Este artículo ha sido publicado originalmente en La Directa.

La palabra imperialismo vuelve a estar en boca de todos. La geopolitización de las relaciones internacionales, así como el marcaje territorial, la política de la fuerza, el nacionalismo expansionista y la coerción económica y militar, hacen difícil encontrar una mejor manera de describir las disputas en el tablero global. El principal motivo de este conflicto a gran escala es que vivimos en un tiempo liminal, un intervalo entre un estado anterior y uno nuevo, el interregno entre la unipolaridad estadounidense surgida del final de la Guerra Fría y la multipolaridad que reivindican las potencias medias y emergentes.

Ante la intensidad y la velocidad de los cambios globales, que tienden a invisibilizar otros ritmos y horizontes políticos, este texto nace con la voluntad de contribuir a la construcción de un antiimperialismo popular que responda al contexto y ponga en valor resistencias y alternativas.

Recursos, propaganda y desgaste social

Las diferentes dimensiones del embate imperial exigen una respuesta antiimperialista que vaya más allá del campismo —la idea de que “los enemigos de mis enemigos son mis amigos”— y también de la condena selectiva que, por ejemplo, señala al imperialismo ruso mientras blanquea el imperialismo yanqui.

Es precisamente el imperialismo estadounidense, hoy encabezado por Donald Trump, quien está dinamitando las ya frágiles relaciones internacionales desde una lógica abiertamente transaccional. El afán por controlar recursos estratégicos —desde las tierras raras de Ucrania hasta el potencial gasístico de Gaza, pasando por el petróleo venezolano o los hidrocarburos de Irán— está reconfigurando aceleradamente las alianzas globales y, al mismo tiempo, se utiliza como instrumento de confrontación contra China.

Ahora bien, el imperialismo actual no solo opera mediante el expolio de recursos. También actúa como una fuerza destructiva con profundos efectos psicosociales: normaliza la violencia, alimenta la impotencia, la ansiedad y la apatía, y favorece el aislamiento. En su versión trumpista, la dimensión comunicativa se convierte en un elemento central para producir este impacto. Por un lado, busca saturar el espacio público con un flujo constante de mensajes que hegemoniza los canales de comunicación. Por otro, pretende desplazar la ventana de Overton, ampliando los límites de lo políticamente aceptable. El vídeo “Trump Gaza” es un ejemplo claro: una apuesta por normalizar lo grotesco.

La acción imperialista y su aparato propagandístico también penetran en el ámbito militante, generando fatiga, frustración y pérdida del sentido de la lucha. Este desgaste se explica, en parte, por la hiperresponsabilización y la incoherencia que implica reconocerse como pieza de un sistema estructuralmente injusto. Ulrich Brand definía esta realidad como “modo de vida imperial”: una forma de vida propia del Norte Global, sostenida sobre la explotación de territorios y ecosistemas ajenos, presentada falsamente como universal pero profundamente insostenible e injusta, y reproducida transversalmente por amplias capas sociales.

La sustancia del antiimperialismo popular

Podríamos definir el antiimperialismo popular como una crítica a la expansión política, económica y cultural de potencias dominantes sobre otros territorios, otorgando protagonismo a las formas de oposición que surgen desde las clases populares (trabajadoras, campesinas, colectivo LGTBIQ+, personas racializadas, pueblos indígenas, etc.).

La esencia del concepto puede encontrarse en diferentes tradiciones que van desde el marxismo de Vladimir Lenin o Rosa Luxemburgo, el decolonialismo de Frantz Fanon o Ho Chi Minh, hasta movimientos contemporáneos como el zapatismo y los movimientos indígenas, feministas y ecologistas, principalmente en el Sur Global.

En este sentido, diversas voces reivindican un antiimperialismo popular capaz de superar el campismo y el reduccionismo geopolítico. Ashley Smith alerta contra la lectura de los conflictos únicamente como disputas interimperialistas y rechaza la idea de Washington como fuerza positiva global. Al mismo tiempo, Anticapitalistas sitúa en el centro el apoyo a Palestina, el antirracismo, los derechos de las personas migrantes y la oposición al militarismo, mientras que Catarsi Magazine defiende la autonomía política de las resistencias y el anticolonialismo como respuesta a la extrema derecha. Finalmente, Walaa Alqaisiya reivindica un feminismo palestino antiimperialista que articule género, clase y liberación colectiva frente al colonialismo y al pinkwashing israelí.

Por tanto, el antiimperialismo popular debe articular la confrontación con el orden geopolítico actual junto con una transformación de las formas de producción y reproducción, orientada a superar las dinámicas de acumulación, sosteniendo la vida y defendiendo a las clases populares. Esto implica disputar el control de los recursos estratégicos y rechazar que la crisis ecológica se resuelva mediante una nueva expansión extractiva sostenida sobre el saqueo territorial, la dependencia tecnológica y la subordinación del Sur Global. La reconfiguración industrial impulsada por los bloques occidentales —desde las cadenas de minerales críticos hasta la consolidación de una economía orientada al rearme— no representa una ruptura con el modelo anterior, sino su adaptación militarizada.

Esta confrontación también exige situar la movilidad humana y la reproducción social en el centro del análisis político. Las fronteras y los regímenes migratorios actúan como mecanismos que legitiman internamente el autoritarismo y la excepcionalidad permanente. En este contexto, las luchas feministas, antirracistas, campesinas, indígenas y migrantes no pueden entenderse como frentes complementarios, sino como espacios centrales de confrontación con un modelo que mercantiliza los territorios, erosiona las condiciones materiales de la vida y externaliza los costes sociales y ecológicos hacia los colectivos precarizados y vulnerabilizados.

Esto implica reconocer como parte de la lucha antiimperialista diversas formas de resistencia popular ya existentes, que operan en diferentes escalas pero responden a una misma lógica de confrontación con el expolio, el racismo y la militarización. En Estados Unidos, destacan las redes de vigilancia comunitaria y apoyo mutuo impulsadas por organizaciones de base que alertan y protegen a las comunidades migrantes frente a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como el movimiento autoorganizado migrante y antirracista ¡Regularización Ya!, centrado en la regularización y la defensa de los derechos de las personas sin papeles en el Estado español.

En el ámbito de los recursos, encontramos las resistencias al extractivismo verde del pueblo sami frente a la expansión de proyectos mineros de tierras raras que amenazan sus territorios y formas de vida, y las luchas de las comunidades lickanantay en el desierto de Atacama contra la extracción de litio vinculada a grandes corporaciones transnacionales. En la misma línea, en Cataluña, la Revoltes de la Terra denuncia y confronta la presencia de la empresa minera sionista ICL en el Bages, señalando los impactos ecológicos y las violaciones de derechos humanos derivadas de su actividad. Finalmente, en Europa, se cuestiona la deriva de la industria alemana —con casos como Volkswagen— por su implicación en cadenas de producción vinculadas a sistemas militares como la “Cúpula de Acero”, que ejemplifica la creciente integración entre el sector automovilístico y el complejo militar-industrial israelí.

Al mismo tiempo, diversas experiencias recientes en territorios directamente impactados por el imperialismo insisten en la necesidad de una autonomía política popular frente a las injerencias imperiales y las élites locales. El Sindicato de Trabajadores de los Autobuses de Teherán rechazaba tanto a las potencias extranjeras como el retorno monárquico impuesto “desde arriba” como vías de liberación para las clases populares iraníes. En una línea similar, el Comité Nacional de Conflicto venezolano denunciaba tanto la disputa entre imperialismos como la deriva proimperialista del gobierno de Delcy Rodríguez. Desde Palestina, Queers in Palestine rechaza la instrumentalización colonial de las disidencias sexuales para justificar violencia imperialista y genocida, negando que los derechos LGTBIQ+ puedan utilizarse como criterio para deshumanizar a pueblos colonizados.

Las tareas del antiimperialismo popular en el tiempo liminal

La buena noticia es que ya tenemos mucho trabajo hecho. Es importante que nuestros proyectos políticos no sean víctimas de un contexto lleno de excepcionalidades. Una de las tareas más importantes, en un presente discontinuo, es dar continuidad a nuestros horizontes políticos sin renunciar a un margen de maniobra suficiente para poder responder a los cambios del contexto.

Dentro de este margen de maniobra y en el marco de un antiimperialismo popular, es necesario articular un conjunto de propuestas que permitan responder a las diferentes dimensiones del embate imperial y a sus expresiones contemporáneas.

En primer lugar, el desarme debe plantearse como una condición material para reducir la capacidad de proyección de violencia de los bloques imperiales y de los Estados que los sostienen. Esto implica oponerse al atlantismo y al aumento de los presupuestos militares, a la expansión de la industria armamentística y de la industria dual —civil y militar—, y a la normalización de la guerra como instrumento político.

En segundo lugar, es necesario avanzar hacia una ruptura con la subordinación estructural a Estados Unidos, entendiéndolo como eje central del orden imperial contemporáneo. Esto supone cuestionar las dependencias metabólicas, económicas, militares y políticas, así como las alianzas que sostienen este orden, con el objetivo de abrir espacios de autonomía para proyectos populares.

En tercer lugar, es necesario desarrollar una práctica antirracista y decolonial que permita identificar y combatir las formas de dominación que sostienen el orden global actual. Esto implica analizar las bases materiales de la explotación colonial y neocolonial, desmontar las lógicas de acumulación capitalista y confrontar los discursos racistas y deshumanizadores que las legitiman.

Por último, es imprescindible responder al afán extractivo sobre los recursos naturales y territoriales, que estructura gran parte de las relaciones Norte-Sur y que se entrelaza con la emergencia climática y la crisis de la reproducción social. Esta respuesta implica defender la soberanía sobre los bienes comunes y oponerse a las lógicas de acumulación que destruyen ecosistemas y despojan a las comunidades, al tiempo que se sitúa en el centro la sostenibilidad de la vida. Esto supone reforzar las redes comunitarias, los servicios públicos y las condiciones materiales que hacen posible la vida cotidiana, disputando el sentido de lo que significa vivir dignamente fuera de las dinámicas de mercado, explotación y colapso ecológico.

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El próximo 9 de junio, el ciudadano Robert Francis Prevost, más conocido como papa León XIV, llegará a Barcelona en el marco de un viaje oficial, que discurrirá entre el 6 y el 12 de junio, y que lo llevará también a Madrid, Gran Canaria y Tenerife. En una nota de prensa, la Conferencia Episcopal Española señala que el Papa recorrerá 2.500 kilómetros en seis días, realizando 17 discursos y homilías, así como 21 actos, para “poder encontrarse con todos, escuchar a todos y hablar a todos y con todos”. 

Sin embargo, no todos quieren poder encontrarse con el representante de la principal teocracia del mundo, el Vaticano. En Barcelona, la Fundación Ferrer i Guàrdia, Europa laica y la asociación Ateus de Catalunya, han impulsado la campaña Jo no t’espero, a la que se han sumado ya decenas de colectivos y ciudadanos particulares. Bajo el lema “su viaje, tus impuestos”, denuncian el dispendio que supondrá para las arcas públicas la visita papal. Un viaje que, además de los operativos de seguridad, acondicionamiento público y el largo etcétera derivado de este tipo de visitas protocolares, ha generado un gasto adicional en la campaña publicitaria realizada por la Generalitat de Catalunya para dar la bienvenida a Prevost, Hola món, hola Papa. 

Sorprende este despliegue publicitario institucional, que se concreta también en publicidad pagada en la prensa, y que es atípico ante lo que las autoridades presentan como una visita de Estado. De hecho, las asociaciones impulsoras del manifiesto apuntan a que tratar como visita de Estado lo que es una visita de carácter religioso genera una “confusión” que “debilita la neutralidad institucional y perpetúa un trato privilegiado que contradice el principio de aconfesionalidad reconocido constitucionalmente”.

España es un particular Estado aconfesional, que sigue manteniendo un Concordato con la Iglesia católica, heredero de los pactos del postfranquismo con la institución que fue legitimadora esencial de la dictadura. Una institución religiosa a la que se beneficia con exenciones fiscales y a la que ha permitido el robo de patrimonio y bienes inmobiliarios a través de las inmatriculaciones, como es el caso notorio de la mezquita de Córdoba. Una institución que, como indica el manifiesto, nunca ha pedido perdón oficial ni por su instigación y colaboración en la Cruzada del franquismo ni por su activa participación en el robo de bebés, calculado en más de 300.000 por algunas asociaciones. Una institución opaca, que ha amparado abusos sexuales, que se opone a los derechos reproductivos de las mujeres y el derecho a una muerte digna.

La visita del Papa la vamos a acabar pagando todas las contribuyentes, aunque no marquemos la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta. Conviene recordar este hecho en un país donde la derecha pone el grito en el cielo cada vez que alguna expresión religiosa, especialmente si proviene de la comunidad musulmana, aparece en el debate público. La separación de la esfera privada y pública que la derecha y la ultraderecha defienden cuando se trata de otras creencias, a las que perciben como “ajenas” a la idiosincrasia española, no aplica cuando se trata de la religión que se considera base de la identidad española y elemento indisociable de la construcción de su nación. Una construcción interesada que, por supuesto, obvia la diversidad cultural y religiosa existente durante siglos en la península ibérica antes de la “Reconquista” católica. 

La laicidad social avanza, a pesar de todo

Sin embargo, este intento de presentar a España como baluarte del catolicismo es un imaginario cada vez más difícil de defender. En la sociedad española la secularidad está extendida, a pesar de que las expresiones culturales se confundan con las religiosas en Semana Santa o Navidades, fiestas que, a su vez, tienen un origen pagano vinculado con los ciclos de la naturaleza pero que se resignificaron al ser apropiadas por el catolicismo. 

En los últimos tiempos, estamos presenciando, además, una campaña emprendida por algunos sectores religiosos para convencernos de un aumento de la religiosidad entre los jóvenes. Una tendencia a la que se han sumado, oportunistamente, diversas artistas que se han subido al carro de la espiritualidad (algo distinto a la religiosidad, por otra parte). Sin duda, los tiempos, por momentos apocalípticos, que nos está tocando vivir, pueden llevar a mucha gente a buscar respuestas más allá de lo racional y a refugiarse en un sentido trascendente vinculado a creencias religiosas. Pero los datos, más bien, hablan de un fenómeno de descenso paulatino de la creencia católica en España. 

Las encuestas del CIS mostraban, para abril de 2026, que más del 39% de la sociedad española se considera agnóstica, indiferente o atea, frente a un 35,9% de católicos no practicantes. Cuando se trata de jóvenes, las cifras de no creyentes, agnósticos y ateos superan el 50%, porcentaje muy superior a la media global. Por otra parte, los católicos practicantes son el 17,1% frente al 16,7% de las personas ateas, pero la serie de datos desde 2021 permite observar un descenso leve y zigzagueante de los primeros, y un ascenso, también zigzagueante pero más acusado, de las últimas. El 6% de los encuestados se declara creyente de otra religión.  

La laicidad avanza, aunque sea de manera desigual y combinada. La fe también parece ir por barrios. Estos días, es mucho más probable encontrarse banderas vaticanas para dar la bienvenida al Papa en las ventanas y balcones de las zonas más acomodadas de Barcelona que en los barrios populares. Un dato que no sorprende pero que recuerda que en este Estado hubo una tradición popular claramente anticlerical.

Una visita en clave política… y geopolítica

Con el auge de la ultraderecha a escala mundial, y su relación con diversas iglesias evangélicas que crecen en influencia, también en España, el catolicismo español no quiere perder su tradicional monopolio religioso. La visita papel le sirve para mostrar músculo. También León XIV se está perfilando, igual que el papa Francisco, como una figura progresista, antagónica hasta cierto punto a dichas fuerzas. Un liderazgo religioso, a la par que político, que puede ser leído en clave geopolítica, sin duda.

Pero, con todo el respeto para el Sr. Prevost y su posición humanista frente a la barbarie representada por Donald Trump y sus aliados, desde el reconocimiento de su defensa de los migrantes y los marginados –defensa que también hacen muchos otros representantes o partidarios de su iglesia desde las bases cristianas más apegadas al mensaje original de Cristo, muchos de ellos militantes, a su vez, de organizaciones socialistas y/o comunistas–, no por ello hay que olvidar la institución nefasta a la que este Papa, como todos los papas anteriores, representa. 

Tampoco el entusiasmo colectivo que inducen estos mega eventos debiera anestesiar un sentido crítico necesario frente al marasmo. Las simpatías que puedan albergar algunos hacia el Sr. Prevost, o su predecesor, no pueden llevar a la izquierda a olvidar las coordenadas sobre las que debiera girar el debate acerca del papel de la religión en la esfera pública. La visita del Papa debería servir, más bien, para reivindicar la memoria histórica y la reparación, como recuerda la campaña Jo no t’espero. También para recordar que la religión, cualquiera que sea, debería circunscribirse al ámbito privado, evitando cualquier interferencia con las instituciones públicas. España tiene un largo trecho por recorrer en este sentido. Por una separación efectiva de la religión y el Estado, yo no le espero, Sr. Prevost.  

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Bajo un sol cayendo a plomo en la Plaza del Pueblo de Orcasur (Madrid), se presentaba este sábado una confluencia que busca articular y aglutinar las diferentes luchas sociales, sindicales y medioambientales que están atravesando el territorio madrileño. El entorno no podía más adecuado para esta iniciativa colectiva; no en vano, Orcasur, Orcasitas, es esa aldea gala del sur en la que nunca se han implantado las derechas y que a finales de la dictadura consiguió que todos sus habitantes pasaran de vivir hacinados en chabolas, a estrenar viviendas dignas; un barrio del “cinturón rojo” de la periferia madrileña, en el que el movimiento ciudadano, vecinal, obrero, fue determinante, como otros similares, para poner fin a la dictadura y recuperar libertades. Siempre desde abajo, siempre a la izquierda.

La Confluencia de luchas es el resultado de varios años de trabajo conjunto entre las organizaciones CGT, CNT-Comarcal Sur, Ecologistas en Acción de Madrid, Sindicato de Manteros y el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos, y que, en un escenario marcado por la crisis ecosistémica, la precarización laboral, la crisis de vivienda y el endurecimiento de las políticas migratorias, quiere sumar fuerzas con las que construir respuestas colectivas con las que enfrentarse a la situación actual. Nos lo explicaba Julia Tabernero, integrante de Sindicato de Inquilinas y una de las impulsoras del proyecto: “El proceso lleva armándose casi tres cursos y surge entre organizaciones que ya nos conocíamos y habíamos colaborado en algunas ocasiones, pero necesitábamos de un análisis compartido del contexto. Y, sobre todo, de respuestas coordinadas”.

El proceso ha sido largo, se ha ido labrando gracias al intercambio de experiencias y el análisis de las diferentes luchas que dan forma a la iniciativa, y ha finalizado este curso 2025-2026 en la denominada Escuela de Luchas, en la que han participado cerca de 30 ponentes y varios centenares de asistentes a las sesiones celebradas en la Fundación Anselmo Lorenzo.

La huelga general contra el genocidio en Gaza, las movilizaciones del sector de la Enseñanza o la sanidad madrileñas, la crisis medioambiental, la emergencia habitacional, la campaña contra las políticas migratorias y por la regularización de los migrantes, o la manifestación del 1º de mayo interseccional más multitudinario de los últimos años, son algunos hitos compartidos entre organizaciones sociales y sindicales que ahora han dan el paso definitivo para sumar esfuerzos.

Medios de comunicación y policrisis

Para su presentación, las integrantes convocaron el evento denominado I Encuentro Primavera de Luchas, que contó con varios talleres de debate: a primera hora, Mark Bray, Miquel Ramos y Nuria Alabao nos hablaron de la “Internacional reaccionaria y los retos del antifascismo”, y analizaron el auge de la extrema derecha en todo el mundo, el papel que en ello están jugando los medios y su relación con las cuestiones de género, la masculinidad y el neoliberalismo.

Ya al filo del mediodía, Rubén Martínez, Helena Maleno, Josefa Sánchez Contreras y Constanza Cisneros participaron en una charla titulada “La policrisis y el sujeto en lucha”. Por último, representantes de Labor Notes, la red estadounidense que funciona como motor de izquierda en el movimiento sindical y promueve la militancia obrera y un sindicalismo orientado a la acción social, y el MST brasileño, movimiento campesino que lucha por una reforma agraria popular mediante la ocupación de tierras improductivas, han presentado sus experiencias en la mesa “Las militancias de base y las organizaciones de masas”.

Cayendo la tarde, se ha presentado formalmente la iniciativa, con discursos de los convocantes, pero también de diferentes realidades actuales en lucha: Extinción Rebelión, el sector de la educación infantil (0-3 años) en huelga desde hace semanas, la Asamblea por la vivienda de Usera, la Asociación de Vecinos de Orcasur, la sección de la CGT en El Corte Inglés, cuyas mujeres han conseguido abrir una grieta importante en una empresa siempre refractaria a la actividad sindical o la Sección de lo social de CNT, que recientemente ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía Provincial contra el alcalde de Madrid, Martínez-Almeida, por prevaricación y discriminación en la regularización de migrantes. Como broche final, las actuaciones musicales del coro ecofeminista de mujeres Malvaloca, y las bandas Tremenda Jauría y Biznaga han puesto la nota lúdica haciendo bailar a los asistentes.

Mark Bray, historiador y profesor universitario estadounidense que ha tenido que exiliarse en España por las amenazas que ha sufrido en su país, reflejaba el ánimo que flotaba en el ambiente: “las experiencias de Minnesota o más recientemente en Newark [se refiere las movilizaciones frente al centro de detención del ICE conocido como Delaney Hall, donde cientos de migrantes se encuentran llevando a cabo una huelga de hambre] son hitos que marcan el camino en mi país y protagonizan la esperanza de un antifascismo de autodefensa comunitaria desde abajo. Y lo que estoy viendo con la confluencia de luchas es igual de esperanzador, representa el ejemplo de cómo se puede establecer un movimiento de masas antifascista ante la eventual llegada de la extrema derecha al poder”.

Después de casi tres años de trabajo colectivo, este sábado se presentó finalmente la confluencia en Orcasur, pero tal y como afirma Gonzalo Maestro, uno de los impulsores de la iniciativa, “ahora el objetivo inmediato es sacarla de la capital y extenderla a otras zonas de la comunidad, y para ello ya tenemos programados actos en la sierra norte y otros ligares del este y la zona Sur. Y el siguiente paso será encontrarnos con iniciativas similares de otros territorios”. La confluencia ya se ha presentado públicamente, reforzando vínculos y compartiendo experiencias, pero el trabajo para extenderse fuera y seguir aumentando su implantación no ha hecho más que empezar.

Miguel Ángel Fernández es periodista freelance y trabajador de la Fundación Anselmo Lorenzo (CNT)

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Después de varios años de trabajo conjunto, CGT, CNT-Comarcal Sur, Ecologistas en Acción de Madrid, Sindicato de Manteros y Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid han decidido constituir la «Confluencia de luchas», una propuesta que busca reforzar la articulación entre los distintos movimientos sociales y sindicales de la ciudad en un escenario marcado por la crisis ecosistémica, la precarización laboral, la crisis de vivienda o el endurecimiento de las políticas migratorias. En este momento, los miembros de este frente común consideran imprescindible generar espacios compartidos que permitan construir respuestas colectivas.

La iniciativa, que se presenta públicamente el próximo sábado en Orcasur, barrio madrileño con una importante tradición popular y de asociacionismo vecinal, es el resultado de más de dos años de trabajo conjunto, así lo explica Julia Tabernero, integrante del Sindicato de Inquilinas y una de las impulsoras del proyecto: «El proceso lleva armándose casi tres cursos y surge entre organizaciones que ya nos conocíamos y habíamos colaborado en algunas ocasiones, pero necesitábamos de un análisis compartido del contexto. Y, sobre todo, de respuestas coordinadas».

El objetivo de esta suma, según nos cuenta Gonzalo Maestro, de CNT, es el de construir un espacio de encuentro, coordinación y acción, pero también «un proceso político orientado con la idea de construir estructuras militantes y organizativas sólidas, con identidad propia, con capacidad de fortalecer las distintas luchas desde un horizonte político compartido, y ganas de hacer frente a las diferentes formas de dominación del capitalismo contemporáneo».

Estas organizaciones unen fuerzas para proponer alternativas con un componente fundamental de clase: «Entendemos que las luchas de los diferentes colectivos que conforman la confluencia pueden ser diferentes, pero en este momento de policrisis y avance de la extrema derecha, hemos decidido aparcar lo que nos separa y dar el paso a organizarnos desde abajo y desde la izquierda», expone Luis Rico, de Ecologistas en Acción.

«Buscamos romper contradicciones históricas en las que nos ha sumido el capitalismo, las típicas entre sindicalismo y ecologismo, por ejemplo, y así trabajamos en cómo cerrar fábricas contaminantes o de armamento; en plantear un modelo industrial totalmente diferente que también beneficie a la clase trabajadora. Lo mismo decimos del movimiento de inquilinas e inquilinos, con el que coincidimos en que la vivienda debe ser un bien de uso y no para la especulación. Y con los migrantes nos une la solidaridad de clase: entendemos que todo el mundo tiene derecho a vivir aquí, a tener las mismas garantías y mismos derechos. Eso sí, a quienes no queremos aquí es a los capitales especulativos internacionales y a los fondos de inversión», concluye Rico.

Coincide en esa visión Mario Rísquez, integrante de CGT: «La confluencia de organizaciones que desarrollan su actividad en ámbitos aparentemente distintos nace de la lectura que hacemos de la crisis ecosocial en la que estamos inmersos: no podemos entender la precariedad en el trabajo y los bajos salarios de manera desligada del problema habitacional y los precios de la vivienda. Ponemos el foco en las condiciones de vida, del empleo, de la vivienda, del racismo y las políticas migratorias, del cambio climático, etc., todas ellas interrelacionadas. Y para afrontarlas debemos construir diagnósticos comunes, estrategias alineadas y unidad de acción».

Son las mismas razones que han llevado al sindicato de manteros a unirse a la confluencia, tal y como nos cuenta Serigne Mbayé: «Aquí hay personas con papeles, sin papeles y nativas, pero siempre trabajamos desde el apoyo mutuo. Nuestra lucha busca derribar fronteras, tanto las visibles como las invisibles, y romper esa discriminación que sufrimos como migrantes, pero también como clase trabajadora. Somos personas que estamos a pie de calle y luchamos por la igualdad de las personas, por un mundo mejor y más decente, contra las guerras y la explotación, por los servicios públicos… Todo eso nos afecta. No queremos que nos dividan, nuestra lucha es contra el destrozo del medioambiente, contra la especulación con la vivienda… somos los primeros que también sufrimos esto. Por eso es importante dar ese paso: si el sistema pretende dividirnos, nosotros sumamos fuerzas».

El proceso de confluencia ha sido largo y, según nos explican desde las organizaciones que la componen, desde el comienzo se hizo un esfuerzo en la autoformación: «Lo primero fue realizar una serie de encuentros de aprendizaje e intercambio de experiencias, en los que contar también con otras voces que nos parecían interesantes. Por ahí pasaron personas como Pastora Filigrana, Yayo Herrero, Amaia Pérez Orozco… Es decir, se trataba de establecer una serie de encuentros estratégicos con los que ir estructurando propuestas concretas». Estos encuentros de debate han finalizado este curso 2025-2026 en la denominada Escuela de Luchas, en la que han participado cerca de 30 ponentes y varios centenares de asistentes a las sesiones que se han llevado a cabo en la Fundación Anselmo Lorenzo.

Para Julia Tabernero, la escuela «ha sido una experiencia que hemos construido entre todas, un espacio de formación política y social para personas que conocían a alguna de las organizaciones o que estaban cercanas a los movimientos sociales y organizativos, pero que todavía no estaban participando. Y también para esa gente joven a la que le apetecería tener su primera experiencia militante. Los resultados han sido tan interesantes y fructíferos que la intención es volver a repetirla».

La Confluencia de Luchas se presenta ahora en Madrid, pero tiene la vocación de ser un espacio abierto a la incorporación de otros colectivos y organizaciones, sindicales, de vivienda, feministas, antirracistas, ecologistas»“que compartan prácticas políticas similares basadas en el sindicalismo, la generación de contrapoder y la institucionalidad popular como palancas para la transformación social y la transición poscapitalista».

Y de hecho, ya están trabajando para sacar la experiencia de la ciudad, e incluso extenderla fuera de la Comunidad de Madrid, respetando «la autonomía, las dinámicas y las alianzas de las organizaciones en los distintos territorios». Eso sí, «las organizaciones que ahora conformamos la confluencia de luchas compartimos una serie de principios organizativos y estratégicos, como la autonomía frente a partidos políticos y apuestas electorales, la organización de base y asamblearia, o la desobediencia y la acción directa», finaliza Rísquez.

De momento la Confluencia de Luchas se presenta este sábado con el evento I Encuentro Primavera de Luchas, que contará con charlas y mesas de debate sobre la internacional reaccionaria y los retos del antifascismo, la policrisis y el sujeto de la lucha, y la militancia de base y las organizaciones de masas en el siglo XXI. Contará con la participación de periodistas, historiadores y activistas como Mark Bray, Miquel Ramos, Nuria Alabao, Rubén Martínez, Helena Maleno, Josefa Sánchez Contreras y Constanza Cisneros, además de con una programación infantil simultánea durante todo el día, gracias a los colectivos Tartamuda y Ecobloco. La jornada finalizará con las actuaciones del coro de mujeres Malvaloca y las bandas Tremenda Jauría y Biznaga.

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Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.

Empezábamos este mes con una manifestación del Primero de Mayo, que, en esta ocasión, fue más allá de las reivindicaciones laborales y salariales, para poner de relieve las dificultades para acceder al derecho a la vivienda. Ambas cuestiones están estrechamente relacionadas, por el enorme decalaje entre la evolución de los salarios y los precios del mercado inmobiliario. Según datos de Comisiones Obreras (2025), los salarios han aumentado de media un 23,3% en la última década, mientras que el precio del alquiler ha aumentado un 50,8% y el de compra, un 42,4%.

El impacto del paro sobre el comportamiento electoral se ha examinado ampliamente tanto en nuestro país como en todo el mundo. Por el contrario, apenas se ha estudiado el impacto de las dinámicas del mercado inmobiliario en las preferencias políticas. En Europa, ésta es una línea de investigación emergente y, en Catalunya y España, prácticamente no existen estudios sobre el tema.

Cuando 1 de cada 3 personas ya considera la vivienda el problema más grave de Catalunya –como apunta el barómetro del Centro de Estudios de Opinión (2025)–, es pertinente preguntarse qué impacto político podría tener este factor en nuestro país. Los primeros estudios europeos para examinar la relación entre la evolución de los precios del mercado inmobiliario, los resultados y las encuestas electorales aportan algunas pistas.

El impacto electoral del encarecimiento de los alquileres, una línea de investigación emergente en Europa

Uno de los primeros estudios europeos sobre esta cuestión, del año 2019, examina la relación entre el aumento del precio del alquiler y el crecimiento del voto populista en dos contextos muy diferentes: el apoyo al Frente Nacional de Marine Le Pen en las elecciones presidenciales francesas del año 2017 ya la opción del Brexit durante la campaña del referéndum. Según Adler y Ben Ansell, en ambos procesos electorales, la inflación del mercado inmobiliario favoreció el voto a opciones populistas de los sectores sociales más afectados por el aumento de precios.

Otro estudio de Michael Marshall (2025) en Reino Unido asocia el hecho de vivir en un piso de alquiler social con la oposición a la inmigración y el voto al partido de ultraderecha Reform UK. En zonas con carencia de vivienda asequible, es más probable que los inquilinos con menos recursos quieran restringir los flujos de inmigración y se descanten por la extrema derecha.

En la misma dirección apunta otra investigación a Alemania, publicada en 2024. Los investigadores Tarik-Abou-Chadi, Denis Cohen y Thomas Kurer, incluso, cuantifican el impacto electoral del fenómeno: por cada euro de aumento del precio del alquiler por m², aumenta el apoyo, sube el apoyo a Alternativa por Alemania (AfD) en más de cuatro puntos porcentual. Así pues, no se puede menospreciar la influencia de la vivienda en las preferencias políticas, como tampoco puede infravalorarse la capacidad de la ultraderecha para explotarla en favor de sus intereses.

¿Cómo aprovecha la extrema derecha el malestar social por la vivienda?

Partidos de ultraderecha de todo el mundo tratan de conectar con las personas preocupadas por la problemática de la vivienda con propuestas intencionadamente ambivalentes. Su discurso populista ofrece soluciones para promover la vivienda asequible, pero solo para la población autóctona. De esta forma, desvían la atención de las medidas neoliberales, más alineadas con el discurso no intervencionista de la derecha, que apuestan por la desregulación del mercado inmobiliario y por la protección de los intereses de los propietarios.

Un ejemplo paradigmático de esa ambivalencia es el discurso de Donald Trump. En enero de 2026, sorprendió a la opinión pública con su propuesta de acabar con la compra especulativa de viviendas unifamiliares y, ese mismo mes, también planteaba su polémico plan inmobiliario para reconstruir una “Nueva Gaza” en el Foro de Davos.

Volviendo al contexto europeo, hace años que los líderes de extrema derecha culpabilizan a los inmigrantes de la escasez de vivienda asequible, ocultando la responsabilidad de los especuladores inmobiliarios, y defienden la “priorización de los nacionales” para acceder a ellos. Lo hizo Marine Le Pen cuando era candidata de Reagrupament Nacional (RN) en las elecciones presenciales francesas de 2022 y muchos han seguido su estela desde entonces. Cuando a mediados de 2024, Nigel Farage anunció que lideraría la candidatura de Reform UK, soltó en su discurso que era necesario construir una casa cada 2 minutos para acoger la inmigración.

Además, la ultraderecha considera la vivienda un patrimonio nacional y familiar que debe protegerse de quien le hace peligrar: desde su óptica, okupas e inmigrantes. Veamos, por ejemplo, este fragmento literal de un tuit de la presidenta italiana Georgia Meloni (2025) traducido al catalán: “Con la aprobación definitiva del Decreto de Seguridad en el Senado (…), estamos tomando medidas decisivas contra las okupaciones ilegales, acelerando los desahucios y protegiendo a las familias, las personas mayores y los propietarios honrados”.

Aliança Catalana y Vox han importado las mismas recetas sobre vivienda que la ultraderecha europea

La misma estrategia se ha importado en nuestro entorno territorial. Tanto la ultraderecha que apuesta por la unidad de España como la que defiende la independencia de Catalunya plantean recetas similares en materia de vivienda. En el programa electoral de Vox de las últimas elecciones catalanas podemos leer: “Modificaremos los criterios para otorgar vivienda protegida, ayudas de alquiler, alquiler social o mesa de emergencia con el fin de priorizar a los españoles”. En término similares, se expresa Sílvia Orriols en este reel compartido en el perfil de Instagram de Aliança Catalana: “La solución no puede pasar por ir construyendo 50.000 o 100.000 pisos con el dinero público de los catalanes, de los contribuyentes catalanes, para terminarlos otorgando a niños recién llegados y que más pueden llegar a que recién llegados. hacer es que nuestra juventud pueda emanciparse y tenga preferencia”.

Las okupaciones son otro de los temas estrella de ambos partidos. En el programa electoral de Vox de las últimas elecciones catalanas (2024), el concepto de las okupaciones -escrito con co con k indistintamente- aparece 19 veces y, en el de Aliança Catalana, 18. Por el contrario, en ninguno de los dos casos, se menciona ni una sola vez el concepto de los desahucios. Levantar la limitación de los precios del alquiler o favorecer a los propietarios de viviendas con beneficios fiscales también eran dos de las prioridades de los programas de ambos partidos en las elecciones de 2024.

En esos comicios, Vox logró 11 diputados, y Aliança Catalana, que se presentaba por primera vez, 2. Pero una reciente encuesta electoral, publicada por el diario Ara, augura un fuerte crecimiento de Aliança Catalana en las próximas elecciones catalanas, y la sitúa como tercera fuerza con un tenedor de entre 20 y 22 diputados.

Hacen falta políticas decididas por el derecho a la vivienda y no sólo disputar el relato de la extrema derecha

Para revertir esta tendencia, obviamente deben combatirse los discursos de la extrema derecha y disputarle el espacio de las redes sociales. Pero esto no significa delegar la política en la comunicación. Es necesario articular una estrategia política para combatir las desigualdades sociales en múltiples frentes, que priorice las políticas de vivienda. Un reciente estudio de la Progressive Politics Research Network (PPRNet) indica que, si los partidos progresistas del centroizquierda abordan de forma decidida este tema, podrían recuperar un amplio apoyo electoral.

Las movilizaciones sociales, cortafuegos de la extrema derecha

Pero, tanto o más importante que el ámbito electoral e institucional, son las luchas sociales en la calle. Está más que demostrado que la presión social sobre las instituciones les conduce a tomar medidas más garantizadas por el derecho a la vivienda. ¿Cómo se habría regulado si no el precio del alquiler? Por otro lado, los movimientos sociales también están canalizando el malestar social por la vivienda y conduciéndolo hacia propuestas más constructivas que las de la extrema derecha.

En los últimos años, la cara más visible del movimiento por la vivienda es el Sindicato de Inquilinas. Años atrás, lo fue la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), nacida en 2009 ante la ola de desahucios provocada por la crisis financiera internacional de principios de siglo, que acabó desembocando en el movimiento 15M dos años después en España; y en una ola de movimientos de protesta en distintas partes del mundo.

Cuando se cumplen 15 años del movimiento de los indignados, conviene recordar que una de sus funciones fue justamente la de actuar como cortafuegos de la extrema derecha. Esa mirada atrás nos lleva necesariamente a una reflexión sobre el presente. ¿Cómo crear y reforzar los puntos de unión entre los movimientos sociales actuales (por la vivienda, la educación, la sanidad, el transporte público, el feminismo, el medio ambiente, el antiracismo…) que permitan articular grandes movilizaciones sociales para frenar y combatir a la extrema derecha? Responder a esta pregunta es clave, tanto local como globalmente, frente a la amenaza real que supone en estos momentos la extrema derecha para nuestros derechos sociales, políticos y culturales.

La entrada ¿Cómo evitar que la crisis de la vivienda alimente a la extrema derecha? se publicó primero en lamarea.com.

BOGOTÁ // Lo último que ve Daniel Jaimes es el destello de un disparo. Se oscurece la tarde del 1 de mayo de 2021, se apaga su visión. El gas del proyectil lanzado por un agente policial rasga su garganta. Cae al suelo y siente que una parte de su cara se desprende del cuerpo. El cilindro de gas lacrimógeno impacta directamente sobre el lado derecho de su nariz, pulverizando los huesos de sus pómulos, rompiendo su tabique y los pisos orbitales “que son los huesos que sostienen los ojos”, desprendiendo el maxilar superior. Pierde diez piezas dentales. Su ojo derecho estalla. “Usted es para que estuviera muerto”, todavía repiten doctores y cirujanos.

Una lágrima gotea incesante bajo el pañuelo negro de tela que cubre ahora la parte derecha de su rostro, dice que es por la celulitis preseptal, una infección recurrente. “Pasé por tanto dolor desde el principio… tú viste cómo estaba. Esa lágrima es porque me duele, pero uno se acostumbra”, se resigna Daniel. Cinco años después del impacto –durante el mayor estallido social en Colombia– el dolor físico ya no lo define todo. “Soy una persona rota, no te lo voy a negar”. Silencio. “Sé que nunca voy a sanar del todo, pero soy terco: creo que con amor se puede tapar el sol”, narra el joven de 25 años, dejando ver una leve sonrisa.

Cinco años del estallido social: 5.340 casos de violencia policial

El 28 de abril de 2021, millones de colombianos se tomaron durante casi cuatro meses las plazas, calles y parques de todo el país en contra de la reforma tributaria del entonces presidente derechista, Iván Duque. Una reforma que ahogaba, aún más, a las poblaciones más afectadas por la crisis sanitaria del COVID-19. Las históricas marchas retomaban el eco del Paro Nacional de noviembre de 2019. Los reclamos de justicia social, mejoras económicas y sociales, el cese de los asesinatos contra líderes sociales pronto se mezclaron con los pedidos de una reforma policial.

La Fuerza Pública colombiana (Policía Nacional, el Ejército y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD, hoy llamado UNDMO) reprimió a los manifestantes, en su mayoría jóvenes, con una violencia colosal. Tanquetas y lanzaderas de proyectiles Venom contra las piedras de los manifestantes, gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar las arengas pacíficas, tiros de balas contra escudos de latón y madera. Solo entre el 28 de abril y el 20 de julio, la Plataforma Grita de la organización colombiana Temblores registró 5.340 casos de violencia policial en todo el territorio: 40 casos de violencia homicida, 105 casos de trauma ocular, 35 casos de violencia sexual. Hubo estigmatización contra la protesta y los manifestantes, detenciones y judicializaciones arbitrarias, abusos de autoridad, desapariciones. Hoy, en el quinto aniversario, la gran herida abierta de todo un país sigue siendo la impunidad de sus violencias estatales.

“Existe un pimponeo entre la jurisdicción penal militar y la justicia ordinaria que funciona como una estrategia dilatoria para evitar el esclarecimiento de los hechos”, afirma Camilo Mendoza, de Temblores ONG. Su último reporte demuestra cómo los casos registrados de violencia policial siguen sin haberse esclarecido y muchos han sido archivados. “El acceso a la justicia en el ámbito penal muestra un panorama muy crítico”, reconoce Mendoza. De los 105 casos registrados de trauma ocular, solo uno tiene una sentencia condenatoria en primera instancia. “Esto demuestra un escenario de impunidad sistemática y estructural frente a violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado”, denuncia.

Agresiones oculares, persecución y exilio

Al otro lado del teléfono, Leidy Natalia Cadena, narra con tesón los detalles previos a perder la visión total de su ojo derecho. “No fue un error. El primer disparo fue directo al ojo, el segundo a la pierna”. Era la única mujer del grupo, tenía 22 años cuando fue alcanzada por el proyectil de bala de goma disparado por el miembro del ESMAD, Danilo José Núñez; quien fue condenado a siete años de prisión el pasado 6 de abril, siendo de los primeros casos en llegar a la justicia ordinaria por mutilaciones oculares durante las protestas sociales. “La sentencia es agridulce. A mí me arrebataron todo: mi país, mi familia, mi profesión. Siete años de cárcel no me devuelven nada”, se lamenta desde el exilio.

La joven politóloga tuvo que salir del país por las amenazas recibidas después de hacer público su caso. “El primer año fuera de Colombia fue muy duro. Yo estaba en shock. Luego una amiga que también había perdido un ojo se suicida, y eso me destruye”. Durante meses le costó levantarse de la cama, sobrevivir. A Leidy todavía le quiebra la voz hablando de su exilio: “Me quitaron la posibilidad de vivir la vida que había construido”.

La falta de justicia para las víctimas de crímenes por parte del Estado se ha vuelto un paisaje habitual en Colombia. Desde el genocidio de militantes de la extinta Unión Patriótica hasta los mal llamados «falsos positivos», civiles ejecutados extrajudicialmente por militares, o las víctimas durante las protestas sociales. “Lo que estamos viendo es la continuidad de un patrón de impunidad que el país arrastra desde hace décadas”, dice Alfonso Castillo, de la organización de víctimas de crímenes de Estado, Movice. “No hay avances reales en la justicia frente a hechos graves cometidos por agentes estatales, y eso envía un mensaje muy negativo a las víctimas y a la sociedad en general”.

“Una oportunidad perdida”, el reclamo de la reforma policial

El 19 de junio de 2022, ante una multitud eufórica e ilusionada, escudado por el retrato del joven Dylan Cruz, asesinado por el ESMAD durante el Paro Nacional de 2019, el recién elegido presidente Gustavo Petro –el primero de izquierda– pronunció lo siguiente: “Ningún joven volverá a ser violentado por imaginar un país diferente”. Habló de las víctimas del estallido social, abrazó a la madre de Dylan, que lo acompañaba en el escenario, y se convirtió en la esperanza de ese grito sordo de justicia, verdad, reparación y no repetición que coreaban millones de personas que meses antes habían marchado en las calles.

“Uno de los aspectos más llamativos es que el gobierno ha respondido de manera más efectiva a las demandas de otros sectores sociales que a las de las juventudes populares, que fueron centrales en el estallido y también en el cambio político que vino después,” cuestiona Víctor Barrera, del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).

Petro hizo campaña apoyado sobre esa demanda del movimiento social –y de los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales– de una reforma policial. La promesa electoral de justicia para las víctimas del estallido, según el investigador de Temblores, no se materializó en los términos que la ciudadanía esperaba. “Eso deja una sensación de oportunidad perdida, incluso en un contexto político que parecía favorable”, apunta Mendoza.

A poco más de tres meses de que culmine su mandato, de aquel grito solo queda un sollozo. El gobierno izquierdista impulsó una reforma policial desde el Ministerio de Defensa, entidad bajo la que se cobijan los uniformados, y se emitió la Directiva Permanente 009 de 2023. La Policía cambió sus uniformes, el ESMAD pasó a llamarse UNDMO: Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden.

“Se ha avanzado en introducir el diálogo como herramienta para gestionar la protesta, incluso desde el Ministerio del Interior, pero la reforma estructural de la policía no se dio y esa discusión se fue perdiendo”, reconoce Barrera, uno de los autores del libro Dilemas en movimiento, un texto que analiza cómo interactuaron todos los actores que participaron en las movilizaciones sociales.

Por su parte, los supervivientes de las violencias policiales continúan haciéndose la misma pregunta: ¿quién dio la orden? Miguel Fernando Leal, de 44 años, es uno de los miembros más adultos del Movimiento en Resistencia Contra las Agresiones Oculares del ESMAD (MOCAO), conformado en 2021 para cobijar a las víctimas de lesiones oculares. Su historia es similar a la de sus compañeros. Salió a marchar pacíficamente en el sur de Bogotá, en un barrio popular, y un uniformado le disparó una bala de goma directamente contra su ojo izquierdo, quitándole la vista para siempre. “Yo sí creo que hay una intencionalidad. Estos disparos a la cabeza no son accidentales. Hay un objetivo: callar, dejar una marca, generar miedo en los demás”, reclama.

Su vida, y la de su familia, cambió para siempre. Se mira al espejo y ve dos personas distintas. Su mano derecha actúa de bastón, con ella palpa el mundo que no puede ver. “La sociedad no dimensionaba que por salir a protestar podía pasar algo así. Una cosa es que te detengan o que haya una sanción, pero otra es que te disparen a la cabeza. Eso ya es una mutilación, algo que te cambia la vida para siempre”.

En 2024, el Gobierno colombiano emitió el Decreto 1231 que, entre otras cosas, limita el uso de la fuerza policial en las movilizaciones. “Hemos visto que, según cifras oficiales, se han reducido las intervenciones donde se usa la fuerza, lo cual es positivo”, dice Mendoza, señalando que, si bien ha habido mayores garantías para la protesta social, en los escenarios donde se utiliza la fuerza se siguen presentando irregularidades y abusos.

Pese a algunos esfuerzos, las transformaciones estructurales en la Fuerza Pública y los pedidos de los organismos de derechos humanos, entre ellos sacar a los uniformados del Ministerio de Defensa, quedaron fuera de la agencia del Gobierno. El próximo 31 de mayo se celebran elecciones en Colombia, con el candidato de izquierda Iván Cepeda liderando las encuestas con un breve margen ante la candidata del uribismo, Paloma Valencia. “El contexto actual es preocupante porque la violencia está siendo utilizada como argumento político. En medio de escenarios electorales, ciertos sectores recurren a discursos que priorizan la seguridad por encima de los derechos, lo que puede tener consecuencias graves para la democracia”, dice el activista e investigador del Movice Alfonso Castillo.

“El enemigo no es el uniformado, es el sistema”

“Yo ya sé quién fue el policía que me disparó”, dice Gareth Sella, cineasta, ex viceministro de Juventudes del actual Gobierno y sobreviviente de agresión ocular. Perdió la vista de su ojo izquierdo en febrero de 2020, antes de que iniciara el estallido social. Gareth formaba parte de los Escudos Azules, una agrupación de estudiantes que, resguardados por escudos de madera, plantaban cara y protegían a los manifestantes de los ataques policiales cuando se iniciaban los disturbios. No pudo marchar durante el estallido social, pero su activismo cobró más sentido el día que le arrebataron la vista. “La gente ha despertado y aunque nos quiten los ojos, vemos sus crímenes de Estado”, pronunció ante el Congreso, cuando las plazas comenzaban a llenarse de manifestantes.

Su caso, como la mayoría, sigue en la impunidad. “Para mí el enemigo nunca fue la policía… es el sistema”, expresa dejando ver una rabia común que se repite entre las víctimas. Un relato que también repite Daniel Jaimes: “Tuve que entender que hacerle daño a la persona que me disparó no me va a hacer mejor. Se trata de transformar esa rabia en algo que sirva”. Y Leidy Cadena: “Esto no es solo contra una persona, es contra una institución que hizo de esto algo sistemático. Han pasado cinco años sin que digan la verdad”.

Colectividad y resistencia

Para Víctor Barrera, el estallido puso en la agenda pública problemáticas estructurales que llevaban años invisibilizadas e ignoradas, especialmente en lo referente a las fuertes desigualdades sociales que atraviesan al país. Si bien, no todos los sectores del movimiento social tuvieron un papel dentro de la institucionalidad, se articularon redes con impacto local o barrial. “Uno de ellos es el fortalecimiento organizativo en sectores populares que no estaban vinculados a formas tradicionales de movimiento social”, señala.

Gareth reconoce visiblemente decepcionado que las personas y colectivos que estuvieron al frente durante el estallido no tuvieron un papel relevante dentro de las instituciones, incumpliendo las promesas de campaña y el sueño de las poblaciones más marginadas por el Estado.

Gracias a la ayuda de la cooperación y los organismos internacionales, MOCAO, junto con el Centro de Investigación Internacional de Violencia Ocular, están estudiando el impacto de las armas menos letales, recabando testimonios de supervivientes de todo el mundo con el fin de que las agresiones oculares sean reconocidas como crímenes de lesa humanidad.

Daniel lleva poco más de un año trabajando incesantemente en el centro de investigación. Su voz, pese a su juventud, suena como la de un líder. Sus colegas bromean y lo llaman “el profe”. Estar ahí, investigando, estudiando, hablando con otros supervivientes, le ha ayudado con la sombra siempre presente de la depresión, que le llevó a intentar quitarse la vida en al menos una ocasión. “Lo que hacemos no tiene que ver con lengua, raza o género. Los derechos humanos tienen que estar por encima de todo”, dice convencido.

Cinco años después de nuestro primer encuentro, cuando llegó a la entrevista con el rostro inflamado, enrojecido, con dos tubos en la nariz para poder respirar, con la voz de un niño que se hizo adulto entre hospitales, Daniel habla de su trabajo como activista y líder con el entusiasmo de alguien que, pese al dolor, tiene una fuerte urgencia por vivir. “Mi abuela, que fue quien me crió, me dijo un 31 de diciembre: ‘Estoy tan orgullosa de usted’. Era lo único que yo quería escuchar”.

– Dani, ¿con qué sueñas?

– Mi sueño es un mundo más justo. Y eso es trabajo de todos: generar empatía en el otro, ayudar a que la gente no repita el dolor que uno vivió. A mí me encanta ayudar. Quiero una vida larga para eso: ayudar lo máximo que pueda.

Debajo de la tela que cubre el lugar donde antes estaba su ojo derecho sigue brotando una lágrima. Está vez, de emoción.

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Las niñas y los niños deberán ser escuchados en cualquier proceso que les afecte, independientemente de su edad. Esta es una de las claves principales en la ampliación de la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (Lopivi), que se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros. Hasta el momento, la obligatoriedad de la escucha de la niñas y niños se establecía a partir de los doce años o de una «madurez suficiente» de la persona menor de edad afectada, lo que ha provocado que, en muchos casos, la voz de niñas y niños no haya sido tomada en consideración. 

Impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia, la ampliación refuerza el interés superior del niño o de la niña, de manera que deberá justificarse expresamente en todos los actos y resoluciones administrativas y judiciales cómo se ha valorado ese interés y por qué la decisión adoptada protege mejor el bienestar físico, emocional y psicológico de las personas menores de edad. «En este sentido, se incluye entre los criterios relativos al interés superior del menor el alejamiento del niño o niña de aquella persona que lo violente, de modo que el interés superior del menor nunca es estar con un agresor o presunto agresor«, explican fuentes del ministerio.  

Así, el nuevo texto prohíbe el Síndrome de Alienación Parental, «junto con cualquier reformulación o planteamiento sin aval científico, de forma expresa». Ningún informe público o privado basado en el SAP –insiste el texto– podrá utilizarse en procedimientos judiciales o administrativos. Además las resoluciones que lo utilicen podrán ser impugnadas.

Según el texto aprobado en el Consejo de MInistros, no podrá establecerse custodia compartida cuando existan indicios de que esa decisión puede afectar negativamente a la salud física, psíquica o emocional de la persona menor de edad: «Detallando los criterios interpretativos del interés superior del menor y estableciendo la obligatoriedad de la escucha. Del mismo modo, si un niño o niña expresa rechazo hacia uno de sus progenitores, el sistema deberá investigar las causas del rechazo y proteger a la persona menor de edad».

También se incorpora una medida de enorme impacto: bastará el consentimiento de un solo progenitor para que una persona menor de edad víctima de violencia pueda acceder a atención psicológica, social o jurídica. Se evitará así que el agresor pueda tener capacidad de veto sobre la reparación.

La reforma de la norma endurece los requisitos para acceder y mantenerse en profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con niños, niñas y adolescentes. En esta línea, será requisito para el acceso a dichas profesiones no haber sufrido condena por delitos relacionados con la infancia y la adolescencia. 

Destaca también la obligación de crear turnos de oficio especializados en violencia contra la infancia y la adolescencia dentro de los Colegios de Abogacía. Para el Ministerio, esta ampliación legislativa supone un punto de inflexión en la respuesta del Estado frente a la violencia contra la infancia: «Durante demasiado tiempo, el sistema ha llegado tarde o no ha protegido adecuadamente. Esta reforma actúa precisamente sobre esos fallos y sitúa la protección de niños y niñas como una responsabilidad pública ineludible».

Actualización: 20h

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«Pederastas: el problema estructural que no queremos abordar». Nunca nos había costado tanto escoger un titular de portada. Decidimos dedicar un especial a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes como un ejercicio de autocrítica y responsabilidad. Tras una comida en la que estuvimos hablando de Epstein, nos dimos cuenta de que no teníamos problema en definirlo a él y a sus cómplices como pederastas. Tampoco para aplicar ese término a los miembros de la Iglesia católica que han cometido agresiones sexuales. Las noticias sobre estos casos despiertan indignación y repulsa. Pero ¿cuál es la respuesta ante la violencia sexual intrafamiliar, la que supone un 80% del total? Las víctimas y especialistas que participan en el dossier de nuestro última revista lo tienen claro: silencio.

Una de cada cinco personas sufre violencia sexual antes de cumplir los 18 años, pero muy raramente lo contará y, menos aún, llegará a denunciarlo. Las agresiones que cometen nuestros padres, abuelos, tíos, padrastros, primos, vecinos o cuñados suelen ser secretos familiares que quedan impunes. Para minimizar su impacto, debemos reconocer cómo se manifiesta a través de señales más o menos evidentes. Para ello, hemos recopilado una serie de consejos de expertos para elaborar una guía con algunos indicadores, de tipo físico o conductual, que pueden ayudarnos a detectar posibles casos de violencia sexual contra la infancia y la adolescencia. Puedes descargarla aquí en castellano, catalán, euskera y gallego.

Quizá mientras lees estas líneas, estés pensando en alguien próximo que ha sufrido este tipo de violencia. Tal vez te haya sucedido a ti, la probabilidad es alta. Repetimos: afecta al 20% de las personas menores de edad. En La Marea no vamos a dejar de recordarlo porque los medios de comunicación debemos ser un servicio público.

Otros temas en La Marea 111

Además, fieles a nuestra inclinación por el reporterismo, visitamos Siria y Cuba. Al primer destino acudimos de la mano de Núria Vilà Coma, quien visita una escuela a las afueras de Damasco para ver cómo se han reanudado las clases después de la guerra civil y de la caída del gobierno de Bashar al Asad.

A la isla caribeña nos acercan Patricia Simón y el fotoperiodista Alex Zapico. Cuba vive momentos de tensión por el estrangulamiento energético al que está sometida por parte de Estados Unidos, que además amenaza con una invasión. Los cortes de electricidad son continuos y el éxodo de personas jóvenes es imparable.

Marco Dalla Stella firma un reportaje sobre la inteligencia artificial aplicada al armamento. Esta IA señala objetivos para los bombardeos en Irán y actualmente carece de regulación. La masacre provocada por el ataque estadounidense a una escuela de niñas en Minab expone los riesgos de su utilización.

Asimismo, Guillermo Martínez charló con el historiador Gutmaro Gómez Bravo sobre el final de la guerra civil española, el tema de su último ensayo. En él trata todos los pormenores del fin de una contienda que necesitó de la rendición y de la entrega del bando republicano. Es decir, que Franco no ganó heroicamente en el campo de batalla, sino con espionaje y tejemanejes de despacho.

Sebastiaan Faber, por su parte, conversó con la periodista Raina Lipsitz, autora de un libro titulado The Rise of a New Left que trata sobre los movimientos de la izquierda juvenil en Estados Unidos. Para prosperar, esta izquierda ha tenido que enfrentarse no sólo al trumpismo, sino al establishment del Partido Demócrata. La victoria de Zohran Mamdani en Nueva York es uno de sus triunfos más sonados.

Nos ocupamos también de la conservación de los océanos, elaboramos un bazar con productos e iniciativas de carácter ecosocial, os contamos la fascinante historia de la pintora Fanny Gonmar y, como siempre, viajamos a uno de los lugares que siempre está en nuestro corazón: los campamentos saharauis en Argelia. Allí, Miguel Ángel Fernández firma un reportaje sobre una original forma de cultivar hortalizas frescas en pleno desierto.

En El Periscopio, nuestro suplemento cultural, abordamos el uso de la inteligencia artificial para realizar traducciones literarias, cuya popularización está poniendo en peligro a un sector ya muy precarizado que propone alternativas. También viajamos a Avilés, donde tendrá lugar una Bienal de Arte dedicada al cambio climático. Y hablamos con la escritora Laura Ortiz Gómez, autora de una novela atípica y deslumbrante sobre la lucha de clases: Indócil. El broche de oro para el suplemento es un relato de la escritora Elvira Navarro.

Como ves, La Marea en papel vuelve cargada de temas interesantes y también incómodos. Así debería ser siempre el periodismo. Así intentamos hacerlo. Ayúdanos a seguir en la brecha. Compra la revista. Suscríbete.

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Hace unos meses estaba en Buenos Aires, en la planta 38 de la Torre Odeón, un rascacielos estilo Manhattan en plena avenida Corrientes, con vistas al Río de la Plata por un lado y al Obelisco por el otro. Alrededor, una zona intensa, con teatros, microcentro, actividad financiera y Puerto Madero a un paso. Me había inscrito un mes en WeWork para hacer etnografía del coworking corporativo por excelencia.

El primer día subí al ascensor. Tras el control de seguridad, en la planta 20 aparecía una recepción con personal joven, tatuajes, pendientes, la estética esperada. En la 38, lo que llaman la planta preferente, el mobiliario recordaba más a un hotel de cuatro estrellas que a un lugar de trabajo, con mesas largas que hacían que el trabajo pareciera compartido y rincones donde podía seguir siendo íntimo si uno quería. El café de filtro, tipo hotel de carretera, era gratuito, mientras que el café bueno (y caro) se vendía en la cafetería. A mediodía abrían una chopera de cerveza, como si la posibilidad de parar también estuviera programada. En la pared convivían un «Punk is not dead» y una mesa de billar que nadie usaba.

La cafetería se llamaba Lovely Che. La primera vez que lo leí pensé que era una broma. Después se volvía evidente que era algo más incómodo, la estetización de lo subversivo convertida en decorado inofensivo, una rebeldía domesticada, infantilizada, descafeinada. Como el cartel del punk. Como los libros de Planeta en las zonas comunes, ahí puestos para que «busques tu desconexión». Como el evento de la semana, que se llamaba «Dar para recibir». Todo el entorno estaba, en una palabra, infantilizado.

Coincidí con unas 22 personas. Una mezcla que al principio costaba descifrar, argentinos con pinta progre, algunos con patinete; gente muy joven, ninguno superaba los treinta; cuatro ciudadanos chinos; un ruso con su colega, ropa informal pero muy cara, un «Born to be» en el portátil. A la hora de comer aparecieron los que llamé los tecnochetos, blancos, jóvenes, apuestos, con ropa de gimnasio y tápers pequeños, vinculados a empresas y startups que alquilaban espacios allí. También mucha gente sola, con portátiles y auriculares grandes. Alguien con libros de arte. Alguien viendo tutoriales de IA y código. Poco glamour real en el contenido del trabajo, aunque la escenografía lo sugería todo.

Las vistas seguían siendo poderosísimas. Esa sensación de poder desde las alturas no cambiaba. Pero bastaba salir de aquella planta para que el decorado se deshiciera. Desde la planta 21 hacia arriba aparecían cascarones, plantas vacías, oficinas desmanteladas, el esqueleto del edificio. WeWork había pasado en 2020 de 30 a 10plantas en ese mismo inmueble, y de seis a cuatro sedes en Buenos Aires. Lo que desde la planta 38 parecía solidez y éxito, desde arriba mostraba otra cosa, su fragilidad estructural. La burbuja tenía fisuras, y eran visibles, de hormigón.

Al tercer día el espacio empezó a verse distinto. El mobiliario más cutre, el cemento más presente detrás de los paneles, la música más cercana a una sala de espera. La sensación inicial de privilegio se había vuelto rutina y lo que quedaba era una escenografía eficaz para sostener una promesa. ¿Y qué promete exactamente WeWork? Trabajar sin jefes, sin horarios, sin disciplina visible, pertenecer a algo sin que ese algo te ate. Una oficina que se presenta como club, un club que se presenta como comunidad, y al que se accede con tarjeta de crédito.

Pero más allá de su relato corporativo, que se retrata de algún modo en la serie WeCrashed, centrada en la figura de su gurú y CEO Adam Neumann y en el ascenso y caída de la empresa, WeWork condensa algo más profundo, la reprivatización de las infraestructuras del trabajo. El trabajador ya no recibe un espacio, unos compañeros, una red, un café. Los adquiere como servicio. Lo que antes venía dado con el empleo pasa a ser una suscripción. Es lo que hoy llamamos, en la ciudad de las plataformas, el «ciudadano-suscriptor».

Ese modelo tiene un reverso muy claro. Mientras yo subía en ese ascensor, en la planta baja del mismo edificio paraban los repartidores de Glovo, con sus bicis, sus mochilas térmicas, su aplicación y su algoritmo, sin cafetería, sin vistas, sin membresía, sin Lovely Che. Esas dos figuras, el usuario de WeWork y el repartidor de Glovo o la trabajadora de limpieza de la plataforma Zolvers, rara vez comparten pasaporte. Su posición en la ciudad plataformizada está atravesada por movilidades radicalmente desiguales, porque mientras el primero dispone de un visado internacional que le permite instalarse temporalmente, elegir barrio y consumir la ciudad como experiencia, los otros dos están atravesados por lógicas de amenaza de expulsión, disponibilidad permanente y dependencia directa de la plataforma como organizadora de su tiempo y su ingreso.

Dos figuras que en el discurso público aparecen como realidades inconexas, incluso contrapuestas, el nómada digital, autónomo, cosmopolita, libre, frente al trabajador de plataforma, precario, dependiente, subordinado. Sin embargo, conviene leer ambas de forma relacional, porque son los polos de una misma reorganización del trabajo y de la ciudad bajo el capitalismo de plataformas, y la ciudad que hace posible una figura es exactamente la misma que produce la otra.

A partir de ahí aparece la pregunta de fondo, qué es exactamente el nómada digital, si una realidad sociológica o más bien pura retórica, branding urbano. No hace falta reconstruir aquí toda su genealogía, basta con observar su función actual. El nómada digital es el último producto de marketing urbano en una larga serie. Antes fue la clase creativa de Richard Florida, ese concepto que durante años hipnotizó a gestores urbanos con la promesa de que atraer talento creativo haría prosperar a las ciudades, y que en la práctica funcionó como una legitimación académica de la gentrificación, al construir una conexión entre economía neoliberal y cultura cool que luego se vendía como modelo.

Cuando ese marco se agota, aparece otro. El nómada digital ocupa hoy ese lugar, acompañado de visados específicos, campañas de atracción de talento, ecosistemas de coworking, hubs tecnológicos y la promesa recurrente del «Silicon Valley mediterráneo». Cambia el lenguaje, pero la lógica se mantiene, y lo que el concepto oculta sigue siendo más relevante que lo que muestra. Eso se ve con claridad en Lisboa. En la investigación que realicé allí junto a Víctor Riesgo, Pedro Cortez y Javier Gil encontramos un contraste muy marcado entre la imagen idealizada del trabajo digital y la realidad cotidiana de quienes lo desempeñan. Entrevistamos a trabajadores que habían llegado convencidos de que entrarían en un sector innovador, pero pronto descubrieron que su trabajo se parecía mucho más al de un call center.

Trabajaban en empresas como Teleperformance, Accenture o Concentrix, grandes compañías de externalización que prestan servicios para Meta, Google, Uber o Netflix y que han encontrado en Lisboa un enclave especialmente funcional. En ese contexto, la movilidad no responde tanto a un ideal cosmopolita como a una estrategia de supervivencia frente a trayectorias laborales bloqueadas, y esa misma lógica atraviesa también la vivienda, ya que Teleperformance ofrece habitaciones en pisos compartidos cuyo coste se descuenta directamente del salario, de modo que lo que inicialmente aparece como una solución práctica termina funcionando como un mecanismo de control, en el que las fronteras entre rentista y empleador se diluyen hasta el punto de que la pérdida del trabajo implica también la pérdida del alojamiento, reactivando formas de dependencia que remiten a los barracones obreros de la primera revolución industrial. En ese sentido, la vivienda deja de ser un derecho o un mercado separado y pasa a integrarse en una lógica de gobernanza corporativa que organiza simultáneamente el trabajo y la vida.

Así, el mito se desmorona. Más que nómadas, trabajadores móviles, pero con una movilidad que no surge de la elección sino de la ausencia de alternativas, insertos en circuitos que se presentan como innovadores y que reproducen formas muy clásicas de subordinación, donde el control del tiempo, la dependencia del empleador y la escasa capacidad de negociación se combinan con una ciudad que funciona como señuelo y como amortiguador, a través del clima, la diversidad, el cosmopolitismo, la vida nocturna o el coste de vida relativo, que terminan operando como parte del salario.

Eso no invalida que existan trabajadores digitales con condiciones realmente favorables, que los hay, pero sí obliga a situarlos como el extremo visible de un espectro mucho más amplio que el concepto de nómada digital aplana y homogeneiza, con consecuencias evidentes a la hora de pensar la desigualdad urbana.

Es en ese marco donde se sitúa Nómadas digitales y precarización algorítmica, libro que acabamos de publicar con Catarata y coordinado junto Ana Santamarina y Francisco Fernández-Trujillo. Es un trabajo que recorre estas dinámicas en distintas ciudades y desde distintos ángulos, desde la plataformización de la vivienda hasta las plataformas logísticas y de última milla o el trabajo doméstico y reproductivo, gracias al trabajo colectivo de un grupo nutrido de grandes investigadoras. El libro no propone soluciones cerradas, pero sí obliga a formular preguntas que resultan difíciles de evitar. Qué tipo de ciudad estamos construyendo, quién gana y quién pierde, y sobre todo, qué queda fuera de ese proyecto.

Porque desde WeWork en Buenos Aires hasta los robotaxis que empiezan a asomar en nuestras ciudades, esa es la ciudad que conviene intentar entender.

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Jorge Sequera es director del Grupo de Estudios Críticos Urbanos (GECU) e investigador principal de ONDEMANDCITY: Capitalismo de plataforma, trabajadores digitales y tecnificación de la vida cotidiana en la ciudad contemporánea y del Proyecto Horizon Europe Marie Curie Staff Exchange – NOMADIC: Nomad Movements and Digital Impacts in Cities

La entrada WeWork y el mito del nómada digital se publicó primero en lamarea.com.

Este artículo ha sido publicado originalmente en Catalunya Plural por Siscu Baiges. Puedes leerlo en catalán aquí.

¿Qué pretendía el Plan Piloto de Renta Básica que puso en marcha el Gobierno de la Generalitat y por qué está detenido ahora?

La Oficina se creó con la intención de desarrollar un Plan Piloto sobre la Renta Básica Universal en Cataluña, con el objetivo de medir sus efectos sobre la población catalana y obtener evidencias de su impacto para poder ajustar la política y conseguir los resultados deseados. Trabajamos en él durante unos tres años. El primero sirvió para diseñar la propuesta del Plan Piloto. Pero no pudo implementarse porque no obtuvo el apoyo parlamentario necesario. El PSC encabezó la moción contra el Pla, con el apoyo de Junts, PP y Vox. Había que aprobar la partida presupuestaria para poder ejecutarlo, y no se hizo.

¿Cómo ha quedado el Plan? La Oficina todavía existe.

Después de que no se pudiera llevar a cabo, dedicamos la última etapa de la Oficina a acabar de trabajar la propuesta de procedimiento de implementación del piloto junto con otros departamentos de la Generalitat con competencias como Derechos Sociales y Economía, y a realizar tareas de difusión y a explicar cuál era el diseño del Plan Piloto y qué objetivos perseguía, tanto en Cataluña y otras comunidades autónomas como a nivel internacional. En el acuerdo de investidura del presidente Illa, Esquerra incluyó el mantenimiento de la Oficina y el compromiso de que el Plan Piloto se ejecutara durante la legislatura. Nosotros dejamos el programa porque había que crear uno nuevo; cambiaron el responsable y todo el equipo técnico. La Oficina todavía existe, pero no se conocen detalles sobre el diseño actual del Piloto. Lo que sabemos es que, al inicio de la presidencia del PSC, la consejera de Derechos Sociales e Inclusión, manifestó públicamente que querían revisar el diseño porque había aspectos que no les encajaban. Les preocupaba especialmente el impacto que podría tener sobre las personas perceptoras de prestaciones asistenciales como la Renta Garantizada, el Ingreso Mínimo Vital o los subsidios por desempleo, pero también, el coste del proyecto.

La Renta Básica sería universal porque la recibiríamos todos, desde los más pobres hasta los más ricos«

¿Cómo se desarrolló ese debate?

Por lo que respecta al impacto sobre las personas receptoras de prestaciones asistenciales, cabe destacar que ya había sido una de las principales preocupaciones del equipo durante la fase de diseño del Piloto. Por ello, se trabajó de forma intensa y coordinada con la Dirección de Prestaciones Sociales del Departamento de Derechos Sociales para facilitar la participación de personas perceptoras de prestaciones, asegurando que esta participación no afectara a sus derechos ni a su situación económica. En el marco del Piloto, este colectivo representaba una muestra de entre 150 y 200 personas, un volumen de expedientes asumible que podía gestionarse sin generar ningún perjuicio para las personas implicadas. Por otro lado, desde el PSC siempre se había criticado el coste del Plan, argumentando que esos recursos podrían destinarse a otras necesidades, como residencias para personas mayores u otros servicios, cuando en realidad el piloto representaba el 0,1% del presupuesto de la Generalitat. En el fondo, es cuestión de interés político. Nos sorprende que ni siquiera quiera probarse, porque es legítimo tener diferencias ideológicas, pero testarla permitiría tener datos reales y no basar el debate en opiniones o percepciones.

¿Qué características tiene su modelo de Renta Básica?

Es individual, suficiente, incondicional y universal. Es individual porque llegaría a todas las personas a título personal. Es suficiente porque debería tener una cuantía cercana al umbral de la pobreza y así permitir a todo el mundo salir de ella, dar autonomía y capacidad para decidir sobre la propia vida. Es incondicional porque no estaría sujeta a contraprestación alguna: no habría que firmar itinerarios de inserción sociolaboral ni cumplir requisitos económicos, de edad o de composición familiar. Y es universal porque la recibiríamos todos, desde los más pobres a los más ricos. Ahora bien, esta universalidad debe entenderse en el marco de una reforma fiscal realmente progresiva: las rentas más altas contribuirían más de lo que recibirían a través de la renta básica. Asimismo, el modelo de renta básica que defendemos debe ir acompañado del mantenimiento y refuerzo de los servicios públicos, especialmente en ámbitos como la educación, la salud y los servicios sociales, como pilares fundamentales del estado del bienestar.

Una amplia mayoría de los simpatizantes de los partidos que después rechazaron el Plan Piloto, la apoyaban«

En la introducción, que firmas con Sergi Raventós, explicáis que un 65% de la población catalana es partidaria de la Renta Básica. ¿Eso no debería animar a los partidos políticos a aprobarla?

Durante el trabajo en la Oficina, a través de encuestas de opinión, comprobamos que existía un apoyo muy amplio y transversal: por edad, situación económica, género, nivel educativo, simpatía política, entre otras variables. Un dato muy revelador es que una amplia mayoría de los simpatizantes de los partidos que después rechazaron el Plan Piloto, lo apoyaban. Hay un gran gap, una distancia importante, entre lo que la ciudadanía considera positivo para el país y lo que después los partidos defienden en el Parlamento o en el Gobierno.

Decís que la Renta Básica no es tanto una medida de protección social como una forma de reconfigurar la sociedad

Exacto. La Renta Básica es una medida redistributiva que impacta directamente en la desigualdad. Es necesario redistribuir los recursos de otra manera para que lleguen a las personas que tienen más dificultades para cubrir sus necesidades y vivir dignamente. Cada vez existen más sectores y estratos sociales afectados por la precariedad laboral y social. La Renta Básica haría que quien más tiene aporte más; redistribuye no sólo riqueza, sino también tiempo y poder de decisión sobre la propia vida. Facilitaría, por ejemplo, que las personas puedan decidir si quieren ampliar o reducir la jornada laboral para dedicarse a otros proyectos vitales, como estudiar, cuidar a hijos o familiares, o implicarse en actividades comunitarias. Esto también abriría la puerta a una redistribución más equitativa del trabajo doméstico y de cuidados. Esta autonomía económica tendría un impacto especialmente relevante en el ámbito del hogar, puesto que contribuiría a reducir relaciones de dependencia y podría favorecer el empoderamiento de las mujeres. Precisamente, éste era uno de los aspectos que se querían analizar en el proyecto piloto: no sólo el impacto a nivel individual, sino también dentro de los hogares.

Los niños también serían sujetos de derecho y recibirían la Renta Básica»

La Renda Básica sería unipersonal

A diferencia de las prestaciones condicionadas, que habitualmente recibe una sola persona en función de la composición familiar, la Renta Básica se otorga de forma individual a todos los miembros del hogar, tanto adultos como menores, lo que puede transformar las dinámicas intrafamiliares. También a nivel comunitario transformaría las relaciones sociales y comunitarias, el Piloto preveía implementarse en dos municipios pequeños, de unos 1.200 habitantes, para analizar sus efectos en las relaciones sociales, la participación comunitaria y política, o el consumo de proximidad. Además, el diseño del Piloto era casi universal, lo que habría permitido entender no sólo qué harían las personas con menos recursos, sino también cómo la utilizarían las clases medias. Hay que tener en cuenta que existe una amplia base de estudios e investigaciones sobre la Renta Básica. Varias simulaciones indican que alrededor del 70%-80% de la población saldría ganando. En este sentido, se trata de una medida con un potencial transformador amplio. Al mismo tiempo, cuestiona también cómo entendemos el trabajo. Se tiende a considerar como trabajo sólo la actividad asalariada, pero el trabajo reproductivo —como los cuidados— es también esencial y tiene una función y un valor económico dentro de la sociedad. Por último, la posibilidad de dedicar más tiempo a actividades voluntarias o comunitarias también podría transformar las relaciones sociales, favoreciendo una sociedad más cohesionada, en la que las personas se relacionen desde condiciones más igualitarias.

Se ha demostrado que las prestaciones actuales no son una medida real de salida de la pobreza»

En el libro hay capítulos sectoriales que explican cómo afectaría la Renta Básica a muchos ámbitos sociales diferentes

Sí. Es uno de los puntos fuertes del libro. Cada capítulo está escrito por dos autores o autoras y puede leerse de forma independiente. Puedes elegir lo que te interese: desde la filosofía política hasta el feminismo pasando por la financiación, infancia y juventud, derechos humanos y el sistema de protección social, mercado de trabajo, cultura, mundo rural, ecologismo, inmigración y antirracismo, renta máxima, salud mental, comunicación de la renta básica y los planes piloto de renta básica. La obra ofrece una visión muy completa sobre cómo la Renta Básica impactaría en muchos ámbitos de la vida.

El libro se titula ‘Quan convé seguem cadenes’. ¿Qué cadenas segaría la Renta Básica?

Las cadenas que nos impiden decidir sobre nuestras vidas y hacerlo en condiciones de dignidad: como la inseguridad económica y todas aquellas relaciones de dependencia y dominación. La Renta Básica, rompería con las limitaciones derivadas de unas condiciones materiales de vida insuficientes y precarias, recuperando la libertad de elegir.

¿La Renta Básica reduciría la pobreza infantil?

Efectivamente. Los niños también serían sujetos de derecho y recibirían la Renta Básica —gestionada por los tutores hasta la mayoría de edad, por supuesto—, y formarían parte de unidades familiares donde los padres también serían perceptores. Con una cuantía cercana al umbral de la pobreza, saldrían estadísticamente de esta situación. El problema de las prestaciones asistenciales actuales es que están pensadas para personas muy pobres, sin embargo, aproximadamente, el 60% de las personas en pobreza severa, no las perciben. Además, las cuantías son muy bajas: el Indicador de Renta de Suficiencia, durante casi veinte años, rondó los 400€ por una persona sola, y aunque ahora es de 700€, es claramente insuficiente. ¿Quién puede vivir con 700 € al mes? En este contexto, propuestas como la prestación universal por hijo a cargo de 200€ mensuales también representan un avance, pero resultan insuficientes para abordar de forma efectiva la pobreza infantil. Aunque pueden aliviar parcialmente la situación de muchas familias, estas cuantías no permiten garantizar unas condiciones materiales de vida dignas ni situar a los niños por encima del umbral de la pobreza. La Renta Básica, sin embargo, plantea un enfoque estructural: asegura ingresos suficientes para todos los miembros del hogar y evita los vacíos de cobertura propios de las prestaciones condicionadas. Esto la convierte en una herramienta mucho más efectiva para reducir –y potencialmente erradicar– la pobreza infantil.

En el capítulo que escribes con Judit Font decís que las prestaciones sociales, más que revertir la pobreza, la cronifican

Sí, por la conocida «trampa de la pobreza». Las prestaciones asistenciales actuales están condicionadas a no superar cierto nivel de ingresos y son incompatibles con el trabajo. Esto genera un efecto perverso: muchas personas prefieren mantener la prestación antes que aceptar un trabajo precario. No se trata de una falta de voluntad de trabajar, sino de una decisión racional frente a un sistema que penaliza cualquier mejora parcial de ingresos. Si un trabajo es inestable, mal remunerado o de corta duración, el riesgo de perder la prestación y quedarse sin ningún ingreso es demasiado elevado. Este comportamiento se ve reforzado por otro factor clave: la complejidad y dificultad de acceso a estas prestaciones. Los procesos de solicitud son a menudo largos e inciertos. Para muchas personas conseguir que se les reconozca el derecho a la prestación ha supuesto un esfuerzo considerable, con meses de espera y múltiples trabas administrativas. Una vez se ha conseguido, es comprensible que no se quiera renunciar fácilmente a ella por una oportunidad laboral precaria, con riesgo de tener que volver a iniciar todo el proceso en caso de perder el trabajo. En este contexto, se consolida una situación en la que se prefiere mantener un ingreso insuficiente pero seguro, antes que afrontar la incertidumbre del mercado laboral y las dificultades del sistema de prestaciones para volver a acceder a ellas o reactivarlas. Esto contribuye a cronificar la pobreza en lugar de facilitar la salida de ella.

Vais un paso más allá y decís que la existencia de prestaciones como la Renta Garantizada de Ciudadanía demuestran el fracaso de la lucha contra la pobreza

En el contexto en el que se diseñaron las rentas mínimas de inserción (la antigua PIRMI), actualmente la Renta Garantizada de Ciudadanía, su lógica podía tener cierto sentido: se trataba de un modelo pensado para intervenir sobre situaciones de pobreza severa y cronificada, a menudo vinculadas a colectivos con dificultades de inserción muy específicas (problemas de salud mental, drogodependencias, exclusión social profunda). En aquel escenario, una política focalizada y condicionada podía parecer adecuada. Ese contexto ha cambiado. Desde la crisis de 2008 y con las transformaciones del mercado de trabajo, la precariedad ya no es una realidad marginal sino estructural, que afecta a amplios segmentos de la población, incluyendo a personas con trayectorias laborales aparentemente “normalizadas”. En este contexto, este modelo de políticas de lucha contra la pobreza presenta importantes limitaciones: el riesgo de pobreza se mantiene desde hace veinte años alrededor del 20%. Sólo sirven para mantenerte en el umbral de la supervivencia, en definitiva, para que no te mueras de hambre. Se ha demostrado que no es una medida de salida real de la pobreza. La Renta Básica, en cambio, va más allá: dotaría de mayor seguridad, tranquilidad emocional para tomar decisiones así como de la posibilidad de complementar el ingreso con trabajos más o menos estables o incluso emprender, cosa que ahora mucha gente ni se plantea hacer por falta de seguridad económica.

Desde la crisis de 2008 y con las transformaciones del mercado de trabajo, la precariedad ya no es una realidad marginal sino estructural«

Por motivos contrarios a los suyos, la extrema derecha critica las prestaciones sociales. Las llama “paguitas”

Detrás de este discurso está la idea de que sólo merece ayuda quien trabaja y es productivo. Es una visión muy centrada en que debes ganarte la vida trabajando, y que el Estado no debería garantizar necesidades básicas. Entienden el trabajo como la única vía legítima para acceder a derechos, por lo que rechazan este tipo de prestaciones. Ante esta visión, la Renta Básica parte de un principio distinto: los derechos materiales para una vida digna no pueden depender exclusivamente del mercado de trabajo. Garantizar una base económica incondicional a toda la población implica reconocer que todas las personas tienen derecho a vivir con dignidad, trabajen o no, y en qué condiciones lo hagan. En este sentido, la Renta Básica no sólo protege frente a la pobreza, sino que refuerza la libertad real de las personas para decidir sobre su vida y sus formas de participación social.

Las políticas actuales sólo sirven para mantenerte en el umbral de la supervivencia, en definitiva, para que no te mueras de hambre»

En cambio, decís que la Renta Básica contribuiría a combatir a la extrema derecha

Exactamente. Las prestaciones condicionadas, tal y como están diseñadas, tienden a crear divisiones sociales. Cuando estableces requisitos estrictos de ingresos, acabas dibujando una frontera artificial entre quien “merece” la ayuda y quien no. Esto hace que situaciones muy parecidas reciban tratos diferentes: dos familias con ingresos casi iguales pueden encontrarse con que una accede a la prestación y la otra queda fuera por una diferencia mínima. Esta percepción de injusticia genera frustración y resentimiento, y es un terreno muy fértil para que discursos simplistas y excluyentes, como los de la extrema derecha, arraiguen. Además, este modelo facilita la construcción de relatos falsos. A menudo se dice que la mayoría de las personas que reciben ayudas son inmigrantes, cuando en realidad la mayor parte son ciudadanos del país. Pero dado que las prestaciones son selectivas, es más fácil alimentar este tipo de narrativas. La Renta Básica rompe con esa lógica. Al ser universal, desaparece la distinción entre “beneficiarios” y “no beneficiarios”, “merecedores” y “no merecedores” y con ella buena parte de los agravios comparativos. Todo el mundo tiene derecho a ella, y esto reduce el margen para generar conflicto social y para instrumentalizar la pobreza con fines políticos. En este sentido, es también una herramienta para reforzar la cohesión social y desactivar discursos que dividen a la sociedad.

La percepción de injusticia genera frustración y resentimiento y es un terreno muy fértil para que discursos simplistas y excluyentes, como los de la extrema derecha, arraiguen»

Ahora se está debatiendo una mejora de la Renta Garantizada de Ciudadanía. ¿Tiene sentido desde su perspectiva?

La Renta Garantizada de Ciudadanía, tal y como está planteada actualmente no está resolviendo el problema de la pobreza, aunque cualquier mejora técnica que suponga un alivio para las personas que la reciben es positiva. Sin embargo, también hay que ser claros: estas reformas tienen un recorrido limitado. A pesar de introducir mejoras, seguimos hablando de una prestación condicionada, con cuantías insuficientes y problemas de acceso y cobertura. Esto hace que, en la práctica, no sea una herramienta capaz de reducir significativamente la pobreza estructural. De hecho, con el planteamiento actual, es muy difícil que esta reforma pueda sacar de la pobreza a la población que se encuentra en esta situación de forma persistente desde hace años. Por tanto, puede ayudar a mitigar algunos efectos, pero no aborda la raíz del problema.

Acabáis la introducción diciendo que esperáis que el libro sea una herramienta útil para avanzar hacia un mundo más justo y libre de opresiones. ¿Lo veremos?

Espero que sí. Personalmente, tengo esa esperanza, y es precisamente por eso que trabajamos defendiendo y promoviendo la Renta Básica. Llegará un momento en que la clase política entenderá que no es tanto una cuestión de estar o no de acuerdo, sino que es una necesidad. La situación actual, especialmente en ámbitos como la vivienda, la pobreza en general y la pobreza infantil en particular, hace difícil seguir mirando hacia otro lado. Las políticas que hemos aplicado hasta ahora han demostrado que no son suficientes para resolver estos problemas de fondo. Si realmente aspiramos a una sociedad más justa y más libre, debemos empezar a plantear alternativas más ambiciosas, y la Renta Básica es una de ellas. La forma concreta de implementarla es un segundo paso, y justamente el Plan Piloto pretendía aportar evidencia sobre cómo hacerlo de manera efectiva. También es importante entender que la Renta Básica no puede ir sola. Debe ir acompañada de una transformación más amplia de las políticas públicas como, por ejemplo, una política de vivienda más garantista, una reforma fiscal profundamente progresiva, políticas feministas que favorezcan una distribución más justa de los cuidados, políticas educativas que consolide la idea de que éste es un derecho de toda la ciudadanía, una reforma del mercado de trabajo, entre otros. Y, sobre todo, debe ser una apuesta sostenida en el tiempo. No tiene sentido como medida puntual o limitada a una legislatura. Debe entenderse como un mecanismo a través del cual se garantiza, efectivamente, el derecho a la protección social conjunto de la ciudadanía y de las generaciones futuras.

La reforma de la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía puede ayudar a mitigar algunos efectos pero no aborda la raíz del problema»

En el epílogo, Sarah Babiker hace un llamamiento a la resistencia realista en un mundo que ha vivido grandes transformaciones. Dice que «la última palabra todavía no está dicha». ¿Quién la dirá?

Espero que la diga la sociedad, la ciudadanía. Sabemos que existe un amplio apoyo a la Renta Básica. Por otra parte, en el contexto actual vemos movilizaciones de los sectores educativos, sanitarios y de servicios sociales que denuncian las tensiones del estado de bienestar. Las bases del actual estado del bienestar están mostrando claros signos de desgaste. En este contexto, la Renta Básica tiene mucho que aportar. No es una solución mágica ni lo va a resolver todo, pero sí puede ser una herramienta clave para aliviar muchas de las tensiones sociales y económicas que estamos viviendo. Cuando Sarah dice que “la última palabra todavía no está dicha”, se refiere a la ciudadanía reclamando de forma más contundente un cambio de rumbo en las políticas. En definitiva, tal y como ella escribe, esta palabra todavía no dicha, la dirá la inteligencia y resistencia colectiva.

Si realmente aspiramos a una sociedad más justa y más libre, debemos empezar a plantear alternativas más ambiciosas, y la Renta Básica es una de ellas»

Supongo que está acostumbrada a que le digan a menudo que hable de una utopía, que pida cosas imposibles en un mundo que parece que cada día premia más el egoísmo, la insolidaridad y la meritocracia

Es cierto que existe una tendencia fuerte al individualismo, a pensar cada uno en lo suyo, pero también existe toda una corriente de gente que no pensamos así, aunque nuestra voz cuesta más de oír. Si miramos la historia de las luchas sociales, vemos cómo muchas cosas que parecían imposibles se han hecho realidad: hace un tiempo parecía impensable que las mujeres pudiéramos votar, la jornada laboral de 40 horas, los derechos laborales, la educación y la salud pública universal. Hoy, estos derechos están reconocidos, aunque en su día eran vistos como utopías. Esto nos muestra que lo que hoy parece imposible, mañana puede convertirse en realidad si existe movilización social y voluntad política. En la medida en que la Renta Básica se convierta en una reivindicación política y ciudadana, también puede conseguirse. La Oficina del Plan Piloto fue posible gracias a partidos que recogieron esta demanda social, especialmente después de la pandemia, cuando muchas personas se preguntaban «¿y ahora qué?» y la Renta Básica actuó como revulsivo. Hubo manifiestos, debates públicos y partidos que, en las elecciones, asumieron esa demanda como compromiso. Es cierto que movilizarse es difícil, sobre todo por las personas que más se beneficiarían de la Renta Básica. Vivimos atrapados en la rueda del trabajo y las responsabilidades familiares, de la supervivencia, del día a día y esto limita mucho la participación política. Aquellos que están en peores condiciones económicas y sociales son precisamente quienes tienen menos capacidad de manifestarse o reclamar derechos, porque están más atados de pies y manos, precisamente, atados por las cadenas que comentaba antes, las que segaría una Renta Básica.

¿Imagina el día que pueda decir que la Renta Básica ha sido posible a las personas que siempre lo han negado?

Estaría bien, pero me gusta más imaginar su implementación. En Cataluña, hace 25 años la Renta Básica se conocía y defendía en círculos universitarios, profesores y estudiantes de economía, sociología, filosofía o políticas por decir algunas carreras, y dentro de algunas organizaciones sociales y sindicales. Hoy, en cambio, existe una amplia red de profesionales, movimientos sociales y actores políticos que la reclaman y debaten su aplicación. De hecho, este libro es un reflejo de ese apoyo creciente: la idea se ha ido permeabilizando en la sociedad y cada vez más personas dejan de verla como un concepto abstracto o utópico para empezar a considerarla una medida factible y real.

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Este artículo se publicó originalmente en Catalunya Plural. Puedes leerlo en catalán aquí.

Decenas de embarcaciones civiles, con ayuda humanitaria y activistas internacionales, partieron este pasado domingo desde Barcelona en una nueva tentativa de alcanzar Gaza por mar y desafiar un bloqueo que se prolonga desde 2007. La operación, bautizada como Global Sumud, no es solo un viaje marítimo, sino una intervención política en uno de los conflictos más enquistados del sistema internacional.

La flotilla debía zarpar el domingo 12 de abril. Y, formalmente, lo hizo. A las 13:30 horas, la delegación catalana —integrada por unas 40 personas— salió del puerto de Barcelona. La salida fue simbólica. Las malas condiciones meteorológicas, con mar adversa y viento, impidieron iniciar la travesía real hacia aguas internacionales. Los barcos atracaron después en otros puertos cercanos, a la espera de una mejora en la navegación durante los próximos días.

El dispositivo quedó activado desde ese momento. En torno a 70 embarcaciones y más de un millar de participantes —con previsión de crecer en ruta— conforman esta misión, considerada por sus organizadores como la más ambiciosa hasta la fecha. La previsión pasa por reanudar la travesía en cuanto el tiempo lo permita, con posibles escalas en el Mediterráneo central antes de dirigirse al este.

De 2010 a 2025: una secuencia de interceptaciones

Global Sumud se inscribe en una genealogía clara. Desde finales de los años 2000, distintas flotillas han intentado romper el bloqueo israelí sobre Gaza, impuesto en 2007 tras el control de la Franja por parte de Hamás. Ese bloqueo ha sido denunciado por organismos internacionales por su impacto sostenido sobre la población civil.

El episodio más conocido tuvo lugar en mayo de 2010 con la primera Flotilla de la Libertad. La marina israelí interceptó en aguas internacionales el convoy y asaltó el Mavi Marmara, asesinando a 10 activistas. El impacto diplomático fue inmediato, aunque la política de bloqueo se mantuvo sin cambios sustanciales.

En los años siguientes, el patrón se consolidó. En 2011, la Freedom Flotilla II fue bloqueada antes de zarpar. En 2015, una nueva flotilla fue interceptada sin víctimas mortales. En 2018, embarcaciones como el Al-Awda fueron detenidas. Los intentos posteriores han tenido menor visibilidad, pero han reproducido la misma secuencia operativa.

El antecedente directo de la actual Global Sumud se sitúa en 2025 y resulta clave para entender tanto su escala como su composición. Aquella flotilla no fue un intento aislado, sino la primera articulación global de una red de organizaciones, activistas y figuras públicas que buscaban reactivar la estrategia marítima contra el bloqueo de Gaza. No se trataba de un único convoy, sino de múltiples salidas coordinadas desde distintos puertos —Barcelona, Génova, Otranto o Túnez— que convergían progresivamente en el Mediterráneo oriental.

En términos de escala, supuso un salto cualitativo. La flotilla llegó a reunir más de 40 embarcaciones y alrededor de 500 participantes de más de 40 países, convirtiéndose en el mayor convoy civil de este tipo desde el inicio del bloqueo. La composición del grupo reflejaba una estrategia deliberada de visibilidad internacional. No solo incluía activistas, sino también perfiles con proyección pública y capacidad de amplificación mediática entre las que se encontraban la activista climática Greta Thunberg, la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, o Mandla Mandela, nieto de Nelson Mandela. A ellos se sumaban parlamentarios europeos, periodistas, médicos y sindicalistas. Ese episodio reforzó la coordinación del movimiento y preparó el terreno para la operación actual.

2026: escala mayor y presión acumulada

La flotilla actual introduce dos elementos relevantes: el primero es la escala. Global Sumud aspira a movilizar más de un centenar de embarcaciones y miles de participantes, ampliando la dimensión de iniciativas anteriores. El segundo es el contexto. La situación en Gaza se ha deteriorado en los últimos meses y los indicadores humanitarios apuntan a un agravamiento sostenido, un modo de genocidio a fuego lento, como apunta la investigadora Júlia Nueno.

En este marco, la flotilla se inserta en una presión creciente desde la sociedad civil internacional ante la falta de respuestas políticas. El desenlace inmediato es incierto en términos operativos, pero el precedente es claro. La posibilidad de interceptación por parte de la marina israelí se puede dar por segura. Pero cada repetición del mismo patrón introduce un desgaste acumulativo en el plano internacional y reactiva el debate sobre la legitimidad de un bloqueo que, casi dos décadas después, señala la vulneración del derecho internacional por parte del gobierno de Israel y continúa definiendo la vida en Gaza.

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No había persona más educada, respetuosa y apasionada con el proyecto MásPúblico que Pedro Tostado. Y lo era desde la delicadeza del que no quiere molestar, pero que cree firmemente en sus convicciones, en la justicia y en escuchar al otro.

Desde el primer día estuvo en primera línea haciendo esas labores oscuras y tan necesarias en proyectos emergentes. Que saliese el primer número de la revista La Marea fue obra de mucha gente, periodistas, socias, socios, maquetadoras… pero si alguien puso especial empeño y nunca se mostraba desmotivado ese era Pedro, nuestro socio fundador que ha fallecido en Madrid.

Fue algo más que un socio, desempeñó el cargo de interventor al inicio de la fundación de la cooperativa y participó activamente en la organización de las primeras asambleas, intercediendo para conseguir espacios donde reunirnos.

Pedro era una de esas voces críticas necesarias en cada asamblea. Allí expresaba su opinión con esa voz tan pausada a la que era muy difícil llevar la contraria. No esquivaba el debate, al contrario, nos hacía partícipes de nuestras propias incoherencias, las verbalizaba y ponía en común. Siempre desde la tranquilidad del que sabe que no tiene sentido elevar el tono de voz para tener razón.

Y aunque no siempre estaba de acuerdo con su cooperativa, porque esta era, es y será para siempre su cooperativa, aceptaba las decisiones de la mayoría y las defendía con fuerza. Igual que defendía a sus trabajadoras y trabajadores y lanzaba mensaje de ánimos cuando venían malos momentos.

Pedro nos ha dejado y quizás lo ha hecho en el momento en el que es más necesario que nunca tener a gente como él cerca. Cuantas veces nos acordaremos de ti. Se nos ha ido uno de los grandes, la voz pausada de esta cooperativa.

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Este artículo tiene varias madres. De un lado, las musas vienen de la generación de los 50, poetas que están siempre en mi cabecera, y de otro acontecimientos que desencadenan algo, como una chispa que se nos ilumina dentro. El primero fue la aprobación de la Ley Integral de Impulso de la Economía Social, pero el último, y la chispa que terminó de encender todo, fue ver las imágenes de Zack Polanski (líder del Partido Verde) bailando en Londres en una manifestación llena de esperanza, y que me terminó de convencer de que ese era el tono: esperanza y belleza.

Y es que hay una pregunta que casi nunca surge en los debates sobre economía social, y cuya ausencia dice más que muchos análisis: ¿por qué alguien querría vivir en el mundo que propone? No solo porque sea más justo (eso es ética), ni porque funcione mejor (eso es eficiencia). Porque es un mundo más bello, donde se produce una experiencia de lo común que merece ser vivida (¿deseada?) por sí misma.

La pregunta importa porque la respuesta no pasa por la argumentación. Pasa por algo más cercano a lo que ocurre en un concierto, en una asamblea cooperativa cuando funciona de verdad, en esos rituales colectivos donde un grupo de personas descubre que puede hacer algo juntas que ninguna podría sola. Esos momentos no son para «convencer»; son momentos de compartir, de abrazos. No están (no están solo) para llegar a tu cabeza, están para generar una emoción, están porque son bellos.

Gil de Biedma lo sabía: los misterios son del alma, pero un cuerpo es el libro en que se leen. La economía social tiene sus misterios, sus intuiciones profundas sobre lo que podría ser una vida económica organizada desde el cuidado y lo común. Pero esos misterios necesitan cuerpos donde leerse: leyes, instituciones, bancos, fondos, instrumentos fiscales, marcos jurídicos. Y necesitan también, con la misma urgencia, una dimensión que no se deja reducir a lo instrumental: la belleza como forma de conocimiento, como experiencia de sentido, como lo que hace que la alternativa no sea solo correcta sino deseable.

Este artículo habita esa tensión. La Venus pandémica de la economía social (sus instrumentos, sus conquistas legales, su arquitectura institucional, todo lo que está pegado al suelo y necesita estarlo) y su Venus celeste (la narrativa, el ritual, la poesía como forma de precisión, lo que eleva la gestión a proyecto civilizatorio). No se elige una contra la otra. Se vive en el cruce.

La belleza como lo que mueve

La extrema derecha ha entendido algo que la izquierda transformadora sigue sin asimilar: que las personas no se movilizan por argumentos sino por experiencias de sentido. El populismo autoritario no gana elecciones demostrando que tiene razón; las gana produciendo emociones de pertenencia, de identidad, de nostalgia por un orden que nunca existió pero que se siente como pérdida. Su narrativa no es verdadera, pero es eficaz, porque opera en un registro que la política progresista ha abandonado: el registro estético.

Recuperar ese registro no significa «mejorar la comunicación» de la economía social. Si así fuera, bastaría con mejores infografías, mejores campañas, mejores eslóganes o incluso memes. Eso sería Venus pandémica disfrazada de celeste: instrumentos con apariencia de alma. Lo que hace falta es algo más radical: producir experiencias de sentido que no pasen por la demostración. El concierto no demuestra nada; te hace participar en algo. La asamblea cooperativa, cuando funciona, genera vivencias compartidas, colectivas, que no habitan nunca en una junta de accionistas y aún así produce resultados «económicos» similares. Esa experiencia de decisión compartida es valiosa por sí misma.

MUSE, una iniciativa que impulsamos desde SOKIO junto a Fondazione Messina, con presencia de Colombia, Uruguay y otros territorios, ha puesto la belleza en el centro de sus propuestas de eutopías (un estado ideal pero alcanzable). La belleza funciona ahí como modalidad de conocimiento que atraviesa los temas habituales (migración, cambio climático, economía política): una forma de precisión que el lenguaje técnico no alcanza. Cuando la escritura sobre economía toca algo que resuena, eso no es licencia literaria; es señal de que se ha rozado un estrato de lo real al que la lupa racional no llega.

Hay quienes pensamos que la consultoría, el acompañamiento a la transformación, debería aprovechar más esa dimensión, asumiéndola como otra forma de rigor y no como ornamento añadido a la estructura. Hubo un tiempo, en una cooperativa anterior a SOKIO, en que hablábamos de ser consultores poetas (innomades o nomades por la innovación social nos llamábamos). La expresión podía parecer ingenua, pero contenía una intuición que hoy, en un momento donde la narrativa se ha convertido en campo de batalla, resulta aún más pertinente que entonces.

Un cuerpo es el libro en que se leen

Y sin embargo, los misterios del alma necesitan un cuerpo. El 26 de marzo de 2026, el Congreso de los Diputados aprobó definitivamente la Ley Integral de Impulso de la Economía Social, rechazando las enmiendas del Senado y preservando, en lo sustancial, el texto que había salido de la Comisión con competencia legislativa plena en diciembre. La ley sobrevivió a un Senado controlado por la oposición, a meses de incertidumbre parlamentaria, al riesgo permanente de una disolución anticipada que habría hecho decaer el proyecto. Eso merece ser nombrado.

Merece ser nombrado sin triunfalismo. CEPES, la principal confederación del sector, ya señaló que quedan fuera tres nudos estructurales: configuración jurídica de las entidades, Seguridad Social y régimen fiscal de las cooperativas. Son los mecanismos que convierten el reconocimiento político en seguridad jurídica. La ley moderniza, pero no blinda. Y en un contexto de menor consenso e incertidumbre institucional, esa distinción importa.

Pero hay algo en la génesis de esta ley que revela más de lo que el análisis parlamentario convencional puede capturar. La LIIES nace en el Ministerio de Trabajo y Economía Social, no en el de Economía. Y eso no es una anécdota administrativa. Es el reflejo institucional de algo que merece atención: un ministerio poblado de laboralistas —de personas formadas en derecho del trabajo, que trabajan sobre inserción sociolaboral, economía social— ha producido una norma que introduce categorías que la gramática económica ortodoxa no reconoce fácilmente. La cooperativa de vivienda en cesión de uso como entidad especialmente protegida. La redefinición de la inserción desvinculando la vulnerabilidad de la persona para centrarla en los factores externos que generan exclusión. Son formulaciones que ponen el trabajo, la vida y el cuidado por encima del capital como principio organizador. No es tanto que contradigan al Ministerio de Economía cuanto que operan desde otra lógica, una lógica que ha podido dejarse contaminar, en el mejor sentido de la palabra, por la economía heterodoxa.

Y aquí conviene ser precisos. No se trata de menospreciar al Ministerio de Economía ni de caer en la condescendencia de quien cree tener la verdad frente al que no la ve. La socialdemocracia clásica, como ha señalado Laville, financia servicios públicos mediante impuestos sobre la actividad mercantil sin cuestionar la centralidad del mercado: redistribuye los frutos de una economía que no controla y cuya lógica no interroga. El Ministerio de Economía opera en gran medida dentro de esa gramática (de ese axioma que diría Deleuze), y lo hace con competencia y con razones. Lo que la LIIES revela es otra cosa: dentro del propio Estado existen ya las condiciones para un diálogo entre gramáticas económicas distintas. La eutopía no está fuera del Estado; habita en las grietas entre sus propias lógicas. Hablar con Economía es una invitación a reconocer lo que ya existe dentro de su propia casa pero que sus categorías, construidas para ver unas cosas, no están diseñadas para ver.

Los marcos que no dejan ver

Esa ceguera no es ideológica: es cognitiva. Y tiene consecuencias muy concretas.

Los marcos de evaluación financiera funcionan con casillas predefinidas: capital riesgo, infraestructura, renta fija, impacto social. Si un proyecto encaja en alguna, se evalúa con sus criterios. Si no encaja en ninguna, no llega a ser rechazado: no puede ser procesado. Pero sería deshonesto reducirlo a eso. Coop Exchange, la bolsa de valores exclusivamente cooperativa que cerró en Europa en marzo de 2026, es un caso más complejo y por eso más revelador. No la mató una sola causa. La lógica financiera dominante prioriza el retorno al inversor y la estrategia de salida; una bolsa cooperativa pre-revenue, sin horizonte de exit convencional, no encajaba en esos parámetros. Los mandatos institucionales de los inversores comprometidos con la causa les impedían, formalmente, colocar fondos en ese tipo de infraestructura. Y sí, los marcos cognitivos hicieron lo suyo: cuando la categoría «infraestructura de mercado de capitales cooperativo» no existe en tu modelo mental, ni siquiera puedes iniciar la evaluación. Pero lo que convierte el caso en algo más que una anécdota es que esas barreras no operaron solo desde fuera, desde el sistema financiero convencional. Operaron también desde dentro: fueron las propias organizaciones cooperativas las que no encontraron, en sus propias estructuras de decisión, la forma de financiar su propia evolución. El sesgo cognitivo e institucional es bidireccional, y eso es lo que lo hace tan difícil de desmontar.

El fenómeno se repite con variaciones. En febrero de 2026, el National Philanthropic Council del Reino Unido publicó su definición de Impact Economy sin incluir a las cooperativas. No las excluyó por oposición; simplemente no las vio. Como señaló Co-operatives UK, hay una conexión fundamental entre mutualidad e impacto que fue prácticamente ignorada. La omisión no responde a mala fe: responde a un marco cognitivo que define «impacto» desde categorías que presuponen al inversor como sujeto central y al beneficiario como objeto pasivo. En esa gramática, una organización donde las personas son simultáneamente propietarias, usuarias y decisoras no computa.

Y esto conecta con el bloqueo fiscal que CEPES señala como asignatura pendiente de la LIIES. Faltan incentivos para las cooperativas, sí; pero el problema va más hondo. El marco fiscal está construido sobre una ontología económica donde la forma natural (y superior) de empresa es la sociedad de capital, y todo lo demás es variante que necesita justificarse. Cuando al mismo tiempo el decreto derivado de la crisis de Irán concede cesiones de suelo público a constructoras privadas durante un periodo de 40 a 80 años y elimina los límites a su rentabilidad financiera, eso no escandaliza porque fluye dentro de la gramática establecida. Cuando no se incluye en el decreto sobre temas de vivienda, se hace porque gramaticalmente rima con ese axioma ortodoxo que facilita la aprobación de un decreto y dificulta la del otro. Cuando se consigue introducir un cambio menor en el marco fiscal (la cooperativa de vivienda en cesión de uso siendo reconocida como especialmente protegida) y no se puede implementar una reforma de ese marco fiscal que en estos tiempos puede considerarse prehistórico, lo es porque la música que lo acompaña es demasiado nueva y rompedora de los cánones de la música que domina nuestras instituciones.

La conquista de ese territorio no se hace solo con mejores leyes, aunque las leyes sean imprescindibles. Se hace también transformando los marcos desde los que se mira. Y aquí las dos Venus se encuentran de nuevo: cambiar la mirada es un acto estético tanto como analítico. Ver lo que el mapa ortodoxo no muestra pide un esfuerzo de imaginación que no se agota en lo técnico; es, además, un trabajo creativo.

El mapa de la eutopía

Eutopía, no utopía. No un no-lugar, un horizonte regulativo siempre lejano, sino un buen-lugar que ya existe parcialmente y la pregunta es cómo desplegarlo, protegerlo y hacerlo irreversible. El prefijo lo cambia todo: no se trata de convencer de que otro mundo es posible (eso, a estas alturas, suena a consigna gastada). Se trata de señalar que otro mundo ya está funcionando en lugares concretos, y de entender qué condiciones lo hacen posible y qué fuerzas lo amenazan.

La Economía Social y Solidaria (ESS) es también un aparato analítico, una escuela heterodoxa que ofrece un mapa distinto. Lo que ya mostraban los datos de la Cuenta Satélite de la Economía Social publicada por el INE: las herramientas de medición no describen la realidad tal como es; la producen de un modo que privilegia lo que pueden capturar e invisibiliza lo que no. El mapa fiscal ortodoxo no ve la propiedad colectiva; la Cuenta Satélite, con todas sus limitaciones, al menos la nombra. Y nombrar es el primer paso para que exista políticamente.

Pero el mapa necesita más que una escuela teórica: necesita un espacio donde las distintas corrientes heterodoxas puedan confluir sin necesidad de reconciliación previa. Eso es lo que puede ofrecer, entre otros, la Community Wealth Building: menos un modelo cerrado que lo que, en términos de Deleuze, podríamos llamar un plano de composición. Un terreno práctico donde la ESS con su genealogía polanyiana, la economía feminista que reconfigura qué cuenta como producción, la black economy que parte de la desposesión racializada, la Modern Monetary Theory que cuestiona los fundamentos de la restricción fiscal, pueden coexistir productivamente sin programa unificado. La unidad, si la hay, emerge de la práctica: de los agenciamientos concretos en Preston, en Escocia, en el País Vasco, en Quebec. No la precede.

Y las señales de eutopía habitan en más territorios de los que el mapa convencional muestra. En Canadá, un scoping paper que hemos trabajado con las cooperativas de allí intenta ayudar a que las políticas públicas reconozcan lo que dichas cooperativas ya hacen internacionalmente, pero que las métricas oficiales del gobierno federal no capturan: redes de intercambio de conocimiento, gobernanza compartida, instrumentos financieros éticos que cruzan fronteras sin aparecer en ninguna estadística de exportación. En Messina, la Fondazione construye economía social donde el Estado a menudo se ausenta, demostrando que la eutopía puede germinar incluso en las grietas de la fragilidad institucional. En Colombia, en Uruguay, en territorios donde las condiciones son radicalmente distintas a las europeas, iniciativas como MUSE articulan un reconocimiento mutuo entre periferias que descubren que sus luchas, siendo irreductibles unas a otras, se iluminan recíprocamente y buscan ese abrazo del que habla Gil de Biedma.

Esa articulación no es una red dirigida desde arriba. Es algo más parecido a lo que Morin llamaría pensamiento complejo: la aceptación de que el desorden no es una anomalía a corregir sino un rasgo constitutivo de lo real, y de que la transformación no será la sustitución ordenada de un modelo por otro sino la emergencia, desde múltiples puntos simultáneamente, de formas nuevas de organizar la vida económica. Formas que necesitan tanto instrumentos (Venus pandémica: leyes, marcos, instrumentos financieros, métricas que nombren lo invisible) como experiencias de sentido (Venus celeste: narrativa, ritual, belleza, la capacidad de producir un nosotros que se reconozca como deseable).

La transmisión de la esperanza

La eutopía no es un programa, tampoco una promesa. Es algo más modesto y más difícil: la capacidad de transmitir esperanza sabiendo que el resultado no está garantizado. Es lo que hace un padre cuando habla a su hija del futuro sin poder asegurarle nada, pero sintiéndose obligado a hacerlo porque sabe que otros dependen de que ella no se rinda.

La aprobación de la LIIES es un cuerpo donde leer un misterio. No es la ley perfecta, no es la conquista definitiva, no blinda todo lo que habría que blindar. Pero es la demostración de que, en un contexto de repliegue generalizado, de extrema derecha campando a sus anchas, de cinismo que presenta la desigualdad como inevitable, hubo una coalición parlamentaria que eligió sostener un proyecto de ley sectorial, técnico, menor para la opinión pública, pero que encarnaba algo que no podía dejarse caer. Eso no es utopía: es eutopía. Un buen-lugar que ya existe y que alguien decidió ayudar a construir, habitarlo, abrazarlo y protegerlo.

Y si la economía social quiere que ese buen-lugar se amplíe, necesitará sus dos Venus. Necesitará la pandémica: seguir peleando la reforma fiscal, construir los instrumentos financieros que faltan, ganar las batallas cognitivas dentro de los ministerios y los comités de inversión, traducir la visión en arquitectura institucional duradera. Y necesitará la celeste: producir belleza, generar experiencias de lo común que no se reduzcan a eficiencia ni a justicia, recuperar la narrativa como campo de disputa, asumir que la poesía no adorna la transformación sino que es su condición de posibilidad. Porque sin la primera, la belleza es evasión. Pero sin la segunda, el análisis es parálisis. Se producen mutuamente, como dijo el poeta, del alma y del cuerpo a la vez.

Y necesitará también insuflar esperanza:

«Tu destino está en los demás». Eso es la economía social condensada en un verso. «Otros esperan que resistas». Eso es la eutopía: no la certeza de que saldrá bien, sino la responsabilidad de seguir construyendo porque hay quienes cuentan con que lo hagas. «Tu canción entre sus canciones».

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Samuel Barco es politólogo y forma parte de SOKIO, una cooperativa para la transformación social. Este artículo se publicó originalmente en su web.

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Mono azul, gesto adusto, ceño muy fruncido, un envarado saludo militar. La capilla ardiente de Francisco Franco en el Palacio de Oriente convoca una larguísima cola de gente entre la que hay partidarios como este, simples curiosos y algún antifranquista que quiere asegurarse de que el rigor mortis del eterno Generalísimo está atado y bien atado. Y este obrero. Suponemos que lo era, por el mono azul. Es una imagen icónica. Se queda ahí, tieso como una vela o un garrote vil, y el servicio de seguridad tiene que empujarlo para que avance.

No sabemos quién era, como no conocemos la identidad de aquella señora que, en otra grabación emblemática de aquellos años transicionales, berrea a cámara que el Sagrado Corazón de Jesús nos ayudará en este baño de sangre. Perdieron su nombre y apellidos y se convirtieron en arquetipos: la furia nacionalcatólica, el obrero de derechas.

Hubo obreros franquistas, un obrerismo franquista, había habido un obrerismo falangista. El azul mahón de la camisa-uniforme de Falange provenía de aquellos monos; el rojo y negro de la enseña del partido, de la bandera anarquista. Trampas bastante burdas de lo que fundamentalmente eran señoritos con apellidos como Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, pero reclutaron a algún obrero real, igual que lo habían hecho los sindicatos católicos.

¿Nada más tonto que un obrero de derechas? ¿Sería, pues, el sumun de la tonticie ser un obrero franquista? No necesariamente. A algunos obreros puede interesarles que la derecha triunfe, porque es complejo el asunto del interés. Nunca se limita al dinero. Hay siniestros salarios emocionales: ser, por ejemplo, caudillo de tu casa, generalísimo de una esposa de pata quebrada, que en casa te reciba, después de que te exploten en el tajo, con una cena caliente, las zapatillas preparadas y una copita de Soberano, y a la que puedas calzarle una hostia sin que se queje. Las leyes del franquismo dictaminaban que la mujer debía pedir permiso a su marido para trabajar, firmar contratos o abrir cuentas; su delito de adulterio se ensañaba solo con las adúlteras; si a un uxoricidio se le apreciaba «causa de honor», la pena se atenuaba considerablemente. Y de esto se beneficiaban los gobernadores civiles, pero también los fresadores de la Perkins.

Malvados, pero no tontos

Franco y los franquistas eran malvados, pero no tontos, aunque a cierto mito antifranquista persistente le guste conceptuarlos así. Si hubieran sido tontos, no hubieran ganado tres guerras: la literal de 1936-1939; la supervivencia post-1945, tras la derrota del Eje, y, treinta años más tarde, la de la transición reformista o rupturista.

Con respecto a los obreros, supieron repartir, no solo palos, sino también zanahorias. Franco se había forjado en el Rif, pero también en la Asturias natal de su esposa, oriunda de una ciudad en la que, en 1934, la última comuna obrera de Europa Occidental –que la República de derechas encargó sofocar a Franco, con técnicas rifeñas– había reventado con dinamita la Cámara Santa de la catedral. El recuerdo de la Asturias roja preocupó siempre a un dictador que supo que, para desactivarla, hacía falta usar algo más que la violencia.

Los derechos recogidos en el Fuero del Trabajo, a los cuales se acogía el antifranquismo entrista; la vivienda de protección oficial o algunos proyectos emblemáticos del franquismo autárquico (de las universidades laborales a poblados modelo como Ciudad Pegaso, en Madrid; Llaranes, en Asturias, vinculado a ENSIDESA; o el poblado de ENCASO en Puertollano), fueron algunas de esas zanahorias.

Eran mucho menores y de peor calidad que las prebendas que conquistaban los trabajadores de las democracias keynesianas, que las consagraban como derechos en lugar de repartirlos como óbolos de caridad, cancelables a capricho del poder dictatorial y en cualquier momento. En Reino Unido, Países Bajos, Suecia o Francia la inversión pública en vivienda comportaba del 2 al 5% del PIB; se sujetaba a normativas de metros mínimos por habitante, calefacción, baño propio, cocina equipada y servicios urbanos modernos; y generó porcentajes del 20 o 30% del parque total, que se disparaba más allá en algunas ciudades.

Mientras tanto, en España la vivienda protegida no pasaba del 0,5% del PIB y del 5 a 7% del parque construido, y lo frecuente era que se construyera con superficies muy reducidas, sin baño completo o calefacción, con materiales baratos y rodeada de un adecentamiento urbanístico negligente o inexistente. Negligencia que hacía que muchos de esos vecinos forjaran poderosas asociaciones para reclamar alumbrado, asfaltado o colegios, que solieron acabar más o menos vinculadas al partido comunista.

Pero la memoria es selectiva, y ante problemas actuales como la crisis habitacional, al neofranquismo le resulta muy fácil convertir esos aspectos de la dictadura en nostalgia política del siglo XXI, propagada a través de memes y bulos. En ellos se deslizan nostalgias de otro tipo: no había «negros», «moros», «manolos» o «feminazis» en Llaranes. Y lo que sí había era lo que así recuerda una de sus habitantes, Ana Rosa Iglesias, en una entrevista en Nortes:

Se vigilaba a las familias. Había una monja, sor Vicenta, que se encargaba de eso. Las familias tenían que tener a los niños de una manera, no se podían hacer determinadas cosas, había que ir a misa… O el tema de los malos tratos. Porque había muchos malos tratos. Yo recuerdo vivirlo de bien pequeña. Vi saltar a una mujer por una ventana con el cuchillo del marido, borracho, detrás. Había mucho de eso. Y de padres a hijos, también. Lo veías en el colegio y en las casas de alrededor. Un día, tendría yo doce años, vinieron a detener a los padres de una niña, porque la habían intentado vender. Las familias normales trataban de ocultarte estas cosas, pero lo veías. O a lo mejor atar a un guaje que había hecho algo mal y llevarlo por alrededor de las casas dándole latigazos, para que la gente viera que el padre podía con el hijo.

La nostalgia del cuchillo y del latigazo puede ganar, hoy, unas elecciones. Votada por señoritos, y también por obreros.

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Las burocracias estatales, una invención moderna si las hay, representan, sin embargo, una combinación de dos arquetipos más bien míticos: el laberinto y el infierno. Ay de quien se atreva a entrar en ellas sin la ayuda de una Ariadna o un Virgilio, una guía que enseñe cómo llegar al minotauro -y cómo, después, salir con vida-.

El hecho de que, de todas las burocracias europeas, la española sea una de las menos transitables supone un grave problema. Porque muchas de las garantías del sistema democrático solo se pueden realizar a través de instancias burocráticas. Sin ir más lejos, varias de las promesas centrales de las dos leyes de memoria histórica (2007 y 2022) dependen del acceso ciudadano a los archivos del Estado. Hasta hace un par de años, sin embargo, era prácticamente imposible conseguir información fiable sobre -por poner un ejemplo- una pariente victimizada por el régimen franquista. No solo había un sinfín de repositorios, cada cual con sus propios buscadores (de los que, claro, no todos funcionaban), sino que había bastantes archivos sin apenas vías de acceso.

Esto lo observó de primera mano Hernán Fernández-Barriales López, un ingeniero químico español que entonces vivía en Estados Unidos, cuando en 2021 quiso buscar información sobre dos bisabuelos represaliados por el franquismo. Pero en lugar de dejarse vencer por la frustración, decidió buscar una solución al problema. Poco después, nació Buscar.Combatientes.es, una web de fácil manejo creada en colaboración con Combatientes.es que permite buscar de una vez una gran cantidad de archivos, repositorios y bases de datos.

La noticia sobre la nueva herramienta no tardó en difundirse entre las filas memorialistas. Cinco años después, la web recibe más de 3.000 visitantes únicos al día. No solo son ciudadanos quienes recurren a ella, sino también investigadores. Incluso la han empezado a usar las y los funcionarios. “La última vez que estuve en el Centro de Memoria Democrática de Salamanca, escuché a un archivero recomendarle mi web a un usuario”, recuerda Fernández, riéndose. “No soy muy de ponerme el foco, pero igual me acerqué después para presentarme”.

Además de proporcionar una herramienta tan sencilla como útil, la mera existencia de su web también revela las deficiencias del Estado español.

En efecto. Quizá la carencia mayor sea la que suele mencionar Emilio Silva: que no exista una oficina estatal de ayuda a las víctimas o a los familiares de víctimas, que pueda dirigir a la gente. Hasta la fecha, todo ha dependido de voluntarios, entre los que también me cuento, claro. No hay una iniciativa gubernamental que dirija a las personas y les enseñe cómo empezar a investigar.

Las burocracias las solemos asociar con el control y la uniformidad. En el tema de los archivos de la guerra y del franquismo, en cambio, parecen dominar la dispersión y el caos. No hay nadie que tenga una visión de conjunto.

Esa es exactamente mi experiencia. Para empezar, hay una desconexión enorme entre el gobierno estatal y los autonómicos, entre los que, a su vez, también hay mucha diferencia. En Cataluña y Euskadi se ha hecho un mejor trabajo al poner los archivos a disposición del público, pero en muchos otros es claro que no lo han considerado como parte de su trabajo. Finalmente, hay una gran desconexión entre diferentes partes del gobierno estatal. Hasta la fecha, lo que ha habido son como pegotes: iniciativas puntuales que responden a momentos o intereses particulares, pero que no se integran y que no duran. No hay un plan general.

¿A qué se debe?

Siempre tengo la duda de si se trata de falta de interés o si es algo más dirigido, alguien que ha pensado: “Vamos a poner las cosas difíciles al público, porque cuanto menos salga a la luz, menos problemas hay”. Por otra parte, está el problema del acceso. Una cosa es saber que existe la información -que ya cuesta-, pero otra muy distinta, muchas veces aún más complicada, es acceder a ella. Como han denunciado bastantes investigadores, hay un abuso del tema de protección de datos. Es la excusa que dan, por ejemplo, para no darte acceso a datos de gente que murió en un hospital ¡en el 36! “Es que igual hay datos que puedan afectar a la intimidad”, alegan. ¡Cuando hay documentos similares de cincuenta años después que se publican sin ningún problema!

¿Cuál ha sido su experiencia en el contacto directo con las y los archiveros y otros funcionarios?

Muy buena, siempre. Las trabas me parece que las ponen los que están en otro nivel, los responsables de las políticas. Aun después de la ley de 2022, que ha mejorado algunas cosas, hay limitaciones que no parecen tener sentido alguno. Ahora, por ejemplo, está permitido sacar fotos con el móvil, pero no puedes usar ni un pequeño trípode. Y en muchos archivos te piden, además, que llenes un documento que liste todas las fotos que sacas -de qué documento, qué página, el número total-, al mismo tiempo que te imponen un límite de 60 fotos por día. Eso, ¿qué sentido tiene?

Normas así siguen partiendo del principio de que el acceso al archivo es un privilegio excepcional que, por tanto, hay que limitar. O tratar con sospecha. Hacen como si sacar una foto de un documento significara que ese documento deje de existir. Una especie de pensamiento mágico.

Así parece. Por lo demás, las y los archiveros con quienes he tratado hacen lo que pueden para facilitar el acceso. Lo que ocurre es que son muy pocos y no dan abasto.

En la medida en que Buscar Combatientes enseña el camino a la ciudadanía hacia archivos concretos, imagino que han incrementado las peticiones de documentación.

También me consta. Sin ir más lejos, desde que puse el buscador en marcha, los tiempos de respuesta de los archivos han subido una barbaridad. Antes tardaban dos o tres semanas en mandarte los documentos. Ahora están tardando seis o siete meses tanto en Salamanca como en el Archivo General Histórico de Defensa. Tiene sentido: antes, nadie sabía que existía esa documentación. Hoy, buscas en Google y te aparece la referencia en Buscar Combatientes. Pero ahora que ha incrementado el interés, tal vez tenga sentido poner a veinte trabajadores en vez de a dos para tramitar las solicitudes de documentación. Desde luego que falta voluntad.

¿En algún momento ha habido representantes del Gobierno español -desde la Secretaría de Memoria Histórica, por ejemplo— que se le hayan acercado para agradecerle el trabajo o proponer una colaboración?

Nunca. Donde sí ha habido mucho interés y buena voluntad, en cambio, ha sido desde las asociaciones memorialistas y las universidades. Pero nada de parte del gobierno. La verdad es que esperaba, según se fue haciendo más útil el buscador y más gente lo utilizaba, que alguien de algún ministerio se pusiera en contacto. Aunque fuera para decirme: “Oye, esto, ¿cómo lo has montado? ¿Cómo funciona?” Quiero dejar claro que nunca he tenido ningún interés monetario. Yo lo único que pongo son 60 euros al año para mantener el servidor -que, por cierto, está en Estados Unidos, aunque yo estos días vivo y trabajo en Países Bajos- y muchas horas de trabajo voluntario.

Tengo a un grupo de veinte o treinta personas que me ayudan, también de forma voluntaria, en tareas de transcripción e indexación de documentos. Pero yo soy muy tiquismiquis e insisto en revisarlo todo personalmente. Aun así, me parece que hemos demostrado que, para crear una herramienta útil que sirva a miles de personas -a millones, si me apuras-, no hace falta gastarse mucho dinero. Por otra parte, si tuviéramos algunos recursos adicionales -que de todos modos para el Estado serían nimios- desde luego que podríamos hacer mucho más y mil veces mejor.

Aunque imagino que trabajar al margen de la burocracia y sus protocolos permite cierta agilidad, también hace más vulnerable al proyecto en términos de sostenibilidad, ¿no?

Claro. De hecho, yo no soy informático, sino ingeniero químico. Lo que me ha permitido montar el buscador es un cursillo de 40 horas en línea. El servidor lo he montado para que pueda aguantar bastante, aunque yo no le ponga tantas horas como al principio. Pero sí he pensado, ¿qué pasaría si mañana me cayera un árbol encima? Por otra parte, el tema de la sostenibilidad tiene su cara y cruz. El hecho de que esto sea una iniciativa privada también le da cierto blindaje ante los cambios de gobierno en España. Si esto fuera una iniciativa estatal, si llegara otro partido al gobierno, sería muy fácil decir: “Esto se corta”. Como proyecto privado, esto seguirá en marcha gobierne quien gobierne.

La entrada Hernán Fernández, creador de Buscar Combatientes: “Aún hay muchas trabas para acceder a los archivos de la represión franquista” se publicó primero en lamarea.com.

Artículo publicado originalmente en Democráter

Este fin de semana mi vecina, que es encantadora, volvió a animarme a que me uniera a una sesión de running en grupo por el parque. Aunque tenía mis reticencias, me sacudí las sábanas y la pereza y me preparé para el plan: mallas, deportivas, café aliñado con creatina, protección solar, y vámonos que nos vamos. «¡Venga, me apunto! [emoji bíceps emoji carita sonriente]», le contesté con mi mejor actitud de motivada. Sábado por la mañana, ejercicio al aire libre, socializar un rato y terminar con un dulce en la pastelería del barrio. ¿Qué podía salir mal? Pues muchas cosas.

Resulta que hace algo más de un mes «unos chicos» montaron un grupo de running en la zona. Desde entonces, cada fin de semana organizan quedadas «gratuitas» para dar un trote por el parque, todo en un ambiente así como muy amigable y nada competitivo; además, al finalizar, una cafetería cercana ofrece un 15% de descuento o regala una galleta a los participantes. Pensé: «pues qué bien, por fin una iniciativa para hacer barrio y, de paso, apoyar el comercio local«. Qué equivocada estaba.

La primera, en la frente

La primera red flag apareció rápido. Para participar en la actividad no bastaba con presentarse en el punto y hora de encuentro, no: había que inscribirse a través de una app de fitness, Strava. Yo la desconocía, como también desconocía la historia, absolutamente marciana pero real, de que este mismo mes de marzo el periódico francés Le Monde localizó la posición exacta del portaaviones Charles de Gaulle —desplegado en el Mediterráneo oriental en el contexto de la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán— porque uno de los oficiales a bordo se dedicó a pegarse carreras por el buque insignia de la Armada Francesa mientras compartía su entrenamiento en la aplicación de running.

Este primer paso me dio rabia y me pareció absurdo a partes iguales. Estoy absolutamente agotada de que cualquier trámite tenga que pasar por una app; de que cada actividad, por sencilla que sea, implique un golpe de smartphone. ¿Cómo que para ir a correr media hora tengo que registrarme en una aplicación y cederle un sinfín de datos personales a una empresa privada? No obstante, ya le había dicho que sí a mi vecina, así que decidí no darle demasiada importancia y simplemente saltarme el registro y plantarme allí a la hora acordada.

Nada es gratis

Me encontré con ella y con el resto de runners, agrupados en corillos que se saludaban y charlaban animadamente. Tras unos minutos de cortesía, subidos a un banco a modo de atril, los organizadores del «club» tomaron la palabra. Y ahí llegó la segunda red flag, mucho más grande que la anterior: «Ahora damos la palabra a Fulanito, de [inserte aquí nombre de empresa de productos de bebida y alimentación], que en el post-entreno nos ofrecerá una degustación de [product placement aquí]».

Ya te la han colado. Te levantas para ir a hacer deporte y, de repente, te encuentras dentro de un anuncio de la teletienda en el que no puedes cambiar de canal. Ahí me di cuenta de que aquello no era la iniciativa de barrio que me habían presentado, un grupo casual de gente que queda por Whatsapp para salir a correr, sino un proyecto planificado desde el principio, monetizable y hasta con patrocinadores. Mi nivel de mosqueo en este punto de la mañana era ya elevado. Pero aún iría a más.

El producto eres tú

Mientras medio escuchaba a Fulanito soltar su discurso promocional y algo sobre la importancia de cuidarse, miré a mi alrededor y apareció la tercera red flag, más o menos del tamaño de la de Plaza de Colón. De hecho, era tan evidente que no cuenta ni como red flag, sino como amigadatecuenta. Entre leggins y camisetas color flúor estaba la única persona que no iba vestida de deporte, una chica con estabilizador de imagen y móvil en mano, grabándolo todo para posterior contenido en redes sociales.

Es difícil explicar el nivel de indignación que experimenté en aquel momento, la sensación de vulnerabilidad, la cara de gilipollas que se me quedó. Estamos hartas de escucharlo y hasta de repetirlo, pero seguimos cayendo: si el producto es gratis, el producto eres tú.

Me aparté instintivamente y le dije que no me grabara. Pero todavía quedaba una última sorpresa. Esperando de frente al pelotón, grabando en un plano fijo el inicio de la carrera, Fultanito. Es decir, no solo es que estos «eventos gratuitos» tengan patrocinadores y hasta pasta como para pagarle a una persona exclusivamente para redes sociales, es que el patrocinador también se lleva unas imágenes recurso.

Todo es monetizable

Llegados a este punto conviene recordar que en España, según la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD), está permitido grabar sin pedir permiso individual en eventos públicos y cuando las imágenes son generales (como, por ejemplo, una carrera popular o un mitin). Pero esto no hace que me sienta menos incómoda. De buen rollo y en menos de cinco minutos, te has tragado un anuncio que no querías ver, una organización ha cogido tu imagen y la va a utilizar para promocionarse en Internet.

Sin embargo, lo que más me alarmó de este episodio fue que, cuando identifiqué la cámara y me quité de su campo de visión, fui la única que lo hizo. El resto del grupo parecía no percatarse, o les daba igual, algunos incluso saludaban. ¿En qué momento hemos normalizado todo esto? ¿Cuándo nos hemos acostumbrado a la presencia de cámaras en los momentos y lugares más insospechados? ¿Cómo hemos llegado a aceptar que las empresas nos graben para promocionar su actividad? ¿Por qué todo, hasta el ocio o la actividad más inocente, es susceptible de ser monetizado?

M. tenía razón

Tengo una amiga, M., que tiene fijación por algunos temas. Uno de ellos es el de la privacidad y las cookies —no las que regalaban en la pastelería del barrio después de la carrera, sino las que rastrean nuestro comportamiento en la web y comparten nuestros datos con terceros—. Antes, a veces pensaba que M. era un poco exagerada o que qué más da si total.

Pero pasan los años y el tiempo me ha demostrado que quizás mi amiga no era para nada exagerada, que sí que era para tanto, que M. tenía razón. Así que, cada vez más, me veo haciendo clic en todas las pestañitas de «rechazar cookies«, desinstalando aplicaciones y dejando solo las que no me queda más remedio —mala profesión escogí para esto—, no poniendo una reseña a un restaurante que me ha encantado, o marcando la casilla de «no acepto» en la autorización de uso de imágenes que me ponen por delante en la academia de idiomas, en el gimnasio y hasta en la autoescuela. No siempre es cómodo, porque a nadie le gusta ser el Grinch, pero a veces hay que ser un poco el Grinch.

Así que la quedada de running social terminó nada más empezar, dando esquinazo al pelotón y corriendo por mi cuenta mientras rumiaba todo esto. No tuve galleta de premio, pero sí pude proteger mi privacidad.

La entrada Tu privacidad por una galleta se publicó primero en lamarea.com.

Salud, vivienda, racismo, cambio climático, estafas, homofobia. Sobre cualquiera de estos temas cada día en las redes sociales se publican bulos, operan campañas y se vierte odio como si lo descargara un camión cisterna. Pero también hay personas detrás de cientos de perfiles que libran una batalla cotidiana.

Laura, Guillermo, Andrea, Santiago, Daniel. Esta lista seguramente no te dice nada. Pero si te digo que son los nombres que están detrás de los perfiles Le petite pato, Farmacia enfurecida, Mi familia mixta, Champimuros o Tigrillo es muy probable que la cosa cambie. Y resulta casi imposible que si entras de vez en cuando en redes sociales no hayas visto unos cuantos videos suyos puesto que suelen contar sus reproducciones por cientos de miles, o millones. 

Andrea Navarro era una criminóloga murciana que tuvo la ocurrencia de casarse y tener una hija con un chico de Guinea. Y además contarlo en redes sociales. Al empezar a subir sus videos familiares en Tik Tok, el 95% de los comentarios eran insultos racistas. “Era asfixiante”, nos cuenta. De hecho estuvo tentada de dejar de publicar nada sobre su familia. Pero hizo justo todo lo contrario: creó el perfil Mi familia mixta y empezó a exponer –y a burlarse– de los insultos, de los prejuicios racistas y de las preguntas absurdas que recibía. “Si alguien te está insultando, lo que quiere es que respondas con más insultos, saber que te afecte, así que el humor les descoloca”. 

Su comunidad fue creciendo y, casi una década después, para su sorpresa, las redes sociales se han convertido en su profesión gracias a publicidades puntuales. Andrea no se plantea su canal como una forma de luchar contra el racismo o la islamofobia –“si te has criado en el odio es muy difícil que cambies”, dice-, sino más bien como una forma de ayudar a otras familias mixtas o racializadas. “Racistas habrá siempre, pero yo elijo cómo me lo tomo”. Al ridiculizar el racismo, los agresores pierden fuerza. 

¿Activismo o profesión?

Aunque haya algunos casos de activistas de las redes que desde el principio tienen una visión profesional, en la mayoría de los casos esta “militancia” surge como respuesta de una vivencia personal, que luego puede convertirse en una forma de ganarse la vida. Es el caso de Santiago Caamaño, en redes Champimuros, que tras superar una adicción al juego mantiene una cruzada con todo aquel que promueva las apuestas en redes, al tiempo que denuncia la falsedad y los cursos-estafa y se burla en general de todos aquellos “fantasmas”, como los llama él, que presumen de lujo, superficialidad, o de ser abiertamente machistas.

Otra vivencia personal, en este caso una tan habitual como buscar piso, fue la que llevó hace tres años a la arquitecta e ilustradora gallega Laura Pato a llenar su perfil de Instagram de videos de alquiler o venta de casas. “Mi primer objetivo era señalar los pocos límites que tenemos a la hora de elegir una vivienda, las carencias arquitectónicas que aceptamos. Pero la situación ha empeorado muchísimo y ahora estamos obligados a aceptar lo que se nos ofrece”, explica a La Marea.

Camas a dos palmos del techo, retretes dentro del plato de ducha, paredes fantasmagóricas, ventanas propias de un camarote o espacios minúsculos que son a la vez cocina, comedor y salón. En alquiler o compra, Laura muestra hasta qué punto ha llegado la burbuja inmobiliaria del país, incluyendo escenas de películas y golpeando con su boli en la pantalla los mayores disparates arquitectónicos y decorativos. Pero desde luego lo más descorazonador de sus videos es su ya mítica frase final, “corred que vuela”, porque sabemos que, en el fondo, algo de verdad puede tener… 

A pesar de que muchas de sus publicaciones superan el millón de reproducciones, Laura asegura hacer estos videos simplemente porque le divierte hacerlo, sirven para visibilizar una situación y sólo acepta hacer publicidad de algo que tenga que ver con los problemas de vivienda. 

Cada tema parece tener uno o varios de estos nuevos quijotes de vocación que luchan contra los bulos. Y quizás pocos tan dañinos, y tan en auge, como los que tienen que ver con nuestra salud. Para desmentirlos nos encontramos cada día con profesionales como Guillermo Martín en su Farmacia enfurecida,  Boticaria García o Farmacéutico Fernández. 

El coste de coger una “lanza” controvertida 

Como hemos visto, el éxito de un perfil activista sobre un tema social se puede convertir en una profesión o en ingresos extra para quienes consiguen una cierta repercusión. Pero hay muchos otros en los que los millones de reproducciones apenas generan beneficios económicos, al menos de forma directa. Es el caso de Daniel Valero, más conocido como Tigrillo, quien desde 2011, cuando tenía apenas 17 años, publica principalmente contenidos relacionados sobre la realidad –y contra los prejuicios– de la comunidad LGTBIQ+. Sin embargo, a pesar de su importante repercusión, nunca ha llegado “a vivir de esto”. “No depende tanto del número como de los temas que tratas. Los que tratamos temas más políticos tenemos menos oportunidades de publicidad”, explica. 

Aunque este periodista afirma que su labor es “más divulgación que activismo”, su principal objetivo, nos dice, es luchar contra el movimiento que ha puesto a las personas LGTBIQ+ como “enemigos sociales para desviar la atención de los problemas reales”. Y si el tema es controvertido no aparecen los anunciantes, pero sí los insultos, cientos de amenazas de muerte, incluso las persecuciones en la calle… “El coste es altísimo, creo que la gente no lo imagina. Sales a la calle y piensas que cualquiera puede ser potencialmente agresivo”, denuncia Daniel. 

Lo saben bien las centenares de mujeres que hablan de feminismo, o desde una perspectiva feminista, en sus canales. Y también quienes tratan cualquier otro tema que esté en el foco de la extrema derecha, como el cambio climático. Hope y Climabar son dos proyectos personales que dan esta batalla con éxito contra la desinformación desde el rigor pero de una forma atractiva, optimista y desenfadada. Pero quizás quien haya arriesgado más en este ámbito es el biólogo Fernando Valladares, quien podría haberse limitado a su labor científica, pero decidió “bajar al barro” para tratar de desmentir por todos los medios las mentiras sobre la emergencia climática, en particular desde la primera llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. 

Valladares reconoce que la divulgación en redes le reporta “cosas positivas”, pero también señala “un desgaste personal, ya que buscan el descrédito de tu trabajo”. “Cada vez más científicos, además de investigar, buscamos generar conciencia, es una batalla piedra a piedra que sabemos que no tiene final” debido a la “eficaz estrategia de la ultraderecha de dar un mensaje falsamente tranquilizador”.

La lanza del humor 

Como hemos visto, los temas, los formatos y los posibles retornos económicos varían entre cada uno de estas y estos Quijotes de las redes. Pero lo que casi todos comparten es que el humor es la principal arma de su particular cruzada. 

“El humor es capaz de atravesar ciertas capas. Yo sería incapaz de hacer un activismo serio, me resulta más fácil consumir. Sobre todo en Instagram, voy a distraerme”, explica Laura. Daniel Tigrillo añade que el humor es capaz de sintetizar, “es lo más eficaz para llegar a una audiencia que está distraída con muchos estímulos”. Y según él le ayuda a alejarse de esa “caricatura de lo woke” como personas que quieren “cancelar todo, echar la bronca por todo”. 

Como el Quijote, quizás nunca lograrán ganar del todo al enemigo, pero la difusión que han conseguido ya supone una victoria que merece celebrarse. 

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El Parlamento israelí votó el pasado martes, 30 de marzo, a favor de una ley que pretende convertir la pena de muerte en castigo obligatorio para cualquier palestino acusado de matar a un israelí en un ataque calificado como «terrorista». La iniciativa, impulsada por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, no ha sido aprobada de forma definitiva —al menos todavía— pero su sola tramitación ya cumple una función: enviar un mensaje de terror legal a la población palestina.

Porque antes de entender qué significa esta ley, hay que recordar que Israel ya aplica una forma de muerte civil a miles de palestinos. Actualmente, alrededor de 3.000 se encuentran en detención administrativa: encarcelados sin cargos, sin juicio y sin conocer las pruebas contra ellos. Basta con que un comandante militar firme una orden basada en «información secreta» para que un palestino desaparezca entre rejas durante meses o años. Es la suspensión de todo derecho sin fecha de caducidad.

Desde la Nakba, muchas prisiones israelíes han funcionado como piezas clave de la maquinaria colonial: espacios de tortura, aislamiento y desaparición forzada. La detención administrativa es heredera directa de esa tradición: secuestrar cuerpos sin explicación, mantenerlos en un limbo legal indefinido. Ahora Ben-Gvir quiere dar el salto: de la celda sin juicio a la horca sin indulto.

Lo que propone es el salto definitivo. Su proyecto no solo establece la pena de muerte para los palestinos acusados de atentados mortales, sino que la hace irreversible: sin posibilidad de apelación, sin derecho a indulto presidencial, sin margen para ningún recurso. Un tribunal militar dictaría la condena y esa sería la última palabra.

Excluidos los colonos que cometan asesinatos

Además, la ley sería explícitamente discriminatoria. Se aplicaría únicamente a los palestinos de Cisjordania, excluyendo a los colonos judíos que cometan asesinatos por motivos nacionalistas, una práctica en aumento que el propio gobierno de Ben-Gvir ha protegido sistemáticamente.

Pero lo más importante no es si la ley llegará a aprobarse en sus lecturas finales, sino el propósito que persigue. Porque ni la detención administrativa ni la ley de ejecución son herramientas de justicia. Son instrumentos de disuasión por terror.

La estrategia es clara: forzar un sistema de castigo tan desproporcionado y tan irreversible que cualquier palestino que contemple la resistencia armada sepa que el precio puede ser su vida, sin juicio justo, sin apelación y sin posibilidad de canje. Los intercambios de prisioneros, que históricamente han permitido liberar a miles de encarcelados, quedarían bloqueados ante la imposibilidad de negociar con condenas a muerte irrevocables.

Pero el objetivo no es solo disuadir al individuo. Es paralizar a la comunidad. El miedo, en esta lógica, no es un efecto secundario indeseado. Es el mecanismo central. Una población aterrorizada es una población que no se organiza, que no protesta, que no resiste. O al menos esa es la apuesta de Ben-Gvir y los sectores más extremistas del Gobierno israelí.

Dentro de Israel, sin embargo, esta deriva está generando fracturas profundas. Sectores liberales, juristas y ex altos cargos militares han alzado la voz para advertir que convertir la excepción en ley tendría un coste inasumible para el propio Estado. Dificultaría cualquier futuro intercambio de prisioneros —una herramienta que Israel ha utilizado en numerosas ocasiones para recuperar a sus soldados—, entraría en contradicción con los acuerdos internacionales y expondría a los líderes israelíes a ser perseguidos en tribunales internacionales. Para muchos israelíes, esta ley no representa la defensa de su país, sino la imposición de una agenda mesiánica que antepone la venganza al interés nacional. Ben-Gvir, sin embargo, ha ignorado sistemáticamente estas advertencias.

La ley de ejecución no ha sido aprobada aún. Pero su mera presencia en el debate ya está cumpliendo su función: normalizar lo inaceptable y profundizar un régimen que convierte la arbitrariedad en método y el miedo en política de Estado. La pregunta es si el mundo seguirá mirando hacia otro lado mientras Israel construye, piedra por piedra, un sistema legal diseñado para ejecutar sin juicio, encarcelar sin causa y castigar sin límite.

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Latifundistas tiránicos, precariedad laboral, migrantes esclavizados, acoso sexual, falta de sindicalismo… Los males del campo español (como vimos en el capítulo anterior) son muchos, sobre todo para quienes trabajan la tierra, cuyas voces casi nunca son oídas en los medios de comunicación. Pero lejos de esas prácticas depredadoras se encuentran casos como el de Marinaleda, donde más de 1.250 hectáreas son trabajadas de forma cooperativa desde que, en 1991 y gracias a la intensa agitación social y las ocupaciones promovidas por el antiguo Sindicato de Obreros del Campo (SOC), la Junta de Andalucía expropió la finca al duque del Infantado para ceder su uso al pueblo con la condición de que se constituyeran cooperativas agrarias encargadas de gestionar colectivamente la explotación.

Esa realidad colectiva ha llevado a Marinaleda a ser el pueblo con menos desempleo de toda Andalucía. El caso de Marinaleda no es el único en la región, pues existen experiencias cercanas como La Zarza o la Cooperativa Campo de Tejada. Y aunque sin llegar al modelo político-social de Marinaleda, otras grandes cooperativas agrupan a productores para gestionar tierras y productos de manera conjunta, como Acor en Castilla y León.

En España, las cooperativas agrarias facturan más de 30.000 millones de euros anuales, con más de un millón de socios, y se han convertido en un motor fundamental del sector. Pero, a pesar de esas cifras, el impacto del cooperativismo agrario sigue siendo más bien escaso en la actualidad informativa: Marinaleda, por ejemplo, solo aparece en los medios para recordarnos que siempre ha gobernado el mismo partido bajo diferentes siglas, obviando su realidad sociolaboral.

“El mundo rural en general y el campo en particular no son cultura mainstream desde el momento en el que ni a nivel poblacional ni de poder adquisitivo son interesantes para la industria cultural o de la información. Al no ser cliente sujeto, cuando son reflejados lo son en tanto que mercancía-objeto y, por consiguiente, con la expectativa del urbanita medio, que demanda y adquiere esa cultura”. Son palabras de Gonzalo Palomo, presidente de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología (SEAE), creada en Cáceres en 2024. “Más allá de haberse convertido en cauce de compra-venta, el impacto de las cooperativas es limitado. En algunas comarcas ha sido crítico para dar garantías de estabilidad al sector, eso está claro, pero ha perdido el sentido fundacional de Rochdale”. Palomo se refiere a la Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochdale, fundada en Inglaterra en 1844 por trabajadores textiles y considerada la primera cooperativa de consumo moderna.

Gonzalo es militante del cooperativismo agrario e impulsor de numerosas iniciativas, como la de ACTYVA, cooperativa de tipo integral y sin ánimo de lucro creada en Extremadura hace más de 10 años como respuesta a la última crisis financiera. “Viene del movimiento de las cooperativas integrales, cuya cara más visible fue Enric Durán, desde Catalunya. Participamos en todo aquel movimiento, que poco a poco se ha ido desinflando un poco en esta parte de la península, pero no así en Portugal. Allí ahora mismo hay una quincena de cooperativas integrales organizadas en una red en la que nos hemos integrado, y también lo ha hecho Estraperlo”.

La cooperativa fue una de las entidades encargadas de organizar el XV Congreso Internacional de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología en 2024 y su propuesta va más allá de “hacer cooperativismo agrario, de trabajo asociado, de consumo o cualquiera de las clases de cooperativas que recogen nuestros estatutos”. Además de todo eso, busca “romper la cosificación a la que somos sometidos como productores/consumidores, pasando a ser sujetos político-económicos plenos, con capacidad de decisión sobre los mayores aspectos posibles de nuestro día: alimentación, vivienda, vestido… Desde la libertad y la responsabilidad que implica un modelo en el que no hay personas empleadas sino emprendedoras”. ACTYVA, además de su departamento agrario cuenta con otros nodos, como BBBFarming, centrado en comunicación, investigación y desarrollo para el sector agroalimentario.

A la cooperativa extremeña le están saliendo espejos como Xuntanza Campesina, que se presentó en 2024 en Asturias coincidiendo con el Día de las Luchas Campesinas, o el guipuzcoano Amillubi, un proyecto de reciente creación que nace con el objetivo de “convertir la tierra que nos sostiene en un bien colectivo” gracias a un movimiento agroecológico cuyo objetivo es “proteger la tierra, para que las personas que se dedican a la agricultura tengan tierras que cultivar y la ciudadanía alimentos saludables”.

Pese a habitar en esas zonas oscuras que no gozan de la atención habitual de los focos, se hace necesario escuchar las voces de Mihaela, Germinal (protagonistas de la primera parte de este reportaje), Gustavo, Ana o Gonzalo, para seguir completando el complejo caleidoscopio que conforma el mundo rural, mucho más rico y plural de lo que habitualmente nos cuentan los medios generalistas.

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