Los delitos de los que se acusó a los diez activistas, según Armesto, fueron inmigración ilegal –pese a que se les detuvo en un punto de control que no llegaron a cruzar–, pertenencia a grupo terrorista y reunión en un lugar no autorizado. Tras un mes privados de su libertad, retiraron sus cargos y se les expulsó de Libia. El resto del convoy abandonó la misión por seguridad y la ayuda humanitaria –decenas de camiones, ambulancias y casas móviles– nunca alcanzó su destino final.

Libia es un país inestable y fragmentado, con dos principales gobiernos rivales entre sí y numerosas milicias en constante conflicto por controlar el terreno. El Gobierno de Unidad Nacional, reconocido por la Unión Europea y Naciones Unidas, controla el noroeste, con capital en Trípoli. En la zona de Bengasi y gran parte del este y el sur, predomina el Ejército Nacional Libio, controlado por Haftar e ilegítimo a ojos de gran parte de la comunidad internacional. Ambos gobiernos han causado numerosos secuestros, ejecuciones, torturas y otros abusos de derechos humanos, según un informe de 2024. 

Su principal motivación, el periodismo

Armesto, periodista y secretaria técnica del Sindicato de Periodistas de Madrid, lleva años involucrada en causas humanitarias. En 2025 participó en la Global Sumud Flotilla y fue retenida por Israel en aguas internacionales, aunque confiesa que el reciente secuestro ha sido mucho más duro.

Una de sus motivaciones principales para unirse a la flotilla y el convoy es dar a conocer la situación en la que se encuentran los periodistas en Palestina, donde Israel ha matado a más de 200 profesionales de la información. “Nosotros éramos periodistas que vamos a luchar, entre otra mucha gente, por otros periodistas. Me da mucha pena que muchos periodistas no sean capaces de alzar la voz por lo que está pasando en Palestina ni cubrir a un compañero que ha ido a defender el derecho a la información”, comenta Armesto.

Según la activista, es muy probable que su liberación y la de sus compañeros se diese como parte de una negociación internacional: “Ha sido a cambio de algo, nunca sabremos a cambio de qué”.

La entrada Alicia Armesto llega a Madrid tras un mes secuestrada en Libia: “Estaba el suelo lleno de sangre, no sabía si me iba a tocar a mí mañana” se publicó primero en lamarea.com.

BOGOTÁ // Dos grandes altavoces sobre una furgoneta en movimiento pregonan: “Tigre, Tigre de mi vida (…), Firmes por la Patria”. Un pequeño grupo de jóvenes lo abuchean desde un parque: “Fascistas, son unos fascistas”. Una anciana camina y suspira: “Por el amor de dios”. Esta escena nocturna en Bogotá, la capital de Colombia, es el reflejo de un territorio rasgado en dos retazos, sostenidos por un hilo casi invisible. 

Dos horas antes se daban a conocer los resultados del preconteo de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, las más reñidas de su historia democrática. El ultraderechista, abogado y autoproclamado outsider, Abelardo de la Espriella, logra el 49,7% de los votos frente al 48,7% del senador y candidato de la izquierda oficialista, Iván Cepeda. La diferencia en el conteo preliminar es de apenas 247.000 votos. Un país fracturado, dividido en dos pulsiones, en dos modelos de gobernanza antagónicos. “Lo que pone de manifiesto esta campaña es que no hemos logrado reconciliarnos como sociedad,” señalaba Martha Lucía Márquez, directora del centro de investigación Cinep. 

En el Royal Center, un centro de conciertos y sede improvisada de la campaña del Pacto Histórico para recibir los resultados, cientos de simpatizantes, activistas, políticos y figuras de la izquierda colombiana van llegando a cuentagotas mientras una gran pantalla anuncia los avances del preconteo. Son varios los que tropiezan en los últimos peldaños de las escaleras, cuando levantan la cabeza del suelo para observar los números. El lugar mantiene la respiración con cada boletín, algunos sacan las calculadoras de sus teléfonos para hacer las matemáticas. Su candidato, Cepeda, acorta distancias, pero no logra ponerse por delante del ultraderechista. Entre respiración y tropezón, los más jóvenes cantan arengas que son replicadas por pocos segundos.

Después, la desazón, las manos en posición de rezo frente a la boca, el brazo por encima del hombro del compañero. “Aquí estamos las madres de La Escombrera”, grita Margarita Restrepo, lideresa social y defensora de derechos humanos. De su cuello cuelga la fotografía de Carol Vanessa, desaparecida en Medellín en 2002. El sueño de ver a su candidato, el humanista, filósofo y defensor de derechos humanos y la paz, entrando en la Casa de Nariño se apaga y aparecen las lágrimas. 

“Estoy preocupada”. Un emoji de un corazón roto. “Tengo miedo”, son los mensajes de WhatsApp que llegan desde las comunidades afro del Pacífico, el Cauca, el Putumayo o las periferias de Bogotá. “Para los firmantes estos diez años no han sido fáciles, existe el riesgo de retroceder en el acuerdo, el riesgo sobre la vida de los que estamos comprometidos con la paz”, narra desde el departamento amazónico de Guaviare, Andrés, uno de los primeros guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desmovilizados durante el Acuerdo de Paz de La Habana, en 2016. 

“Tengo una gran preocupación por el exterminio de nuestros bosques, de los pueblos indígenas, de los amazónicos”, escribe Libia, lideresa indígena inka. “Para las comunidades negras es un retroceso en las luchas y logros que con tanto sacrificio, tantas vidas, hemos puesto para que haya cambios en este país”, explica Clemencia Carabalí, lideresa afro del norte del Cauca. “Abelardo es un ciudadano que no conoce el país. Él no está en los territorios, él no sabe lo que es vivir en las zonas periféricas. Al no conocer esos contextos difícilmente va a legislar en favor nuestro”, añade.

El mayor número de votos en la historia de la izquierda colombiana 

Antes de las seis y media de la tarde, Iván Cepeda sale a la tarima rodeado de su comitiva y su fórmula presidencial, la mayora indígena, Aída Quilcue, y su compañera, Pilar Rueda. Lleva un papel en la mano, lo desdobla sobre el atril y, antes de leer, con su particular tono sosegado, agradece a todas las comunidades y colectivos que participaron activamente en la campaña de la segunda vuelta, a los más de 12.700.000 votantes –un récord sin precedentes para la izquierda colombiana– y anuncia el reconocimiento del preconteo “como un dato no oficial ni vinculante”. El público corea: “Sí se puede”.

Cepeda no habla de fraude, pero sí de la impugnación de 33.000 mesas en todo el país. En su alocución celebró el récord de participación en la jornada electoral, que alcanzó el 63,57%; poco más de 40 millones de colombianos y colombianas estaban llamados a las urnas. Volvió a hablar de su promesa de campaña, del anhelo por un gran acuerdo nacional y del diálogo: “Estamos dispuestos a la concertación siempre y cuando sea respetuosa”. Agradeció también al movimiento Pacto Histórica, la Alianza por la Vida y, por último, al presidente saliente, Gustavo Petro. “Cepeda presidente”, interrumpen entre el público. 

Está vez, sin posar la mirada en el papel, enumeró los avances sociales durante los cuatro años del primer mandato de un dirigente de izquierda en Colombia y reiteró que no dejarán que se retroceda en derechos: “No vamos a permitir, lo decimos con claridad, haciendo uso de la fuerza de la democracia, de la movilización y de la acción política que retrocedan las conquistas sociales”. Terminó lanzando mensajes “serenos” a su oponente El Tigre De la Espriella: “No permitiremos que se destruya la naturaleza. No permitiremos que nos quiten el salario mínimo vital (…) Porque somos una fuerza decisoria. Vamos al escrutinio. Vamos a la movilización social”. 

Citando al presidente chileno Salvador Allende, “la historia es nuestra y la hacen los pueblos”, y una proclama sin atisbos de derrotismo: “Viva la revolución de la vida», Cepeda se bajó del escenario. El alarido “Se vive, se siente, Cepeda presidente” se fue diluyendo entre la multitud que, cabizbaja, abandonaba el recinto. 

En diversas calles y plazas de Bogotá –y otras ciudades del país– sus seguidores se debatían entre la desazón y la esperanza. “Solicito a todas las abogadas y abogados demócratas para asistir a los escrutinios en toda Colombia,” escribió Petro en su cuenta de X. Respondiendo al llamado, decenas de abogados y cientos de simpatizantes se movilizaron hacia Corferias, el mayor centro de votación para hacer control al escrutinio de los votos. Un cómputo que, como apuntan los analistas, no suele alterar significativamente el resultado del preconteo. 

Pero si algo tiene que celebrar la campaña de Cepeda es la movilización de sus electores. Después del fracaso de la primera vuelta, el movimiento “por la vida” se activó precisamente gracias a la sociedad civil progresista: a las jóvenes k-poper, a los universitarios, a las colectivas feministas y de derechos humanos, a los y las artistas, a las comunidades indígenas, campesinas, afrocolombianas, a miles de voluntarios que, desde sus quehaceres, habilidades y sentires, se movilizaron masivamente para “remontar en segunda”. 

Sin lugar a dudas, esa activación desde la raíz que hace raigambre es el mayor legado de la izquierda reciente en Colombia: la organización desde la sociedad civil por la defensa de todas las formas de vida que habitan el territorio. “Es muy hermoso lo que están haciendo. Estoy muy feliz por todo el apoyo”, decía emocionada un día antes de los comicios Lorena, de 30 años. “Esta campaña es del pueblo”, repetían desde Bosa, una localidad popular de la capital, miembros del colectivo político Creamos. “Gracias a la izquierda aprendí qué es la política. Tengo 55 años, hasta ahora vine a saber lo que es la política”, relataba detrás de su puesto de arepas, Janet, agradeciendo la pedagogía de las colectivas de izquierda. 

Lejos del centro del país, la ultraderecha abraza el triunfo 

A la espera de los datos oficiales, desde Barranquilla, en la costa Caribe, cientos de seguidores de El Tigre celebran la victoria. Entre música, pirotecnia y figuras de tigres de plástico; vestidos con la camiseta amarilla de la selección de fútbol ondean banderas colombianas –también de Israel–, bailan y alzan la mano imitando el saludo militar al bramido de: “Firmes por la Patria”. En lo alto de un escenario, encerrado en su burbuja anti balística, Abelardo de la Espriella anima el espectáculo más importante de su carrera y se proclama, pese a la ajustada ventaja, presidente: “¡Colombia, aquí está tu presidente!». Antes de que cesen los aplausos y los gritos de la “manada del tigre”, lanza un mensaje al otro espectro: “Petro y Cepeda, abstenerse de desatar un incendio social (…) respeten la voluntad del pueblo colombiano”, advierte afónico. Agradece a veteranos, reservistas, invita a recitar una “oración patria” y agradece, “más que nada” como cristiano converso, “a Cristo Rey”. 

Como en la fábula del lobo con piel de cordero, el líder del movimiento Defensores de la Patria se presenta ante las masas con un tono mucho menos incendiario y violento que en las intervenciones de su campaña. Lejos de sus promesas de terminar con la –fracasada– “paz total” de Petro o la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), su apoyo al fracking y la explotación de los recursos naturales del territorio, de sus recurrentes discursos en los que llamaba a “destripar” y “aniquilar” a la izquierda, de estigmatizar y perseguir a periodistas y críticos; ahora De la Espriella señala que, aquellos que no lo votaron, no tendrán que temer por pensar distinto: “No habrá vencedores ni vencidos. No habrá persecuciones. No habrá enemigos irreconciliables”, tampoco contra la biodiversidad. 

El show se pausa para dar espacio a la música y los rugidos de un tigre por los altavoces. Después del baile militar, De la Espriella retoma y alerta directamente a su oponente: “El Tigre todavía puede morder más duro de lo que ha mordido hoy en las urnas (…) Podrán ejercer la oposición solo si lo hacen dentro del margen de la ley”. Su conciliación nacional pasa por “refundar la patria” y hacer el “milagro”, como rezan las tres únicas páginas de su programa de gobierno. “La Patria milagro”, como denomina a su proyecto, pasa por acabar –en 90 días– con los cabecillas de los distintos grupos armados que operan en el territorio; la construcción de diez megacárceles de máxima seguridad o recortar en un 40% el Estado, con la ayuda de su vicepresidente, el economista y tecnócrata Juan Manuel Restrepo, exministro de Hacienda durante el gobierno del conservador Iván Duque.

Pese a autodenominarse como un outsider, y si bien nunca ha tenido un cargo público en el Estado, Abelardo de la Espriella cuenta con el apoyo de los políticos tradicionales, como el expresidente derechista Álvaro Uribe Vélez, o el clan de la familia costeña Char, de los que recoge la batuta y los votos. “El primer desafío es formar un gobierno y una coalición legislativa. En su campaña tuvo un discurso que estigmatizaba a la clase política, por lo que no tiene ningún apoyo en el Congreso, pero le va a tocar pactar con esa misma clase política,” apunta el analista político Yann Basset. 

El presidente electo de Colombia es, además, ciudadano estadounidense y miembro del Partido Republicano. Por eso, antes de que entrara la noche en Barranquilla, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, ya lo había reconocido como presidente. Poco después, los líderes conservadores de ultraderecha de la región –modelos a seguir para El Tigre– lo felicitaron. Desde Argentina, Javier Milei, desde Chile, Antonio Kast, desde Brasil, Flávio Bolsonaro, desde Perú, Keiko Fujimori, desde Ecuador, Daniel Noboa, felicitaron al líder de extrema derecha y celebraron la expansión de los movimientos políticos ultraconservadores en la región. 

Su victoria es, también, el silbido de los vientos ultraconservadores que se mueven por el continente desde la reelección de Trump. La popularidad del líder colombiano de ultraderecha, una millonaria campaña, y la amnesia colectiva de un pasado cuestionable en el que se codeaba y defendía como abogado a bandidos y paramilitares, o humillaba a víctimas y mujeres, lo alzan como nuevo mandatario de lo que muchos denominan como “el patio trasero de Estados Unidos”, especialmente en materia de narcotráfico –y la fallida guerra contra las drogas– y migración. 

A menudo, los ingenieros y arquitectos que llegan a Colombia hablan de las dificultades para construir puentes en el país debido a su geografía hostil, a la espina dorsal que atraviesa el mapa: sus tres cordilleras, los Andes, las montañas, los ríos caudalosos que dibujan y alimentan uno de los países más biodiversos del mundo. Es común ver puentes inacabados –también por la corrupción– o desplomados por las dificultades técnicas.

Esa es, quizás, la metáfora que define esta noche a Colombia, y los dos países que habitan un mismo territorio. La polarización no es solo política. Es la desconexión entre territorios, las desigualdades entre clases sociales, y la complejidad de sus brechas que durante décadas han impedido la conciliación con discursos políticos que apelan al miedo al vecino, al hermano, al visitante, al votante contrario. Un país que no construye puentes, porque sus tierras fértiles están constantemente en ebullición por los que no entienden que la gobernanza es por todas las formas de vida.

Actualización: 16h

La entrada El ultraderechista De la Espriella se impone en las elecciones de Colombia por la mínima se publicó primero en lamarea.com.

Tareq Baconi nació en Ammán, nieto de una familia palestina desplazada de Haifa en la Nakba de 1948, y lleva dos décadas intentando explicar lo que buena parte de la prensa occidental despacha con la palabra «terrorismo». Analista durante años para Israel/Palestina en el International Crisis Group, con sede en Ramala, hoy preside el consejo de Al-Shabaka, la red de análisis político palestino, y dirige la sección de libros de la Journal of Palestine Studies. 

Publicó originalmente en 2018 una historia del movimiento construida a partir de entrevistas con sus dirigentes y de sus propios documentos internos, que describía la relación entre Hamás e Israel como un «equilibrio violento» sostenido durante dieciséis años hasta que estalló el 7 de octubre de 2023. Capitán Swing lo publicó en castellano en 2024 como Hamás: auge y pacificación de la resistencia palestina, con un nuevo prólogo escrito tras el atentado de Hamás el 7 de octubre y el inicio del genocidio en Gaza. 

Hablamos con él del papel de España, el Reino Unido y la Unión Europea en la crisis actual, de las grietas que el genocidio ha abierto entre Israel y su principal patrón, y de la función estructural que, a su juicio, cumple Hamás dentro del proyecto colonial israelí. «Esto es una guerra israelí», dice sobre la escalada contra Irán, «no una guerra americana».

¿Si tuvieras que escribir hoy ese prólogo de 2024, lo cambiarías?

Nada, la verdad. Me preguntaba lo mismo hace un momento y me puso algo nervioso. Pero lo he releído hace poco y no cambiaría una palabra. En ese prólogo no ofrecía respuestas cerradas, dejaba las preguntas abiertas. Y las preguntas que tenía en 2024 son exactamente las que tengo hoy. Hay procesos históricos que todavía no han terminado de mostrar su forma final, y fingir lo contrario sería hacerle trampa al lector.

El Reino Unido diseñó hace un siglo el marco colonial para Palestina con funestas consecuencias que se han ido encadenando a lo largo tiempo, y hoy, sin embargo parece ser el gran ausente del debate internacional.

Que ojalá fuera solo ausencia: su participación es negativa. La semana pasada el Estado llevó a juicio a cuatro activistas de Palestine Action combinando cargos penales con cargos de terrorismo, algo que ni siquiera coincidía con lo que estaba juzgando el jurado. El Laborismo, que debería ser un partido de izquierdas, mantiene en Palestina una posición tan sionista como la de los conservadores, heredada de una historia que incluye el uso de la acusación de antisemitismo contra Jeremy Corbyn. 

Hoy, defender a Palestina desde la izquierda británica se lee como recortar la libertad de expresión, perseguir el activismo y equiparar antisionismo con antisemitismo. Y la distancia con la sociedad no para de crecer: hay un apoyo popular fuerte, tradicionalmente más entre la gente mayor, y ahora una generación joven volcada tras el genocidio. Yo vivo en Londres. En las últimas elecciones, escaños históricos del Labour cayeron ante los Verdes, y Palestina fue una de las tres razones principales. En Alemania pasa lo mismo.

España aparece en el debate internacional como una de las pocas voces europeas dispuestas a romper el consenso atlantista. ¿Cómo se percibe desde fuera del país?

En términos muy favorables, en los dos niveles: hay un apoyo popular amplio a la causa palestina, pero también medidas prácticas de gobierno, restricciones a la venta de armas, posiciones activas en los foros de derecho internacional. España importa precisamente porque es un Estado miembro de la UE que toma postura dentro de un bloque que sigue siendo favorable a Israel. La movilización del Sur global, sobre todo a través del Grupo de La Haya, ha sido clave para frenar las políticas del Norte global que erosionan el derecho internacional, y que España actúe así desde dentro del Norte global la convierte en un actor decisivo. Países como España o Irlanda no protegen a los palestinos por amor: protegen una obligación jurídica que el resto de sus pares está incumpliendo, porque firmar la Convención del Genocidio implica el deber de prevenirlo. 

«España importa precisamente porque es un Estado miembro de la UE que toma postura dentro de un bloque que sigue siendo favorable a Israel»

¿Tiene la Unión Europea capacidad real de influir en el conflicto, o las divisiones internas la han vuelto irrelevante?

Tiene un potencial enorme y lo está desperdiciando. Hay acuerdos preferenciales con Israel, hay un proyecto conjunto de investigación, el Horizon, hay cooperación militar: todo eso da palancas reales para acabar con la impunidad. Pero las exportaciones de armas israelíes a Europa no han dejado de crecer, y alcanzaron su pico en 2024 porque son armas ya probadas en el campo de batalla, lo que las hace más rentables. Mientras un país como España se planta, los socios decisivos, Alemania, Francia, el Reino Unido, siguen alineados con Israel. Esa combinación convierte a la UE en un actor incapaz de sostener una política común sobre Palestina.

Tras la guerra entre Israel e Irán, ¿qué panorama regional queda para Hamás? ¿Se ha quedado sin patrones, como le pasó a la OLP cuando Arafat salió de Beirut en 1982?

Hamás siempre ha sido hábil jugando con distintos patrones regionales, incluso enfrentados entre sí, de Arabia Saudí a Siria o Egipto. Hoy pasan dos cosas a la vez. La infraestructura material, el apoyo financiero y militar iraní, y el acceso a Gaza a través de Siria y Líbano, se ha visto golpeada por la agresión regional israelí. Pero, al mismo tiempo, Irán ha salido de esta guerra como un actor estratégico más fuerte que hace un año: la ofensiva israelí-estadounidense ha demostrado a los países del Golfo que la inseguridad regional no la provoca Irán, sino la soberbia israelí. Militarmente, Hamás sigue presente en Gaza, controla parte del territorio, conserva sus armas, y su oficina política sigue en Catar con acceso directo a Teherán. No creo que sea una historia completamente negativa para ellos.

¿Y a Israel? ¿Cómo le afecta el inicio de acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos?

Creo que Irán ha sido el único actor verdaderamente estratégico del último año. El conflicto ha sido una derrota estratégica para Estados Unidos: una guerra irracional, sin interés propio, solo el de Israel, y ahora se negocian sobre cosas que ni estaban en la mesa al empezar, como el estrecho de Ormuz. Esta tregua es un golpe duro para la doctrina israelí de guerra permanente, por eso Israel ha intentado sabotearla atacando Líbano estos últimos días. Mi previsión es que seguirá usando el enriquecimiento de uranio como excusa para mantener a Irán como amenaza. Pero, mientras dure la tregua, va a concentrar su violencia en Líbano.

Hay conversaciones filtradas de Netanyahu donde reconoce que financiar indirectamente a Hamás le convenía. ¿Hasta qué punto su existencia es funcional al proyecto expansionista israelí?

Que Hamás todavía conserve capacidad militar no debería sorprender a quien estudie guerra de guerrillas: son armas baratas, muchas reconvertidas de armamento israelí, y ningún ejército convencional puede aniquilar del todo una guerrilla incrustada en su propia población sin cometer un genocidio. Dicho esto, sí, le beneficia: cualquier gobierno israelí necesita convertir la relación con Palestina en una cuestión de seguridad, y cualquier arma palestina refuerza ese lenguaje de terrorismo.

Esto tiene historia: Israel dio licencia a los Hermanos Musulmanes en Palestina porque los creía centrados en la islamización social, no en lo militar, y porque sabía que una corriente islamista debilitaría el nacionalismo secular de la OLP. Cuando se transformaron en Hamás y empezaron las operaciones militares, ese apoyo financiero se cortó, pero la lógica de fondo, dividir a los palestinos entre sí, se mantuvo: cada vez que Fatah y Hamás intentaron un gobierno de unidad, cualquier gobierno israelí trabajó para sabotearlo.

¿Calculó Hamás las consecuencias del 7 de octubre, o fue una apuesta a ciegas?

Es imposible saber qué imaginaba Hamás. Sí sé que partía de varias hipótesis, y algunas se han demostrado falsas: que un golpe contra el bloqueo devolvería Palestina a la agenda internacional, que forzaría a los países árabes a revisar los Acuerdos de Abraham, y que el pueblo palestino se levantaría en toda la Palestina histórica frente a la represalia israelí. Subestimó la fragmentación palestina: ni en el 1948 ni en Cisjordania hubo levantamiento; los países árabes tampoco se movieron, solo Irán y Hezbolá. El mayor error de cálculo fue pensar que la comunidad internacional pondría un límite a Israel. Pero el 7 de octubre también ha roto, creo que de forma irreversible, la idea de que el sionismo podía ofrecer un refugio seguro a los judíos en Palestina sin resolver la cuestión palestina, y nos ha devuelto al lenguaje de la Nakba y la colonización. No sé si esto es lo que Hamás imaginaba, pero es lo que ha conseguido.

¿Cómo ha afectado la destrucción de Gaza al respaldo social a Hamás?

Es de las preguntas más difíciles de responder, por el bloqueo informativo y la falta de acceso de la prensa extranjera. Pero hay un espectro amplio. Una parte de la población culpa a Hamás de no haber calculado bien y de no haber protegido a la gente de la respuesta israelí; para ese sector, han provocado una segunda Nakba, multiplicada. Otra parte sigue defendiendo la resistencia: Hamás no tenía alternativa, dicen, llevábamos dieciséis años bajo bloqueo, los países árabes normalizaban con Israel, el mundo se olvidaba de Gaza, y al menos esto sacudió a la comunidad internacional.

Lo más triste no es solo esa fragmentación, que ya existía antes; es que el genocidio ha hecho que los palestinos de Gaza se vean ahora como una categoría aparte dentro de la palestinidad, gente que dice que nadie ha entendido lo que es un genocidio si no estuvo en Gaza. Esa sensación de excepcionalidad ha hecho la fragmentación todavía más severa.

En Estados Unidos se habla cada vez más del rol de AIPAC -el lobby sionista–, pero también de los republicanos que repiten cómo el apoyo a la política genocida de Netanyahu es incompatible con el «America First» de Trump. ¿Se están rompiendo los vínculos entre Washington y Tel Aviv?

Sí, totalmente. Todo lo que Israel ha hecho desde el 7 de octubre ha terminado reforzando esa fractura, convirtiéndola en una paradoja real. Nunca ha sido militarmente tan fuerte, habiendo desmantelado la infraestructura de resistencia en toda la región, y a la vez nunca ha sido tan débil, porque ese sobre-esfuerzo ha dañado su relación con su principal patrón. El Partido Demócrata, sobre todo su generación joven, se ha alejado de Israel; que Kamala Harris perdiera, que Zohran Mamdani ganara en Nueva York, son señales de ese giro.

Y en el campo republicano, en el universo MAGA, ya hay fractura entre «America First» e «Israel First»: cuando Tucker Carlson o Marjorie Taylor Greene dicen que esto es un genocidio, que por qué Estados Unidos apoya a Israel, es una pregunta que cualquier político debería hacerse, pero que venga de la derecha republicana ha reconfigurado el sistema político americano. Esta guerra contra Irán es el ejemplo perfecto: es una guerra israelí, no una guerra americana, y eso empieza a verse.

Sobre el papel hay un alto el fuego y un plan de paz en Gaza. ¿Qué está pasando realmente sobre el terreno?

Que no hay ni alto el fuego ni plan de paz. El acuerdo se negoció como todos los anteriores desde 2007: por fases. La fase uno era el cese de hostilidades, la liberación de los rehenes por parte de Hamás, la entrada de ayuda humanitaria y la retirada israelí; solo después se negociarían la fase dos y la tres. Hamás sabía, como todo el mundo que ha seguido estas negociaciones, que la fase uno se quedaría congelada, pero pidió garantías a la Administración Trump, respaldadas por Catar y Egipto, de que, si liberaba a todos los rehenes, su mejor baza, Israel permitiría la ayuda y empezaría a retirarse. Esa garantía no se ha cumplido. En lugar de eso, ahora se habla solo del desarme de Hamás, una condición que ni siquiera estaba en la fase uno. Mientras se negocia ese imposible, Israel ha pasado de controlar el 53% de Gaza a un 60%, con la intención declarada de llegar al 70%; hay una política de disparar a quien cruce la línea amarilla, y se arma a bandas palestinas para generar caos. No estamos en un alto el fuego: estamos ante la continuación del genocidio por medios burocráticos.

El Gobierno español y otros gobiernos europeos siguen invocando la solución de dos Estados. ¿Le queda algún sentido?

Yo nunca he creído que fuera posible, y hoy menos. Ese lenguaje diplomático sirve, en la práctica, para mantener el statu quo: Israel sigue existiendo como Estado soberano y aplazamos indefinidamente la estatalidad palestina. Da igual si un gobierno cree o no en los dos Estados: lo único que debería estar haciendo ahora es parar el genocidio y exigir responsabilidades. Hablar de relanzar un proceso diplomático mientras quien dirige Israel está reclamado por la Corte Penal Internacional es aceptar que puede actuar con total impunidad y seguir teniendo acceso diplomático pleno. Cualquier solución, de uno, dos o tres Estados, solo puede empezar por ahí: parar el genocidio y rendir cuentas.

«Yo nunca he creído en la solución de dos Estados, y hoy menos».

Ya hay rabinos sionistas hablando de Turquía como el próximo gran frente. ¿Qué papel le ves?

Israel es un proyecto colonial de asentamiento cuya razón de ser es expandirse y mantenerse como potencia militar hegemónica de la región: ningún vecino puede tener superioridad militar sobre Israel, ese ha sido el límite que Washington garantizaba en cualquier acuerdo bilateral. Irán cumple esa función de enemigo perfecto, islámico, con lenguaje nuclear de fondo. Si Irán deja de representar una amenaza, el candidato natural es Turquía, la otra potencia regional, y todo el repertorio retórico que usan contra Irán es perfectamente aplicable: país islámico, amenaza existencial. De momento Israel sigue fijado en Irán, que ha salido reforzado de esta guerra, así que no creo que el frente turco se active de inmediato. Pero desde Turquía la lectura también ha cambiado: durante años jugaron a ser enemigos sin serlo del todo, con buenas relaciones militares hasta este genocidio, y ese juego ya no es sostenible.

¿Cómo describirías hoy el respaldo de la sociedad israelí al gobierno de Netanyahu?

Hay que separar dos cosas. El apoyo a lo que ellos no llaman genocidio sino guerra en Gaza es casi unánime, más del 90%. Las grietas aparecen con Líbano e Irán: hay más oposición a la guerra en Líbano, mientras que la guerra contra Irán también goza de apoyo casi unánime. El desacuerdo es sobre las decisiones estratégicas de Netanyahu: desde la izquierda se le acusa de un error estratégico en Líbano, desde la derecha de no haber sido suficientemente contundente. Esta tregua con Irán le va a costar caro: se vendió la guerra como el fin del programa nuclear iraní, y el régimen iraní nunca ha sido tan fuerte como ahora. Israel no ha conseguido ninguno de sus objetivos estratégicos. Habrá que ver qué pasa en las elecciones, pero creo que esto se le va a echar en cara.

La entrada Tareq Baconi: “Israel nunca ha sido tan fuerte militarmente, y nunca ha sido tan débil” se publicó primero en lamarea.com.

Esta entrevista se publicó originalmente en la revista de ‘La Marea’. Puedes conseguir un ejemplar y suscribirte en nuestro kiosco.

Para la izquierda norteamericana, las victorias más ilusionantes de estos últimos años no se han logrado contra la derecha, sino contra el propio Partido Demócrata. De la congresista Alexandria Ocasio-Cortez (AOC) al alcalde neoyorquino Zohran Mamdani, la nueva generación de líderes progresistas –más mujeres que hombres, más personas de color que blancas– se ha visto obligada a enfrentarse a un establishment partidista reacio, desconfiado y, muchas veces, abiertamente obstructor.

¿Cuáles son las claves de sus improbables éxitos o cómo se pueden repetir? Esta es la pregunta que planteaba la periodista Raina Lipsitz en su libro The Rise of a New Left: How Young Radicals Are Shaping the Future of American Politics (‘El auge de una nueva izquierda. Cómo una juventud radical está transformando el futuro de la política estadounidense’, publicado por Verso en 2022). Lipsitz (Buffalo, 1982) vive en South Brooklyn (Nueva York), donde acaba de entrar en el Comité Organizador de los Demócratas Socialistas (DSA), una organización nacional fundada en los años ochenta que hoy cuenta con más de cien mil militantes, entre ellos el nuevo alcalde neoyorquino. Hablamos a comienzos de marzo.

Su libro sobre la nueva izquierda radical se publicó hace tres años. Hoy, Zohran Mamdani es alcalde de Nueva York. ¿Su victoria confirma las conclusiones a las que llegaba usted?

En muchos sentidos, sí. De hecho, muchas de las cosas que creí percibir alrededor de 2020 hoy están más claras. El propio Mamdani es un ejemplo muy potente. Ha logrado algo que muchos creíamos imposible: derribar la dinastía política de los Cuomo. No quiero decir que predije su éxito, que en verdad nos sorprendió a todos, pero no deja de ilustrar un fenómeno que describo en el libro: toda una generación de jóvenes que entraron en política durante el primer mandato de Trump, y que han trabajado con tesón –en las estructuras del DSA y en otras organizaciones de izquierdas– se han convertido, con el tiempo, en organizadores curtidos y candidatos avezados. Mamdani parecía salir de la nada, y así se le retrató en los medios, pero en realidad representa algo que lleva más de una década gestándose. La broma que se cuenta por aquí es que Zohran reúne todos los bulos que el Partido Republicano difundía sobre Barack Obama: es un socialista musulmán nacido en África, pero de verdad. De tanto repetir las mismas mentiras, la derecha logró que su pesadilla se hiciera carne y ¡llegara a alcalde de Nueva York! [Risas].

Además de una historia de éxitos, su libro también es un relato sobre las enormes barreras que no todos los candidatos progresistas logran superar, por más talento que tengan. Irónicamente, el mayor escollo ha sido el propio Partido Demócrata.

Esos obstáculos siguen en pie en la mayor parte del país. Una victoria como la de Mamdani –que se logró gracias a una combinación propicia de un talento realmente excepcional y una labor de organización brillante y multitudinaria– será muy difícil de replicar en otros lugares.

Yo tuve la impresión de que la cúpula del Partido Demócrata, en sus intentos desesperados por pararle los pies, se convirtió en algo muy parecido al Partido Republicano. No solo en sus tácticas y discursos, que solo buscaban infundir miedo, sino en los caudales millonarios que movilizó para financiar la contracampaña.

Fue el mismo dinero, en efecto.

Estas luchas del ala izquierda contra el establishment demócrata, ¿son un buen entrenamiento para luchas futuras contra una derecha cada vez más radical?

No necesariamente. Estados Unidos es un país tan diverso que todas las luchas políticas acaban siendo locales, con su propia idiosincrasia. Cuando la cúpula del Partido Demócrata arguye que las victorias de Mamdani o AOC en una ciudad como Nueva York, que es mayoritariamente demócrata, serán imposibles de replicar en otras partes, no le falta razón. Para mí, la lección más importante de estas experiencias no es la lucha contra el Partido Demócrata como tal, sino que es posible montar una campaña exitosa sin depender del dinero de las grandes corporaciones. Este es, con diferencia, el mayor desafío en este país –tanto más ahora que el Tribunal Supremo ha permitido que entren cantidades ingentes de dinero oscuro–. Zohran, en verdad, pudo sobrevivir porque logró recaudar mucho dinero de muchos pequeños donantes, pero también porque Nueva York proporciona una financiación pública que multiplica las donaciones pequeñas. Solo un puñado de otros estados y ciudades tienen un programa similar. La otra gran lección de Mamdani, para mí, ha sido el enfoque positivo y propositivo de su campaña. Las campañas políticas en este país suelen tener un aire que aterra, oscuro, apocalíptico, con mensajes muchas veces centrados en la violencia. La campaña de Zohran, en cambio, nos habló de la ciudad que nos gustaría tener, con alquileres controlados, supermercados asequibles, guarderías y autobuses gratis que, además, anden sin retrasos. No es que Hillary Clinton o Kamala Harris no hablaran de cosas parecidas, pero no eran creíbles. Su compromiso no parecía real.

Lo común es que la política establecida se burle del «idealismo» de candidatas y candidatos que prometen mejoras de este tipo. Pero lo que predomina en alguien como Mamdani, ¿no es, precisamente, el pragmatismo? No ha dudado en recurrir a la Casa Blanca, por ejemplo.

Estoy completamente de acuerdo en que estos jóvenes políticos radicales son los auténticos pragmatistas de la política actual. Son los únicos empeñados en cambiar las cosas de verdad. Como explico en el libro, esto se debe también a que se sienten en deuda con las organizaciones que les han ayudado a montar sus campañas, que pueden ser el DSA o, por ejemplo, un sindicato. No es una deuda que les moleste necesariamente, porque en lo personal siguen alineados con esas mismas organizaciones. El resultado es que son candidatos con programas y perfiles ideológicos mucho más sólidos y coherentes que los del típico candidato demócrata, cuya única deuda suele ser la que contrae con sus donantes millonarios. Esto a menudo significa que lo que los candidatos ven como su tarea principal no es cambiar la vida de la gente, sino gestionar sus expectativas para que no acabe demandando o esperando demasiado del partido.

Sin embargo, los mayores éxitos los han tenido las y los candidatos del DSA que se presentan por el Partido Demócrata.

Es otra de las lecciones que hemos tenido que aprender. En este país, y en este momento, parece haber razones estructurales por las que necesitamos al Partido Demócrata. Digo parece, porque dentro del DSA existen grandes desacuerdos sobre estos temas, que se debaten continuamente. Personalmente, creo que estamos a muchos años de poder ganar con candidatos independientes en la mayor parte del país.

En su libro parece rechazar la política profesionalizada. Un obstáculo para la joven izquierda, dice, no solo es el Partido Demócrata en sí, sino sus consultoras, que cobran mucho dinero e impiden la renovación. Sin embargo, también resalta el talento político y el talante profesional de muchos de las y los candidatos nuevos. ¿No es una contradicción?

No lo creo. Lo que ocurre es que las nuevas generaciones han venido desarrollando una pericia también nueva, basada en sus experiencias en el trabajo de campo, pero también, por ejemplo, en la comunicación por redes. En otras palabras, estamos formando a nuestras propias expertas, como lo es Tascha Van Auken, la field director [‘directora de campo’] de la campaña de Zohran, que hoy ha pasado a dirigir la nueva Oficina de Participación Ciudadana en el gobierno municipal. Quizá sea importante explicar que el DSA no ha abrazado el horizontalismo de Occupy Wall Street [el 15-M norteamericano]. Somos una organización democrática, pero con una estructura vertical: elegimos a nuestras y nuestros líderes, pero son líderes. Y aquí las personas con ganas y talento pueden llegar a ocupar posiciones dirigentes. Claro que también damos la bienvenida a personas de fuera.

¿Se presenta mucha gente?

El éxito atrae al talento. A la gente le gusta trabajar para un equipo ganador.

De hecho, se me ocurre que, estos últimos años, el DSA y otras organizaciones que figuran en su libro, como Justice Democrats, se han convertido para la izquierda norteamericana en lo que sería la cantera de un club de fútbol. Hay procesos sofisticados de reclutamiento y una búsqueda constante de nuevos talentos a los que incorporar, entrenar y lanzar.

Así es. Pero lo importante, para mí, es que el umbral de entrada para muchos de estos grupos, incluido el DSA, es bajo, al mismo tiempo que la organización ofrece muchas trayectorias de aprendizaje y desarrollo. Cualquiera puede unirse y, si está dispuesto a poner el esfuerzo y tiene talento, es fácil que suba a posiciones de mayor responsabilidad o llegue a presentarse como candidato.

¿Las cosas no funcionan así en el Partido Demócrata?

Para nada. Allí, si alguien expresa interés en presentarse a elecciones, lo primero que le piden es que les abra el móvil y que diga cuántos de sus contactos pueden donar, en ese mismo momento, 500 dólares por cabeza. Es un modelo de reclutamiento que, desde luego, produce candidatos de otro calibre.

La entrada Raina Lipsitz: “Mamdani parecía salir de la nada, pero representa algo que lleva más de una década gestándose” se publicó primero en lamarea.com.

Este artículo ha sido publicado originalmente en La Directa.

La palabra imperialismo vuelve a estar en boca de todos. La geopolitización de las relaciones internacionales, así como el marcaje territorial, la política de la fuerza, el nacionalismo expansionista y la coerción económica y militar, hacen difícil encontrar una mejor manera de describir las disputas en el tablero global. El principal motivo de este conflicto a gran escala es que vivimos en un tiempo liminal, un intervalo entre un estado anterior y uno nuevo, el interregno entre la unipolaridad estadounidense surgida del final de la Guerra Fría y la multipolaridad que reivindican las potencias medias y emergentes.

Ante la intensidad y la velocidad de los cambios globales, que tienden a invisibilizar otros ritmos y horizontes políticos, este texto nace con la voluntad de contribuir a la construcción de un antiimperialismo popular que responda al contexto y ponga en valor resistencias y alternativas.

Recursos, propaganda y desgaste social

Las diferentes dimensiones del embate imperial exigen una respuesta antiimperialista que vaya más allá del campismo —la idea de que “los enemigos de mis enemigos son mis amigos”— y también de la condena selectiva que, por ejemplo, señala al imperialismo ruso mientras blanquea el imperialismo yanqui.

Es precisamente el imperialismo estadounidense, hoy encabezado por Donald Trump, quien está dinamitando las ya frágiles relaciones internacionales desde una lógica abiertamente transaccional. El afán por controlar recursos estratégicos —desde las tierras raras de Ucrania hasta el potencial gasístico de Gaza, pasando por el petróleo venezolano o los hidrocarburos de Irán— está reconfigurando aceleradamente las alianzas globales y, al mismo tiempo, se utiliza como instrumento de confrontación contra China.

Ahora bien, el imperialismo actual no solo opera mediante el expolio de recursos. También actúa como una fuerza destructiva con profundos efectos psicosociales: normaliza la violencia, alimenta la impotencia, la ansiedad y la apatía, y favorece el aislamiento. En su versión trumpista, la dimensión comunicativa se convierte en un elemento central para producir este impacto. Por un lado, busca saturar el espacio público con un flujo constante de mensajes que hegemoniza los canales de comunicación. Por otro, pretende desplazar la ventana de Overton, ampliando los límites de lo políticamente aceptable. El vídeo “Trump Gaza” es un ejemplo claro: una apuesta por normalizar lo grotesco.

La acción imperialista y su aparato propagandístico también penetran en el ámbito militante, generando fatiga, frustración y pérdida del sentido de la lucha. Este desgaste se explica, en parte, por la hiperresponsabilización y la incoherencia que implica reconocerse como pieza de un sistema estructuralmente injusto. Ulrich Brand definía esta realidad como “modo de vida imperial”: una forma de vida propia del Norte Global, sostenida sobre la explotación de territorios y ecosistemas ajenos, presentada falsamente como universal pero profundamente insostenible e injusta, y reproducida transversalmente por amplias capas sociales.

La sustancia del antiimperialismo popular

Podríamos definir el antiimperialismo popular como una crítica a la expansión política, económica y cultural de potencias dominantes sobre otros territorios, otorgando protagonismo a las formas de oposición que surgen desde las clases populares (trabajadoras, campesinas, colectivo LGTBIQ+, personas racializadas, pueblos indígenas, etc.).

La esencia del concepto puede encontrarse en diferentes tradiciones que van desde el marxismo de Vladimir Lenin o Rosa Luxemburgo, el decolonialismo de Frantz Fanon o Ho Chi Minh, hasta movimientos contemporáneos como el zapatismo y los movimientos indígenas, feministas y ecologistas, principalmente en el Sur Global.

En este sentido, diversas voces reivindican un antiimperialismo popular capaz de superar el campismo y el reduccionismo geopolítico. Ashley Smith alerta contra la lectura de los conflictos únicamente como disputas interimperialistas y rechaza la idea de Washington como fuerza positiva global. Al mismo tiempo, Anticapitalistas sitúa en el centro el apoyo a Palestina, el antirracismo, los derechos de las personas migrantes y la oposición al militarismo, mientras que Catarsi Magazine defiende la autonomía política de las resistencias y el anticolonialismo como respuesta a la extrema derecha. Finalmente, Walaa Alqaisiya reivindica un feminismo palestino antiimperialista que articule género, clase y liberación colectiva frente al colonialismo y al pinkwashing israelí.

Por tanto, el antiimperialismo popular debe articular la confrontación con el orden geopolítico actual junto con una transformación de las formas de producción y reproducción, orientada a superar las dinámicas de acumulación, sosteniendo la vida y defendiendo a las clases populares. Esto implica disputar el control de los recursos estratégicos y rechazar que la crisis ecológica se resuelva mediante una nueva expansión extractiva sostenida sobre el saqueo territorial, la dependencia tecnológica y la subordinación del Sur Global. La reconfiguración industrial impulsada por los bloques occidentales —desde las cadenas de minerales críticos hasta la consolidación de una economía orientada al rearme— no representa una ruptura con el modelo anterior, sino su adaptación militarizada.

Esta confrontación también exige situar la movilidad humana y la reproducción social en el centro del análisis político. Las fronteras y los regímenes migratorios actúan como mecanismos que legitiman internamente el autoritarismo y la excepcionalidad permanente. En este contexto, las luchas feministas, antirracistas, campesinas, indígenas y migrantes no pueden entenderse como frentes complementarios, sino como espacios centrales de confrontación con un modelo que mercantiliza los territorios, erosiona las condiciones materiales de la vida y externaliza los costes sociales y ecológicos hacia los colectivos precarizados y vulnerabilizados.

Esto implica reconocer como parte de la lucha antiimperialista diversas formas de resistencia popular ya existentes, que operan en diferentes escalas pero responden a una misma lógica de confrontación con el expolio, el racismo y la militarización. En Estados Unidos, destacan las redes de vigilancia comunitaria y apoyo mutuo impulsadas por organizaciones de base que alertan y protegen a las comunidades migrantes frente a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como el movimiento autoorganizado migrante y antirracista ¡Regularización Ya!, centrado en la regularización y la defensa de los derechos de las personas sin papeles en el Estado español.

En el ámbito de los recursos, encontramos las resistencias al extractivismo verde del pueblo sami frente a la expansión de proyectos mineros de tierras raras que amenazan sus territorios y formas de vida, y las luchas de las comunidades lickanantay en el desierto de Atacama contra la extracción de litio vinculada a grandes corporaciones transnacionales. En la misma línea, en Cataluña, la Revoltes de la Terra denuncia y confronta la presencia de la empresa minera sionista ICL en el Bages, señalando los impactos ecológicos y las violaciones de derechos humanos derivadas de su actividad. Finalmente, en Europa, se cuestiona la deriva de la industria alemana —con casos como Volkswagen— por su implicación en cadenas de producción vinculadas a sistemas militares como la “Cúpula de Acero”, que ejemplifica la creciente integración entre el sector automovilístico y el complejo militar-industrial israelí.

Al mismo tiempo, diversas experiencias recientes en territorios directamente impactados por el imperialismo insisten en la necesidad de una autonomía política popular frente a las injerencias imperiales y las élites locales. El Sindicato de Trabajadores de los Autobuses de Teherán rechazaba tanto a las potencias extranjeras como el retorno monárquico impuesto “desde arriba” como vías de liberación para las clases populares iraníes. En una línea similar, el Comité Nacional de Conflicto venezolano denunciaba tanto la disputa entre imperialismos como la deriva proimperialista del gobierno de Delcy Rodríguez. Desde Palestina, Queers in Palestine rechaza la instrumentalización colonial de las disidencias sexuales para justificar violencia imperialista y genocida, negando que los derechos LGTBIQ+ puedan utilizarse como criterio para deshumanizar a pueblos colonizados.

Las tareas del antiimperialismo popular en el tiempo liminal

La buena noticia es que ya tenemos mucho trabajo hecho. Es importante que nuestros proyectos políticos no sean víctimas de un contexto lleno de excepcionalidades. Una de las tareas más importantes, en un presente discontinuo, es dar continuidad a nuestros horizontes políticos sin renunciar a un margen de maniobra suficiente para poder responder a los cambios del contexto.

Dentro de este margen de maniobra y en el marco de un antiimperialismo popular, es necesario articular un conjunto de propuestas que permitan responder a las diferentes dimensiones del embate imperial y a sus expresiones contemporáneas.

En primer lugar, el desarme debe plantearse como una condición material para reducir la capacidad de proyección de violencia de los bloques imperiales y de los Estados que los sostienen. Esto implica oponerse al atlantismo y al aumento de los presupuestos militares, a la expansión de la industria armamentística y de la industria dual —civil y militar—, y a la normalización de la guerra como instrumento político.

En segundo lugar, es necesario avanzar hacia una ruptura con la subordinación estructural a Estados Unidos, entendiéndolo como eje central del orden imperial contemporáneo. Esto supone cuestionar las dependencias metabólicas, económicas, militares y políticas, así como las alianzas que sostienen este orden, con el objetivo de abrir espacios de autonomía para proyectos populares.

En tercer lugar, es necesario desarrollar una práctica antirracista y decolonial que permita identificar y combatir las formas de dominación que sostienen el orden global actual. Esto implica analizar las bases materiales de la explotación colonial y neocolonial, desmontar las lógicas de acumulación capitalista y confrontar los discursos racistas y deshumanizadores que las legitiman.

Por último, es imprescindible responder al afán extractivo sobre los recursos naturales y territoriales, que estructura gran parte de las relaciones Norte-Sur y que se entrelaza con la emergencia climática y la crisis de la reproducción social. Esta respuesta implica defender la soberanía sobre los bienes comunes y oponerse a las lógicas de acumulación que destruyen ecosistemas y despojan a las comunidades, al tiempo que se sitúa en el centro la sostenibilidad de la vida. Esto supone reforzar las redes comunitarias, los servicios públicos y las condiciones materiales que hacen posible la vida cotidiana, disputando el sentido de lo que significa vivir dignamente fuera de las dinámicas de mercado, explotación y colapso ecológico.

La entrada Construir un antiimperialismo popular se publicó primero en lamarea.com.

El pasado 27 de mayo, Alexis Tsipras presentó en Atenas su nuevo partido, la Alianza de la Izquierda Griega (ELAS), con el que se propone desafiar al conservador Kyriakos Mitsotakis de cara a las elecciones de 2027. Tsipras vuelve. Y con su vuelta regresa, inevitablemente, el fantasma que lo define: la Troika, el consorcio de poder tecnocrático –la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional– que en el verano de 2015 le dobló el brazo ante las cámaras de todo el mundo y convirtió un referéndum democrático en papel mojado. Entender el retorno de Tsipras exige volver, una vez más, a aquel julio. Lo que ocurrió entonces fue el golpe final del neoliberalismo en Europa en el corazón mismo del continente que vio nacer la democracia más de dos milenios atrás.

El laboratorio griego

Para comprender la brutalidad del ajuste que se le impuso a Grecia hay que recordar el punto de partida. Desde 2010, el país se había convertido en el conejillo de indias del neoliberalismo europeo. Los rescates financieros –en realidad, rescates a los bancos acreedores alemanes y franceses disfrazados de ayuda a Atenas– llegaron cargados de condiciones: recortes masivos en el gasto público, subidas de impuestos, desmantelamiento de derechos laborales y privatizaciones en cadena.

El Estado griego puso en subasta aeropuertos, puertos, ferrocarriles, hoteles, playas, sedes olímpicas e incluso centros arqueológicos. Un inventario de lo colectivo entregado al capital privado. El desempleo llegó a rozar el 27% de la población activa y superó el 50% entre los jóvenes. Mientras Bruselas celebraba el cumplimiento de los objetivos fiscales, la realidad social era otra. Un estudio publicado en The Lancet detectó un aumento del 47% en las personas que no podían acceder a la atención médica que necesitaban, mientras alrededor de 800.000 griegos quedaron sin cobertura sanitaria vinculada al empleo.

La deuda, lejos de reducirse con los recortes, escaló por encima del 180% del PIB: la austeridad no saneaba las cuentas, las destruía.

En enero de 2015, hastiada de años de sufrimiento, la sociedad griega eligió a Syriza. Un partido político que se convirtió rápidamente en algo más que la esperanza de la población griega. Se convirtió en un símbolo de la izquierda internacional. El partido de Tsipras llevó la coalición del 4% al 36%, sobre la promesa de poner fin a los memorandos y recuperar la soberanía del país y durante unos meses, el gobierno de izquierdas desafió abiertamente a la Troika: frenó privatizaciones, recontratró empleados públicos, intentó restaurar pensiones. Y luego convocó un referéndum para preguntarle al pueblo si debían aceptar las condiciones draconianas de la Troika. El 5 de julio de 2015, el 61,5% de los griegos votó oxi, «no» a las nuevas condiciones de ajuste impuestas por los acreedores. Fue un grito de dignidad que estremeció Europa. Duró una semana.

El golpe de Schäuble

El 13 de julio de 2015, Tsipras firmó un tercer memorando que contenía condiciones aún más duras que las rechazadas en las urnas. El ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, había sido el arquitecto principal de la presión. Su estrategia fue brutal: amenazar con el corte de liquidez al sistema bancario griego, imponer el corralito financiero y agitar el fantasma del Grexit, la expulsión de Grecia del euro. La capitulación de Tsipras incluyó un fondo de privatizaciones de 50.000 millones de euros, nuevas reformas de pensiones, aumentos del IVA hasta en alimentos básicos y el compromiso de generar superávits fiscales primarios durante años. El propio ministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, prefirió dimitir antes que firmar.

Lo que Schäuble hizo aquel verano poco tenía que ver con la economía. Fue un ejercicio de demostración de fuerza con mensaje incorporado: ningún gobierno elegido democráticamente, por más que acumule mandato popular, puede escapar de la disciplina de los mercados y de los grandes acreedores si estos deciden apretar. El referéndum no valía nada. La voluntad popular era papel mojado frente a la arquitectura financiera de la eurozona. Syriza, que había llegado al gobierno como símbolo de una izquierda radical capaz de gobernar, terminó aplicando políticas que los propios partidos de la casta griega –el socialdemócrata PASOK y el conservador Nueva Democracia– habían considerado inaplicables. Subió impuestos a los más pobres, bajó pensiones un 9% de media y ejecutó el mayor programa de privatizaciones de la historia reciente del país.

El mensaje político era tan nítido como perverso: podéis votar lo que queráis, pero gobernaréis como nosotros digamos. La democracia, dentro del euro, tiene límites. Y esos límites los marcan Fráncfort, Berlín y el FMI.

La ironía de los nuevos derrochadores

Aquí entra la segunda parte de esta historia, que tiene la estructura de una farsa si no fuera porque las consecuencias para millones de personas han sido perfectamente reales. Los mismos países que lideraron el estrangulamiento de Grecia en nombre de la ortodoxia fiscal llevan años redescubriendo las virtudes del gasto público.

Francia lleva desde 2023 sometida a un procedimiento de déficit excesivo por la Unión Europea, con un déficit que superó el 6% del PIB. No es que París haya aplicado medidas de estímulo keynesianas por convicción: es que simplemente no puede cuadrar sus cuentas bajo las reglas que contribuyó a imponer al sur de Europa. Alemania, por su parte, ha protagonizado la reconversión más espectacular. El país del Schwarze Null –el dogma del presupuesto cero que Schäuble convirtió en obsesión ideológica– modificó en marzo de 2025 su propia regla constitucional del freno de la deuda, vigente desde 2009, para financiar un plan de inversión de 500.000 millones de euros en infraestructuras y comprometerse a elevar el gasto en defensa hasta el 3,5% del PIB. Berlín, que se negó a cualquier quita de la deuda griega y exigió austeridad con mano de hierro, se dispone ahora a impulsar un déficit próximo al 4% del PIB. La deuda pública alemana podría alcanzar el 74% del PIB en 2030.

No se trata solo de hipocresía. Se trata de confirmar lo que los economistas heterodoxos y los gobiernos del sur europeo llevaban años denunciando: que las reglas de austeridad no eran principios universales de buena gestión económica, sino instrumentos de disciplina selectiva. Funcionaban cuando se aplicaban a los débiles. Cuando los fuertes las necesitaban, se reformaban o se ignoraban. Grecia fue el laboratorio donde se experimentó con ellas en su versión más cruel.

Los griegos pagaron la deuda con recesión, pobreza y emigración masiva. Ahora, quienes diseñaron ese laboratorio se permiten el lujo de abandonar sus propias recetas sin que nadie les pida cuentas.

Tsipras contra su propia criatura

Y, sin embargo, aquí está Tsipras. De vuelta. Con un nuevo partido, un nuevo nombre y el mismo carisma envejecido frente a las ruinas de su propio legado. Los números de las encuestas son por ahora alentadores. ELAS, un partido que literalmente acaba de nacer, aparece ya como segunda fuerza política con el 12,8% de intención de voto, por delante del PASOK (la familia socialdemócrata) y muy por encima de su antiguo partido.

Porque la otra gran historia de este regreso es la que ocurre por la izquierda: Syriza, el partido que Tsipras construyó desde el 4% hasta el gobierno, el partido que fue símbolo de una izquierda europea capaz de desafiar a la Troika, aparece hoy pulverizado en las encuestas y no conseguiría estar representado en el Parlamento. El partido que lo hizo y lo deshizo, y del que se marchó en 2023 tras dos derrotas consecutivas, ha acabado convertido en un residuo electoral irrelevante. Tsipras no vuelve a liderar la izquierda griega: vuelve a competir contra ella, a devorar los restos de un partido que no pudo recuperarse después de lo ocurrido.

Pero hay algo más que merece atención en el discurso. El Tsipras de 2015 llegó al gobierno con un programa de ruptura explícita con la austeridad: renegociar la deuda, revertir los memorandos, devolver al Estado su función redistributiva. El ELAS de 2026 mantiene referencias a los salarios dignos, a la vivienda y la sanidad como derechos y no como privilegios –el lenguaje de la izquierda sigue presente–, pero el eje central del proyecto ha desplazado su centro de gravedad. Es comprensible. El contexto ya no es el mismo.

Donde antes había una narrativa de confrontación con los poderes financieros europeos, ahora hay sobre todo una denuncia de la corrupción interna: que el Estado griego ha caído en manos de una élite que lo usa como botín, que la justicia se ha degradado y la democracia se ha vaciado. Son acusaciones legítimas, pues el gobierno de Mitsotakis acumula escándalos varios, tanto por –supuestamente– espiar a políticos y periodistas como por una presunta trama de corrupción con fondos europeos.

En ese sentido, el adversario ya no es la Troika ni la arquitectura financiera de la eurozona: es la corrupción doméstica de la derecha griega. Y el propio Tsipras lo ha explicitado: quiere una «izquierda que gobierne», centrada en «soluciones prácticas». El oxi del referéndum de 2015 fue un acto de soberanía popular que duró exactamente siete días. Once años más tarde, el hombre que fue derrotado vuelve a intentarlo una vez más. Las elecciones, justo dentro de un año, en junio 2027.

La entrada El retorno de Tsipras en Grecia: un nuevo partido para una izquierda pragmática se publicó primero en lamarea.com.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia reveló un país dividido –una vez más– entre el centro y las periferias, un mapa bicolor similar al de hace diez años, cuando los colombianos y colombianas votaron en el plebiscito por la paz. Entonces ganó el “No”, y los ecos de la guerra continúan resonando en muchos territorios. El domingo 31 de mayo, el candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella, de 47 años, se alzó con la victoria en esta primera ronda. Un hombre abiertamente homófobo, misógino, que habla de “destripar” a la izquierda, de construir mega cárceles, de reducir el Estado, de explotar el territorio y sus recursos, y del tamaño de su pene como impulsor del electorado femenino. 

El mediático abogado outsider, defensor de narcotraficantes, paramilitares y bandidos, defensor de Alex Saab, supuesto testaferro de Nicolás Maduro; un showman autodenominado como ‘el Tigre’ que evoca a figuras de la ultraderecha regional como el presidente argentino, Javier Milei, y busca ser el gemelo costeño con aires italianos del mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, obtuvo el 43,74% del total. Superó los pronósticos de las encuestas, le arrebató los votos al conservadurismo tradicional, la candidata del uribismo, Paloma Valencia, del Centro Democrático, quien apenas logró 1,64 millones de votos. El espectáculo, desde el interior de una pecera blindada, con luces amarillas y tigres diseñados con Inteligencia Artificial (IA), rugió más agresivo que nunca: “Defenderemos la democracia por la razón o por la fuerza”, dijo desde el malecón de Barranquilla, en la costa caribe. Un oxímoron disfrazado con la camiseta de la selección colombiana. 

Para el director de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes, Felipe Botero Jaramillo, las encuestas no lograron captar el voto de la antipolítica y el malestar con el establecimiento, canalizado por el ultraderechista, que “construyó una candidatura por fuera de los partidos, apoyado en las redes sociales y en un mensaje de ruptura”. El politólogo apunta al contundente rechazo a un nuevo mandato de izquierda en primera vuelta como una de las causas por las que un personaje sin experiencia en política pública lograra captar los votos del electorado uribista y la derecha tradicional. El expresidente Álvaro Uribe Vélez no tardó en salir a dar su apoyo al que, para algunos, era su segundo candidato presidencial: “El viejo caudillo de la derecha está respaldando al recién llegado que lo desplazó”, dice Botero. 

La izquierda gana votos, pero no logra la movilización masiva 

A apenas 670.000 sufragios de distancia, el candidato de la izquierda oficialista, el senador Iván Cepeda, de 63 años, reunió el 40,9% de los votos. Cepeda contaba con entrar a la segunda vuelta del balotaje –pese a que su campaña intentó convencer a sus seguidores de una victoria en primera–, pero nadie, ni las encuestas, pronosticaban que iba a llegar por debajo del ultra. Los rostros en el Hotel Tequendama de Bogotá, donde la campaña del Pacto Histórico se congregó para recibir los resultados, mostraron nerviosismo a medida que avanzaba el preconteo y las arengas sonaban más como un pitido silente que como un cántico de victoria. 

“Muchas de las organizaciones a las que pertenecemos las han intentado diezmar y reducirlas al silencio o a la muerte (…) la lucha continúa y vamos a seguir”, reiteró el filósofo y defensor de derechos humanos desde la tarima, apelando a las organizaciones y movimientos sociales que le han dado la mano durante toda su vida política. Cepeda habló con la misma templanza doliente con la que pidió justicia en 1994, minutos después de que su padre Manuel Cepeda Vargas, senador del partido Unión Patriótica, fuera asesinado en plena carretera por paramilitares en colusión con agentes del Estado. Un hecho que marcó su vida, pero sobre todo su carrera política desde la trinchera de por la defensa de las víctimas de violencia estatal, de aquellos que habitan los márgenes, las mismas que le dieron el empujón para que lanzara su candidatura –MAFAPO, las madres de los falsos positivos–, aquellas que votaron por él enarbolando la bandera blanca de la paz. 

Si bien, la primera reacción fue emular al presidente Gustavo Petro, quien no reconoció en un inicio los resultados del preconteo, el lunes, Cepeda se desmarcó del mandatario ante la prensa: “No hemos encontrado irregularidades de dimensiones suficientes para hablar de fraude”. La confianza por el sistema electoral –bajo la lupa– retornó a unos comicios históricos en su participación, que rozó el 57% del censo electoral. Según Sandra Borda, analista y politóloga de la Universidad de los Andes, sembrar dudas sobre los resultados alejaría al candidato de los votos que canalizó el centro, necesarios para una victoria en segunda vuelta: “Para el centro, la institucionalidad electoral es una institucionalidad sólida, robusta y que hay que respetar”. 

El miedo, un movimiento sin bandera 

En Colombia hay un sentimiento que moviliza desde hace décadas a la población, ya sea para esconderse o para dejarse ver en masa: el miedo. La campaña ante la segunda ronda, que se celebrará el 21 de junio, se debate entre la petro-fobia y el temor al fascismo belicista. Los “nadie” del progresismo frente a los “nunca” del ultraderechista. Dos discursos radicalmente opuestos que movilizan desde las entrañas de un país con profundas desigualdades, donde la violencia nunca dejó de ser paisaje. “Las propuestas liberales, moderadas, institucionalistas, perdieron definitivamente piso y los electores están dejándose seducir única y exclusivamente por propuestas cada vez más ligadas a los extremos”, apunta Borda. Con ella coincide Botero: “Es muy probable que el miedo vuelva a estructurar el voto en la segunda vuelta”. 

Esa misma emoción hizo que, apenas 24 horas después de los comicios, cientos de jóvenes se movilizaran improvisadamente en Bogotá en apoyo a Iván Cepeda, con arengas en contra del fascismo y su máximo representante. “Queremos una Colombia unida, una Colombia en paz. No queremos más guerras, más fusiles, más balas. Los pobres primero, por el bien de todos”, repetía el eslogan del izquierdista Juan, estudiante de 22 años. 

Isabel sostiene el pañuelo verde y rojo representativo de la comunidad indígena nasa, a la que pertenece la fórmula presidencial de Cepeda, la lideresa Aida Quilcué: “Es el momento donde más fuerza tenemos que tener, más juntos tenemos que estar y demostrar que las propuestas que tiene este candidato representan la vida, representan la paz”. Son miles los que se ven directamente amenazados por el proyecto político de Defensores por la Patria, que, según la activista y artista afrocolombiana Mily Pardo, representa la profundización de las desigualdades: “Tengo miedo porque en nuestros territorios esto se paga con sangre, con vida”. 

Pero también es el sentimiento que congrega a los sectores más conservadores que, durante décadas, han tenido el control de las instituciones políticas desde la Casa de Nariño, y que ahora, en su versión más radical, se movilizan bajo el rugido: “Firmes por la patria”. “Nosotros no podemos caer en el comunismo. Ese es el miedo de nosotros, entre comillas, porque no tenemos realmente miedo”, dice Héctor Torres, bajo una gorra con el dibujo de un tigre. 

El miedo dibujando las regiones de un mismo territorio. Volviendo al mapa del plebiscito por la paz de hace diez años, cuando ganó en forma de “no”, después de una campaña marcada por la desinformación. Según Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación, ese rechazo conservador va ligado a las personas que consideran la seguridad –un tema de preocupación social que sin duda marcaron las elecciones– “pero una seguridad muy específica, de mano dura, de suspender derechos y libertades”. Es parte del escudo de Abelardo de la Espriella, “como el mismo espíritu del ‘no’ a la paz”. 

Se eleva el tono y empieza de nuevo la campaña 

El performance del ultra caló fuerte entre un electorado que dejó de lado la vieja figura política, casi sagrada, de Álvaro Uribe para apoyar a una reencarnación de quien dice ser su seguidor, “más uribista que nadie”. Según Sergio Gúzman, director de la consultora Colombia Risk, “Abelardo ha sido un candidato muy disciplinado, consistente, que ha sabido moverse en las emociones, más que todo negativas, de las personas”. Un modelo importado de Argentina, de Ecuador, de El Salvador, de Vox, pero sobre todo, del líder estadounidense, Donald Trump. La manifestación de la política populista que en los últimos años ha ganado fuerza en el continente. “Él dice que no tiene vínculos con la clase política tradicional, aunque claro que sí los tiene. Su campaña es apoyada por clanes políticos tradicionales de la costa atlántica, que él obviamente no sube a la tarima para poder justificar el hecho de que es un antipolítico”, apunta la analista Borda. 

Los ataques frontales entre los discursos de ambos candidatos elevan la contienda a un nuevo terreno. Cepeda dijo que su oponente representaba “el fascismo mafioso”, y en su lado del ring De la Espriella acusó de “bandido golpista” al presidente actual, y de “bandido e impedido” a su rival en la segunda ronda. El pragmatismo queda nublado, pero todavía hay una masa de votantes indecisos y de centro que pueden definir el futuro de la presidencia colombiana. “Los dos bandos están construyendo al otro como una amenaza existencial”, señala el investigador Botero, “el costo es alto porque deteriora la democracia y convierte una elección en una guerra, deja poco espacio para deliberar sobre propuestas”. Para los analistas consultados, la polarización afectiva es uno de los grandes riesgos para las democracias latinoamericanas. 

Desde la campaña de Cepeda hacen autocrítica, y rebajan el tono: “Todavía hay esperanza, pero también es importante revisar cómo está Colombia en términos del ideario y del imaginario sobre la realidad del país. (…) Hay muchas cosas que tenemos que ajustar en esta etapa, el manejo de la comunicación, tenemos que tener una mayor apertura a ciertos sectores, especialmente un diálogo con otros sectores”, reconoce Andrés Camaño, exministro de Minas y Energía y miembro del Pacto Histórico. 

Si bien Gustavo Petro hizo historia hace cuatro años, convirtiéndose en el primer mandatario de izquierda en llegar al poder en Colombia, su mandato ha estado envuelto en polémicas por sonados casos de corrupción, por la confrontación constante en la plaza pública del dirigente, y por las crisis de salud y seguridad agudizadas en los últimos años. “Deja un balance mixto. Hubo unos avances simbólicos y sociales profundos, pero también hay frustración por reformas trabadas y una percepción de desorden”, resume el analista Felipe Botero. “Personalmente tengo la tesis de que entre más se involucre Petro en la campaña de Iván Cepeda, menos posibilidades va a tener de ganar en segunda vuelta”, coincide Sandra Borda.

En 2022, Gustavo Petro se alzó con una justa victoria, logrando menos de un millón de votos más que su contrincante, el también outsider Rodolfo Hernández. Gran parte de su electorado surgió del estallido social de 2021, de aquellos jóvenes que durante meses tomaron las calles de todo el país y que fueron aniquilados y masacrados por exigir reformas y derechos. Ayer, en varias ciudades, cientos de jóvenes volvieron a marchar, demostrando una fuerza que podría inclinar una balanza ya fuertemente inclinada hacia la derecha más radical. “Es momento de caminar la palabra, de la inclusión y el diálogo nacional”, gritó Aisa Quilcué el domingo. Faltan 19 días para convencer.

La entrada Entre la ‘petrofobia’ y el fascismo, Colombia (y el miedo) decidirán en segunda vuelta se publicó primero en lamarea.com.

Ecuador atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente. El país que hace apenas quince años era presentado como una de las naciones más seguras de América Latina y mostraba avances significativos en indicadores de desarrollo humano, estabilidad institucional y reducción de desigualdades vive hoy una realidad radicalmente distinta.

La expansión del narcotráfico, la fragmentación del crimen organizado y el colapso de la seguridad pública han convertido a Ecuador en el país más inseguro de la región en términos de crecimiento de la violencia y tasas de homicidios. Pero la crisis no es únicamente de seguridad. Paralelamente, atraviesa un acelerado deterioro democrático e institucional marcado por la concentración de poder, la militarización de la vida pública y una deriva autoritaria cada vez más evidente bajo el gobierno de Daniel Noboa.

Los niveles de violencia e inseguridad ponen de manifiesto la incapacidad para responder con toda la fuerza del Estado de derecho y las instituciones democráticas esta realidad que enfrenta el pueblo ecuatoriano en su día a día. Convertir la lucha contra el crimen organizado en una prioridad política es muy distinto a normalizar un estado de excepción permanente, consolidando lo que deberían ser medidas temporales y excepcionales en una forma de gobierno. La declaración de “conflicto armado interno” y la sucesiva prórroga de estados de excepción desde inicios de 2024 han consolidado un escenario de excepcionalidad que debilita la institucionalidad, difumina los contrapesos democráticos y elimina las garantías constitucionales.

El presidente Noboa sigue el camino marcado por Nayib Bukele en El Salvador, intentando replicar el mismo patrón de gobierno: una progresiva concentración de poder en el Ejecutivo y la militarización de la seguridad pública. Igualmente, se confronta con contundencia a jueces, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos que se han opuesto a algunas reformas legales o han denunciado determinadas prácticas gubernamentales, como la ampliación de competencias de los servicios de inteligencia sin controles judiciales, la criminalización de la protesta social o las denuncias de detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas.

Por elevación, también podría apuntarse a la creciente influencia y alineamiento con las políticas de Donald Trump, cada vez más visibles, en la estrategia de Daniel Noboa, proyectando la imagen de un gobierno supeditado a una agenda regional impulsada desde Estados Unidos. Noboa se ha sumado fervientemente a la iniciativa “Escudo de las Américas” e incluso, hace unos meses, ambos países realizaron una operación militar conjunta contra el narcotráfico. Sin embargo, conviene recordar que su propuesta de volver a permitir la instalación de bases norteamericanas en Ecuador fue rotundamente derrotada en referéndum el año pasado.

Persecución política y judicial

A ello se suma un clima político cada vez más hostil hacia la oposición y hacia cualquier forma de disidencia social o política. En los últimos meses se han multiplicado las denuncias sobre persecución judicial contra dirigentes opositores, retirada de inmunidades parlamentarias y utilización de mecanismos administrativos y judiciales para debilitar espacios políticos críticos con el Gobierno.

La reciente suspensión provisional de Revolución Ciudadana, principal fuerza política de oposición del país, constituye uno de los episodios más graves de esta deriva. La exclusión de una organización política con amplia representación social y electoral afecta gravemente al pluralismo político y al derecho de participación democrática reconocido tanto en la Constitución ecuatoriana como en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

La preocupación aumenta si se observa el contexto general marcado por las denuncias de lawfare o guerra judicial iniciada hace años contra el expresidente Rafael Correa y su entorno, contra quienes se han abierto causas penales como parte de una estrategia de persecución o neutralización política del adversario. El caso del exvicepresidente Jorge Glas es un ejemplo paradigmático. Su detención en la Embajada de México en Quito supuso una vulneración sin precedentes de principios básicos del derecho internacional y de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. La operación provocó una grave crisis diplomática y generó numerosos pronunciamientos en contra, entre ellos el de España. Actualmente existe una enorme preocupación por el deterioro acelerado de su estado de salud debido a las condiciones en las que permanece encarcelado.

La experiencia latinoamericana demuestra que las políticas de “mano dura” no solucionan las causas estructurales de la violencia. Por el contrario, suelen producir graves retrocesos democráticos y abrir la puerta a modelos autoritarios difíciles de revertir. No es admisible combatir al crimen organizado a costa de los derechos humanos y el pluralismo político. De esta forma únicamente se agrava la crisis e incluso se acaba generando más violencia. En el caso de Ecuador, además, todos los datos conocidos ponen de manifiesto el fracaso de esta estrategia: el “estado de guerra” no está funcionando.

Lo que hoy ocurre en Ecuador no puede analizarse únicamente como una crisis de seguridad. Es también una profunda crisis democrática y social. Y quizá lo más preocupante sea precisamente la naturalización de esa deriva autoritaria en nombre del orden y de una supuesta estabilidad, pese al retroceso en cuestiones básicas como la sanidad o la educación. Porque cuando la excepción se convierte en forma de gobierno, la democracia empieza a tambalearse y, en ese momento, solo se revierte con una ciudadanía consciente y activa que se rebela contra la normalización del miedo y defiende sus derechos y libertades frente a la deriva autoritaria del poder. 

La entrada Noboa y la deriva autoritaria de Ecuador se publicó primero en lamarea.com.

La periodista española Alicia Armesto Núñez y nueve activistas más de la flotilla Global Sumud Land permanecen detenidas desde el pasado domingo 25 de mayo en Libia, en manos del Ejército Nacional Libio comandado por el mariscal Jalifa Haftar. La detención se produjo, según explica el Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM), cuando Armesto y los nueve activistas de distintos países (entre ellos, Argentina, Italia, Portugal, Estados Unidos y Polonia) se habían acercado al puesto de control de Sirte para negociar el paso seguro del convoy humanitario.

«Desde el SPM trasladamos nuestra solidaridad más firme a Alicia, a su familia y al resto de las personas detenidas, al tiempo que denunciamos que la detención de periodistas y activistas que documentan o apoyan la asistencia humanitaria constituye una vulneración flagrante de las libertades fundamentales ? del derecho internacional», denuncia la organización. Armesto es secretaria técnica del SPM y periodista con más de tres décadas de trayectoria.

«Instamos al Gobierno de España a agotar todas las vías diplomáticas disponibles para garantizar la seguridad, integridad física y liberación inmediata de Alicia Armesto, y de sus otras 9 compañeras. Pedimos al Ministerio de Asuntos Exteriores que extreme su diligencia y ofrezca información transparente tanto a la familia como a las organizaciones que la representan», añade el SPM.

Además, hace un llamamiento a las federaciones internacionales de periodistas, a los organismos de defensa de la libertad de prensa y a la comunidad periodística en su conjunto para que sumen su voz a esta exigencia: «Alicia no está sola. EI SPM seguirá informando de su situación y adoptará cuantas medidas estén a su alcance hasta que regrese a casa». Desde las 15:22 horas del domingo 24 de mayo, la organización perdió todo contacto con el grupo. Según las últimas informaciones facilitadas por el SPM, las personas detenidas habrían sido trasladadas a Bengasi.

Alicia Armesto tiene 62 años y ha dedicado su vida al periodismo y a la defensa de los derechos humanos. Ya participó en la Flotilla marítima a Gaza en otoño de 2025, donde fue detenida por Israel junto a otras activistas internacionales. Su compromiso con la causa palestina y su experiencia en zonas de conflicto la llevaron a unirse a esta misión terrestre.

La entrada Sin noticias de Alicia Armesto y nueve activistas más de la flotilla detenidos en Libia se publicó primero en lamarea.com.

Israel deportó ayer a la mayoría de los activistas de la flotilla de apoyo a Gaza. Entre ellos había 44 españoles que fueron trasladados a Turquía, donde denunciaron el trato brutal y humillante recibido por parte del Ejército israelí, que los secuestró ilegalmente en aguas internacionales. Cuatro de ellos necesitaron atención médica.

Los voluntarios declaran haber recibido palizas salvajes, humillaciones e incluso agresiones de carácter sexual. Según la ONG Free Palestine Now, «hay al menos 15 casos de agresiones sexuales, incluidas violaciones». Además, reportan que los detenidos recibieron disparos de balas de goma a quemarropa y que hay un gran número de individuos con huesos rotos.

El caso de Emilio Figueroa sirve de ejemplo de la brutalidad empleada por las autoridades israelíes: «Entre tres, me empezaron a golpear con las culatas de sus armas de fuego. En las costillas, en los tendones de las rodillas, en la espinilla. Se veía que iban a hacer daño. Me vaciaron una botella de agua y me dieron descargas con una pistola táser. Yo nunca he visto nada igual, tanto odio. Nos han tratado como animales», declaró al diario El País cuando aterrizó en Estambul.

Tras el secuestro, a su llegada al puerto de Ashdod el pasado miércoles, varios activistas fueron conducidos a contenedores donde, según afirman, se procedió a torturarles. «Podíamos oír los gritos desde fuera», ha contado el periodista italiano Alessandro Mantovani. Su compatriota Antonella Bundu, política comunista y activista de Oxfam, contó a la agencia Ansa que tras el desembarco en Ashdod vio cómo golpeaban en la cabeza a «una chica con epilepsia» que formaba parte de la tripulación. Según relató Bader Alnoaimi, miembro del equipo legal de la Flotilla Global Sumud, sus abogados «han documentado niveles de violencia realmente extremos».

«Estamos hablando de monstruos. Estamos hablando de un Estado genocida que halla placer en la violencia, que halla placer torturando gente, que usa la violencia sexual de forma sistemática contra la población palestina y ahora también contra los miembros de nuestra flotilla. Esto tiene que parar. No podemos aceptar un país que cree que el derecho humanitario internacional no aplica para ellos», declaró el activista Thiago Ávila en sus redes sociales cuando conoció el relato de sus compañeros en Estambul. Ávila también fue secuestrado semanas antes por Israel, donde permaneció en prisión durante 10 días antes de ser deportado. «Y pese a todo esto, debemos seguir diciéndolo: todo lo que nos han hecho a nosotros no es nada comparado con lo que hacen con los palestinos», añadió.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha reiterado su enérgica condena ante un tratamiento que consideran «monstruoso, indigno, inhumano». El ministro, José Manuel Albares, señaló hoy que espera que la Unión Europea imponga sanciones contra ministros y colonos israelíes tras ver «la brutalidad» empleada contra los activistas. «No podemos relacionarnos con Israel como con Noruega o Islandia», señaló con anterioridad en una entrevista en TVE.

La entrada Cuatro activistas españoles secuestrados por Israel necesitaron atención médica se publicó primero en lamarea.com.

Los barcos de la coalición humanitaria, incluidos los de la Global Sumud Flotilla, fueron atacados ayer por el Ejército israelí. El asalto, en el que los militares hebreos embistieron y abrieron fuego contra las embarcaciones, se saldó con el secuestro de la mayoría de los integrantes de la misión humanitaria, que ha quedado prácticamente desmantelada: hasta 428 civiles desarmados fueron detenidos ilegalmente. Entre ellos, 87 han iniciado una huelga de hambre.

Los activistas arrestados fueron conducidos al puerto de Ashdod, pero las autoridades israelíes no permitieron que fueran visitados por el personal consular. Sí dejaron que recibieran asistencia por parte de las abogadas de Adalah, una ONG de derechos humanos y servicios jurídicos para la minoría árabe de Israel. Desde Ashdod, los secuestrados serán conducidos a la prisión de Ketziot, donde, en principio, el consulado español sí podrá ponerse en contacto con ellos e informar a sus familias.

A pesar de que las autoridades israelíes pretenden vincular a los tripulantes de la flotilla con Hamás, el objetivo de los activistas fue siempre de carácter estrictamente solidario: desde hace meses pretenden romper el bloqueo israelí de la Franja de Gaza (donde han asesinado a más de 72.700 personas) y abrir un corredor humanitario.

Asalto supervisado por Netanyahu

El primer ministro, Benjamín Netanyahu, y los miembros de su gabinete dirigieron personalmente el asalto de las embarcaciones de la flotilla desde la sala de operaciones de la Marina israelí. Los activistas, por su parte, lograron retransmitir el asalto en directo a través de Internet. En sus vídeos se pudo observar cómo soldados armados abordaban el Sirius; su tripulación, vestida con chalecos salvavidas, los esperó con las manos en alto y sin oponer resistencia. Antes, los militares crearon olas artificiales, lanzaron agua a presión y chocaron deliberadamente contra el barco. Israel, por su parte, niega haber abierto fuego, al menos con munición real y dirigida directamente contra los integrantes de la flotilla.

El Sirius consiguió acercarse a 80 millas náuticas de distancia de la costa de Gaza antes de ser atacado. Cabe señalar que las aguas territoriales de Israel miden 12 millas náuticas, distancia que en cualquier caso no afecta a la costa palestina de Gaza: carece de jurisdicción allí según el derecho internacional.

El activista hispanopalestino Saif Abukeshek vivió una experiencia similar recientemente: fue secuestrado en alta mar por Israel y estuvo encarcelado durante 10 días antes de su deportación. Ayer habló en el Parlamento europeo y criticó la connivencia de Bruselas en el desmantelamiento de la misión humanitaria: «Lo que es triste es que la Unión Europea, con tantos países, lo tolera. Está viendo lo que hace Israel y, además, le otorga privilegios como el acuerdo de asociación».

En la misma línea se expresó la Global Sumud Flotilla en un comunicado: «La impunidad no es una condición permanente; es posibilitada y reforzada por estructuras de poder coloniales que deben ser desmanteladas».

Los 87 activistas que han empezado una huelga de hambre lo hacen en protesta por su secuestro ilegal «y en solidaridad con los más de 9.500 rehenes palestinos retenidos en prisiones israelíes».

El ministro Ben Gvir humilla a los secuestrados

Después del desembarco de los secuestrados, el ministro ultraderechista Itamar Ben Gvir ha publicado un vídeo en el que se le ve humillando a los activistas de la flotilla. Las imágenes han provocado la respuesta enérgica del Ministerio de Asuntos Exteriores español. «Ese tratamiento es monstruoso, es indigno, es inhumano. Exijo disculpas públicas a Israel», declaró el ministro José Manuel Albares cuando el vídeo salió a la luz. Entre las personas que soportan las chanzas del ministro israelí, maniatadas y con la cabeza en el suelo, hay decenas de españoles. Francia e Italia también han llamado a consultas a los embajadores de Israel en sus respectivos países por un trato que, en palabras de Albares, es «absolutamente abominable e inaceptable».

Hasta el embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee, uno de los políticos trumpistas más radicales, fundamentalista protestante y partidario del Gran Israel, se ha escandalizado con las imágenes. «Ben Gvir ha traicionado la dignidad de su nación», ha escrito en X.

Actualización: 20.30 horas.

La entrada Israel frena la misión de la flotilla secuestrando a más de 400 activistas se publicó primero en lamarea.com.