Este artículo ha sido publicado originalmente en La Directa.

La palabra imperialismo vuelve a estar en boca de todos. La geopolitización de las relaciones internacionales, así como el marcaje territorial, la política de la fuerza, el nacionalismo expansionista y la coerción económica y militar, hacen difícil encontrar una mejor manera de describir las disputas en el tablero global. El principal motivo de este conflicto a gran escala es que vivimos en un tiempo liminal, un intervalo entre un estado anterior y uno nuevo, el interregno entre la unipolaridad estadounidense surgida del final de la Guerra Fría y la multipolaridad que reivindican las potencias medias y emergentes.

Ante la intensidad y la velocidad de los cambios globales, que tienden a invisibilizar otros ritmos y horizontes políticos, este texto nace con la voluntad de contribuir a la construcción de un antiimperialismo popular que responda al contexto y ponga en valor resistencias y alternativas.

Recursos, propaganda y desgaste social

Las diferentes dimensiones del embate imperial exigen una respuesta antiimperialista que vaya más allá del campismo —la idea de que “los enemigos de mis enemigos son mis amigos”— y también de la condena selectiva que, por ejemplo, señala al imperialismo ruso mientras blanquea el imperialismo yanqui.

Es precisamente el imperialismo estadounidense, hoy encabezado por Donald Trump, quien está dinamitando las ya frágiles relaciones internacionales desde una lógica abiertamente transaccional. El afán por controlar recursos estratégicos —desde las tierras raras de Ucrania hasta el potencial gasístico de Gaza, pasando por el petróleo venezolano o los hidrocarburos de Irán— está reconfigurando aceleradamente las alianzas globales y, al mismo tiempo, se utiliza como instrumento de confrontación contra China.

Ahora bien, el imperialismo actual no solo opera mediante el expolio de recursos. También actúa como una fuerza destructiva con profundos efectos psicosociales: normaliza la violencia, alimenta la impotencia, la ansiedad y la apatía, y favorece el aislamiento. En su versión trumpista, la dimensión comunicativa se convierte en un elemento central para producir este impacto. Por un lado, busca saturar el espacio público con un flujo constante de mensajes que hegemoniza los canales de comunicación. Por otro, pretende desplazar la ventana de Overton, ampliando los límites de lo políticamente aceptable. El vídeo “Trump Gaza” es un ejemplo claro: una apuesta por normalizar lo grotesco.

La acción imperialista y su aparato propagandístico también penetran en el ámbito militante, generando fatiga, frustración y pérdida del sentido de la lucha. Este desgaste se explica, en parte, por la hiperresponsabilización y la incoherencia que implica reconocerse como pieza de un sistema estructuralmente injusto. Ulrich Brand definía esta realidad como “modo de vida imperial”: una forma de vida propia del Norte Global, sostenida sobre la explotación de territorios y ecosistemas ajenos, presentada falsamente como universal pero profundamente insostenible e injusta, y reproducida transversalmente por amplias capas sociales.

La sustancia del antiimperialismo popular

Podríamos definir el antiimperialismo popular como una crítica a la expansión política, económica y cultural de potencias dominantes sobre otros territorios, otorgando protagonismo a las formas de oposición que surgen desde las clases populares (trabajadoras, campesinas, colectivo LGTBIQ+, personas racializadas, pueblos indígenas, etc.).

La esencia del concepto puede encontrarse en diferentes tradiciones que van desde el marxismo de Vladimir Lenin o Rosa Luxemburgo, el decolonialismo de Frantz Fanon o Ho Chi Minh, hasta movimientos contemporáneos como el zapatismo y los movimientos indígenas, feministas y ecologistas, principalmente en el Sur Global.

En este sentido, diversas voces reivindican un antiimperialismo popular capaz de superar el campismo y el reduccionismo geopolítico. Ashley Smith alerta contra la lectura de los conflictos únicamente como disputas interimperialistas y rechaza la idea de Washington como fuerza positiva global. Al mismo tiempo, Anticapitalistas sitúa en el centro el apoyo a Palestina, el antirracismo, los derechos de las personas migrantes y la oposición al militarismo, mientras que Catarsi Magazine defiende la autonomía política de las resistencias y el anticolonialismo como respuesta a la extrema derecha. Finalmente, Walaa Alqaisiya reivindica un feminismo palestino antiimperialista que articule género, clase y liberación colectiva frente al colonialismo y al pinkwashing israelí.

Por tanto, el antiimperialismo popular debe articular la confrontación con el orden geopolítico actual junto con una transformación de las formas de producción y reproducción, orientada a superar las dinámicas de acumulación, sosteniendo la vida y defendiendo a las clases populares. Esto implica disputar el control de los recursos estratégicos y rechazar que la crisis ecológica se resuelva mediante una nueva expansión extractiva sostenida sobre el saqueo territorial, la dependencia tecnológica y la subordinación del Sur Global. La reconfiguración industrial impulsada por los bloques occidentales —desde las cadenas de minerales críticos hasta la consolidación de una economía orientada al rearme— no representa una ruptura con el modelo anterior, sino su adaptación militarizada.

Esta confrontación también exige situar la movilidad humana y la reproducción social en el centro del análisis político. Las fronteras y los regímenes migratorios actúan como mecanismos que legitiman internamente el autoritarismo y la excepcionalidad permanente. En este contexto, las luchas feministas, antirracistas, campesinas, indígenas y migrantes no pueden entenderse como frentes complementarios, sino como espacios centrales de confrontación con un modelo que mercantiliza los territorios, erosiona las condiciones materiales de la vida y externaliza los costes sociales y ecológicos hacia los colectivos precarizados y vulnerabilizados.

Esto implica reconocer como parte de la lucha antiimperialista diversas formas de resistencia popular ya existentes, que operan en diferentes escalas pero responden a una misma lógica de confrontación con el expolio, el racismo y la militarización. En Estados Unidos, destacan las redes de vigilancia comunitaria y apoyo mutuo impulsadas por organizaciones de base que alertan y protegen a las comunidades migrantes frente a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), así como el movimiento autoorganizado migrante y antirracista ¡Regularización Ya!, centrado en la regularización y la defensa de los derechos de las personas sin papeles en el Estado español.

En el ámbito de los recursos, encontramos las resistencias al extractivismo verde del pueblo sami frente a la expansión de proyectos mineros de tierras raras que amenazan sus territorios y formas de vida, y las luchas de las comunidades lickanantay en el desierto de Atacama contra la extracción de litio vinculada a grandes corporaciones transnacionales. En la misma línea, en Cataluña, la Revoltes de la Terra denuncia y confronta la presencia de la empresa minera sionista ICL en el Bages, señalando los impactos ecológicos y las violaciones de derechos humanos derivadas de su actividad. Finalmente, en Europa, se cuestiona la deriva de la industria alemana —con casos como Volkswagen— por su implicación en cadenas de producción vinculadas a sistemas militares como la “Cúpula de Acero”, que ejemplifica la creciente integración entre el sector automovilístico y el complejo militar-industrial israelí.

Al mismo tiempo, diversas experiencias recientes en territorios directamente impactados por el imperialismo insisten en la necesidad de una autonomía política popular frente a las injerencias imperiales y las élites locales. El Sindicato de Trabajadores de los Autobuses de Teherán rechazaba tanto a las potencias extranjeras como el retorno monárquico impuesto “desde arriba” como vías de liberación para las clases populares iraníes. En una línea similar, el Comité Nacional de Conflicto venezolano denunciaba tanto la disputa entre imperialismos como la deriva proimperialista del gobierno de Delcy Rodríguez. Desde Palestina, Queers in Palestine rechaza la instrumentalización colonial de las disidencias sexuales para justificar violencia imperialista y genocida, negando que los derechos LGTBIQ+ puedan utilizarse como criterio para deshumanizar a pueblos colonizados.

Las tareas del antiimperialismo popular en el tiempo liminal

La buena noticia es que ya tenemos mucho trabajo hecho. Es importante que nuestros proyectos políticos no sean víctimas de un contexto lleno de excepcionalidades. Una de las tareas más importantes, en un presente discontinuo, es dar continuidad a nuestros horizontes políticos sin renunciar a un margen de maniobra suficiente para poder responder a los cambios del contexto.

Dentro de este margen de maniobra y en el marco de un antiimperialismo popular, es necesario articular un conjunto de propuestas que permitan responder a las diferentes dimensiones del embate imperial y a sus expresiones contemporáneas.

En primer lugar, el desarme debe plantearse como una condición material para reducir la capacidad de proyección de violencia de los bloques imperiales y de los Estados que los sostienen. Esto implica oponerse al atlantismo y al aumento de los presupuestos militares, a la expansión de la industria armamentística y de la industria dual —civil y militar—, y a la normalización de la guerra como instrumento político.

En segundo lugar, es necesario avanzar hacia una ruptura con la subordinación estructural a Estados Unidos, entendiéndolo como eje central del orden imperial contemporáneo. Esto supone cuestionar las dependencias metabólicas, económicas, militares y políticas, así como las alianzas que sostienen este orden, con el objetivo de abrir espacios de autonomía para proyectos populares.

En tercer lugar, es necesario desarrollar una práctica antirracista y decolonial que permita identificar y combatir las formas de dominación que sostienen el orden global actual. Esto implica analizar las bases materiales de la explotación colonial y neocolonial, desmontar las lógicas de acumulación capitalista y confrontar los discursos racistas y deshumanizadores que las legitiman.

Por último, es imprescindible responder al afán extractivo sobre los recursos naturales y territoriales, que estructura gran parte de las relaciones Norte-Sur y que se entrelaza con la emergencia climática y la crisis de la reproducción social. Esta respuesta implica defender la soberanía sobre los bienes comunes y oponerse a las lógicas de acumulación que destruyen ecosistemas y despojan a las comunidades, al tiempo que se sitúa en el centro la sostenibilidad de la vida. Esto supone reforzar las redes comunitarias, los servicios públicos y las condiciones materiales que hacen posible la vida cotidiana, disputando el sentido de lo que significa vivir dignamente fuera de las dinámicas de mercado, explotación y colapso ecológico.

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En la madrugada del sábado 28 de febrero de 2026, una serie de ataques «preventivos» lanzados por Israel y Estados Unidos contra Irán desencadenaron una escalada regional que ha vuelto a situar al Líbano en el centro del tablero de la guerra. A mediados de abril, los esfuerzos diplomáticos lograron el anuncio de un alto el fuego temporal de 10 días entre Líbano e Israel; sin embargo, la situación desde entonces sigue siendo extremadamente volátil y el riesgo de una nueva ruptura de las hostilidades persiste en todos los frentes.

En todo el sur del Líbano, el desplazamiento en 2026 no se ha producido como un momento único de huida, sino como un movimiento repetido marcado por los bombardeos, la incertidumbre, los refugios superpoblados y el acceso limitado a los servicios esenciales. A pesar del alto el fuego, las hostilidades continúan y las restricciones al retorno siguen vigentes en decenas de pueblos del sur. Muchas familias se desplazan de un lugar temporal a otro sin saber cuándo, o si, volverán a casa.

Estas seis historias, recopiladas por los equipos de Acción contra el Hambre en el Líbano, reflejan el impacto humano de una crisis multifacética marcada por el conflicto, las dificultades económicas y la inestabilidad prolongada.

«Durante tres días estuvimos en la carretera, en coches, al aire libre, desplazándonos de un lugar a otro»

Esta es la segunda vez que Ahmad huye del distrito de Tiro con su mujer y sus dos hijos, de 10 y 12 años. Durante la escalada de 2024, la familia ya había buscado refugio en el mismo centro de acogida colectiva en el que se alojan ahora de nuevo.

«El año pasado también estuvimos aquí», dice. «La gente nos ayudó mucho».

Esta vez, sin embargo, la magnitud del desplazamiento parece mayor y más caótica. Tras abandonar su hogar, la familia se desplazó repetidamente entre Beirut y el Monte Líbano en busca de refugio. Cuando finalmente llegaron a un refugio escolar en el distrito de Aley, se habían distribuido colchones y mantas gracias al apoyo de voluntarios y organizaciones humanitarias, pero las condiciones seguían siendo difíciles. La calefacción, la electricidad y el agua caliente eran limitadas.

«Nos las arreglamos», dice. «Pero hace frío», explica Ahmad, para quien la asistencia sanitaria es la principal preocupación, especialmente para los niños desplazados. «Si un niño está enfermo, necesitamos una atención adecuada. Esa es la prioridad».

«Si yo me derrumbo, ¿qué les quedará a ellos?»

Para Hanan, el desplazamiento se ha vuelto inseparable del miedo que sienten sus hijos.

Hanan, una enfermera del distrito de Bint Jbeil, huyó tras ver las carreteras abarrotadas de familias que escapaban del sur del Líbano. «Vimos las carreteras llenas. La gente se marchaba. Así que nosotros también nos fuimos».

Su familia pasó días desplazándose de un lugar temporal a otro hasta llegar finalmente a un refugio colectivo en el distrito de Aley. En un momento dado, tras esperar horas dentro de otro refugio escolar, les dijeron que no había espacio disponible.

«Fueron los voluntarios quienes nos ayudaron a encontrar un lugar», dice.

Dentro del refugio, las bajas temperaturas y el suministro eléctrico inestable siguen afectando a la vida cotidiana. Pero la mayor preocupación de Hanan es el impacto psicológico en sus hijos: «Mis hijos eran los mejores de su clase. Ahora mira lo que les está haciendo esto».

Su hijo ahora reacciona con intensidad ante los ruidos fuertes y el estrés.

«Si encuentro un lugar donde no oigan nada, me iré», dice. «Aunque tenga que vivir en la calle».

«Te vas de repente. Ni siquiera entiendes lo que está pasando. Simplemente te vas»

Rana y su familia huyeron del distrito de Tiro sin hacer las maletas, mientras los bombardeos se intensificaban en su zona.

El viaje hacia el Monte Líbano duró casi tres días. Cuando llegaron a un refugio colectivo en el distrito de Aley, nueve miembros de la familia de varias generaciones, incluidos sus hijos de 6 y 8 años y sus parientes mayores, compartían el suelo de una sola aula.

«Los primeros días dormíamos en el suelo. No había nada».

Con el tiempo, los voluntarios y las organizaciones humanitarias distribuyeron colchones, comida y suministros básicos, pero la incertidumbre sigue siendo constante.

«Antes, la gente solía acogernos», explica. «Esta vez, no había sitio».

Dentro del refugio, las aulas se han convertido en espacios habitables donde la privacidad ha desaparecido, y la vida cotidiana gira en torno a adaptarse a la escasez. Para la anciana de la familia, esta situación no era desconocida. El desplazamiento ya formaba parte de su experiencia vital, explica: «Confiamos en Dios. Eso es todo».

«No sabíamos adónde íbamos»

Saed salió del distrito de Bint Jbeil a medianoche con su mujer y sus tres hijos adolescentes. A última hora de la tarde del día siguiente, seguían desplazándose entre carreteras y pueblos sin un destino claro.

La familia cambió de rumbo repetidamente dependiendo de qué carreteras seguían siendo accesibles y dónde aún podría haber refugio disponible. Al igual que muchas familias desplazadas que huían del sur del Líbano, se desplazaban sin saber con certeza dónde pasarían la noche. «No nos fue fácil encontrar un sitio», confiesa.

Saed, que tiene unos 50 años y vive con una discapacidad, también necesita medicación regular para la diabetes y otras afecciones de salud. En el desplazamiento, el acceso al tratamiento se ha vuelto irregular y depende de la disponibilidad. La presión económica ha añadido otra capa de dificultades. Incluso los artículos básicos para el hogar se han vuelto inasequibles.

«Intenté comprar una sartén», dice su esposa. «Cuesta 15 dólares. No disponemos de esa cantidad».

La familia depende ahora en gran medida de la ayuda de familiares, vecinos y redes comunitarias mientras permanece en un refugio temporal. «Dependemos de la bondad de la gente», dice él. Por ahora, sus días siguen marcados por la incertidumbre, los recursos limitados y la ausencia de un plazo claro para el regreso.

«Dormí en el coche con mi hijo mayor porque no teníamos su silla de ruedas con nosotros»

Cuando las órdenes de desalojo llegaron a Borj Chimali, cerca de Tiro, Salman huyó con su esposa, sus cinco hijos y su anciano suegro. Tres de sus hijos padecen parálisis cerebral y tienen graves limitaciones de movilidad. Dos dependen por completo de sillas de ruedas, mientras que otro también padece epilepsia.

La familia pasó casi 15 horas en la carretera antes de llegar a un refugio colectivo en Saida.

Hoy, él y su familia se encuentran en la planta baja de un edificio de la Universidad de Saida, en la ciudad de Sidón. Una vez que por fin estuvieron a salvo, Salman regresó a Tiro para recoger las dos sillas de ruedas y las mantas de su casa. Dentro del refugio, la vida cotidiana se ve marcada por los retos de accesibilidad. Los aseos y el desplazamiento por los espacios compartidos siguen siendo difíciles para los niños, mientras que los suministros médicos y de higiene son limitados.

«El suelo es un problema. El frío hace que los niños se pongan enfermos. No paran de toser»

Zeina y su familia extensa abandonaron Deir al-Zahrani una hora después de que comenzara el bombardeo. «Nos fuimos inmediatamente», dice. «Llevábamos a los niños con nosotros».

El grupo de 13 personas huyó hacia el distrito de Aley, donde ya habían buscado refugio durante la anterior escalada de violencia en 2024. Llegar pronto no significaba que las condiciones estuvieran preparadas. «Ahora hay cosas disponibles», dice. «Pero seguimos sin tener almohadas ni colchonetas». Los niños del refugio siguen durmiendo al frío, mientras que el suministro eléctrico sigue siendo irregular.

A pesar de sus diferentes trayectorias, las familias comparten la misma realidad: desplazamientos repetidos, refugios superpoblados, atención interrumpida e incertidumbre sobre lo que les depara el futuro.

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Texto y testimonios: Kamila Lakkis, especialista en Comunicación e Incidencia de Acción contra el Hambre en el Líbano

Actualmente, Acción contra el Hambre en el Líbano presta apoyo en 284 refugios colectivos y ha ofrecido asistencia (alimentos, agua, saneamiento y atención sanitaria) a más de 70 000 personas en el país.

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La Llotja de Mar, símbolo del comercio marítimo barcelonés desde el siglo XIV, albergó durante dos días una conversación sobre los flujos invisibles que mueven el mundo contemporáneo: datos, algoritmos, plataformas, derechos. El I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales –organizado en el marco de la Mobile World Capital Barcelona y financiado con fondos europeos de NextGenerationEU– acogió mesas redondas, charlas magistrales y sesiones de participación ciudadana sobre un mismo eje temático abordado desde ángulos muy distintos: el impacto de la inteligencia artificial y las plataformas digitales sobre los derechos fundamentales, la democracia y el trabajo.

Y, sin embargo, uno de los mensajes más repetidos a lo largo de las dos jornadas fue precisamente ese: que el debate llega tarde. Que mientras académicos, juristas y representantes sindicales discuten marcos regulatorios y garantías democráticas, las tecnologías que pretenden regular llevan años operando a escala masiva, moldeando conductas, eliminando empleos y concentrando un poder sin precedentes en manos de unas pocas corporaciones privadas. El congreso no podía resolver esa contradicción, pero al menos la nombraba sin eufemismos.

Buena parte de los asistentes que debatían sobre el empoderamiento de los trabajadores y la necesidad de escuchar voces colectivas lo hacían ataviados con traje. Una contradicción menor, quizás, pero elocuente: la urgencia por democratizar el debate digital convive, todavía, con los códigos y los circuitos de siempre.

El vehículo sin carriles

Geertrui Mieke De Ketelaere, ingeniera e investigadora de inteligencia artificial desde los años noventa y autora de The Chatbot Trap, fue una de las voces más contundentes de la primera jornada. Lleva décadas estudiando cómo las sociedades adoptan tecnología y ha aprendido a reconocer ciertos patrones que se van repitiendo, pero el que ve ahora con el desarrollo de la llamada “Inteligencia Artificial” le inquieta: “Cuando hay un accidente de coche, los daños están a la vista, pero con la IA los daños se esconden”. Su diagnóstico fue claro: el modelo habitual –primero optimizar, luego pensar en el impacto– se está repitiendo con la inteligencia artificial, pero a una velocidad y con una opacidad sin precedentes. “Tenemos que apresurarnos en ponerle carriles al vehículo”, resumió. El coche ya está en marcha, pero la carretera todavía no existe.

De Ketelaere fue más allá de la necesidad de regulación para hablar de algo más estructural, lo que ella llamó “la economía del apego”, es decir, la forma en la que las grandes plataformas explotan mecanismos dopamínicos para generar dependencia emocional, presentándola como mejora de las relaciones sociales cuando los efectos reales apuntan en dirección contraria. La adicción como business model.

Este tipo de análisis, que hace apenas una década habría sonado alarmista en un foro institucional, fue recibido en la Llotja de Mar sin apenas cuestionamiento. Algo ha cambiado en el consenso experto. La pregunta es más qué herramientas disponemos para actuar.

«Estamos entrenando a la máquina para que nos sustituya»

Si la sesión sobre sostenibilidad digital habló del problema en términos sistémicos, la mesa dedicada al impacto de las tecnologías emergentes en el trabajo sirvió para bajarlo a ras de suelo. María Luz Rodríguez, catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de Castilla-La Mancha, arrancó desmontando una coartada habitual: “No estamos hablando del futuro del trabajo. Estamos hablando del presente”. Puso el ejemplo de los centros de atención telefónica, donde la voz de los trabajadores se graba sistemáticamente para entrenar a los bots que acabarán sustituyéndoles. “Estamos trabajando para que nos acaben desalojando”, resumió. Y aquí paz y después gloria.

Rodríguez reclamó que el debate sobre la propiedad de los datos laborales se sitúe en el centro de la agenda política y sindical. Los datos que generan los trabajadores en su actividad cotidiana tienen un valor económico enorme. Ese valor se captura, se monetiza y raramente revierte sobre quien lo produce. “No podremos transformar la sociedad sin la voz de las personas implicadas”, insistió. La transformación digital, advertía, requiere un diseño plural que vaya más allá de la perspectiva empresarial.

La mesa completó ese diagnóstico con otras voces. José Varela, responsable de IA y digitalización de UGT Confederal, distinguió entre empleo y empleabilidad: perder un trabajo es un drama individual, pero cuando una tecnología elimina categorías enteras de ocupación, lo que se destruye es la posibilidad misma de encontrar empleo en ese sector. “Eso está ocurriendo”, advirtió. Eva Rimbau-Gilabert, profesora de la UOC, añadió que el control tecnológico excesivo sobre los trabajadores siempre genera desafección y rompe el contrato psicológico. “La IA se está usando para sustituir, cuando debería ser utilizada para complementar”, concluyó. Las empresas, dijo, se están buscando un problema a medio plazo.

Democracia, juventud y el espejo iberoamericano

La primera jornada cerró con una mesa que amplió el foco geográfico y generacional. Alexandre Pupo, secretario general del Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica, aportó un dato que debería figurar en cualquier informe sobre el estado de las democracias: si en 2010 una mayoría de jóvenes iberoamericanos declaraba apoyar la democracia, en 2020 ese apoyo había caído al 45%. En el mismo período, las tasas de trastorno emocional y depresión se duplicaron.

Ciertamente, correlación no implica necesariamente causalidad. Pero en este caso, y a falta de que baje un estadista y lo certifique, todo apunta a que ambos conceptos se dan de la mano.

Pupo rechazó la narrativa de los que los jóvenes de hoy son “nativos digitales”, identificándola como una trampa conceptual. “Nos toca vivir en esta realidad, pero no nacemos preparados para ella”, dijo. Y apuntó a un dato que da que pensar. “En 2010 ocurre algo…Facebook crea el botón de me gusta”. Correlación no implica causalidad. Pero haríamos bien en recordar estos datos y atar algunos cabos.

Gustavo Gómez, director ejecutivo de OBSERVACOM, señaló la asimetría regulatoria que subyace a todos estos debates: se regula con más intensidad a los usuarios que a los dueños de las plataformas. En América Latina, ese desequilibrio tiene consecuencias políticas directas que los marcos europeos tienden a subestimar. La cuestión de fondo es quién tiene el poder de definir qué se ve, qué se amplifica y qué se silencia en el espacio público.

Lo que queda pendiente

El I Encuentro Internacional por los Derechos Digitales no pretendía resolver los problemas que ponía sobre la mesa, y no los resolvió. Pero consiguió algo más difícil en el clima actual: reunir en un mismo espacio a personas que habitualmente hablan en registros y foros distintos –el académico, el sindical, el jurídico, el activista, el institucional– y forzarlas a escucharse. En un momento en que la velocidad del cambio tecnológico tiende a dejar obsoletos los marcos de análisis antes de que sean adoptados, esa lentitud deliberativa tiene un valor que no debe subestimarse.

Lo que el congreso dejó en evidencia es que el tiempo del diagnóstico se agota. Durante años, investigadores y activistas han documentado los riesgos de la concentración tecnológica, la explotación de datos, la manipulación algorítmica y la destrucción de empleo. Esa documentación existe. Los marcos regulatorios europeos –el AI Act, el Digital Services Act– existen también, aunque sean insuficientes. Lo que falta es, de algún modo, lo de siempre: voluntad política para actuar a la altura de un problema que ya nos está superando, y hacerlo en clave democrática en contra los intereses del poder tecnofeudal creciente.

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Poca gente se para a pensar quién está detrás de la traducción del libro que está leyendo. Mucha menos llega a pensar cuánto cobrará esa profesional, que seguramente no se pueda dedicar a la traducción como única forma de ganarse la vida. Y por si fuera poco, un nuevo golpe amenaza a este sector, en el que parece que lo único estable es la precariedad: la incursión de la inteligencia artificial generativa (IAG) en las editoriales podría desplazar (aún más) a los traductores, pauperizar (aún más) su labor y convertirles en meros correctores de un producto fabricado a través de una máquina.

Para evitarlo, el pasado 21 de abril hicieron pública una iniciativa: un sello que certifique que la traducción que el lector disfruta está realizada por un ser humano. Su materialización pasa por el buen hacer y la confianza en las compañías editoriales, cuya postura, por el momento, se puede resumir en un concepto muy en boga: la libertad (empresarial) primero.

Amaya García, presidenta de ACE Traductores, la principal asociación de traductores editoriales de España, que aglutina a unos 700 profesionales, asegura que la situación se ha agravado en las últimas dos décadas. «Las tarifas de los traductores llevan muchísimo tiempo sin subir. Que seamos la mayoría autónomos complica mucho nuestro poder de negociación», comenta. Ahora, el posible uso de la IAG por parte de editoriales para sustituir la labor de los traductores empeora una realidad que critican desde su nacimiento. «La IA se aprovecha de las obras que ya hemos publicado, de las de todo el mundo, explotándolas como otro tipo de piratería y saqueo, para elaborar sus traducciones», afirma.

Las tarifas que manejan dependen de los idiomas que traduzcan. Una «buena tarifa» con la que García trabaja es 0,055 euros por palabra, «y aún así es insuficiente para poder vivir de esto», apostilla. Tendría que traducir 22.200 palabras para llegar a los 1.221 euros mensuales de salario mínimo bruto reconocido en 14 pagas. Según la presidenta de ACE Traductores, una novela de unas 200 páginas puede abarcar dos o tres meses de trabajo. De todas formas, hay encargos que hasta desecha. «Pagan tan poco que tengo que recortar en calidad, pero luego lo firmo yo, ¿y cómo sabe el lector que esa traducción que no es tan buena no obedece a mi capacidad de trabajo sino a mis condiciones laborales? Para eso prefiero decir que no», denuncia.

Ana Alcaina, traductora editorial y profesora en la Facultad de Traducción de la Universitat Autònoma de Barcelona, admite que vive cierta incertidumbre por ver hasta qué punto, según sus propios términos, se le cae el libro de las manos a un lector cuando lea la traducción realizada por una IA. Y añade: «Construir juegos de palabras, expresar las emociones que esconden los personajes, producir la voz del autor y elegir entre adjetivos es un trabajo más minucioso de lo que puede hacer una máquina». Esta docente universitaria esgrime que la IAG «regurgita» un texto, que además es una versión de otros muchos.

Virginia Maza, afincada en Zaragoza y traductora con más de 20 años de experiencia, ayuda a perfilar el panorama: «La IA no es neutral, tiene ideología y unos fines económicos que sirven a la lógica capitalista». Ella es un caso inusual dentro de su profesión ya que se dedica a la traducción en exclusividad. Remarca que las negociaciones de tarifas son duras: «Yo llevo ya bastante tiempo, pero a las compañeras nuevas siempre les aconsejo que se asocien, que vayan a lo colectivo».

Ninguna editorial ha confesado en España que utiliza la IAG para traducir los libros extranjeros que comercializa. Sin embargo, en el sector se barrunta que la idea no es ajena a las empresas. Ya ha ocurrido con el sello Harlequin, del grupo HarperCollins, en Francia. «Quieren que los traductores acabemos puliendo los textos generados con IA por mucho menos dinero», señala García, presidenta de ACE Traductores, antes de advertir que esa forma de trabajar incluso lleva más tiempo que la traducción original en sí.

ACE Traductores no quiere quedarse viéndolas venir. Saben bien que las editoriales se valen de subterfugios para no indicar que una obra no ha sido traducida por un humano, y si lo indican, lo hacen de tal forma que el lector medio no se percata de ello. «La única salida que nos queda es proclamarlo nosotros a través de un sello de certificación» orientado al público lector, subraya García.

Las editoriales son clave para que este sello se normalice y se extienda lo más posible. «Contamos con su buena fe», remarca la presidenta de ACE Traductores, quien apunta que los lectores también tienen derecho a esa transparencia. Si alguno no le da tanta importancia a la traducción realizada por un humano, se podría quejar de que le cobraran lo mismo por el libro traducido con IAG.

La Asociación de Editores de Madrid no ha atendido a La Marea, pero su vicepresidente, Paulo Cosín, ha dejado una declaración: «La IA supone en algunos casos una amenaza y en otros una oportunidad, y los diferentes protagonistas de la cadena de valor tendremos que analizar el uso correcto y las limitaciones, tanto desde el punto de vista legal como ético». Sus homólogos catalanes han defendido que «todo es muy embrionario», en relación con la traducción realizada mediante IAG, aunque sí es una herramienta que abordan en sus órganos de debate y formación.

Por su parte, desde la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) han indicado que no intervienen en la operativa de las compañías, «que evidentemente tienen plena libertad para fijar sus criterios de actuación en todo el proceso de elaboración de un libro». Asimismo, han asegurado desconocer si hay editoriales que se valen de la IA para sus traducciones. «Por lo que a nosotros respecta y como no puede ser de otra manera, cada una decide libremente sobre el uso de cualesquiera herramientas digitales», han añadido.

De la misma forma, la FGEE ha reconocido que el entrenamiento de la IAG debería contar con la autorización de los creadores de las obras que la hayan alimentado. Nada de esto es suficiente para la traductora Virginia Maza, quien cree que la clave es la transparencia y que la IA es «una gran herramienta terrible que amenaza la vida». Dejar la cultura en sus manos, asegura, «no es peligroso únicamente para la cultura, sino también para la lengua, nuestro idioma y el pensamiento humano».

Este reportaje se ha publicado originalmente en El Periscopio, el suplemento cultural de La Marea. Puedes conseguir la revista aquí o suscribirte para seguir apoyando el periodismo independiente.

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En marzo de 2026, Anthropic –la empresa que fabrica el modelo de inteligencia artificial Claude– publicó un informe sobre el impacto de la IA en el mercado laboral. Sus autores, Maxim Massenkoff y Peter McCrory, introducen un nuevo indicador para medir el riesgo de desplazamiento laboral por IA al que llaman observed exposure, una métrica que cruza la capacidad teórica de los modelos de lenguaje con su uso real y automatizado en entornos profesionales.

Los números son reveladores en su frialdad, aunque a estas alturas ya no sorprenderán demasiado: los programadores informáticos encabezan la lista de ocupaciones más expuestas, con un 74,5% de cobertura automatizable. Les siguen los representantes de atención al cliente (70,1%), los técnicos de entrada de datos (67,1%), los especialistas en registros médicos (66,7%) y los analistas de mercado (64,8%). La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos proyecta, además, que las ocupaciones con mayor exposición observada crecerán menos de aquí a 2034: por cada 10 puntos porcentuales de incremento en la cobertura IA, la proyección de crecimiento del empleo cae 0,6 puntos. Es una pendiente modesta en los decimales, pero inequívoca en la dirección.

El informe también detecta algo que todavía no aparece en las estadísticas de desempleo pero que lo precede: la contratación de jóvenes entre 22 y 25 años en los sectores más expuestos ha caído un 14% en el período post-ChatGPT. Los trabajadores de mayor edad permanecen en sus puestos; los jóvenes, sencillamente, ya no entran. La máquina no expulsa todavía de forma masiva; por ahora, cierra el acceso a quienes aún no han llegado.

Conviene señalar, antes de seguir, algo que ningún modelo econométrico puede capturar: el informe lo publica la misma empresa que construye la herramienta que desplaza los empleos. El capital tecnológico se ha arrogado también la función de diagnóstico, y eso delimita de antemano qué puede ser visto, pensado y, sobre todo, propuesto como solución. El informe mide la exposición al riesgo, pero la pregunta que no formula –a quién va a parar la productividad ganada– la responden los mercados cada trimestre con resultados récord.

La promesa incumplida de la abundancia

En 1930, en plena resaca del crack de Wall Street, John Maynard Keynes publicó un ensayo llamado Economic Possibilities for our Grandchildren en el que imaginó que hacia el año 2030 el progreso tecnológico habría resuelto el problema económico de la humanidad. Su predicción era que por aquel entonces (dentro de cuatro años), la humanidad disfrutaría de una jornada laboral de 15horas semanales, y el resto del tiempo podría ser dedicado al ocio, a la cultura, a lo que a cada cual le diera la gana. Keynes no era un revolucionario ni un utopista de izquierdas; era el economista más influyente de su siglo, y su argumento era puramente aritmético. Si la productividad crece lo suficiente, llega un momento en que las máquinas hacen el trabajo y los seres humanos pueden hacer otra cosa.

Paul Lafargue había llegado a una conclusión similar cincuenta años antes, en El derecho a la pereza (1880), aunque con una carga política que Keynes no compartía: si las máquinas producen más, los seres humanos deberían trabajar menos, y el hecho de que eso no ocurra dice algo sobre quién controla las máquinas, no sobre las máquinas en sí.

Marx lo había formulado en términos más radicales todavía, en los Manuscritos económico-filosóficos de 1844, al describir el trabajo como la forma fundamental de alienación del ser humano bajo el capitalismo. En ese texto, el trabajo se convierte en algo externo al trabajador, en una actividad que no le pertenece y que le arrebata la energía vital para convertirla en mercancía. La tecnología, en este esquema, debería representar la posibilidad histórica de revertir esa alienación: si las máquinas hacen el trabajo, los seres humanos podrían recuperar el tiempo para desarrollarse como tales.

Tres pensadores, tres tradiciones intelectuales distintas, la misma conclusión de fondo…pero lo que estamos viviendo en este momento es exactamente lo contrario de lo que los tres anticiparon. El aumento de productividad que trae la IA no está reduciendo la jornada laboral, ni garantizando una renta de subsistencia a quienes quedan desplazados, ni, por supuesto, financiando sistemas públicos más robustos. Está concentrando el excedente en manos de un número cada vez más reducido de propietarios de infraestructura digital, mientras los trabajadores desplazados navegan solos un mercado que ya no los necesita con la misma urgencia de antes.

La cuestión de fondo, sin embargo, no es que la IA destruya empleos netos, sino que los beneficios extraordinarios separan cada vez a aquellos que necesitan “matarse” a trabajar (a veces se trata de un matarse literal) ante una minoría ultrarrica con un poder económico superior al PIB de varios Estados del mundo.

De alguna manera la ola neoliberal que comenzó en las postrimerías de la primera mitad del siglo XX, ha encontrado en la IA su argumento más poderoso: la inevitabilidad. Si los mercados son eficientes y la tecnología es neutral, cualquier perturbación laboral es simplemente el precio del progreso, y quien no se adapte habrá elegido, en el fondo, su propio destino.

Lo que sería posible si hubiera voluntad política

No existe ninguna razón técnica por la que el aumento de productividad derivado de la IA no pueda distribuirse. Las propuestas son muchas. La renta básica universal, por ejemplo, ofrece un mecanismo: si las máquinas generan riqueza, que esa riqueza financie la vida de quienes las máquinas han desplazado. Una demanda que, lejos de ser una excentricidad de la izquierda, tiene defensores en tradiciones políticas muy diversas, precisamente porque la lógica que la sustenta es difícil de rebatir sin apelar directamente a los intereses de quienes acumulan.

Porque lo que sigue ocurriendo –y lo que el debate técnico sobre la IA sistemáticamente oscurece con sus métricas de cobertura y sus proyecciones de crecimiento sectorial– es que el aumento de la productividad no está sirviendo para liberarnos del trabajo, sino para concentrar la riqueza de muchos en manos de muy pocos. Keynes lo habría reconocido con perplejidad. Lafargue, con rabia. Y Marx, con la amarga satisfacción de quien ya lo habría anticipado.

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Leïla Slimani llega todos los días al Museo del Prado muy temprano. El lugar está casi vacío. En su paseo por las diferentes salas, la acompaña un historiador del arte. Durante el recorrido saluda a unos trabajadores que, según capta ella, se muestran especialmente orgullosos de trabajar en una institución como esa, «un gran museo universal, como el Louvre, como el Metropolitan Museum de Nueva York». Esa perspectiva le complace especialmente «en una época en la que muchos políticos populistas consideran el arte como algo burgués, como algo que no es para todo el mundo», dice. «Pero el Prado no es una tienda de lujo. Aquí todo el mundo puede entrar y puede comprender lo que ve. Todo el mundo puede emocionarse con un cuadro de Goya. No hace falta un diploma ni una tarjeta de crédito».

La escritora franco-marroquí está participando en el programa «Escribir el Prado», una iniciativa en la que el museo invita a autores de relevancia internacional a explorar las colecciones como fuente de inspiración literaria. Ella lleva ya 10 días disfrutando de la residencia artística. Disfrutar es el verbo exacto para definir la experiencia, especialmente ahora, «en primavera, cuando la ciudad está particularmente bella». El programa, que cuenta con el patrocinio de la Fundación Loewe y la colaboración de la revista Granta en español, está concebido para propiciar un diálogo entre literatura y artes plásticas. El diálogo ha comenzado, aunque aún no tiene plasmación sobre el papel. «Cuando una llega a un lugar como este, no hay que obsesionarse con escribir. De momento, me conformo con vivir la experiencia y con tomar notas, que no es poca cosa. A veces, cuando pasan algunos días, incluso algunas semanas, releyendo esas notas la idea se presenta de repente», confiesa.

De alguna manera, las ideas ya están flotando alrededor de ella. Sólo hay que atender a sus asuntos predilectos, a la mirada que ha arrojado antes sobre temas como la mujer, las migraciones, la identidad en todas sus obras, publicadas en español por la editorial Cabaret Voltaire. ¿Pero están esas cuestiones presentes en un museo como el del Prado? Como explicó en un encuentro con la prensa, a veces hay que leer entre líneas, pero eso es precisamente lo interesante: «El arte demanda un esfuerzo. Igual que cuando se lee un libro y hay que recurrir al espíritu crítico. Un cuadro no es como una imagen de las redes sociales, algo que miras durante un segundo y pasas a otra cosa. A menudo, lo importante de un libro es lo que no se dice. Y lo que es importante en un cuadro es lo que no se ve. Pero entenderlo requiere un trabajo, no es como estar pasivo delante de una pantalla».

Con «lo que no se ve» se refiere Slimani a esas otras visiones del mundo que suelen faltar en los grandes museos, hoy felizmente empeñados en llenar esos vacíos sobre la cuestión racial, la colonial o la del género. En cualquier caso, la autora renuncia a entablar una lucha «identitaria» en torno a eso. «Rechazar un museo diciendo que “es para blancos” no tiene sentido para mí. Primero soy un ser humano. Para mí Dostoyevski no es simplemente un hombre blanco, es mi hermano. Lo universal existe. La familia humana existe. Si sólo buscamos representaciones de nosotros mismos, destruiremos el mundo».

Atraída por la pintura del Siglo de Oro, por Velázquez, por Zurbarán, la escritora se muestra especialmente interesada en la iconografía de aquella primera globalización, «del primer gran imperialismo». En ciertos cuadros «vemos por primera vez cuerpos indígenas o cuerpos negros. Vemos cómo van a ser dibujados los moriscos, que acaban de ser expulsados. Y busco también, claro, sus ausencias».

Slimani, que hace justo una década ganó el premio Goncourt por Canción dulce, vive desde hace cinco años en Portugal. Durante este tiempo ha tomado una especial conciencia de la presencia árabe en la península Ibérica, algo que «está por todas partes: en la arquitectura, en la lengua, en la comida, en las mismas caras…». A este respecto, recuerda la singular frase que tuvo que aprender de niña cuando acudía a la escuela francesa en Marruecos: «Nuestros ancestros, los galos…». Con más razón, a su juicio, los europeos deberíamos decir: «Nuestros ancestros, los árabes…». «Debéis daros cuenta, vosotros los españoles, de que sois mis primos, porque sois un poco árabes, os guste o no», apunta con humor.

Lo que más lamenta es la asimetría existente entre la cultura occidental y la del mundo arabo-musulmán. «Nosotros os conocemos muy bien, pero vosotros nos conocéis muy poco», señala. «Yo he leído a Cervantes, a Dickens, a Balzac. Hablo francés e inglés, pero nunca he encontrado a nadie en Europa que hable árabe». De hecho, ella misma, educada en francés, no habla la variante histórica y normativa del árabe, el árabe clásico, como revela con «una mezcla de pesar y vergüenza» en su último libro, Assaut contre la frontière. «Tampoco he encontrado gente que haya leído nuestros libros o que sepa citar grandes nombres de nuestra cultura. Hay muy poca curiosidad por parte de los occidentales. Eso me frustra mucho». Esta falta de interés, a su juicio, es «muy peligrosa porque alimenta el racismo, la violencia, la guerra».

Escuchando al «gran cabrón»

Como ha contado en multitud de artículos y se ve reflejado en sus novelas (especialmente en la trilogía de El país de los otros, que contiene una gran carga autobiográfica), Slimani, culturalmente hablando, tiene un pie a cada lado del Estrecho. Esa doble identidad, francesa y marroquí, no le causa ningún conflicto. Pero en Francia, donde la radicalización ultraderechista parece imparable, la insultan frecuentemente diciéndole que se vaya a su país. Como si Francia no fuera también su país. Como si sus raíces árabes la convirtieran en sospechosa de algún delito. Como si no hubiera alzado la voz deplorando vivamente todos los crímenes que se cometen en nombre del islam (en este sentido, es particularmente revelador su artículo titulado «Integristas, os odio»).

«Vivimos un momento que da mucho miedo», reconoce la escritora. «Me recuerda al cuadro de Goya ‘El gran cabrón’».

«Todo el mundo está escuchando a estos ‘cabrones’. Es muy fácil manipular a la gente usando la identidad, diciendo que los inmigrantes les van a sustituir, que su mundo va a desaparecer. Es fácil decirle a un hombre que debería tener miedo porque las mujeres se lo quitarán todo, su trabajo, sus privilegios… Es fácil decir que antes todo era mejor», explica Slimani. «El problema es que hoy ya no diferenciamos entre la verdad y la mentira. Porque todos estos populistas mienten, claro. La propia Giorgia Meloni no para de hablar de la cultura cristiana y del peligro de la inmigración, pero legaliza a miles de inmigrantes porque los italianos ya no tienen hijos. Esa es la paradoja: hay un discurso para infundir miedo, pero todo el mundo sabe perfectamente que Europa no podrá mantener su nivel de vida sin inmigración».

La autora critica la simplicidad del mensaje difundido por la extrema derecha y la negligencia de la política actual a la hora de desmentirlos: «Necesitamos hombres y mujeres políticas capaces de explicarle cosas complejas a la gente. Por eso creo también que hay que defender la literatura y el arte en todo momento. Una buena novela demuestra que nada es blanco o negro. La vida es complicada, es gris, es difícil de juzgar. Y lo mismo ocurre con la pintura y su relación con la historia. Por eso es tan importante el arte, porque necesitamos devolver la complejidad a la mente de la gente».

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Este reportaje se publicó originalmente en La Marea 111. Puedes conseguir la revista y suscribirte en nuestro kiosco.

La mañana del 28 de febrero, decenas de niñas y docentes ingresaron a la escuela primaria Shajareh Tayyebeh de Minab, una ciudad de más de 70.000 habitantes en el sur de Irán. Era sábado, el primer día de la semana laboral en ese país. También el primer día de la operación «Furia Épica», como denominó el Pentágono a la ofensiva que lanzó contra Irán junto a Israel (Tel Aviv, por su parte, la llamó «Rugido del León»).

Alrededor de las 10.30 hora local, un misil Tomahawk impactó en la escuela, perforando el techo y colapsando la estructura. Análisis forenses de imágenes satelitales revelaron que, poco después, otro misil impactó en el patio, seguido por un tercero que completó el ataque. Según las autoridades iraníes, al menos 168 personas, en su mayoría niñas de entre siete y 12 años, fallecieron en el ataque. No se trató de un fallo técnico.

Los misiles Tomahawk no son cualquier misil. Pueden cubrir más de 2.000 kilómetros de forma autónoma, a velocidades cercanas a los 880 km/h, e impactar en su objetivo con un margen de error de pocos metros.

La escuela estaba ubicada en un edificio que hace una década fue separado de una base de las fuerzas navales del Cuerpo de Guardianes mediante un muro. Dicha base también fue golpeada en los ataques del 28 de febrero. Por ello, es probable que EE. UU. identificara esa base como objetivo militar pero que los mapas utilizados para esa identificación no estuvieran actualizados. Pero ¿quién es responsable de ese error en una guerra en la que se combate esencialmente con inteligencia artificial?

La cadena de muerte

En términos militares, con kill chain (literalmente, ‘cadena de muerte’) nos referimos a la secuencia de acciones que ocurre entre la identificación de un objetivo, la decisión de atacar y el despliegue del ataque. Durante casi un siglo, los ejércitos han intentado comprimir la kill chain todo lo posible, algo que permitiría atacar al enemigo de forma más rápida y eficaz.

Este deseo se convirtió en necesidad por primera vez durante la Guerra del Golfo del año 1991, cuando los iraquíes emplearon lanzadores móviles de misiles capaces de desplazarse varios kilómetros antes de que los estadounidenses pudieran coordinar una respuesta. Las viejas técnicas analógicas, en las que los analistas tenían que revisar manualmente mapas, grabaciones y otros datos, no servían. Se necesitaban máquinas capaces de volar tan bajo como para esquivar los radares, identificar un objetivo y eliminarlo en minutos. En pocas palabras, drones armados: vehículos capaces de volar (y atacar) sin tripulación a bordo.

El primer ejemplo llegó en 2001, cuando el capitán de la Fuerza Aérea de EE. UU. Scott Swanson y el sargento mayor Jeff A. Gunny Guay intentaron matar, sin éxito, al mulá Omar, líder de los talibanes y aliado de Osama Bin Laden, mientras controlaban un dron armado Predator desde Langley (Virginia), a miles de kilómetros de distancia. A pesar de que la misión no obtuvo los resultados esperados, los drones Predator y el más pesado Reaper en poco tiempo se convirtieron en instrumentos claves de las misiones militares tanto de EE. UU. como de Israel. Su uso se amplió enormemente durante la presidencia de Barack Obama, llegando incluso a ser considerados por algunos más «humanos» que otro tipo de ataques.

«La pregunta es si los drones nos tentarán a hacer cosas incorrectas. Pero no parece que sea así, porque tenemos casos en los que los drones se usaron de manera justa, y parece que, en realidad, mejoran nuestra capacidad de actuar con justicia», dijo en 2012 a The Guardian Bradley Strawser, filósofo y por entonces profesor en la Universidad Naval de Monterrey. «Literalmente cada acción que realizan queda registrada. Ante una decisión difícil, los operadores pueden incluso tomarse su tiempo y llamar a otras personas a la sala. Hay más margen para los controles y la supervisión», argumentó.

Pero con el aumento de los datos, poco a poco los controles y supervisión se volvieron cada vez más complejos. «En un futuro no muy lejano, vamos a encontrarnos nadando en sensores y ahogándonos en datos», aventuró en 2010 un alto cargo de inteligencia de la Fuerza Aérea estadounidense. Y eso fue lo que pasó. La difusión de redes sociales, drones y tecnologías de vigilancia masiva aumentaron enormemente la disponibilidad de datos en manos de los ejércitos para identificar y rastrear objetivos. Eso llevó a un cuello de botella. ¿Quién podía analizar tanta información? La inteligencia artificial trajo la respuesta.

Guerra sin piloto

«El objetivo de los sistemas de IA es liberar al ser humano del procesamiento cognitivo; hacer las cosas más rápidas y eficientes», comenta a La Marea Elke Schwarz, profesora de Teoría Política en la Universidad Queen Mary de Londres y autora del libro Death Machines: The Ethics of Violent Technologies (2018). Schwarz lleva años estudiando las consecuencias reales y potenciales del empeño humano por automatizar al máximo la práctica de matarse unos a otros.

Su investigación comenzó a principios de la década de 2010, años antes de la invasión rusa de Ucrania, una guerra que se ha convertido en un campo de experimentación para el uso de algoritmos e inteligencia artificial en batalla. «Muchas empresas emergentes llevaron sus nuevas tecnologías al conflicto», señala Schwarz.

Muy pronto, la asimetría del conflicto en Ucrania trajo el uso masivo de drones teledirigidos. A diferencia de los complejos y costosos sistemas Predator, estos eran instrumentos baratos que, con una inversión de apenas 500 dólares y comandados de forma remota, eran capaces de destruir tanques. No obstante, se revelaron vulnerables ante la guerra electrónica, es decir, ataques que interrumpen la comunicación entre el dron y su piloto. Esto propició que se impulsara el desarrollo de aeronaves con capacidades autónomas de vuelo y ataque.

Los drones autónomos están dotados de software capaz de transportar explosivos a lo largo de cientos de kilómetros y localizar objetivos. Otro tipo de drones, de cuatro hélices, se dotaron de inteligencia artificial para atacar a soldados rusos sin intervención humana cuando las comunicaciones fallaran. El siguiente paso fueron los enjambres de drones, capaces de perpetrar ataques masivos sin necesidad de contar con decenas de operadores.

Entre las innovaciones desplegadas en Ucrania, destaca el envío, en febrero de 2026, de dos robots humanoides Phantom MK-1 para cumplir funciones descritas oficialmente como «de apoyo» y no de combate. Según la startup californiana Foundation que los ha creado, este modelo sería el primer autómata diseñado específicamente para zonas de conflicto armado. «Lo que estamos viendo ahora es el primer intento torpe de cómo los robots van a librar nuestras guerras», declaró a la revista Time Mike LeBlanc, cofundador de la empresa y veterano de los Marines con experiencia en Irak y Afganistán. «Pero, en realidad, solo están esperando a que empiece el espectáculo», añadió.

Al margen del posible desarrollo de estos robots, en la actualidad las decisiones bélicas ya pasan por las principales empresas de inteligencia artificial, las mismas que diseñan los chatbots (asistentes conversacionales de IA) que cada día usan millones de personas para corregir correos electrónicos.

Decisiones de algoritmos

El libro The Making of the Atomic Bomb, de Richard Rhodes, publicado en 1986 y ganador del premio Pulitzer, se ha convertido en una de las lecturas más populares en las oficinas de Anthropic, la empresa creadora del chatbot Claude. Como escribía Charlie Warzel en 2023 en el medio The Atlantic, la obra se ha convertido en una suerte de texto fundacional para cierto tipo de investigadores en IA: los que creen que sus creaciones podrían tener el poder de matarnos a todos.

En febrero de este año, el secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth exigió a Anthropic acceso sin restricciones a sus sistemas de inteligencia artificial para cualquier uso militar. La respuesta del consejero delegado, Dario Amodei, fue una negativa pública: «En conciencia, no podemos aceptar su petición». Hegseth contestó designando a Anthropic como «riesgo para la cadena de suministro», una calificación reservada habitualmente a empresas vinculadas con gobiernos adversarios, como la china Huawei o la rusa Kaspersky.

En respuesta, Anthropic demandó al Gobierno, que por su cuenta comenzó el proceso de reemplazar Claude con los modelos de empresas que supuestamente aceptaron sus condiciones, como ChatGPT, de OpenAI, y Gemini, de Google. Hasta ese momento, la colaboración entre esta empresa –fundada por exmiembros de OpenAI– y el Departamento de Defensa había sido estrecha.

El Mando Central de EE. UU. (CENTCOM) habría utilizado una versión clasificada de Claude para asistir en evaluaciones de inteligencia, identificación de objetivos y simulación de escenarios de combate durante operaciones militares en Irán. Según reveló The Wall Street Journal, Claude también habría sido empleado en la operación militar estadounidense que condujo a la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en enero de este año.

Además, Anthropic ya se había asociado con Palantir Technologies, el gigante de análisis de datos cofundado por Peter Thiel y uno de los principales contratistas tecnológicos del Pentágono. En particular, Claude sería clave para el funcionamiento del sistema Maven Smart, diseñado por Palantir y supuestamente utilizado por el Ejército de EE. UU. en su guerra en Irán. Maven es capaz de procesar volúmenes enormes de datos clasificados procedentes de satélites, vigilancia y otras fuentes de inteligencia, y generar a partir de ellos información operativa. Según Hegseth, durante las primeras 24 horas de su ofensiva, EE. UU. atacó más de mil objetivos.

«Sugieren miles de objetivos y luego tienes un equipo reducido de personas para comprobarlos o validarlos, pero tienen que hacerlo a toda velocidad», subraya Schwarz a La Marea. «Ocurre tan rápido que tenemos que preguntarnos si puede haber una supervisión significativa o si el humano simplemente va diciendo “sí, no, sí, no”, absorbido por la lógica funcional del sistema de IA, por la lógica de la máquina».

Según una investigación publicada en el año 2024 por la revista israelí-palestina +972 Magazine, Israel empleó el sistema Lavender en Gaza para analizar datos de vigilancia masiva de casi la totalidad de los 2,3 millones de habitantes de la Franja. El sistema asigna a cada individuo una puntuación del 1 al 100 según su probabilidad de ser miliciano. La investigación indica que la supervisión humana se reducía con frecuencia a una validación pro forma de aproximadamente 20 segundos por objetivo, tratando en la práctica la sugerencia de la máquina como una decisión firme.

Al comprobarse que Lavender supuestamente alcanzaba un 90% de precisión en la identificación de afiliaciones con Hamás, el Ejército autorizó su uso generalizado. A partir de ese momento, según las fuentes de +972 Magazine, si Lavender determinaba que un individuo era miliciano, los operadores debían tratar esa decisión como una orden, sin necesidad de verificar de forma independiente el razonamiento algorítmico ni examinar los datos en los que se basaba.

«Para hacer posible la violencia de masas es necesario deshumanizar al enemigo», concluye Schwarz. Y para eso, la inteligencia artificial ofrece grandes oportunidades. «Cuanto mayor es la distancia entre la aplicación de la fuerza y sus efectos, mayor es también la distancia emocional y moral que se genera».

A diferencia de los sistemas de armas convencionales, fabricados por empresas como Lockheed Martin y sujetos a marcos regulatorios, el uso militar de la inteligencia artificial carece de regulación.

Frenar la máquina

En uno de los muchos cafés de moda que hay en Brooklyn, frente a un capuccino, Peter Asaro admite que negociar un tratado para regular las armas con altos niveles de automatización es una tarea titánica en el laberíntico sistema de la ONU. Este filósofo de la ciencia, la tecnología y los medios digitales, ya atendió a La Marea en octubre de 2023 en la sede de Naciones Unidas.

Hoy, Asaro, vicepresidente del Comité Internacional para el Control de Armas Robóticas (ICRAC) y portavoz de la campaña Stop Killer Robots, se muestra esperanzado con el estado actual del borrador para negociar un marco legal común en las Naciones Unidas que permita ejercer control sobre las armas con altos niveles de automatización.

Tras varios intentos fallidos de prohibir por completo el uso de armas autónomas, el estado actual de las negociaciones se centra en regular su empleo y definir en qué contextos son aceptables. Es el caso, por ejemplo, de los sistemas de defensa antimisiles, que deben operar con inmediatez para neutralizar amenazas masivas. El debate de fondo radica en hasta qué punto es imprescindible mantener a un humano en el proceso y qué nivel de intervención se considera «significativo». Por ello, las discusiones se centran en la definición de un «control humano apropiado al contexto».

«La idea es que “apropiado” no sea un término vacío», matiza Asaro. «Exige algún tipo de valoración humana contextual que confirme que el sistema opera en un entorno conocido y que es capaz de hacerlo correctamente».

Estos esfuerzos regulatorios chocan con la oposición de potencias muy activas en el desarrollo armamentístico, convencidas de que la IA les otorgará una ventaja táctica decisiva. Países como Estados Unidos, Rusia, China, Israel, Corea del Sur y Turquía prefieren sustituir un tratado vinculante por meras «directrices» o «mejores prácticas».

Se espera que en noviembre de 2026 las Naciones Unidas voten el inicio oficial de las negociaciones. De ser así, el tratado formal podría ver la luz en 2027, seguido de un arduo proceso de ratificación global que seguramente intentarán torpedear los países detractores. Sin embargo, Asaro recuerda que no es una situación inédita y que la historia demuestra que el progreso es posible frente a la resistencia de las grandes potencias.

En el caso de las armas nucleares, un tratado de prohibición ha logrado establecer normas claras. Aunque las potencias nucleares no lo firmaron, el respaldo de la mayor parte del mundo consolidó una norma internacional que declara estas armas «inmorales e ilegales». Del mismo modo, aunque Siria nunca firmó el tratado sobre armas químicas, la comunidad internacional la hizo responsable de su uso. «Esperamos lograr algo similar. Como mínimo que podamos restringir el uso de estos sistemas y alejar la IA de las aplicaciones bélicas más peligrosas que podamos imaginar», concluye Asaro.

Así, al menos, la responsabilidad de las muertes de civiles podrá seguir siendo identificable y no quedar sepultada tras algoritmos indescifrables.

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Los centros de datos son el último señuelo del capitalismo. Con ellos se vende una idea de crecimiento económico y modernidad que está muy lejos de ser real. La economista argentina Cecilia Rikap los ha estudiado a fondo y tienen un papel principal en su Teoría de la dependencia digital, un ensayo editado por Caja Negra en el que hace un paralelismo entre la vieja teoría de la dependencia imperialista y el fenómeno de subordinación global que hoy ejercen las grandes tecnológicas, con Google, Amazon y Microsoft a la cabeza. Este fenómeno va más allá del yugo que impone la metrópoli sobre la colonia, yugo que perdura incluso después de la independencia. También trasciende las metáforas que dibujan a los jerarcas de Silicon Valley como nuevos señores feudales. Se trata, en suma, de un nuevo orden mundial impuesto por unas empresas que han institucionalizado el robo como su principal actividad: no sólo roban el agua para enfriar sus gigantescos centros de datos, también roban el conocimiento producido por el resto del planeta. Y nadie, por el momento, puede escapar de sus tentáculos. Aunque hay mucha gente, en muchos sitios, pensando cómo hacerlo. Una de esas personas es Cecilia Rikap.

Doctora en Economía y jefa de investigación del Instituto de Innovación y Propósito Público del University College de Londres, Rikap pasó por Madrid para presentar su libro y sus ideas. La acompañaron Aurora Gómez, del colectivo Tu Nube Seca Mi Río, y Manuel G. Pascual, periodista de El País que sigue la actualidad de las grandes empresas tecnológicas. Desde el principio de su intervención quedó clara una idea: eso que, resumiendo mucho, entendemos por «nube» no sólo no fomenta el desarrollo, sino que lo frena.

El presidente argentino, Javier Milei, se ha destacado por colaborar resueltamente en la difusión de esta quimera. «Dice que las tecnologías digitales van a generar un crecimiento inédito y descomunal, una suerte de revolución industrial en Argentina. Y que eso ocurrirá, por un lado, porque tenemos un montón de pibes programando, lo que habla de nuestra capacidad para ser una potencia en inteligencia artificial. Y por otra parte, porque en la Patagonia tenemos clima frío y energía barata, es decir, un ámbito propicio para la instalación de centros de datos», explica Rikap. Lo cierto es que estas tecnologías no producen un crecimiento exponencial de la economía, pero aunque así fuera (que no lo es), ese crecimiento no alcanzaría a todas las capas de la sociedad, sólo a unos pocos individuos de las clases más altas. En palabras de Rikap: «Aunque la torta crezca, no hay torta para todos». No la hay, especialmente en un mundo «tan desigual y tan polarizado» como el actual. «¿Qué importa que la torta crezca si, en última instancia, eso no se concreta en mejores condiciones de vida para las mayorías? Y esto no se refiere sólo a la desigualdad de ingresos, sino también al avance de la crisis ecológica y a su impacto sobre unas mayorías que viven en condiciones cada vez más precarias».

Este dilema ecológico-social también ha estado presente en la sociedad española desde hace mucho tiempo. Con resignación, a menudo se daba por perdido un río, una montaña, un bosque si finalmente esa fábrica, esa mina o ese cementerio nuclear iban a dejar dinero en el pueblo. En el caso de los centros de datos ya está claro que no será así. «Todos los que defienden la instalación de centros de datos pensando que van a generar crecimiento económico y empleo están equivocados. Los centros de datos no generan empleo salvo en el periodo de su construcción», detalla Rikap. Una vez construidos, esa mano de obra se desvanece. «Según la propia Microsoft, cuando el centro de datos está funcionando sólo necesita unas 50 personas por edificio. Y la cifra de Amazon es aún más baja». Tampoco creará un tejido comercial a su alrededor (restaurantes, supermercados, farmacias), ya que los centros de datos están situados en lugares aislados y funcionan con un nivel de secretismo comparable «al de las bases militares de Estados Unidos en el extranjero». Y los desarrolladores de esas tecnologías tampoco están allí, sino repartidos por el mundo, «son una minoría de personas con doctorados y especializados en matemática, estadística, ciencias de la computación…». Lo de la creación de empleo, en resumen, es una engañifa.

La necesaria complicidad local

A este respecto, Aurora Gómez recordó una escena particularmente comprometida que protagonizaron durante una rueda de prensa David Blázquez (responsable de Relaciones Institucionales de Amazon Web Services para España y Portugal) y Jorge Azcón, presidente de Aragón. «La cifra de empleos que ofrecen es una ensalada de números», señala Gómez con ironía. «Ni siquiera Blázquez entiende lo que está diciendo». Los gestos de Azcón, al fondo, muestran una evidente incomodidad ante las preguntas de los periodistas.

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Una escena como esa es un ejemplo visual perfecto del «papel cómplice de los Estados y los gobiernos regionales» en la dependencia digital, según Aurora Gómez. Como explica Cecilia Rikap, actualizando la corriente de pensamiento anticolonial nacida en la década de 1960, «el subdesarrollo no se explica solamente por la opresión del norte, sino también por dinámicas locales». Los gobiernos regalan una parte de su soberanía a estas empresas. Antes lo hacían a la oligarquía del campo; ahora, a los oligarcas tecnológicos. «Incluso dentro de los gobiernos progresistas aparecen estas complicidades, más o menos directas, con los ecosistemas predatorios de las gigantes tecnológicas de Estados Unidos y China», añade.

Lleva ocurriendo varias décadas. Por poner dos pequeños ejemplos, la Junta de Andalucía y la de Castilla-La Mancha decidieron abandonar sus sistemas operativos basados en software libre (Guadalinex y Molinux, respectivamente) para pasar por la caja de Microsoft. Esto ha pasado absolutamente en todos los apartados de la gestión pública y a todos los niveles, desde la ofimática a las políticas de Defensa, desde el ámbito local al europeo. Cuando esta dinámica se mantiene en el tiempo, ya es muy difícil de revertir, y eso sin entrar en los problemas que entraña permitir que una gran tecnológica acceda a los datos del Estado. El diagnóstico es bastante simple: «Cuanto más te metes en la nube, más probabilidades hay de que te hackeen». O de que estas empresas (o directamente el Gobierno de Estados Unidos) se queden con tus datos.

El ejemplo paradigmático sería el de Palantir, empresa que oferta diferentes programas de espionaje que han sido usados en el genocidio de Gaza y en las redadas del ICE. Su objetivo ahora es desembarcar a lo grande en la Unión Europea, infiltrando su software en hospitales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los Estados y todo tipo de servicios públicos. En pocas palabras, sus programas funcionan como una herramienta de análisis de datos que puede conectar diferentes fuentes de información, crear patrones y fijar objetivos. A partir de ahí, apropiarse de los datos privados de los ciudadanos y alimentar con ellos sistemas de vigilancia masiva es coser y cantar. «Obviamente, a los gobiernos les preocupa este nivel de dependencia, pero al mismo tiempo les viene bien tener acceso a estas tecnologías para el control de las poblaciones inmigrantes o para participar en guerras», explica Rikap.

Este es el lado más siniestro y tecnofascista de la dependencia digital, pero hay otro más cotidiano: el entrenamiento de los sistemas de inteligencia artificial con información robada. Y otro que se inserta en la simple lógica capitalista: el conocimiento absorbido por las big techs por su propia preeminencia en el mercado. Este conocimiento sería el equivalente a la plata de América a la hora de forjar su imperio. Para explicar su modus operandi, Rikap recurre al ejemplo de las grandes farmacéuticas: «Muy poca gente sabe que la vacuna contra la COVID-19 de AstraZeneca es en realidad de la Universidad de Oxford. AstraZeneca es la empresa que después se apropió de ese conocimiento, hizo los ensayos clínicos y se la quedó en exclusividad, en parte por las presiones de la Fundación de Bill y Melinda Gates. Y la comercializó de forma privada, aunque los científicos que la descubrieron querían que ese conocimiento estuviera disponible para cualquier laboratorio con posibilidad de desarrollar la vacuna. Algo que, obviamente, en medio de una pandemia, seguramente hubiera sido lo más lógico». Rikap llama a esto «dinámica de monopolización intelectual». Y en el sector tecnológico está a la orden del día.

«Las pequeñas startups están produciendo nuevo conocimiento, pero no tienen la vocación de convertirse el día de mañana en una empresa como Microsoft, Amazon o Google. Aspiran, en el mejor de los casos, a vender su conocimiento a estas tres big techs», explica la economista. Este «extractivismo del conocimiento» se sostiene en los centros de datos, «porque sin centros de datos, no hay lugar donde almacenar ese conocimiento o donde procesar los algoritmos». Y al final, «este proceso de monopolización intelectual», que nació originalmente en universidades, en pequeñas startups o en organismos públicos de investigación, «se traduce en una capacidad de control de grandes porciones del capitalismo global».

Esto ha producido una especie de privatización del mundo que, en cualquier caso, no es nueva. «Esta coalición de gobierno entre las gigantes tecnológicas y Estados Unidos viene ocurriendo desde hace décadas –advierte Rikap–, lo que ocurre es que ahora es más evidente porque la extrema derecha ya no está en los márgenes sino en el centro. Y estas empresas existen porque Estados Unidos las ha favorecido con un arsenal de leyes que van desde el recrudecimiento de los derechos de propiedad intelectual hasta el desmantelamiento de parte de la legislación antimonopolio y el consentimiento de la evasión impositiva a gran escala». Teniendo esto en cuenta, «el tipo de tecnología que hoy tenemos es una respuesta a las necesidades del capital concentrado, a las necesidades de unos gobiernos que se imponen sobre el resto del mundo». Y no se refiere sólo al estadounidense; también incluye al chino.

Revertir esta situación puede parecer imposible por ese fenómeno que Rikap llama «totalitarismo epistémico». Pero hay soluciones. Unas más simples y otras más sofisticadas. Por empezar por la más simple: Rikap propone recuperar todo ese conocimiento robado por medio de los impuestos. Pero también, y esto es más complicado, que la ciudadanía sea consciente de que otras formas de organización son posibles: «La historia de la humanidad demuestra que siempre hemos estado imaginando y creando».

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Los proyectos de edificación de centros de datos para dar respuesta a las empresas tecnológicas ante la creciente demanda de inteligencia artificial (IA) se caracterizan por la opacidad que los rodea. Es lo que sucede actualmente en Fuenlabrada, justo en la parcela en la que hace unos años se erigía la fábrica de Coca-Cola, epicentro de la lucha laboral que consiguió doblegar a la empresa ante el cierre de la factoría y un espacio codiciado por su abastecimiento de agua. 

Por eso esta finca de 195.000 metros cuadrados es tan golosa. Aunque nadie sabe exactamente cómo la planta tecnológica golpeará al mayor recurso natural que existe, cambios de uso del suelo mediante, varias organizaciones sociales y políticas alertan de las consecuencias de un proyecto que desde el Consistorio fuenlabreño venden como “el mayor campus de centros de datos de Madrid”.

Aurora Gómez Delgado es una de las integrantes de Tu nube seca mi río, un colectivo de resistencia ciudadana contra los centros de datos. Ella conoce la dificultad para seguir la pista de estos enclaves que últimamente brotan como esporas en diversas ciudades de toda España. En este caso, según cuenta, llegaron al proyecto de Fuenlabrada por un soplo de una persona afincada en Georgia (Estados Unidos). “Los centros de datos a hiperescala como este están conectados a zonas rurales y de la periferia porque necesitan mucha agua para funcionar y refrigerar sus sistemas de procesamiento”, dice la activista.

De esta forma, las compañías se decantan por lugares conectados con fuertes fuentes de agua y energía, como son los enclaves utilizados en el sector de la cerámica o, en este caso, de la producción de bebidas gaseosas. “Los inversores también buscan que no haya resistencia local, que, en realidad, no existía hace unos años. Pero sí existía la lucha obrera en Coca-Cola, y las resistencias se unen unas con otras”, comenta Delgado.

Hay dos tipos de centros de datos. Por un lado, los propios de los grandes tótems tecnológicos como Amazon, Google y Microsoft. Por otro, aquellos de empresas llamadas de colocación, que se los alquilan a los gigantes digitales. Gómez explica que en Fuenlabrada se erigirá uno de este segundo tipo. “Estamos viendo una subida increíble de esta burbuja especulativa, con muchos fondos de inversión pujando en ella”, comenta. Si todo continúa según lo previsto, esta localidad al suroeste de la capital tendrá un centro de datos propiedad de Thor Equities, dueño del terreno desde 2022.

El agua, siempre la mayor incógnita

La gran pregunta que rodea este proyecto industrial es cuánta agua consumirá. “Tanto investigadoras como periodistas y activistas nos hemos encontrado con que la falta de información es atroz. La opacidad siempre acompaña a los centros de datos”, afirma con contundencia la propia Gómez. 

Los únicos datos oficiales accesibles para la ciudadanía fueron expuestos en las redes sociales del Ayuntamiento de Fuenlabrada el pasado 17 de marzo. En un post, el consistorio gobernado con mayoría absoluta por el socialista Javier Ayala expuso que la empresa británica Apto invertiría 2.000 millones de euros para construir en la ciudad “un gran campus de centros de datos, el mayor de la región cloud de Madrid”, que seguramente después será utilizado por las grandes compañías de Silicon Valley.

El terreno que ocupará alcanza los 195.000 metros cuadrados, que albergarán cinco centros de procesamiento de datos, “alcanzando una capacidad total prevista de hasta 240 megavatios”, añadieron. El permiso de obra ya está aprobado y su construcción comienza “de inmediato”, siempre según la publicación del ayuntamiento fuenlabreño, desde donde aseguraron que se prevé la creación de unos 2.500 empleos.

Sin embargo, el Consistorio no ha contestado a ninguna de las preguntas planteadas por La Marea al cierre de la edición de este artículo sobre cómo han calculado esos dos millares y medio de puestos de trabajo, cuál será el uso del agua por parte del centro de datos y si el Ayuntamiento realizará algún tipo de control al respecto. Tampoco han explicado por qué Fuenlabrada necesita un centro de datos.

Cambios en el uso del suelo

Eva Fuentes Rincón, responsable del área de Ecologismo y Medio Ambiente de Podemos Fuenlabrada, sin representación en el Ayuntamiento, señala: «Hemos pasado de la sorpresa a la preocupación”. Esta vecina de la localidad se pregunta qué necesidades de la población cubrirá la factoría. “No podemos dejar que estos centros de datos se construyan sin una regulación concreta ni que su construcción infle una burbuja especulativa, como ha sucedido con los macroproyectos de energías renovables”, opina.

Desde su partido político, aseguran que ya están analizando si el proyecto cumple con la legislación vigente en todos sus aspectos, pues hay viviendas situadas a apenas 200 metros del enclave que se podrían ver afectadas por el mismo. En este sentido, Fuentes advierte de que tras la marcha de Coca-Cola de Fuenlabrada y después de que vendieran el terreno al fondo de inversión Stoneweg en 2020, la finca ha experimentado diversos cambios en la denominación del uso del suelo. “Desde entonces, habrá triplicado su valor. Ahora mismo el suelo tiene una categoría superior para centros de datos”, explica.

Un acuífero, oro para los centros de datos

La integrante de Podemos enfatiza que en el subsuelo de la finca elegida hay un acuífero, explotado en su momento por Coca-Cola. Lo corrobora Mercedes Pérez Merino, antigua delegada sindical por CC. OO. de la compañía Casbega, franquiciada por Coca-Cola en Fuenlabrada. “Una de las cosas que les movieron a traer la factoría es que había pozos y acuíferos, y muy buenos”, reitera.

Esta administrativa ya jubilada recuerda cómo fueron los propios trabajadores del municipio quienes, al ver cómo la empresa explotaba el agua, reclamaron que repercutiera de alguna forma en la sociedad. “Instalaron una depuradora para que los ayuntamientos de la zona pudieran hacer uso de esa agua para riego y limpieza”, rememora Pérez, quien entró a formar parte de Coca-Cola en la planta de Fuenlabrada en 1983.

La factoría llegó a ser una de las más productivas para la firma transnacional. Sin embargo, decidieron cerrarla. Una lucha ardua de la plantilla y las mujeres de los trabajadores, conocidas como Las Espartanas, consiguieron doblegar a la empresa. El apoyo mutuo fraguó una victoria que se tradujo en un sueldo hasta la jubilación para todos los trabajadores despedidos de unos 2.500 euros al mes, según cifra Pérez.

“Siempre pensé que tras la venta de la factoría había algo que se nos escapaba. Ahora lo entiendo. Esto del centro de datos lo tenían pensado desde mucho antes”, añade la antigua trabajadora de Coca-Cola. Desde su experiencia, considera que la sociedad debería reflexionar sobre los tiempos con los que trabajan las transnacionales, inasumibles para las personas normales, comenta. “Hay que prepararse, porque no dan puntada sin hilo y son insaciables”, concluye.

Una Administración a favor de las empresas

Siempre se puede hacer algo. Para intentar combatir la proliferación de estos centros que tan duramente golpean a su entorno, Gómez subraya que algo que podrían hacer las Administraciones es no favorecer su presencia en el territorio. “Todos los centros disfrutan de legislación especial que hace que la burocracia sea menor y todo vaya más rápido, por lo que a la gente local no le va a dar tiempo a enterarse de lo que pasa”, critica.

La activista añade que esta industria tan pujante goza también de grandes subvenciones públicas a nivel regional, así como de la exención del pago de impuestos como el de bienes inmuebles o el de actividades económicas. “Al menos en España todavía es necesaria una valoración ambiental para dar el visto bueno, porque en otros países se ha retrocedido en eso”, apuntilla.

Desde Tu nube seca mi río concluyen que la aparición de un centro de datos como el proyectado en Fuenlabrada no aporta ningún beneficio para la sociedad. “A mí solo me cabe pensar que de repente los políticos regionales o son muy tontos o hay intereses espurios”, asevera la misma Gómez. 

Según sostiene, tendremos que esperar todavía algunos años para ver si se producen puertas giratorias en este sector. No sería extraño. La antigua vicealcaldesa de Madrid y militante del extinto Ciudadanos, Begoña Villacís, es la directora ejecutiva de Spain DC, la patronal española de centros de datos. No es la única. El nombre de Marcos de Quinto ya marcó la lucha aguerrida de los trabajadores de Coca-Cola y sus mujeres, Las Espartanas, pues él fue vicepresidente a nivel mundial de la compañía entre 2015 y 2017. El antiguo diputado en el Congreso de los Diputados también por Ciudadanos actualmente trabaja para empresas ligadas a la IA, tal y como explica Gómez.

Casos de éxito: proliferan las resistencias

La lucha social, como en tantos otros frentes, comienza a dar sus frutos. Gómez asegura que el año pasado la mitad de los proyectos de construcción de centros de datos se consiguieron ralentizar en Estados Unidos gracias a la presión ciudadana. En otros tantos países se están aprobando moratorias para su edificación, y en Europa hay organizaciones que la reclaman a nivel global. “Es una industria que recién está despegando. Allá donde vamos, nosotras encontramos un grupo que quiere levantarse como resistencia a los centros de datos. Todo el territorio español está plagado de estas resistencias”, concede la activista.

De todas formas, el combate contra los centros de datos empieza desde casa. En un momento en que la IA inunda cualquier dispositivo, la concienciación ciudadana para evitar su uso innecesario se torna crucial. “Una sola búsqueda en un buscador que utiliza la IA implica toda una cadena de suministros que conllevan sufrimiento en otras partes del globo, ya sea por las tierras raras de Ucrania y Groenlandia, el litio en Chile o el coltán en el Congo”, ejemplifica Gómez. Es ella quien concluye: “Los consumos tecnológicos son algo privilegiado que recae en gente menos privilegiada. Hay alternativa al tecnocapitalismo. Hasta la fecha hemos podido sobrevivir sin IA, pero no podemos sobrevivir tres días sin agua”.

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«Pederastas: el problema estructural que no queremos abordar». Nunca nos había costado tanto escoger un titular de portada. Decidimos dedicar un especial a la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes como un ejercicio de autocrítica y responsabilidad. Tras una comida en la que estuvimos hablando de Epstein, nos dimos cuenta de que no teníamos problema en definirlo a él y a sus cómplices como pederastas. Tampoco para aplicar ese término a los miembros de la Iglesia católica que han cometido agresiones sexuales. Las noticias sobre estos casos despiertan indignación y repulsa. Pero ¿cuál es la respuesta ante la violencia sexual intrafamiliar, la que supone un 80% del total? Las víctimas y especialistas que participan en el dossier de nuestro última revista lo tienen claro: silencio.

Una de cada cinco personas sufre violencia sexual antes de cumplir los 18 años, pero muy raramente lo contará y, menos aún, llegará a denunciarlo. Las agresiones que cometen nuestros padres, abuelos, tíos, padrastros, primos, vecinos o cuñados suelen ser secretos familiares que quedan impunes. Para minimizar su impacto, debemos reconocer cómo se manifiesta a través de señales más o menos evidentes. Para ello, hemos recopilado una serie de consejos de expertos para elaborar una guía con algunos indicadores, de tipo físico o conductual, que pueden ayudarnos a detectar posibles casos de violencia sexual contra la infancia y la adolescencia. Puedes descargarla aquí en castellano, catalán, euskera y gallego.

Quizá mientras lees estas líneas, estés pensando en alguien próximo que ha sufrido este tipo de violencia. Tal vez te haya sucedido a ti, la probabilidad es alta. Repetimos: afecta al 20% de las personas menores de edad. En La Marea no vamos a dejar de recordarlo porque los medios de comunicación debemos ser un servicio público.

Otros temas en La Marea 111

Además, fieles a nuestra inclinación por el reporterismo, visitamos Siria y Cuba. Al primer destino acudimos de la mano de Núria Vilà Coma, quien visita una escuela a las afueras de Damasco para ver cómo se han reanudado las clases después de la guerra civil y de la caída del gobierno de Bashar al Asad.

A la isla caribeña nos acercan Patricia Simón y el fotoperiodista Alex Zapico. Cuba vive momentos de tensión por el estrangulamiento energético al que está sometida por parte de Estados Unidos, que además amenaza con una invasión. Los cortes de electricidad son continuos y el éxodo de personas jóvenes es imparable.

Marco Dalla Stella firma un reportaje sobre la inteligencia artificial aplicada al armamento. Esta IA señala objetivos para los bombardeos en Irán y actualmente carece de regulación. La masacre provocada por el ataque estadounidense a una escuela de niñas en Minab expone los riesgos de su utilización.

Asimismo, Guillermo Martínez charló con el historiador Gutmaro Gómez Bravo sobre el final de la guerra civil española, el tema de su último ensayo. En él trata todos los pormenores del fin de una contienda que necesitó de la rendición y de la entrega del bando republicano. Es decir, que Franco no ganó heroicamente en el campo de batalla, sino con espionaje y tejemanejes de despacho.

Sebastiaan Faber, por su parte, conversó con la periodista Raina Lipsitz, autora de un libro titulado The Rise of a New Left que trata sobre los movimientos de la izquierda juvenil en Estados Unidos. Para prosperar, esta izquierda ha tenido que enfrentarse no sólo al trumpismo, sino al establishment del Partido Demócrata. La victoria de Zohran Mamdani en Nueva York es uno de sus triunfos más sonados.

Nos ocupamos también de la conservación de los océanos, elaboramos un bazar con productos e iniciativas de carácter ecosocial, os contamos la fascinante historia de la pintora Fanny Gonmar y, como siempre, viajamos a uno de los lugares que siempre está en nuestro corazón: los campamentos saharauis en Argelia. Allí, Miguel Ángel Fernández firma un reportaje sobre una original forma de cultivar hortalizas frescas en pleno desierto.

En El Periscopio, nuestro suplemento cultural, abordamos el uso de la inteligencia artificial para realizar traducciones literarias, cuya popularización está poniendo en peligro a un sector ya muy precarizado que propone alternativas. También viajamos a Avilés, donde tendrá lugar una Bienal de Arte dedicada al cambio climático. Y hablamos con la escritora Laura Ortiz Gómez, autora de una novela atípica y deslumbrante sobre la lucha de clases: Indócil. El broche de oro para el suplemento es un relato de la escritora Elvira Navarro.

Como ves, La Marea en papel vuelve cargada de temas interesantes y también incómodos. Así debería ser siempre el periodismo. Así intentamos hacerlo. Ayúdanos a seguir en la brecha. Compra la revista. Suscríbete.

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JULIA CASTILLO // ¡¡¡Ay si la buena mujer levantara la cabeza!!! La Sirvienta, la película, nos acerca a la figura de Vicenta María López de Vicuña, fundadora de Congregación de Religiosas de María Inmaculada, y aunque la producción de Pablo Moreno apareció en el listado de candidatas para la 38ª edición (2024) de los Goya, no obtuvo ninguna nominación final por parte de la Academia de Cine.

La sinopsis, según Filmaffinity, es la siguiente: “La historia de Vicenta María López Vicuña, fundadora de las Religiosas de María Inmaculada, que desde hace más de 150 años llevan dedicadas a la promoción de las mujeres que salían de sus pueblos para labrarse un futuro mejor en el servicio doméstico de la capital. La historia real de una mujer, de muchas”.

Huelga decir que no pienso verla. Mi tiempo, cuanto más vieja me hago, más valioso lo considero. Es por ello por lo que no pienso perderlo, al menos conscientemente. Con la sinopsis tengo suficiente.

Pues bien, os cuento cómo llegué a esta buena mujer. Hay, en mi pueblo (me disculpen los habitantes de esta preciosa ciudad de Coruña por llamarle pueblo, pero considérenlo una licencia poética), un edificio al que siempre le tuve cierto apego y, más que nada, me provocaba mucha curiosidad. Supe de él porque un familiar muy cercano estuvo por allí, en el edificio que ocupaba ese solar antes del actual, hace más de 70 años, y contaba historias que, pasando el tiempo, cada vez me encajaban menos.

Años después, casualidades de la vida, residiendo en Madrid, conocí a una mujer que me contó historias que, en principio, nada tenían que ver con el lugar, pero de alguna manera me llevaban a él. Y la mente no engaña. Razones tiene que no siempre entiende tu razón.

Transcurridos unos 10 años más, terminamos, ella y yo, frente a ese edificio hablando de ese edificio, y de algún otro muy similar, también situado en Coruña. No me digáis que no tenéis curiosidad por conocer la historia.

Pues bien, si no la tienes deja de leer ahora mismo. No pierdas el tiempo porque quien no quiere saber no merece saber.

….

El actual edificio empezó a funcionar allá por los años 70 y albergó, hasta hace nada y menos, a una de estas congregaciones “asociadas” al Patronato.

Lugar que fue uno de los –estimados, porque no existen datos oficiales (curiosamente casi todos los archivos se quemaron unos y otros se mojaron en sendos incendios e inundaciones)– cerca de 900, sí, sí, 900 centros religiosos, esparcidos por todo el territorio español, donde el Patronato de Protección a la Mujer rescataba a chicas, caídas o en riesgo de caer, mandacarallo con el eufemismo. Literal y oficialmente, su fin era la «dignificación moral de la mujer» para erradicar la prostitución y el vicio.

Ah, ¿no sabes qué era el Patronato ese?

Pues te aconsejo que busques los libros de Consuelo García del Cid Guerra y te los leas todos. Los de ella y los de otras mujeres, también supervivientes de esta Gestapo a la española, como ellas le llaman.

El Patronato (que sin la complicidad de varias congregaciones religiosas jamás habría existido), aunque oficialmente se fundó en 1941 auspiciado por el ínclito y dependiente del Ministerio de Justicia y, también oficialmente, desapareció en 1985, no se fundó ese año sino que era originario del siglo XIX y, como veréis, desapareció ya próximo al siglo XXI, y eso si no tenemos en cuenta que esas congregaciones se hicieron una operación de cirugía estética, en diferentes clínicas, y siguen con sus prácticas de “ayuda social” con el beneplácito de los gobiernos, sean del color que sean, y financiadas con nuestros impuestos y/o con fondos europeos de los que tocará devolver, también con nuestros impuestos.

Huelga decir que el “contubernio judeomasónico” se daba entre Iglesia y Estado, ¿verdad? ¿Se daba…hummm?

Pero te adelanto unos cuantos datos para ponerte en situación transcribiendo parte de un artículo, publicado en BBC.com, donde Marina narra lo que su madre le contó de su pasado en uno de esos centros.

“… Días después voló a Madrid con su padre. Allí, la llevaron directamente a otro convento, perteneciente al sistema del Patronato, dependiente del Ministerio de Justicia español. A ella y a las demás mujeres internadas las clasificaron y segregaron. Mariona cuenta que acabó en la primera planta, reservada para ‘las rebeldes, las que consideraban mujeres de mala vida'».

El Patronato tenía potestad para detener a cualquier mujer menor de 25 años que no se ajustara a las normas. No eran delincuentes, sino mujeres consideradas necesitadas de «reeducación». Pero Mariona nunca supo las historias de las demás jóvenes con las que estuvo confinada.

«No nos dejaban hablar. Es increíble», cuenta. «Y te preguntas, ¿cómo lo conseguían?».

A las internas solo se les permitía intercambiar saludos sencillos entre sí, una forma de control y una manera de evitar que las chicas «malas» influyeran en las demás.

«Lo que no podías hacer era llegar a conocer bien a otra chica», dice Mariona. «Porque entonces te separaban: enviaban a una de nosotras a otro dormitorio, o incluso a otra institución».

Cree que había alrededor de cien internas en el convento. Dormían veinte por habitación, con una monja en un extremo, y la puerta cerrada con llave. La rutina diaria era agotadora: oraciones, misa, limpieza del convento y luego horas en un taller confeccionando ropa para comerciantes locales. Mientras las chicas cosían, una monja leía en voz alta para que nadie hablara.

«Había adoctrinamiento», recuerda Mariona. «Para que entendieras que te habías portado muy mal. Entonces, una vez que te dabas cuenta de esto, pedías perdón y te confesabas”.

Por cierto, de esta historia salió un cortometraje que sí obtuvo un Goya el año siguiente (2025) y varios premios más.

Y esto no es nada, porque esta chica, llevada allí por sus propios padres para que fuera reeducada dentro de la fe católica, para que fuera una buena mujer y dejase de ser “roja”, era solo una variedad, por llamarle de alguna manera. Porque, para terminar en alguno de aquellos centros, les sobraban pretextos.

Las mujeres que acababan allí lo hacían por motivos que el propio Patronato de Protección a la Mujer clasificaba como “desviaciones morales” o “riesgo social”. En la práctica, bastaba con encajar en alguno de estos perfiles:

1. Prostitución o “riesgo de prostitución”. Era la categoría principal. El propio Patronato hablaba de mujeres “caídas o en peligro de caer”.
2. Madre soltera o embarazo fuera del matrimonio. Especialmente si la familia denunciaba la situación o pedía “reeducación”. Incluso cuando su embarazo era consecuencia de una violación. Hubo muchas mujeres que fueron violadas por sus propios padres y las que acababan encerradas eran ellas, gozando ellos de plena libertad incluso para visitarlas y embarazarlas de nuevo. Lee, lee lo que cuentan ellas.
3. Conducta considerada “inmoral”. Una categoría muy amplia que podía incluir: relaciones sexuales, fuera del matrimonio, salir de noche, vivir sola, mantener relaciones con hombres sin permiso familiar.
4. Rebeldía o conflicto familiar. Padres o tutores podían pedir la intervención del Patronato para “corregir” a una hija.
5. Vagancia o desamparo. Chicas pobres, sin trabajo o consideradas “sin control familiar”.
6. Huérfanas o menores tuteladas. Muchas procedían de instituciones de beneficencia.
7. Hijas de presos o de familias republicanas. Esto aparece en bastantes testimonios de posguerra.
8. Lesbianismo o sospecha de homosexualidad. Considerado desviación moral.
9. Víctimas de abuso o violación. Como aclaré en el punto 2. Paradójicamente también podían acabar internadas por considerarse “deshonradas”.
10. Denuncias policiales o vecinales. La policía podía poner a disposición del Patronato a mujeres consideradas “escandalosas”.

Todas ellas eran seleccionadas, incluso con prueba de virginidad. Completa o Incompleta, aparecía en el resultado de ese examen. Ahí eras clasificada, dependiendo de este importante dato, pero también si estabas embarazada porque terminabas en centros como La Maternidad de Peñagrande en Madrid, donde, casualmente, morían bebés de los que nunca aparecieron los restos.

Si sigo escribiendo puedo llenar páginas, pero ellas ya lo cuentan mucho mejor que yo, ellas, LAS SUPERVIVIENTES.

Síguelas, búscalas, léelas… aprende historia de tu país. Es conveniente. Ah, y la relación de esa señora, de la que encabeza mi artículo, con todo esto es… la congregación que moraba en el edificio situado en la calle Santiago, nº 1 de esta ciudad… Vinculado al Patronato de Protección a la Mujer.

Y quien te diga lo contrario…

MIENTE.

Gracias por leer hasta aquí. Si te interesa saber más, busca documentales, artículos y, sobre todo, los libros escritos por las supervivientes.

La entrada ¡Incompleta! se publicó primero en lamarea.com.

Este artículo forma parte El Periscopio, el suplemento cultural de la revista La Marea. Puedes conseguir un ejemplar aquí o suscribirte en nuestro kiosco.

El Museo Reina Sofía inauguró hace unos meses una de las exposiciones imperdibles de la temporada, «Máscara y compás», una retrospectiva inmensa de la no menos inmensa pintora gallega Maruja Mallo. La muestra, que primero estuvo expuesta –en una versión reducida– en el Centro Botín de Santander, está llamada a reivindicar una figura fundamental para entender el arte español de las primeras décadas del siglo XX.

En este texto, sin embargo, no me voy a detener a hablar de su pintura, no voy a analizar sus fantásticas Verbenas, ni sus monumentales retratos, ni sus misteriosas y cosmológicas pinturas geométricas. Más allá del innegable valor plástico y estético de su obra hay algo en esta exposición mucho más conmovedor, algo que, en estos tiempos nuestros, se torna imprescindible: la idea de que un mundo nuevo por venir es posible.

Maruja Mallo fue una de las artistas que dio forma a ese nuevo mundo. Un mundo que en la España de entonces había visto su materialización política en la Segunda República. Un nuevo sistema que necesitaba de un lenguaje artístico acorde con esa realidad resplandeciente.

A una humanidad nueva corresponde un arte nuevo porque una revolución artística no se contenta solamente con hallazgos técnicos. El verdadero sentido que hace un arte nuevo integral es, además de un conocimiento científico sólido y de un oficio manual seguro, la aportación de una iconografía para una religión viva, para un nuevo orden.

En la exposición puede verse la fantástica entrevista que Paloma Chamorro le hizo a la artista en 1979 en el programa Imágenes. En un momento de la entrevista vuelve a aflorar esta idea:

–Tú has sido pionera de muchas cosas, también del bikini, ¿no?

–Todo porque nosotros teníamos una intuición de lo que nos gustaba y resulta que lo que nos gustaba era un pronóstico para otra época de devenir, aunque fuera prohibida y mal vista por las familias y la sociedad contemporánea.

Esa esperanza de un futuro «mejor», más luminoso, está constantemente presente en esta exposición. El sentimiento, ese ideal utópico que compartían muchos en los inicios de la década de los años treinta en España y que con la proclamación de la Segunda República pareció, por un brevísimo periodo de tiempo, hacerse realidad. E incluso se mantuvo cuando ya había estallado la guerra. Dice Maruja en esa entrevista con Paloma Chamorro: «[En 1932] yo entonces estaba muy esperanzada por una España muy luminosa, muy renovada».

El mundo en 1930 acababa de atravesar una guerra –la Primera Guerra Mundial– de una magnitud nunca vista hasta ese momento y una crisis económica brutal –la Gran Depresión, que empieza en 1929– que sumió a Europa en un agujero que alimentó al monstruo de los totalitarismos y la nueva guerra. En España, después de la dictadura de Primo de Rivera y el fracaso monárquico de la Restauración, la Segunda República se intuía como un momento de esperanza, de abandonar por fin la oscuridad en la que históricamente había estado sumido el país, de cambio, de progreso, del triunfo de la luz y la razón frente a la superstición y la oscuridad. Toda esa energía está muy presente en esta increíble exposición.

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La exposición «Máscara y compás», de Maruja Mallo, puede verse en el Museo Reina Sofía de Madrid hasta el próximo 16 de marzo.

La entrada Una pintura de otra época por venir se publicó primero en lamarea.com.

LUCÍA CASADO* / El 8 de marzo, día internacional de las mujeres trabajadoras, va a celebrase este 2026 en uno de los contextos políticos más reaccionario de las últimas décadas. Crisis económica, social y cultural, ofensiva contra las condiciones de vida y los derechos políticos de la clase trabajadora, guerras imperialistas y rearme, auge electoral y callejero de la extrema derecha y refuerzo del carácter autoritario de los Estados. Y en este marco, el machismo y la misoginia se presentan como uno de los ejes centrales del proyecto reaccionario: defensa del modelo de familia burguesa, jerárquica y heterosexual, donde se canonizan los roles de género, se subordina a las mujeres y se castiga, margina o patologiza a quienes se apartan de ese modelo. 

Frente a esta ofensiva, el feminismo, tanto en su vertiente institucional como en su faceta movimentista o de base, se ha mostrado impotente. No es que el feminismo “haya llegado demasiado lejos”, como proclaman las nuevas derechas para justificar su programa reaccionario, sino que este no ha sido capaz de ir lo suficientemente lejos como para enfrentarlas ni para avanzar de manera efectiva hacia la emancipación real de las mujeres trabajadoras. El abandono del horizonte de superación del capitalismo, y, por tanto, también de la articulación del programa estratégico y la construcción de las herramientas necesarias para ello, ha conducido así a la desorganización, desmovilización y desilusión de sus bases, dejándonos inermes frente a la reacción en marcha.

La situación se agrava especialmente para las mujeres proletarias. Se nos asignan los empleos más precarios y peor remunerados, a menudo en condiciones de informalidad y sin derecho a jubilación ni paro. Persisten la brecha salarial y la parcialidad forzosa. Se deterioran los servicios públicos (como parte del saqueo al fondo de salario) y se privatizan los cuidados, trasladando aún más carga a nuestras espaldas, mientras el coste de la vida y de los bienes básicos se dispara y los alquileres se vuelven inasumibles.

Por si todo esto no fuera poco, seguimos encontrándonos con casos tan brutales y repugnantes como el caso Epstein. Casos que no son anomalías aisladas, sino que constituyen la expresión de una realidad tan antigua como persistente: la oligarquía goza de total impunidad para ejercer violencia sexual contra niñas y mujeres pobres. La sociedad de clases capitalista crea las condiciones materiales, jurídicas e ideológicas para que la explotación sexual de las mujeres proletarias pueda organizarse, encubrirse y perpetuarse en las altas esferas del capital. 

En la misma lógica se inscriben los asesinatos y agresiones machistas de las que son acusados policías. Pese a la resistencia sistemática de los gobiernos a investigar, es un secreto a voces que los cuerpos policiales concentran una parte significativa de estas violencias y disfrutan de un alto grado de impunidad. Si consideramos que cualquier agresión machista es extremadamente difícil de nombrar y denunciar, las mujeres trabajadoras quedan completamente desprotegidas frente a las instituciones del Estado capitalista, cuyo papel esencial es mantener la sociedad de clases y, por tanto, perpetuar la violencia necesaria para sostener el poder de los capitalistas.

Esta realidad ha sido omitida por la socialdemocracia en el Gobierno y por el llamado “feminismo institucional” o “feminismo ministerial”. Estos se han erigido como referentes de la lucha contra la violencia machista, mientras sus medidas se han centrado en endurecer el Código Penal y reforzar los cuerpos de seguridad, lavando la imagen de la policía y presentándola como “defensora de las víctimas”, como si más patrullas en nuestros barrios y más agentes formados en “perspectiva de género” fueran a frenar la violencia machista. Pero reforzar a la policía del Estado capitalista es una medida abiertamente antiproletaria: esos recursos no se destinan a combatir las raíces materiales y estructurales de la violencia de género, sino a reforzar el control social sobre nuestra clase. Se emplean en hacer redadas en nuestros barrios, en aporrearnos en las manifestaciones donde defendemos derechos como el aborto y en ejecutar desahucios, incluso cuando esa vivienda sea el único reducto que nos separa a nosotras mismas y a nuestras hijas de un maltratador.

Ahora bien, las limitaciones del feminismo no se agotan en su ala institucional, pues el proyecto feminista en su conjunto comparte límites estratégicos que lo condenan a la impotencia. 

Uno de esos límites tiene que ver con el sujeto. Por definición, el feminismo renuncia a organizar a la clase trabajadora como sujeto para centrase en la organización de las mujeres en sentido amplio. Lo que implica defender intereses esencialmente sectoriales e interclasistas, frente a la posibilidad de defender intereses universales.

Lo hemos visto históricamente con el acceso al aborto y otros derechos sexuales y reproductivos, negados de facto para las mujeres pobres. Lo vemos en casos como el de Epstein, que se dan con total impunidad a causa de la dependencia económica de las víctimas. Lo vemos en la posibilidad de alejarse de un padre o una pareja que nos maltrata, o de dejar un trabajo en el que soportamos a un jefe acosador. La realidad material dicta que las conquistas del feminismo solo las puede ejercer efectivamente quien puede pagarlas, esto es, las mujeres burguesas y de clases medias, mientras las mujeres trabajadoras continúan sufriendo las formas de explotación y opresión más intensificadas.

Además, el feminismo, con independencia de la variante en la que se enmarque («interseccional», «anticapitalista», «autónomo» o «de clase», entre otros), no tiene un proyecto de sociedad que pueda contraponer al proyecto capitalista. Así pues, ha renunciado a conquistar el poder político y a construir un «Estado de todos los oprimidos y oprimidas» que pueda recibir y aplicar sus demandas. De esta forma, y pese a que las individualidades que lo compongan puedan oponerse al Estado y al reformismo, el feminismo se ve obligado una y otra vez a dirigir sus demandas al mismo Estado que sostiene la propiedad privada, protege a la patronal y administra la violencia sobre nuestra clase, confiando en que desde ahí se concedan unas mínimas reformas que siempre llegan filtradas por la lógica de la desigualdad y la dominación.

De este modo, el feminismo, lo quiera o no, termina funcionando como un engranaje de legitimación del Estado capitalista: al tener que dirigir a este sus demandas como único receptor legitimado, las reformas que se obtendrán estarán inevitablemente condicionadas por la lógica de la sociedad de clases. Y esto no solo neutraliza cualquier potencial revolucionario de las reivindicaciones feministas, sino que, además, sirve al Estado capitalista para mejorar su imagen, maquillar su carácter violento y opresor y ajustar su dominación a los tiempos y necesidades actuales.

No obstante, el feminismo ha logrado visibilizar y desnaturalizar múltiples formas de violencia machista, generando información y politizando a toda una generación de jóvenes entre 2016 y 2020. Nosotras venimos de ahí y reconocemos ese legrado progresivo. Sin embargo, como proyecto, hemos llegado a la conclusiónde que estecarece de la capacidad para enfrentar y revertir el actual auge reaccionario y, sobre todo, para conquistar derechos de manera estable para todas las mujeres, de los que tienden a quedar excluidos las mujeres de clase trabajadora y el proletariado LTBIQ+.

La conclusión que se impone es sencilla: no habrá fin de la opresión de género sin fin del capitalismo. Y, por lo tanto, no hay lucha por la liberación de las mujeres efectiva y real que no pase a su vez por una lucha contra el sistema capitalista.

Superar este sistema implica, primero, reconstituir a la clase trabajadora en partido propio e independiente, una fuerza social disciplinada y arraigada en los centros de trabajo, en los barrios y en la juventud; y, segundo, en que ese partido conquiste el poder político, derribe el Estado de los capitalistas y levante un nuevo Estado que organice la transición hacia el socialismo, una nueva forma de organizar la sociedad en la que las bases de todas las formas de opresión y explotación son progresivamente eliminadas.

En ese nuevo poder de clase, la abolición del capital no es una consigna vacía, sino un programa concreto: expropiar a los grandes propietarios, planificar la economía según las necesidades sociales y eliminar de raíz las condiciones materiales y subjetivas que hoy obligan a tantas mujeres a soportar maltrato, precariedad y humillación. Pues solo de esta forma los derechos conquistados dejan de depender de nuestra posición de clase y su acceso se vuelve realmente universal.  

Este planteamiento implica que la emancipación de las mujeres trabajadoras debe ser obra de ellas mismas, codo con codo con el resto de su clase. A través de un movimiento que no se conforme con gestionar la violencia, la desigualdad y el miedo, sino que se proponga destruirlos de raíz. Lo cual exige un programa claro que, en el ámbito de género, implica abolir la familia, socializar el trabajo doméstico y garantizar una verdadera emancipación en el ámbito sexual. 

Nada de esto será posible sin un cuerpo militante en continuo aprendizaje y expansión. Un cuerpo capaz, por un lado, de reconocer y abordar las distintas subjetividades presentes en el interior del proletariado, para poner fin a cualquier forma de violencia intraclase y garantizar su unidad. Y, por otro lado, capaz de fortalecer su organización, expandirse territorialmente, e intervenir y confrontar cada agresión machista y expresión de la opresión de género, construyendo además una infraestructura que combata de manera efectiva las violencias, las agresiones y las distintas expresiones de explotación.

El reto no es menor. Conocemos la dureza y la crudeza de las violencias, desigualdades y aislamiento que padecemos las mujeres proletarias. 

Por eso nos toca estar a la altura de las circunstancias y del reto histórico que las militantes revolucionarias tenemos por delante: levantar un proyecto socialista que haga de la emancipación de las mujeres trabajadoras una tarea central de toda la clase, sabiendo que solo un movimiento consciente podrá arrancar de raíz la opresión de género y cualquier otra forma de dominación de la que el capital se alimenta para sobrevivir.

Contra el capitalismo, el machismo y el fascismo: las mujeres trabajadoras vamos a estar en primera línea. Que nuestros enemigos sepan que, si ellos avanzan, nosotras avanzaremos también.

Lucía Casado es militante del Movimiento Socialista. 

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