“Cuando el desencanto es tradición, el entusiasmo es la resistencia” – Biznaga

Cuando empezamos a publicar este periódico en el año 2011, el auge de la extrema derecha no era una de nuestras principales preocupaciones. Éramos conscientes de que el franquismo sociológico seguía permeando las instituciones del Estado (policía, jueces, altos funcionarios, etc), que existían grupos fascistas que atacaban a minorías y que parte de la ultraderecha seguía habitando espacios dentro de los partidos conservadores como el PP, por lo que no sabíamos que no podíamos relajarnos y confiarnos. Sin embargo, gracias al buen trabajo del movimiento antifascista –revitalizado en 2007 tras el asesinato de Carlos Palomino a manos de un militar neonazi–, las ideas de la extrema derecha se habían contenido y, cuando el descontento por las recetas neoliberales del PSOE y PP para salir de la crisis fue en aumento, las propuestas que se pusieron sobre la mesa eran mayoritariamente de izquierdas. Las había más rupturistas y más reformistas que terminarían por mantener el sistema capitalista-democrático-liberal intacto, pero no daba la sensación de que el mundo viraría en poco tiempo hacia el fascismo.

Quince años después el contexto es muy distinto. Los levantamientos que entre 2010 y 2020 pretendieron reestructurar las sociedades –el 15-M en el Estado español, el movimiento occupy en EEUU, la Primavera Árabe, el parque Gezi en Turquía, V de Vinagre en Brasil, las revueltas de Chile, Grecia, Hong Kong, etc– fracasaron y en buena parte del mundo gobiernan hombres autoritarios, que no creen en los derechos humanos ni en las democracias liberales (nosotras tampoco, pero por motivos distintos) y que defienden la ley del más fuerte y los etnoestados.

¿Por qué ha virado el mundo hacia la extrema derecha?

¿Cómo ha podido pasar esto? La respuesta es compleja y multifactorial. Autores como Vincent Bevins han dedicado libros enteros a este fenómeno, por lo que no podemos dar una respuesta fácil en dos páginas, aunque sí podemos intentar dar algunas pinceladas superficiales sobre cómo percibimos que ha ocurrido en nuestro contexto.

En primer lugar, (1) hay que señalar las invasiones imperialistas de Afganistán e Irak por parte de EEUU (apoyadas por varias potencias europeas, que mantienen una relación tóxica con su novio yanki), así como sus agresiones sobre Siria y Libia y el continuo expolio occidental de los recursos naturales de África. Estas guerras normalizaron la islamofobia –demonizando a las personas del mundo árabe– y desestabilizaron varios regímenes de Oriente Medio, provocaron millones de muertos y el desplazamiento forzoso de muchos más, dando pie a una gran crisis de refugiados.

Por su parte, (2) la respuesta europea a esta crisis no fue la de reaccionar con empatía y generosidad como se debería haber hecho (máxime teniendo en cuenta que el desastre era nuestro), sino de forma racista y violenta contra las personas de origen extranjero. Los gobiernos conservadores y socialdemócratas profundizaron las dinámicas de explotación, colonialismo e imperialismo, las fronteras se endurecieron –aumentando la mortalidad de quienes intentan penetrar en esta fortaleza que es Europa–, se delegó en terceros países la gestión de la inmigración y los discursos de odio dentro de nuestros países fueron paulatinamente en aumento.

En este contexto, (3) los partidos y organizaciones de la vieja y nueva extrema derecha comenzaron a cobrar fuerza, explotando el miedo (“nos van a quitar el trabajo”, “no cabemos todos”, “no respetan a las mujeres”, “son criminales”) y deshumanizando a “los otros”. Y su odio no solo lo han dirigido hacia migrantes, sino también contra la comunidad trans, las personas LGTBIQ, el feminismo, el ecologismo, etc, conectando así con un movimiento ultraconservador que lleva décadas tratando de revocar los avances sociales que se han ido conquistando a lo largo del tiempo.

(4) El papel de los medios de comunicación ante estos discursos ha sido lamentable, dando altavoz a seres despreciables que vomitan xenofobia, sin confrontarlos, sin exponerlos. Quienes pensaban que los argumentos racistas decaerían por su propio peso, o que había que ignorar a los fascistas porque se morirían solos si no les hacemos casito, resultaron estar equivocadas: sus ideas se encuentran cada vez más normalizadas.

Además de extender discursos discriminadores, (5) la derecha también ha sabido instrumentalizar los bulos para obtener réditos. Cada vez que ocurre un hecho noticiable, las mentiras racistas, homófobas, tránsfobas, o contra personas de izquierdas no tardan en emerger. Así, no solo han conseguido convencer a muchas personas a base de bulos, sino que también han conseguido que nadie sea capaz de discernir la verdad en ese enorme lodazal que componen los medios de comunicación y las redes sociales.

Mención especial merecen (6) las redes sociales, porque los oligarcas tecnológicos de Silicon Valley, muchos de los cuales creen en su superioridad genética (como Elon Musk, Peter Thiel, Mark Zuckerberg, etc) y que el mundo sería mejor si se les permitiera gobernar como emperadores, han manipulado sus algoritmos para amplificar los mensajes de destacados nazis y enterrar los discursos que les plantan cara.

También ha sido grave (7) el papel de los partidos progres en los últimos años a la hora de generar desencanto. La socialdemocracia e, incluso, algunos partidos de izquierdas (como es el caso de BSW en Alemania), temiendo que la derecha fuera a superarles, comenzaron a imitar los discursos antiinmigración de la extrema derecha, creyendo que teniendo una postura un poco más suave y respetuosa les votarían a ellos. Pero se equivocaron; cuando los votantes perciben que una marca imita a otra, prefieren la original.

Además, los partidos de izquierdas lograron desmovilizar a miles de personas que participaban en los movimientos transformadores de los primeros años de la década pasada, prometiendo que “asaltarían los cielos” en su nombre. Sin embargo, cuando formaciones como Podemos o Sumar entraron en los gobiernos, no lograron conquistar nada. Ni derogaron la Ley Mordaza, ni la reforma laboral, ni consiguieron que Interior respondiera por las infiltraciones policiales en movimientos sociales, ni reformaron la policía, ni la Justicia, ni el problema de la vivienda, ni la escalada militar, ni nada. La izquierda institucional se ha mostrado incapaz de solucionar los problemas de la gente y su falta de credibilidad allana el camino a la derecha.

Otra de las causas por las que triunfa la extrema derecha se debe (8) a que llevamos más de dos años asistiendo a un genocidio en tiempo real en Palestina y nadie ha movido un puto dedo por pararlo. Esto ha envalentonado racistas en general e islamófobos en particular, que han comprendido que no pasa nada por atacar violentamente a un pueblo entero, siempre y cuando estés del lado del más fuerte. Por tanto, no extraña que Trump se crea con derecho a secuestrar a Nicolás Maduro, anexionarse Groenlandia o amenazar explícitamente a cualquiera que ose criticarle; es la misma lógica imperialista.

El fascismo ha generado monstruos que vemos a diario en los medios: soldados israelíes que torturan a presos palestinos son aplaudidos y tratados como héroes por sus compatriotas, paramilitares de ICE aterrorizan y disciplinan a personas migrantes en ciudades de EEUU y Nayib Bukele farda de sus centros de encierro en El Salvador, por citar algunos ejemplos.

Mientras, el capitalismo sigue su curso, pues esta nueva era totalitaria no le amenaza, sino que se trata más bien de una vuelta de tuerca. (9) La desafección que ha promovido un sistema basado en la desigualdad ha sido el gran alimento de la extrema derecha. Por eso, recordamos hoy las palabras de Buenaventura Durruti: “Ningún gobierno lucha en contra del fascismo para destruirlo. Cuando la burguesía ve que el poder se les escapa de sus manos, alzan el fascismo para mantener sus privilegios”.

El antifascismo, más necesario que nunca

El historiador Mark Bray define el antifascismo como una ideología que se autodefiende de los movimientos racistas, fascistas y autoritarios y evita que crezcan lo suficiente como para que supongan una amenaza real contra personas oprimidas. En este sentido, “el antifascismo es proactivo, no espera a que el fascismo conquiste el poder para actuar e intenta pararlo de raíz”. Y resalta que el antifascismo además cuestiona las estructuras de poder y dominación que permiten que el fascismo exista, por lo que “el antifascismo no es solo la oposición a los fascistas, sino una lucha por un mundo sin fascismo, sin racismo, sin jerarquías autoritarias”.

Un movimiento antifascista fuerte, amplio y de base es nuestra única esperanza para detener la oleada ultraderechista que pretende arrasarnos. Y eso lo saben los fascistas. Por eso, en los últimos meses Trump ha declarado el movimiento antifascista como “organización terrorista doméstica” en EEUU y ha defendido la brutalidad policial ejercida contra sus opositores –como los agentes de ICE que asesinaron a Renée Nicole Good con tres tiros en la cabeza por protestar contra sus redadas racistas–. Y miedo nos da que le de por designarla como “organización terriorista internacional” y empiece a aprobar sanciones contra quienes le desafíen (como ha hecho en el último año con los jueces del Tribunal Penal Internacional que pidieron la detención de Netanyahu o a la relatora de la ONU para el conflicto palestino, Francesca Albanese, que no puede tener cuentas bancarias a su nombre, volar en algunas aerolíneas o reservar habitaciones de hotel).

La coalición Patriotas por Europa (grupo al que pertenece Vox) solicitó hace unos meses que el Parlamento Europeo otorgase la designación de “organización terrorista” al movimiento antifascista en nuestro continente. Por ahora no ocurrirá, pero tiempo al tiempo. El manual ya lo tienen estudiado: se empieza etiquetando a un movimiento difuso y sin estructura definida como “terrorista” y se le reviste de amenaza existencial; y el día que ocurra algo, ya sea un acto de violencia, unos desórdenes públicos, una manifestación, lo que sea, se abre el aparato de represión estatal y se termina por extender al conjunto de la disidencia (organizaciones antifascistas, colectivos antirracistas, sindicatos, asociaciones de vecinas, colectivos de barrio, etc).

El movimiento anarquista del Estado español conoce muy bien cómo funcionan estos planes de criminalización. Ya lo vivimos hace una década, cuando en 2013 fueron detenidas dos anarquistas, acusadas de plantar una bomba en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Tras ello, varios políticos y medios de comunicación comenzaron a informar, de forma constante, que el anarquismo se estaba organizando para planear atentados terroristas y que estaba “imitando a Al-Qaeda”. Un año después, en 2014, tuvo lugar la Operación Pandora, que en 2015 fue seguida por las Operaciones Piñata, Pandora 2 y Ice, en las que decenas de anarquistas fueron detenidas e imputadas por terrorismo por no se sabe muy bien qué motivos. Por suerte, finalmente todas las causas acabaron archivadas y quedaron en nada, pero la próxima vez el resultado podría ser otro.

Por suerte, hemos sacado aprendizajes de estos golpes y también sabemos cómo debemos actuar: con solidaridad, con determinación, con movilizaciones contra sus discursos criminalizadores y, sobre todo, planteando alternativas a su sistema de dominación, para convertir a los represores en irrelevantes. Es decir, frente a su fascismo, más antifascismo y más militancia en todos los colectivos que buscan erradicar.

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En los últimos quince años, en los que ha estado activo este periódico, el movimiento por la liberación animal en el Estado español ha evolucionado como parte de un proceso de transformación colectiva que ya se venía fraguando en la década anterior.

Cuando sacamos el número 100 de esta publicación, allá por el año 2019, publicamos un artículo titulado “Hacia un mundo más animal”, en el que fotografiamos los últimos diez años del movimiento antiespecista. Entonces ya señalamos algunos cambios significativos, como el auge de las investigaciones encubiertas, la expansión del veganismo y la proliferación de colectivos con tácticas y estrategias diversas. Hoy, al releer aquellas reflexiones, podemos afirmar que las semillas regadas en estos años de activismo han comenzado a dar frutos y aquellos cambios se han ido enraizando en el movimiento en defensa de los demás animales.

A medida que el movimiento por la liberación animal se consolida, la industria de la explotación animal se siente cada vez más amenazada. Las investigaciones encubiertas en granjas, mataderos y laboratorios han abierto procesos judiciales y han despertado la atención mediática, llevando incluso al prime time la cuestión animal en casos como el especial de Salvados sobre una granja que suministraba a El Pozo o el caso del laboratorio Vivotecnia, con eco incluso en la prensa internacional. La imagen pública de la industria se ha deteriorado notablemente en los últimos años y su relato es cada día más cuestionado.

Frente a este avance del movimiento, el sector ha desarrollado estrategias defensivas como la creación de falsos sellos de “bienestar animal”, campañas de lavado de imagen con publicidad engañosa de vacas felices o promesas de transparencia que buscan recomponer una reputación cada vez más dañada. Estas maniobras demuestran que la industria percibe la presión del movimiento antiespecista como un desafío real, viéndose obligada a reaccionar para contener el creciente rechazo social hacia sus prácticas.

Estos cambios no solo incomodan a la industria, sino que también empiezan a filtrarse en el ámbito institucional, donde la presión social obliga a introducir modificaciones que, a pesar de su resistencia, evidencian que el debate ya no puede esquivarse. En los últimos años se han aprobado leyes que prohíben el uso de animales en espectáculos como los circos, o la reciente Ley de Bienestar Animal, que reconoce a los animales como seres sintientes y prohíbe la venta en tiendas de algunas especies como perros, gatos y hurones. Estas medidas, aunque son muy limitadas, muestran cómo la presión social comienza a abrir grietas en un marco político históricamente reacio al cambio.

Algo similar ocurre con propuestas impulsadas desde la ciudadanía, como la Iniciativa Legislativa Popular No Es Mi Cultura, que proponía derogar la ley que protege la tauromaquia como patrimonio cultural. La ILP reunió más de 700.000 firmas, superando con creces el mínimo legal para su debate en el Congreso y evidenciando que gran parte de la sociedad rechaza la tauromaquia. Aun así, la iniciativa fue bloqueada y no llegó a debatirse, mostrando hasta qué punto las estructuras políticas siguen actuando como un dique de contención frente a cualquier intento de cuestionar los intereses económicos vinculados a la explotación animal.

En paralelo a estos procesos, el movimiento antiespecista también ha ido ampliando los frentes de lucha en el ámbito local. En Madrid, por ejemplo, la desaparición de los circos con animales o la campaña contra la matanza de cotorras han demostrado cómo los colectivos antiespecistas pueden responder y plantar cara a las políticas municipales. Temáticas de corte más histórico en el movimiento como la caza, sostenida todo este tiempo por el colectivo No A la Caza (NAC) o la lucha contra el uso de pelo y pieles impulsada por Madrid contra el Pelo Animal (MCPA), han conseguido señalar y acorralar a empresas que siguen perpetuando el uso de animales en una sociedad que no necesita escopetas en el monte ni abrigos o complementos de piel en los armarios. Colectivos locales con estrategias globales tejen redes internacionales, consiguen pequeñas victorias y construyen alianzas con activistas de otros territorios, compartiendo saberes y enriqueciendo la lucha antiespecista.

También la lucha contra la experimentación animal, durante años ausente en la agenda activista estatal, ha reaparecido con fuerza gracias a la investigación encubierta de Carlota Saorsa en el laboratorio Vivotecnia, reactivando un frente olvidado y produciéndose el documental Infiltrada en el Búnker de Pablo de la Chica, financiado por una gran plataforma audiovisual.

En estos quince años, los santuarios de animales también han cobrado un papel fundamental dentro del movimiento antiespecista. En el 2007 apareció el primer santuario en el Estado español, el Hogar de Luci y casi 20 años después existe hasta una Federación Española de Santuarios Animales (FESA) que estima que hay entre 40 y 60 santuarios en todo el territorio nacional. Más allá de la tarea de cuidado, los santuarios muestran en la práctica que otras formas de relación con los animales son posibles. Son ejemplo práctico de relaciones basadas en el respeto, la convivencia y la consideración de los intereses propios de los animales. En un contexto donde la industria y las instituciones se empeñan en presentar la explotación animal como algo inevitable, los santuarios son resistencia política del movimiento de liberación animal.

Mientras, en el terreno táctico, el movimiento también ha cambiado. Si hace más de una década buena parte del imaginario antiespecista giraba en torno a acciones de rescate o de acción directa, en los últimos años se ha producido un cambio hacia estrategias que priorizan la investigación, como el trabajo de Animals View, Linas Kortas o el de organizaciones que contratan a profesionales para destapar la realidad de los centros de explotación animal y libran batallas en el ámbito jurídico e institucional peleando y ganando derechos para los demás animales, con la aparición de operadores jurídicos como Intercids.

Este cambio no significa una renuncia al modelo anterior, sino que se trata de una adaptación a un contexto donde el impacto social de las imágenes, los procesos judiciales y la presión mediática se ha vuelto una herramienta política que sienta precedentes y va cambiando el orden social.

En este sentido, las redes sociales han jugado un papel importante, ayudando a que investigaciones que antes circulaban en entornos más militantes ahora lleguen a cientos de miles de personas más fácilmente. También la revolución tecnológica permite salir a la calle haciendo un activismo respaldado con pantallas que muestran esas imágenes de la realidad que padecen millones de animales o los streaming y directos en las vigilias a las puertas de los mataderos, poniendo a los demás animales en el centro de su lucha, y acercándonos la realidad y mostrando lo que la industria no quiere que sepamos.

Pero estos avances conviven con retos importantes para el movimiento antiespecista. El ascenso de discursos autoritarios en todo el mundo no solo impacta en derechos humanos, sino también en los demás animales, reforzando políticas que blindan su explotación. Lo vimos con claridad durante la tramitación de la Ley de Bienestar Animal, cuando el Gobierno decidió excluir a los perros de caza para satisfacer al lobby cinegético. El antiespecismo ha trabajado en estos años en conectar con las distintas formas de opresión y busca situarse junto a otras luchas sociales. El reto sigue estando en que ese paso sea compartido, ya que buena parte de los movimientos sociales continúan resistiéndose a integrar la cuestión animal, reproduciendo jerarquías que dificultan un cambio real.

Además, la represión sigue golpeando al movimiento antiespecista a nivel global. Recordemos especialmente el caso sufrido en el Estado español en 2011, donde la criminalización de activistas condicionó y transformó el activismo en el Estado, cambiando sus estrategias. En otros contextos, como en Reino Unido, con Animal Rising, han enfocado su activismo de liberaciones en tácticas que buscan llevar el juicio público al debate social. La persecución sigue siendo una constante y nos recuerda que la defensa de los demás animales continúa siendo vista como una amenaza para el orden económico dominante. Casos como el de Susarón en Chile muestra cómo la respuesta penal se dirige contra quienes señalan la violencia estructural y no contra quienes la ejercen.

Sin embargo, mientras las instituciones frenan la trayectoria de lucha antiespecista, el cuestionamiento del especismo se abre paso por otros caminos, especialmente en la academia y en la educación.

Y es aquí donde la aparición y consolidación de los Estudios Críticos Animales en el Estado español empieza a jugar un papel clave, ampliando el debate más allá de la política institucional y situándolo también en universidades y colegios. En la última década, y con más fuerza en los últimos años, estos estudios van ocupando un espacio que antes no existía. Han surgido grupos de investigación, congresos, seminarios y publicaciones que abordan el especismo desde perspectivas filosóficas, sociológicas, jurídicas y culturales, generando un cuerpo teórico que acompaña y enriquecen las luchas en la calle. En este desarrollo académico destacan Aula Animal, en el campo educativo o en la academia como la UPV/EHU en Euskal Herria, la Universidad de Barcelona (UB) y UPF (Pompeu Fabra) que colaboran a través del Centre for Animal Ethics y el ILECA (Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales) que coordina publicaciones en castellano, contribuyendo a legitimar la cuestión animal, abriendo nuevas vías de pensamiento y cuestionando incluso el lenguaje cotidiano, señalando cómo muchas expresiones de nuestro día a día reproducen la idea de que los animales son recursos, contribuyendo a normalizar su explotación.

En paralelo, empieza a crecer un campo editorial comprometido con estos debates. La traducción y publicación en castellano de textos de autoras de otros territorios que reflexionan sobre la agencia, la voz o las formas de resistencia de los demás animales ha ampliado el alcance del cuestionamiento antiespecista más allá de la academia. Editoriales veteranas como Ochodoscuatro conviven ahora con otras editoriales que van abriendo su catálogo a obras críticas, reforzando un debate cultural que va llegando cada día a más gente.

Quince años después, es evidente que el movimiento antiespecista en el Estado español no es el mismo. Se ha afianzado en algunos aspectos, se ha diversificado y participa en espacios que antes le eran ajenos, logrando que la explotación animal deje de ser un tema invisible. Pero también es evidente que los obstáculos siguen siendo enormes: la industria que se reinventa, unas instituciones que protegen y cierran filas junto a quienes se benefician de la explotación animal y un contexto político cada día más hostil, con la ultraderecha ganando espacio. Aun así, el movimiento no parte del mismo lugar que hace una década y media. Hoy cuenta con herramientas, redes, saberes y experiencias que sostienen un trabajo a largo plazo y permiten imaginar un horizonte más amplio.

Los avances logrados no son suficientes y nos parecen siempre escasos, pero cada paso es imprescindible para llegar hasta donde estamos. Si algo muestran estos quince años de lucha es que el antiespecismo sigue avanzando y que, hoy como ayer, aún queda todo por hacer.

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El miércoles 17 de diciembre, los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo el desalojo del antiguo institut B9 de Badalona (Barcelona), un edificio abandonado que se había convertido en la alternativa habitacional de decenas de personas migrantes y empobrecidas ante la pasividad prolongada de las administraciones.

El operativo comenzó a las 8 de la mañana, con el habitual y amplio cordón policial¹. El desalojo fue impulsado por el Ayuntamiento de Badalona, en manos del xenófobo Xavier García Albiol², amparado en una resolución judicial del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Barcelona, fechada el pasado 12 de diciembre, que autorizaba al consistorio a recuperar la propiedad.

La jueza había dado luz verde al desalojo masivo, pero igualmente ordenó al Ayuntamiento a prestar atención social a los migrantes. Pese a ello, Albiol se negó en todo momento a ofrecer una alternativa habitacional. El alcalde del PP, conocido por su posiciones de ultraderecha hacia las personas migrantes (a las que en esta ocasión tildó de “salvajes”), ordenó igualmente el desahucio. “El ayuntamiento de Badalona no va a invertir ni un solo euro en darles vivienda a personas que se han dedicado a hacer la vida imposible a los vecinos”, declaró ante los medios de comunicación.

Por ello, durante la mañana solo se presentaron dos personas trabajadoras de los servicios sociales para atender a las 400. Hicieron mucho más por ayudar a las decenas de familias afectadas un centenar de activistas que se concentraron en la puerta que cualquier institución.

El desalojo, además, condujo a la identificación de más de 180 personas y a la detención y derivación de 18 de ellas al CIE de la Zona Franca de Barcelona, para su futura expulsión del país. Dos días después, quedaron en libertad.

Discursos de odio sin tapujos

El desalojo de cientos de personas sin alternativa habitacional ha sido el más grande de la historia de Catalunya y ha sido fuertemente criticado por organizaciones como Badalona Acull, la Plataforma del Barrio de Sant Roc, Regularización Ya y el Sindicato de Vivienda de Badalona. De las 400 personas vivían en el inmueble del antiguo instituto B9, 200 de ellas ya habían abandonado el bloque ante las amenazas abiertas del alcalde semanas antes, las otras 200, sin alternativa a donde ir a vivir, fueron desalojadas en pleno temporal de lluvia, viento y frío. Decenas de ellas pernoctaron los siguientes días bajo un puente de la C-31 en Badalona, mientras, con ayuda de vecinas, organizaciones sociales y sindicatos de vivienda trataban de encontrar soluciones.

Además, el desalojo ha venido acompañado de un discurso claramente criminalizador de la pobreza y de la población migrante. Da igual si en un edificio aparece una moto robada o si algunas personas no tienen papeles: la retórica es siempre la misma. Se construye un relato que vincula pobreza, migración y criminalidad para legitimar el desplazamiento. Un relato que no solo explica lo que ocurre, sino que lo produce: prepara el terreno para que ciertas vidas sean expulsables, para que su presencia en la ciudad sea siempre provisional, siempre cuestionada.

“Cuando Albiol habla en la radio y TV de ‘esta gente’ y los trata de delincuentes, está cometiendo un delito de odio”, ha señalado el Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH), de la Universidad de Barcelona (UB) a través de un comunicado publicado es sus redes sociales. “Se trata de un ejemplo claro de racismo institucional, crueldad extrema y menosprecio público”.

Por su parte, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU emitió un comunicado recordando que “desalojar a una persona en pleno invierno y dejarla sin hogar constituye una grave violación del derecho a una vivienda adecuada y de otros derechos”, que pueden “constituir un trato cruel, inhumano o degradante estrictamente prohibido por el derecho internacional”. Y afea que se haya producido “acompañado de un discurso estigmatizador por parte de las autoridades que describen a todos los que vivían en el bloque B9 como una fuente de inseguridad de la zona y los tildan de delincuentes o personas violentas sin aportar pruebas… esa retórica es inaceptable, discriminatoria y profundamente perjudicial” y que “las autoridades deben esforzarse por combatir la discriminación y no alimentarla”.

Entre chatarra y golpes de porra

“¿Qué tipo de persona puede dejar sin un techo, en pleno invierno, a más de 400 personas? Albiol, el actual alcalde de Badalona, nos ha mostrado esta semana que entre sus delirios racistas es capaz de deshumanizar a una parte de la clase trabajadora para justificar su agenda política. Ahora bien, cabe destacar que lejos de ser un fenómeno aislado, no deja de ser la punta de lanza de un movimiento mucho más generalizado, que de hecho encarna el signo de los tiempos: la reacción”, reflexiona Gisela Bermúdez en El Salto.

“El desahucio del B9 no solo forma parte de los desvaríos autoritarios de Albiol, sino también de una política de la pobreza por la vía punitiva. Una agenda que actúa como si tapando las grietas de un sistema cada vez más inhumano con pintura fresca, estas dejaran de existir. Un programa político que piensa que, al imponerles el cielo como techo a centenares de personas estas desaparecerán, como si de un truco de magia se tratase.

[…] Situamos el desahucio más grande de Catalunya en el contexto político más convulso que se ha visto en décadas. Genocidios, guerras y catástrofes se desarrollan bajo el telón de fondo de una crisis generalizada que lleva en si el agravamiento del problema de la vivienda. La tendencia al alza de los fenómenos de la infravivienda y el sinhogarismo aparecen hoy como la punta del iceberg de la crisis de la vivienda, focalizados en un segmento poblacional muy concreto.

Pues solo hace falta ver las imágenes del desahucio del antiguo instituto para darse cuenta de quiénes fueron los protagonistas de la bochornosa jornada: trabajadores migrantes que malviven errando de nave industrial en nave industrial, vendiendo chatarra, sometidos a salarios de miseria, irregularidad legal y violencia policial sistemática. Albiol, bajo la pudiente retórica a la que nos tiene acostumbrados balbuceó que «lo que tiene que hacer Sánchez es acogerlos él y darles vivienda». Unas palabras que duele oírlas entre aquellos que ya sabemos que el PSOE lleva años abrazando las políticas higienistas de la reacción. Ya sea en forma de laboratorios de criminalización y persecución bajo la marca del “Pla Endreça” en Barcelona o abriendo cárceles de migrantes en Mauritania, en el caso del Gobierno del Estado español.

En el acceso a la vivienda se concentran muchas de las contradicciones, pero la experiencia del B9 nos permite extraer una lección. Mientras que, en Badalona, según el INE, hay más de 7.000 pisos vacíos, hoy 400 personas que antes tenían techo están durmiendo al raso. Esta disonancia inhumana, que haya gente sin casa y casas sin gente, es consecuencia directa de las lógicas del capitalismo. Las viviendas, igual que el resto de las mercancías, no se producen y se distribuyen según su capacidad de satisfacer necesidades humanas, sino por su capacidad de generar beneficios económicos para unos pocos. En pocas palabras: el beneficio de un rentista vale más que condenar a una persona a condiciones infrahumanas de hambre y frío; y el sistema, a golpe de porra, pone todos los medios a la disposición para que no cese la barbarie”.

El desahucio como infraestructura antiinmigratoria

“Lo ocurrido en Badalona parece romper incluso con las expectativas más pesimistas. Aunque el incremento del odio es evidente, una no puede evitar preguntarse: ¿cómo hemos llegado a este nivel de criminalización de la pobreza y del activismo solidario, de racismo institucionalizado y de violencia abierta?”, se pregunta la activista de la PAH Barcelona Julieta Lechini Vittorino. “La extrema vulnerabilidad de las personas que vivían en la IB9 unió a activistas por el derecho a la vivienda, por los derechos humanos y por los derechos de la población migrante, dejándonos con una pregunta común: ¿cómo se ha vuelto posible esto y cómo podemos frenarlo?

Hace apenas unas semanas, con compañeras de la PAH, reapareció el recuerdo de la revista Pronto, que hace años que regalaba pegatinas de “Stop desahucios”. Un activista con más trayectoria que yo me compartía esa memoria con cierta nostalgia, acordándose de un tiempo en el que defender que la gente se quedara en su casa era algo ampliamente compartido, casi obvio, como el derecho que es. 

Está claro que muchas cosas han cambiado desde entonces. Los desahucios por hipoteca son minoría y es hoy una población cada vez más vulnerable la que llega a las asamblea. Si extrapolamos aún un poco más, el contexto del auge de la extrema derecha ha traído consigo figuras autoritarias, desde Argentina hasta Rusia, que han normalizado discursos de odio que hoy impregnan tanto el espacio digital como la vida cotidiana. En este panorama, vemos crecer la individualización de nuestras comunidades y una necesidad exacerbada de construir al otro como amenaza, como enemigo. Un “ellos contra nosotros” que se apoya en identidades nacionales, raciales o culturales para reafirmar un “nosotros” cada vez más estrecho y excluyente.

Pero en este caldo de cultivo de odio, miedo e inseguridad, ¿qué papel juegan los desahucios? ¿Cómo se convierten en infraestructura —porque mueven personas, recursos, materiales y espacios— de control antimigratorio gestionada desde los gobiernos locales? Esta es una pregunta que llevo más de un año y medio haciéndome, como activista y como investigadora migrante, al encontrarme diariamente con la naturalización del desahucio del migrante. Una pregunta que en los últimos días parece haberse materializado en hitos de crueldad y frialdad institucional difíciles de ignorar: dejar a más de 400 personas en una situación de altísima vulnerabilidad en la calle, en pleno invierno, desplazándolas no una sino varias veces, con un mensaje claro y contundente: en esta ciudad no te queremos.

Dos geógrafos urbanos, Baker y Van Baar, ayudan a entender este momento. Ambos coinciden en que el desahucio funciona como una práctica de frontera dentro de la ciudad. No se trata solo de perder una casa, sino de vivir bajo la amenaza constante de perderla. Van Baar llama a esto “evictabilidad”, estableciendo un paralelismo clave entre el espectáculo de la frontera y el espectáculo del desahucio. Así como la frontera produce la ilegalidad migrante como algo naturalizado, el desahucio produce una condición permanente de vulnerabilidad, en la que ciertas personas saben que pueden ser expulsadas en cualquier momento. No es solo el acto del desalojo lo que importa, sino la amenaza constante, la normalización de que hay cuerpos siempre desplazables.

Desde la investigación urbana crítica se viene advirtiendo desde hace tiempo: el desahucio no es solo una consecuencia de la financiarización de la vivienda, sino una práctica de frontera. Como explica Baker, los desahucios no son rupturas excepcionales del orden urbano, sino actos infraestructurales de gobierno que producen lo que denomina una “disposición hacia el desplazamiento”. No se trata únicamente de expulsar cuerpos de un espacio concreto, sino de disciplinarlos, de enseñarles que su permanencia en la ciudad es siempre condicional.

En este sentido, la frontera no está solo en los aeropuertos o en las pateras del Mediterráneo. Invade el ámbito más íntimo: el hogar. Entra a través de la policía, de los juzgados, de las deudas, del mercado del alquiler y de perfiles racializados que determinan quién puede acceder a una vivienda y quién queda sistemáticamente fuera. El proceso del desahucio implica un trabajo constante sobre los cuerpos: funcionarios, agentes judiciales y fuerzas de seguridad actúan para justificar y producir esa disposición al desplazamiento, gestionando los movimientos de quienes son considerados prescindibles en el espacio urbano.

[…] De este modo, el desplazamiento vuelve a cumplir una función conocida: asegurar simbólicamente la identidad del español blanco —aunque también precarizado— que consume estas noticias. El desahucio no solo expulsa, también ordena. Ordena quién pertenece, quién sobra y quién puede ser sacrificado para sostener un imaginario de seguridad y normalidad. Y en ese orden, la vivienda se consolida como una de las infraestructuras más eficaces de la frontera contemporánea”.

Concentraciones racistas y respuesta solidaria

Tres días después del desalojo, la Creu Roja y Cáritas anunció que acogería a 15 de las personas más vulnerables que fueron desalojadas en la parroquia de la Mare de Déu de Montserrat. Una decisión claramente insuficiente a la vista de la magnitud del problema, pero que al menos puede dar una solución temporal a un puñado de personas.

Sin embargo, 200 personas, supuestamente vecinos de Badalona, se concentraron en la puerta del centro religioso. Con cánticos racistas y xenófobos, incluso amenazas de muerte, querían impedir la entrada de las personas desalojadas. Las expresiones abiertamente criminalizadoras contra las personas migrantes se asemejaban a las contenidas en los discursos de Albiol y buscaban una confrontación directa.

Xavier García Albiol se presentó en la concentración, supuestamente para apaciguar los ánimos. Después de haber negado durante todo el fin de semana la asistencia a los inmigrantes pidió a los vecinos que permitieran el alojamiento al menos durante aquella noche y se comprometió a abordar el asunto al día siguiente y pedir que no alojaran a los inmigrantes y fueran trasladados a otra parte. Como reveló Jesús Rodríguez en La Directa, «durante la reunión se comprobó la sintonía y la confianza entre Xavier Garcia Albiol y algunos de los concentrados, hasta el punto de recomendar discreción a las personas exaltadas que instigaban a asaltar el albergue y quemarlo. “Os hago una recomendación, especialmente a los más jóvenes. No digáis según qué cosas porque aquí se está grabando absolutamente todo”, dirigiéndose a un grupo que iba con la cara tapada con pasamontañas, para después ejemplificarlo: “Imagínate que esta noche pasa algo. El que ha dicho ‘hay que quemarlo’ se la carga”. En algunos momentos, los gritos no permitían oírle, y le exigían que dejara de hablar y pasara a la acción. Fue entonces cuando consiguió la ovación más grande de la noche: “Dejadme margen, coño, para intentar resolverlo o, si no, haced lo que consideréis”«.

Dado lo caldeados que estaban los ánimos, la parroquia anuló la acogida. Por ello, las personas desamparadas tuvieron que acudir a otros espacios solidarios. Un grupo reducido pudo dormir en el local de la CUP y el Casal Antoni Sala i Pont y otras ocuparon un albergue municipal que estaba clausurado, pero todavía hay decenas de personas pernoctando bajo el puente de la C-31, usando tiendas y sacos de dormir que les han donado distintas activistas.

A pesar de los esfuerzos de colectivos sociales que intentan paliar con autoorganización inestabilidad de las personas que se han quedado en la calle, Badalona Acull y el resto de colectivos aseguran que la crisis continúa, que sus recursos solidarios son limitados y reclaman a las instituciones implicarse con soluciones a medio y largo plazo.

Este mensaje fue replicado el lunes 22 de diciembre, cuando unas 500 personas se concentraron frente al espacio recuperado Can Bofí Vell y recorrieron las calles de Badalona en una manifestación antirracista, al grito de “nadie es ilegal” y “Albiol fascista” y bajo el lema “Contra els atacs racistes, unitat de classe”.

Mientras tanto, otros 300 vecinos de la ciudad, se concentraron a unos metros de distancia, soltando proclamas xenófobas y contra Pedro Sánchez, apoyando a su alcalde mientras ondeaban banderas españolas.

Las derechas catalanas

Las últimas elecciones en Catalunya, así como las encuestas más recientes, revelan que la ultraderecha se encuentra doblemente representada en las instituciones catalanas.

Vox y PP obtienen sus mejores resultados en los municipios del Área Metropolitana de Barcelona y Tarragona, en barrios habitados por trabajadores de lengua castellana de la segunda o tercera generación procedentes de la inmigración del sur de España del franquismo. Por el contrario, Aliança Catalana, dirigida por Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll, mayoritariamente obtiene sus apoyos en poblaciones de la Catalunya interior, en localidades de Girona y Lleida donde la extinta Convergència de Jordi Pujol obtenía grandes mayorías y que fueron feudos del carlismo en el siglo XIX. Actualmente cuentan con dos diputats, pero un sondeo electoral de septiembre les otorga una previsión de ocupar 19 escaños.

“Ciertamente, el ascenso de las extremas derechas en Occidente es un fenómeno global con muy diversas concreciones y particularidades nacionales. La singularidad del caso catalán radica en la consolidación de dos formaciones que comparten un discurso antiinmigración, islamófobo y sionista, pero que militan en ultranacionalismos antagónicos. Además, representan una base identitaria, territorial y social muy distinta que puede resumirse esquemáticamente en las antinomias: lengua castellana/catalana, clase trabajadora/clase media, Catalunya metropolitana/interior”, explica Antonio Santamaría (periodista y ensayista sobre el nacionalismo catalán) en Zona de Estrategia.

“Desde el punto de vista ideológico, Vox no ha roto amarras con el nacionalcatolicismo franquista cuyos símbolos y memoria reivindica. Por el contrario, los referentes históricos de Aliança Catalana son fascistas catalanes de los años 30 del siglo pasado como Daniel Cardona de Nosaltres Sols o los hermanos Badia de Estat Català. Respecto al factor generacional, Vox y AC obtienen elevados apoyos electorales entre la juventud; aunque, en el caso de AC sus perfiles son algo más transversales.

El proceso independentista actuó como un acumulador de fuerzas, un desencadenante, para ambas formaciones, aunque en sentido contrario. Vox creció en los años de ascenso del procés que activó los registros del ultranacionalismo español en defensa de la unidad de la patria amenazada por los separatistas catalanes. Aliança Catalana sin embargo es un producto del declive del procés, de la frustración provocada en amplios sectores del movimiento independentista por las falsas promesas, la desunión de los partidos independentistas y la falta de perspectivas para avanzar hacia la secesión. Aquí radica la explicación del fenómeno de la existencia de dos ofertas políticas de extrema derecha en Catalunya.

El ultranacionalismo y la xenofobia son dos de los principales ejes ideológicos de las extremas derechas occidentales. Los trabajadores inmigrantes, especialmente los musulmanes, son percibidos como una amenaza para la identidad nacional/cultural y una competencia en el acceso a los servicios públicos y prestaciones sociales. Vox y AC coinciden, tanto en el discurso racista como en sus propuestas legislativas punitivas contra la inmigración, pero discrepan radicalmente en la cuestión de la identidad nacional”.

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1Para profundizar en los hechos, en lo que expresaban las desalojadas y sus interacciones con la policía y políticos, recomendamos las crónicas realizadas por Jesús Rodríguez en La Directa.

2En las pasadas municipales, Albiol obtuvo una aplastante mayoría absoluta. Presidente del PP catalán en los años del procés, ejerció de alcalde entre 2011 y 2015 con una campaña populista, antinmigración y antiocupación bajo el lema “limpiar Badalona”. Es significativo que, a diferencia de otros municipios del Área Metropolitana de Barcelona, aquí Vox no obtuvo representación. Al igual que Isabel Díaz Ayuso en Madrid, García Albiol ha asumido con éxito gran parte del discurso de la extrema derecha en materia de inmigración y seguridad ciudadana.

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Por Santiago Mayor. Extraído de El Salto

El 11 de diciembre de 2025 el presidente argentino Javier Milei firmó un anunciado proyecto de ley que envió al Congreso con el objetivo de transformar radicalmente el mundo del trabajo. Aunque su intención era que los legisladores lo aprueben antes de fin de año, su tratamiento fue postergado hasta febrero luego de una masiva movilización sindical el jueves 18 y el rechazo de la oposición política parlamentaria.

El texto, denominado “de modernización laboral”, cuenta con casi 200 artículos que proponen modificaciones en temas tan diversos como el trabajo en plataformas, pasando por las contribuciones patronales a la salud y las jubilaciones, hasta el derecho a huelga y la extensión de la jornada laboral. Si bien durante las semanas previas voceros gubernamentales habían filtrado o enunciado distintos aspectos de la iniciativa, su versión final fue todavía más extensa y abarcativa de lo que se esperaba. Celebrada por las cámaras empresarias -muchas de las cuales participaron en la redacción del texto-, generó alerta y rechazo en todo el movimiento obrero argentino.

Jorge Sola, co-secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical del país, sostuvo que se opone “terminantemente a cada uno de los puntos que establece este proyecto de reforma laboral”. En esa línea se sumaron las dos vertientes de la Central de Trabajadores de Argentina (CTA) que, en un comunicado conjunto sostuvieron que el proyecto “no moderniza nada” y en los hechos “es una ley redactada en los estudios de abogados de los grandes grupos empresarios” cuyo verdadero propósito “es precarizar el empleo y desproteger a los trabajadores”.

La respuesta sindical no es para menos, ya que el propio ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, había reconocido en noviembre durante una gira por el Estado español que uno de sus objetivos era “desarticular” a los sindicatos, reduciendo su “poder” de negociación.

Pero la mayoría de los defensores del proyecto intenta hacer foco en que, según su mirada, con estas modificaciones se podrán crear más empleos y se generará más “estabilidad” en el mercado laboral. Paradójicamente, el modelo económico impulsado hasta ahora por Javier Milei ha generado estancamiento, pérdida de poder adquisitivo y de puestos de trabajo. De acuerdo a datos oficiales, los salarios reales cayeron un 11% en promedio desde que el presidente de extrema derecha llegó al gobierno. Por su parte, el Salario Mínimo, Vital y Móvil se hundió un 34% y hoy posee un poder de compra inferior al del año 2001 cuando Argentina atravesó la peor crisis económica de su historia.

Asimismo, como señaló la periodista Eugenia Rodríguez en un detallado artículo publicado en El Destape “tras los cambios laborales implementados con la Ley Bases en 2024 (mayor periodo de prueba, categoría de colaboradores ‘independientes’, fondos de cese laboral optativos)” no se crearon fuentes de trabajo. De hecho, “el último dato oficial difundido recientemente indicó que se perdieron más de 280.000 puestos de trabajo asalariados registrados”.

En diálogo con El Salto la socióloga Luci Cavallero, apuntó que “uno de los grandes mitos que se ha querido instalar desde de los medios de comunicación, pero también como discurso de sentido común es la hipótesis y el supuesto implícito es que a mayor flexibilización de las normas laborales mayor probabilidad de que el empresariado tome más personal”. Pero eso “no se ha verificado en ninguna parte del mundo y laboralistas de todos los colores e ideologías coinciden en que lo que crea trabajo registrado son las economías en crecimiento”.

Un ataque a los sindicatos

El investigador Luis Campos, miembro del Instituto de Estudios y Formación de la CTA – Autónoma y uno de los mayores especialistas de la situación laboral en Argentina, sostiene que el proyecto del gobierno de Milei se trata, en realidad, de tres reformas en una.

En primer lugar implica un ataque directo a la organización y acción colectiva, cuya principal herramienta institucional son los sindicatos. “En la práctica prohíbe la huelga bajo una reglamentación excesiva de los llamados servicios esenciales”, apuntó Campos entrevistado por este medio. Es que el texto presentado califica de esta forma actividades tan diversas como la gastronomía, la educación o la producción de alimentos y las obligaría a garantizar una dotación mínima del 50% o 75% del personal, según el caso, si se decide una medida de fuerza. “De esta manera se le imponen restricciones al ejercicio de la huelga en prácticamente todas las actividades de la economía, restricciones que en la actualidad existen, pero para actividades muy acotadas, como por ejemplo la terapia intensiva de un hospital o una central nuclear”, recordó el investigador.

Otro punto crítico para las organizaciones sindicales tiene que ver con los Convenios Colectivos. En la actualidad rige un orden progresivo donde la Ley de Contrato de Trabajo estipula un piso mínimo que los convenios específicos por rama de actividad pueden mejorar, pero nunca empeorar. A su vez, se permiten acuerdos particulares por empresa o región, que deben seguir la misma línea. La reforma propuesta por el gobierno argentino busca romper esta dinámica, habilitando convenios de orden inferior (por provincia o empresa) que prevalezcan -aún si implican peores condiciones laborales- por sobre los convenios nacionales.

Asimismo se plantea poner un límite muy fuerte a la llamada “ultraactividad” de los Convenios Colectivos. A diferencia de otros países, en Argentina estos no tienen fecha de vencimiento. Es decir que, si en una negociación entre un sindicato y una cámara patronal no se llega a un acuerdo, todos los derechos adquiridos en el convenio continúan vigentes. Nuevamente, la intención del Poder Ejecutivo es terminar con este principio estableciendo una fecha de caducidad de un año para algunas cláusulas, lo cual pondría a los sindicatos en una situación de debilidad ya que se verían obligados a acordar con las empresas, aunque esto implique perder beneficios y conquistas.

Por otra parte también se condiciona la actividad gremial dentro de las unidades productivas. Cualquier grupo de trabajadores que decida realizar una asamblea deberá contar con autorización del empleador y en caso de obtenerla, se les descontará de sus salarios el tiempo que dure la deliberación colectiva.

Finalmente, aunque no menos importante, “se incluyen restricciones muy fuertes al financiamiento de los sindicatos”, subrayó Campos. Y añadió: “Posiblemente la más importante es que los empleadores dejan de estar obligados a actuar como agentes de retención de las cuotas de afiliación sindical con lo cual, se va a dificultar mucho la capacidad de los sindicatos de financiar su funcionamiento”.

El control del proceso de trabajo

La segunda reforma, en términos de Campos, está relacionada con la anterior pero se enfoca en ampliar y reforzar el control del proceso de trabajo por parte del empresariado. Entre los puntos más destacados se amplía el período de prueba a seis meses; se flexibiliza el período de vacaciones permitiendo su fraccionamiento en lapsos no menores a 7 días corridos y se establece que los empleadores deben permitirlas “al menos” una vez cada tres años en la temporada de verano; se habilita el “salario dinámico” que puede modificarse por productividad o “mérito” y se permite el pago en moneda extranjera, vales o alimento.

Pero sin duda, el punto más polémico de esta segunda reforma dentro del proyecto, es el llamado “banco de horas”. Este sistema supone que la patronal disponga del tiempo del empleado de acuerdo a sus necesidades productivas y pueda modificar la jornada laboral, sin pagar horas extras. Un trabajo de 8 horas podría extenderse hasta 12 en un mismo día si la empresa así lo dispone. Como compensación, esas horas se le “devolverán” al trabajador otro día, realizando una jornada reducida.

“Esto pone a los trabajadores en una situación de debilidad muy fuerte frente a los empleadores porque estas cuestiones, con ciertos límites, se podían negociar en los convenios colectivos de trabajo, a partir de ahora van a poder ser negociados en en los contratos individuales”, sentenció Campos.

Por su parte, Cavallero consideró que si se aprueba esta ley “el impacto va a ser una baja en el costo laboral de las empresas no solo por el ajuste en salarios, sino también por las condiciones laborales” donde se va a dar “una mayor flexibilidad y una responsabilización del trabajador de cuestiones que antes asumía el patrón y que tiene que asumir el patrón”.

Hacer más ricos a los ricos

El tercer aspecto de la ley de “modernización laboral” se entronca directamente con el proyecto político, económico y de país de Milei: un gobierno de la clase dominante y para la clase dominante. Para Luis Campos no hay duda: el texto de la nueva ley “incluye una transferencia multimillonaria de recursos del trabajo al capital”.

La reducción de las contribuciones patronales que los empleadores hacen todos los meses al sistema de seguridad social cae en tres puntos porcentuales: del 20,4% al 17,4%

Esto se puede observar a través de dos aspectos. En primer lugar, la reducción de las contribuciones patronales que los empleadores hacen todos los meses al sistema de seguridad social que cae en tres puntos porcentuales: del 20,4% al 17,4%. Estos fondos actualmente van a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) encargada del pago de jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, entre otras prestaciones.

Si bien las empresas seguirán abonando esos tres puntos de la masa salarial, serán reorientados hacia el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un instrumento que crea la nueva ley y será el encargado de pagar las indemnizaciones de aquellos trabajadores trabajadoras que sean despedidos por sus empleadores. “Con lo cual para los empleadores en el día a día esto se netea, es decir, van a pagar un 3% al FAL, pero se ahorran un 3% en las contribuciones patronales”, explicó Campos y, en definitiva, se van a ahorrar el pago de las indemnizaciones “que ahora indirectamente se van a terminar haciendo con fondos que deja de percibir la ANSES”. O, en otras palabras, se le quitará dinero a jubilados, pensionados y otras personas vulnerables, para financiar la posibilidad de despedir de las empresas.

En segundo lugar, la ley también prevé una reducción en el aporte patronal que los empleadores hacen a las obras sociales del 6% al 5% del salario. De esta forma hay cuatro puntos porcentuales de masa salarial que los trabajadores y trabajadoras argentinas pasarían a ceder al sector empresario. Según estimaciones de los sindicatos, en la actualidad esto asciende a unos 2.500 millones de dólares al año.

¿Cuál es el estado del proyecto?

Como mencionamos al comienzo, el objetivo declarado del Poder Ejecutivo era que el Congreso aprobara su reforma antes de fin de año. De hecho la flamante senadora y ex ministra de Seguridad de Milei, Patricia Bullrich, había puesto como fecha de votación el 26 de diciembre.

Sin embargo, en los últimos días el panorama cambió. La noche del miércoles 17 de diciembre el oficialismo sufrió un revés en la votación del Presupuesto en la Cámara de Diputados, donde la oposición logró quitar el artículo que eliminaba el financiamiento a las Universidades Públicas y derogaba la Emergencia en Discapacidad.

Por su parte, el jueves 18 las principales centrales sindicales, organizaciones sociales, de Derechos Humanos y políticas, se movilizaron a la Plaza de Mayo para rechazar la reforma laboral. Unas horas después del acto donde los dirigentes amenazaron con una huelga nacional, la senadora Bulrich anunciaba que el texto sería debatido el 10 de febrero.

Es que si bien tras las elecciones legislativas de octubre de 2025 el gobierno de Milei salió fortalecido y amplió su representación en ambas cámaras del Congreso, todavía debe negociar con sectores moderados y dialoguistas para lograr la aprobación de sus proyectos.

Ahora, mientras el oficialismo apuesta a convencer -con argumentos o con prebendas- a los legisladores indecisos, el movimiento obrero planifica sus próximos pasos en una batalla que, por ahora, ha logrado postergar hasta 2026.

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