Una isla cultural en mitad de la Hoya de Huesca. Eso es lo que ha tratado de construir el actor, director teatral y dramaturgo Alberto Castrillo-Ferrer con el festival de teatro Manhattan Fest en Murillo de Gállego. Una localidad zaragozana de poco más de un centenar de habitantes donde se enraíza su historia familiar, y a donde ha decidido volver tras desarrollar su carrera profesional en diversas ciudades, estudiar en l’École International de Mimodrame Marcel Marceau (París) y en la RESAD de Madrid, y recibir el Premio MAX al Mejor Espectáculo de Teatro Musical, entre otros galardones. “Es mi casa”, dice despacio, con una calma contagiosa. Por eso, es justo ahí donde ha decidido construir también un proyecto de vida que le permita desarrollar su profesión y llevar el teatro a una población a la que, hasta hace seis años, le resultaba algo ajeno.  

¿Cómo nace la idea de crear un festival como el Manhattan Fest en 2020, en plena época de pandemia?

La idea es más antigua porque esta es la casa de mi familia, y Murillo de Gállego es el pueblo al que iba de niño, donde después trabajé como guía de montaña antes de irme a estudiar fuera. Es un lugar que para mí… es mi lugar, mi punto de referencia. Después me fui a estudiar a Francia, a Madrid, hice mi vida y me fui dando cuenta de que en las ciudades es muy difícil ensayar. En Francia estuve en residencias de amigos que tenían granjas donde trabajaban y vivían, y esa idea me rondaba siempre la cabeza. Tener un sitio que fuera casa y trabajo, y pensé en unir esta idea a un festival.

También es un pueblo donde ya hay público natural en verano, porque hay turismo de deportes y escalada, además de los propios vecinos del pueblo y comarca. La casualidad quiso que lo hablara con Víctor López Carvajal, antiguo director del Teatro Principal de Zaragoza y entonces productor de mis espectáculos, uno o dos días antes de que nos confinaran. Aun así quisimos continuar e hicimos un primer año con las restricciones propias de pandemia pero que, dentro de esa situación, tuvo muy buena acogida. Recuerdo que yo iba llamando casi casa por casa contándoles cuáles eran sus asientos; también en los grupos de Whatsapp del pueblo. Fue un esfuerzo muy bonito que creo que todo el mundo agradeció. El mundo del teatro para esos momentos tan duros. Luego, lamentablemente, mucha gente se olvida de ti.

¿Y cómo ha evolucionado desde los inicios hasta hoy, seis años después?

En 2021 lo celebramos con mejores condiciones aunque todavía con restricciones; en 2022 ya completamente bien. Y en 2023 recibimos ayudas y fue cuando el festival cogió mucho vuelo, pero también es verdad que cada año había pérdidas que asumía y asumo yo. El año pasado decidimos dejar de lado la música, el cine y otras actividades culturales que incluíamos en la programación, y centrarnos exclusivamente en el teatro porque es lo que dominamos. También porque casi no hay festivales de teatro como lo entendemos, ese que te emociona, que te llega, que tiene otro ritmo… Ese teatro es una especie que, quizá no está en extinción, pero desde luego es una especie a proteger.

¿Qué perfil de público tiene? 

El otro día tuvimos un lleno de 100 personas, pero solo un 40% eran del pueblo. Hay un grupo muy fijo de autóctonos que nos apoyan. Pero sobre todo empieza a moverse en la comarca (Huesca, Zaragoza) y luego gente que viene de fuera.

¿Qué cree que busca la gente en este festival? 

Depende del público. Tenemos a gente fija del pueblo que siempre vienen como, por ejemplo, una pareja con hijos. Ellos vienen a todo porque lo que buscan es una cultura a la que generalmente no tienen acceso fácil. Por otro lado, los veraneantes que a lo mejor viven en Barcelona, Zaragoza, Huesca… buscan la experiencia. Pues nos vamos a este pueblo, hacemos un rafting por la mañana, nos alojamos en un albergue rural y, por la tarde, acudimos al festival que además está en un anfiteatro al aire libre, con un panorama impresionante, con la torre, con la iglesia al fondo, con las estrellas. Aunque decía Federico Luppi que al cine entras y al teatro vas. El teatro implica una decisión previa: lo miras antes, te informas, lo has reservado o has estudiado un poco de qué va la cosa. Creo que quien asiste es porque ha decidido que lo hará, no solo porque se lo encuentre.

Con la programación, ¿busca descubrir nombres nuevos o traer a grandes artistas reconocidos?

Aspiro a traer obras que puedan despertar emociones, desde la risa, el dolor, el asombro… Eso es el teatro. Quiero que la gente descubra que hay otro tipo de teatro que no es el de los famosos y que no es el de los musicales. En la programación, que preparo con Blanca Carvajal, estamos trayendo a todo tipo de compañías: pequeñas, algunas con gran solera y arraigo, y otras que empiezan a hacer muy poquito, pero que lo suyo es de calidad. Y con algunas hago intercambios de funciones, como con Teatro de Ábrego; ellos hacen su función aquí y yo voy a Ábrego. Estoy defendiendo la pequeña compañía, esas que encima del escenario son príncipes y luego tienen que cargar y descargar su propia furgoneta. También eso es bonito.

El Manhattan Fest celebra este año su séptima edición. ¿Considera que se ha convertido en un festival de referencia o de culto?

Si el año que viene no lo hago, nadie va a venir a preguntarme por él. Bueno, quizá algunos. No sé si puedo decir que el festival está consolidado pero creo que sí está respetado como festival de calidad. Es muy difícil consolidar nada porque vas a concurrencia competitiva todos los años, y que te den subvenciones, a veces, parece que depende de que estén de acuerdo contigo. Yo, por ejemplo, me siento vetado por el Ayuntamiento de Zaragoza; no me dan ayudas ni me programan en la ciudad, y creo que es porque tengo una columna en la SER donde escribo mi opinión. En la cultura dependemos de los políticos de turno… ¿Qué me gustaría que fuera el Manhattan Fest? Mi referente es la Royal Shakespeare Company y su teatro en Stratford-upon-Avon, pero claro, es el pueblecito de Shakespeare, el mejor dramaturgo del mundo. Y está muy apoyado de forma pública y privada.

¿El Manhattan Fest recibe apoyos?

Aún no han resuelto algunas subvenciones y este año todavía no sé si voy a poder cubrir gastos o voy a perder dinero otra vez, como casi todos los años. En las últimas ediciones, hemos recibido ayudas del Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza, de la Comarca, de la Fundación Caja Rural… Pero nunca sabes si te lo van a dar o no y así es muy difícil hacer un proyecto a largo plazo. El Ayuntamiento de Murillo de Gállego, por ejemplo, nos ayudaba y ya no. Llegará el día en que me canse de arriesgar y de estar con el corazón en un puño todo el verano. Es una pena que las ayudas no puedan plantearse para sostener proyectos a medio plazo porque se harían cosas mucho mejores.

Comenta que no es un proyecto rentable económicamente hablando. ¿Cuál es entonces su objetivo con el festival?

Yo soy muy ambicioso precisamente porque no es dinero lo que quiero. La gente con ese dinero lo que quiere es gastar el dinero en ser querido, en amistades, en generar momentos felices y de plenitud… Yo intento evitarme ese paso intermedio del dinero y lo que quiero es ser querido, ser reconocido por la profesión, por los amigos, traer a gente que disfrute de esta casa. Tengo una ambición de felicidad. Luego, bajándolo a tierra, el Manhattan Fest me aporta visibilidad, reconocimiento, experiencia, currículum y luego que aprendo mucho de otras compañías. Me ha empujado a crear esta casa de ensayos en la que, probablemente, en agosto ensayemos una obra, o recibamos a otras compañías en invierno. El hacer siempre te devuelve cosas. Hay que apartar un poco la vista de que lo más importante es ganar dinero, porque es falso, de verdad. A veces hay que parar y mirar alrededor. En la pandemia lo vimos; y cuando la gente tiene tiempo de pensar, lo dice, lo nota. Este festival me da eso, ese momento de espiritualidad, de paz e incluso contra estos gigantes económicos. A pequeña escala, claro, como un mini Quijote (risas).

¿Cómo se recibe esto de que venga gente de fuera? 

No estamos muy acostumbrados. Pero, a veces, pasa como en Estados Unidos, que los que más protestan no son de allí y sus padres llegaron en los años 80. Aquí pasa también. Y es como ‘oye, perdona, en este pueblo te acogieron y no pasó nada’. De todas formas, es un pueblo que ha tenido siempre una carretera, por lo que siempre ha estado acostumbrado a recibir viajeros, también por el tema del turismo de aventura. En mi caso, yo soy del pueblo desde hace muchas generaciones –he encontrado un documento del año 1.000–. Y en los pueblos, que conozcan a tu familia es importante. Tú pagas lo que han hecho tus antepasados, y yo he notado mucho respeto, por ser parte de una familia muy normal, modesta pero recta. También por traer teatro, que parece que le da una categoría al pueblo y es una actividad cultural bien vista. Otra cosa es que no vengan al teatro (risas) pero yo sé que fuera se presume. 

Por cierto, ¿por qué el nombre de ‘Manhattan Fest’?

Quería un festival que no fuera lo que ya hacen otros, y hacen muy bien. No quería una orquesta local y a Leticia Sabater, ni siquiera a famosetes que hacen sus pinitos. Entonces pensé en un nombre que nos llevara a pensar en todo lo contrario a un pueblo, y que pueda ofrecer espectáculos que se puedan ver en cualquier sitio del mundo, en París, en Madrid o en Nueva Orleans. Y me vino a la cabeza Manhattan. Al buscar el nombre, vi que significa isla entre colinas. Y digo pues es lo que tenemos: una isla cultural entre los promontorios de Los Mallos de Riglos.

Hablar de ‘isla cultural’ me lleva a pensar en un espacio aislado y al concepto de La España Vaciada. ¿Puede ser la cultura una herramienta contra la despoblación?

Esa es una pequeña lucha que tengo. Existen unas ayudas que vienen de vertebración del territorio, y las dan para programaciones culturales en invierno pero no permiten que haya venta de entradas. Y no las he pedido porque creo que te impide educar a la gente, y contarles que el teatro es trabajo y cuesta un dinero, como puede costar cualquier otra actividad. Entonces si en invierno organizo algo gratis, ¿luego cómo les voy a decir que el teatro se paga? Además, creo que es una visión paternalista de la gente del rural, como de pobrecitos, con la idea de organizarles algo, lo que sea, y limpiar la conciencia. No, señor; no traigan cualquier cosa, ofrezcan algo bueno, de calidad. A los políticos se les llena la boca con lo de luchar contra la despoblación, pero creo que merece mucha reflexión porque se está pensando desde los despachos. No se dan cuenta de que, muchas veces, se infantiliza o hiperprotege al público rural. Llévales algo bueno, que puedan ver en cualquier gran ciudad, y que paguen como todo el mundo.

Como ayudante de dirección junto a Javier Fesser, han creado el corto‘Más suerte que Zelenski’, donde imaginan un futuro mejor –con una portada de La Marea– que precisamente vuelve un poco a las costumbres típicas de los pueblos, de botijo y vida analógica. 

Sí, pensé “hay sacar a La Marea porque es la que va a aguantar en el futuro” (risas). Yo principalmente soy freelance, quiero decir, soy actor, director y, de vez en cuando, hago alguna adaptación, dramaturgia o, en este caso, le eché una mano a Javier (Fesser), que tuvo la generosidad de ponerme de ayudante de dirección. Con el corto, que hicimos por una propuesta de Greenpeace, quisimos darle una vuelta a las distopías. Pensamos: ¿y si tanta distopía pesimista está dando pie a que efectivamente suceda? Por eso, lo llevamos a una idea de un futuro mejor, una utopía bonita. ¿Y cómo? Pues imaginando que la naturaleza se carga a los cuatro hijos de puta que todos tenemos en la cabeza. Ahora, habrá que currárselo por si acaso la naturaleza no nos ayuda (risas) y pensar que, quizá, el mejor futuro es donde volvemos a usar el botijo, dejamos las prisas y paramos de comprar todo desde casa para hablar con la tendera. Ojalá ese futuro llegue a cumplirse.

Actualización 27/07/2026

La entrada Alberto Castrillo-Ferrer (Manhattan Fest): “Se infantiliza e hiperprotege al público rural” se publicó primero en lamarea.com.

Una isla cultural en mitad de la Hoya de Huesca. Eso es lo que ha tratado de construir el actor, director teatral y dramaturgo Alberto Castrillo-Ferrer con el festival de teatro Manhattan Fest en Murillo de Gállego. Una localidad zaragozana de poco más de un centenar de habitantes donde se enraíza su historia familiar, y a donde ha decidido volver tras desarrollar su carrera profesional en diversas ciudades, estudiar en l’École International de Mimodrame Marcel Marceau (París) y en la RESAD de Madrid, y recibir el Premio MAX al Mejor Espectáculo de Teatro Musical, entre otros galardones. “Es mi casa”, dice despacio, con una calma contagiosa. Por eso, es justo ahí donde ha decidido construir también un proyecto de vida que le permita desarrollar su profesión y llevar el teatro a una población a la que, hasta hace seis años, le resultaba algo ajeno.  

¿Cómo nace la idea de crear un festival como el Manhattan Fest en 2020, en plena época de pandemia?

La idea es más antigua porque esta es la casa de mi familia, y Murillo de Gállego es el pueblo al que iba de niño, donde después trabajé como guía de montaña antes de irme a estudiar fuera. Es un lugar que para mí… es mi lugar, mi punto de referencia. Después me fui a estudiar a Francia, a Madrid, hice mi vida y me fui dando cuenta de que en las ciudades es muy difícil ensayar. En Francia estuve en residencias de amigos que tenían granjas donde trabajaban y vivían, y esa idea me rondaba siempre la cabeza. Tener un sitio que fuera casa y trabajo, y pensé en unir esta idea a un festival.

También es un pueblo donde ya hay público natural en verano, porque hay turismo de deportes y escalada, además de los propios vecinos del pueblo y comarca. La casualidad quiso que lo hablara con Víctor López Carvajal, antiguo director del Teatro Principal de Zaragoza y entonces productor de mis espectáculos, uno o dos días antes de que nos confinaran. Aun así quisimos continuar e hicimos un primer año con las restricciones propias de pandemia pero que, dentro de esa situación, tuvo muy buena acogida. Recuerdo que yo iba llamando casi casa por casa contándoles cuáles eran sus asientos; también en los grupos de Whatsapp del pueblo. Fue un esfuerzo muy bonito que creo que todo el mundo agradeció. El mundo del teatro para esos momentos tan duros. Luego, lamentablemente, mucha gente se olvida de ti.

¿Y cómo ha evolucionado desde los inicios hasta hoy, seis años después?

En 2021 lo celebramos con mejores condiciones aunque todavía con restricciones; en 2022 ya completamente bien. Y en 2023 recibimos ayudas y fue cuando el festival cogió mucho vuelo, pero también es verdad que cada año había pérdidas que asumía y asumo yo. El año pasado decidimos dejar de lado la música, el cine y otras actividades culturales que incluíamos en la programación, y centrarnos exclusivamente en el teatro porque es lo que dominamos. También porque casi no hay festivales de teatro como lo entendemos, ese que te emociona, que te llega, que tiene otro ritmo… Ese teatro es una especie que, quizá no está en extinción, pero desde luego es una especie a proteger.

¿Qué perfil de público tiene? 

El otro día tuvimos un lleno de 100 personas, pero solo un 40% eran del pueblo. Hay un grupo muy fijo de autóctonos que nos apoyan. Pero sobre todo empieza a moverse en la comarca (Huesca, Zaragoza) y luego gente que viene de fuera.

¿Qué cree que busca la gente en este festival? 

Depende del público. Tenemos a gente fija del pueblo que siempre vienen como, por ejemplo, una pareja con hijos. Ellos vienen a todo porque lo que buscan es una cultura a la que generalmente no tienen acceso fácil. Por otro lado, los veraneantes que a lo mejor viven en Barcelona, Zaragoza, Huesca… buscan la experiencia. Pues nos vamos a este pueblo, hacemos un rafting por la mañana, nos alojamos en un albergue rural y, por la tarde, acudimos al festival que además está en un anfiteatro al aire libre, con un panorama impresionante, con la torre, con la iglesia al fondo, con las estrellas. Aunque decía Federico Luppi que al cine entras y al teatro vas. El teatro implica una decisión previa: lo miras antes, te informas, lo has reservado o has estudiado un poco de qué va la cosa. Creo que quien asiste es porque ha decidido que lo hará, no solo porque se lo encuentre.

Con la programación, ¿busca descubrir nombres nuevos o traer a grandes artistas reconocidos?

Aspiro a traer obras que puedan despertar emociones, desde la risa, el dolor, el asombro… Eso es el teatro. Quiero que la gente descubra que hay otro tipo de teatro que no es el de los famosos y que no es el de los musicales. En la programación, que preparo con Blanca Carvajal, estamos trayendo a todo tipo de compañías: pequeñas, algunas con gran solera y arraigo, y otras que empiezan a hacer muy poquito, pero que lo suyo es de calidad. Y con algunas hago intercambios de funciones, como con Teatro de Ábrego; ellos hacen su función aquí y yo voy a Ábrego. Estoy defendiendo la pequeña compañía, esas que encima del escenario son príncipes y luego tienen que cargar y descargar su propia furgoneta. También eso es bonito.

El Manhattan Fest celebra este año su séptima edición. ¿Considera que se ha convertido en un festival de referencia o de culto?

Si el año que viene no lo hago, nadie va a venir a preguntarme por él. Bueno, quizá algunos. No sé si puedo decir que el festival está consolidado pero creo que sí está respetado como festival de calidad. Es muy difícil consolidar nada porque vas a concurrencia competitiva todos los años, y que te den subvenciones, a veces, parece que depende de que estén de acuerdo contigo. Yo, por ejemplo, me siento vetado por el Ayuntamiento de Zaragoza; no me dan ayudas ni me programan en la ciudad, y creo que es porque tengo una columna en la SER donde escribo mi opinión. En la cultura dependemos de los políticos de turno… ¿Qué me gustaría que fuera el Manhattan Fest? Mi referente es la Royal Shakespeare Company y su teatro en Stratford-upon-Avon, pero claro, es el pueblecito de Shakespeare, el mejor dramaturgo del mundo. Y está muy apoyado de forma pública y privada.

¿El Manhattan Fest recibe apoyos?

Aún no han resuelto algunas subvenciones y este año todavía no sé si voy a poder cubrir gastos o voy a perder dinero otra vez, como casi todos los años. En las últimas ediciones, hemos recibido ayudas del Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial de Zaragoza, de la Comarca, de la Fundación Caja Rural… Pero nunca sabes si te lo van a dar o no y así es muy difícil hacer un proyecto a largo plazo. El Ayuntamiento de Murillo de Gállego, por ejemplo, nos ayudaba y ya no. Llegará el día en que me canse de arriesgar y de estar con el corazón en un puño todo el verano. Es una pena que las ayudas no puedan plantearse para sostener proyectos a medio plazo porque se harían cosas mucho mejores.

Comenta que no es un proyecto rentable económicamente hablando. ¿Cuál es entonces su objetivo con el festival?

Yo soy muy ambicioso precisamente porque no es dinero lo que quiero. La gente con ese dinero lo que quiere es gastar el dinero en ser querido, en amistades, en generar momentos felices y de plenitud… Yo intento evitarme ese paso intermedio del dinero y lo que quiero es ser querido, ser reconocido por la profesión, por los amigos, traer a gente que disfrute de esta casa. Tengo una ambición de felicidad. Luego, bajándolo a tierra, el Manhattan Fest me aporta visibilidad, reconocimiento, experiencia, currículum y luego que aprendo mucho de otras compañías. Me ha empujado a crear esta casa de ensayos en la que, probablemente, en agosto ensayemos una obra, o recibamos a otras compañías en invierno. El hacer siempre te devuelve cosas. Hay que apartar un poco la vista de que lo más importante es ganar dinero, porque es falso, de verdad. A veces hay que parar y mirar alrededor. En la pandemia lo vimos; y cuando la gente tiene tiempo de pensar, lo dice, lo nota. Este festival me da eso, ese momento de espiritualidad, de paz e incluso contra estos gigantes económicos. A pequeña escala, claro, como un mini Quijote (risas).

¿Cómo se recibe esto de que venga gente de fuera? 

No estamos muy acostumbrados. Pero, a veces, pasa como en Estados Unidos, que los que más protestan no son de allí y sus padres llegaron en los años 80. Aquí pasa también. Y es como ‘oye, perdona, en este pueblo te acogieron y no pasó nada’. De todas formas, es un pueblo que ha tenido siempre una carretera, por lo que siempre ha estado acostumbrado a recibir viajeros, también por el tema del turismo de aventura. En mi caso, yo soy del pueblo desde hace muchas generaciones –he encontrado un documento del año 1.000–. Y en los pueblos, que conozcan a tu familia es importante. Tú pagas lo que han hecho tus antepasados, y yo he notado mucho respeto, por ser parte de una familia muy normal, modesta pero recta. También por traer teatro, que parece que le da una categoría al pueblo y es una actividad cultural bien vista. Otra cosa es que no vengan al teatro (risas) pero yo sé que fuera se presume. 

Por cierto, ¿por qué el nombre de ‘Manhattan Fest’?

Quería un festival que no fuera lo que ya hacen otros, y hacen muy bien. No quería una orquesta local y a Leticia Sabater, ni siquiera a famosetes que hacen sus pinitos. Entonces pensé en un nombre que nos llevara a pensar en todo lo contrario a un pueblo, y que pueda ofrecer espectáculos que se puedan ver en cualquier sitio del mundo, en París, en Madrid o en Nueva Orleans. Y me vino a la cabeza Manhattan. Al buscar el nombre, vi que significa isla entre colinas. Y digo pues es lo que tenemos: una isla cultural entre los promontorios de Los Mallos de Riglos.

Hablar de ‘isla cultural’ me lleva a pensar en un espacio aislado y al concepto de La España Vaciada. ¿Puede ser la cultura una herramienta contra la despoblación?

Esa es una pequeña lucha que tengo. Existen unas ayudas que vienen de vertebración del territorio, y las dan para programaciones culturales en invierno pero no permiten que haya venta de entradas. Y no las he pedido porque creo que te impide educar a la gente, y contarles que el teatro es trabajo y cuesta un dinero, como puede costar cualquier otra actividad. Entonces si en invierno organizo algo gratis, ¿luego cómo les voy a decir que el teatro se paga? Además, creo que es una visión paternalista de la gente del rural, como de pobrecitos, con la idea de organizarles algo, lo que sea, y limpiar la conciencia. No, señor; no traigan cualquier cosa, ofrezcan algo bueno, de calidad. A los políticos se les llena la boca con lo de luchar contra la despoblación, pero creo que merece mucha reflexión porque se está pensando desde los despachos. No se dan cuenta de que, muchas veces, se infantiliza o hiperprotege al público rural. Llévales algo bueno, que puedan ver en cualquier gran ciudad, y que paguen como todo el mundo.

Como ayudante de dirección junto a Javier Fesser, han creado el corto‘Más suerte que Zelenski’, donde imaginan un futuro mejor –con una portada de La Marea– que precisamente vuelve un poco a las costumbres típicas de los pueblos, de botijo y vida analógica. 

Sí, pensé “hay sacar a La Marea porque es la que va a aguantar en el futuro” (risas). Yo principalmente soy freelance, quiero decir, soy actor, director y, de vez en cuando, hago alguna adaptación, dramaturgia o, en este caso, le eché una mano a Javier (Fesser), que tuvo la generosidad de ponerme de ayudante de dirección. Con el corto, que hicimos por una propuesta de Greenpeace, quisimos darle una vuelta a las distopías. Pensamos: ¿y si tanta distopía pesimista está dando pie a que efectivamente suceda? Por eso, lo llevamos a una idea de un futuro mejor, una utopía bonita. ¿Y cómo? Pues imaginando que la naturaleza se carga a los cuatro hijos de puta que todos tenemos en la cabeza. Ahora, habrá que currárselo por si acaso la naturaleza no nos ayuda (risas) y pensar que, quizá, el mejor futuro es donde volvemos a usar el botijo, dejamos las prisas y paramos de comprar todo desde casa para hablar con la tendera. Ojalá ese futuro llegue a cumplirse.

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“Preservar los recuerdos palestinos y todas sus formas artísticas, ya que eso significa mantener viva nuestra identidad cultural”. Esa es la máxima con la que el artista y músico Mo’min Swaitat creó Palestinian Sound Archive, un archivo con más de 10.000 discos que busca conservar la cultura palestina ante el borrado que está sufriendo por parte del Estado de Israel.

La idea, según cuenta a La Marea, surgió tras su vuelta de Londres a Palestina en 2020. Él se encontraba en la capital británica para estudiar mimo y teatro físico, pero en febrero de ese año regresó a su país para empezar un proyecto sobre Juliano Khamis, un actor y figura clave del teatro palestino que fue asesinado el 4 de abril de 2011. Los planes, obviamente, se trastocaron cuando llegó la pandemia y se cerraron las fronteras. Fue entonces cuando se convirtió en archivero.

Antes ya lo había sido, pero esta circunstancia hizo que lo tomara más en serio. “Empecé a pensar en mi amigo Tariq, que tenía una tienda de casetes a la que solía ir de niño en el campo de refugiados de Jenin, donde vivía la familia de mi madre. Me preguntaba si seguiría por allí y, de ser así, si aún conservaría alguna cinta”, explica tras su paso por la sala Clamores de Madrid el pasado junio.

Cuando consiguió localizarlo, Tariq lo llevó a la tienda para que viera su colección. “Sabía que había encontrado algo realmente especial”, cuenta Mo’min Swaitat. Y añade: “Muchos de los álbumes eran bandas sonoras de la Primera y la Segunda Intifada, los levantamientos que habían marcado (y siguen marcando) nuestras vidas como palestinos”.

Acabar con la memoria y la narrativa palestinas

Desde entonces, Mo’min Swaitat comenzó a coleccionar toda esa memoria cultural palestina para que no sea borrada. Porque, como comenta, tanto la identidad cultural como la comunicación palestinas han sido objeto de “ataques deliberados por parte de las organizaciones sionistas». «No solo en la Palestina histórica ocupada, sino también en el mundo occidental –prosigue–. Los israelíes han atacado el sistema nervioso palestino mediante la instauración del terrorismo en toda la sociedad. Algo que llevan haciendo más de 100 años”.

¿Y por qué hacerlo a través de la música? Porque proviene de una larga estirpe de músicos beduinos palestinos. “Toda la parte más hermosa de mis recuerdos personales y del archivo de mi infancia en Jenin proviene de asistir a conciertos y bodas con mi familia y mis parientes, ya que todos ellos son músicos. Recuerdo una grabación familiar en la que yo estaba presente cuando se hizo. Esa cinta me ayudó a desbloquear recuerdos que siempre me ha encantado volver a rememorar. Lo que yo llamo la parte bonita de mi archivo”, dice.

Aparte de esa, también tiene otra memoria y archivos que están llenos “de escenas miserables vividas bajo el yugo del Estado militar colonialista». «Es decir, llenos de asesinatos, detenciones, palizas y una libertad de elección y de movimiento limitada, por lo que no ha sido agradable recordar todo esto después de mudarme a Londres. Todo ello, ligado a mi infancia en Palestina, en Cisjordania, concretamente en el campo de Jenin”, cuenta.

Mantener viva la identidad palestina

Todos los pueblos deben tener derecho a acceder a sus recuerdos. A ellos y a todas las formas artísticas que mantienen viva su identidad cultural. Sin embargo, algo que parece tan obvio, a los palestinos se les está negando. Como denuncia Mo’min Swaitat, la violencia israelí, entre muchas otras facetas, ha atacado a la propiedad intelectual y a los derechos de autores de las obras de arte palestinas.

“Hay obras que fueron robadas por los israelíes y que se han ocultado bajo el título de ‘archivo militar israelí’. Los únicos que tienen acceso a ella son los artistas israelíes, que a menudo las exponen sin el consentimiento de los artistas originales, los artistas palestinos. Creo que preservar la narrativa palestina no es una contranarrativa, sino la narrativa original”, cuenta.

Y añade: “El sionismo ha intentado destruir nuestra identidad cultural, deteniendo y asesinando a artistas e impidiéndonos acceder a nuestra música, nuestro cine, nuestra fotografía, nuestra pintura y mucho más. Una de las cosas de vivir bajo un Estado colonial militarista es que ha habido una urgencia por comunicar nuestra lucha, nuestras vidas, nuestros sueños y esperanzas, nuestro dolor y nuestra alegría, nuestros amores y pérdidas, a través de la música y la palabra hablada, en bodas y funerales”. 

Un archivo palestino vivo

Junto a Mo’min Swaitat hay un pequeño equipo que se encarga de digitalizar toda la música. Una idea que busca no solo que esta esté disponible online, sino también crear “un archivo palestino vivo para que la gente pueda tener el objeto físico, los álbumes, en sus propios hogares”.

Un acercamiento que también sucede en sus conciertos. Como el que ofreció hace unos días en Madrid. Espectáculos y sesiones que, según explica, ayudan a la gente a comprender mejor la realidad de Palestina gracias a la música y al proyecto ligado al archivo: “Estamos dando a conocer este archivo en persona siempre que podemos, ya que sentimos la responsabilidad de contar nuestras propias historias”.

Y finaliza: “Mi sueño es llevar este archivo de vuelta a casa y crear nuestro propio espacio físico donde pueda perdurar, y donde los palestinos puedan acudir para interactuar con él y sumergirse en sus propios y hermosos recuerdos”.

La entrada Palestinian Sound Archive: música contra el borrado de la cultura palestina se publicó primero en lamarea.com.

Este artículo se publicó originalmente en La Marea 112. Puedes conseguir un ejemplar de la revista y suscribirte en nuestro kiosco.

Puede ser que los periodistas futboleros (hay unos cuantos) abusemos del balompié como metáfora o espejo de la actualidad. Pero es difícil resistirse ante un Mundial tan peculiar como el que se está celebrando en Estados Unidos, Canadá y México. En Alemania, antes del comienzo del torneo, había una gran incertidumbre alrededor del potencial de la selección tras una racha bastante mala. La tetracampeona del mundo se presentaba como el reflejo de una sociedad que atraviesa una crisis de confianza como nunca se había visto desde los años de la posguerra. La gran pregunta era: ¿puede Alemania competir todavía al más alto nivel o ha caído irremediablemente en la mediocridad?

Como es costumbre, en las semanas previas al torneo se emitían y publicaban todo tipo de documentales televisivos, artículos, libros o pódcasts recordando otros tiempos, especialmente el Mundial de 2006, celebrado en Alemania. Hace ya dos décadas. Aquel evento ha pasado a la memoria colectiva como el «Sommermärchen» (‘cuento de verano’). Igual que la actual, la joven selección entrenada entonces por Jürgen Klinsmann despertaba dudas sobre su competitividad, pero pronto conquistó los corazones incluso de gente no adicta al balompié. Llegó hasta la semifinal. Y lo más importante, el país mostró su lado más amable. Aquellas cuatro semanas fueron una fiesta de la que disfrutaron cientos de miles de visitantes de todo el mundo. Hasta el tiempo acompañaba. La sociedad alemana estaba tan sorprendida como orgullosa de haber sido una gran anfitriona, desmintiendo así la imagen más bien sobria y fría del país. Todo el mundo recuerda cómo las calles se llenaron de banderas alemanas. Por primera vez, la gente exponía el negro, el rojo y el dorado sin el complejo de recordar el pasado más oscuro. Años antes, cuando celebramos en el centro de Düsseldorf la victoria alemana en el Mundial de 1990, alguna gente nos increpaba por llevar la bandera y la camiseta de la selección. Pero en aquel verano de 2006, Alemania era un país feliz.

Veinte años después no queda nada de ese espíritu alegre, ligero y de brazos abiertos al mundo. Ha resurgido el nacionalismo racista con el auge de Alternativa para Alemania, que encabeza las encuestas desde hace meses. La crisis es palpable y va más allá de la economía. La recesión no es algo coyuntural. Se habla de un fin del modelo de negocio. La potente industria dependía más de lo que se admitía de la importación de gas natural barato desde Rusia. El principal cliente era China, donde empresas como Volkswagen obtenían buena parte de sus beneficios. Hoy, las empresas chinas no solo compiten con las alemanas, sino que las superan en muchos ámbitos tecnológicos, especialmente en los coches eléctricos y la energía solar. La economía alemana tiene que reinventarse en muchos aspectos.

Las reformas no llegan. La sociedad asiste a una parálisis de gobierno. Si los problemas internos acabaron con la coalición entre socialdemócratas, verdes y liberales encabezada por Olaf Scholz, el primer año del actual gobierno entre democristianos y socialdemócratas ha decepcionado incluso más si cabe. Según una encuesta realizada por Ipsos a principios de año, un 64% de los alemanes desconfía del canciller Friedrich Merz. Un 35% no cree que la economía alemana pueda recuperar la competitividad perdida frente a un 29% que sí lo cree (el resto no sabe o no contesta). Otro sondeo del diario conservador Frankfurter Allgemeine Zeitung entre empresarios dice que el 57% no alberga ninguna esperanza de que las reformas se produzcan con el actual gobierno de coalición.

El propio canciller no contribuyó precisamente a tranquilizar a la opinión pública sobre el futuro cuando, por ejemplo, reprendió a los alemanes y alemanas señalando que deberían trabajar más, a la vez que denunciaba un «lifestyle centrado en trabajar a tiempo parcial». Tras un aluvión de críticas, Merz últimamente intenta levantar los ánimos para salir del túnel. «Podemos conseguirlo si estamos juntos y empezamos a creer un poco más en nosotros mismos», aseguraba a principios de junio.

El estado de angustia social también tiene que ver con la escena internacional, un mundo que ha cambiado radicalmente en los últimos años, y no solo en el plano tecnológico. Antes de la invasión rusa de Ucrania el régimen de Vladímir Putin era, por lo menos, un aliado útil para Berlín en cuanto a proveedor de energía, si bien nunca cesaron los recelos políticos. Ahora los admirados Estados Unidos también han dejado de ser el aliado fiable, el gran hermano protector. A muchos alemanes, sobre todo conservadores, se les ha caído el mito de la democracia liberal más antigua y sólida del mundo por las maniobras autoritarias de Donald Trump. Lo mismo vale para otro pilar de la política exterior de Alemania después del nazismo: la defensa a ultranza de Israel. Ante las barbaridades cometidas contra la población civil en Gaza, llámese genocidio o no, mucha gente en Alemania duda si se debe justificar todo con el pretexto del derecho a la autodefensa. Pero el establishment político y mediático en el país vigila con celo que las críticas a las atrocidades del gobierno de Benjamín Netanyahu no traspasen cierta línea roja. En Alemania, hoy en día es muy fácil que te tilden de antisemita por denunciar la masacre de Gaza. Finalmente, la resurrección del servicio militar y un nuevo plan de protección civil para casos de guerra han devuelto a la sociedad alemana a la época de la guerra fría.

En el Mundial, y a la vista de este ambiente lúgubre, un buen desempeño de la selección alemana, reflejo de una sociedad con muchos jugadores de origen migrante, habría ayudado a insuflar ánimos, aunque sólo fuera de forma efímera. No fue así: Alemania fue eliminada en los penaltis por Paraguay. Lejos queda el cuento de hadas de aquel verano de 2006.

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Al frente del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de la Universidad de Barcelona, la catedrática Noemí Pereda dirigió el primer estudio estatal con una muestra representativa tan amplia –más de 4.000 adolescentes y jóvenes de 14 a 17 años– y, además, con información proveniente de los propios niños, niñas y adolescentes de ahora, no de adultos que lo sufrieron en el pasado: un 17,8% reportaron haber sufrido algún tipo de victimización sexual a lo largo del último año

Desde su punto de vista, este tipo de muestra es fundamental para poder intervenir y actuar ahora, de manera inmediata, desde la prevención. Para ello, insiste en una herramienta fundamental: la educación afectivo-sexual como una asignatura obligatoria en todos los colegios: «Esto no va de que en una asignatura de 3º de la ESO sepan lo que es el pene y un embarazo. No. Esto va de consentimiento, va de los derechos que tienes sobre tu cuerpo, va de tu intimidad, va del respeto a los demás. Va de relaciones igualitarias».

¿Por qué es importante entender que no estamos ante casos puntuales, aislados? 

Es súper importante porque ni es algo puntual ni es el caso Epstein tampoco. Porque ahora estamos con esto como si esto fuera la realidad. No, la realidad de la violencia sexual contra la infancia y la adolescencia es intrafamiliar, es continua, es silenciada. No son estos casos mediáticos. Es que estoy preocupada con el caso Epstein porque últimamente veo que se está desviando todo hacia ahí.

¿Cómo lo podemos transmitir para que se entienda?

El problema es que en el día a día es mucho más sutil y más difícil de detectar porque muchas veces se esperan este tipo de casos extremos. Y no, no es así. Por eso cuesta tanto detectarlos. 

Pero estos casos extremos también ayudan a visibilizar, ¿no?

Claro, tienen que servir como desencadenante. Sobre el caso Epstein podemos pensar, ‘vale, a mí no me pasará porque yo no dejaré que mi hija se vaya con un señor’. Perfecto. Pero hay que saber que en el 80% de los casos las agresiones se cometen por algún familiar o conocido. O sea, el peligro no está fuera. Y este es un gran problema, porque la prevención tiene que venir de dentro. El niño tiene que saber cuáles son sus derechos, que puede decir que no,y, que si ocurre algo, tenga la confianza como para venir y contártelo, que haya esta comunicación fluida contigo. Y esto muy difícil porque, como digo, no es un señor extraño, desconocido, que va a venir y va a secuestrar a tu hijo.

Las cifras no han cambiado a lo largo de los años. Entre el 10% y el 20% de la población sufre agresiones sexuales en su infancia o adolescencia. 

Sí, es algo que se mantiene, que sorprende. Es alucinante. Los datos desde hace muchos años están estancados en este 10-20% y no salimos xde ahí. Probablemente tampoco hacemos mucho para salir de ahí. Porque salir de ahí supondría, en primer lugar, una educación afectivo-sexual universal desde etapas muy tempranas. Y esto no ocurre en la mayoría de países, no es solo en España.

¿Y cómo se incorpora esto en los colegios, por ejemplo?

Esto no va de que en una asignatura de 3º de la ESO sepan lo que es el pene y un embarazo. No. Esto va de consentimiento, va de los derechos que tienes sobre tu cuerpo, va de tu intimidad, va del respeto a los demás. Va de relaciones igualitarias. Es educación afectivo-sexual, no solo sexualidad biológica.

Además, lo importante de esta educación es que no solo evitas víctimas, sino que evitas también agresores, porque les estás enseñando y les estás diciendo «no, no, cuando una persona te dice que no, es un no, tienes que respetar”. Entonces, mientras no hagamos realmente un cambio social donde eduquemos a los niños en el respeto al otro, en el consentimiento, esa cifra del 10-20% va a seguir ahí porque son niños que crecen.

«Esto no va de que en una asignatura de 3º de la ESO sepan lo que es el pene y un embarazo. No. Esto va de consentimiento, va de los derechos que tienes sobre tu cuerpo, va de tu intimidad, va del respeto a los demás. Va de relaciones igualitarias. Es educación afectivo-sexual, no solo sexualidad biológica».

La muestra del estudio del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de la Universidad de Barcelona fue de más de 4.000 adolescentes y jóvenes de 14 a 17 años. Son niños, niñas y adolescentes de ahora, no adultos que lo sufrieron en el pasado. ¿En qué aspecto mejora este tipo de muestra el diagnostico?

En primer lugar, son chicos y chicas que pueden responder, éticamente se ha demostrado que tienen la capacidad de poder responder, obviamente, con su consentimiento informado, comprendiendo las preguntas. Son encuestas que están validadas en otros países, también en España. La cuestión es que tenemos que focalizarnos en los adolescentes de hoy porque es donde podemos intervenir de forma inmediata; de lo contrario, tendemos a pensar que es algo que pasaba en otras épocas. Cuando haces las encuestas con adultos, estás viendo lo que pasó hace 5, 10, 15, 20, 25, 30 años. 

A mí me apena mucho la última encuesta del Ministerio de Juventud e Infancia porque era una oportunidad enorme, con todo el poder que tiene, de hacerla con adolescentes escolarizados, mucho mayor que la que hicimos nosotros. Porque al final nosotros la hicimos en colaboración con “la Caixa”, con su financiación. Llegamos a más de 4.000 adolescentes, pero es cierto que somos una universidad, no somos el Ministerio de Juventud e Infancia. Entonces, yo sí que apelaría a que se asuma esta responsabilidad.

«Tenemos que focalizarnos en los adolescentes de hoy porque es donde podemos intervenir de forma inmediata; de lo contrario, tendemos a pensar que es algo que pasaba en otras épocas».

Hay países como Canadá y Estados Unidos, pero es que también Chile, para que nos situemos, que hacen esta encuesta cada dos años. Porque eso nos permitiría ver variaciones y decir ‘resulta que en Catalunya han implementado un programa y, fíjate, de hace dos años a hoy el porcentaje es más bajo’. Esto solo lo podemos ver si hacemos estudios con los adolescentes de hoy. Cuando lo hacemos con adultos ya sabemos lo que va a salir.

Pederastas: dejemos de mirar para otro lado

Ha aumentado mucho también la violencia entre iguales, entre los propios chicos y chicas.

Esta es una de las cuestiones que se veía en nuestro estudio. Ha subido y ha subido por esta negligencia respecto a la educación afectivo-sexual y el peso de la industria del porno. No es que los adolescentes vayan a buscar porno, es que la industria los va a buscar a ellos. El modelo que tienen es la pornografía, no hay un modelo educativo que contrarreste los mensajes distorsionados que da la pornografía. No estamos invirtiendo en prevención para nada. Tenemos juegos infantiles como Roblox donde hay enlaces a pornografía. ¿Por qué? Porque saben que lo van a ver niños y que le van a dar. Entonces, no vale con culpar a los adolescentes de ver pornografía, es que la industria los busca a ellos. Por eso hay que hacer actuaciones en políticas públicas que realmente sean efectivas, porque si no el porcentaje no baja. 

«Tenemos juegos infantiles como Roblox donde hay enlaces a pornografía. ¿Por qué? Porque saben que lo van a ver niños y que le van a dar. Entonces, no vale con culpar a los adolescentes de ver pornografía, es que la industria los busca a ellos».

¿Nos falta ese salto cualitativo que dimos con la violencia machista?

Totalmente. Mira, siempre se dice que después de la violencia de género tendría que salir a la luz la violencia contra la infancia y la adolescencia, pero es más difícil y es más difícil porque vivimos en una sociedad que es adultocéntrica, o sea, nosotros somos quienes controlamos, nosotros somos quienes votamos a nuestros dirigentes, los niños no pueden elegir, los niños no pueden salir de su contexto familiar si no hay un adulto que detecta este tipo de situaciones, porque para ellos es la normalidad. Tiene que haber como una sociedad adulta muy sensibilizada para que esto salga a la luz. Y lo que ocurre es que en muchos casos se justifica este tipo de agresiones diciendo que el niño se lo inventa. 

«Siempre se dice que después de la violencia de género tendría que salir a la luz la violencia contra la infancia y la adolescencia, pero es más difícil y es más difícil porque vivimos en una sociedad que es adultocéntrica».

¿La Ley de Protección a la Infancia y Adolescencia –Lopivi– está ayudando a entender la situación?

Sí, estamos mejorando. La Lopivi ha ayudado mucho también, supuso un impulso para hablar del tema. Pero es cierto que como sociedad sigue sin calar que los niños son sujetos de derecho, que no solo son objetos de cuidado. Esto hay que entenderlo: los niños tienen derechos que no puedes violar por mucho que seas padre o madre. Hace días, Ana Obregón decía ante una acusación: ‘Es mi niña y hago con ella lo que quiero’. Claro, esto te lo está diciendo alguien público, lo está diciendo a la sociedad y es un mensaje que a muchas personas les cala. No, no puedes hacer lo que quieras. Es una persona con derechos propios, es un ciudadano, pero cuesta mucho entenderlo. Por eso muy importante también el trabajo desde el punto de vista periodístico. El niño no es propiedad de nadie, es un ciudadano con derechos propios.

«Los niños tienen derechos que no puedes violar por mucho que seas el padre o la madre. No es propiedad de nadie, es un ciudadano con derechos propios».

También nos cuentan algunas víctimas que este tema se minimiza.

Sí, se minimiza mucho. Se dice ‘bueno, son niños, lo olvidarán, tampoco es tan grave, cuando crezcan ya se les pasará’. Y no. Esto es un daño que perdura a lo largo del desarrollo y un daño en un momento en el que el niño está creciendo, en el que está estableciendo sus relaciones con el mundo, consigo mismo, con los demás y estás destruyendo todo esto.

Por tanto, no puedes tener un ciudadano integrado, prosocial cuando han vivido experiencias de este tipo en su infancia y nadie los ha ayudado. Y por eso hay que entender el daño que esto causa también como sociedad. Por eso se habla del problema de salud pública. La OMS lo define como un problema de salud pública. ¿Por qué? Pues porque nos afecta a todos. No solo a nivel de salud mental, de salud física de estas víctimas, sino a nivel de relaciones, de repetición del patrón de violencia con otros niños. Nos encontramos con muchos adolescentes que agreden, pero es que ellos también han sido víctimas previamente. 

Muchas veces se dice que están enfermos.

Hay un porcentaje muy pequeño de psicopatía en la sociedad, que es aquel que no tiene empatía por los demás, pero en general nacemos con la capacidad de empatizar. ¿Por qué un niño llega a una determinada edad y agrede a otros niños? Porque si no intervenimos en las formas de violencia en la familia, no podemos luego intervenir en este adolescente que agrede a su compañera de clase. Realmente hay que trabajar desde el inicio.

«Nos encontramos con muchos adolescentes que agreden, pero es que ellos también han sido víctimas previamente».

¿Hay relación entre violencia sexual y conducta suicida?

Sí, por eso además es muy importante hacer este tipo de encuestas sobre bienestar, no solo de violencia y poder. Porque se podría intervenir preventivamente con los casos de riesgo. Una de las salidas que encuentra la víctima al dolor intensísimo que está viviendo es esta: acabar con todo y acabar con su vida.

La violencia sexual también se relaciona con consumo de alcohol y drogas, que es otro de los problemas que tenemos. Porque es algo que te permite desconectar de todo este recuerdo. Se relaciona con problemas de salud mental, obviamente, ansiedad, depresión, fracaso escolar. Entonces, invirtamos en esta prevención, invirtamos en que los adolescentes, los niños, puedan hablar cuanto antes con alguien, que sepan que tienen el derecho a hablar, que es eso lo que estamos diciendo con la educación afectivo-sexual. 

¿Por qué debe ser desde etapas tempranas? 

Porque el niño tiene que aprender que nadie puede tocar su cuerpo si él no quiere y que tiene que haber una justificación. ‘Hola, soy el médico y te voy a tocar por esto’. Perfecto. Ya le estás mostrando un respeto. Pero es que cogemos al niño, le limpiamos el culo, le quitamos los pantalones. Y, claro, lo que el niño está aprendiendo indirectamente es que cualquier adulto puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Luego queremos que hablen. ¿Pero cuándo van a hablar? Si no saben que tienen este derecho, ¿no?

Pero hay resistencia por parte de las familias a que esto se dé en los colegios, como si fuera una cuestión política o ideológica. ¿Cómo combatimos eso?

Para empezar, yo creo que es el Ministerio de Educación quien debe tomar una decisión. Porque esto no depende de una escuela, que tu escuela resulta que está al lado de una asociación y vienen a dar una charla. No. Yo entiendo que los padres tienen sus miedos o como lo queramos llamar. Pero si esto es una directriz desde Educación, significa que todas las escuelas de España van a tener una asignatura y esta asignatura va a estar manualizada, con lo cual, como padre tú puedes observar qué temas se van a tratar, cómo se van a tratar. Tiene que tener un profesorado como cualquier otra asignatura, como Matemáticas. No puede dejarse como una chica voluntaria que viene sensibilizada, debe ser un profesorado preparado con un temario basado en la evidencia. Le podemos cambiar el nombre, que eso también se ha discutido mucho con asociaciones. Puede ser educación para el bienestar. Llamémoslo como queramos, pero esto no es una elección según el partido que gobierne. No va de charlas. Es el derecho de tu hijo, no el tuyo. Es el derecho del niño a la educación afectivo-sexual, no tu derecho como padre.

«La educación afectivo-sexual tiene que tener un profesorado como cualquier otra asignatura, como Matemáticas, con un temario basado en la evidencia. No va de charlas, es el derecho de tu hijo, no el tuyo».

Por tanto, hay que tener mucho valor político, porque obviamente es algo que va a generar muchísima polémica. Pero, insisto, estamos hablando de educación, y tú no puedes decidir si quieres o no eso para tu hijo. Además, reitero, tiene que ser una educación sexual y afectiva universal, porque si no estamos generando una fuente de desigualdad. Tú puedes educar a tu hijo en prevención, accedes a un cuento, sabes qué recursos hay. Pero es que hay familias que no.

¿Cómo han influido en todo ello las redes sociales y la IA?

El contexto online también es muy terrible. Hay muchos pederastas que se conectan y captan. Lo vimos con los casos de la explotación sexual en Mallorca. Y las captaban por Instagram. Y ahí hay también un agujero importante de falta de educación en los riesgos online, los riesgos de enviar una fotografía, por ejemplo. Y son las niñas y niños con menos protección, con menos recursos en sus familias, los que acaban siendo mayoritariamente víctimas de estas redes. El Estado tiene que luchar para que no haya una desigualdad y no haya niños en mayor riesgo de violencia sexual.

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“La defensa de niñas, niños y adolescentes” es, desde el 25 de junio de 2026, uno de los principios editoriales de MásPúblico SCCL. Así lo decidieron los socios y socias de la cooperativa que edita La Marea y Climática en su Asamblea General, celebrada en Barcelona. La decisión va acompañada del compromiso de informar y concienciar sobre las agresiones sexuales contra las personas menores de edad, un problema estructural que afecta a una de cada cinco personas en su infancia o adolescencia.

Tras publicar un amplio dosier en el número 111 de La Marea, centrado en la necesidad de hablar y escuchar para poder afrontar y prevenir los casos de pederastia –la mayoría cometidos por familiares y conocidos– la redacción de este medio propuso dar un paso más. Desde mayo, publicamos regularmente artículos que contribuyen a la visibilización de un problema considerado todavía un tabú en la sociedad. Todos ellos incluyen al final del texto el teléfono 116111, correspondiente a la línea de atención a la infancia y la adolescencia.

En La Marea entendemos que los medios de comunicación debemos ejercer nuestra función de servicio público para concienciar sobre la dimensión de este problema silenciado e informar también de los recursos y las medidas que pueden ayudar a prevenir las agresiones y a abordarlas adecuadamente cuando se han producido.

La cooperativa MásPúblico nació en 2012 con los siguientes principios editoriales aprobados por sus socios y socias: la defensa de lo público, la igualdad, la laicidad, la economía justa, la memoria histórica, el trabajo digno, la defensa del medio ambiente, el derecho a la vivienda y la cultura libre. Además, manifestaba su interés por informar sobre los movimientos sociales y la regeneración democrática.

En la Asamblea General de 2013, a petición de un socio usuario (lector) y tras un intenso debate, los cooperativas aprobamos incluir como principio editorial el “derecho a la soberanía de los pueblos”, entendiéndolo “como el derecho de éstos a ser reconocidos como tales, a definir sus propias formas de gobierno y modelo político y económico, así como a buscar sus propias formas de desarrollo cultural y humano”.

En 2014, a propuesta de la redacción, se aprobó incorporar el “feminismo” como uno de los principios explícitos de la cooperativa, ya que consideramos que el concepto de “igualdad” era demasiado genérico y que era necesario dejar claro el compromiso del medio con el feminismo como herramienta para avanzar hacia la igualdad real entre mujeres y hombres.

Si deseas más información para ser parte de la cooperativa MásPúblico, escríbenos a consejorector@maspublico.com.

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Este reportaje se publicó originalmente en papel, en La Marea 111. Puedes conseguir un ejemplar y suscribirte en nuestro kiosco.

La Guerra Civil podría haber terminado meses antes de aquel 1 de abril de 1939. La victoria del bando golpista vino precedida por una operación de inteligencia, diplomacia y logística sin parangón en la historia bélica hasta aquel momento. La rendición tenía que ser total. No hubo espacio para armisticio alguno. Todos los presos fieles a la República serían tratados como presos comunes, no como prisioneros de guerra. Tampoco alargar la contienda habría significado entrar en la Segunda Guerra Mundial. Aquel primero de abril, la Guerra Civil llegó a muchos lugares que no la habían vivido. La épica cacareada por los gallos de la victoria no fue tal. La rendición al completo estuvo medida al milímetro, no así la crueldad que se desataría en cada lugar en el que los vencedores tuvieran sed de venganza.

Estas son las grandes tesis que deja tras de sí Cómo terminó la guerra civil española (Crítica, 2026), un extenso ensayo que contiene documentación con información procedente de fuentes hasta ahora no accesibles a los investigadores. En él, Gutmaro Gómez Bravo reescribe los días clave en los que el bando franquista pergeñó la victoria incondicional. Este catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) huye de la versión más extendida y se aleja de las desavenencias entre los gerifaltes militares republicanos para poner la mirada sobre los golpistas: «Su operación fue todo un éxito», adelanta.

El investigador asegura que la contienda podría haber concluido el 31 de enero, tras la caída de Barcelona, porque el conflicto ya se encontraba resuelto desde el plano militar. «Es en el cuartel general de Burgos donde se decide otro final. Quieren una rendición sin condiciones de los republicanos y evitar una mediación internacional y un tratado que convirtiera a los presos en prisioneros de guerra», explica Gómez. Lo consiguieron, pero solo tras un trabajo calculado hasta el mínimo resquicio.

Entre el hambre y el perdón

Junto al bando golpista, que se veía a sí mismo más victorioso cada día que pasaba tras la victoria en la batalla del Ebro y la caída de Catalunya, luchaba el hambre. «El hambre es decisiva para esta estrategia de rendición que proyectan, sustentada también en la guerra psicológica», sostiene Gómez. La aviación franquista bombardeaba con pan las grandes ciudades republicanas que sobrevivían con gran dificultad al asedio. En los paquetes, proclamas que aseguraban que las personas que no tuvieran las manos manchadas de sangre no tenían nada que temer.

El historiador asegura que los franquistas proyectaron la rendición a través del hambre y la promesa del perdón. «Lo que no querían era tener que combatir en las ciudades, como pasará en la Segunda Guerra Mundial. Buscan una rendición ordenada, planimétrica, y lo comunican dándole la vuelta. Dicen que la culpa del hambre son los republicanos y la resistencia», añade el también director del Grupo de Investigación de la Guerra Civil y el Franquismo de la UCM.

Europa, a favor de Franco

El plano internacional fue determinante en estas últimas semanas de conflicto. En su ensayo, Gómez corta esa línea recta historiográfica trazada entre el final de la Guerra Civil y la posibilidad de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Consultada la documentación de Inglaterra y Alemania, el historiador resuelve que «a partir de la caída de Catalunya todo el mundo quiere que la guerra termine». Es precisamente en enero de 1939 cuando tanto soviéticos como alemanes, que pronto firmarían entre ellos el pacto de no agresión, empezarían a virar sus posiciones.

Las jornadas que pasarían a la posteridad se suceden. El 15 de febrero, los británicos reconocen en secreto a Franco como jefe del Estado, una decisión que harán pública el día que Francia también la tome. El día 27 hacen lo propio los franceses, justo una semana después de que España haya firmado, también en secreto, el tratado Antikomintern, que confirma la entrada militar de España en el Eje junto a Alemania, Italia y Japón, y que hará público el 31 de marzo, el último día de guerra en España.

Durante marzo, el último mes antes del fin de la contienda y el inicio de la dictadura, desde Burgos los franquistas se esmeran en hacer llegar a los republicanos las normas que deberán respetar en la rendición. «Se da un encuentro entre los militares del Estado Mayor de los dos ejércitos cuando, en realidad, ya trabajan para el mismo. Ahí se ve cómo el servicio de inteligencia franquista ha absorbido al servicio republicano. Les dan órdenes, trabajan juntos. No los matan, los utilizan», apostilla Gómez tras haber recabado esta información durante visitas a archivos extranjeros.

La entrada en Madrid

El coronel José Ungría es uno de los grandes nombres propios de esta historia. Sabedor de su papel decisivo a la hora de crear un gran aparato de información en el territorio republicano, Francisco Franco le encargó que definiera el desenlace de la guerra desde la perspectiva militar. Gracias a él, el Estado Mayor de Burgos terminó absorbiendo al Estado Mayor leal a la República.

José María Taboada Lago es otro de los nombres determinantes en el fin de la guerra. Secretario de Acción Católica, se movió diplomáticamente para interrumpir la mediación iniciada por el Vaticano en la Navidad de 1938 y, más tarde, se encargó de la unificación de las fuerzas derechistas en la capital, Madrid, republicana hasta el final de la guerra. Para salir de sus escondites y saludar al nuevo régimen que arrebataría la democracia a España durante cuatro décadas, Taboada y sus seguidores tenían que estar atentos a Radio Nacional. «Cataluña está nublado» significaba que la operación no había culminado en la región mediterránea; «geografía extensa», que se acercaban a la capital; y el día que anunciaran un «reparto de caramelos» en Madrid, sería la jornada señalada para que los franquistas tomaran la ciudad tras casi tres años de guerra.

Ungría y Taboada son dos de las entradas que recoge un dramatis personae con el que, acertadamente, la editorial Crítica ha decidido acompañar el ensayo y cuyas definiciones casi alcanzan las siete decenas. Entre ellas se cuentan personajes como Manuel Azaña, Pablo de Azcárate, Julián Besteiro, el cardenal Isidro Gomá y Diego Martínez Barrio, al igual que entidades o conceptos, como Comité propaz civil, Consejo Asesor, Consejo Nacional de Defensa y Servicio de Información y Policía Militar.

Por otro lado, los sindicatos no perdieron su papel predominante. La ocupación de las grandes ciudades por parte de los franquistas estuvo pactada con la UGT y la CNT, «quienes representaban realmente el primer gobierno de Francisco Largo Caballero frente al de Juan Negrín», apunta el historiador. Gómez apunta que la entrega de Madrid tenía que venir acompañada del aseguramiento de industrias como la logística, las comunicaciones, el Metro, el agua o la electricidad. «Hacen coincidir la transición con la ocupación, y es un éxito de manual para ellos», agrega.

Necesidad de rendición

De todas formas, la caída de Madrid el 27 de marzo estuvo precedida por una operación planificada y pensada para que todo concluyera como deseaban los franquistas. Dos días antes tuvo lugar la entrega de toda la aviación republicana que quedaba. «Después vendieron una victoria clara, pero estuvo planeada al milímetro porque no se fiaban: los republicanos que se rendían seguían siendo 400.000 hombres armados», detalla el autor del ensayo. Llegaba el tiempo de las salvas al aire como gritos de rendición, de sacar la bandera blanca, de que los militares republicanos se descosieran una manga de su uniforme.

Gómez recalca que esta versión de los hechos, contada desde la perspectiva interna del bando franquista, quedó opacada con el paso de los años. «Los protagonistas nunca lo contaron y la población en general desconoce que llegaron hasta este nivel de acuerdo, que realmente el ejército de Franco necesitó que los otros se rindieran y entregaran. Siempre ha parecido que se debió a una conquista, algo épico, pero no es así», se explaya.

El historiador, preguntado por aquello que le ha parecido más llamativo de esta investigación que le ha llevado años, responde que «el nivel de orden» que ejecutaron los franquistas a la hora de la rendición. Pero no solo eso. «Ahora vemos las consecuencias que tuvo ese final tan planificado a nivel logístico, diplomático y militar, algo muy complejo. Sin embargo, también vemos que a nivel local se desató una venganza brutal», comenta. Así lo refleja en su trabajo: la fase final de la operación «llevó a la rendición, al cese de las hostilidades, pero también al castigo masivo de la población civil».

El 1 de abril llegó el último parte de guerra, el único firmado a título particular por Franco: «En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado». Sin embargo, la batalla por la verdad se sigue librando investigación tras investigación precisamente para desterrar lo maniqueo, aquello que Gómez describe así en su libro: «Seguimos en una historia de vencedores y vencidos, de héroes y villanos, de ingenuos y clarividentes. Una historia, en definitiva, de buenos y malos».

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‘La Marea’ está dedicando una serie de reportajes a la gentrificación. Las entregas analizan, desde diferentes perspectivas, el proceso que sufre el distrito valenciano de la Saïdia como paradigma de lo que ocurre en muchos barrios de las grandes ciudades. Puedes leer los capítulos anteriores aquí.

El número 9 de la calle Padre Urbano, en el distrito de la Saïdia de València, es una finca de una altura que data de 1927. En su balcón está colgada una pancarta contra la turistificación, idéntica a las muchas que se pueden ver en ese distrito. Todas se confeccionaron en una imprenta que estaba situada casi enfrente. Ya no existe. Tuvo que cerrar porque los dueños no pudieron afrontar la subida del alquiler que les planteó su casero, justo, justo, cuando el negocio empezaba a asentarse. Dos apartamentos turísticos ocupan su lugar. 

La anécdota surge durante los encuentros que la Associació Veïnal de la Saïdia organiza en la sede de la entidad el segundo miércoles de cada mes. 

–Coged una ensaimada. Están muy buenas.

En torno a café y piezas de repostería, y después de conversar sobre las múltiples actividades que organiza la asociación –los paseos nocturnos por el distrito las noches de luna llena concitan elogios unánimes–, salen a relucir historias sobre el impacto del turismo en el comercio de la zona, y se comenta el caso del lutier que tuvo que cambiar de local porque su casero quería subirle el alquiler, o el de la peluquera que reconvirtió su negocio en apartamentos turísticos. 

El número 46 de la calle Sagunt –un edificio antiguo de dos plantas– llama la atención por el azul eléctrico de su fachada. Allí tiene su tienda de pinturas Javier Zuriaga, miembro de la Junta Directiva y tesorero de la Asociación de Comerciantes de la Saïdia, que asegura que el turismo está inflando los precios de los alquileres de los bajos y poniendo en apuros algunos negocios. Sin conocerlo, Javier habla de casos como el de Mario Castellote Béjar (37 años), que regenta un estudio de tatuajes en la avenida Constitución. Alquiló un bajo para su local por 400 euros mensuales hace cinco años. Antes del vencimiento, el pasado abril, le anunciaron que, si quería renovar, tendría que pagar 850. La justificación: es el precio del mercado. 

–No, si por el dinero no es.

Eso decía el dueño del bajo donde estaba la escuela infantil (de 0 a 3 años) Amics, emplazada en un lugar privilegiado: al principio de la calle Visitación, a apenas unos metros del jardín que se extiende a lo largo del antiguo cauce del río Turia. Después de unos 25 años en ese lugar y de una reforma de más 50.000 euros, el contrato de alquiler terminaba en septiembre de 2023. Una de las propietarias de Amics, que prefiere no dar su nombre, relata cómo, un año antes del vencimiento, empezaron a negociar la compra del local. El casero les dijo que se estaba pagando mucho dinero por los bajos de la zona para dedicarlos a pisos turísticos y fijó una cantidad inicial de 300.000 euros, pero cuando vio que podían llegar a esa cifra, empezó a subir el precio. Total, no era por dinero. Finalmente, las propietarias de Amics desistieron. Una de ellas está convencida de que el dueño ya tenía pactada la venta a un inversor del que podía obtener una mayor cantidad —¡será por dinero!— y que la negociación no fue más que una estratagema para evitar los derechos que tenían como arrendatarias. 

El cierre de Amics dejó a 30 familias colgadas. Lucas Maltes (37 años) fue uno de los afectados. Quería llevar a su hija a la escuela infantil, situada justo enfrente de su tienda de venta y reparación de bicis, pero el cierre le obligó a buscar una alternativa. La encontró, igual que una nueva ubicación para su establecimiento. Lucas tiene ahora su negocio en la misma calle Visitación, pero unos metros más adelante. Paga un alquiler de 490 €, una cantidad, aclara, por debajo del actual precio de mercado, que se explica, en parte, porque no tiene salida de humos, lo que limita las posibilidades del local. Recuerda, además, que la planta baja estaba en muy malas condiciones. La proliferación de viviendas turísticas en la zona, confirma Lucas, ha incrementado los precios de los alquileres de los bajos, porque la oferta es mucho menor. Él, sin embargo, está contento con su casera, de la que, dice, cobra lo que es justo y no quiere líos con las licencias turísticas. 

«El comercio es el primer generador de vida social», afirma Amparo Vidal, portavoz de la Asociación de Vecinos de Sant Antoni, uno de los barrios de la Saïdia, mientras recorre la calle Padre Urbano. Amparo recuerda la tienda de gaseosas del señor Manolo, el limonero. Detiene a una vecina que pasa por la calle para que confirme la información. «Mira, ahí viene el Chispas, el electricista de toda la vida», avisa de nuevo la dirigente vecinal. Ximo Muñoz, vicepresidente de la asociación, le dice que no hace falta que se pare a hablar con cada persona, pero ella no puede evitar saludar a Isabel, la dueña de la peluquería más antigua de la zona. Tiene 86 años y dice, sin dejar de sonreír, que empezó en el negocio con 21 años, no, con 18, rectifica, y que, aunque ya no trabaja, le gusta pasarse para hablar con las clientas. Y que aún salta a la comba.

El mundo que rememora Amparo se ha desvanecido con el paso del tiempo, los nuevos hábitos de consumo, la globalización —sus padres tenían un almacén al por mayor de molduras para marcos en la misma Padre Urbano que se fue a pique cuando empezaron las importaciones masivas desde China— y, también, la irrupción del turismo de masas. En la esquina de Padre Urbano con la calle Luz Casanova, el lugar que ocupaban tres comercios —la  tienda de ultramarinos Salvador, la ferretería Julián y la pescadería La Loma— está dedicado ahora a apartamentos turísticos. Unos metros más adelante, una casa de comidas, antes carnicería, se ha transformado en la sede de una empresa que ofrece servicios de gestión y limpieza de alojamientos vacacionales. 

Estos cambios de uso vienen precedidos, en ocasiones, de periodos más o menos largos de inactividad. Es el caso de los diecinueve apartamentos turísticos ubicados en la manzana triangular delimitada por las calles Ministro Luis Mayans y Padre Urbano y la avenida Primado Reig, en el extremo norte de la Saïdia, la parte más alejada del centro. Desde 2025, ocupan el espacio que quedó libre tras el cierre de Filero, una tienda de mobiliario contemporáneo. En un hipotético enfrentamiento deportivo entre los bajos turísticos y los comerciales de esa isla de edificios, los primeros ganarían por goleada: 19-9. Sin embargo, la regulación de usos terciarios hoteleros del Ayuntamiento de València, que entró en vigor en mayo, prohíbe que los bajos turísticos superen el 15 % de los que no tengan uso residencial en una manzana. Y que, superado ese umbral, no se renovarán las licencias de alojamiento turístico que caduquen. 

La peluquera que reconvirtió su negocio en dos bajos turísticos es Ana Bueso. 28 de sus 52 años los ha pasado entre tintes y tijeras, hasta que la artrosis y una lesión en el hombro le hicieron replantearse su futuro profesional. Duda si contar su historia. Recela del tratamiento periodístico que reciben los apartamentos turísticos y tampoco quiere dar pistas de la ubicación de los suyos: en agosto le vandalizaron las cerraduras. Se queja de que se persiga a quien intenta vivir de su trabajo legalmente —tiene incluso el Certificado de Calidad Turística—, y subraya que no es una especuladora, que su trabajo no es fácil, que tiene que estar pendiente del teléfono 24 horas al día siete días a la semana, que ella se encarga de todo —salvo de la limpieza, que también supervisa—, que ganaba más como peluquera… Y cuando ya parece que se le han acabado los que, remacha: «Intento hacer mi trabajo lo mejor posible. Siempre». Y muestra las rosas que ha dejado sobre la mesa de uno de los apartamentos —«vivo en el campo», aclara— y los mensajes cariñosos de sus huéspedes.

Ana subraya que sus clientes generan riqueza en el barrio. Mario, muy a su pesar, no es uno de los beneficiados. Dice que ha tatuado a guiris, claro, pero de manera ocasional, y que eso no le salva el negocio. Tampoco a Emilia Villalba, la pescatera de la calle Alfambra, o a Bernardo Alcaide, que tiene su bar en la calle Lleida. Quizás porque no tiene carta en inglés. Ellos se lo pierden, se las pierden: las cinco tortillas diferentes que prepara cada día y que no ven acabar la jornada. O el arroz al horno que incluye en el menú de los martes. Bernardo ve pasar a los turistas por delante de su negocio en dirección al supermercado cercano, donde una de las empleadas señala que la gran mayoría de los viajeros que entran, hasta el 70 %, son grupos de jovencitos que compran comida preparada, alcohol y refrescos. 

La alarma salta en el canal de difusión de WhatsApp de la asamblea anticapitalista La Saïda Comuna: Núria alerta de la inminente apertura de un bar musical en la calle Maximiliano Thous, al lado del apartotel que está en construcción. «El alma de la fiesta ha llegado», dice, en inglés, uno de los letreros del local. Y se disparan las intervenciones. Amparo comenta que las macrorresidencias hacen que los barrios pierdan su identidad porque los establecimientos de ocio sustituyen a los pequeños negocios. Y Bego recuerda los locales nocturnos que se han abierto recientemente en el distrito. «La ciudad y los barrios, para los turistas», lamenta Emilio. «Vamos a tener noches legendarias», remacha Núria con ironía. 

—¿Tiene souvenirs?

Elisa Estellés, la estanquera de la calle Visitación, se sorprendió cuando un cliente, un chico alto, rubio (¿sería austríaco, o quizás noruego?) le hizo esa pregunta. Nunca le había ocurrido.

—¿Tiene souvenirs?

Pero que el mismo día otro turista le hiciera exactamente la misma pregunta la dejó pensativa: ¿tendría que incorporar las postales y los imanes de nevera a su lista de referencias? Algo parecido le sucedió hace un par de años a la propietaria de una tienda de muebles cuando un técnico del Ayuntamiento que estaba ayudando a la digitalización de los pequeños negocios le aconsejó, a título particular, que tendría que ir pensando en adaptar su comercio al turismo. «¿Y qué haré, venderé postales?», se planteó. De momento, sigue fiel a los sofás y las mesas de comedor. Elisa se lo está pensando. 

Quien no tiene dudas es Lucas. Un extranjero entra en su tienda para preguntarle si alquila bicicletas. En un más que buen inglés, le responde que no y le explica dónde puede hacerlo. A Lucas, sencillamente, no le da la gana incluir ese servicio en su negocio porque implicaría, razona, quitarle tiempo a sus clientes de toda la vida, y agrega que esa es su forma de hacer activismo. Así que no le importa que, desde hace unos tres años, hayan comenzado a proliferar las tiendas que alquilan bicicletas en las calles Guadalaviar y Sagunt, justo enfrente del puente de Serranos, ese que conecta la Saïdia con el hipergentrificado centro de València en apenas 200 metros.

Las maletas que empujan a los turistas por las aceras de la Saïdia ignoran las historias que se desarrollan en esas calles. Historias como la de la vecina que pide ayuda para su frutero, quien, después de unos meses con el negocio cerrado por un problema personal y la consecuente pérdida de clientela, afronta la reapertura con la sorpresa de que su casero le va a duplicar el alquiler, y también sorpresa, pero más impotencia, la que experimentó la propietaria de un comercio que tenía medio local alquilado cuando el dueño le dio tres meses para desalojarlo, tres meses para vender las existencias que tenía en esa parte de la tienda a precio de fábrica, tres meses para comprobar que las prisas del arrendador eran porque tenía apalabrado el local a un inversor para montar un apartamento turístico, qué negocio, ese de los apartamentos turísticos, debió pensar el propietario de otro bajo comercial cuando se acercó a su inquilino, treinta años de relación, para dejarle caer, así, como quien no quiere la cosa, que igual le interesaba alquilarlo para alojamiento vacacional, que podría sacar más dinero, él, funcionario de alto nivel, propietario con sus hermanos de toda la finca. Será por dinero. 

Historias como la de Mario, que intenta morderse la lengua, pero no puede, así que pide perdón por su vocabulario, porque vaya mierda esa de la oferta y la demanda, vaya discurso vacío, porque la gente, lamenta, va con el chip de, tío, si no me alquilas el bajo por tanta pasta, me hago un airbnb y gano el triple, y admite que la subida de la renta fue un golpe duro, pero qué iba a hacer, después de todo el dinero invertido, si ya está arraigado en el barrio y él y su equipo dependen del estudio para vivir, qué iba a hacer sino pasar por el aro y buscar un trabajo para compensar el dinero que deja de ingresar por el aumento de la renta, porque ahora a duras penas gana mil pavos al mes. 

Lo único que queda de la escuela infantil Amics es la persiana del centro educativo. Los obreros estuvieron trabajando en la reforma del espacio un tiempo, pero, desde hace unos meses, no se ve movimiento en el inmueble. Su futuro es una incógnita, igual que el de la pescadería de Emilia, que se jubilará en julio. Supone que el local volverá a alquilarse, pero desconoce si se convertirá en otro apartamento turístico, como los muchos situados en las inmediaciones, o abrirá un nuevo negocio, como la clínica veterinaria o el taller de cerámica que se han inaugurado recientemente en su calle. Bernardo, que también se jubilará a finales de año, quiere traspasar su bar. Su primera opción le ha fallado, pero, a partir de septiembre, empezará en serio a buscar alternativas. 

Lucas pasa cada día con su bicicleta por delante del bajo que ocupaba su antigua tienda de bicicletas. Ahora es un apartamento turístico. 

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El pasado 15 de junio, se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el “Acuerdo de 4 de junio de 2026, de la Comisión de Selección a la que se refiere el artículo 305 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, por el que se convocan pruebas selectivas para la provisión de plazas de alumnos y alumnas de la Escuela Judicial para su posterior acceso a la Carrera Judicial por la categoría de juez/a, y plazas de alumnos y alumnas del Centro de Estudios Jurídicos, para su posterior ingreso en la Carrera Fiscal por la categoría de Abogado/a Fiscal”. 

Detrás de tan extenso título se encuentra la “macroconvocatoria”, en palabras del ministro de Justicia, Félix Bolaños, a oposiciones a la carrera de juez y fiscal. El Gobierno oferta, así, 700 plazas, 575 de las cuales serán para jueces y fiscales por oposición y 125 para la vía de acceso por el cuarto turno. Esta vía de acceso, muy criticada por los sectores más corporativos del poder judicial, permite la incorporación como magistrados a juristas “de prestigio” que demuestren más de 10 años de ejercicio profesional. 

El mismo Bolaños anunció en su cuenta de X esta convocatoria como “la mayor transformación de la justicia en décadas”. Sin embargo, aumento de la cantidad no necesariamente es igual a cambio de la cualidad. Es decir, nada garantiza que aumentar los efectivos encargados de impartir justicia haciendo cumplir el imperio de la ley vaya a transformar algunos de los problemas que arrastra la justicia española, que no sólo tienen que ver con la insuficiencia de recursos o de personal. 

Ni siquiera la posibilidad de aumentar la presencia de magistrados por el cuarto turno abre necesariamente la puerta a la entrada de visiones que rompan el corporativismo que impide la autocrítica y la transformación de este rígido poder. Tampoco garantiza per se mayores dosis de independencia e imparcialidad. A modo de ejemplo, el célebre Juan Carlos Peinado, magistrado instructor en la causa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, se incorporó a la carrera judicial por el extinto tercer turno, derogado en 2003, una vía directa similar al cuarto turno por la que “juristas de reconocida competencia” podían pasar a ser jueces, sin realizar oposiciones, si cumplían con seis años de ejercicio profesional. 

En un contexto en que la justicia está en el ojo del huracán por el protagonismo –voluntario o involuntario– de ciertos jueces en la vida política española, cuyas decisiones condicionan el decurso de una agenda política plagada de juicios a miembros del poder político y sus familiares, el acceso a la carrera judicial reviste una importancia crucial. Una importancia que trasciende el mero debate sobre la mejora de las oportunidades profesionales, o de los recursos al servicio de los ciudadanos, y entra de lleno en el plano político. 

Aunque el poder judicial trate de desvincularse del estigma de la politización de la justicia, lo cierto es que los jueces también son ciudadanos que, en su aplicación de la ley, pueden estar contaminados de sus propios sesgos, valores y prejuicios que los llevan a determinada interpretación de las leyes existentes. A quienes niegan la ideología presente en los impartidores de justicia, que en ocasiones puede comprometer la independencia e imparcialidad en el ejercicio de su profesión, habría que recordarles los vasos comunicantes entre el poder político y el poder judicial que se expresa en las posibilidades de promoción a puestos de poder institucional una vez dentro de la carrera judicial.

Uno de esos elementos es el origen de clase, que condiciona no sólo las posibilidades de acceso a unas oposiciones altamente disuasorias para quienes no se pueden permitir dedicar un promedio de casi 5 años de estudio exclusivo sin remuneración, y con los gastos añadidos de pagar a preparadores que cobran cantidades de dos ceros mensuales en sobres que no suelen declarar a Hacienda. No extraña, por tanto, que el 96% de quienes realizaron oposiciones en la promoción 2025-2026 contaran con la ayuda de sus padres para poder estudiar. 

Garantizar la democratización del acceso a las carreras judicial y fiscal, mediante la promoción de condiciones estructurales de igualdad de oportunidades, mitigando las desigualdades sociales preexistentes más allá del formalismo vacío de las “oposiciones libres basadas en los principios del mérito y la capacidad”, es un paso imprescindible para superar la justicia de clase que todavía padecemos en el Estado español. 

Para ello es perentorio que las iniciativas recogidas en el “Anteproyecto de Ley Orgánica para la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal” que el Consejo de Ministros aprobó el 21 de enero de 2025 y que actualmente se encuentra en fase de tramitación en el Congreso, puedan ir adelante en una Ley Orgánica que siente las bases de una democratización -siempre tímida e insuficiente si no va de la mano de transformaciones de la correlación de fuerzas estatales y del poder económico, como sabemos– que permita la entrada de aire fresco a uno de los poderes del Estado que se presenta como garante de derechos y libertades pero que aparece, con demasiada frecuencia, como un freno para los cambios sociales.

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Lo que nació en 2001 como un pequeño proyecto de la Biblioteca de la Universidad de La Rioja (UR), la más pequeña del país, ha terminado como el mayor repositorio del mundo de literatura científica en castellano. Esa podría ser, en pocas palabras, la historia de Dialnet, una base de datos y archivo de artículos científicos que ya alcanza los 10,5 millones de documentos y 400.000 tesis doctorales tanto de España como de Latinoamérica. Ahora, su objetivo a medio plazo pasa por acercar el conocimiento a la sociedad: «Queremos cerrar la cadena de trasmisión, que la ciudadanía tenga acceso directo y fácil a las novedades científicas», adelanta Elena López Tamayo, la directora-gerente de la Fundación Dialnet.

Dialnet nació hace un cuarto de siglo como un espacio online en el que se pudieran encontrar resultados científicos en español en áreas poco cubiertas por las grandes editoriales internacionales. A día de hoy, un 60% de sus contenidos versa sobre parcelas del saber como las ciencias sociales, jurídicas y humanas, mientras que el resto está enfocado en las ciencias de la salud y tecnología. «Esto es clave para entender el carácter social y público de la iniciativa», recalca López.

En 2018, Dialnet comenzó a brindar otra posibilidad. Más allá de ofrecer toda la información vertida por las bibliotecas universitarias que se habían sumado como colaboradoras, la directora-gerente de la Fundación explica que querían crear una herramienta más compacta: «Cualquier persona puede ver quién investiga qué, en qué universidad, y sus resultados».

Todavía quedaba un paso por dar. Llegó con Dialnet CRIS, portales de investigación propios para cada universidad. Por el momento, el 60% de las universidades públicas españolas utilizan este servicio, lo que supone el 53% de todo el ecosistema universitario nacional.

Todo ello es posible porque hay 192 instituciones –la mayoría bibliotecas, de las cuales 75 son latinoamericanas– que introducen el contenido de manera regular a través de una tecnología desarrollada desde la propia UR. «Esto nos da flexibilidad, autonomía y nos permite crecer de manera sostenida», completa la directora-gerente. Dos décadas y media después de su puesta de largo, Dialnet atesora casi 3 millones de usuarios registrados y 63 millones de alertas.

Corregir un sesgo

Antonio Calderón, director de Proyectos Bibliotecarios de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), recalca que Dialnet surgió de la necesidad de mostrar el contenido de las revistas científicas cuando la mayoría de ellas eran en papel. «Dialnet viene a corregir el sesgo por idioma, país y temática de la mayor parte de bases de datos científicas del mundo anglosajón», señala.

Este experto es el coordinador de Dialnet Métricas, un apartado en el que se incluyen las referencias bibliográficas y las citas de cada artículo. «Así se pueden ver las citas de una institución o investigador, las revistas y la relación entre ellas», apunta. De las 13.776 revistas científicas que Dialnet tiene indexadas, la UCM se encarga de indizar 760, entre las que se cuentan las ediciones propias de esta universidad madrileña.

Un repositorio personal

Dialnet se ha convertido en una herramienta imprescindible para numerosos investigadores y académicos en España. En resumidas cuentas, todo el mundo que se vea obligado a buscar literatura científica la conoce. Es el caso de Alicia Parras, profesora del departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM. «Empecé a utilizar Dialnet con mi tesis doctoral y ahora, cada vez que tengo que escribir un artículo, lo consulto», señala esta docente. Asegura que esta herramienta es «un básico» a la hora de enseñar en sus clases de documentación informativa cómo buscar literatura académica.

Por otro lado, las facilidades que aporta la base de datos son utilizadas por los propios investigadores como repositorio personal de sus producciones científicas. «A la hora de preparar un currículum o una acreditación, es muy fácil ver tus publicaciones ordenadas, las citas que tiene cada una de ellas y las tesis doctorales que has dirigido», ejemplifica Parras.

Un orgullo para la profesión

El crecimiento sostenido del que hablaba Elena López Tamayo los ha llevado a pergeñar una estrategia para convertirse en el mayor espacio de datos científicos en español. «Si tengo toda la investigación que se realiza en las universidades públicas, puedo saber qué se está investigando en España. Además, es una forma de que los científicos puedan publicar en español, que no les penalice el no hacerlo así, y que sus estudios estén en el mapa», añade la directora-gerente. Antonio Calderón, por su parte, defiende que, en ocasiones, se nos olvida que ser funcionario significa estar dedicado a ofrecer un servicio público. Él siente Dialnet como algo propio, y «eso da mucho orgullo a la profesión», concluye.

Fe de errores: las siglas de la Universidad de La Rioja son UR y no UNIR, como aparecían inicialmente en este artículo.

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La jueza ha condenado a 12 meses de multa a los cuatro activistas climáticos que arrojaron pintura contra el Congreso en marzo de 2023 y ha absuelto a cinco participantes. La sentencia descarta la petición de la Fiscalía, que solicitaba un año y nueve meses de cárcel como castigo ejemplarizante. La magistrada opta por la pena mínima para este delito de daños al patrimonio porque los condenados carecen de antecedentes penales y usaron pintura diluida con la intención de minimizar los desperfectos.

El fallo judicial, al que ha tenido acceso Climática, advierte que la libertad de expresión no ampara causar daños a un edificio histórico protegido. Aunque la defensa sostenía que el material era inofensivo, la sentencia revela que la pintura penetró en la piedra porosa y se adhirió al barniz de uno de los leones de bronce. Esta situación obligó a contratar a técnicos restauradores, lo que elevó la factura de limpieza a 5.863 euros, una cantidad que los activistas ya habían depositado en los juzgados en concepto de fianza.

Desde la defensa de los activistas valoran la resolución judicial con un sabor «agridulce»: celebran haber evitado la prisión, pero insisten en que la acción no superó el «umbral de molestias» amparado por el derecho a la protesta. Este caso marca un precedente de cara al próximo otoño, cuando una quincena de integrantes de Rebelión Científica se sentará en el banquillo por una acción similar en la misma escalinata.

Puedes leer el análisis completo de la sentencia y todas sus claves en Climática.

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El 6 de junio, León XIV aterrizó en Madrid. Pasó tres días en la capital —la misa en Cibeles, el Bernabéu, los voluntarios en IFEMA, y un largo, unánime y cuestionable aplauso en el Congreso de los Diputados— antes de volar a Barcelona la tarde del 9. Lo recibieron los dos máximos representantes del poder catalán: el president Salvador Illa y el presidente del Parlament, Josep Rull, dos hombres que se declaran públicamente creyentes practicantes en una ciudad donde, según los últimos datos del Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat, menos de uno de cada ocho vecinos pisaría de manera regular una iglesia. Casualidades de la representación democrática.

El bloque de ateos y agnósticos en el área metropolitana suma ya el 42,5% de la población adulta, cifra que triplica el porcentaje de católicos practicantes. Es decir: el Papa viajó a una ciudad que ya no es la suya. Aunque la ciudad lleve décadas sin decírselo a nadie en voz alta, y aunque el interés por la visita desbordara con mucho ese 13% que pisaría una iglesia por convicción durante el día del Señor.

Porque el Papa, desde Francisco y ahora con Robert Prevost —León XIV—, ha ido acumulando una base de simpatizantes que no figura en ninguna estadística de práctica religiosa: una izquierda laica, y en algunos casos explícitamente atea, que ve en los mensajes del pontificado un contrapunto útil a las figuras dominantes del momento, Trump y Netanyahu. Al contrario, curiosamente, de la derecha extrema española, que ve con recelo los mensajes humanistas de la Iglesia católica, incapaces de reflejar a pies juntillas los postulados ultraconservadores del Opus Dei, tan predominantes en los tiempos —no tan remotos— en que la doctrina cristiano-apostólico-romana era ley.

León XIV, en todo caso, llegó a Barcelona después de haberse dado un baño de multitudes en la capital. Lo hizo con una agenda que incluía una visita a Montserrat, lugar fetiche de la mística en toda su gama de colores: la cristiana, por supuesto —allí se halla La Moreneta—, pero también la de las comunidades que se reúnen para avistar ovnis, o la de las conspiraciones nazis que llevaron al mismísimo Himmler a adentrarse en la montaña en busca del Santo Grial. Pero esa es otra historia. El motivo principal de la visita a Barcelona era la consagración de la Sagrada Família, una vez alcanzada su altura máxima con la instalación de la Torre de Jesucrist, que la convierte en el templo católico más alto del mundo.

Cómo el Vaticano se convirtió en cuestión nacional

Durante días, los medios catalanes no hablaron de teología, ni de Gaudí, ni siquiera del papa como tal. Todo el debate giraba alrededor de qué lengua usaría el pontífice para bendecir la nueva Torre de Jesucrist. El problema comenzó cuando la Santa Sede publicó el misal oficial: el Papa diría algunas palabras en catalán, pero la bendición de la torre —el momento más mediático, el que todas las cámaras del mundo transmitirían— estaba prevista íntegramente en castellano. Un detalle litúrgico que acabaría generando unos días de revival procesista.

Junts envió una carta al president Illa exigiendo «todas las gestiones necesarias» ante la Conferencia Episcopal Española, el cardenal y arzobispo de Barcelona Joan Josep Omella y el Vaticano. Junqueras escribió directamente a Omella, que había presidido la Conferencia Episcopal entre 2020 y 2024. Los obispos de Girona y Lleida se pronunciaron en favor del catalán, el Govern activó el Departament de Justícia, y Puigdemont llamó a recibir al Papa con esteladas y silbidos ante «el renacimiento del catolicismo franquista». Un renacimiento que, dicho sea de paso, parecía aparecer y desaparecer según la cuestión de que se tratara: por ejemplo, cuando tocaba votar en el Congreso junto a la extrema derecha católica y franquista para tumbar la ley de vivienda.

Y aunque la mayor parte de la instrumentalización de la cuestión catalana fue obra de esos actores, la cuestión de la lengua despertó un consenso más amplio —Vox aparte— en la sociedad catalana. Se recordaba, día sí y día también, que Antoni Gaudí, cuya obra magna sería bendecida por la máxima institución eclesiástica, fue detenido en 1924 durante la dictadura de Primo de Rivera por negarse a responder a los guardias en castellano, y pasó una noche en prisión antes de ser liberado.

El propio Papa, sobrevolando España camino de Madrid, había cerrado el asunto con algo de humor: «De momento solo sé decir bon dia». Que todo aquello movilizara en cascada obispos, diputados, consellers, entidades sociales y al mismísimo president en el plazo de 48 horas dice algo sobre la política catalana y su autoestima: que Catalunya es una nación orgullosa, y que a menudo se mueve frenéticamente por cosas que, en el fondo, no le interesan demasiado. Un fenómeno tan paranormal como la vida de los ángeles.

El templo de todos, el templo de nadie

La Sagrada Família es el monumento más visitado de España: tres millones y medio de personas pagan felizmente entrada cada año, una dicha que no comparte todo barcelonés, y menos aún los vecinos del barrio que lleva su nombre, que llevan décadas sin poder pasear por la zona con normalidad ni vivir sin el sonido de las grúas, que no han parado en ciento cuarenta años.

El templo se proyectó en 1881 sobre terrenos del entonces término de Sant Martí, cuando a su alrededor todo era campo. Era el momento en que el capitalismo industrial catalán necesitaba monumentos que consagraran su hegemonía tanto como sus fábricas: el modernisme como lenguaje estético de una clase que había hecho dinero y quería que se notara, que quería también ponerse bien con Dios antes de que el siglo cerrara las cuentas. Gaudí trabajó para Eusebio Güell, miembro de una de las familias más prominentes de la alta burguesía catalana. El Palau Güell, el Parque Güell, la Sagrada Família. Una cartografía del poder privado hecha piedra.

Barcelona, a finales del XIX, poco tenía que ver con la ciudad moderna y «abierta al mundo» —del turismo y del capital extranjero— que es hoy. La Iglesia controlaba cerca de un tercio de la riqueza del país y hacía funcionar sus negocios con mano de obra prácticamente esclava —huérfanos y monjas—, presionando a la baja los salarios de toda la clase trabajadora. En 1909, esa tensión estalló en la Semana Trágica, que convirtió Barcelona en una ciudad bajo las bombas y las barricadas: la Rosa de Foc. El detonante fue el embarque forzoso de tropas hacia Marruecos: los hijos de los ricos podían pagar para librarse, los de los obreros no. Ardieron 21 iglesias y 41 conventos. La Sagrada Família no ardió entonces, pero sí lo hizo en julio de 1936, cuando los milicianos anarquistas incendiaron la cripta y destruyeron las maquetas y los planos originales.

Todavía hoy, casi un siglo después, algo queda de ese arraigo popular contrario al templo –que une a quienes recuerdan esa historia y a quienes no–, una opinión común entre muchos barceloneses: pues a mí me parece muy fea.

Con todo eso de fondo, el Papa se dio su baño de multitudes en Barcelona, como había hecho días antes en Madrid. Su visita generó muchos debates, pero pocos sobre la figura del Papa en sí y menos sobre su incapacidad de denunciar abiertamente los abusos en la Iglesia. Se habló de identidades nacionales enfrentadas, de memorias históricas todavía activas, de agravios políticos acumulados y de la necesidad permanente de encontrar símbolos sobre los que proyectarlos. Nada de la Rosa de Foc: la pólvora lleva mojada mucho tiempo.

Y, por cierto, el Papa al final habló bastante en catalán. Tema zanjado. Ahora, por favor, a otras cosas.

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El 8 de junio de 2026 pasará a la Historia del parlamentarismo español como el día que las Cortes Generales (CCGG) celebraron una sesión conjunta para escuchar el discurso ¿homilía? del Papa católico León XIV.

La anomalía se intuye en la primera oración de este texto: las representantes del pueblo y los territorios del Estado, diputadas y senadores, apretándose hasta el roce ante la llegada de… ¿un Jefe de Estado o un líder religioso?

Que un Jefe de Estado extranjero intervenga ante las CCGG no es inaudito. En España existe cierta tradición de recibir a quienes ocupan dichos cargos en América Latina, o a los países vecinos, Portugal y Francia. Criterios que no cumple el Vaticano y no han impedido su disertación.

Para conocer en calidad de qué interviene, recordemos que, en un Estado constitucionalmente aconfesional, es pertinente igualmente el análisis de su discurso, pues era posible que se limitara a las cuestiones diplomáticas.

La intervención puede dividirse, en opinión de este ateo autor, en tres fases: la de la intolerable intervención en asuntos internos de otro Estado, el nuestro; la elocuente, y valiente, defensa del orden internacional y de las prioridades diplomáticas de su Estado; y la defensa, poco velada, de los privilegios y el rol de la religión en los tiempos actuales en Estados que ya separaron, se supone, la Iglesia y el poder público.

Empezando por lo intolerable, aunque previsible, el Papa ha aprovechado su visita para cuestionar nuestra legislación en materia de derechos de las mujeres, de autonomía de la persona sobre su propio cuerpo, vida y muerte, sobre la decisión colectiva de proteger el inalienable derecho al aborto o la protección frente a discriminaciones al colectivo LGTBQi, ignorado de forma nada inocente. Como mejor prueba de que su actuación era en calidad de líder religioso, violando las CCGG su requerida neutralidad religiosa en tanto que instituciones públicas, León XIV ha tenido a bien hacer un listado de sus particulares obsesiones morales.

Como fiel representante de una Iglesia que, en la cuestión sexual, de género y reproductiva es incapaz de abandonar el siglo XIX, se ha permitido criticar nuestra legislación interna frente a nuestro poder legislativo. A ningún Jefe de Estado al uso se le ocurriría, pues es una afrenta diplomática, una injerencia. Sería bonito que la respuesta legislativa del “orden temporal”, como denomina al poder político (frente al orden celestial eterno, se entiende), fuera la inscripción del derecho al aborto en la Constitución. Tal vez entendería así que las mujeres también gozan de dignidad humana, el término más repetido de su conferencia, y los embriones son eso, embriones. En 2026, que un hombre venga de nuevo a decir a las mujeres qué hacer con sus vidas, cuerpos y maternidades impide al catolicismo conectar con la sociedad (porque sí, las mujeres católicas, o las de derechas, o las de extrema derecha, también abortan. Desde siempre) y con la democracia.

La segunda parte de su discurso ha sido una defensa férrea de los fundamentos, éticos y jurídicos, del Derecho internacional: solución pacífica de conflictos, prohibición de la guerra, diplomacia, acuerdo entre diferentes, impulso a la cooperación y respeto a las normas comunes. Para el Papa León “la paz exige valentía diplomática, responsabilidad ética y una visión de futuro fundada en el respeto a la identidad de cada pueblo y en la obligación de los Estados de resolver sus controversias por los caminos pacíficos que ofrece el Derecho internacional”.

Este es un paso muy importante. Se une a otros líderes del mundo en la defensa de un orden internacional que dialogue antes de atacar, que sume en lugar de dividir, y que reconozca la inexorable interdependencia de los Estados en la gestión de los retos comunes transfronterizos: el gobierno de la IA, la crisis climática o el drama migratorio. Este contenido, semejante al que escuchamos a líderes de China, Brasil, Canadá o incluso España, coloca al Vaticano en el lugar correcto de la Historia en un momento clave: frente a los intentos de destrucción de las instituciones internacionales para imponer la ley del más salvaje (la ley del más fuerte era también Derecho internacional), son cada vez más numerosas las voces que enfrentan la internacional neofascista.

Esta parte del discurso, al margen del contenido, sí era adecuada para una comparecencia de este tipo, pues versa sobre política internacional. Si hubiera abrazado los postulados reaccionarios y libertarios de Trump y Milei, igualmente lo podríamos haber catalogado como política exterior. Afortunadamente, en esto el Papa ha quedado más cerca del Evangelio que en la primera parte. Es difícil imaginar que Jesús, profeta o filósofo, elijan ustedes, hubiera defendido el reino de terror que proponen Abascal y sus amigos. El Papa se ha mantenido fiel a la idea de la comunidad humana, el “totus orbis” de Francisco de Vitoria, por encima del individualismo del turbocapitalismo tecnológico. Así, ha defendido el derecho de gentes, origen de parte del marco jurídico internacional.

En esta parte es donde el discurso ha sido más humano y, por tanto, donde mayor efecto puede tener. En la gestión de las migraciones, hereda la visión de su antecesor: es incompatible ser buena persona, o buena católica, desde el odio o la indiferencia para con las inmigrantes. Ha defendido que “la afirmación de la dignidad humana no puede permanecer abstracta cuando tantas personas se ven obligadas a dejarlo todo para buscar paz, seguridad y futuro”, que “el drama de las migraciones interpela el fundamento ético del orden internacional” y que “es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran”. Una defensa sin ambages de nuestra obligación colectiva, como sociedad, como continente, como Humanidad, de acoger y garantizar vidas dignas. Una enmienda a la totalidad a las políticas racistas y violentas de la UE (incluida España), recientemente empeoradas. 

La tercera parte ha sido una cuidadosa defensa de los privilegios de las religiones en un Estado aconfesional, con especial relevancia a la católica, claro está. Ha defendido el lugar de la fe en un mundo moderno y el derecho a no ser excluido por ella. Afirmación que también las personas ateas defendemos. Pero nuestra defensa de la libertad religiosa es laica: no tenemos problemas en que se utilicen las calles o los polideportivos para rezar (y nos da igual qué credo sea). Tampoco criticamos las vestimentas religiosas libremente elegidas. Siempre que se reconozca nuestro derecho a no profesar fe alguna, y a criticar y prohibir los desmanes, pues la dignidad humana es innegociable.

En el mundo, no son los creyentes quienes son minoría, lo somos las no creyentes. Por eso el Papa ha jugado con las palabras. No ha agradecido la enorme financiación pública de su credo (beneficiado frente a otros) gracias al concordato. Al tiempo, se ha inventado un nuevo derecho: el de los padres a elegir el tipo de educación para sus descendientes (forma indirecta de reclamar más fondos para colegios católicos). En realidad, el Estado tiene la obligación jurídica de garantizar a todas las menores el derecho (el de los niños, no las familias) a la educación de calidad, no una educación acorde con cada creencia y pagada con fondos públicos. Decía el Papa que “la fe no pretende imponerse mediante privilegios ni coerciones, sin embargo, tampoco puede ser relegada al silencio como si fuese irrelevante para la vida pública”. Sin embargo, lo dice ante las CCGG, no silenciado, y presidiendo una institución que ha sido inmune, por sus privilegios, a los procesos penales en los casos de pederastia. Ni un solo cardenal u obispo procesado por encubrimiento. Estaba en el edificio sede de la soberanía popular, ése era el lugar de pedir disculpas y prometer colaboración para castigar a los responsables. No lo ha hecho.

En definitiva, en nuestro anómalo sistema aconfesional, un líder religioso ha pronunciado una alocución entre lo político y lo religioso, lo ético y lo interesado, lo local y lo internacional, en unas Cortes Generales casi llenas (con la digna ausencia de Podemos y el BNG), con un cardenal sentado en la papMesa del Congreso como reminiscencia de otras épocas y consolidando un grave precedente: que nuestras representantes democráticamente elegidas tengan que aguantar las educadas reprimendas de un hombre, culto, sereno, machista y defensor de la inmigración y de la paz entre Estados. Un señor que no debía estar en las CCGG, y así las ateas no tendríamos que opinar sobre lo que allí ha dicho. 

Ander Gutiérrez-Solana es profesor de Derecho Internacional Público (UPV/EHU).

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Varias asociaciones de víctimas de la pederastia en la Iglesia han protestado este lunes a las puertas de la sede de la nunciatura apostólica al no ser convocadas a un acto oficial con el Papa en su visita a España. En un comunicado, han pedido un «compromiso decidido» y que la Iglesia escuche también a quienes «durante años han asumido el coste personal y social de denunciar y de trabajar por cambios reales». Entre los firmantes están la Asociación Nacional Infancia Robada, ANIR Canarias, Lulacris, Colectivo El Vedat, Colectivo La Alborada y Plataforma de Víctimas de la Salle.

En un discurso en la Conferencia Episcopal Española, León XIV no ha mencionado la palabra pederastia pero sí ha lanzado un mensaje a los obispos: «Como veis, nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incuso por miembros del clero».

La frase condensa una de los principales problemas a la hora de abordar la violencia sexual en la infancia y la adolescencia, dentro y fuera de la Iglesia: que estos delitos se cometen, en su mayoría, en los entornos que deberían proteger a los niños y a las niñas, como en sus propias casas. Según las estadísticas, una de cada cinco personas menores de edad es agredida sexualmente.

«Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y en la cultura del cuidado. Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación», continuó el pontífice, que acierta en algunas cosas pero se equivoca en el fondo del asunto.

Según especialistas y víctimas, es fundamental escuchar a las víctimas, creerlas, para poder hacer justicia real y ofrecerles una reparación. Tiene también razón el Papa en poner el foco en la prevención y la cultura del cuidado. Porque, en España, la formación sigue siendo una asignatura pendiente en todos los ámbitos: desde la justicia a los colegios, desde las propias familias a los propios niños y niñas. En todo ello tiene razón León XIV, pero falla en la clave: la pederastia, en la Iglesia y fuera de ella, no es una plaga, no es un pecado, no es una lacra. No estamos ante pasajes bíblicos. La pederastia es un delito derivado de un problema sistémico, social, estructural, como lo es la violencia machista.

Lo saben bien y lo repiten las víctimas de la Iglesia a las que, como han denunciado ellas mismas, no escuchará el Papa en este «viaje hecho de encuentros». Entender el fondo es el primer paso para acabar con ello.

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Este artículo ha sido publicado originalmente en La Directa.

La palabra imperialismo vuelve a estar en boca de todos. La geopolitización de las relaciones internacionales, así como el marcaje territorial, la política de la fuerza, el nacionalismo expansionista y la coerción económica y militar, hacen difícil encontrar una mejor manera de describir las disputas en el tablero global. El principal motivo de este conflicto a gran escala es que vivimos en un tiempo liminal, un intervalo entre un estado anterior y uno nuevo, el interregno entre la unipolaridad estadounidense surgida del final de la Guerra Fría y la multipolaridad que reivindican las potencias medias y emergentes.

Ante la intensidad y la velocidad de los cambios globales, que tienden a invisibilizar otros ritmos y horizontes políticos, este texto nace con la voluntad de contribuir a la construcción de un antiimperialismo popular que responda al contexto y ponga en valor resistencias y alternativas.

Recursos, propaganda y desgaste social

Las diferentes dimensiones del embate imperial exigen una respuesta antiimperialista que vaya más allá del campismo —la idea de que “los enemigos de mis enemigos son mis amigos”— y también de la condena selectiva que, por ejemplo, señala al imperialismo ruso mientras blanquea el imperialismo yanqui.

Es precisamente el imperialismo estadounidense, hoy encabezado por Donald Trump, quien está dinamitando las ya frágiles relaciones internacionales desde una lógica abiertamente transaccional. El afán por controlar recursos estratégicos —desde las tierras raras de Ucrania hasta el potencial gasístico de Gaza, pasando por el petróleo venezolano o los hidrocarburos de Irán— está reconfigurando aceleradamente las alianzas globales y, al mismo tiempo, se utiliza como instrumento de confrontación contra China.

Ahora bien, el imperialismo actual no solo opera mediante el expolio de recursos. También actúa como una fuerza destructiva con profundos efectos psicosociales: normaliza la violencia, alimenta la impotencia, la ansiedad y la apatía, y favorece el aislamiento. En su versión trumpista, la dimensión comunicativa se convierte en un elemento central para producir este impacto. Por un lado, busca saturar el espacio público con un flujo constante de mensajes que hegemoniza los canales de comunicación. Por otro, pretende desplazar la ventana de Overton, ampliando los límites de lo políticamente aceptable. El vídeo “Trump Gaza” es un ejemplo claro: una apuesta por normalizar lo grotesco.

La acción imperialista y su aparato propagandístico también penetran en el ámbito militante, generando fatiga, frustración y pérdida del sentido de la lucha. Este desgaste se explica, en parte, por la hiperresponsabilización y la incoherencia que implica reconocerse como pieza de un sistema estructuralmente injusto. Ulrich Brand definía esta realidad como “modo de vida imperial”: una forma de vida propia del Norte Global, sostenida sobre la explotación de territorios y ecosistemas ajenos, presentada falsamente como universal pero profundamente insostenible e injusta, y reproducida transversalmente por amplias capas sociales.

La sustancia del antiimperialismo popular

Podríamos definir el antiimperialismo popular como una crítica a la expansión política, económica y cultural de potencias dominantes sobre otros territorios, otorgando protagonismo a las formas de oposición que surgen desde las clases populares (trabajadoras, campesinas, colectivo LGTBIQ+, personas racializadas, pueblos indígenas, etc.).

La esencia del concepto puede encontrarse en diferentes tradiciones que van desde el marxismo de Vladimir Lenin o Rosa Luxemburgo, el decolonialismo de Frantz Fanon o Ho Chi Minh, hasta movimientos contemporáneos como el zapatismo y los movimientos indígenas, feministas y ecologistas, principalmente en el Sur Global.

En este sentido, diversas voces reivindican un antiimperialismo popular capaz de superar el campismo y el reduccionismo geopolítico. Ashley Smith alerta contra la lectura de los conflictos únicamente como disputas interimperialistas y rechaza la idea de Washington como fuerza positiva global. Al mismo tiempo, Anticapitalistas sitúa en el centro el apoyo a Palestina, el antirracismo, los derechos de las personas migrantes y la oposición al militarismo, mientras que Catarsi Magazine defiende la autonomía política de las resistencias y el anticolonialismo como respuesta a la extrema derecha. Finalmente, Walaa Alqaisiya reivindica un feminismo palestino antiimperialista que articule género, clase y liberación colectiva frente al colonialismo y al pinkwashing israelí.

Por tanto, el antiimperialismo popular debe articular la confrontación con el orden geopolítico actual junto con una transformación de las formas de producción y reproducción, orientada a superar las dinámicas de acumulación, sosteniendo la vida y defendiendo a las clases populares. Esto implica disputar el control de los recursos estratégicos y rechazar que la crisis ecológica se resuelva mediante una nueva expansión extractiva sostenida sobre el saqueo territorial, la dependencia tecnológica y la subordinación del Sur Global. La reconfiguración industrial impulsada por los bloques occidentales —desde las cadenas de minerales críticos hasta la consolidación de una economía orientada al rearme— no representa una ruptura con el modelo anterior, sino su adaptación militarizada.

Esta confrontación también exige situar la movilidad humana y la reproducción social en el centro del análisis político. Las fronteras y los regímenes migratorios actúan como mecanismos que legitiman internamente el autoritarismo y la excepcionalidad permanente. En este contexto, las luchas feministas, antirracistas, campesinas, indígenas y migrantes no pueden entenderse como frentes complementarios, sino como espacios centrales de confrontación con un modelo que mercantiliza los territorios, erosiona las condiciones materiales de la vida y externaliza los costes sociales y ecológicos hacia los colectivos precarizados y vulnerabilizados.

Esto implica reconocer como parte de la lucha antiimperialista diversas formas de resistencia popular ya existentes, que operan en diferentes escalas pero responden a una misma lógica de confrontación con el expolio, el racismo y la militarización. En Estados Unidos, destacan las redes de vigilancia comunitaria y apoyo mutuo impulsadas por organizaciones de base que alertan y protegen a las comunidades migrantes frente a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como el movimiento autoorganizado migrante y antirracista ¡Regularización Ya!, centrado en la regularización y la defensa de los derechos de las personas sin papeles en el Estado español.

En el ámbito de los recursos, encontramos las resistencias al extractivismo verde del pueblo sami frente a la expansión de proyectos mineros de tierras raras que amenazan sus territorios y formas de vida, y las luchas de las comunidades lickanantay en el desierto de Atacama contra la extracción de litio vinculada a grandes corporaciones transnacionales. En la misma línea, en Cataluña, la Revoltes de la Terra denuncia y confronta la presencia de la empresa minera sionista ICL en el Bages, señalando los impactos ecológicos y las violaciones de derechos humanos derivadas de su actividad. Finalmente, en Europa, se cuestiona la deriva de la industria alemana —con casos como Volkswagen— por su implicación en cadenas de producción vinculadas a sistemas militares como la “Cúpula de Acero”, que ejemplifica la creciente integración entre el sector automovilístico y el complejo militar-industrial israelí.

Al mismo tiempo, diversas experiencias recientes en territorios directamente impactados por el imperialismo insisten en la necesidad de una autonomía política popular frente a las injerencias imperiales y las élites locales. El Sindicato de Trabajadores de los Autobuses de Teherán rechazaba tanto a las potencias extranjeras como el retorno monárquico impuesto “desde arriba” como vías de liberación para las clases populares iraníes. En una línea similar, el Comité Nacional de Conflicto venezolano denunciaba tanto la disputa entre imperialismos como la deriva proimperialista del gobierno de Delcy Rodríguez. Desde Palestina, Queers in Palestine rechaza la instrumentalización colonial de las disidencias sexuales para justificar violencia imperialista y genocida, negando que los derechos LGTBIQ+ puedan utilizarse como criterio para deshumanizar a pueblos colonizados.

Las tareas del antiimperialismo popular en el tiempo liminal

La buena noticia es que ya tenemos mucho trabajo hecho. Es importante que nuestros proyectos políticos no sean víctimas de un contexto lleno de excepcionalidades. Una de las tareas más importantes, en un presente discontinuo, es dar continuidad a nuestros horizontes políticos sin renunciar a un margen de maniobra suficiente para poder responder a los cambios del contexto.

Dentro de este margen de maniobra y en el marco de un antiimperialismo popular, es necesario articular un conjunto de propuestas que permitan responder a las diferentes dimensiones del embate imperial y a sus expresiones contemporáneas.

En primer lugar, el desarme debe plantearse como una condición material para reducir la capacidad de proyección de violencia de los bloques imperiales y de los Estados que los sostienen. Esto implica oponerse al atlantismo y al aumento de los presupuestos militares, a la expansión de la industria armamentística y de la industria dual —civil y militar—, y a la normalización de la guerra como instrumento político.

En segundo lugar, es necesario avanzar hacia una ruptura con la subordinación estructural a Estados Unidos, entendiéndolo como eje central del orden imperial contemporáneo. Esto supone cuestionar las dependencias metabólicas, económicas, militares y políticas, así como las alianzas que sostienen este orden, con el objetivo de abrir espacios de autonomía para proyectos populares.

En tercer lugar, es necesario desarrollar una práctica antirracista y decolonial que permita identificar y combatir las formas de dominación que sostienen el orden global actual. Esto implica analizar las bases materiales de la explotación colonial y neocolonial, desmontar las lógicas de acumulación capitalista y confrontar los discursos racistas y deshumanizadores que las legitiman.

Por último, es imprescindible responder al afán extractivo sobre los recursos naturales y territoriales, que estructura gran parte de las relaciones Norte-Sur y que se entrelaza con la emergencia climática y la crisis de la reproducción social. Esta respuesta implica defender la soberanía sobre los bienes comunes y oponerse a las lógicas de acumulación que destruyen ecosistemas y despojan a las comunidades, al tiempo que se sitúa en el centro la sostenibilidad de la vida. Esto supone reforzar las redes comunitarias, los servicios públicos y las condiciones materiales que hacen posible la vida cotidiana, disputando el sentido de lo que significa vivir dignamente fuera de las dinámicas de mercado, explotación y colapso ecológico.

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El próximo 9 de junio, el ciudadano Robert Francis Prevost, más conocido como papa León XIV, llegará a Barcelona en el marco de un viaje oficial, que discurrirá entre el 6 y el 12 de junio, y que lo llevará también a Madrid, Gran Canaria y Tenerife. En una nota de prensa, la Conferencia Episcopal Española señala que el Papa recorrerá 2.500 kilómetros en seis días, realizando 17 discursos y homilías, así como 21 actos, para “poder encontrarse con todos, escuchar a todos y hablar a todos y con todos”. 

Sin embargo, no todos quieren poder encontrarse con el representante de la principal teocracia del mundo, el Vaticano. En Barcelona, la Fundación Ferrer i Guàrdia, Europa laica y la asociación Ateus de Catalunya, han impulsado la campaña Jo no t’espero, a la que se han sumado ya decenas de colectivos y ciudadanos particulares. Bajo el lema “su viaje, tus impuestos”, denuncian el dispendio que supondrá para las arcas públicas la visita papal. Un viaje que, además de los operativos de seguridad, acondicionamiento público y el largo etcétera derivado de este tipo de visitas protocolares, ha generado un gasto adicional en la campaña publicitaria realizada por la Generalitat de Catalunya para dar la bienvenida a Prevost, Hola món, hola Papa. 

Sorprende este despliegue publicitario institucional, que se concreta también en publicidad pagada en la prensa, y que es atípico ante lo que las autoridades presentan como una visita de Estado. De hecho, las asociaciones impulsoras del manifiesto apuntan a que tratar como visita de Estado lo que es una visita de carácter religioso genera una “confusión” que “debilita la neutralidad institucional y perpetúa un trato privilegiado que contradice el principio de aconfesionalidad reconocido constitucionalmente”.

España es un particular Estado aconfesional, que sigue manteniendo un Concordato con la Iglesia católica, heredero de los pactos del postfranquismo con la institución que fue legitimadora esencial de la dictadura. Una institución religiosa a la que se beneficia con exenciones fiscales y a la que ha permitido el robo de patrimonio y bienes inmobiliarios a través de las inmatriculaciones, como es el caso notorio de la mezquita de Córdoba. Una institución que, como indica el manifiesto, nunca ha pedido perdón oficial ni por su instigación y colaboración en la Cruzada del franquismo ni por su activa participación en el robo de bebés, calculado en más de 300.000 por algunas asociaciones. Una institución opaca, que ha amparado abusos sexuales, que se opone a los derechos reproductivos de las mujeres y el derecho a una muerte digna.

La visita del Papa la vamos a acabar pagando todas las contribuyentes, aunque no marquemos la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Conviene recordar este hecho en un país donde la derecha pone el grito en el cielo cada vez que alguna expresión religiosa, especialmente si proviene de la comunidad musulmana, aparece en el debate público. La separación de la esfera privada y pública que la derecha y la ultraderecha defienden cuando se trata de otras creencias, a las que perciben como “ajenas” a la idiosincrasia española, no aplica cuando se trata de la religión que se considera base de la identidad española y elemento indisociable de la construcción de su nación. Una construcción interesada que, por supuesto, obvia la diversidad cultural y religiosa existente durante siglos en la península ibérica antes de la “Reconquista” católica. 

La laicidad social avanza, a pesar de todo

Sin embargo, este intento de presentar a España como baluarte del catolicismo es un imaginario cada vez más difícil de defender. En la sociedad española la secularidad está extendida, a pesar de que las expresiones culturales se confundan con las religiosas en Semana Santa o Navidades, fiestas que, a su vez, tienen un origen pagano vinculado con los ciclos de la naturaleza pero que se resignificaron al ser apropiadas por el catolicismo. 

En los últimos tiempos, estamos presenciando, además, una campaña emprendida por algunos sectores religiosos para convencernos de un aumento de la religiosidad entre los jóvenes. Una tendencia a la que se han sumado, oportunistamente, diversas artistas que se han subido al carro de la espiritualidad (algo distinto a la religiosidad, por otra parte). Sin duda, los tiempos, por momentos apocalípticos, que nos está tocando vivir, pueden llevar a mucha gente a buscar respuestas más allá de lo racional y a refugiarse en un sentido trascendente vinculado a creencias religiosas. Pero los datos, más bien, hablan de un fenómeno de descenso paulatino de la creencia católica en España. 

Las encuestas del CIS mostraban, para abril de 2026, que más del 39% de la sociedad española se considera agnóstica, indiferente o atea, frente a un 35,9% de católicos no practicantes. Cuando se trata de jóvenes, las cifras de no creyentes, agnósticos y ateos superan el 50%, porcentaje muy superior a la media global. Por otra parte, los católicos practicantes son el 17,1% frente al 16,7% de las personas ateas, pero la serie de datos desde 2021 permite observar un descenso leve y zigzagueante de los primeros, y un ascenso, también zigzagueante pero más acusado, de las últimas. El 6% de los encuestados se declara creyente de otra religión.  

La laicidad avanza, aunque sea de manera desigual y combinada. La fe también parece ir por barrios. Estos días, es mucho más probable encontrarse banderas vaticanas para dar la bienvenida al Papa en las ventanas y balcones de las zonas más acomodadas de Barcelona que en los barrios populares. Un dato que no sorprende pero que recuerda que en este Estado hubo una tradición popular claramente anticlerical.

Una visita en clave política… y geopolítica

Con el auge de la ultraderecha a escala mundial, y su relación con diversas iglesias evangélicas que crecen en influencia, también en España, el catolicismo español no quiere perder su tradicional monopolio religioso. La visita papel le sirve para mostrar músculo. También León XIV se está perfilando, igual que el papa Francisco, como una figura progresista, antagónica hasta cierto punto a dichas fuerzas. Un liderazgo religioso, a la par que político, que puede ser leído en clave geopolítica, sin duda.

Pero, con todo el respeto para el Sr. Prevost y su posición humanista frente a la barbarie representada por Donald Trump y sus aliados, desde el reconocimiento de su defensa de los migrantes y los marginados –defensa que también hacen muchos otros representantes o partidarios de su iglesia desde las bases cristianas más apegadas al mensaje original de Cristo, muchos de ellos militantes, a su vez, de organizaciones socialistas y/o comunistas–, no por ello hay que olvidar la institución nefasta a la que este Papa, como todos los papas anteriores, representa. 

Tampoco el entusiasmo colectivo que inducen estos mega eventos debiera anestesiar un sentido crítico necesario frente al marasmo. Las simpatías que puedan albergar algunos hacia el Sr. Prevost, o su predecesor, no pueden llevar a la izquierda a olvidar las coordenadas sobre las que debiera girar el debate acerca del papel de la religión en la esfera pública. La visita del Papa debería servir, más bien, para reivindicar la memoria histórica y la reparación, como recuerda la campaña Jo no t’espero. También para recordar que la religión, cualquiera que sea, debería circunscribirse al ámbito privado, evitando cualquier interferencia con las instituciones públicas. España tiene un largo trecho por recorrer en este sentido. Por una separación efectiva de la religión y el Estado, yo no le espero, Sr. Prevost.  

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Bajo un sol cayendo a plomo en la Plaza del Pueblo de Orcasur (Madrid), se presentaba este sábado una confluencia que busca articular y aglutinar las diferentes luchas sociales, sindicales y medioambientales que están atravesando el territorio madrileño. El entorno no podía más adecuado para esta iniciativa colectiva; no en vano, Orcasur, Orcasitas, es esa aldea gala del sur en la que nunca se han implantado las derechas y que a finales de la dictadura consiguió que todos sus habitantes pasaran de vivir hacinados en chabolas, a estrenar viviendas dignas; un barrio del “cinturón rojo” de la periferia madrileña, en el que el movimiento ciudadano, vecinal, obrero, fue determinante, como otros similares, para poner fin a la dictadura y recuperar libertades. Siempre desde abajo, siempre a la izquierda.

La Confluencia de luchas es el resultado de varios años de trabajo conjunto entre las organizaciones CGT, CNT-Comarcal Sur, Ecologistas en Acción de Madrid, Sindicato de Manteros y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, y que, en un escenario marcado por la crisis ecosistémica, la precarización laboral, la crisis de vivienda y el endurecimiento de las políticas migratorias, quiere sumar fuerzas con las que construir respuestas colectivas con las que enfrentarse a la situación actual. Nos lo explicaba Julia Tabernero, integrante de Sindicato de Inquilinas y una de las impulsoras del proyecto: “El proceso lleva armándose casi tres cursos y surge entre organizaciones que ya nos conocíamos y habíamos colaborado en algunas ocasiones, pero necesitábamos de un análisis compartido del contexto. Y, sobre todo, de respuestas coordinadas”.

El proceso ha sido largo, se ha ido labrando gracias al intercambio de experiencias y el análisis de las diferentes luchas que dan forma a la iniciativa, y ha finalizado este curso 2025-2026 en la denominada Escuela de Luchas, en la que han participado cerca de 30 ponentes y varios centenares de asistentes a las sesiones celebradas en la Fundación Anselmo Lorenzo.

La huelga general contra el genocidio en Gaza, las movilizaciones del sector de la Enseñanza o la sanidad madrileñas, la crisis medioambiental, la emergencia habitacional, la campaña contra las políticas migratorias y por la regularización de los migrantes, o la manifestación del 1º de mayo interseccional más multitudinario de los últimos años, son algunos hitos compartidos entre organizaciones sociales y sindicales que ahora han dan el paso definitivo para sumar esfuerzos.

Medios de comunicación y policrisis

Para su presentación, las integrantes convocaron el evento denominado I Encuentro Primavera de Luchas, que contó con varios talleres de debate: a primera hora, Mark Bray, Miquel Ramos y Nuria Alabao nos hablaron de la “Internacional reaccionaria y los retos del antifascismo”, y analizaron el auge de la extrema derecha en todo el mundo, el papel que en ello están jugando los medios y su relación con las cuestiones de género, la masculinidad y el neoliberalismo.

Ya al filo del mediodía, Rubén Martínez, Helena Maleno, Josefa Sánchez Contreras y Constanza Cisneros participaron en una charla titulada “La policrisis y el sujeto en lucha”. Por último, representantes de Labor Notes, la red estadounidense que funciona como motor de izquierda en el movimiento sindical y promueve la militancia obrera y un sindicalismo orientado a la acción social, y el MST brasileño, movimiento campesino que lucha por una reforma agraria popular mediante la ocupación de tierras improductivas, han presentado sus experiencias en la mesa “Las militancias de base y las organizaciones de masas”.

Cayendo la tarde, se ha presentado formalmente la iniciativa, con discursos de los convocantes, pero también de diferentes realidades actuales en lucha: Extinción Rebelión, el sector de la educación infantil (0-3 años) en huelga desde hace semanas, la Asamblea por la vivienda de Usera, la Asociación de Vecinos de Orcasur, la sección de la CGT en El Corte Inglés, cuyas mujeres han conseguido abrir una grieta importante en una empresa siempre refractaria a la actividad sindical o la Sección de lo social de CNT, que recientemente ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Provincial contra el alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, por prevaricación y discriminación en la regularización de migrantes. Como broche final, las actuaciones musicales del coro ecofeminista de mujeres Malvaloca, y las bandas Tremenda Jauría y Biznaga han puesto la nota lúdica haciendo bailar a los asistentes.

Mark Bray, historiador y profesor universitario estadounidense que ha tenido que exiliarse en España por las amenazas que ha sufrido en su país, reflejaba el ánimo que flotaba en el ambiente: “las experiencias de Minnesota o más recientemente en Newark [se refiere las movilizaciones frente al centro de detención del ICE conocido como Delaney Hall, donde cientos de migrantes se encuentran llevando a cabo una huelga de hambre] son hitos que marcan el camino en mi país y protagonizan la esperanza de un antifascismo de autodefensa comunitaria desde abajo. Y lo que estoy viendo con la confluencia de luchas es igual de esperanzador, representa el ejemplo de cómo se puede establecer un movimiento de masas antifascista ante la eventual llegada de la extrema derecha al poder”.

Después de casi tres años de trabajo colectivo, este sábado se presentó finalmente la confluencia en Orcasur, pero tal y como afirma Gonzalo Maestro, uno de los impulsores de la iniciativa, “ahora el objetivo inmediato es sacarla de la capital y extenderla a otras zonas de la comunidad, y para ello ya tenemos programados actos en la sierra norte y otros ligares del este y la zona Sur. Y el siguiente paso será encontrarnos con iniciativas similares de otros territorios”. La confluencia ya se ha presentado públicamente, reforzando vínculos y compartiendo experiencias, pero el trabajo para extenderse fuera y seguir aumentando su implantación no ha hecho más que empezar.

Miguel Ángel Fernández es periodista freelance y trabajador de la Fundación Anselmo Lorenzo (CNT)

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Después de varios años de trabajo conjunto, CGT, CNT-Comarcal Sur, Ecologistas en Acción de Madrid, Sindicato de Manteros y Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid han decidido constituir la «Confluencia de luchas», una propuesta que busca reforzar la articulación entre los distintos movimientos sociales y sindicales de la ciudad en un escenario marcado por la crisis ecosistémica, la precarización laboral, la crisis de vivienda o el endurecimiento de las políticas migratorias. En este momento, los miembros de este frente común consideran imprescindible generar espacios compartidos que permitan construir respuestas colectivas.

La iniciativa, que se presenta públicamente el próximo sábado en Orcasur, barrio madrileño con una importante tradición popular y de asociacionismo vecinal, es el resultado de más de dos años de trabajo conjunto, así lo explica Julia Tabernero, integrante del Sindicato de Inquilinas y una de las impulsoras del proyecto: «El proceso lleva armándose casi tres cursos y surge entre organizaciones que ya nos conocíamos y habíamos colaborado en algunas ocasiones, pero necesitábamos de un análisis compartido del contexto. Y, sobre todo, de respuestas coordinadas».

El objetivo de esta suma, según nos cuenta Gonzalo Maestro, de CNT, es el de construir un espacio de encuentro, coordinación y acción, pero también «un proceso político orientado con la idea de construir estructuras militantes y organizativas sólidas, con identidad propia, con capacidad de fortalecer las distintas luchas desde un horizonte político compartido, y ganas de hacer frente a las diferentes formas de dominación del capitalismo contemporáneo».

Estas organizaciones unen fuerzas para proponer alternativas con un componente fundamental de clase: «Entendemos que las luchas de los diferentes colectivos que conforman la confluencia pueden ser diferentes, pero en este momento de policrisis y avance de la extrema derecha, hemos decidido aparcar lo que nos separa y dar el paso a organizarnos desde abajo y desde la izquierda», expone Luis Rico, de Ecologistas en Acción.

«Buscamos romper contradicciones históricas en las que nos ha sumido el capitalismo, las típicas entre sindicalismo y ecologismo, por ejemplo, y así trabajamos en cómo cerrar fábricas contaminantes o de armamento; en plantear un modelo industrial totalmente diferente que también beneficie a la clase trabajadora. Lo mismo decimos del movimiento de inquilinas e inquilinos, con el que coincidimos en que la vivienda debe ser un bien de uso y no para la especulación. Y con los migrantes nos une la solidaridad de clase: entendemos que todo el mundo tiene derecho a vivir aquí, a tener las mismas garantías y mismos derechos. Eso sí, a quienes no queremos aquí es a los capitales especulativos internacionales y a los fondos de inversión», concluye Rico.

Coincide en esa visión Mario Rísquez, integrante de CGT: «La confluencia de organizaciones que desarrollan su actividad en ámbitos aparentemente distintos nace de la lectura que hacemos de la crisis ecosocial en la que estamos inmersos: no podemos entender la precariedad en el trabajo y los bajos salarios de manera desligada del problema habitacional y los precios de la vivienda. Ponemos el foco en las condiciones de vida, del empleo, de la vivienda, del racismo y las políticas migratorias, del cambio climático, etc., todas ellas interrelacionadas. Y para afrontarlas debemos construir diagnósticos comunes, estrategias alineadas y unidad de acción».

Son las mismas razones que han llevado al sindicato de manteros a unirse a la confluencia, tal y como nos cuenta Serigne Mbayé: «Aquí hay personas con papeles, sin papeles y nativas, pero siempre trabajamos desde el apoyo mutuo. Nuestra lucha busca derribar fronteras, tanto las visibles como las invisibles, y romper esa discriminación que sufrimos como migrantes, pero también como clase trabajadora. Somos personas que estamos a pie de calle y luchamos por la igualdad de las personas, por un mundo mejor y más decente, contra las guerras y la explotación, por los servicios públicos… Todo eso nos afecta. No queremos que nos dividan, nuestra lucha es contra el destrozo del medioambiente, contra la especulación con la vivienda… somos los primeros que también sufrimos esto. Por eso es importante dar ese paso: si el sistema pretende dividirnos, nosotros sumamos fuerzas».

El proceso de confluencia ha sido largo y, según nos explican desde las organizaciones que la componen, desde el comienzo se hizo un esfuerzo en la autoformación: «Lo primero fue realizar una serie de encuentros de aprendizaje e intercambio de experiencias, en los que contar también con otras voces que nos parecían interesantes. Por ahí pasaron personas como Pastora Filigrana, Yayo Herrero, Amaia Pérez Orozco… Es decir, se trataba de establecer una serie de encuentros estratégicos con los que ir estructurando propuestas concretas». Estos encuentros de debate han finalizado este curso 2025-2026 en la denominada Escuela de Luchas, en la que han participado cerca de 30 ponentes y varios centenares de asistentes a las sesiones que se han llevado a cabo en la Fundación Anselmo Lorenzo.

Para Julia Tabernero, la escuela «ha sido una experiencia que hemos construido entre todas, un espacio de formación política y social para personas que conocían a alguna de las organizaciones o que estaban cercanas a los movimientos sociales y organizativos, pero que todavía no estaban participando. Y también para esa gente joven a la que le apetecería tener su primera experiencia militante. Los resultados han sido tan interesantes y fructíferos que la intención es volver a repetirla».

La Confluencia de Luchas se presenta ahora en Madrid, pero tiene la vocación de ser un espacio abierto a la incorporación de otros colectivos y organizaciones, sindicales, de vivienda, feministas, antirracistas, ecologistas»“que compartan prácticas políticas similares basadas en el sindicalismo, la generación de contrapoder y la institucionalidad popular como palancas para la transformación social y la transición poscapitalista».

Y de hecho, ya están trabajando para sacar la experiencia de la ciudad, e incluso extenderla fuera de la Comunidad de Madrid, respetando «la autonomía, las dinámicas y las alianzas de las organizaciones en los distintos territorios». Eso sí, «las organizaciones que ahora conformamos la confluencia de luchas compartimos una serie de principios organizativos y estratégicos, como la autonomía frente a partidos políticos y apuestas electorales, la organización de base y asamblearia, o la desobediencia y la acción directa», finaliza Rísquez.

De momento la Confluencia de Luchas se presenta este sábado con el evento I Encuentro Primavera de Luchas, que contará con charlas y mesas de debate sobre la internacional reaccionaria y los retos del antifascismo, la policrisis y el sujeto de la lucha, y la militancia de base y las organizaciones de masas en el siglo XXI. Contará con la participación de periodistas, historiadores y activistas como Mark Bray, Miquel Ramos, Nuria Alabao, Rubén Martínez, Helena Maleno, Josefa Sánchez Contreras y Constanza Cisneros, además de con una programación infantil simultánea durante todo el día, gracias a los colectivos Tartamuda y Ecobloco. La jornada finalizará con las actuaciones del coro de mujeres Malvaloca y las bandas Tremenda Jauría y Biznaga.

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Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.

Empezábamos este mes con una manifestación del Primero de Mayo, que, en esta ocasión, fue más allá de las reivindicaciones laborales y salariales, para poner de relieve las dificultades para acceder al derecho a la vivienda. Ambas cuestiones están estrechamente relacionadas, por el enorme decalaje entre la evolución de los salarios y los precios del mercado inmobiliario. Según datos de Comisiones Obreras (2025), los salarios han aumentado de media un 23,3% en la última década, mientras que el precio del alquiler ha aumentado un 50,8% y el de compra, un 42,4%.

El impacto del paro sobre el comportamiento electoral se ha examinado ampliamente tanto en nuestro país como en todo el mundo. Por el contrario, apenas se ha estudiado el impacto de las dinámicas del mercado inmobiliario en las preferencias políticas. En Europa, ésta es una línea de investigación emergente y, en Catalunya y España, prácticamente no existen estudios sobre el tema.

Cuando 1 de cada 3 personas ya considera la vivienda el problema más grave de Catalunya –como apunta el barómetro del Centro de Estudios de Opinión (2025)–, es pertinente preguntarse qué impacto político podría tener este factor en nuestro país. Los primeros estudios europeos para examinar la relación entre la evolución de los precios del mercado inmobiliario, los resultados y las encuestas electorales aportan algunas pistas.

El impacto electoral del encarecimiento de los alquileres, una línea de investigación emergente en Europa

Uno de los primeros estudios europeos sobre esta cuestión, del año 2019, examina la relación entre el aumento del precio del alquiler y el crecimiento del voto populista en dos contextos muy diferentes: el apoyo al Frente Nacional de Marine Le Pen en las elecciones presidenciales francesas del año 2017 ya la opción del Brexit durante la campaña del referéndum. Según Adler y Ben Ansell, en ambos procesos electorales, la inflación del mercado inmobiliario favoreció el voto a opciones populistas de los sectores sociales más afectados por el aumento de precios.

Otro estudio de Michael Marshall (2025) en Reino Unido asocia el hecho de vivir en un piso de alquiler social con la oposición a la inmigración y el voto al partido de ultraderecha Reform UK. En zonas con carencia de vivienda asequible, es más probable que los inquilinos con menos recursos quieran restringir los flujos de inmigración y se descanten por la extrema derecha.

En la misma dirección apunta otra investigación a Alemania, publicada en 2024. Los investigadores Tarik-Abou-Chadi, Denis Cohen y Thomas Kurer, incluso, cuantifican el impacto electoral del fenómeno: por cada euro de aumento del precio del alquiler por m², aumenta el apoyo, sube el apoyo a Alternativa por Alemania (AfD) en más de cuatro puntos porcentual. Así pues, no se puede menospreciar la influencia de la vivienda en las preferencias políticas, como tampoco puede infravalorarse la capacidad de la ultraderecha para explotarla en favor de sus intereses.

¿Cómo aprovecha la extrema derecha el malestar social por la vivienda?

Partidos de ultraderecha de todo el mundo tratan de conectar con las personas preocupadas por la problemática de la vivienda con propuestas intencionadamente ambivalentes. Su discurso populista ofrece soluciones para promover la vivienda asequible, pero solo para la población autóctona. De esta forma, desvían la atención de las medidas neoliberales, más alineadas con el discurso no intervencionista de la derecha, que apuestan por la desregulación del mercado inmobiliario y por la protección de los intereses de los propietarios.

Un ejemplo paradigmático de esa ambivalencia es el discurso de Donald Trump. En enero de 2026, sorprendió a la opinión pública con su propuesta de acabar con la compra especulativa de viviendas unifamiliares y, ese mismo mes, también planteaba su polémico plan inmobiliario para reconstruir una “Nueva Gaza” en el Foro de Davos.

Volviendo al contexto europeo, hace años que los líderes de extrema derecha culpabilizan a los inmigrantes de la escasez de vivienda asequible, ocultando la responsabilidad de los especuladores inmobiliarios, y defienden la “priorización de los nacionales” para acceder a ellos. Lo hizo Marine Le Pen cuando era candidata de Reagrupament Nacional (RN) en las elecciones presenciales francesas de 2022 y muchos han seguido su estela desde entonces. Cuando a mediados de 2024, Nigel Farage anunció que lideraría la candidatura de Reform UK, soltó en su discurso que era necesario construir una casa cada 2 minutos para acoger la inmigración.

Además, la ultraderecha considera la vivienda un patrimonio nacional y familiar que debe protegerse de quien le hace peligrar: desde su óptica, okupas e inmigrantes. Veamos, por ejemplo, este fragmento literal de un tuit de la presidenta italiana Georgia Meloni (2025) traducido al catalán: “Con la aprobación definitiva del Decreto de Seguridad en el Senado (…), estamos tomando medidas decisivas contra las okupaciones ilegales, acelerando los desahucios y protegiendo a las familias, las personas mayores y los propietarios honrados”.

Aliança Catalana y Vox han importado las mismas recetas sobre vivienda que la ultraderecha europea

La misma estrategia se ha importado en nuestro entorno territorial. Tanto la ultraderecha que apuesta por la unidad de España como la que defiende la independencia de Catalunya plantean recetas similares en materia de vivienda. En el programa electoral de Vox de las últimas elecciones catalanas podemos leer: “Modificaremos los criterios para otorgar vivienda protegida, ayudas de alquiler, alquiler social o mesa de emergencia con el fin de priorizar a los españoles”. En término similares, se expresa Sílvia Orriols en este reel compartido en el perfil de Instagram de Aliança Catalana: “La solución no puede pasar por ir construyendo 50.000 o 100.000 pisos con el dinero público de los catalanes, de los contribuyentes catalanes, para terminarlos otorgando a niños recién llegados y que más pueden llegar a que recién llegados. hacer es que nuestra juventud pueda emanciparse y tenga preferencia”.

Las okupaciones son otro de los temas estrella de ambos partidos. En el programa electoral de Vox de las últimas elecciones catalanas (2024), el concepto de las okupaciones -escrito con co con k indistintamente- aparece 19 veces y, en el de Aliança Catalana, 18. Por el contrario, en ninguno de los dos casos, se menciona ni una sola vez el concepto de los desahucios. Levantar la limitación de los precios del alquiler o favorecer a los propietarios de viviendas con beneficios fiscales también eran dos de las prioridades de los programas de ambos partidos en las elecciones de 2024.

En esos comicios, Vox logró 11 diputados, y Aliança Catalana, que se presentaba por primera vez, 2. Pero una reciente encuesta electoral, publicada por el diario Ara, augura un fuerte crecimiento de Aliança Catalana en las próximas elecciones catalanas, y la sitúa como tercera fuerza con un tenedor de entre 20 y 22 diputados.

Hacen falta políticas decididas por el derecho a la vivienda y no sólo disputar el relato de la extrema derecha

Para revertir esta tendencia, obviamente deben combatirse los discursos de la extrema derecha y disputarle el espacio de las redes sociales. Pero esto no significa delegar la política en la comunicación. Es necesario articular una estrategia política para combatir las desigualdades sociales en múltiples frentes, que priorice las políticas de vivienda. Un reciente estudio de la Progressive Politics Research Network (PPRNet) indica que, si los partidos progresistas del centroizquierda abordan de forma decidida este tema, podrían recuperar un amplio apoyo electoral.

Las movilizaciones sociales, cortafuegos de la extrema derecha

Pero, tanto o más importante que el ámbito electoral e institucional, son las luchas sociales en la calle. Está más que demostrado que la presión social sobre las instituciones les conduce a tomar medidas más garantizadas por el derecho a la vivienda. ¿Cómo se habría regulado si no el precio del alquiler? Por otro lado, los movimientos sociales también están canalizando el malestar social por la vivienda y conduciéndolo hacia propuestas más constructivas que las de la extrema derecha.

En los últimos años, la cara más visible del movimiento por la vivienda es el Sindicato de Inquilinas. Años atrás, lo fue la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), nacida en 2009 ante la ola de desahucios provocada por la crisis financiera internacional de principios de siglo, que acabó desembocando en el movimiento 15M dos años después en España; y en una ola de movimientos de protesta en distintas partes del mundo.

Cuando se cumplen 15 años del movimiento de los indignados, conviene recordar que una de sus funciones fue justamente la de actuar como cortafuegos de la extrema derecha. Esa mirada atrás nos lleva necesariamente a una reflexión sobre el presente. ¿Cómo crear y reforzar los puntos de unión entre los movimientos sociales actuales (por la vivienda, la educación, la sanidad, el transporte público, el feminismo, el medio ambiente, el antiracismo…) que permitan articular grandes movilizaciones sociales para frenar y combatir a la extrema derecha? Responder a esta pregunta es clave, tanto local como globalmente, frente a la amenaza real que supone en estos momentos la extrema derecha para nuestros derechos sociales, políticos y culturales.

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