El Ministerio de Salud de Gaza sigue dando testimonio del impacto del genocidio que Israel ha perpetrado en Gaza desde el 7 de octubre de 2023. Tres meses después de la entrada en vigor del alto el fuego auspiciado por Trump, la muerte de un bebé recién nacido (de siete días) y otro niño de cuatro años ha elevado a seis el número total de muertes infantiles causadas por el frío desde el comienzo del invierno, según el recuento del Gobierno de la Franja.
Además, la semana pasada se informaba de la muerte de Ata Mai, un niño de siete años, quien se ahogó el 27 de diciembre durante las inundaciones en un campamento improvisado para desplazados internos en Sudaniyeh, al noroeste de la ciudad de Gaza.
Las inundaciones del 30 de diciembre y el 9 de enero han recrudecido las condiciones en un contexto en el que los materiales para refugios sigue siendo “críticamente insuficiente”, en palabras del Ministerio de Salud: “Casi un millón de personas necesitan urgentemente vivienda de emergencia, y las organizaciones humanitarias piden soluciones de refugio duraderas y la rehabilitación de las viviendas dañadas”.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) estima que un millón de personas en Gaza siguen necesitando urgentemente asistencia de emergencia para refugios.
Naciones Unidas ha dado la voz de alerta sobre la precariedad de la vida en los campamentos de refugiados: “Como estructuras de emergencia, las tiendas de campaña ofrecen una protección limitada contra las fuertes lluvias, las inundaciones o el frío, y se deterioran rápidamente con el uso prolongado”, advirtió la ONU.
La prohibición por parte del gobierno israelí de 37 organizaciones que proporcionaban ayuda humanitaria y suministros básicos, ordenada por Israel por una supuesta “explotación de los marcos humanitarios con fines terroristas”, ha empeorado una situación catastrófica también por la destrucción de las infraestructuras. Se calcula que el 80 % de la infraestructura de agua y saneamiento de Gaza ha sido destruida parcial o totalmente, incluidas las seis principales plantas de tratamiento de aguas residuales.
En la actualidad, Israel no ha cumplido el capítulo del alto el fuego con respecto a la autorización de entrada de camiones de ayuda humanitaria. La Cruz Roja alemana ha denunciado que no se ha llegado aun al mínimo requerido de 600 camiones diarios.
Las inundaciones del 30 de diciembre y el 9 de enero han recrudecido las condiciones en un contexto en el que los materiales para refugios sigue siendo “críticamente insuficiente”, en palabras del Ministerio de Salud: “Casi un millón de personas necesitan urgentemente vivienda de emergencia, y las organizaciones humanitarias piden soluciones de refugio duraderas y la rehabilitación de las viviendas dañadas”.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) estima que un millón de personas en Gaza siguen necesitando urgentemente asistencia de emergencia para refugios.
Naciones Unidas ha dado la voz de alerta sobre la precariedad de la vida en los campamentos de refugiados: “Como estructuras de emergencia, las tiendas de campaña ofrecen una protección limitada contra las fuertes lluvias, las inundaciones o el frío, y se deterioran rápidamente con el uso prolongado”, advirtió la ONU.
El domingo 11 de enero, la Comisión de Prisioneros Palestinos, denunciaba la confirmación de la muerte del preso palestino Hamza Adwan en una prisión israelí
La prohibición por parte del gobierno israelí de 37 organizaciones que proporcionaban ayuda humanitaria y suministros básicos, ordenada por Israel por una supuesta “explotación de los marcos humanitarios con fines terroristas”, ha empeorado una situación catastrófica también por la destrucción de las infraestructuras. Se calcula que el 80 % de la infraestructura de agua y saneamiento de Gaza ha sido destruida parcial o totalmente, incluidas las seis principales plantas de tratamiento de aguas residuales.
En la actualidad, Israel no ha cumplido el capítulo del alto el fuego con respecto a la autorización de entrada de camiones de ayuda humanitaria. La Cruz Roja alemana ha denunciado que no se ha llegado aun al mínimo requerido de 600 camiones diarios.
Pese al efecto cloroformo que supuso la solución Trump, las muertes de civiles en Gaza siguen goteando en la Franja. Cada día desde el alto el fuego Israel ha matado a una media de cinco personas.
La última masacre tuvo lugar el jueves 8 de enero, cuando las Fuerzas Armadas de Israel atacaron con un dron una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas en el sur de Gaza, causando la muerte de 13 personas, cinco de ellas menores de edad. El lunes, Al Jazeera informaba de que un dron cuadricóptero israelí había asesinado a tres palestinos en Khan Younis, al sur de la Franja.
Además, las autoridades de Gaza confirmaban que una milicia colaboracionista con Israel de la Franja había llevado a cabo un atentado en el que acabó con la vida de Mahmoud Al-Astal, de 40 años, director de Investigaciones Policiales.
Muertes en comisaría
El domingo 11 de enero, la Comisión de Prisioneros Palestinos (PPSMO, en inglés), denunciaba la confirmación de la muerte del preso palestino Hamza Adwan en una prisión israelí. El hecho tuvo lugar el 9 de septiembre de 2025, pero no ha sido hasta este 2026 cuando las autoridades penitenciarias confirmaron esa muerte, que supone la número 87 de presos palestinos desde el 7 de octubre de 2023, en lo que es la peor campaña de asesinatos en prisión en la historia del conflicto. 51 de esas 87 personas fueron detenidas en Gaza.
Las cifras, no obstante, es más elevada, según la PPSMO, que calcula que “decenas de detenidos mártires de Gaza siguen desaparecidos por la fuerza, junto con decenas de detenidos que fueron ejecutados sumariamente”.
Se pone fin a la huelga de hambre de una presa y dos presos de Palestine Action que llevaban más tiempo sumidas en ella, tras más de 70 días (más tiempo de lo que estuvo Bobby Sands en huelga de hambre antes de morir). Si bien no se han estimado todas sus demandas, han logrado una victoria parcial, logrando que el gobierno inglés no conceda un nuevo contrato a Elbit Systems UK.
Tras más de dos meses de ayuno extremo, una presa y dos presos de Palestine Action que mantenían la huelga de hambre más prolongada han anunciado el fin de la protesta. La decisión llega después de que el gobierno británico haya confirmado que no concederá un contrato público de 2.000 millones de libras a Elbit Systems UK, filial de la mayor empresa armamentística israelí, una de las principales demandas planteadas por los huelguistas.
La protesta, que había generado una creciente alarma por el estado de salud de los presos, se desarrollaba en un contexto de máxima tensión. Heba Muraisi, de 31 años, alcanzó los 73 días sin ingerir alimentos, una cifra que evocaba inevitablemente la memoria de las huelgas de hambre de presos republicanos irlandeses en 1981, donde varios murieron tras periodos incluso más cortos de ayuno. Otros presos, como Kamran Ahmed, de 28 años, y Lewie Chiaramello, de 22 —diabético tipo 1 y en ayuno intermitente—, también habían llevado su cuerpo al límite como forma de protesta política.
Según el colectivo Presos en huelga de hambre, la negativa del Ministerio de Defensa a otorgar el contrato a Elbit Systems UK supone un giro significativo en la política del gobierno británico, que desde 2012 había adjudicado a la empresa más de una decena de contratos públicos. El acuerdo frustrado habría permitido a la compañía entrenar a unos 60.000 soldados británicos al año, reforzando los vínculos entre el Estado británico y la industria militar israelí.
Además de la cuestión contractual, durante las últimas semanas se produjeron reuniones entre responsables nacionales de atención sanitaria en prisiones y representantes de los huelguistas, promovidas por el Ministerio de Justicia. En esos encuentros se abordaron tanto las condiciones de reclusión como los protocolos médicos, en un momento en el que la vida de los presos estaba seriamente amenazada.
Junto a Muraisi, Ahmed y Chiaramello, otros cuatro presos —Teuta Hoxha, Jon Cink, Qesser Zuhrah y Amu Gib—, que habían pausado previamente su participación en la huelga, han decidido darla por finalizada de manera definitiva. Todos ellos han iniciado ahora el delicado proceso de realimentación bajo pautas médicas, una fase que también entraña riesgos graves si no se gestiona adecuadamente.
El colectivo Presos por Palestina sostiene que la huelga ha logrado varias victorias políticas. Entre ellas, destacan el aumento de la movilización directa contra el complejo militar-industrial israelí —con centenares de personas incorporándose a acciones en apenas unas semanas— y avances concretos en las condiciones de los presos. En el caso de Heba Muraisi, se ha aceptado su traslado a la prisión de Bronzefield, en Surrey, lo que permitirá acercarla a su entorno familiar tras haber sido enviada anteriormente a un centro situado a cientos de kilómetros.
Otras demandas también han comenzado a desbloquearse, como el acceso a comunicaciones y materiales censurados durante meses. Según denunciaron, durante la huelga algunos presos empezaron a recibir de golpe grandes cantidades de correo retenido, incluidos libros sobre Gaza y feminismo que habían sido bloqueados sin explicación.
Desde el entorno de los presos califican la huelga de hambre como un hito de resistencia política. A su juicio, ha dejado al descubierto la existencia de presos políticos en el Reino Unido y el papel del Estado británico en el sostenimiento de la industria armamentística israelí. En palabras de Amu Gib: «Nunca le hemos confiado nuestras vidas al gobierno, y no empezaremos ahora. Seremos nosotros quienes decidamos cómo entregamos nuestras vidas a la justicia y la liberación».
La huelga de hambre termina, pero el conflicto político que la originó —la complicidad del Estado británico con la maquinaria de guerra israelí— sigue abierto.
Cuando me recuerdan que tenía que haber entregado este artículo hace dos semanas, me encuentro leyendo el libro La lucha por Barcelona. Clase, cultura y conflicto 1898-1937, de Chris Ealham. Un libro increíble, que me está gustando muchísimo. De momento, en el primer cuarto del libro, y supongo que en el resto, desarrolla cómo se crea la comunidad proletaria que asalta las instituciones políticas, sociales y económicas de la época, cómo en los barrios se construye una identidad colectiva que fragua unidad, solidaridad, reconocimiento de los intereses comunes, socialización de los conflictos particulares, etc., que posibilita la lucha por la mejora de sus condiciones materiales de existencia:
“Este sentido de clase era más emocional que político: representaba una cultura poderosa de identidad local, un esprit de quartier (espíritu de barrio), resultado de los extensos vínculos afectivos que generaban los rituales de apoyo, la solidaridad y las relaciones sociales directas de la vida de barrio”.
Otra cuestión, que no es eje principal del libro pero me dió que pensar, es que una de las razones de la radicalidad del movimiento obrero en España, en el primer tercio del siglo XX, es la miopía de las clases dirigentes que al negarse a reconocer reivindicación alguna, por muy básica que ésta fuera, al negarse a considerar a las instituciones obreras como interlocutores legítimos y al aplicar una feroz represión, es decir, al cerrar ellos mismos la vía de la reforma, de la integración de las organizaciones de los trabajadores en el Estado, además de llenar de sangre las calles, empujan a nuestra clase por una vía de sentido único, la vía de la impugnación total del Sistema, que justo coincide con el corpus desarrollado y aprendido en tantos artículos de la prensa obrera, mítines, asambleas, obras literarias, etc. La clase trabajadora organizada del país tenía claro que dentro del Estado liberal y el régimen capitalista no había solución posible a su miseria cotidiana, pero, es que, además, la clase dirigente se lo confirmó; la burguesía no tuvo intención alguna de ceder ni un milímetro en su posición ni de integrar a parte del proletariado.
Esto podría encontrar cierta correspondencia con escenarios presentes.
Respecto a la vivienda, ni el disponer de un presunto gobierno progresista ni la crítica situación han hecho que, en estos últimos 6-7 años, se haya tomado medida alguna que tenga un efecto real, que disminuya un ápice los ingentes ingresos de rentistas y especuladores. De hecho, la situación es desoladora, nadie considera que se vaya a revertir sino que, en este 2026, sabemos que irá a peor. El Estado es incapaz de asumir hasta la necesidad de implantar un mínimo control de los precios y se ha instalado un pesimismo que corre por nuestras venas como un veneno paralizante. Lo mismo tiene lugar con la situación brutal de exterminio de la población palestina agravada en estos dos últimos años y la imposibilidad de conseguir que, como mínimo, como punto de partida, el Estado español y el sector económico rompan relaciones políticas y comerciales con la maquinaria estatal sionista, ya no hablemos de crear un frente que acabe con el proyecto colonial.
El problema actual es que no disponemos de la comunidad social compartida que permita construir la comunidad de lucha necesaria para abordar dichas cuestiones, pero, es que, además, la mayoría de veces, cuando nos embarcamos en esta tarea, intentamos empezar la casa por el tejado, lanzándonos a una batalla sin los mínimos cimientos necesarios para aguantar más de un embiste.
En esta línea, un vecino y compañero siempre repite que hay que dejarse de la reacción directa, estéril, que versa sobre un tema en cada semana, que tiene más que ver con nuestra necesidad personal de sentir que algo estamos haciendo, con un sentimiento visceral loable, que con la disposición real de afrontar dicha pelea. Aparcar parte de estas reacciones momentáneas para asumir la tarea de la reconstrucción del mínimo común en nuestro entorno, desde un equipo deportivo a un club de lectura, pasando por prácticas cotidianas de solidaridad, es una tarea que tenemos que afrontar más pronto que tarde.
De esto sabe muy bien el pueblo irlandés, que, tras el genocidio sufrido en el siglo XIX, con las hambrunas, ocupación militar británica y procesos migratorios, comienzan el nuevo siglo con sus comunidades destrozadas. En este contexto, lo primero que reconstruyen son las instituciones deportivas y culturales gaelicas, recuperando así una identidad nacional compartida y unos lazos sociales generados en estos espacios comunes, algo diferente al ejemplo planteado por Ealham pero relevante en un contexto de ocupación imperialista. Son los jóvenes que practican estos deportes, forman parte de los grupos de «boys scouts» republicanos o acuden a clases de gaelico, quienes conformarán las estructuras que plantarán cara a los ingleses durante más de 70 años.
Pero cómo compaginar este planteamiento con las urgencias presentes. No podemos decirles a nuestras hermanas palestinas que eviten ser extinguidas que aún estamos reconstruyendo nuestras comunidades de lucha. Hay batallas que hay que librar aquí y ahora, por ello, debemos intentar afrontarlas de la manera más efectiva con las herramientas presentes y, sobre todo, aunque suframos derrotas, que el camino recorrido nos coloque en una posición más favorable de cara a la próxima pelea.
Es complicado decir algo sobre Palestina que no se haya dicho ya. Es complicado reflejar por escrito la impotencia, rabia, dolor, odio y pena, que nos ha desolado y sigue desolando en estos casi 800 días de ofensiva. Es complicado dejar de sentirse uno cómplice con lo ocurrido, pues por muchos panfletos repartidos, manifestaciones, boicots individuales, etc., el sentimiento de que algo más se puede hacer está siempre presente. Pero qué ha fallado, qué ha ocurrido para que no se haya producido la reacción necesaria para poner contra las cuerdas al ente sionista y a sus cómplices.
Son múltiples los análisis ya presentes y, desde aquí no tenemos la capacidad para realizar una contribución realmente diferencial. Pero, reflexionando sobre la lucha en nuestro ámbito local, esperamos que estos apuntes pueden ser de utilidad teniendo presentes los dos ejes que han estado presentes en dicho texto hasta ahora, el fortalecimiento de nuestras comunidades y las victorias frente a nuestros enemigos. Casi nada.
Los resultados más relevantes se han producido cuando se ha delimitado un objetivo concreto y, aunque difícil, viable. En muchas ocasiones las manifestaciones o acciones de protesta suponían un canto difuso contra lo que estaba teniendo lugar, sin un aterrizaje local, pero, cuando ha existido un fin específico, por ejemplo, el que no deba celebrarse la Vuelta ciclista mientras siga siendo cómplice de la campaña de normalización del ente sionista, se han conseguido victorias, esto ha hecho activar redes locales de militantes por todo el Estado y empoderarlas en base a la posibilidad de conseguir un impacto palpable, aquí y ahora. La campaña contra la Vuelta ha tenido una repercusión internacional relevante, extendiendo una práctica de boicot a los satélites deportivos sionistas, una pequeña alegría en este páramo, algo muy importante, pues estas alegrías son gasolina para siguientes retos.
Al igual que se planteó este objetivo, cabe la posibilidad de fijar otros en el dominio local que puedan ser asumidos no sólo por las redes de activistas ya existentes por esta cuestión sino por múltiples personas simpatizantes y organizaciones de otra naturaleza. En nuestros barrios y entornos, por ejemplo, hay entidades accesibles y cercanas asociadas al régimen israelí, ya fuera porque se encuentran presentes en territorios ocupados, como la conocida cadena de supermercados francesa, o porque autorizan la venta de armamento que será usado contra la población palestina. ¿Os imagináis a un número relevante de las personas que han acudido a las masivas manifestaciones bloqueando la entrada de clientes en los supermercados que andan desperdigados por nuestros barrios? Debemos romper la inercia de nuestros rituales de protesta, poner en práctica formas de conflicto directo que supongan la apertura de brechas en el escenario de la normalidad democrática donde tan bien suelen encajar nuestras manifestaciones.
Por otro lado, en este tiempo, se ha centralizado la iniciativa en las mismas organizaciones y espacios de lucha, la mayoría preexistentes antes de octubre de 2023, y, sin desmerecer todo el trabajo realizado, todo el contrario, han conseguido mantener el pulso en la calle durante todo este tiempo, la mayoría de personas hemos tenido un papel más pasivo, respondiendo a las convocatorias que nos llegaban por parte de estos grupos, y que, en las ciudades grandes, se han concentrado en sus centros turísticos y comerciales. No hemos conseguido esparcir por todo el territorio nacional, barrios y pueblos, estructuras más pegadas a lo local que pudieran desarrollar un trabajo de propaganda, denuncia y disputa, que pudieran haber posibilitado el contacto, encuentro y establecimiento de redes que desbordaran también a otras problemáticas.
El fijar objetivos concretos que nos permitieran conseguir pequeñas victorias que al ir escalándolas nos hubieran posibilitado hacer avanzar el conflicto con el Estado y el Capital cómplice con el régimen sionista, y, además, el establecimiento de comités locales que recogieran la indignación popular presente en tantas manifestaciones y acciones, son dos pequeñas aportaciones que, de forma escueta, realizamos en estas páginas.
Para terminar, Palestina ha sido un laboratorio de pruebas para conocer el límite de las dinámicas imperialistas y prácticas de exterminio, y, una vez comprobado que no existe límite alguno, lo sucedido durante estos primeros días del año en Venezuela no es más que los primeros metros recorridos por parte de una maquinaria bestial que, ante la crítica situación planetaria, está dispuesta a sacrificarnos a todas con tal de salvarse a sí misma. Por ello, en esta lucha por la vida, como nos señala el libro reseñado, recuperemos una celebración radical del nosotros, reconstruyamos comunidades de lucha por la impugnación total. Aún está todo por hacer.
El 3 de enero de 2026 nos despertamos con el bombardeo estadounidense sobre Caracas y el sibsiguiente secuestro del presidente Nicolás Maduro y Cilia Flores. Se trata de la detención más cara de la historia, para la cual se movilizaron 150 cazas, otros tanto helicópteros y 200 soldados de los Delta Force. Entre 80 y 100 venezolanos y cubanos fueron asesinados y la hasta entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez ha asumido el mando del país.
Pese a que la operación viola el Derecho Internacional de forma flagrante, Trump insiste en que está por encima de estas normas y que su único límite es su «moralidad» (de la cual sabemos que anda muy justito). Esto y el hecho de que no haya ocultado que detrás de esta operación está su voluntad de apoderarse del petróleo venezolano constatan que nos encontramos ante la «ley del más fuerte».
«Vivimos en un mundo gobernado por la fuerza, por el poder», afirmó Stephen Miller en la CNN el 5 de enero de 2026, mientras exponía su programa fascista y justificaba la toma de Groenlandia por la fuerza. «Estas son las leyes de hierro que rigen el mundo desde el principio de los tiempos».
En la madrugada del 3 de enero, la Administración Trump llevó a cabo una incursión televisada en Venezuela, bombardeando al menos siete objetivos en Caracas y secuestrando al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores. Esta operación culminaba una campaña de presión de un año de duración, durante la cual la administración calificó a los inmigrantes venezolanos en Estados Unidos como «narcoterroristas», intentó aplicar la Ley de Enemigos Extranjeros, bombardeó supuestos «barcos de drogas», confiscó petroleros y desplegó la Marina estadounidense para bloquear Venezuela.
El régimen de Trump acusó inicialmente a Maduro de dirigir el llamado «Cártel de los Soles», una invención tan ficticia como la designación de una supuesta organización denominada «Antifa» —es decir, la totalidad del movimiento antifascista— como organización terrorista. Aunque dos días después revisaron esta acusación para articular un caso legal algo menos endeble, este proceder es característico de su método: comenzar con una narrativa falsa y buscar después los medios para imponerla a la realidad.
Uno de los principales objetivos de Donald Trump era difundir una fotografía de Nicolás Maduro encadenado, evocando las imágenes que las agencias federales han publicado de personas secuestradas por el ICE. En lugar de ofrecer mejoras reales en las condiciones de vida de la población, Trump ofrece a sus seguidores la satisfacción vicaria de identificarse con carceleros y torturadores. Su objetivo es deshumanizar a sus adversarios y desensibilizar al conjunto de la sociedad ante la violencia que será necesaria para sostener su dominio y el propio capitalismo en una era de beneficios decrecientes.
Los grandes medios de comunicación corporativos están desempeñando su papel habitual de oposición leal: cuestionan la legalidad de la operación mientras demonizan a Maduro y ensalzan a su rival derechista, María Corina Machado. Para quienes aspiran a oponerse al imperialismo —anarquistas y otros movimientos— resulta imprescindible situar el ataque contra Venezuela en un contexto más amplio, reflexionar sobre qué forma podría adoptar una oposición eficaz e identificar cómo responder.
El manual
El Gobierno de Estados Unidos tiene una larga trayectoria de intervenciones imperialistas en América Latina, que abarca más de un siglo de operaciones contra Cuba, el sangriento golpe militar en Chile en 1973 o la invasión de Panamá ordenada por George Bush padre en 1989. El ataque contra Venezuela se inscribe en la continuidad de iniciativas más recientes: desde las invasiones de Afganistán e Irak bajo George W. Bush en 2002 y 2003, hasta el desmantelamiento, por parte de Joe Biden, del llamado «orden internacional basado en normas» para permitir que Benjamin Netanyahu lleve a cabo un genocidio en Palestina a partir de 2023.
Al mismo tiempo, el programa de la administración Trump supone una ruptura con las formas anteriores. Al apostar por la extracción de recursos mediante la fuerza bruta, sin siquiera la pretensión de una agenda ideológica alternativa, Trump se alinea con Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu en la inauguración de una era de rapiña abierta y desacomplejada.
Aunque los subordinados de Trump han invocado las elecciones amañadas celebradas en Venezuela en 2024 para justificar el ataque, no existe ninguna intención real de promover elecciones libres ni «democracia» en el país. Algunas fuentes sostienen que la oposición liderada por María Corina Machado cuenta con el apoyo de cerca del 80 % de la población venezolana, pero Trump afirma que no dispone del respaldo suficiente para gobernar; presumiblemente, se refiere a la falta de apoyo de las Fuerzas Armadas. Trump preferiría tratar con un régimen autocrático que le fuera directamente leal. Al fin y al cabo, tampoco desea rendir cuentas ante las urnas, ni en Venezuela ni en Estados Unidos.
Trump está recurriendo a la guerra para esquivar una crisis interna. Aunque él mismo y un sector del Partido Republicano llevan tiempo impulsando un cambio de régimen y un refuerzo de la presencia naval en el Caribe, este golpe se ha diseñado para copar la atención mediática y desviar el foco del deterioro de las encuestas y de una serie de reveses judiciales relacionados con sus intentos de desplegar la Guardia Nacional. Paralelamente, las pruebas de su implicación en la red de abusos sexuales y violaciones vinculada a Jeffrey Epstein están empezando a resquebrajar su base de apoyo.
A medida que los autócratas ven amenazado su control del poder, se vuelven más peligrosos e imprevisibles. Las maniobras de Netanyahu para mantenerse a flote frente a sus escándalos de corrupción —incluida su disposición a sacrificar rehenes para prolongar el genocidio— son ilustrativas. Cuando la crisis se cierne sobre ellos, estos gobernantes generan nuevas crisis para distraer a la población. Toda oposición eficaz debe esforzarse por mantener la atención sobre aquello que Trump intenta ocultar. Eso es, precisamente, lo que más teme.
Entendido como una operación mediática, el ataque contra Venezuela es un ataque contra todas nosotras: un intento de intimidar a cualquiera que pudiera resistirse al régimen de Trump, de hacernos aceptar que la violencia estatal seguirá intensificándose hagamos lo que hagamos, de convencernos de que no somos protagonistas de nuestro propio tiempo.
Como ya señalamos en 2025, Trump ha copiado buena parte de su estrategia de líderes autoritarios como Vladimir Putin. Cuando Putin fue nombrado primer ministro en agosto de 1999, sus índices de aprobación eran incluso más bajos que los de Trump hoy. Resolvió ese problema mediante la segunda guerra de Chechenia, que disparó su popularidad. Desde entonces, cada vez que su apoyo se ha desplomado, ha recurrido al mismo patrón: Georgia en 2008, Crimea y el Donbás en 2014, Ucrania en 2022, consolidando progresivamente el control de la sociedad rusa hasta poder enviar a cientos de miles de personas al matadero de la guerra.
Putin ha utilizado la guerra en Ucrania como instrumento de control interno, y en Rusia este control va mucho más allá de la represión de protestas. A medida que empeoran las condiciones económicas, necesita proyectar fuerza y brutalidad constantes, al tiempo que gestiona una población cada vez más inquieta y desesperada. Reclutar a jóvenes de familias empobrecidas del interior para enviarlos al frente sirve para mantenerlos ocupados; si decenas de miles no regresan, tanto mejor: no engrosarán las cifras del desempleo ni protagonizarán protestas. El servicio militar obligatorio también ha empujado al exilio a miles de personas que podrían haber encabezado una revuelta. Es una estrategia que veremos reproducirse en otros lugares a medida que se profundice la crisis global del capitalismo.
La diferencia fundamental es que, aunque Estados Unidos es mucho más poderoso que Rusia, el control de Trump sobre el poder es mucho más frágil que el de Putin. Además, tras las desastrosas ocupaciones de Afganistán e Irak, el electorado estadounidense es hoy mucho menos tolerante con operaciones que pongan en riesgo la vida de soldados estadounidenses.
Trump no es un estratega disciplinado ni coherente. Recurre sistemáticamente a la amenaza y la intimidación, explotando la cobardía y la debilidad de sus interlocutores. Confía en que esa intimidación baste para someter a los gobiernos latinoamericanos sin necesidad de nuevas intervenciones militares. Si fracasa, probablemente recurrirá a tecnología militar, mercenarios privados y otros mecanismos para ejercer la fuerza sin desplegar tropas en el terreno. Pero la guerra, una vez iniciada, impone su propia lógica. Si la administración Trump persiste en este camino, las fuerzas estadounidenses podrían verse arrastradas a un conflicto abierto.
Tras el ataque a Venezuela, Trump y su entorno han amenazado con actuar de forma similar contra México, Cuba, Colombia, Dinamarca y otros países. Sin duda lo harán si creen actuar desde una posición de fuerza; pero incluso si las cosas se tuercen, Trump puede intentar utilizar estas maniobras como cortina de humo para ocultar su debilidad.
El regreso del saqueo
El capitalismo nació al calor del saqueo colonial y, a medida que los márgenes de beneficio se reducen en la economía mundial, los gobiernos están retomando esa vieja estrategia de acumulación.
Esto explica tanto la apropiación territorial de Putin en Ucrania como el intento de Netanyahu de utilizar el genocidio como herramienta de gentrificación, o la última aventura de Trump en Venezuela.
En un documento titulado Estrategia de Seguridad Nacional, publicado en noviembre de 2025, la administración Trump asumió explícitamente un «Corolario Trump» de la Doctrina Monroe, cuyo objetivo es «restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio occidental» para «negar a competidores extrahemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio».
Trump ha bautizado esta estrategia como «Doctrina Donroe», proclamando que «el dominio estadounidense en el hemisferio occidental nunca volverá a ser cuestionado». Se trata, sin duda, del petróleo —Venezuela alberga alrededor del 17 % de las reservas mundiales—, pero también de una pugna geopolítica con China, principal inversor e importador del petróleo venezolano, que adquiere cerca del 80 % de sus exportaciones y ha concedido más de 60.000 millones de dólares en préstamos desde 2007. Esta orientación es anterior a Trump: la revitalización de la Doctrina Monroe, enfocada a competir con China y Rusia en el Sur Global, ya era un eje central de la Comisión 2024 sobre Estrategia de Seguridad Nacional creada bajo la administración Biden. Dicha comisión reclamaba explícitamente disputar a China y Rusia la influencia en América Latina en materia de explotación de recursos naturales y capacidades de proyección de poder. Trump representa el giro autoritario; la lógica económica y geopolítica ya estaba ahí.
En otras palabras, la brutalidad de Trump ofrece a la clase dominante una respuesta a un problema estructural del capitalismo contemporáneo: la evaporación de oportunidades rentables.
El plan de entregar la extracción de recursos venezolanos a empresas petroleras estadounidenses forma parte de una nueva fase de saqueo colonial, caracterizada por la apropiación directa de activos ajenos. Hay que entenderlo en el contexto del estancamiento económico y la financiarización. Históricamente, recuerda a periodos de «caos sistémico», cuando la caída de los beneficios empujó al capital hacia la especulación financiera y el sistema mundial solo logró recomponerse mediante una violencia masiva. El ejemplo más cercano es el periodo 1914-1945, que incluyó las dos guerras mundiales.
No se trata solo del petróleo, sino de reforzar las condiciones que permiten la especulación capitalista en general, y de anticipar una violencia de mayor escala. Estamos entrando en una fase de relaciones basadas en la fuerza desnuda, no en el «imperio de la ley» ni en la diplomacia. Este ataque, como la propia presidencia de Trump, es un síntoma, no la causa.
A diferencia del imperialismo populista del pasado, que redistribuía parte del botín para sostener el consenso interno, el ataque de Trump está diseñado para beneficiar a un grupo cada vez más reducido de capitalistas. La clase media y la clase trabajadora blanca han dejado de ser «socios menores» del proyecto colonial y tienen cada vez menos razones para identificarse con él.
La cuestión del liderazgo
En un primer momento, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez adoptó un tono desafiante, pero pronto dio un giro hacia una retórica más conciliadora. Esto ha alimentado especulaciones sobre una posible disposición a cooperar con el régimen de Trump, o incluso sobre negociaciones ya en marcha.
Existen múltiples escenarios posibles y resulta difícil discernir cuál es el real. Tal vez Estados Unidos haya colocado a Rodríguez ante una situación extrema que esté afrontando con valentía; tal vez existan acuerdos secretos; tal vez ocurra algo distinto. En cualquier caso, la vulnerabilidad del chavismo ante el secuestro de su líder —y la posibilidad de que sectores del gobierno venezolano se conviertan en cómplices del plan de Trump para apropiarse de los recursos del país— pone de manifiesto que toda jerarquía constituye un punto débil para los procesos de liberación.
La historia reciente ofrece ejemplos claros: antiguos gobiernos revolucionarios, como el de Daniel Ortega en Nicaragua, acabaron integrándose forzosamente en el neoliberalismo y aplicando políticas de austeridad y control estatal. Ante estas derrotas, algunas corrientes concluyen que la única soberanía posible pasa por alinearse con Estados fuertes y armados nuclearmente, lo que sustenta el llamado «campismo».
Sin embargo, Rusia y China operan bajo la misma lógica autoritaria y capitalista que Estados Unidos, y quienes las apoyen no tendrán mayor capacidad de influir en sus decisiones. El resultado es la defensa impotente de autócratas genocidas. La alternativa real no es elegir un bando estatal, sino construir una resistencia internacional desde abajo, capaz de trascender fronteras.
Para que esa alternativa sea viable, la población estadounidense deberá desarrollar la capacidad de impedir que su propio gobierno bombardee y saquee otros países.
Qué esperar, cómo prepararse
El ataque contra Venezuela marca una escalada en una guerra indirecta con China. Reconducir la base industrial —incluida la industria tecnológica— hacia la industria bélica es una forma de afrontar el estancamiento económico, pero solo será viable si la administración Trump logra reavivar el «espíritu nacional» y el patriotismo. En este sentido, puede sostenerse que la prisa por asegurar la financiación y expandir la inteligencia artificial busca, en última instancia, moldear una población más dócil, crédula y fácil de controlar.
A corto plazo, cabe esperar que la administración Trump intente de nuevo recurrir a la Ley de Enemigos Extranjeros contra la población venezolana y otros colectivos. El intento anterior de Trump y Miller fue rechazado por los tribunales porque, en aquel momento, Estados Unidos no se encontraba formalmente en guerra. Ahora que han fabricado una guerra, la utilizarán para declarar nuevas emergencias y justificar una escalada represiva. También es previsible un aumento de la violencia racista contra personas latinoamericanas y chinas, así como represalias contra la política exterior estadounidense por parte de actores no estatales o intermediarios, que la administración Trump tratará de instrumentalizar para reforzar su agenda.
Las elecciones de mitad de mandato están previstas para noviembre de 2026. Trump y el Partido Republicano no parten como favoritos, pero el expresidente ha cruzado tantas líneas rojas que no puede permitirse ninguna amenaza a su poder. Ya sea mediante interferencias electorales, fraude o —más probablemente— la creación de crisis que legitimen un estado de excepción, todo apunta a que estas elecciones serán las menos «democráticas» de los últimos tiempos. Confiar únicamente en las urnas no bastará para salir de esta situación.
A medida que Trump se vea acorralado por crisis, escándalos y obstáculos crecientes, su comportamiento será cada vez más violento, errático y peligroso. Esto es una señal de debilidad, pero se trata de una debilidad respaldada por toda la potencia del aparato militar estadounidense. Debemos anticipar enfrentamientos militares de mayor envergadura antes de octubre de este mismo año, incluidos nuevos despliegues de la Guardia Nacional y, quizá, incluso la imposición de la ley marcial.
Las guerras impopulares y carentes de un mandato claro, especialmente aquellas que implican bajas estadounidenses u otros sacrificios internos, pueden precipitar la caída de un régimen. Nuestra tarea consiste en convertir esta guerra —junto con los demás errores de Trump y los conflictos que se avecinan— en una carga insoportable para toda la clase dominante. Hará falta una fuerza popular enorme para desalojar a Trump del poder, por lo que debemos impulsar propuestas igual de ambiciosas y no limitarnos a reclamar un regreso a un statu quo centrista que ya es profundamente impopular. Las personas revolucionarias deben prepararse para superar las maniobras centristas destinadas a estabilizar el Estado sin transformarlo. Aunque ahora pueda parecer difícil de imaginar, los levantamientos y las revoluciones se desarrollan con rapidez: a lo largo de 2024, las revoluciones protagonizadas por la llamada «Generación Z» derribaron regímenes en distintas partes del mundo.
En todo Estados Unidos se han repetido consignas como «No más sangre por petróleo». Sin embargo, Trump ha llegado a la conclusión de que su base social desea ambas cosas: petróleo y sangre. Los movimientos contra la guerra tienden a adoptar un enfoque conservador, centrado en presionar a las instituciones estatales; pero, como ya hicieron administraciones anteriores, el régimen de Trump ha dejado claro que no se siente condicionado por la oposición. En lugar de limitarse a protestas simbólicas y a la formulación de demandas, es necesario construir movimientos horizontales capaces de responder a las necesidades reales mediante la acción directa. Estos movimientos deben centrarse en las condiciones compartidas por la gente común, desde Caracas hasta Minneapolis: pobreza, austeridad, expolio de recursos básicos, control ejercido por mercenarios violentos y gobiernos de magnates que no rinden cuentas. En este sentido, la resistencia contra la Oficina de Inmigración y Aduanas en distintos puntos de Estados Unidos constituye un paso prometedor.
Si, como sugiere Stephen Miller, los gobiernos no representan ni los deseos ni la voluntad de quienes gobiernan; si —como ya debería resultar evidente— no actúan en defensa de nuestros intereses, sino únicamente para acaparar la mayor cantidad de riqueza posible, entonces nadie está moralmente obligado a obedecerlos. La única cuestión es cómo acumular la fuerza colectiva suficiente —el poder popular, el poder horizontal— para derrotarlos.
Apéndice: lecturas adicionales
Como punto de partida, se recomienda consultar «Denunciamos la ofensiva imperialista contra Venezuela», una declaración internacional de organizaciones anarquistas latinoamericanas publicada en diciembre de 2025.
Para profundizar en la situación venezolana, las personas lectoras hispanohablantes pueden acudir al archivo de la ya desaparecida publicación anarquista venezolana El Libertario. Allí se encuentran, entre otros materiales, una evaluación crítica de las organizaciones sociales bolivarianas de 2006 y una recopilación de textos sobre el papel de la industria petrolera en la represión de los movimientos populares de base y su integración en la economía global. Por ejemplo:
«Venezuela forma parte de un proceso de construcción de nuevas formas de gobernanza en la región, que han desmovilizado a los movimientos sociales surgidos en respuesta a las políticas de ajuste estructural de la década de 1990, relegitimando tanto al Estado como a la democracia representativa para cumplir con las cuotas de exportación de recursos naturales hacia los principales mercados mundiales» — Ley Habilitante: dictadura para el capital energético, en El Libertario, nº 62, marzo-abril de 2011.
Desde esta perspectiva, el ataque de Trump contra Venezuela puede entenderse como una continuación contemporánea de ese mismo «proceso de construcción de nuevas formas de gobernanza en la región».
Son cerca de las dos de la madrugada del sábado 3 de enero cuando los habitantes de Caracas despiertan con un estruendo espantoso; son bombas y misiles que caen en distintos puntos de la ciudad. Tres explosiones destruyen parte del aeropuerto de La Carlota, ubicada en una zona poblada del este de la ciudad. La onda expansiva hace retumbar casas y edificios a kilómetros a la redonda. El Fuerte Tiuna, zona ubicada en el sur, donde se concentra el poder militar (el ministerio de la defensa, la sede de las FFAA) y residencia de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, es atacado brutalmente por unos diez helicópteros militares estadounidenses. Caen las bombas y las instalaciones arden. Las familias de militares residentes en la zona huyen. Buena parte de la ciudad se queda sin energía eléctrica ni internet. Al tiempo, son bombardeadas otras instalaciones militares y de comunicación en otros puntos del país.
El pánico se apodera de la gente y poco a poco va dando paso al desconcierto. Para la mayoría de los venezolanos, aunque la invasión haya sido anunciada por Donald Trump durante meses, ser bombardeados por naves militares yankees era una distopía, algo absolutamente irreal o un delirio del gobierno.
Mientras, distintos puntos de Caracas, el estado Vargas, Aragua y Miranda arden y la gente que habita a sus alrededores sale a las calles despavorida, los medios oficiales guardan silencio. Por las redes del chavismo circula el llamado a la calma, el discurso de que se trata de pequeños ataques, e incluso, que se trata de naves venezolanas, es decir, lo de siempre; menospreciar o tapar lo que está pasando, aunque el gobierno pueda estar cayendo. En Venezolana de Televisión (el canal del Estado), una reportera apostada en una calle vacía hablaba de la normalidad y control de la situación.
La gente se vuelca a las redes para conseguir algo de información, para entender lo que pasa, para administrar la angustia. Van circulando videos de las explosiones, los ataques, los incendios. Vemos helicópteros enormes atravesando el cielo de la ciudad entre la oscuridad. Imágenes inconexas, sueltas, sin un hilo que vaya generando un sentido. Esas dos horas se hacen eternas por la magnitud de la violencia y el terror que siembra.
Solo pasadas las cuatro de la mañana se conocen las declaraciones de Donald Trump, que anuncia que las fuerzas de seguridad norteamericanas han secuestrado al presidente Maduro y a Cilia Flores y que los llevan a Estados Unidos para ser juzgados por crímenes como narcotráfico, posesión de armas de guerra y cualquier otra cosa.
Casi dos horas después de los bombardeos aparece el Ministro de la Defensa, solo, en un video grabado, denunciando de que se trata de una agresión imperial. Ninguna explicación de qué pasó, de por qué la defensa falló y mucho menos reconociendo su responsabilidad en esa falla. El canal del Estado anuncia que se ha decretado “Estado de Conmoción Externa”, lo que implica excepcionalidad y restricción de garantías constitucionales, de nuevo sin detalle ni explicación alguna. Hay un silencio hermético que aumenta el desasosiego y la incertidumbre, primero, y luego, la sospecha.
En su alocución posterior, un Donald Trump emocionado habla del éxito de la “operación”. “Fue perfecta”, “la vi en directo como si fuera una película”, “si ustedes hubieran visto la velocidad, la violencia”, “solo nosotros podíamos hacerlo” dice, con una excitación casi obscena. Es poder regocijándose sobre sí mismo, celebrando su propia barbarie, narcisista, delirante.
Dos días después de la invasión en Venezuela hay un ambiente de incredulidad por lo sucedido, de conmoción por la agresión y por la soberbia que la rodea, pero también de incertidumbre por lo que vendrá. Los medios de comunicación, controlados por el gobierno, mezclan documentales de animales con lectura de comunicados oficiales llenos de consignas y nada más. Tampoco encontramos información en otros medios públicos como Telesur que fue creada para combatir el cerco mediático. Las pocas alocuciones oficiales, después de los discursos antimperialistas de rigor, han llamado a la calma y a la normalidad. No hay información. No hay datos, no hay cifras de heridos y fallecidos, no hay registro de las zonas destruidas, no hay análisis de lo qué ocurrió y de cómo ocurrió. Posiblemente porque explicar cómo penetraron el sistema de defensa sin bajas visibles en el equipamiento o personal militar estadounidense, o mejor dicho, explicar por qué los sistemas de defensa no se activaron, aunque la invasión había sido anunciada durante meses, es bastante comprometedor para quien controla los medios y detenta hasta ahora el poder.
La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, es designada presidenta “encargada” gracias a la maniobra legal del Tribunal Supremo de Justicia, que decreta ausencia temporal del presidente (y no la ausencia definitiva) y así evita la obligación de convocar a elecciones en 30 días. En su intervención del sábado por la tarde lanza las consignas antiimperialistas de rigor, pero el domingo invita al gobierno de Estados Unidos a construir una agenda de colaboración y dice que su prioridad es un vínculo armónico con ese país.
Por su parte, las declaraciones de Marco Rubio hacen que todas las narrativas creadas para justificar la agresión se desmoronen. No hay ninguna alusión a cómo desmantelaran el supuesto “cartel de los soles”, no se habla de elecciones, de derechos humanos, ni se menciona el destino de los más de 800 presos políticos encerrados en condiciones inhumanas.
Entre la gravedad de los hechos y el vacío de información las venezolanas, quedamos atrapadas en la incertidumbre y la necesidad de hallar sentido. Los opositores seguidores de María Corina Machado, hacen malabarismos retóricos para tratar de explicar cómo es que, a pesar de ser promotores de la invasión, los dejaron por fuera de la negociación. Los seguidores del gobierno tratan de hacer conciliar la indignación por la agresión imperial con los llamados a la normalidad. Es un país escindido hasta en el desconcierto.
Quienes no comulgamos ni con la oposición clasista y antidemocrática (y su ingenuo relato de salvación), ni con el gobierno impopular que se está resquebrajando, optamos por atar los retazos de información de aquí y de allá. La ausencia de un relato coherente que hile un suceso tan atroz, con el llamado a la calma y a la normalidad produce un vacío de sentido. La gente no sabe muy bien cómo describir lo que se siente, hay un estado general de conmoción y a la vez de pasividad general.
Es difícil no pensar en negociaciones para entregar a Maduro (o no resistir al secuestro, que es casi lo mismo). En especial, después de que los portavoces del gobierno estadounidense hayan dicho que esto se viene preparando con participación interna desde hace meses. Y, menos aún, después de que Marco Rubio declarara que ha estado en conversaciones con Delcy Rodríguez quien se ha mostrado siempre “dispuesta a colaborar”. Sabemos que el principal interés del gobierno estadounidense (además del geopolítico) es la riqueza petrolera venezolana. Ya Donald Trump anunció que va a invertir en la infraestructura petrolera para recuperarla y que genere riqueza para el país –¿el suyo?–. También dijo que para eso necesita en el poder a quien le garantice un mínimo de gobernabilidad y estabilidad.
Mientras tanto, queda la sensación de que nunca sabremos exactamente cómo se fraguó y ejecutó la agresión. Pero la incertidumbre hacia el futuro inmediato es muy grande para detenernos a pensar en ello. Las preguntas sobre lo que puede pasar se multiplican. En ese escenario, la idea de que el gobierno bolivariano se convierta en el nuevo administrador de las petroleras gringas se nos aparece como una imagen bizarra, como el más triste final de lo que alguna vez fue un sueño revolucionario.
En julio de 2025, el Gobierno británico declaró «organización terrorista» e ilegalizó Palestine Action, un grupo que ha llevado a cabo diversas acciones directas (sin causar daños personales) contra la industria armamentística que suministra armas al ejército de Israel. Actualmente, hay 33 presas preventivas vinculadas a acciones de Palestine Action, consistentes en entrar en una fábrica de armas o en una base aérea y vandalizar con pintura las instalaciones. Y de estas 33, ocho se encuentran en huelga de hambre, algunas desde hace cincuenta días.
La acción comenzó como protesta por restricciones a la comunicación postal, llamadas y visitas, y los activistas exigen el cierre de todas las empresas del sector militar vinculadas con el régimen de Israel, la revocación de la ilegalización de Palestine Action y la libertad bajo fianza de los presos. Se trata de la mayor huelga de hambre coordinada en prisiones británicas desde la organizada por presos del IRA en 1981.
La salud de las presas peligra seriamente. Kamran Ahmed, de 28 años, lleva 44 días sin ingerir alimentos; Amy Gardiner-Gibson, conocida como ‘Amu Gib’, de 30 años, ha superado ya los 50 días de huelga; en idéntico sentido, Qesser Zuhrah, de 20 años, también lleva más de 50 días de huelga. Las tres se encuentran hospitalizadas y sus vidas corren peligro. En una entrevista publicada el 21 de diciembre por The Daily Telegraph, Ahmed aseguró desde su celda que “vale la pena” arriesgar la vida si ello contribuye a “rebajar la opresión en el extranjero”. “Sí. Tengo miedo de morir. Sí. Creo que esto podría tener secuelas para el resto de mi vida, pero veo riesgo-beneficio y creo que merece la pena”, declaró.
Desde que se ilegalizó Palestine Action, más de 2.500 personas han sido detenidas por visibilizar su apoyo al colectivo y/o a las presas en huelga de hambre, ya sea con pancartas o camisetas. El caso más reciente ha sido el de Greta Thunberg, detenida el 23 de diciembre por sentarse en la calle con una pancarta que leía «Apoyo a los presos de Palestine Action. Me opongo al genocidio«.
Los medios de comunicación mainstream británicos están tratando de ignorarla, pero en Reino Unido se está llevando a cabo la mayor huelga de hambre coordinada desde 1982, cuando los presos republicanos irlandeses se negaron a comer para hacer valer sus reivindicaciones.
Seis son las personas detenidas y en prisión preventiva que se encuentran actualmente en huelga de hambre en Gran Bretaña. Son activistas del grupo Palestine Action, clasificado como “organización terrorista” por el gobierno británico en julio de 2025, después de que varios de ellos allanasen una base aérea en Oxfordshire y vandalizasen una fábrica, cerca de Bristol, de Elbit Systems, uno de los mayores fabricantes de armas israelí. Acerca de la clasificación como organización terrorista, varios grupos de derechos humanos internacionales y Naciones Unidas ya lo han considerado como “desproporcionado”.
A los activistas detenidos, algunos de los cuales llevan ya 50 días sin comer —dos han tenido que ser hospitalizados en las últimas horas y dos más tuvieron que abandonar la protesta por motivos severos de salud— se les acusa de daños criminales, robo y disturbios violentos. Si bien el sistema de prisión preventiva británico prevé una pena de seis meses, si nada cambia, para cuando se lleve a cabo el juicio de estos activistas, habrán pasado más de un año en prisión preventiva. Desde que Palestine Action fuera declarada organización terrorista, la policía británica ha arrestado a más de 1.600 personas relacionadas con el grupo.
Más de 50 días de huelga de hambre y unas demandas claras
Esta es la manera que estos ocho detenidos, activistas de Palestina Action, han decidido protestar por su detención y por los cargos que se les imputan. Desde Palestine Action se asegura que los detenidos están sometidos a restricciones comunicativas y a interferencias por parte de las administraciones penitenciarias: “La censura dentro de las prisiones es una herramienta de control utilizada para castigar la resistencia. Las cartas, las llamadas telefónicas, las declaraciones políticas, los libros y cualquier otra forma de expresión deben ser respetadas”, se puede leer en su web.
También se exige la liberación de las personas presas hasta que se produzca el juicio y que este sea justo. Un juicio que, según dicen, “no podrá realizarse hasta que se publiquen íntegramente todos los documentos relevantes de nuestros casos. Esto incluye todas las reuniones entre funcionarios estatales británicos e israelíes, la policía británica, el fiscal general, representantes de Elbit Systems y cualquier otra persona involucrada en la coordinación de la continua caza de brujas contra activistas y activistas”. El grupo ha pedido que se publiquen todos los registros gubernamentales de todas las exportaciones de Elbit Systems UK de los últimos cinco años. “Tenemos derecho a saber qué armas se fabrican y exportan desde el Reino Unido, especialmente cuando se utilizan para cometer genocidio”, destacan. Una de las demandas con más peso es la retirada de todos los cargos que relacionan a los activistas con el terrorismo y que se saque a la organización de la lista de grupos terroristas, porque “la acción directa no es terrorismo”, insisten desde la organización.
Por último, Palestine Action pone en el punto de mira en sus demandas a la filial británica de Elbit Systems, el mayor fabricante de armas de Israel. Según cuentan ellos mismos, desde 2012, Elbit ha obtenido 25 contratos públicos en el Reino Unido por un total de más de 355 millones de libras. A pesar del genocidio iniciado el 7 de octubre de 2023 y de saberse que esas armas se usan en Gaza contra la población Palestina, el Ministerio de Defensa británico tiene intención de continuar firmando contratos con la empresa mencionada. A este respecto, la organización pide que se rescindan los contratos con Elbit y que se deje de usar “el dinero de los contribuyentes para financiar la maquinaria genocida”, además del cierre de todas las instalaciones de Elbit Systems en el Reino Unido.
En peligro el derecho a la protesta
En el Reino Unido, las manifestaciones contra el genocidio en Gaza han sido, como también ha sucedido en otras capitales europeas, masivas. Las marchas para exigir el embargo de armas israelíes y el fin de las relaciones con Israel han tomado Londres y otras ciudades británicas en diferentes ocasiones a lo largo de estos más de dos años de campaña genocida de Israel en Gaza.
Si bien el pasado 21 de septiembre, en una declaración coordinada, el Reino Unido, Canadá y Australia reconocían oficialmente a Palestina, en el caso del primero, la represión contra la ciudadanía que defiende la causa ha sido titular en los medios de comunicación en varias ocasiones. La consideración de Palestine Action como grupo terrorista no solo afecta a la protesta contra el genocidio, destacan juristas y sindicalistas, sino que interfieren en el derecho a la protesta pacífica.
“La prohibición de Acción Palestina en el Reino Unido confunde la libertad de expresión con actos de terrorismo”, aseguró el pasado 25 de julio el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien instó a las autoridades del país a revocar la decisión.
El Reino Unido prohibió Palestine Action bajo la Ley de Terrorismo del año 2000. Según esto, ser miembro de la organización o expresar apoyo de manera pública puede ocasionar sanciones penales, incluyendo multas y penas de prisión de hasta 14 años. En aquel momento Türk advirtió que la decisión le parecía “desproporcionada”, “innecesaria” e “inadmisible” y que contravenía “las obligaciones internacionales del Reino Unido en materia de derechos humanos”.
También en Alemania se está produciendo una situación similar: el pasado 8 de septiembre, cinco personas entraron en las instalaciones de Elbit Systems en la ciudad de Ulm, en el sur del país. La acción no violenta consistió en grabar una una serie de vídeos a rostro descubierto con varias demandas. La principal era el cierre de la fábrica de Elbit Systems en Ulm.
Los activistas, de diferentes nacionalidades —irlandesa, británica, alemana y argentino-española— fueron detenidos el mismo día y no opusieron resistencia. Desde entonces permanecen encerrados en prisión preventiva y han denunciado abusos y denegación de derechos, como la obligación de permanecer sólo con ropa interior, la ausencia de abogados durante los interrogatorios o incluso la imposibilidad de reunirse con ellos. También vienen denunciando condiciones de aislamiento, trato inadecuado y una estricta vigilancia de sus comunicaciones, entre otros.
El pasado 3 de julio de 2025, el Gobierno laborista británico, con el apoyo de liberales y conservadores, aprobó una ley por la cual declaró a Palestine Action una organización terrorista con 385 votos a favor y tan solo 26 en contra.
Palestine Action, fundado en 2020, es un colectivo que llevaba cinco años organizando protestas pacíficas de diversa índole, como sentadas y bloqueos delante de las oficinas de Elbit Systems (empresa armamentísica israelí)1, pintadas en las sedes de las manufactureras de armas UAV Tactical Systems (franco-israelí) y Leonardo (italiana), la vandalización de un retrato de Arthur Balfour en Trinity College y el robo de dos bustos de Chaim Weizmann de la Universidad de Manchester. Su acción más grande, que es la que le ha granjeado el calificativo de «terrorista», fue la invasión de la base militar aérea RAF Brize Norton y el sabotaje a dos aviones Airbus Voyager con pintura y palos, el pasado mes de junio.
Desde la ilegalización del colectivo, más de 2.500 personas han sido detenidas en distintas manifestaciones por portar pancartas con la leyenda «Apoyo a Acción Palestina». El día más destacado fue el 6 de septiembre, cuando 890 personas (de un total de 1.400 manifestantes) fueron detenidas en una concentración en el centro de Londres (857 de ellas acusadas de enaltecimiento del terrorismo por portar pancartas de apoyo a la organización y 33 por delitos contra el orden público), lo cual supone el mayor caso de detenciones masivas en la historia del Reino Unido. La concentración fue convocada por la organización Defend Our Juries, bajo el lema “Me opongo al genocidio. Apoyo a Acción Palestina”.
Las detenidas lo fueron con base en la sección 12 de la Ley de Terrorismo inglesa, y afrontan posibles procesos con condenas que llegarían hasta los catorce años de prisión. Esta brutal respuesta afecta a las protestas contra el genocidio en Palestina pero también al propio derecho a la protesta. No solo por los registros, propuestas de sanción, multas, detenciones e incluso encarcelamiento, sino por el llamado “efecto paralizante” (chilling efect) y la represalias que pueden acarrear también en empresas y centros de trabajo la participación en manifestaciones de cualquier tipo.
Huelga de hambre por la libertad
Actualmente, hay 33 presas encarcelados en Gran Bretaña por supuestas acciones en solidaridad con Palestina relacionadas con este colectivo. Muchas de ellas pertenecen a los 24 de Filton [Filton 24], detenidas por una acción contra un centro de investigación de Elbit Systems en agosto y a los Brize Norton 5 (quienes realizaron la acción de pintar dos aviones en la base aérea mencionada previamente)2.
Filton 24
Se encuentran en prisión preventiva, sin juicio, sin fianza y algunos pueden esperar hasta dos años para ser juzgadas. Además, denuncian que han sido objeto de un trato degradante y arbitrario, que incluye la retención de su correo, libros y propiedades, órdenes de no asociación, exclusión de programas de empleo y educación, un régimen arbitrario de aislamiento y la retirada de sus keffiyehs.
En el momento en el que escribimos estas líneas, 8 de las 33 presas se encuentran en huelga de hambre, la mayoría desde el 2 de noviembre. Sus demandas pasan por el fin de toda censura, la libertad inmediata bajo fianza, el derecho a un juicio justo sin interferencias extranjeras y políticas, la desclasificación de Palestine Action como organización terrorista y el cierre de Elbit Systems.
Las huelguistas comenzaron la acción el mismo día en que el gobierno británico emitió la Declaración Balfour en 1917, allanando el camino para el establecimiento de un Estado colonialista y sionista. Comenzaron Amu Gib y Qesser Zuhrah, Heba Muraisi se unió un día después y les siguieron Jon Cink, T Hoxha y Kamran Ahmed. Eel último en unirse a la huelga de hambre es Muhammad Umer Khalid, hace pocos días. Lewie Chiaramello también se unió el 23 de noviembre, realizando una huelga de hambre parcial, cada tercer día, ya que es diabético. Se trata de la mayor huelga de hambre coordinada en las Islas Británicas desde las huelgas de hambre de 1981 de los presos políticos irlandeses lideradas por Bobby Sands durante el conflicto, y que provocaron la muerte de 10 jóvenes3.
Solidaridad internacional
En solidaridad, presos de todo el mundo se han unido a los huelguistas de hambre durante periodos más cortos. Dimitris Chatzivasileiadis se unió desde Grecia, Massimo Passamani y Luca Dolce desde Italia4 y Jakhi McCray en Estados Unidos. Los presos Casey Goonan y Malik Muhammad, en Estados Unidos, también se unieron a una huelga de hambre, aparte, en solidaridad con Teuta Hoxha y los 24 de Filton, cuyo juicio comenzó en noviembre y durará 8 semanas.
Mientras tanto, Israel ha encarcelado a casi 9.100 palestinos como presos políticos, muchos de los cuales también se encuentran en huelga de hambre. Siguen saliendo a la luz detalles sobre los abusos que sufren, incluidos abusos sexuales, psicológicos y físicos, así como inanición forzada. Muchos cadáveres son devueltos a Gaza con signos de tortura, mutilación y ejecución.
Las consecuencias de la huelga
El cuerpo tiene un límite en lo que puede aguantar. A medida que el hambre se instala, comienzan a agotar sus reservas, primero la grasa, luego los músculos y, finalmente, los órganos vitales comienzan a fallar. Tres de los ocho huelguistas de hambre, Qesser, Teuta y Kamran, ya han sido hospitalizados debido al deterioro de su salud. Amu Gib ha perdido 10 kg. Más de cien profesionales médicos han firmado una declaración en la que exigen que se tomen medidas para evitar que las y los huelguistas sufran más daños. Pasado un mes, existe una grave preocupación de que los huelguistas sufran daños irreversibles.
Hace unos días, el médico de urgencias y profesor del University College de Londres, Dr. James Smith, afirmó que el estado de los detenidos se ha deteriorado drásticamente y declaró a periodistas que “los huelguistas de hambre se están muriendo”. Smith dijo que los relatos desde el interior del sistema penitenciario apuntan a “un seguimiento y tratamiento deficientes. […] En mi opinión, como médico del NHS, la complejidad de las necesidades de atención de los huelguistas de hambre ahora debe gestionarse con la participación regular de especialistas, o incluso con un seguimiento continuo en el hospital”, dijo.
Por otro lado, más de 200 miembros de la Asociación Médica Británica expresaron su preocupación unos días antes y 900 profesionales de la salud han escrito al viceprimer ministro y secretario de Justicia, David Lammy, al secretario de Salud, Wes Streeting, a altos funcionarios del NHS y a las autoridades penitenciarias exigiendo medidas urgentes.
Shahmina Alam, hermana de Kamran Ahmed (28 años), declaró que “Ahmed está cursando el día 39 de su huelga de hambre. Ha tenido dos internaciones desde que inició su huelga de hambre, y fue dado de alta apenas la semana pasada. Si bien lograron estabilizar sus cetonas, los niveles de estas han vuelto a subir considerablemente. Pero lo más preocupante es que su corazón se está debilitando y su pulso se está desacelerando, además de que, en este momento, Ahmed está perdiendo medio kilo por día”.
Pese a todo esto, hasta ahora el Gobierno británico y los medios de comunicación (salvo honrosas excepciones) han ignorado por completo las huelgas de hambre, evitando que se introduzca en la agenda pública. El objetivo de las activistas ahora es romper ese muro de silencio, algo que han intentado por ejemplo bandas como Kneecap, The Pogues y otros 200 artistas irlandeses y británicos, que han publicado una carta al Gobierno solicitando que se acceda a las demandas de las huelguistas.
Como siempre, la solidaridad internacional, la denuncia y la organización de la clase trabajadora siguen siendo la única garantía de que estos casos no queden en la impunidad ni en el olvido.
Este artículo ha sido escrito partiendo de piezas extraídas deBriega, Democracy Now, Naiz, Todo por Hacer, Prisoners for Palestine, Resumen Latinoamericano, Spanish Utopia, Izquierda Diario, Insurgente, Filton Actionists y TeleSur.
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1 Elbit Systems suministra al Ejército israelí el 85 % de su equipamiento terrestre y el 85 % de sus drones. Activistas propalestinas denuncian que sus drones se han utilizado en Gaza para reproducir sonidos de niños llorando y gritando, con el fin de atraer a la gente y luego dispararles.
2 Desde Brize Norton parten regularmente aviones con destino a la base aérea de Akrotiri, en Chipre, desde donde se dirigen las operaciones británicas en Oriente Medio, incluidos vuelos de espionaje sobre Gaza.
3Bobby Sands murió el 5 de mayo 1981, después de 66 días en huelga de hambre. El informe original establecía que la causa de la muerte había sido «inanición auto impuesta«, aunque fue enmendado posteriormente tras las protestas de los familiares, estableciéndose simplemente como «inanición«. Sands fue miembro del Parlamento de Westminster durante veinticinco días, aunque nunca ocupó su escaño ni juró su cargo. Entre sus escritos, encontramos una de sus frases más célebres y que ha sido difundida en infinidad de murales por las calles de Belfast oeste principalmente: «Nuestra venganza será la sonrisa de nuestros hijos«. Se estima que más de 100.000 personas asistieron al funeral de Sands, el mayor funeral republicano desde el del alcalde de Cork del Sinn Féin, Terence MacSwiney, que murió en la cárcel de Brixton el 25 de octubre de 1920 después de otra huelga de hambre de 74 días. Después de Sands, otros nueve presos republicanos murieron en la huelga de hambre –Francis Hughes, Raymond McCreesh, Patsy O’Hara, Joe McDonnell, Martin Hurson, Kevin Lynch, Kieran Doherty, Thomas McElwee y Michael Devine–. La huelga finalizó el 3 de octubre de 1981.
4 Desde Italia, el anarquista Luca Dolce hizo una declaración que rompe con la línea dominante de que las huelgas de hambre son simplemente protestas sobre las condiciones de los presos: “La lucha contra la prisión y el sistema militar tecnoindustrial es esencial para una lucha de mayor alcance, de resistencia revolucionaria e internacionalista… Estoy a su lado con serenidad y resolución”. Dolce también saluda al prisionero palestino Anan Yaeesh en la prisión de Melfi, en el sur de Italia, otro objetivo de las tácticas de aislamiento y traslado destinadas a borrar a los presos políticos. Según Dolce, no está claro si Yaeesh continúa en huelga.
Donald Trump tiene sin duda ambiciones globales. Está utilizando los aranceles para remodelar la economía mundial. Está retirando a Estados Unidos del mayor número posible de organizaciones y acuerdos multinacionales con el fin de destruir el orden internacional liberal. Y ha alternado entre enfrentarse a adversarios (como Irán) y negociar un alto el fuego (como el de Gaza).
Pero también tiene objetivos hemisféricos: consolidar la hegemonía estadounidense en el “patio trasero” de América Latina y el Caribe. En cierto modo, estos objetivos no son más que una versión a pequeña escala de sus ambiciones globales. Aquí también está imponiendo aranceles tanto a aliados como a adversarios. Ha amenazado con retirar a Estados Unidos de pactos multinacionales como la Organización de Estados Americanos. Ha apoyado a amigos autocráticos —Nayib Bukele de El Salvador, Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador— y ha tratado de castigar a cualquiera que se le haya enfrentado, incluidos Lula en Brasil y Gustavo Petro en Colombia.
En este contexto, su política hacia Venezuela parece apartarse de su enfoque habitual hacia los adversarios de Estados Unidos, que suele consistir en negociaciones transaccionales (como con Corea del Norte y Bielorrusia) o, más frecuentemente, en amenazas y acciones no militares (como con China y Rusia). En los últimos meses, por el contrario, la administración Trump ha atacado a casi dos docenas de embarcaciones en el Caribe y el océano Pacífico oriental, y ha matado a más de 80 personas, a la mayoría de las cuales la administración ha intentado vincular con Venezuela. Estados Unidos ha puesto precio (50 millones de dólares) a la cabeza del líder venezolano Nicolás Maduro. Ha enviado una considerable potencia de fuego a la región, incluyendo aviones F-35, ocho buques de guerra de la Armada, un buque de operaciones especiales, un submarino de ataque de propulsión nuclear y el portaaviones USS Gerald R. Ford, junto con aproximadamente 10.000 soldados estadounidenses y 6.000 marineros. Por si fuera poco, la administración también ha anunciado el envío de una misión de la CIA a Venezuela.
Esta fuerza militar es suficiente para llevar a cabo una guerra aérea sostenida contra Venezuela. Sin embargo, un asalto anfibio o una invasión terrestre requerirían de al menos 50.000 soldados, según el CSIS, por lo que aún no parece estar en el horizonte. Trump ha sugerido que la guerra es improbable, pero rara vez revela sus planes con antelación. Por el momento, esta demostración de fuerza parece diseñada para intimidar a Maduro y obligarlo a dimitir o para envalentonar a la oposición o a elementos del ejército para que tomen el poder.
En otros países, su gobierno no ha dudado en amenazar con acciones militares (como en Groenlandia) o incluso usar la fuerza (como en Irán). Pero la campaña contra Venezuela es de una magnitud mucho mayor. La declaración de “guerra” contra los “narcoterroristas” proporciona a ese gobierno una justificación casi ilimitada para matar a cualquiera que se considere una amenaza para los intereses nacionales de Estados Unidos. Trump ha criticado periódicamente a gobiernos anteriores por su participación en “guerras eternas”, un mensaje populista que caló hondo en muchos votantes. Sin embargo, esta nueva versión de la guerra eterna contra las drogas, con objetivos imprecisos y sin un cronograma claro, no ha suscitado muchas críticas por parte de los partidarios republicanos de Trump. Una votación en el Senado para invocar la Ley de Poderes de Guerra fracasó por un estrecho margen, al obtener sólo dos votos republicanos.
A primera vista, la estrategia de Trump para señalar a Venezuela parece más oportunista que estratégica. El gobierno venezolano, especialmente después de que las elecciones presidenciales de 2024 revelaran un descontento generalizado con el régimen, es relativamente débil. La economía venezolana sufre la tasa de inflación más alta del mundo y una grave erosión del nivel de vida. De la misma manera en que Trump bombardeó Irán sólo después de que Israel hubiera hecho que dicha misión estuviera prácticamente libre de riesgos, está presionando a Venezuela porque su modesto tamaño, debilidad militar y gobierno impopular la convierten en un blanco fácil.
Pero Cuba también sufre desafíos internos similares y (aún) no ha merecido una campaña de presión estadounidense a gran escala. Venezuela ha suministrado petróleo a Cuba durante las últimas dos décadas, evitando que su economía colapsara. Sin embargo, ese comercio ha disminuido sustancialmente, de 56.000 barriles diarios a tan sólo 8.000 en junio de 2025. Actores clave de la administración Trump, en particular el secretario de Estado Marco Rubio, llevan mucho tiempo abogando por un cambio de régimen en Cuba. Por lo tanto, una posible explicación de la campaña contra Venezuela es su capacidad para aislar aún más a Cuba y posiblemente desencadenar un cambio de régimen allí como parte de una nueva teoría del efecto dominó sostenida por algunos sectores de la administración.
Sin embargo, el equipo de Trump no está del todo unificado en su enfoque hacia Venezuela. Un ala neoaislacionista ha estado presionando contra las estrategias de cambio de régimen. Hasta hace poco, el enviado de Trump a Venezuela, Richard Grinnell, impulsaba esta postura, y Maduro se mostró más que receptivo a una solución diplomática. Según The New York Times, Maduro “ofreció abrir todos los proyectos petroleros y auríferos existentes y futuros a empresas estadounidenses, otorgar contratos preferenciales a empresas estadounidenses, revertir el flujo de exportaciones petroleras venezolanas de China a Estados Unidos y recortar drásticamente los contratos energéticos y mineros de su país con empresas chinas, iraníes y rusas”. Ni siquiera esta generosa oferta, que rozaba lo servil, logró convencer a Trump.
El oportunismo no explica del todo la magnitud de los esfuerzos de Trump en Venezuela y sus alrededores. Tampoco lo hace la conocida animadversión hacia Maduro que se remonta a su primer mandato. Aunque los instintos de Trump son generalmente transaccionales, de vez en cuando realiza cálculos geopolíticos. En este caso, Venezuela atrae su atención porque, a diferencia de Cuba, se encuentra en la encrucijada de varias obsesiones: la inmigración, las drogas, los combustibles fósiles y China.
Expulsar a China del hemisferio
China es ahora el principal socio comercial de Sudamérica y el segundo de América Latina en su conjunto. La región envía a China materias primas como soja, cobre y petróleo a cambio de productos manufacturados. La Iniciativa de la Franja y la Ruta de China ha canalizado inversiones considerables hacia proyectos de minería, agricultura e infraestructura en toda América Latina. Pekín también ha abierto múltiples líneas de crédito para los países de la región. Venezuela es el mayor prestatario, con una deuda de 60.000 millones de dólares con China, el doble de la del siguiente mayor receptor, Brasil.
La administración Trump se centra en desvincular la economía estadounidense de la china. Su mayor ambición es desvincular todo el hemisferio, empezando por América del Norte. Su estrategia hasta el momento en las negociaciones con Canadá y México, que se llevarán a cabo de forma bilateral o trilateral mediante la renegociación del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, ha sido cerrar el acceso de China a los mercados norteamericanos mediante el bloqueo del transbordo de productos terminados chinos, la reducción de la cantidad de piezas y componentes chinos en la cadena de suministro y la restricción de la inversión china en plantas de fabricación que luego exportan a Estados Unidos. Trump está obsesionado con los intentos chinos de entrar al mercado norteamericano a través de estas puertas traseras, aunque el uso chino de estas estrategias es bastante modesto. Los negociadores comerciales estadounidenses han estado presionando a sus homólogos mexicanos y canadienses para que bloqueen estos puntos de entrada al mercado estadounidense.
Trump está ejerciendo presiones similares sobre otros líderes latinoamericanos. Comenzó presionando a Panamá para que se retirara de la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China. Más recientemente, ha centrado su atención en Argentina, que es el segundo socio comercial más importante de China en la región después de Brasil. China ha invertido en varios proyectos importantes de infraestructura en Argentina, incluyendo dos represas hidroeléctricas, un observatorio espacial y la construcción de otra central nuclear. Trump, mientras tanto, ha otorgado un paquete de rescate de 20.000 millones de dólares a Milei para prevenir una crisis económica, dejando clara su preferencia por que Argentina degrade su relación con China.
Se ha hablado mucho de que Trump recurra a una estrategia geopolítica de “esferas de influencia”, por la que China se centra en Asia, Rusia en sus “países circundantes” y Estados Unidos en América. Esta división del mundo quizás se alinee con la preferencia de Trump por considerar la geopolítica como un negocio por otros medios, con diferentes regiones funcionando como territorio corporativo.
Pero Trump no está retirando a Estados Unidos del resto del mundo. Ha asegurado derechos mineros en Ucrania, ha negociado la participación estadounidense en un corredor de transporte entre Armenia y Azerbaiyán, y ha establecido acuerdos sobre minerales con el “club de naciones” (Australia, Camboya, Japón, Malasia y Tailandia). Y su administración está redoblando sus esfuerzos para contener a China mediante alianzas, la expansión de bases en el Pacífico y un mayor gasto del Pentágono.
Mientras tanto, la estrategia de Trump hacia las Américas se enfrenta a una considerable resistencia. México ha afirmado su soberanía respecto a su relación económica con China y su rechazo a la intervención militar estadounidense contra el narcotráfico. El gobierno brasileño se ha negado a dar marcha atrás en el procesamiento del expresidente Jair Bolsonaro ante el aumento de los aranceles estadounidenses. Incluso Ecuador, donde el presidente Daniel Noboa tiene una fuerte afinidad ideológica con Trump, no puede permitirse poner en peligro su relación con China, que ha implicado un considerable volumen de comercio, inversiones en infraestructuras y 11.000 millones de dólares en préstamos.
El esfuerzo de Trump por reducir la influencia económica china en la región tiene menos que ver con una estrategia geopolítica de “esferas de influencia” que con el deseo del presidente de reducir la dependencia de Estados Unidos —y, por extensión, la dependencia hemisférica— de Pekín. Quiere que las corporaciones, los bienes y el capital estadounidenses ocupen el primer lugar en América Latina, no en el sentido de una producción globalizada, sino en un sistema radial donde todas las decisiones clave y la fabricación se realicen en Estados Unidos.
Otros factores que impulsan la política trumpista hacia Venezuela
Donald Trump ganó la reelección en gran medida gracias a su enfoque en asuntos internos, especialmente en inmigración, drogas y política energética. Minimizó deliberadamente los asuntos internacionales, salvo para prometer el fin de varias guerras que le costaban dinero y armas a Estados Unidos.
Sin embargo, Venezuela reúne muchos de los objetivos nacionales de Trump. Si bien el país no es la principal fuente de cocaína ni fentanilo que entra en Estados Unidos, Trump ha caracterizado la operación criminal venezolana Tren de Aragua y al gobierno de Maduro como responsables clave de asesinatos de estadounidenses a través de las drogas. También ha utilizado el Tren de Aragua para vilipendiar a inmigrantes y ha hecho un gran alarde de la deportación de venezolanos presuntamente vinculados con la pandilla a una prisión de alta peligrosidad en El Salvador (pocos, si es que alguno, de los deportados tenían tales conexiones). La orden del gobierno que canceló el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para aproximadamente 300.000 venezolanos residentes en Estados Unidos mencionaba repetidamente el Tren de Aragua.
Venezuela posee las mayores reservas comprobadas de petróleo del mundo, cinco veces más que las de Estados Unidos. Las compañías petroleras estadounidenses, principalmente Chevron, han colaborado con la petrolera estatal venezolana para producir y transportar petróleo. Trump inicialmente rompió esa relación, pero la restableció discretamente en julio. Simultáneamente, la administración Trump impuso un arancel adicional a los países importadores de petróleo venezolano. Sin embargo, las exportaciones petroleras venezolanas alcanzaron recientemente su máximo en cinco años, impulsadas principalmente por las ventas a China y favorecidas por la participación de Chevron en la producción.
Trump, por su parte, ha impulsado la expansión de sus intereses en combustibles fósiles en Estados Unidos, abriendo nuevas áreas de perforación, ofreciendo incentivos fiscales a las compañías de gas y petróleo, reduciendo la supervisión regulatoria y debilitando la competencia en energías limpias. Sin embargo, cualquier reorientación a largo plazo de la economía estadounidense hacia el petróleo requerirá acceso a otras fuentes. Rusia está fuera de la ecuación por el momento. Oriente Medio es impredecible. Venezuela es problemática si su gobierno decide restringir el acceso de Chevron o dar un trato preferencial a China o a algún otro cliente. Así pues, independientemente de lo conciliador que pueda ser Maduro en este momento, la administración Trump quiere garantizar un acceso seguro a los depósitos de Venezuela durante mucho tiempo en el futuro.
La administración Trump ha enmarcado su afán por asegurar materias primas críticas como el litio, las tierras raras y el petróleo como parte de su competencia con China. Sin embargo, China ha anticipado desde hace tiempo la centralidad de minerales clave —por ejemplo, al asumir el procesamiento de tierras raras de Estados Unidos hace algunas décadas— y se está alejando rápidamente de su propia dependencia de los combustibles fósiles. Por lo tanto, la administración Trump llega demasiado tarde y se centra demasiado en el objetivo equivocado.
Venezuela tampoco es el socio más importante de China en América Latina. Pero la administración Trump podría estar atacando a Maduro por ser el eslabón más débil. Según el adagio chino, hay que matar al pollo para asustar a los monos más poderosos. La creciente presión sobre Venezuela es una señal para que China y otros actores poderosos reduzcan sus inversiones en el hemisferio y, más aún, una advertencia para otros Estados latinoamericanos de que es mejor que sigan la línea de la administración Trump, o de lo contrario…
Por Paco Marcellán. Miembro de la redacción de Redes Libertarias(medio del que se ha extraído este artículo)
Los poderosos siempre han hecho que sus masacres siempre parecieran necesarias y correctas. Pankaj Mistra
A modo de introducción
La cotidianeidad que nos alumbra la represión del pueblo palestino, el dolor irreparable causado por el vandalismo militar israelí tanto en Gaza como en Cisjordania, que se extiende a Yemen, Irán, Líbano y Siria, exige una búsqueda de las raíces de un conflicto que supera el ámbito geográfico y plantea tres cuestiones en las que me quiero centrar, independientemente de otros apartados que exigirían un análisis complementario. Desde la perspectiva de los derechos humanos, el debate sobre la calificación como genocidio, crimen de lesa humanidad o exterminio va más allá de los aspectos jurídicos y semánticos y engarza con un sustrato colonialista y xenófobo que ha caracterizado la génesis, desarrollo y proyección de futuro del Estado de Israel. Pero no hay que olvidar el marco geopolítico en el que se desenvuelve el conflicto con actores como Estados Unidos, el mundo árabe, la Unión Europea, y el Sur Global en el que las contradicciones, intereses y dualidad en las respuestas por parte de los gobiernos y los pueblos condicionan soluciones a medio y largo plazo.
Genocidio, delitos de lesa humanidad, exterminio calculado. Cómo analizar la vulneración de los derechos humanos en Palestina.
La Comisión Internacional Independiente de Investigación de Naciones Unidas sobre los Territorios Palestinos Ocupados, comisión creada en 2021 por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, divulgó un informe el pasado 16 de septiembre en el que acusaba, por primera vez, a Israel de ser responsable de genocidio en Gaza al considerar que su actual ofensiva bélica en Gaza tiene como objetivo «destruir a los palestinos de la Franja como grupo». Así mismo destacaba que el presidente israelí, Isaac Herzog, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, «incitaron a cometer genocidio». Acusan al Estado de Israel de «matar, causar daños físicos o mentales graves, infligir deliberadamente condiciones de vida calculadas para causar la destrucción total o parcial del pueblo palestino e imponer medidas para impedir los nacimientos» , cuatro de los cinco criterios que figuran en la definición de genocidio recogida por la Convención sobre la prevención y la sanción de este delito aprobada en 1948, tras las masacres nazis en el Holocausto y la reformulación del Derecho penal internacional impulsada por los juicios de Núremberg. Sorprendentemente, la comisión no encuentra pruebas que cumplan con el quinto criterio, el traslado forzoso de menores, cuando las imágenes divulgadas por medios de comunicación muestran masivos desplazamientos de población a lo largo de la Franja, incluyendo menores que son sometidos a una pertinaz hambruna y a la ausencia de atención médica por la destrucción masiva de hospitales, el asesinato de médicos y sanitarios y el de los periodistas que dan un testimonio directo de la masacre.
La amplia lista de vulneraciones de derechos humanos abarca el asesinato y lesiones graves causadas a «un número sin precedentes» de población civil a través del uso de munición pesada (misiles aéreos, bombas de gran tonelaje suministradas por las diversas administraciones estadounidenses, tanto demócratas como republicanas), drones, material de artillería, pero también utilización de recursos de IA e identificación facial en zonas altamente pobladas (el caso extremo es Ciudad de Gaza en el mes de septiembre de 2025) hasta la imposición de un asedio total que ha causado niveles desconocidos de hambruna en un conflicto tan desigual. Por otra parte, la destrucción sistemática de los servicios de salud y educación, la violencia sexual y de género por parte de las autoproclamadas Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), a las que sus exégetas califican de «fuerza militar más moral del mundo», los ataques directos contra niños y adolescentes incluso en las escasa zonas de distribución de ayuda, en campos de refugiados o en rutas de desalojo muestran una crueldad sin límites. Arrasar edificios religiosos (cristianos y musulmanes) y culturales (las universidades gazatíes han desaparecido del mapa), combinado con desplazamientos forzosos, la destrucción de viviendas (con el falaz argumento de cobijar «terroristas») y, finalmente, los bombardeos indiscriminados incluso en períodos de treguas no respetadas según su conveniencia, por parte del ejército israelí, sirven de base para destacar que «la intención genocida era la única conclusión razonable que se podía extraer de la totalidad de las pruebas».
Frente al debate semántico, utilizado por quienes de un modo u otro mantienen la justificación de la venganza por parte del «único país democrático» del Oriente Próximo tras la incursión de Hamás en territorio israelí el pasado 7 de octubre de 2023 y el asesinato indiscriminado de habitantes de las zonas fronterizas (algunos de ellos involucrados en acciones de cooperación autónoma israelopalestinas al margen de sus gobiernos), la toma de rehenes y otras acciones reprobables, es necesario ir a las raíces de un problema que une los elementos coloniales del Estado de Israel con intereses geopolíticos en los que Estados Unidos, en primer lugar, pretenden tener un ejecutor de su dominio de recursos naturales y vías de comunicación en el marco de una globalización capitalista y con un acento imperial.
Modelo colonial, racismo, xenofobia, supremacismo, negacionismo del Otro.
El marco de este desigual conflicto tiene un largo recorrido. La constitución del Estado de Israel, iniciado tras la finalización del mandato británico con la desaparición del Imperio Otomano a finales de la segunda década del pasado siglo, se agudizó en sus comienzos con la tragedia de la Nakba en 1948, punto de partida de la expulsión y degradación de la población originaria árabe asentada en Palestina.
Frente a un proceso de colonización del territorio, el movimiento sionista debió abordar el hecho de que a principios del siglo XX el 95% de la población del territorio palestino era árabe con sólo una pequeña minoría judía. Este es‐ quema poblacional significaba que los primeros sionistas que deseaban crear un Estado judío tenían tres opciones: abandonar del todo la idea, imponer un gobierno minoritario o emprender un programa de limpieza étnica. Esta realidad demográfica hacía inevitable que la puesta en práctica del sueño sionista fuera una tarea violenta, antidemocrática y racista. Como señala Fawaz Turki, «quienes admiran los logros israelíes, en particular su milagro en el desierto, pueden tener dificultades para admitir que, bajo el glamour, se oculta la tragedia de otro pueblo que sufrió sin motivo, que fue desplazado de su espacio vital y que, aunque nunca en su historia había practicado la persecución de los judíos, se vio obligado a pagar el precio del Holocausto, un crimen practicado por la Alemania nazi y sus acólitos y colaboradores europeos», de esa Europa que históricamente utilizó el cristianismo para acabar con los Otros, judíos, gitanos, árabes y en el que España jugó un papel iniciático para uniformizar su Estado‐Nación en los siglos XV y XVI. La visión de una Palestina deshabitada, «una tierra sin pueblo» impresa en las mentes de los primeros sionistas europeos organizados a finales del siglo XIX en base a la justificación de su lucha bajo el lema de «un pueblo sin tierra». El alcalde de Jerusalén, Diya‐al‐Khalidi, en una carta escrita en 1899 a Theodor Herzl, fundador del movimiento sionista, manifestaba su simpatía por el proyecto sionista pero le advertía que su plan tenía un problema: que Palestina «ya estaba habitada por otros». Concluía que el sionismo político era desastroso y suplicaba: «En nombre de Dios, que dejen a Palestina en paz». Herzl ignoró esta vía de aproximación y en otro lugar escribió: «Tanto el proceso de expropiación como la eliminación de los pobres deben llevarse a cabo con discreción y cuidado». Los defensores sinceros de la creación de un Estado judío reconocieron desde el principio que el suyo era un proyecto colonial y que debería llevarse a cabo en contra de la población nativa.
Zeev Jabotinsky, fundador del sionismo revisionista, entendió las bases de ese colonialismo: Los palestinos se oponían al sionismo porque entendían tan bien como los hebreos «lo que no es bueno para ellos», y miraban «a Palestina con el mismo amor instintivo y fervor auténtico con el que cualquier pueblo originario mexicano o norteamericano miraba su entorno vital». Además, sostenía que «todos los pueblos indígenas resistirían a los colonos extranjeros mientras tuvieran alguna esperanza de librarse del peligro de la colonización extranjera» y concluía: «eso es lo que estaban haciendo los árabes en Palestina y lo que seguirán haciendo mientras existiera la más mínima chispa de esperanza de poder impedir la transformación de Palestina en la Tierra de Israel». El sionismo era, para él, una «empresa colonizadora» y, por lo tanto, se sostenía o caía dependiendo de la fuerza militar. Chaim Weizmann, que se convertiría en el primer presidente de Israel, afirmaba que «los derechos concedidos al pueblo judío en Palestina no dependen del consentimiento de la mayoría de sus habitantes actuales, ni pueden estar sujetos a su voluntad». El historiador israelí Benny Morris explicitó que el sionismo «era una ideología y un movimiento colonizador y expansionista que se había propuesto despojar y reemplazar política e incluso físicamente a los árabes».
Los sionistas encontraron un preciado apoyo en el Imperio británico, que respaldó oficialmente el proyecto de establecer una patria judía en Palestina mediante la Declaración Balfour. Winston Churchill afirmaba que «un Estado judío, a horcajadas sobre el puente entre Europa y África, flanqueando las rutas terrestres hacia el Este podrá ser una enorme ventaja para el Imperio británico».
La cuestión de cómo deshacerse de la población árabe se basaba en una «política de transferencia obligatoria», en otras palabras, en una limpieza étnica. En línea con la visión dominante colonial «los árabes eran primitivos, deshonestos, fatalistas, perezosos y salvajes», muy similar a la visión que tenían los colonos europeos de las poblaciones originarias de África y Asia. Las menciones de Herzl a Israel como «un puesto de avanzada de la civilización contra la barbarie» han constituido un eje conductor de la actual visión del Estado de Israel y de una mayoría de su población sobre los habitantes de Gaza, Cisjordania y los propios árabes con ciudadanía israelí (aunque sea de segunda especie).
En 1948, durante la guerra que siguió al anuncio del plan de partición, Israel dio un paso adelante en la solución de su «problema demográfico». 700.000 palestinos fueron expulsados de sus hogares en la catástrofe (Nakba). «Llegamos, disparamos, quemamos; estallamos, expulsamos, desplazamos y mandamos al exilio» en palabras concluyentes del novelista israelí Sámej Yizhar.
Los fundamentos coloniales del actual estado de Israel son básicos para contrarrestar la visión de la resistencia palestina como producto de un antisemitismo irracional. Israel se fraguó mediante la conquista y la limpieza étnica, esa consideración de subhumano del pueblo palestino al que su previsible capacidad de resistencia ha llevado a ser caracterizado como agresor en el conflicto y a la negación del derecho a decidir sobre su futuro, incluso en los pocos territorios que aún conservan: Gaza destruido y sin futuro y Cisjordania bajo una aparente Autoridad palestina alejada de los intereses populares, la desestructuración social y la presión de los colonos que, amparados por el ejército israelí, avanzan en una estrategia de tierra quemada para consolidar sus asentamientos.
No hay que pensar en Netanyahu y en su partido Likud sino también en Golda Meir y su partido Laborista cuando afirmaba que «no había nada parecido a los palestinos… no existían», palabras que reflejan un consenso en una mayoría de la población del Estado de Israel y que alimentan los partidos ultraortodoxos (Sionismo Religioso y Poder Judío) a través de las soflamas de sus dirigentes Bezalel Smotrich (ministro de Finanzas) e Itamar Ben‐Gvir (ministro de Seguridad Nacional). Supremacismo que justifica toda acción anti palestina y la concreción de ese Gran Israel (Eretz Israel) como objetivo a alcanzar a corto plazo.
La dimensión internacional del conflicto. Entra en juego la geopolítica.
A través de la vía diplomática, mediante su capacidad de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, su imponente ayuda militar a Israel (un 52% del total de la aportación exterior) que ha convertido a sus fuerzas armadas en uno de los ejércitos tecnológicamente más sofisticados del mundo, su capacidad para romper el mundo árabe y, en particular Egipto y Jordania a través de ayudas militares para afianzar sus regímenes, pero también a través de los diferentes acuerdos bilaterales con petro‐monarquías como Arabia Saudí, países del Golfo Pérsico y el impulso de Trump durante su primera presidencia de los acuerdos de Abraham para el reconocimiento de Israel por parte de otros países árabes como Marruecos, constituyen la muestra palpable del rol de Estados Unidos en el ajedrez estratégico de Próximo Oriente.
Su papel para impedir cualquier acuerdo entre Israel y Palestina se ha mostrado sistemático desde 1970, vetando resoluciones en Naciones Unidas orientadas a propiciar un acuerdo de configuración de dos Estados con fronteras reconocidas, saboteando el consenso internacional sobre una solución diplomática y apoyando, en contrapartida, la continua expansión de Israel en territorio palestino ocupado de manera ilegal. Todas las administraciones norteamericanas, guiadas por una sólida vinculación a los grupos sionistas y proisraelíes en dicho país y la creciente identificación de los sectores religiosos evangelistas con la Tierra Prometida encarnada en ese Gran Israel, han seguido políticas de avestruz en la convicción de que Israel es su gendarme natural en Oriente Próximo, elemento fundamental para enfrentarse al gobierno teocrático de Irán y al eje del Mal al que adscriben a Hizbulá, Hamás, huties de Yemen y a la galaxia residual de Al Qaeda y el Estado Islámico (ISIS). Los conflictos en Siria y Líbano en el marco de la búsqueda de «fronteras seguras» para Israel, la venta de armas y tecnología de última generación a las potentes economías de las monarquías del Golfo sirven de eje de negocio al complejo industrial, tecnológico y militar norteamericano que encuentra en el fortalecimiento de Israel como potencia local un instrumento de su hard power una vez que ha considerado finiquitado su soft power para profundizar en el enfrentamiento con el enemigo prioritario, China.
La debilidad estructural, desde un punto de vista político y social, del mundo árabe con gobiernos y dinastías preocupadas por el beneficio oligárquico, la imposición de una servidumbre apabullante en grandes capas de su población, la indiferencia de sus clases dominantes ante el drama palestino, para no «ofender al patrón norteamericano», el combate radical contra Irán y las disputas regionales (caso de Turquía como potencia local) llevan a una situación que ni el bombardeo israelí, con la aquiescencia norteamericana, de un edificio en Qatar que alojaba a la delegación de Hamás participante en las conversaciones para abordar un alto el fuego en Gaza, altera en lo sustancial.
El derecho internacional, vulnerado por la pareja de baile Israel/Estados Unidos, se ha puesto en entredicho ante la inocencia operativa de Naciones Unidas, la ausencia del llamado Sur Global con otras preocupaciones de supervivencia, y la pasividad de la Unión Europea, incapaz de suscitar un mínimo debate y acciones por parte de la Comisión, sometida a las reglas de oro de la unanimidad en el que el papel de Alemania (con un agudizado sentido histórico de culpabilidad por el Holocausto) y Francia (con la mayor comunidad judía del continente) ha sido clave para la vacilación suspicaz de tratar de intervenir en defensa del pueblo palestino y la denuncia del exterminio sistemático del mismo.
A diferencia de la segunda guerra de Irak, en la que la respuesta popular fue masiva, hay que impulsar y fortalecer el apoyo a Palestina, la demanda de paz duradera, la liberación de los rehenes israelíes pero también de todos los presos y presas palestinas sometidos en Israel a leyes militares y olvidados por la comunidad internacional, la persecución judicial internacional (Corte Internacional de Justicia y Tribunal Penal Internacional) de los políticos y militares israelíes responsables de la barbarie contra Gaza. Pero también hay que impulsar la toma de conciencia de los sectores de la población israelí sometidos a la desinformación sistemática de lo que ocurre en Gaza y que aspiran a retomar su vida cotidiana superando la permanente lectura antipalestina que las clases dominantes del bloque políticoreligioso de Israel pretenden hacer eje de identidad de su Estado contra viento y marea. Las reacciones contra Netanyahu, que utiliza el conflicto para eludir sus problemas judiciales, contra los sectores ultraortodoxos que se consideran al margen de las leyes y adoptan actitudes xenófobas y racistas, contra los colonos que quieren acabar con la presencia palestina en la Cisjordania y Jerusalén Este ocupados, constituyen ámbitos que deben ser tenidos en cuenta de cara al futuro inmediato.
Pero también, en Palestina las gentes que luchan por su supervivencia como pueblo deben superar las inercias políticas de la Autoridad Palestina, un gobierno sin iniciativa y proximidad a la población, y el vacío que genera Hamás, organización descabezada política y militarmente. Retomar la amplia organización espontánea que significaron las intifadas como paso superior a los modelos de lucha de los grupos históricos (Fatah, FPLP, OLP) es el reto que debe abordar un pueblo que se constituye en referente para la solidaridad internacional.
Finalizo con unas esclarecedoras palabras de Noam Chomsky: «Es de una importancia crucial saber qué objetivos imposibles queremos alcanzar si nuestra intención es alcanzar algunos objetivos posibles».
Algunas lecturas para profundizar la comprensión del conflicto
Noam Chomsky y Nathan J. Robinson, El mito del idealismo americano, Ariel, Barcelona 2025.
Una reflexión sobre cómo la política exterior de EEUU pone el mundo en peligro. La primera parte está dedicada a la crónica de ese pretendido «idealismo» a través de un análisis detallado de las intervenciones norteamericanas (directas y/o encubiertas) en el sur global, el sudeste asiático, Afganistán, Irak e Israel‐Palestina, entre otros.
Un recorrido exhaustivo y esclarecedor sobre la historia de Palestina durante el período 1917 ‐2017 escrito por un historiador y escritor estadounidense de origen palestino‐libanés. Una visión directa desde un compromiso crítico con las actuaciones de los dirigentes palestinos a lo largo de dicho periodo y centrado en seis declaraciones de guerra (1917‐1939, 1947‐ 1948, 1967, 1982, 1987‐1995, 2000‐2014) que han determinado la evolución de un conflicto permanente.
Yitzhak Laor, Las falacias del sionismo progresista. El nuevo filosemitismo europeo y «el campo de la paz» en Israel. Edicions Bellaterra, Barcelona 2012.
Desentrañar una intrincada maraña así como la exposición de las profundas contradicciones existentes en el seno de la sociedad israelí y en particular los grupos de la izquierda organizada, la lectura interactiva con los referentes intelectuales de la izquierda con el objetivo de diferenciarse del entorno árabe, la necesidad de una construcción como elemento foráneo separado y único en la región, sirven de base a este ensayo publicado en inglés en 2009 en «medio del fuego y el azufre» que Israel lanzaba sobre Gaza.
Meir Margalit, El eclipse de la sociedad israelí. Las claves para descifrar a Israel en Gaza. Ediciones de la Catarata, Madrid 2024.
Una visión crítica por parte de un activista por los derechos humanos argentino‐israelí sobre los orígenes y desarrollo del proceso de descomposición moral de una sociedad israelí ensimismada e incapaz de avistar una solución, refugiada en el mantra del antisemitismo. Como se señala en el prólogo «este libro no pretende volver a narrar lo que otros ya han escrito, sino expresa aquello que pocos libros se animan a decir en estos difíciles momentos».
Pankaj Mishra, El mundo después de Gaza. Una breve historia. Galaxia Gutenberg, Madrid 2025.
El autor desarrolla su línea argumental en base a las postrimerías de la Shoah con su visión como ofensa incurable por parte de Israel, su recordatorio por parte de Alemania (del antisemitismo al filosemitismo que debe complementarse con un concepto diferente como es la defensa a ultranza del sionismo encarnado en el Estado de Israel, que no en el conjunto de la comunidad judía a nivel internacional) y complementariamente con la americanización del Holocausto y, finalmente, el choque de narrativas (la Shoah, la esclavitud y el colonialismo) junto con el marketing de la atrocidad y la política identitaria.
«La sanidad, en su ámbito más directo de hospitales y centros de salud, es quizá el ejemplo más evidente y denunciado«, explica el periodista Roberto Ugena en elplural.com. «Sin embargo, la Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental se deshace progresivamente y alejada del foco, arrastrando con ella a miles de usuarios, que requieren de este apoyo, y a sus trabajadores, precarizados hasta la extenuación y víctimas del peor de los chantajes: el que utiliza a los receptores de la atención.
Manantial Gestión S.L., brazo de reciente creación de Fundación Manantial, es una de las entidades concesionarias de estos servicios cada vez más decadentes. Las concesiones otorgadas por la Comunidad de Madrid a este grupo a lo largo de los años son incontables y su negocio se ha expandido, pero los derechos de los trabajadores, incluidos los legales garantizados por Convenio, han seguido un camino opuesto. Cuando las cosas iban bien, los beneficios se quedaron en la cumbre y los trabajadores recibieron migajas; flujo que se ha invertido con la llegada de las vacas flacas, que se han cargado en las espaldas de la plantilla.
El juego de las concesiones ha salido caro al Grupo Manantial, que ve ahora como otros conglomerados le arrebatan servicios gracias a ofertas que podrían llegar a considerarse bajas temerarias. Esa es la justificación dada a los trabajadores para mantenerles un salario cercano al mínimo interprofesional, en contra del mínimo del convenio sectorial; aumentarles la jornada laboral, incumpliendo el acuerdo alcanzado; eliminar pluses de experiencia ya pactados; o reducir las horas de formación. Así se lo trasladó la dirección al Comité de Empresa en una reunión. […]
La amenaza, tal y como recoge el acta de aquella reunión, es directa. “Son las medidas necesarias para no llegar a tener que hablar de despidos”, trasladó el representante legal de la Dirección. “Por lo que, si se impugna la decisión de la empresa, tendrán que tomar otra serie de medidas a las que no quieren llegar”, apostilló el letrado, por si no había quedado claro el cariz negociador. Unas actuaciones que retiran 2 de los 14 pluses de dirección y 2 de los 14 pluses de disponibilidad a los directivos y que arrebata todo a los trabajadores (literal a continuación):
Supresión del 9% del plus de experiencia consolidado, recogido en el Acuerdo de Mejora, a aplicar a la totalidad de la plantilla.
Ajuste del número de educadoras sociales de las Residencias ajustándose al mínimo posible según marcan los pliegos.
Aumento de la jornada laboral de 35 horas semanales a 38,5 horas según indica el XVI Convenio.
Reducción de las horas de formación de las 30 horas actuales recogidas en el Acuerdo de Mejora a 25 horas que fija el XVI Convenio.
Supresión de la contratación de educadores de refuerzo en vacaciones en las Residencias recogido en el Acuerdo de Mejora.
Y es que la jeta de la Dirección de Manantial Gestión llega al punto de querer acogerse al Convenio Sectorial según conveniencia y vulnerar acuerdos internos, de total validez e inalienables cuando mejoran las condiciones sectoriales (tal y como recoge el propio Estatuto de los Trabajadores en su artículo 3). Es decir, incumplimos el acuerdo interno consolidado, retrocediendo al Convenio, para la jornada laboral, el plus de experiencia, la formación y el número de trabajadoras; pero no ajustamos las nóminas a Convenio porque no hay dinero.
Una práctica a todas luces ilegal, pues vulnera acuerdos válidos suscritos y salvaguardados por el Estatuto de los Trabajadores, además del Convenio; y contraria a la normativa laboral, incurriendo incluso en amenazas con los representantes de los trabajadores, a los que se sugiere que o aceptan estos incumplimientos o se producirán despidos. La Inspección de Trabajo podría actuar de oficio o ante una denuncia anónima y sancionar gravemente. La Comunidad de Madrid, a la que no se espera, también podría tomar cartas en el asunto«, concluye el artículo.
Frente a este ataque contra los derechos laborales y la precarización de las plantillas, más de 300 trabajadoras han sido llamadas a lahuelga indefinida por CGT, con el apoyo de CNT Comarcal Sur, en múltiples centros dominados por el Grupo Manantial. Lo hacen «en lucha por sus salarios, contra la pérdida de poder adquisitivo y por la mejora de sus derechos laborales«.
La primera de las jornadas se activó el jueves 4 de diciembre, pero el plato fuerte llegó el viernes 5 por la mañana, cuando las huelguistas se concentraron frente a la sede de la Fundación.
En un comunicado, la CNT Comarcal Sur aclara que «las reivindicaciones que impulsan esta movilización son claras, legítimas y urgentes:
Defender de manera efectiva el poder adquisitivo de la plantilla, reclamando medidas que compensen la pérdida acumulada y garanticen salarios dignos.
Preservar la jornada laboral semanal vigente, rechazando cualquier retroceso que implique un empeoramiento de las condiciones laborales.
Exigir la adopción inmediata de medidas adecuadas de prevención de riesgos laborales y psicosociales, indispensables para garantizar la salud y la seguridad en el trabajo.
Reclamar el cumplimiento íntegro del Acuerdo de mejora de las condiciones laborales, recogido en los convenios colectivos aplicables y de obligado respeto en los centros de trabajo.
Asegurar que se respeten los pliegos establecidos por la Consejería, especialmente en lo referente a las condiciones técnicas y la dotación mínima de personal imprescindible para prestar una atención profesional y de calidad.
Somos profesionales de la salud mental: psicólogas, trabajadoras sociales, educadoras, terapeutas, integradoras… Y sabemos que la precariedad es una agresión directa a la calidad del servicio. No vamos a permitir que se utilice la excusa de la “crisis” para desmantelar nuestras condiciones mientras se eluden responsabilidades y se pide sacrificio solo a la plantilla.
En un momento como este, resulta imprescindible la unidad de toda la plantilla. Solo con cohesión, apoyo mutuo y una posición colectiva firme será posible frenar el deterioro de las condiciones laborales y garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
El sindicato reafirma su respaldo inequívoco a todas las trabajadoras y trabajadores en esta huelga, así como su compromiso en la defensa activa de sus derechos, la dignidad profesional y la calidad del empleo«.
En un artículo de El Salto, Néstor Camacho, delegado de CGT, explica que «los últimos años venimos sufriendo retrasos en las nóminas”, porque la empresa “no está en un buen momento económico, tienen dificultades de tesorería”. Asegura que Manantial Gestión explica que “la actualización del convenio es inasumible por su economía, que ya de por sí estaba tocada”. Por eso, afirma, llegaron a un acuerdo para que se asumieran mejoras poco a poco. “Se empezó a hablar de septiembre, para luego hablar de octubre, y estamos en diciembre y no ha ocurrido nada”, comenta. “Lo que nos han planteado hasta ahora es quitarnos el 9% de plus de experiencia; pasar de la jornada de 35 horas semanales que tenemos actualmente a tres horas y media más; bajar el número de horas de formación que tenemos, de 30 a 25; y no contratar a personal de refuerzo en épocas estivales o en Navidades”. Además, indica, “nos han dicho que estas medidas serían de manera indefinida”. Algo, que recuerdan, ya les pasó tiempo atrás y aceptaron bajarse el salario, una bajada que no llegaron a recuperar nunca.
“Nos lleva a una situación insostenible, con los precios de las viviendas que hay en Madrid, que ha aumentado la cesta de la compra”, indica Néstor Camacho que asegura que “muchas compañeras tienen que tener dos trabajos para poder llegar a final de mes”. “El resultado es una plantilla extenuada”, afirma.
El régimen franquista fue el proyecto de la burguesía nacional apoyada por el capitalismo internacional que, en distintas fases, protegió sus intereses económicos consolidando una dictadura en torno a la figura de Franco como garante de ese orden sangriento. La muerte de Franco marcaba el punto de inflexión de un proceso ya iniciado años atrás. Se estaba pactando una clausura idílica del Franquismo desde, al menos, el año 1968, escondiendo posteriormente un proceso complejo de continuidad reformada. Mismos perros, pero también mismos collares.
Bajo el relato oficial, presentado como una proeza de consenso y moderación democrática, se ocultó una gran lógica política de fondo: la necesidad de las élites económicas, políticas y militares consolidadas tras 1939 de reorganizar su hegemonía ante un contexto internacional y social que hacía inviable la continuidad de una dictadura que había cumplido ya su papel como garante de sus privilegios. El fascismo español había hecho ya su función, pero ni se bajaría el telón, ni se marcharía de la escena, se le otorgaba un papel protagonista como consolidante y fuerza de choque hasta la actualidad.
Si podemos encontrar una cuestión común a lo largo del siglo XX español, desde la monarquía de Alfonso XIII, la dictadura de Miguel Primo de Rivera, la Segunda República española, el Franquismo, y el régimen monárquico actual; es el poder económico detentado en manos de prácticamente las mismas familias y fuerzas vivas del capitalismo patrio. La Transición española debe entenderse no como una ruptura, sino como una recomposición del poder, donde buena parte de las élites franquistas y los intereses económicos dominantes conservaron posiciones clave remodelando el sistema institucional.
Cuarenta años de Franquismo, el fascismo marca España
El régimen franquista nacía directamente del poder otorgado por el golpe militar de julio de 1936, y ampliado a todo el territorio mediante una guerra de exterminio contra la clase trabajadora y las fuerzas populares. Fue, desde el inicio, un proyecto con un objetivo antirrevolucionario al servicio de las élites económicas y militares de la España oligárquica, adelantándose al potencial de triunfo si el movimiento obrero organizado hubiese pasado a la ofensiva total de construir un poder popular de clase. No fue una tragedia histórica, sino la apuesta consciente y planificada de terratenientes, grandes industriales, jerarquía eclesiástica y mandos del ejército para aplastar una posible victoria de las fuerzas populares revolucionarias, que ponían en contundente riesgo la estructura de poder construida durante siglos. El golpe militar no fue contra el gobierno republicano, sino que la violencia se dirigía hacia la clase obrera, y ese es el primer punto que debemos tener claro en una visión revolucionaria. No existían dos Españas, sino dos clases sociales antagónicas, la dominante, y la explotada.
El proyecto previo de la burguesía española fue construir un gobierno político republicano y socialdemócrata como apagafuegos al crecimiento del movimiento obrero. Ese republicanismo interclasista habría sido el particular terreno de preparación y desarrollo del fascismo español. La victoria franquista en 1939 reeditaba un Estado autoritario, militarizado y de terror psicológico, y físico, basado en la represión sistemática, la censura, el control social y la destrucción de cualquier forma de organización obrera. El aparato estatal —desde la Iglesia Católica a la Guardia Civil, desde el Movimiento Nacional a los tribunales militares— funcionó como un engranaje perfectamente coordinado para garantizar la restauración brutal del orden capitalista más reaccionario tras la revolución social del pueblo.
En la primera fase el Franquismo extendió el exterminio de decenas de miles de integrantes de la clase trabajadora, y su proyecto estaba alineado férreamente con el fascismo italiano y el nazismo alemán; que tomaron la iniciativa de ofensiva hasta 1943 en el conflicto mundial. Durante los años cuarenta el régimen fue virando para distanciarse de la Alemania nazi, y sobrevivir al nuevo reordenamiento global de las potencias vencedoras. El Franquismo fue tolerado, y tomado como baluarte político en Europa contra el marxismo, y así evitar concesiones sociales y políticas que, el capitalismo imperialista tuvo que hacer mientras desarrollaba las nuevas estrategias de aplastamiento de los movimientos obreros nacidos de la lucha en el conflicto mundial contra los fascismos.
Esos años cuarenta y los primeros cincuenta, estuvieron marcados por el modelo económico autárquico que impuso el Franquismo y, que proyectaba a los grupos empresariales afines al régimen, hundiendo al país en el hambre y la miseria mientras consolidaba un capitalismo oligárquico protegido por el Estado. La represión de posguerra, con cientos de miles de encarcelados, deportados, fusilados y depurados, no fue un «exceso», sino el pilar sobre el que se edificó la estabilidad del régimen y, en cierta medida, el retorno a las estructuras políticas normalizadas por el capitalismo. La clase trabajadora quedó sometida a un sindicalismo vertical obligatorio, diseñado para neutralizar cualquier capacidad de conflicto y asegurarse la subordinación al régimen.
La Guerra Fría permitió a la dictadura un lavado internacional: el anticomunismo se había convertido en el salvoconducto. Estados Unidos y las potencias occidentales integraron a España como pieza funcional del bloque capitalista, abriendo la puerta a la tecnocracia, al desarrollismo y a una «modernización» controlada que jamás cuestionó las bases del poder. El Plan de Estabilización de 1959 coincidía con la visita del presidente estadounidense Eisenhower, y el crecimiento económico de los años 60 no fue en absoluto un despegue neutral: consolidaron a nuevas facciones de la burguesía, reforzaron desigualdades y utilizaron la emigración masiva a Europa como válvula de escape social. La represión se volvió más selectiva, pero no menos efectiva.
A lo largo de esas cuatro décadas, el Franquismo mutó, pero no cambió jamás su naturaleza: fue siempre un régimen militarista y ultracatólico, que defendía los intereses de clase burgueses y aseguraba la continuidad de la explotación económica y política de las élites empresariales. Las luchas obreras, estudiantiles y vecinales que surgieron, fueron respondidas con una violencia perfectamente calculada parta no permitir erosionar su legitimidad. Las leyes represivas, el Tribunal de Orden Público, la Guardia Civil y la Brigada Político-Social de la policía, actuaban como aparato principal del control y el castigo.
La Transición: un pacto de silencio y reforma de la oligarquía desde arriba
Muy lejos de suponer ninguna ruptura impulsada desde la base, la Transición fue el resultado de un pacto de la élite oligárquica española. Una parte de la vieja guardia franquista entendió que sostener el régimen tal cual era se hacía incompatible con su integración en los mercados europeos y con el control de una clase trabajadora altamente movilizada desde 1968. Por eso, optaron por dirigir ellos mismos la evolución del régimen. Debían preservarse las estructuras del aparato estatal nacido de 1939, se mantendría intacta la jerarquía judicial y policial; además de garantizarse la continuidad monárquica designada por Franco en quien sería coronado como Juan Carlos I. No se desmontaba el armazón autoritario que se heredaba, solo se le otorgaba un cambio de look, para adaptarlo a las normativas represivas y de control social constituidas por las democracias imperialistas occidentales.
El movimiento estudiantil eclosionado en 1968, se había aliado con las demandas de la clase trabajadora, y funcionaba como catalizador de un cuestionamiento profundo al régimen franquista. Las asambleas y huelgas universitarias se solidarizaban con las luchas obreras. Mientras tanto se intensifica la preocupación por la insurgencia política y armada representada por organizaciones como ETA, FRAP, y más tarde MIL que, si bien no representan una amenaza real al poder estatal, sí que son un desafío simbólico a su capacidad de control total. Se abren grietas en la narrativa legitimadora del Franquismo, lo cual conduce a un repunte en la represión y a su sofisticación; comenzando a idear un plan de reformas pactadas desde arriba.
La muerte de Carrero Blanco en diciembre de 1973 fue el golpe simbólico al régimen franquista que se necesitaba para poner en marcha toda la Transición que ya se venía fraguando desde el inicio de esa década. A los sectores más reacios a la reforma pactada desde arriba había que domesticarlos, no se destruiría su estructura, solo se liquidaba el plan de un franquismo sin Franco pero con franquistas puros. Las élites económicas y políticas asumen una recomposición en el bloque de poder, y se arma una transición que neutralice al movimiento de clase trabajadora. Las luchas obreras estaban viviendo un crecimiento explosivo, decenas de miles de trabajadores desbordan el sindicalismo vertical, y se genera un potencial contrapoder social de coordinadoras y comisiones, huelgas y asambleas masivas en barrios obreros. Por lo que esa Transición debía abordar como objetivo principal la desactivación de ese sujeto político que estaba construyendo al margen de los canales del régimen.
En este contexto, el papel internacional también pesa mucho; y los Estados Unidos, a través de la CIA, busca garantizar un aliado estable en la OTAN y fiel a los intereses imperialistas. De ahí la operación de «reciclaje» del socialismo parlamentario en el Congreso de Suresnes (1974), desde el que emerge un PSOE rejuvenecido, moderado y funcional al nuevo proyecto. El PSOE, a través de Felipe González, es seleccionado como el actor ideal para ofrecer una salida controlada, capaz de seducir a sectores jóvenes y urbanos sin poner en riesgo la estructura económica del franquismo sociológico. De esta manera se evitaba una escalada como la Revolución de los Claveles portuguesa, donde se tuvo que actuar de manera más decisiva para evitar una ruptura que desestabilizara los intereses capitalistas.
Los aparatos franquistas no se depuraron, y la represión seguiría activa, siendo asesinados en ese periodo centenares de trabajadores. En 1975, cuando Franco murió, el franquismo no estaba agonizando, tan solo cumplió su funcional ciclo histórico. La dictadura que nació como proyecto antirrevolucionario, dejaba tras de sí una matriz que se ha mantenido intacta hasta la actualidad, porque Franco murió, pero no el Franquismo.
