En julio de 2025, el Gobierno británico declaró «organización terrorista» e ilegalizó Palestine Action, un grupo que ha llevado a cabo diversas acciones directas (sin causar daños personales) contra la industria armamentística que suministra armas al ejército de Israel. Actualmente, hay 33 presas preventivas vinculadas a acciones de Palestine Action, consistentes en entrar en una fábrica de armas o en una base aérea y vandalizar con pintura las instalaciones. Y de estas 33, ocho se encuentran en huelga de hambre, algunas desde hace cincuenta días.
La acción comenzó como protesta por restricciones a la comunicación postal, llamadas y visitas, y los activistas exigen el cierre de todas las empresas del sector militar vinculadas con el régimen de Israel, la revocación de la ilegalización de Palestine Action y la libertad bajo fianza de los presos. Se trata de la mayor huelga de hambre coordinada en prisiones británicas desde la organizada por presos del IRA en 1981.
La salud de las presas peligra seriamente. Kamran Ahmed, de 28 años, lleva 44 días sin ingerir alimentos; Amy Gardiner-Gibson, conocida como ‘Amu Gib’, de 30 años, ha superado ya los 50 días de huelga; en idéntico sentido, Qesser Zuhrah, de 20 años, también lleva más de 50 días de huelga. Las tres se encuentran hospitalizadas y sus vidas corren peligro. En una entrevista publicada el 21 de diciembre por The Daily Telegraph, Ahmed aseguró desde su celda que “vale la pena” arriesgar la vida si ello contribuye a “rebajar la opresión en el extranjero”. “Sí. Tengo miedo de morir. Sí. Creo que esto podría tener secuelas para el resto de mi vida, pero veo riesgo-beneficio y creo que merece la pena”, declaró.
Desde que se ilegalizó Palestine Action, más de 2.500 personas han sido detenidas por visibilizar su apoyo al colectivo y/o a las presas en huelga de hambre, ya sea con pancartas o camisetas. El caso más reciente ha sido el de Greta Thunberg, detenida el 23 de diciembre por sentarse en la calle con una pancarta que leía «Apoyo a los presos de Palestine Action. Me opongo al genocidio«.
Los medios de comunicación mainstream británicos están tratando de ignorarla, pero en Reino Unido se está llevando a cabo la mayor huelga de hambre coordinada desde 1982, cuando los presos republicanos irlandeses se negaron a comer para hacer valer sus reivindicaciones.
Seis son las personas detenidas y en prisión preventiva que se encuentran actualmente en huelga de hambre en Gran Bretaña. Son activistas del grupo Palestine Action, clasificado como “organización terrorista” por el gobierno británico en julio de 2025, después de que varios de ellos allanasen una base aérea en Oxfordshire y vandalizasen una fábrica, cerca de Bristol, de Elbit Systems, uno de los mayores fabricantes de armas israelí. Acerca de la clasificación como organización terrorista, varios grupos de derechos humanos internacionales y Naciones Unidas ya lo han considerado como “desproporcionado”.
A los activistas detenidos, algunos de los cuales llevan ya 50 días sin comer —dos han tenido que ser hospitalizados en las últimas horas y dos más tuvieron que abandonar la protesta por motivos severos de salud— se les acusa de daños criminales, robo y disturbios violentos. Si bien el sistema de prisión preventiva británico prevé una pena de seis meses, si nada cambia, para cuando se lleve a cabo el juicio de estos activistas, habrán pasado más de un año en prisión preventiva. Desde que Palestine Action fuera declarada organización terrorista, la policía británica ha arrestado a más de 1.600 personas relacionadas con el grupo.
Más de 50 días de huelga de hambre y unas demandas claras
Esta es la manera que estos ocho detenidos, activistas de Palestina Action, han decidido protestar por su detención y por los cargos que se les imputan. Desde Palestine Action se asegura que los detenidos están sometidos a restricciones comunicativas y a interferencias por parte de las administraciones penitenciarias: “La censura dentro de las prisiones es una herramienta de control utilizada para castigar la resistencia. Las cartas, las llamadas telefónicas, las declaraciones políticas, los libros y cualquier otra forma de expresión deben ser respetadas”, se puede leer en su web.
También se exige la liberación de las personas presas hasta que se produzca el juicio y que este sea justo. Un juicio que, según dicen, “no podrá realizarse hasta que se publiquen íntegramente todos los documentos relevantes de nuestros casos. Esto incluye todas las reuniones entre funcionarios estatales británicos e israelíes, la policía británica, el fiscal general, representantes de Elbit Systems y cualquier otra persona involucrada en la coordinación de la continua caza de brujas contra activistas y activistas”. El grupo ha pedido que se publiquen todos los registros gubernamentales de todas las exportaciones de Elbit Systems UK de los últimos cinco años. “Tenemos derecho a saber qué armas se fabrican y exportan desde el Reino Unido, especialmente cuando se utilizan para cometer genocidio”, destacan. Una de las demandas con más peso es la retirada de todos los cargos que relacionan a los activistas con el terrorismo y que se saque a la organización de la lista de grupos terroristas, porque “la acción directa no es terrorismo”, insisten desde la organización.
Por último, Palestine Action pone en el punto de mira en sus demandas a la filial británica de Elbit Systems, el mayor fabricante de armas de Israel. Según cuentan ellos mismos, desde 2012, Elbit ha obtenido 25 contratos públicos en el Reino Unido por un total de más de 355 millones de libras. A pesar del genocidio iniciado el 7 de octubre de 2023 y de saberse que esas armas se usan en Gaza contra la población Palestina, el Ministerio de Defensa británico tiene intención de continuar firmando contratos con la empresa mencionada. A este respecto, la organización pide que se rescindan los contratos con Elbit y que se deje de usar “el dinero de los contribuyentes para financiar la maquinaria genocida”, además del cierre de todas las instalaciones de Elbit Systems en el Reino Unido.
En peligro el derecho a la protesta
En el Reino Unido, las manifestaciones contra el genocidio en Gaza han sido, como también ha sucedido en otras capitales europeas, masivas. Las marchas para exigir el embargo de armas israelíes y el fin de las relaciones con Israel han tomado Londres y otras ciudades británicas en diferentes ocasiones a lo largo de estos más de dos años de campaña genocida de Israel en Gaza.
Si bien el pasado 21 de septiembre, en una declaración coordinada, el Reino Unido, Canadá y Australia reconocían oficialmente a Palestina, en el caso del primero, la represión contra la ciudadanía que defiende la causa ha sido titular en los medios de comunicación en varias ocasiones. La consideración de Palestine Action como grupo terrorista no solo afecta a la protesta contra el genocidio, destacan juristas y sindicalistas, sino que interfieren en el derecho a la protesta pacífica.
“La prohibición de Acción Palestina en el Reino Unido confunde la libertad de expresión con actos de terrorismo”, aseguró el pasado 25 de julio el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien instó a las autoridades del país a revocar la decisión.
El Reino Unido prohibió Palestine Action bajo la Ley de Terrorismo del año 2000. Según esto, ser miembro de la organización o expresar apoyo de manera pública puede ocasionar sanciones penales, incluyendo multas y penas de prisión de hasta 14 años. En aquel momento Türk advirtió que la decisión le parecía “desproporcionada”, “innecesaria” e “inadmisible” y que contravenía “las obligaciones internacionales del Reino Unido en materia de derechos humanos”.
También en Alemania se está produciendo una situación similar: el pasado 8 de septiembre, cinco personas entraron en las instalaciones de Elbit Systems en la ciudad de Ulm, en el sur del país. La acción no violenta consistió en grabar una una serie de vídeos a rostro descubierto con varias demandas. La principal era el cierre de la fábrica de Elbit Systems en Ulm.
Los activistas, de diferentes nacionalidades —irlandesa, británica, alemana y argentino-española— fueron detenidos el mismo día y no opusieron resistencia. Desde entonces permanecen encerrados en prisión preventiva y han denunciado abusos y denegación de derechos, como la obligación de permanecer sólo con ropa interior, la ausencia de abogados durante los interrogatorios o incluso la imposibilidad de reunirse con ellos. También vienen denunciando condiciones de aislamiento, trato inadecuado y una estricta vigilancia de sus comunicaciones, entre otros.
Hace un poco más de un año, el 18 de noviembre de 2024, la policía antiterrorista griega detuvo al anarquista Nikos Romanós. Según informaba Indymedia Atenas, la detención estaba relacionada con la investigación policial que se desató tras la muerte del anarquista Kyriakos Ximitiris, ocurrida por una explosión en un apartamento del barrio Ampelokipoi, en Atenas, el pasado 31 de octubre, hecho que también dejó herida de gravedad a su compañera Manianna M. Estos hechos ocurrieron en vísperas del aniversario de la Revuelta Griega, los disturbios griegos que estallaron en 2008 contra la violencia policial, la crisis económica y sus nefastas consecuencias sobre la clase trabajadora.
Diciembre de 2008: el asesinato de Alexis
La Revuelta Griega comenzó el 6 de diciembre de 2008, después de que Alexis Grigoropulos, joven anarquista de 15 años, fue asesinado por un policía en el combativo barrio ateniense de Exarchia. Este suceso fue el detonante de manifestaciones que expresaron rabia, dolor y odio a la policía, las cuales desembocaron en un movimiento de autoorganización en el que las huelgas generales, la ocupación de edificios públicos y los enfrentamientos con la policía tuvieron un gran protagonismo, pero que fueron acompañados de otras acciones como la creación de espacios de apoyo mutuo (como ejemplo se encuentra la gestión de popular de hospitales). Fue la movilización popular más potente de Europa en esa década, con el espacio anarquista y antiautoritario en su núcleo.
Nikos, amigo y compañero de la misma edad de Alexis, fue testigo presencial del asesinato de éste. Así lo relataba en una entrevista incluida en el libro publicado por la Editorial Klinamen ¡Maderos, cerdos, asesinos! Crónica del diciembre griego:
“Alexandros estaba frente a mí y yo estaba detrás, a su derecha. Cuando los policías se pararon en Zoodochou Pigis y Tzavella tenían ya las manos, la izquierda o la derecha, no recuerdo, en sus pistolas, que estaban en la funda que cuelga del cinturón. Alguien detrás de mí lanzó una botella de plástico que, naturalmente, no les llegó a alcanzar. Me olvidé decirte que cuando vi a la poli empezaron a gritarnos a mí y a Alexandros, diciendo “me cago en la virgen, ven aquí y te enseñaré quien es más duro” y cosas así. Los chicos de detrás de nosotros les gritaban a los maderos “fuera” o “iros a tomar por el culo”…
Cuando lanzaron la botella de plástico, los policías, los dos si no me equivoco, sacaron las pistolas, apuntaron al frente, es decir, hacia donde estábamos Alexandros, yo y el otro, y se escucharon tres disparos. Se me había olvidado deciros que estoy seguro de que uno de los dos policías sujetaba el arma con las dos manos. Entonces vi –y estoy completamente seguro– que los policías no estaban disparando ni al aire ni al suelo. ¡Apuntaban hacia donde estábamos y dispararon!
Alexandros cayó, si no me equivoco, tras el primer o segundo disparo; seguro que antes del tercero… Después, no sé lo que pasó. La gente gritaba y alguien le levantó la camiseta a Alexandros. Pude ver que tenía un agujero en medio del pecho, un poco hacia el corazón, y que había sangre en la herida…
Los policías que dispararon, cuando vieron a Alexandros caer, salieron corriendo. No sé hacia qué dirección… Entonces llegó la ambulancia y subió a Alexandros, muerto. Lo digo porque no tenía pulso y le salía sangre de la boca.”
«Alexandros Grigoropoulos, siempre presente»
La versión policial sostenía que los agentes habían sufrido una emboscada y que habían disparado al aire como advertencia. Incluso llegaron a difundir por televisión un vídeo del asesinato completamente manipulado, añadiendo el sonido de cristales rotos y disturbios antes de los disparos (como si eso justificara matar a tiros a un adolescente). Pero, finalmente, quedó claro que había sido una acción a sangre fría e incluso el Gobierno se vio obligado a dar la espalda a los policías y suspenderlos. Finalmente, Epaminondas Korkoneas, el autor del disparo, fue condenado en 2009 a cadena perpetua por homicidio intencionado al desoír las órdenes de replegarse y por disparar conscientemente en dos ocasiones contra el joven con la intención de matarle.
Durante el juicio, Nikos Romanós se desmoronó, empezó a llorar desconsoladamente al ver al asesino de su amigo Alexis y fue incapaz de prestar declaración testifical. Fue citado para declarar en otra fecha posterior, pero desobedeció al tribunal y no compareció. En ese momento, desapareció por completo de la vida pública.
2013:Primera detención de Nikos Romanós
Cuatro años después, en febrero de 2013, Nikos Romanós fue detenido junto a otros tres compañeros (Dimitris Politis, Andreas-Dimitris Burtzukos y Giannis Mijailidis) tras intentar atracar las oficinas del Banco Agrícola y la Oficina de Correos en la ciudad de Velvendós, en la provincia de Kozani, acción que se enmarca dentro de este período en el que una parte del movimiento antiautoritario griego decide enfrentarse al Estado mediante ataques contra partidos políticos, policía, bancos, etc. Tenía 21 años.
En esta época, una débil coalición gobernaba el país, manteniendo las medidas de austeridad exigidas por los acreedores de Grecia para evitar la suspensión de pagos de la deuda. El gobierno parecía estar viviendo un colapso a cámara lenta, luchando por mantener una exigua mayoría parlamentaria. Parte de la población depositó sus esperanzas en elegir el gobierno de izquierdas de Syriza (el cual, tras organizar un referéndum en el que las griegas abrumadoramente respaldaron su programa de no pagar la deuda de la Troika, traicionó a sus votantes y lo hizo, hundiendo más aún el país), mientras que los anarquistas se enfrentaban a la represión estatal y a la lucha contra el fascismo en las calles. Como explicaba Nikos en una carta desde prisión:
“Para mí, los atracos a bancos constituyen una siempre válida opción de los revolucionarios, además una opción que “abre” muchas posibilidades. En primer lugar te libera de los tentáculos del trabajo asalariado y de los convenios que este supone. De esta manera se libera el tiempo de tu cotidianidad, ofreciéndote la opción de que te entregues a tus pasiones. Allí donde termina la destrucción de la alegría comienza la alegría de la destrucción. Al mismo tiempo los atracos a bancos son también un medio necesario para financiar las multiformes infraestructuras de la lucha anarquista y eso con el dinero expropiado del enemigo. Hablamos sobre el apoyo a los proyectos anarquistas, a los compañeros prisioneros y a las infraestructuras guerrilleras. Al mismo tiempo constituyen una oposición directa contra el moral social del trabajo asalariado y contra los papeles sociales que reproducen el mundo capitalista.
Por supuesto, ninguna praxis por sí misma tiene carácter revolucionaria. Es el sujeto quien mediante su discurso, sus motivaciones y sus intenciones le da sentido a la praxis y luego la dirige contra los objetivos que él mismo determina. En mi caso, el rechazo al trabajo es una parte de esta opción específica. Por otra parte se trata de ayudar económicamente a la acción directa anarquista y atacar el Estado y el capitalismo tras la guerrilla urbana anarquista”.
La imagen de la detención de Nikos, con la cara ensangrentada y mirada desafiante, dio la vuelta al mundo porque evidenció lo que durante años se llevaba denunciando, que los malos tratos y torturas son parte habitual del trabajo de la policía griega.
Por este intento de atraco, unido a un delito de posesión y colocación de artefactos explosivos en 2012 en la casa del ex Ministro de Defensa Nacional, Giannos Papantoniou, Nikos fue condenado a un total 18 años de cárcel.
2014: Huelga de hambre
El 10 de noviembre de 2014, Nikos Romanós inició una huelga de hambre reivindicando su derecho a obtener permisos de salida para asistir a clases a una universidad, huelga que desde el principio fue acompañada desde el exterior de prisión por el movimiento libertario y que pronto traspasó los círculos más militantes para ser apoyada por personas y asociaciones ajenas al entorno antiautoritario. Desde el principio, se combinaron las acciones de difusión de la situación de Nikos mediante manifestaciones (más de diez mil personas en Atenas y decenas de convocatorias en otras ciudades), ocupación de ayuntamientos, universidades, locales de sindicatos, emisoras de televisión y de radio… unido a ataques y sabotajes contra bancos, policía y partidos políticos por todo el territorio griego.
A principios de ese año había escrito sobre la idea de la campaña “polimórfica”. Instaba al movimiento anarquista a superar sus divisiones alcanzando un nivel mínimo de acuerdo entre sus diversas corrientes. A medida que su huelga de hambre alcanzaba un punto crítico, las calles de Grecia volvieron a cobrar vida durante algunas semanas, con manifestaciones, ocupaciones y acciones de sabotaje que se intensificaban.
Una semana antes del aniversario del 6 de diciembre, un grupo de mil motocicletas recorrió Atenas para unirse a otras dos mil personas reunidas bajo la ventana del hospital donde se encontraba Romanos. Más tarde, esa misma noche, se produjeron ataques contra cajeros automáticos y comisarías de policía, así como enfrentamientos con las fuerzas antidisturbios en Atenas, Tesalónica y Volos, entre otras ciudades. Las ocupaciones de ayuntamientos y campus universitarios se extendieron y, en la primera semana de diciembre, alcanzaron varias ciudades.
El 2 de diciembre las manifestaciones se intensificaron de nuevo, con hasta 15.000 personas marchando en Atenas, una de las movilizaciones encabezadas por anarquistas más grandes de las últimas décadas. Como comentó entonces Barbarian Review: “Se decía que la crisis había terminado, y ahora ha vuelto con toda su fuerza. No pasaba gran cosa y, de repente, las calles estaban en llamas. Fuimos testigos del poder de lo imprevisible: en un mes la normalidad se puso patas arriba. ¡Qué rápido cambian las cosas en el mundo actual!”.
El aniversario del 6 de diciembre de 2014 volvió a sacar a 15.000 personas a las calles de Atenas. Tras la manifestación tradicional, la mayoría se dirigió a Exarcheia, con la policía antidisturbios y sus cañones de agua pisándoles los talones. Los enfrentamientos se sucedieron mientras la gente luchaba por Romanos en las calles en llamas y llenas de barricadas, así como desde los tejados alrededor de la plaza de Exarcheia. Al final de la jornada, 296 personas fueron retenidas y 43 detenidas. También se registraron marchas y enfrentamientos en Tesalónica, Agrinio, Volos, Patras, Heraclión, Ioánina y Mitilene. Al evaluar los daños en Atenas, el teniente de alcalde Apostalopoulos recordó los acontecimientos de 2008.
Manifestantes por Nikos Romanós defendiendo la entrada de un centro social
Dado que la solicitud de permiso educativo de Romanos seguía siendo denegada, el movimiento de solidaridad continuó. Se ocuparon ayuntamientos en Ioánina, Kavala y Chania, así como edificios universitarios en Rodas y Atenas. Los ataques nocturnos aumentaron en número e intensidad, con acciones contra la prefectura de Macedonia Oriental y Tracia y una comisaría en el norte de Atenas. Una de las últimas acciones de la campaña fue la colocación de una bomba frente a un banco, que fue detonada por la policía en una explosión controlada el 10 de diciembre.
Tras el rechazo de un nuevo recurso, Romanos intensificó su acción iniciando una huelga de sed, y el gobierno cedió rápidamente. Esta unión de acciones legales e ilegales, junto a la fuerza y determinación mostrada por Nikos, hizo que un Gobierno griego temeroso por la falta de control en el país y vigilado constantemente por la Troika, diera su brazo a torcer aprobando una ley que prevé que las personas presas que hayan aprobado la tercera parte de las asignaturas en la universidad en que hayan ingresado estudiando cursos a distancia, tendrán derecho a obtener permisos penitenciarios para asistir a la universidad portando una pulsera electrónica.
Nikos Romanós saludando desde el hospital penitenciario durante la huelga de hambre
Así, tras 31 días de huelga de hambre y uno de huelga de sed, Nikos abandonó la huelga de hambre, publicando las siguientes reflexiones:
“Lo único que es cierto es que esta victoria ha sido el resultado de la presión política ejercida por nosotros, por eso el mundo de la lucha y la anarquía combativa son, sin duda, ética, política y prácticamente, los grandes vencedores. Esta lucha evolucionaria polimorfa, y nosotros, como presos políticos, estamos saliendo más fuertes de esta batalla”.
La huelga de hambre de Romanos fue una victoria poco frecuente en un periodo sombrío. Apenas unas semanas antes, la crisis seguía latente pero la resistencia se había debilitado. De esperar a que algo ocurriera, la gente pasó a salir a la calle y hacer que ocurriera. El ambiente empezó a oler a diciembre y los reflejos de la revuelta volvieron a activarse.
2019:Nikos queda en libertad
El tribunal que sentenció originalmente a Romanós no había admitido ninguna circunstancia atenuante, incluido su buen comportamiento mientras estaba en prisión, pero esta decisión fue revocada por el Tribunal Supremo, que sí lo tuvo en cuenta y reconsideró el caso, reduciendo su sentencia en cuatro años, a 14 años en prisión.
Esto posibilitó la liberación temprana de Nikos en el año 2019 (con 26 años de edad), dado que sus seis años de prisión computaron por el «doble» debido a los días de trabajo realizados mientras estuvo encarcelado, durante el cual también terminó la escuela secundaria y se presentó a los exámenes de ingreso a la universidad, obteniendo un lugar en la Escuela TEI de Atenas en Gestión y Economía. Pese a ello, se siguió manteniendo desafiante, declarando en una entrevista a principios de ese año lo siguiente:
“Nuestro objetivo debe ser agudizar la lucha subversiva en todas las formas en que se pueda tomar, transformarla en un peligro real para cada gobernante. Parte de este proceso es reconstruir nuestra memoria histórica, por lo que puede servir de compás para las estrategias de lucha que empleamos. Deberíamos comenzar a hablar nuevamente sobre la organización de diferentes formas de violencia revolucionaria, las prácticas de ilegalismo revolucionario y la necesidad de difundirlas en el movimiento para superar la «política» (en el sentido sucio y civil de la palabra) que han infectado nuestros círculos … Quienquiera que arme su conciencia para derrocar el ciclo brutal de la opresión y la explotación será definitivamente el objetivo de un tratamiento vengativo y autoritario por parte del régimen. Esto no significa que renunciaremos a nuestra lucha, en la sala de audiencias o en otro lugar”.
“El lunes 18 de noviembre fue el día en que el tiempo volvió a detenerse para mí. Funcionarios antiterroristas encapuchados, esposas, celdas de detención, cámaras de televisión, informativos, guiones periodísticos, teorías policiales. Detrás de este patrón familiar y de la tormenta comunicativa de la culpa, hay otra realidad.
Son las heridas que resurgen y se multiplican, destrozando familias, destruyendo relaciones humanas, aniquilando sueños, esperanzas, planes de una vida condenada una vez más a la muerte del tiempo congelado.
Porque el lenguaje de la verdad no se puede ocultar, yo reitero, niego la acusación en su totalidad. Una acusación infundada, sin base, exagerada y sin fundamento que surge de forma abusiva, creando más preguntas de las que realmente responde. Siguiendo la lógica política establecida de la ley antiterrorista, que crea una categoría de acusados que existe fuera del sistema legal, ya que todo el mundo es culpable hasta que se demuestre su inocencia. El lenguaje hablado por el sistema ya ha emitido su veredicto. Me convertí en un trofeo errante para todo tipo de explotación. Un objeto expuesto en las vitrinas de los museos de la mentira y el olvido. Con la etiqueta de «terrorista» colgada en el anexo «culpable de todos los tiempos», para la observación de visitantes por lo general ingenuos, pero sobre todo asustados y amantes de la paz.
Para quienes apuestan con vidas humanas en los dados de un vulgar y desvergonzado juego político, para quienes creen que el poder que ostentan les da la capacidad de aplastar almas por sus propias razones, voy a reiterar lo obvio.
Desde la ensangrentada calle peatonal de Messolonghi, las oficinas de interrogatorios, los grises pasillos de las prisiones, los bancos de los tribunales, la muerte lenta del confinamiento. De las decisiones que tomé con toda mi alma, decisiones grabadas en sangre real, a un gran coste y con rodillas inquebrantables, yo no cedo ni un ápice.
Es parte de la historia de una generación de personas que se rebelaron y sobre cuyas espaldas, gran parte del sistema político lavó sus pecados colgándolo a secar en las líneas del canibalismo represivo y mediático.
Pero ahora no estoy en la cárcel porque tomé decisiones conscientes que conllevaban los correspondientes riesgos. Al contrario, mi vida se vende como un producto político, en el estante del supermercado de la comunicación, con el precio de la bolsa a mi cargo, a la espera de que los posibles votantes compren parte por parte hasta la siguiente ocasión.
Es verdaderamente triste para mí (y no sólo para mí) que se me pida que demuestre que no soy un elefante, al pender sobre mi cabeza una sentencia inminente que me condenará a vivir de nuevo, por tiempo indefinido, como un preso.
He vivido la mitad de mi vida adulta en prisión. No aceptaré pasivamente que esta estadística tan injusta, consistente en mucho dolor e innumerables soledades, me cubra de cemento y barrotes.
No aceptaré medidas extremas como la prisión preventiva sin dar una batalla legal y política para recuperar mi vida.
En esta apresurada y necesaria declaración inicial, quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón a quienes estuvieron a mi lado con amor desinteresado. Comienza ahora la lucha por mi reivindicación y mi liberación definitiva de esta injusta acusación”.
2025: Prórroga de la prisión preventiva
Recientemente, en el mes de noviembre de 2025, un tribunal griego prorrogó la prisión preventiva de Nikos, por petición del Fiscal, por un periodo de seis meses más. Y ello pese a que Nikos, que ahora tiene 33 años, declaró que no conocía al resto de investigados. La noticia fue seguida de disturbios y enfrentamientos con la policía – que hizo uso de gases lacrimógenos y granadas aturdidoras – frente a los Juzgados de Evelpidon.
La defensa de Romanós, el abogado Nikolas Aletras, explicó en una rueda de prensa que “los análisis del laboratorio, las muestras de ADN, las escuchas telefónicas, las imágenes de vídeo y toda la investigación han revelado que Romanós no tiene ninguna relación con el caso”. Y el grupo de apoyo a Nikos, conocido como el Comité de Solidaridad, expresó que “la solicitud del fiscal encaja con la doctrina penal del partido Nueva Democracia y el doble rasero del sistema de Justicia. La decisión judicial ha sido política y nuestra respuesta también lo será. Debemos expandir el movimiento de solidaridad y resistir a esta campaña de represión. Ni un paso atrás”.
Incluso la izquierda más institucional ha visibilizado su indignación con el caso. En el 17º aniversario del asesinato de Alexis, la Nueva Izquierda griega emitió el siguiente comunicado:
“Diecisiete años después del asesinato de Alexandros Grigoropoulos a manos de un agente de policía, la sociedad griega no olvida el crimen, ni al niño que cayó muerto en Exarchia, ni la arbitrariedad que armó la mano del asesino Korkoneas, ni la oleada de indignación que inundó las calles de todo el país.
El 6 de diciembre sigue siendo una herida profundamente grabada, un recordatorio vivo de que la democracia no es un hecho garantizado cuando la violencia estatal se reproduce en todo tipo de formas.
La prisión preventiva de Nikos Romanos forma también parte de este oscuro contexto. La violencia del Estado continúa reproduciéndose a través de mecanismos que tratan a determinadas personas como “sospechosos habituales”, con independencia de la existencia de pruebas suficientes.
Diciembre de 2008 marcó a toda una generación. Alexandros se convirtió en un símbolo. El estado presente y el futuro vital de su amigo, Nikos Romanos, es la verdadera cuestión”.
Los acontecimientos de 2008 y 2014 mostraron al movimiento anarquista griego en su fortaleza, al tomar la iniciativa en respuesta a la represión estatal. La detención de Romanós, basada en meras sospechas y prejuicios, demuestra que el gobierno griego actual sigue profundamente preocupado por la capacidad de iniciativa del movimiento anarquista.
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Este artículo ha sido escrito a partir de otros de Indymedia Athens, Protothema, Freedom News, Todo por Hacer, Crimethinc, The Press Project, Klinamen, La Directa, El Salto, Portal Oaca, AraInfo, Anarquía, Noticias Anarquistas, Informativo Anarquista y Federación Anarquista
‘La sombra del Estado’ (Descontrol, 2025), escrito por el colectivo Rosas Negras, se adentra las infiltraciones policiales y devuelve la voz a quienes históricamente han sido deshumanizadas, silenciadas o tratadas como daños colaterales. Aquí no se habla del heroísmo policial, sino de las vidas desgarradas por la manipulación, la traición y la violencia institucional.
Rosas Negras documenta en este ensayo las infiltraciones en el Estado español desde 2022 hasta la actualidad, ofreciendo un relato coral construido desde el dolor compartido, la rabia legítima y la necesidad de comprender cómo el Estado se cuela en nuestros espacios más íntimos. Las autoras no solo registran los casos descubiertos, sino que analizan los patrones de comportamiento de los agentes: rutinas fabricadas, errores cometidos, mentiras recurrentes y estrategias diseñadas para generar confianza allí donde luego se ejercerá control. En este sentido, el libro es también un manual de aprendizaje colectivo: desmonta el mito de la policía infalible y muestra cómo los fallos del sistema represivo pueden ser herramientas para identificar y detener nuevas infiltraciones.
A través de cada caso, el colectivo describe los métodos empleados para destapar identidades encubiertas y cómo estos pueden servir a otros espacios en riesgo. Sin caer en la paranoia ni en el morbo, Rosas Negras aporta claves concretas para construir culturas de seguridad y cuidados que permitan sostener la acción política sin caer en el aislamiento o el miedo. Porque, como recuerdan sus autoras, lo que busca la infiltración no es solo vigilar: es dividir, desmovilizar y quebrar los vínculos afectivos que hacen posible la lucha.
El libro también apuesta por un enfoque histórico que sitúa las infiltraciones como parte de una larga genealogía de represión estatal. Desde el franquismo hasta la actualidad, el Estado español ha preservado intactos muchos de sus mecanismos de control, amparándose en leyes como la de Secretos Oficiales para evitar rendir cuentas. Las operaciones encubiertas, las vulneraciones de derechos fundamentales y la impunidad policial no son anomalías: son pilares de un sistema que necesita neutralizar cualquier disidencia que cuestione su legitimidad.
Frente a la tendencia social a culpabilizar a las víctimas, acusándolas de exagerar, inventar o incluso provocar lo sucedido, ‘La sombra del Estado’ recuerda que el verdadero problema no reside en las personas afectadas, sino en el entramado capitalista, patriarcal e institucional que hace posible estas prácticas. Transformar ese sistema es imposible sin visibilizar su violencia y sin construir herramientas colectivas para resistirla.
Hemos entrevistado a las autoras, que nos han explicado cómo ha sido el proceso de escribir este libro y su finalidad.
‘La sombra del Estado’ viene firmado por vuestro colectivo, llamado Rosas Negras. ¿Cuándo se crea y con qué propósito?
Rosas Negras – Roses Negres somos un conjunto de personas que vivimos de cerca las infiltraciones y decidimos dar una respuesta política creando desde nuestra experiencia materiales que pudieran ayudar a prevenir, detectar y afrontar este tipo de ataques represivos del Estado.
Al principio todo empezó como un grupo de cuidados entre personas que habíamos convivido con infiltrados, un espacio donde compartíamos nuestras experiencias y aprendizajes y donde nos apoyábamos en las diferentes fases que íbamos atravesando. Orgánicamente, las necesidades fueron cambiando y poco a poco se fue articulando la idea de crear Rosas Negras. Juntarnos y explicarnos las vivencias puso en relieve la necesidad de explicarlas. Hasta el momento habían salido muchas cosas, pero siempre desde la óptica de periodistas, psiquiatras, abogadas… creímos que tocaba darnos voz y espacio propio.
‘La Sombra del Estado’ es el resultado de un largo trabajo colectivo, objetivo principal de Rosas Negras. En un principio no pensamos en que fuera un colectivo anónimo, pero los procesos represivos que se han ido abriendo nos han llevado a la necesidad de cuidarnos y, por tanto, usar el anonimato como parte principal de nuestra estrategia. Al Estado no le gusta que se destapen y señalen sus estrategias de control y represión, por eso actualmente están persiguiendo a personas que han visibilizado infiltraciones. Todes hemos sufrido directamente la represión y las torturas que la infiltración conlleva y ahora vemos como quieren silenciarnos volviendo a reprimirnos por contarlo.
El libro recopila experiencias en primera persona de afectadas por el espionaje policial desde el 2022 hasta nuestros días. ¿Fue duro este proceso de recopilación de testimonios? ¿Cómo ha sido la labor de escribir esta obra?
Al escribir la obra se ha intentado recoger diversas experiencias y formas de vivir la infiltración, pero, sobre todo, exponer las diversas tácticas que el estado usa para reprimirnos. Es un relato colectivo, obviamente ese trabajo no es sencillo. Pero la idea es no centrar el tema en nosotres, sino crear una obra para les que vengan después.
Trabajar en colectivo es difícil siempre. En nuestro caso, además, venimos de militancias y espacios muy diferentes pero lo que nos ha pasado nos une a pesar de las diferencias. Creemos que es importante hacer frente común ya que sólo analizando todas las infiltraciones y entendiéndolas como una estrategia estatal contra las disidencias podemos combatirlo.
Todo lo vivido nos ha enseñado muchas cosas y ‘La sombra del Estado’ pretende ser un hilo más que ayude a las disidencias políticas a construir una red segura.
El libro expone cinco casos anteriores a 2022. Y diez historias explicadas por quienes convivieron desde 2022 hasta 2024 con infiltraciones. Pero después salieron a la luz dos infiltraciones más, que intentaremos sean incluidas si hay más ediciones. También pensamos que este libro puede ayudar a gente a darse cuenta de que en el pasado convivió con infiltrados y, poco a poco, ir descubriendo más sobre nuestras propias historias. En el prólogo les compis de UK explican cómo ellas al ir explicando sus historias lograron sacar a casi 150 agentes y que eso les está permitiendo entender la represión del estado en movimientos sociales y políticos con una nueva mirada.
Explicáis en este ensayo que las infiltraciones son una forma de tortura y que están atravesadas por dinámicas patriarcales. ¿Podéis resumirnos por qué?
El libro recoge una breve historia de la infiltración en el Estado español, las diversas historias de las infiltraciones contadas desde los entornos directos que convivieron con infiltrados, un manual con muchos ejemplos sobre sus patrones y estrategias y, al final, un gran capítulo que creíamos básico que se llama: politicemos los malestares.
Este capítulo cuestiona si la infiltración es patriarcal y si es un método de tortura. Reflexiones y análisis que nosotres hemos hecho al poner en común lo que habíamos vivido. Y exponemos porqué hemos decidido exponer nuestras vivencias usando conceptos como violación. También nos sirve para analizar y poner en debate como al decidir usar estos términos se nos ha cuestionado desde algunos espacios afines. No nos han dado palizas en un calabozo, pero el daño psicológico que provoca la infiltración es una forma de tortura. Una vez más al exponer nuestras historias se nos cuestiona a nosotres en vez de crear un frente unido para enfrentar al perpetrador: un Estado que utiliza la violación y la tortura para controlar a las disidencias sociopolíticas.
Escribir este libro, relatando las consecuencias del espionaje, pero también aportando consejos para hacerle frente, ¿ha tenido una consecuencia reparadora o sanadora para las víctimas?
Las personas afectadas tenemos diversos sentires y pareceres, pero sí es real que el hecho de poner el foco en ellos y no en nosotres y hacerlo desde nuestra propia voz y óptica nos permite adueñarnos del discurso y, por tanto, usarlo como parte reparadora. Pensar que para futuros casos podrán contar con un material como este, cuando nosotras no lo tuvimos, es una manera de contribuir de alguna manera y de hacer que todo por lo que atravesamos pueda revertirse en mejores estrategias para el futuro de los movimientos sociales y políticos.
¿Cuál diríais que es la finalidad del espionaje policial a los movimientos sociales? ¿Se trata solo de obtener información para la prevención de futuras acciones, o hay otras intenciones detrás (desmovilización, miedo, dividir…)? ¿Qué conclusiones habéis sacado de vuestra investigación?
Analizados todos los casos pensamos que el principal objetivo es mapear y tener controladas a las personas que militan en movimientos sociales y políticos de izquierdas que puedan suponer una amenaza para el Estado.
Creemos que no se trata de prevención de acciones o crear causas judiciales, aunque a veces pase.
Incluso hemos visto cómo en algún caso fiscalía abrió causas judiciales y estas se cerraron sin sentido, seguramente, porque uno de los acusados era un infiltrado y no querían poner en peligro la infiltración. Por ello pensamos que la idea principal de las infiltraciones es el control. Tener la información suficiente para poder rastrear y actuar en el momento que lo necesiten, entender cómo funcionamos y las dinámicas que se reproducen dentro de los movimientos, estar alertas ante posibles radicalizaciones, etc. Obviamente, el hecho de descubrirlas nos ayuda a entenderlas, pero también nos rompe, la desmovilización, la paranoia y el miedo acaban campando entre nosotres como consecuencia secundaria.
Por todo ello consideramos fundamental que se visibilicen, que estén en el presente de las técnicas de protección ante la represión que se articulan en los colectivos y luchas.
¿Habéis detectado algún tipo de patrón en el tipo de colectivos en los que se infiltra la policía? ¿Creéis que buscan un perfil concreto de activismos, o cualquier organización puede sufrirla?
En UK dónde tienen acceso a muchos informes saben que no hacen distinciones entre colectivos de izquierdas. Aquí vemos cómo se han infiltrado en movimientos vecinales, antirracistas, por el derecho a la vivienda, en lucha por el clima, colectivos feministas, comunistas, libertarios, anarquistas, independentistas, estudiantiles, …, incluso en sindicatos. Es difícil establecer un patrón claro. Aunque se hayan destapado una cantidad significativa de casos, en comparación con décadas anteriores, sabemos que hay muchos más que no han sido identificados. Como decíamos, la intención de sacar el libro era también que pudiera llegar al máximo de personas, de diferentes contextos en las luchas sociales y políticas para que con nuestros aprendizajes puedan hacer sus propias investigaciones.
No podemos asegurar un patrón concreto de objetivos de las infiltraciones, en parte, porque al contrario que en UK, aquí no se ha conseguido información de qué perseguían las supuestas investigaciones al infiltrar a los agentes. Sí que es cierto que al analizar las motivaciones de algunos de los infiltrados, podemos observar cómo tenían especial interés en conocer los funcionamientos orgánicos de las estructuras y colectivos de los movimientos. Cómo nos movilizamos, de qué manera nos organizamos cuando ocurre algo y queremos dar respuesta, quiénes somos y con quién nos llevamos bien, cuáles son nuestros conflictos internos, etc. Es decir, toda la parte que pertenece más al entramado social de las personas que componemos las luchas y movimientos y que solo es visible para las personas que formamos parte de ellos.
“Seguramente ni tú ni yo cambiemos el mundo, mas toma nota: una causa no se vuelve injusta por la derrota. ¿Eres de los que se rebota porque nota que la tierra prometida huele a pota? La gente encima vota, confían en quien luego les azota y les deja la cara rota. Infinitas veces la misma piedra. Mi comprensión se agota” – Folie à Trois
El 29 de abril de este año, el Ayuntamiento de Atlanta (Georgia, EEUU) inauguró el Atlanta Public Safety Training Center, conocido por sus detractoras como Cop City (Ciudad de Polis), un enorme complejo policial valorado en más de 90 millones de dólares (financiado por el gobierno municipal, la Fundación de la Policía de Atlanta y varias empresas privadas), que cuenta con, entre otras instalaciones, una galería de tiro y un pueblo simulado para entrenar misiones cuasi-militares.
Su apertura, lograda tras cuatro de años de movilizaciones, boicots, sabotajes y duros enfrentamientos con activistas, a simple vista simboliza el fracaso de Stop Cop City, un movimiento que, en palabras de las compañeras de Crimethinc, llevó a cabo “la lucha social más importante de la era Biden”1. Sin embargo, pese a que el fin del movimiento era impedir la creación de Cop City, el movimiento ha sido parcialmente exitoso a la hora de generar dudas y debate social acerca de la creciente militarización de los cuerpos policiales en el país. Es decir, tras cuatro años de lucha, Stop Cop City ha logrado instalar la duda de que la respuesta a todos los problemas sea la represión y acudir a la policía.
El inicio del conflicto
Todo comenzo en abril de 2021, cuando la entonces alcaldesa Keisha Lance Bottoms anunció la construcción del Atlanta Public Safety Training Center, apenas unos meses después de que estallaran, por todo el país, enormes protestas, tanto violentas como pacíficas, convocadas por los movimientos Black Lives Matter y Defund the Police como respuesta al asesinato de George Floyd a manos del agente Derek Chauvin en Minneapolis. 20 millones de personas participaron en las movilizaciones. Durante esa época, las manifestantes quemaron una comisaría en Atlanta y, de forma simultánea, la ciudad sufrió un episodio de violencia institucional similar al de Floyd, cuando un grupo de agentes mató a tiros a Rayshard Brooks.
Por eso, la noticia de que se iban a invertir elevados fondos públicos para financiar un centro diseñado para entrenar a la policía en tácticas de combate urbano (lo cual contribuirá a una mayor militarización de la policía, incrementando la violencia institucional en situaciones cotidianas) generó una enorme indignación en los movimientos antirracistas, antirrepresivos y antiautoritarios que, precisamente, reivindicaban la abolición de la institución o, al menos, una reducción de sus intervenciones y una disminución de su financiación.
La sensación de agravio fue a más cuando se conoció que Cop City se construiría en el corazón del bosque llamado Weelaunee Forest, lo cual tendría (y ha tenido) un importante impacto ambiental (dado que era uno de los pocos pulmones verdes de la ciudad, lo cual ha exacerbado problemas ambientales como la contaminación del aire) y porque ha privado de espacios verdes a los barrios de población negra colindantes (los cuales cuentan con una cantidad de parques y bosques muy inferior a la que tienen los barrios blancos de la ciudad).
Stop Cop City, un movimiento antirrepresivo y ecologista
El movimiento Stop Cop City nació al poco de anunciarse el proyecto. Si bien han participado en el mismo socialistas, comunistas, ecologistas, etc., sus principales organizadoras fueron anarquistas y la forma de organizarse siempre ha sido horizontal y asamblearia.
Las primeras acciones consistieron en realizar sabotajes con cócteles molotov contra las empresas constructoras (Reeves&Young y Long Engineering), aunque tras unas semanas se decidió cambiar de estrategia, dada la falta de apoyo popular a la causa; el número de personas que conformaban el movimiento no era suficiente para resistir a las embestidas de la policía. A partir de enero de 2022 las activistas ocuparon el Weelaunee Forest, construyendo campamentos, casas en árboles y barricadas para bloquear la entrada de maquinaria. Enseguida, la popularidad de su lucha fue en aumento y medios como The New Yorker comenzaron a cubrir las acampadas con una curiosidad casi antropológica.
El modus operandi de Stop Cop City consistía en buscar por el bosque a operarios talando árboles, acercarse a ellos, brazos en alto y obligarles a parar. Por lo general, esta estrategia era suficiente para conseguirlo. A veces tiraban petardos en dirección a los currelas para llamar su atención.
Un día, en junio de 2022, los operarios acudieron acompañados de policías2, que encañonaron a las compañeras y las obligaron a retirarse. Esa misma noche, la maquinaria utilizada para la tala apareció quemada. El sabotaje, unido a una campaña de llamadas masivas a las constructoras, consiguió que no se emprendieran obras durante más de cinco meses.
Durante el verano de 2022 cientos de personas cortaron las vallas que impedían el acceso a parque del bosque y acamparon en él. Y durante unos días celebraron un festival musical de “Paz, Amor y Anarquía”.
Durante todos los meses de verano y otoño, organizaciones de derechas y empresarios de la ciudad empezaron a tachar a las activistas de eco-terroristas y a difundir bulos contra el movimiento (como que habían disparado a un obrero), allanando el terreno para una escalada represiva. Y ésta llegó en diciembre de 2022, cuando la Oficina de Investigaciones de Georgia, la policía municipal, la policía condal, la unidad anti-bombas y el Departamento Federal de Seguridad Nacional, acompañados de drones y helicópteros, rodearon el bosque e invadieron el campamento. Algunas activistas resistieron y tiraron piedras a los agentes, aunque la mayoría lo abandonaron, ya que al no haber operarios ese día entendieron que estratégicamente no podían hacer nada para paralizar las obras. Los distintos cuerpos policiales reventaron decenas de tiendas de campaña, pasaron un bulldozer por encima de la cafetería y la enfermería que habían levantado con palés, cortaron hamacas y muebles con sierras mecánicas, cerraron todos los accesos al bosque, dispararon gases lacrimógenos y pelotas de goma y soltaron a perros para perseguir a activistas. Seis de ellas fueron detenidas ese día, una siendo acusada de cometer actos de terrorismo doméstico.
Al día siguiente, las subcontratas entraron en el bosque – por primera vez en más de medio año – y con la maquinaria de obra empezaron a talar árboles a un ritmo frenético, matando a varios animales en el proceso. Únicamente detuvieron su orgía de destrucción cuando algunas periodistas consiguieron acercarse a ellos y empezaron a documentar lo que hacían.
Al día siguiente, la policía obligó a estas empresas a parar su actividad, dado lo caótica y desenfrenada que estaba siendo su actividad. Sin embargo, el empresario a cargo de las obras, Ryan Millsap, recurrió la decisión y un juez estimó su solicitud, alegando que “el bosque ha sido más dañado por las personas que acampaban en él que por lo que se está haciendo ahora” y le concedió permiso para seguir talando. Por ello, las obras se retomaron a principios de 2023. En respuesta, el movimiento Stop Cop City organizó vigilias frente al bosque todas las mañanas y algunas activistas volvieron a encaramarse a árboles.
El asesinato de Tortuguita
En enero de 2023 el conflicto había acaparado tanta atención mediática que importantes figuras de la extrema derecha, como la congresista Marjorie Taylor Greene y el entonces expresidente Donald Trump, quienes calificaron el bosque como “una zona autónoma del movimiento Antifa” que debía ser destruido. Tanto estos políticos como militantes fascistas comenzaron a presionar al gobernador Brian Kemp para que pusiera un fin a la resistencia. Por eso, el 18 de enero de 2023, Kemp envió a la policía estatal para atacar a las personas que se encontraban subidas a árboles.
En torno a las 9:04 de la mañana unos 30 disparos resonaron por el bosque. A las horas, trascendió que el anarquista venozolane Manuel Paez Terán, conocide por sus amigas como Tortuguita, había sido asesinade por la policía. Además, otras cinco personas que fueron detenidas por encaramarse a árboles fueron detenidas y acusadas de terrorismo.
Las autoridades, que ese día no portaban cámaras corporales, alegaron que Tortuguita disparó primero contra ellos. Sin embargo, una autopsia independiente reveló que fue alcanzado por 14 disparos mientras estaba sentade con las manos levantadas.
En los días siguientes se organizaron varias concentraciones en Atlanta, donde alrededor de 300 personas, vestidas de negro, lloraron por la muerte de Tortuguita y corearon “Cop City nunca se construirá” y “maderos, cerdos, asesinos”. Algunas quemaron un coche patrulla. Otras rompieron algunas ventanas de algunos bancos. 18 personas detenidas ese día fueron acusadas de formar parte del grupo que llevó a cabo esas acciones, por lo que bajo la Ley Terrorismo Doméstico de Georgia, que persigue los ataques contra “infraestructuras críticas”, se les acusa de un delito de terrorismo.
Las protestas tras la muerte de Tortuguita y balance de Stop Cop City
La muerte de Tortuguita marcó un antes y un después en el movimiento. Resulta imposible, dado nuestro limitado espacio, hacer un recorrido por todas las fases de lucha y las distintas tácticas que coexistieron: desde sabotajes y manifestaciones (que, además, pusieron en relación el papel del gobierno de EEUU en la aniquilación de Gaza y empezaron a movilizarse de forma conjunta contra la policía y por Palestina) hasta la recogida de 116.000 firmas para exigir que se celebrara un referéndum sobre la construcción del centro policial. Para leer sobre ello en profundidad, os recomendamos una lectura de todos los artículos sobre Cop City disponibles (algunos en castellano) en la web de Crimethinc3que, además, incluyen análisis interesantes acerca de la importancia de la autoorganización negra en este movimiento para hacer frente al supremacismo blanco.
La conclusión que podemos leer en estas piezas es que el movimiento para detener Cop City fue ejemplar en varios aspectos. En primer lugar, porque arrancó con la premisa de que la victoria era algo factible, por lo que no se limitaron a realizar protestas simbólicas (como hacemos muchas veces) e intentaron luchar, de verdad, para lograr su propósito. Por ello, el movimiento se marcó objetivos concretos y experimentó con una variedad de estrategias para alcanzarlos4.
En segundo lugar, las participantes no suavizaron su discurso, ni sus tácticas, por un deseo de atraer a un amplio espectro de personas. Se propusieron crear un movimiento que fuera tanto popular como combativo, en el que la acción directa y el objetivo de abolir la policía eran sus elementos fundamentales. Se aseguraron de articular sus intenciones de forma clara y accesible, dándolas a conocer de manera amplia, con el objetivo de acoger a tantas personas como fuera posible en un movimiento destinado a generar un cambio profundo. “Si todos los movimientos comenzaran desde estos puntos de partida, es probable que muchos de ellos tendrían éxito”, concluyen las compañeras.
El movimiento fue exitoso a la hora de visibilizar que esto se trata de una lucha de clases, en la que hay una obscena desigualdad económica que solo se mantiene gracias al orden impuesto por la policía. Por ello, no sorprende que las autoridades emplearan todos los recursos a su disposición para imponer Cop City en Atlanta, derramando libremente sangre y violando sus propias leyes en el proceso.
A la vista de esto, no podemos juzgar el éxito del movimiento basándonos en si logró su propósito expreso o no, sino valorando el legado que deja tras de sí, cómo influirá las próximas luchas (en cuanto a la solidaridad desplegada y a la variedad de estrategias empleadas) y si ha contribuido a cuestionar la legitimidad de policía en la región.
En la era de Biden, esto bastó para superar la resistencia al proyecto, porque una gran parte de la población se mantuvo al margen del movimiento, conservando la fe en la democracia y el Estado de derecho. Sin embargo, al entrar en la segunda era de Trump, que ya se caracteriza por el abandono de todo compromiso y la erosión de la legitimidad que las instituciones del Estado aún pudieran poseer, nadie podrá mantenerse al margen de las luchas sociales durante mucho tiempo.
Represión y acusaciones
El movimiento Stop Cop City ha llegado a su fin, dada la construcción del centro, pero sus participantes siguen activas, esta vez centradas en la labor antirrepresiva, con manifestaciones en apoyo a las procesadas y recolectando fondos para cubrir gastos judiciales5.
Como hemos explicado, el Estado implementó importantes medidas represivas, incluyendo acusaciones de terrorismo doméstico y blanqueo de capitales contra activistas y organizadoras (como, por ejemplo, tres miembros del Atlanta Solidarity Fund, una organización que proporciona apoyo legal a manifestantes, que están acusadas de blanqueo de capitales por reembolsar gastos menores relacionados con las protestas).
En 2023, al menos 61 personas fueron acusadas de “conspiración” bajo las leyes RICO (una legislación diseñada para combatir organizaciones criminales, como la Cosa Nostra), un delito que puede conllevar penas de hasta 20 años de prisión. El perfil de las acusadas es muy variado y oscila de personas acusadas de lanzar cócteles molotov, a otras a las que se les imputa llevar comida a las activistas acampadas en el bosque o repartir panfletos. Sin embargo, en septiembre de 2025, un juez de Georgia archivó el delito de conspiración, manteniendo el resto de acusaciones, incluyendo las de terrorismo. El archivo fue recurrido por la Fiscalía, por lo que, a día de hoy, desconocemos si irán a juicio por supuestamente conformar una organización criminal.
“Stop Cop City everywhere”
Por último, una investigación llevada a cabo por el movimiento antirrepresivo ha desvelado la construcción de centros policiales de tipo militar en numerosas ciudades de otros estados, como San Pablo (California), Plainfield e Indianápolis (Indiana), Hutchinson (Kansas), Owensboro (Kentucky), Niágara (Nueva York), Las Vegas (Nevada), etc6. Y el legado de Stop Cop City se ha hecho notar en algunos de estos municipios, como por ejemplo en Lacey (Washington), donde un grupo de activistas boicoteó hace algo más de un año el anuncio de un centro de entrenamiento policial con cánticos como “LPD [Departamento de Policía de Lacey], KKK, IDF: sois todos iguales”, “sin justicia no habrá paz” y “no a la policía racista”.
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1Podéis leer los artículos de análisis (muy extensos e interesantes), publicados en inglés y castellano por Crimethinc en www.es.crimethinc.com/tags/cop-city
2En Estados Unidos las empresas pueden contratar a policías fuera de servicio como vigilantes de seguridad privada.
3En esta web se puede encontrar, además, varias líneas temporales que incluyen todas las acciones que se llevaron a cabo en el contexto de este movimiento: manifestaciones, destrucción de cajeros, pintadas, escraches a jefes de policía y políticos, etc.
4Por ejemplo, desde la web www.stopcopcity.net animan a mandar e-mails y DMs a los promotores de la obra, poniendo a disposición del público las cuentas de sus redes sociales.
