En los últimos quince años, en los que ha estado activo este periódico, el movimiento por la liberación animal en el Estado español ha evolucionado como parte de un proceso de transformación colectiva que ya se venía fraguando en la década anterior.

Cuando sacamos el número 100 de esta publicación, allá por el año 2019, publicamos un artículo titulado “Hacia un mundo más animal”, en el que fotografiamos los últimos diez años del movimiento antiespecista. Entonces ya señalamos algunos cambios significativos, como el auge de las investigaciones encubiertas, la expansión del veganismo y la proliferación de colectivos con tácticas y estrategias diversas. Hoy, al releer aquellas reflexiones, podemos afirmar que las semillas regadas en estos años de activismo han comenzado a dar frutos y aquellos cambios se han ido enraizando en el movimiento en defensa de los demás animales.

A medida que el movimiento por la liberación animal se consolida, la industria de la explotación animal se siente cada vez más amenazada. Las investigaciones encubiertas en granjas, mataderos y laboratorios han abierto procesos judiciales y han despertado la atención mediática, llevando incluso al prime time la cuestión animal en casos como el especial de Salvados sobre una granja que suministraba a El Pozo o el caso del laboratorio Vivotecnia, con eco incluso en la prensa internacional. La imagen pública de la industria se ha deteriorado notablemente en los últimos años y su relato es cada día más cuestionado.

Frente a este avance del movimiento, el sector ha desarrollado estrategias defensivas como la creación de falsos sellos de “bienestar animal”, campañas de lavado de imagen con publicidad engañosa de vacas felices o promesas de transparencia que buscan recomponer una reputación cada vez más dañada. Estas maniobras demuestran que la industria percibe la presión del movimiento antiespecista como un desafío real, viéndose obligada a reaccionar para contener el creciente rechazo social hacia sus prácticas.

Estos cambios no solo incomodan a la industria, sino que también empiezan a filtrarse en el ámbito institucional, donde la presión social obliga a introducir modificaciones que, a pesar de su resistencia, evidencian que el debate ya no puede esquivarse. En los últimos años se han aprobado leyes que prohíben el uso de animales en espectáculos como los circos, o la reciente Ley de Bienestar Animal, que reconoce a los animales como seres sintientes y prohíbe la venta en tiendas de algunas especies como perros, gatos y hurones. Estas medidas, aunque son muy limitadas, muestran cómo la presión social comienza a abrir grietas en un marco político históricamente reacio al cambio.

Algo similar ocurre con propuestas impulsadas desde la ciudadanía, como la Iniciativa Legislativa Popular No Es Mi Cultura, que proponía derogar la ley que protege la tauromaquia como patrimonio cultural. La ILP reunió más de 700.000 firmas, superando con creces el mínimo legal para su debate en el Congreso y evidenciando que gran parte de la sociedad rechaza la tauromaquia. Aun así, la iniciativa fue bloqueada y no llegó a debatirse, mostrando hasta qué punto las estructuras políticas siguen actuando como un dique de contención frente a cualquier intento de cuestionar los intereses económicos vinculados a la explotación animal.

En paralelo a estos procesos, el movimiento antiespecista también ha ido ampliando los frentes de lucha en el ámbito local. En Madrid, por ejemplo, la desaparición de los circos con animales o la campaña contra la matanza de cotorras han demostrado cómo los colectivos antiespecistas pueden responder y plantar cara a las políticas municipales. Temáticas de corte más histórico en el movimiento como la caza, sostenida todo este tiempo por el colectivo No A la Caza (NAC) o la lucha contra el uso de pelo y pieles impulsada por Madrid contra el Pelo Animal (MCPA), han conseguido señalar y acorralar a empresas que siguen perpetuando el uso de animales en una sociedad que no necesita escopetas en el monte ni abrigos o complementos de piel en los armarios. Colectivos locales con estrategias globales tejen redes internacionales, consiguen pequeñas victorias y construyen alianzas con activistas de otros territorios, compartiendo saberes y enriqueciendo la lucha antiespecista.

También la lucha contra la experimentación animal, durante años ausente en la agenda activista estatal, ha reaparecido con fuerza gracias a la investigación encubierta de Carlota Saorsa en el laboratorio Vivotecnia, reactivando un frente olvidado y produciéndose el documental Infiltrada en el Búnker de Pablo de la Chica, financiado por una gran plataforma audiovisual.

En estos quince años, los santuarios de animales también han cobrado un papel fundamental dentro del movimiento antiespecista. En el 2007 apareció el primer santuario en el Estado español, el Hogar de Luci y casi 20 años después existe hasta una Federación Española de Santuarios Animales (FESA) que estima que hay entre 40 y 60 santuarios en todo el territorio nacional. Más allá de la tarea de cuidado, los santuarios muestran en la práctica que otras formas de relación con los animales son posibles. Son ejemplo práctico de relaciones basadas en el respeto, la convivencia y la consideración de los intereses propios de los animales. En un contexto donde la industria y las instituciones se empeñan en presentar la explotación animal como algo inevitable, los santuarios son resistencia política del movimiento de liberación animal.

Mientras, en el terreno táctico, el movimiento también ha cambiado. Si hace más de una década buena parte del imaginario antiespecista giraba en torno a acciones de rescate o de acción directa, en los últimos años se ha producido un cambio hacia estrategias que priorizan la investigación, como el trabajo de Animals View, Linas Kortas o el de organizaciones que contratan a profesionales para destapar la realidad de los centros de explotación animal y libran batallas en el ámbito jurídico e institucional peleando y ganando derechos para los demás animales, con la aparición de operadores jurídicos como Intercids.

Este cambio no significa una renuncia al modelo anterior, sino que se trata de una adaptación a un contexto donde el impacto social de las imágenes, los procesos judiciales y la presión mediática se ha vuelto una herramienta política que sienta precedentes y va cambiando el orden social.

En este sentido, las redes sociales han jugado un papel importante, ayudando a que investigaciones que antes circulaban en entornos más militantes ahora lleguen a cientos de miles de personas más fácilmente. También la revolución tecnológica permite salir a la calle haciendo un activismo respaldado con pantallas que muestran esas imágenes de la realidad que padecen millones de animales o los streaming y directos en las vigilias a las puertas de los mataderos, poniendo a los demás animales en el centro de su lucha, y acercándonos la realidad y mostrando lo que la industria no quiere que sepamos.

Pero estos avances conviven con retos importantes para el movimiento antiespecista. El ascenso de discursos autoritarios en todo el mundo no solo impacta en derechos humanos, sino también en los demás animales, reforzando políticas que blindan su explotación. Lo vimos con claridad durante la tramitación de la Ley de Bienestar Animal, cuando el Gobierno decidió excluir a los perros de caza para satisfacer al lobby cinegético. El antiespecismo ha trabajado en estos años en conectar con las distintas formas de opresión y busca situarse junto a otras luchas sociales. El reto sigue estando en que ese paso sea compartido, ya que buena parte de los movimientos sociales continúan resistiéndose a integrar la cuestión animal, reproduciendo jerarquías que dificultan un cambio real.

Además, la represión sigue golpeando al movimiento antiespecista a nivel global. Recordemos especialmente el caso sufrido en el Estado español en 2011, donde la criminalización de activistas condicionó y transformó el activismo en el Estado, cambiando sus estrategias. En otros contextos, como en Reino Unido, con Animal Rising, han enfocado su activismo de liberaciones en tácticas que buscan llevar el juicio público al debate social. La persecución sigue siendo una constante y nos recuerda que la defensa de los demás animales continúa siendo vista como una amenaza para el orden económico dominante. Casos como el de Susarón en Chile muestra cómo la respuesta penal se dirige contra quienes señalan la violencia estructural y no contra quienes la ejercen.

Sin embargo, mientras las instituciones frenan la trayectoria de lucha antiespecista, el cuestionamiento del especismo se abre paso por otros caminos, especialmente en la academia y en la educación.

Y es aquí donde la aparición y consolidación de los Estudios Críticos Animales en el Estado español empieza a jugar un papel clave, ampliando el debate más allá de la política institucional y situándolo también en universidades y colegios. En la última década, y con más fuerza en los últimos años, estos estudios van ocupando un espacio que antes no existía. Han surgido grupos de investigación, congresos, seminarios y publicaciones que abordan el especismo desde perspectivas filosóficas, sociológicas, jurídicas y culturales, generando un cuerpo teórico que acompaña y enriquecen las luchas en la calle. En este desarrollo académico destacan Aula Animal, en el campo educativo o en la academia como la UPV/EHU en Euskal Herria, la Universidad de Barcelona (UB) y UPF (Pompeu Fabra) que colaboran a través del Centre for Animal Ethics y el ILECA (Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales) que coordina publicaciones en castellano, contribuyendo a legitimar la cuestión animal, abriendo nuevas vías de pensamiento y cuestionando incluso el lenguaje cotidiano, señalando cómo muchas expresiones de nuestro día a día reproducen la idea de que los animales son recursos, contribuyendo a normalizar su explotación.

En paralelo, empieza a crecer un campo editorial comprometido con estos debates. La traducción y publicación en castellano de textos de autoras de otros territorios que reflexionan sobre la agencia, la voz o las formas de resistencia de los demás animales ha ampliado el alcance del cuestionamiento antiespecista más allá de la academia. Editoriales veteranas como Ochodoscuatro conviven ahora con otras editoriales que van abriendo su catálogo a obras críticas, reforzando un debate cultural que va llegando cada día a más gente.

Quince años después, es evidente que el movimiento antiespecista en el Estado español no es el mismo. Se ha afianzado en algunos aspectos, se ha diversificado y participa en espacios que antes le eran ajenos, logrando que la explotación animal deje de ser un tema invisible. Pero también es evidente que los obstáculos siguen siendo enormes: la industria que se reinventa, unas instituciones que protegen y cierran filas junto a quienes se benefician de la explotación animal y un contexto político cada día más hostil, con la ultraderecha ganando espacio. Aun así, el movimiento no parte del mismo lugar que hace una década y media. Hoy cuenta con herramientas, redes, saberes y experiencias que sostienen un trabajo a largo plazo y permiten imaginar un horizonte más amplio.

Los avances logrados no son suficientes y nos parecen siempre escasos, pero cada paso es imprescindible para llegar hasta donde estamos. Si algo muestran estos quince años de lucha es que el antiespecismo sigue avanzando y que, hoy como ayer, aún queda todo por hacer.

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El miércoles 17 de diciembre, los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo el desalojo del antiguo institut B9 de Badalona (Barcelona), un edificio abandonado que se había convertido en la alternativa habitacional de decenas de personas migrantes y empobrecidas ante la pasividad prolongada de las administraciones.

El operativo comenzó a las 8 de la mañana, con el habitual y amplio cordón policial¹. El desalojo fue impulsado por el Ayuntamiento de Badalona, en manos del xenófobo Xavier García Albiol², amparado en una resolución judicial del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Barcelona, fechada el pasado 12 de diciembre, que autorizaba al consistorio a recuperar la propiedad.

La jueza había dado luz verde al desalojo masivo, pero igualmente ordenó al Ayuntamiento a prestar atención social a los migrantes. Pese a ello, Albiol se negó en todo momento a ofrecer una alternativa habitacional. El alcalde del PP, conocido por su posiciones de ultraderecha hacia las personas migrantes (a las que en esta ocasión tildó de “salvajes”), ordenó igualmente el desahucio. “El ayuntamiento de Badalona no va a invertir ni un solo euro en darles vivienda a personas que se han dedicado a hacer la vida imposible a los vecinos”, declaró ante los medios de comunicación.

Por ello, durante la mañana solo se presentaron dos personas trabajadoras de los servicios sociales para atender a las 400. Hicieron mucho más por ayudar a las decenas de familias afectadas un centenar de activistas que se concentraron en la puerta que cualquier institución.

El desalojo, además, condujo a la identificación de más de 180 personas y a la detención y derivación de 18 de ellas al CIE de la Zona Franca de Barcelona, para su futura expulsión del país. Dos días después, quedaron en libertad.

Discursos de odio sin tapujos

El desalojo de cientos de personas sin alternativa habitacional ha sido el más grande de la historia de Catalunya y ha sido fuertemente criticado por organizaciones como Badalona Acull, la Plataforma del Barrio de Sant Roc, Regularización Ya y el Sindicato de Vivienda de Badalona. De las 400 personas vivían en el inmueble del antiguo instituto B9, 200 de ellas ya habían abandonado el bloque ante las amenazas abiertas del alcalde semanas antes, las otras 200, sin alternativa a donde ir a vivir, fueron desalojadas en pleno temporal de lluvia, viento y frío. Decenas de ellas pernoctaron los siguientes días bajo un puente de la C-31 en Badalona, mientras, con ayuda de vecinas, organizaciones sociales y sindicatos de vivienda trataban de encontrar soluciones.

Además, el desalojo ha venido acompañado de un discurso claramente criminalizador de la pobreza y de la población migrante. Da igual si en un edificio aparece una moto robada o si algunas personas no tienen papeles: la retórica es siempre la misma. Se construye un relato que vincula pobreza, migración y criminalidad para legitimar el desplazamiento. Un relato que no solo explica lo que ocurre, sino que lo produce: prepara el terreno para que ciertas vidas sean expulsables, para que su presencia en la ciudad sea siempre provisional, siempre cuestionada.

“Cuando Albiol habla en la radio y TV de ‘esta gente’ y los trata de delincuentes, está cometiendo un delito de odio”, ha señalado el Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (OSPDH), de la Universidad de Barcelona (UB) a través de un comunicado publicado es sus redes sociales. “Se trata de un ejemplo claro de racismo institucional, crueldad extrema y menosprecio público”.

Por su parte, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU emitió un comunicado recordando que “desalojar a una persona en pleno invierno y dejarla sin hogar constituye una grave violación del derecho a una vivienda adecuada y de otros derechos”, que pueden “constituir un trato cruel, inhumano o degradante estrictamente prohibido por el derecho internacional”. Y afea que se haya producido “acompañado de un discurso estigmatizador por parte de las autoridades que describen a todos los que vivían en el bloque B9 como una fuente de inseguridad de la zona y los tildan de delincuentes o personas violentas sin aportar pruebas… esa retórica es inaceptable, discriminatoria y profundamente perjudicial” y que “las autoridades deben esforzarse por combatir la discriminación y no alimentarla”.

Entre chatarra y golpes de porra

“¿Qué tipo de persona puede dejar sin un techo, en pleno invierno, a más de 400 personas? Albiol, el actual alcalde de Badalona, nos ha mostrado esta semana que entre sus delirios racistas es capaz de deshumanizar a una parte de la clase trabajadora para justificar su agenda política. Ahora bien, cabe destacar que lejos de ser un fenómeno aislado, no deja de ser la punta de lanza de un movimiento mucho más generalizado, que de hecho encarna el signo de los tiempos: la reacción”, reflexiona Gisela Bermúdez en El Salto.

“El desahucio del B9 no solo forma parte de los desvaríos autoritarios de Albiol, sino también de una política de la pobreza por la vía punitiva. Una agenda que actúa como si tapando las grietas de un sistema cada vez más inhumano con pintura fresca, estas dejaran de existir. Un programa político que piensa que, al imponerles el cielo como techo a centenares de personas estas desaparecerán, como si de un truco de magia se tratase.

[…] Situamos el desahucio más grande de Catalunya en el contexto político más convulso que se ha visto en décadas. Genocidios, guerras y catástrofes se desarrollan bajo el telón de fondo de una crisis generalizada que lleva en si el agravamiento del problema de la vivienda. La tendencia al alza de los fenómenos de la infravivienda y el sinhogarismo aparecen hoy como la punta del iceberg de la crisis de la vivienda, focalizados en un segmento poblacional muy concreto.

Pues solo hace falta ver las imágenes del desahucio del antiguo instituto para darse cuenta de quiénes fueron los protagonistas de la bochornosa jornada: trabajadores migrantes que malviven errando de nave industrial en nave industrial, vendiendo chatarra, sometidos a salarios de miseria, irregularidad legal y violencia policial sistemática. Albiol, bajo la pudiente retórica a la que nos tiene acostumbrados balbuceó que «lo que tiene que hacer Sánchez es acogerlos él y darles vivienda». Unas palabras que duele oírlas entre aquellos que ya sabemos que el PSOE lleva años abrazando las políticas higienistas de la reacción. Ya sea en forma de laboratorios de criminalización y persecución bajo la marca del “Pla Endreça” en Barcelona o abriendo cárceles de migrantes en Mauritania, en el caso del Gobierno del Estado español.

En el acceso a la vivienda se concentran muchas de las contradicciones, pero la experiencia del B9 nos permite extraer una lección. Mientras que, en Badalona, según el INE, hay más de 7.000 pisos vacíos, hoy 400 personas que antes tenían techo están durmiendo al raso. Esta disonancia inhumana, que haya gente sin casa y casas sin gente, es consecuencia directa de las lógicas del capitalismo. Las viviendas, igual que el resto de las mercancías, no se producen y se distribuyen según su capacidad de satisfacer necesidades humanas, sino por su capacidad de generar beneficios económicos para unos pocos. En pocas palabras: el beneficio de un rentista vale más que condenar a una persona a condiciones infrahumanas de hambre y frío; y el sistema, a golpe de porra, pone todos los medios a la disposición para que no cese la barbarie”.

El desahucio como infraestructura antiinmigratoria

“Lo ocurrido en Badalona parece romper incluso con las expectativas más pesimistas. Aunque el incremento del odio es evidente, una no puede evitar preguntarse: ¿cómo hemos llegado a este nivel de criminalización de la pobreza y del activismo solidario, de racismo institucionalizado y de violencia abierta?”, se pregunta la activista de la PAH Barcelona Julieta Lechini Vittorino. “La extrema vulnerabilidad de las personas que vivían en la IB9 unió a activistas por el derecho a la vivienda, por los derechos humanos y por los derechos de la población migrante, dejándonos con una pregunta común: ¿cómo se ha vuelto posible esto y cómo podemos frenarlo?

Hace apenas unas semanas, con compañeras de la PAH, reapareció el recuerdo de la revista Pronto, que hace años que regalaba pegatinas de “Stop desahucios”. Un activista con más trayectoria que yo me compartía esa memoria con cierta nostalgia, acordándose de un tiempo en el que defender que la gente se quedara en su casa era algo ampliamente compartido, casi obvio, como el derecho que es. 

Está claro que muchas cosas han cambiado desde entonces. Los desahucios por hipoteca son minoría y es hoy una población cada vez más vulnerable la que llega a las asamblea. Si extrapolamos aún un poco más, el contexto del auge de la extrema derecha ha traído consigo figuras autoritarias, desde Argentina hasta Rusia, que han normalizado discursos de odio que hoy impregnan tanto el espacio digital como la vida cotidiana. En este panorama, vemos crecer la individualización de nuestras comunidades y una necesidad exacerbada de construir al otro como amenaza, como enemigo. Un “ellos contra nosotros” que se apoya en identidades nacionales, raciales o culturales para reafirmar un “nosotros” cada vez más estrecho y excluyente.

Pero en este caldo de cultivo de odio, miedo e inseguridad, ¿qué papel juegan los desahucios? ¿Cómo se convierten en infraestructura —porque mueven personas, recursos, materiales y espacios— de control antimigratorio gestionada desde los gobiernos locales? Esta es una pregunta que llevo más de un año y medio haciéndome, como activista y como investigadora migrante, al encontrarme diariamente con la naturalización del desahucio del migrante. Una pregunta que en los últimos días parece haberse materializado en hitos de crueldad y frialdad institucional difíciles de ignorar: dejar a más de 400 personas en una situación de altísima vulnerabilidad en la calle, en pleno invierno, desplazándolas no una sino varias veces, con un mensaje claro y contundente: en esta ciudad no te queremos.

Dos geógrafos urbanos, Baker y Van Baar, ayudan a entender este momento. Ambos coinciden en que el desahucio funciona como una práctica de frontera dentro de la ciudad. No se trata solo de perder una casa, sino de vivir bajo la amenaza constante de perderla. Van Baar llama a esto “evictabilidad”, estableciendo un paralelismo clave entre el espectáculo de la frontera y el espectáculo del desahucio. Así como la frontera produce la ilegalidad migrante como algo naturalizado, el desahucio produce una condición permanente de vulnerabilidad, en la que ciertas personas saben que pueden ser expulsadas en cualquier momento. No es solo el acto del desalojo lo que importa, sino la amenaza constante, la normalización de que hay cuerpos siempre desplazables.

Desde la investigación urbana crítica se viene advirtiendo desde hace tiempo: el desahucio no es solo una consecuencia de la financiarización de la vivienda, sino una práctica de frontera. Como explica Baker, los desahucios no son rupturas excepcionales del orden urbano, sino actos infraestructurales de gobierno que producen lo que denomina una “disposición hacia el desplazamiento”. No se trata únicamente de expulsar cuerpos de un espacio concreto, sino de disciplinarlos, de enseñarles que su permanencia en la ciudad es siempre condicional.

En este sentido, la frontera no está solo en los aeropuertos o en las pateras del Mediterráneo. Invade el ámbito más íntimo: el hogar. Entra a través de la policía, de los juzgados, de las deudas, del mercado del alquiler y de perfiles racializados que determinan quién puede acceder a una vivienda y quién queda sistemáticamente fuera. El proceso del desahucio implica un trabajo constante sobre los cuerpos: funcionarios, agentes judiciales y fuerzas de seguridad actúan para justificar y producir esa disposición al desplazamiento, gestionando los movimientos de quienes son considerados prescindibles en el espacio urbano.

[…] De este modo, el desplazamiento vuelve a cumplir una función conocida: asegurar simbólicamente la identidad del español blanco —aunque también precarizado— que consume estas noticias. El desahucio no solo expulsa, también ordena. Ordena quién pertenece, quién sobra y quién puede ser sacrificado para sostener un imaginario de seguridad y normalidad. Y en ese orden, la vivienda se consolida como una de las infraestructuras más eficaces de la frontera contemporánea”.

Concentraciones racistas y respuesta solidaria

Tres días después del desalojo, la Creu Roja y Cáritas anunció que acogería a 15 de las personas más vulnerables que fueron desalojadas en la parroquia de la Mare de Déu de Montserrat. Una decisión claramente insuficiente a la vista de la magnitud del problema, pero que al menos puede dar una solución temporal a un puñado de personas.

Sin embargo, 200 personas, supuestamente vecinos de Badalona, se concentraron en la puerta del centro religioso. Con cánticos racistas y xenófobos, incluso amenazas de muerte, querían impedir la entrada de las personas desalojadas. Las expresiones abiertamente criminalizadoras contra las personas migrantes se asemejaban a las contenidas en los discursos de Albiol y buscaban una confrontación directa.

Xavier García Albiol se presentó en la concentración, supuestamente para apaciguar los ánimos. Después de haber negado durante todo el fin de semana la asistencia a los inmigrantes pidió a los vecinos que permitieran el alojamiento al menos durante aquella noche y se comprometió a abordar el asunto al día siguiente y pedir que no alojaran a los inmigrantes y fueran trasladados a otra parte. Como reveló Jesús Rodríguez en La Directa, «durante la reunión se comprobó la sintonía y la confianza entre Xavier Garcia Albiol y algunos de los concentrados, hasta el punto de recomendar discreción a las personas exaltadas que instigaban a asaltar el albergue y quemarlo. “Os hago una recomendación, especialmente a los más jóvenes. No digáis según qué cosas porque aquí se está grabando absolutamente todo”, dirigiéndose a un grupo que iba con la cara tapada con pasamontañas, para después ejemplificarlo: “Imagínate que esta noche pasa algo. El que ha dicho ‘hay que quemarlo’ se la carga”. En algunos momentos, los gritos no permitían oírle, y le exigían que dejara de hablar y pasara a la acción. Fue entonces cuando consiguió la ovación más grande de la noche: “Dejadme margen, coño, para intentar resolverlo o, si no, haced lo que consideréis”«.

Dado lo caldeados que estaban los ánimos, la parroquia anuló la acogida. Por ello, las personas desamparadas tuvieron que acudir a otros espacios solidarios. Un grupo reducido pudo dormir en el local de la CUP y el Casal Antoni Sala i Pont y otras ocuparon un albergue municipal que estaba clausurado, pero todavía hay decenas de personas pernoctando bajo el puente de la C-31, usando tiendas y sacos de dormir que les han donado distintas activistas.

A pesar de los esfuerzos de colectivos sociales que intentan paliar con autoorganización inestabilidad de las personas que se han quedado en la calle, Badalona Acull y el resto de colectivos aseguran que la crisis continúa, que sus recursos solidarios son limitados y reclaman a las instituciones implicarse con soluciones a medio y largo plazo.

Este mensaje fue replicado el lunes 22 de diciembre, cuando unas 500 personas se concentraron frente al espacio recuperado Can Bofí Vell y recorrieron las calles de Badalona en una manifestación antirracista, al grito de “nadie es ilegal” y “Albiol fascista” y bajo el lema “Contra els atacs racistes, unitat de classe”.

Mientras tanto, otros 300 vecinos de la ciudad, se concentraron a unos metros de distancia, soltando proclamas xenófobas y contra Pedro Sánchez, apoyando a su alcalde mientras ondeaban banderas españolas.

Las derechas catalanas

Las últimas elecciones en Catalunya, así como las encuestas más recientes, revelan que la ultraderecha se encuentra doblemente representada en las instituciones catalanas.

Vox y PP obtienen sus mejores resultados en los municipios del Área Metropolitana de Barcelona y Tarragona, en barrios habitados por trabajadores de lengua castellana de la segunda o tercera generación procedentes de la inmigración del sur de España del franquismo. Por el contrario, Aliança Catalana, dirigida por Sílvia Orriols, alcaldesa de Ripoll, mayoritariamente obtiene sus apoyos en poblaciones de la Catalunya interior, en localidades de Girona y Lleida donde la extinta Convergència de Jordi Pujol obtenía grandes mayorías y que fueron feudos del carlismo en el siglo XIX. Actualmente cuentan con dos diputats, pero un sondeo electoral de septiembre les otorga una previsión de ocupar 19 escaños.

“Ciertamente, el ascenso de las extremas derechas en Occidente es un fenómeno global con muy diversas concreciones y particularidades nacionales. La singularidad del caso catalán radica en la consolidación de dos formaciones que comparten un discurso antiinmigración, islamófobo y sionista, pero que militan en ultranacionalismos antagónicos. Además, representan una base identitaria, territorial y social muy distinta que puede resumirse esquemáticamente en las antinomias: lengua castellana/catalana, clase trabajadora/clase media, Catalunya metropolitana/interior”, explica Antonio Santamaría (periodista y ensayista sobre el nacionalismo catalán) en Zona de Estrategia.

“Desde el punto de vista ideológico, Vox no ha roto amarras con el nacionalcatolicismo franquista cuyos símbolos y memoria reivindica. Por el contrario, los referentes históricos de Aliança Catalana son fascistas catalanes de los años 30 del siglo pasado como Daniel Cardona de Nosaltres Sols o los hermanos Badia de Estat Català. Respecto al factor generacional, Vox y AC obtienen elevados apoyos electorales entre la juventud; aunque, en el caso de AC sus perfiles son algo más transversales.

El proceso independentista actuó como un acumulador de fuerzas, un desencadenante, para ambas formaciones, aunque en sentido contrario. Vox creció en los años de ascenso del procés que activó los registros del ultranacionalismo español en defensa de la unidad de la patria amenazada por los separatistas catalanes. Aliança Catalana sin embargo es un producto del declive del procés, de la frustración provocada en amplios sectores del movimiento independentista por las falsas promesas, la desunión de los partidos independentistas y la falta de perspectivas para avanzar hacia la secesión. Aquí radica la explicación del fenómeno de la existencia de dos ofertas políticas de extrema derecha en Catalunya.

El ultranacionalismo y la xenofobia son dos de los principales ejes ideológicos de las extremas derechas occidentales. Los trabajadores inmigrantes, especialmente los musulmanes, son percibidos como una amenaza para la identidad nacional/cultural y una competencia en el acceso a los servicios públicos y prestaciones sociales. Vox y AC coinciden, tanto en el discurso racista como en sus propuestas legislativas punitivas contra la inmigración, pero discrepan radicalmente en la cuestión de la identidad nacional”.

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1Para profundizar en los hechos, en lo que expresaban las desalojadas y sus interacciones con la policía y políticos, recomendamos las crónicas realizadas por Jesús Rodríguez en La Directa.

2En las pasadas municipales, Albiol obtuvo una aplastante mayoría absoluta. Presidente del PP catalán en los años del procés, ejerció de alcalde entre 2011 y 2015 con una campaña populista, antinmigración y antiocupación bajo el lema “limpiar Badalona”. Es significativo que, a diferencia de otros municipios del Área Metropolitana de Barcelona, aquí Vox no obtuvo representación. Al igual que Isabel Díaz Ayuso en Madrid, García Albiol ha asumido con éxito gran parte del discurso de la extrema derecha en materia de inmigración y seguridad ciudadana.

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‘La sombra del Estado’ (Descontrol, 2025), escrito por el colectivo Rosas Negras, se adentra las infiltraciones policiales y devuelve la voz a quienes históricamente han sido deshumanizadas, silenciadas o tratadas como daños colaterales. Aquí no se habla del heroísmo policial, sino de las vidas desgarradas por la manipulación, la traición y la violencia institucional.

Rosas Negras documenta en este ensayo las infiltraciones en el Estado español desde 2022 hasta la actualidad, ofreciendo un relato coral construido desde el dolor compartido, la rabia legítima y la necesidad de comprender cómo el Estado se cuela en nuestros espacios más íntimos. Las autoras no solo registran los casos descubiertos, sino que analizan los patrones de comportamiento de los agentes: rutinas fabricadas, errores cometidos, mentiras recurrentes y estrategias diseñadas para generar confianza allí donde luego se ejercerá control. En este sentido, el libro es también un manual de aprendizaje colectivo: desmonta el mito de la policía infalible y muestra cómo los fallos del sistema represivo pueden ser herramientas para identificar y detener nuevas infiltraciones.

A través de cada caso, el colectivo describe los métodos empleados para destapar identidades encubiertas y cómo estos pueden servir a otros espacios en riesgo. Sin caer en la paranoia ni en el morbo, Rosas Negras aporta claves concretas para construir culturas de seguridad y cuidados que permitan sostener la acción política sin caer en el aislamiento o el miedo. Porque, como recuerdan sus autoras, lo que busca la infiltración no es solo vigilar: es dividir, desmovilizar y quebrar los vínculos afectivos que hacen posible la lucha.

El libro también apuesta por un enfoque histórico que sitúa las infiltraciones como parte de una larga genealogía de represión estatal. Desde el franquismo hasta la actualidad, el Estado español ha preservado intactos muchos de sus mecanismos de control, amparándose en leyes como la de Secretos Oficiales para evitar rendir cuentas. Las operaciones encubiertas, las vulneraciones de derechos fundamentales y la impunidad policial no son anomalías: son pilares de un sistema que necesita neutralizar cualquier disidencia que cuestione su legitimidad.

Frente a la tendencia social a culpabilizar a las víctimas, acusándolas de exagerar, inventar o incluso provocar lo sucedido, ‘La sombra del Estado’ recuerda que el verdadero problema no reside en las personas afectadas, sino en el entramado capitalista, patriarcal e institucional que hace posible estas prácticas. Transformar ese sistema es imposible sin visibilizar su violencia y sin construir herramientas colectivas para resistirla.

Hemos entrevistado a las autoras, que nos han explicado cómo ha sido el proceso de escribir este libro y su finalidad.

‘La sombra del Estado’ viene firmado por vuestro colectivo, llamado Rosas Negras. ¿Cuándo se crea y con qué propósito?

Rosas Negras – Roses Negres somos un conjunto de personas que vivimos de cerca las infiltraciones y decidimos dar una respuesta política creando desde nuestra experiencia materiales que pudieran ayudar a prevenir, detectar y afrontar este tipo de ataques represivos del Estado.

Al principio todo empezó como un grupo de cuidados entre personas que habíamos convivido con infiltrados, un espacio donde compartíamos nuestras experiencias y aprendizajes y donde nos apoyábamos en las diferentes fases que íbamos atravesando. Orgánicamente, las necesidades fueron cambiando y poco a poco se fue articulando la idea de crear Rosas Negras. Juntarnos y explicarnos las vivencias puso en relieve la necesidad de explicarlas. Hasta el momento habían salido muchas cosas, pero siempre desde la óptica de periodistas, psiquiatras, abogadas… creímos que tocaba darnos voz y espacio propio.

‘La Sombra del Estado’ es el resultado de un largo trabajo colectivo, objetivo principal de Rosas Negras. En un principio no pensamos en que fuera un colectivo anónimo, pero los procesos represivos que se han ido abriendo nos han llevado a la necesidad de cuidarnos y, por tanto, usar el anonimato como parte principal de nuestra estrategia. Al Estado no le gusta que se destapen y señalen sus estrategias de control y represión, por eso actualmente están persiguiendo a personas que han visibilizado infiltraciones. Todes hemos sufrido directamente la represión y las torturas que la infiltración conlleva y ahora vemos como quieren silenciarnos volviendo a reprimirnos por contarlo.

El libro recopila experiencias en primera persona de afectadas por el espionaje policial desde el 2022 hasta nuestros días. ¿Fue duro este proceso de recopilación de testimonios? ¿Cómo ha sido la labor de escribir esta obra?

Al escribir la obra se ha intentado recoger diversas experiencias y formas de vivir la infiltración, pero, sobre todo, exponer las diversas tácticas que el estado usa para reprimirnos. Es un relato colectivo, obviamente ese trabajo no es sencillo. Pero la idea es no centrar el tema en nosotres, sino crear una obra para les que vengan después.

Trabajar en colectivo es difícil siempre. En nuestro caso, además, venimos de militancias y espacios muy diferentes pero lo que nos ha pasado nos une a pesar de las diferencias. Creemos que es importante hacer frente común ya que sólo analizando todas las infiltraciones y entendiéndolas como una estrategia estatal contra las disidencias podemos combatirlo.

Todo lo vivido nos ha enseñado muchas cosas y ‘La sombra del Estado’ pretende ser un hilo más que ayude a las disidencias políticas a construir una red segura.

El libro expone cinco casos anteriores a 2022. Y diez historias explicadas por quienes convivieron desde 2022 hasta 2024 con infiltraciones. Pero después salieron a la luz dos infiltraciones más, que intentaremos sean incluidas si hay más ediciones. También pensamos que este libro puede ayudar a gente a darse cuenta de que en el pasado convivió con infiltrados y, poco a poco, ir descubriendo más sobre nuestras propias historias. En el prólogo les compis de UK explican cómo ellas al ir explicando sus historias lograron sacar a casi 150 agentes y que eso les está permitiendo entender la represión del estado en movimientos sociales y políticos con una nueva mirada.

Explicáis en este ensayo que las infiltraciones son una forma de tortura y que están atravesadas por dinámicas patriarcales. ¿Podéis resumirnos por qué?

El libro recoge una breve historia de la infiltración en el Estado español, las diversas historias de las infiltraciones contadas desde los entornos directos que convivieron con infiltrados, un manual con muchos ejemplos sobre sus patrones y estrategias y, al final, un gran capítulo que creíamos básico que se llama: politicemos los malestares.

Este capítulo cuestiona si la infiltración es patriarcal y si es un método de tortura. Reflexiones y análisis que nosotres hemos hecho al poner en común lo que habíamos vivido. Y exponemos porqué hemos decidido exponer nuestras vivencias usando conceptos como violación. También nos sirve para analizar y poner en debate como al decidir usar estos términos se nos ha cuestionado desde algunos espacios afines. No nos han dado palizas en un calabozo, pero el daño psicológico que provoca la infiltración es una forma de tortura. Una vez más al exponer nuestras historias se nos cuestiona a nosotres en vez de crear un frente unido para enfrentar al perpetrador: un Estado que utiliza la violación y la tortura para controlar a las disidencias sociopolíticas.

Escribir este libro, relatando las consecuencias del espionaje, pero también aportando consejos para hacerle frente, ¿ha tenido una consecuencia reparadora o sanadora para las víctimas?

Las personas afectadas tenemos diversos sentires y pareceres, pero sí es real que el hecho de poner el foco en ellos y no en nosotres y hacerlo desde nuestra propia voz y óptica nos permite adueñarnos del discurso y, por tanto, usarlo como parte reparadora.
Pensar que para futuros casos podrán contar con un material como este, cuando nosotras no lo tuvimos, es una manera de contribuir de alguna manera y de hacer que todo por lo que atravesamos pueda revertirse en mejores estrategias para el futuro de los movimientos sociales y políticos.

¿Cuál diríais que es la finalidad del espionaje policial a los movimientos sociales? ¿Se trata solo de obtener información para la prevención de futuras acciones, o hay otras intenciones detrás (desmovilización, miedo, dividir…)? ¿Qué conclusiones habéis sacado de vuestra investigación?

Analizados todos los casos pensamos que el principal objetivo es mapear y tener controladas a las personas que militan en movimientos sociales y políticos de izquierdas que puedan suponer una amenaza para el Estado.

Creemos que no se trata de prevención de acciones o crear causas judiciales, aunque a veces pase.

Incluso hemos visto cómo en algún caso fiscalía abrió causas judiciales y estas se cerraron sin sentido, seguramente, porque uno de los acusados era un infiltrado y no querían poner en peligro la infiltración. Por ello pensamos que la idea principal de las infiltraciones es el control. Tener la información suficiente para poder rastrear y actuar en el momento que lo necesiten, entender cómo funcionamos y las dinámicas que se reproducen dentro de los movimientos, estar alertas ante posibles radicalizaciones, etc.
Obviamente, el hecho de descubrirlas nos ayuda a entenderlas, pero también nos rompe, la desmovilización, la paranoia y el miedo acaban campando entre nosotres como consecuencia secundaria.

Por todo ello consideramos fundamental que se visibilicen, que estén en el presente de las técnicas de protección ante la represión que se articulan en los colectivos y luchas.

¿Habéis detectado algún tipo de patrón en el tipo de colectivos en los que se infiltra la policía? ¿Creéis que buscan un perfil concreto de activismos, o cualquier organización puede sufrirla?

En UK dónde tienen acceso a muchos informes saben que no hacen distinciones entre colectivos de izquierdas. Aquí vemos cómo se han infiltrado en movimientos vecinales, antirracistas, por el derecho a la vivienda, en lucha por el clima, colectivos feministas, comunistas, libertarios, anarquistas, independentistas, estudiantiles, …, incluso en sindicatos. Es difícil establecer un patrón claro.
Aunque se hayan destapado una cantidad significativa de casos, en comparación con décadas anteriores, sabemos que hay muchos más que no han sido identificados. Como decíamos, la intención de sacar el libro era también que pudiera llegar al máximo de personas, de diferentes contextos en las luchas sociales y políticas para que con nuestros aprendizajes puedan hacer sus propias investigaciones.

No podemos asegurar un patrón concreto de objetivos de las infiltraciones, en parte, porque al contrario que en UK, aquí no se ha conseguido información de qué perseguían las supuestas investigaciones al infiltrar a los agentes. Sí que es cierto que al analizar las motivaciones de algunos de los infiltrados, podemos observar cómo tenían especial interés en conocer los funcionamientos orgánicos de las estructuras y colectivos de los movimientos. Cómo nos movilizamos, de qué manera nos organizamos cuando ocurre algo y queremos dar respuesta, quiénes somos y con quién nos llevamos bien, cuáles son nuestros conflictos internos, etc. Es decir, toda la parte que pertenece más al entramado social de las personas que componemos las luchas y movimientos y que solo es visible para las personas que formamos parte de ellos.

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Autoría: colectivo Rosas Negras. Editorial Descontrol. Barcelona, septiembre 2025. 205 páginas.

La sombra del Estado, escrito por el colectivo Rosas Negras, se adentra en un terreno que el imaginario popular suele asociar más al cine que a la experiencia cotidiana: las infiltraciones policiales en movimientos sociales. Pero, a diferencia de las narrativas hollywoodenses que glorifican al agente encubierto como salvador de una abstracta “seguridad nacional”, este libro invierte por completo la mirada y devuelve la voz a quienes históricamente han sido deshumanizadas, silenciadas o tratadas como daños colaterales. Aquí no se habla del heroísmo policial, sino de las vidas desgarradas por la manipulación, la traición y la violencia institucional.

Rosas Negras documenta las infiltraciones en el Estado español desde 2022 hasta la actualidad, ofreciendo un relato coral construido desde el dolor compartido, la rabia legítima y la necesidad de comprender cómo el Estado se cuela en nuestros espacios más íntimos. Las autoras no solo registran los casos descubiertos, sino que analizan los patrones de comportamiento de los agentes: rutinas fabricadas, errores cometidos, mentiras recurrentes y estrategias diseñadas para generar confianza allí donde luego se ejercerá control. En este sentido, el libro es también un manual de aprendizaje colectivo: desmonta el mito de la policía infalible y muestra cómo los fallos del sistema represivo pueden ser herramientas para identificar y detener nuevas infiltraciones.

A través de cada caso, el colectivo describe los métodos empleados para destapar identidades encubiertas y cómo estos pueden servir a otros espacios en riesgo. Sin caer en la paranoia ni en el morbo, Rosas Negras aporta claves concretas para construir culturas de seguridad y cuidados que permitan sostener la acción política sin caer en el aislamiento o el miedo. Porque, como recuerdan sus autoras, lo que busca la infiltración no es solo vigilar: es dividir, desmovilizar y quebrar los vínculos afectivos que hacen posible la lucha.

El libro también apuesta por un enfoque histórico que sitúa las infiltraciones como parte de una larga genealogía de represión estatal. Desde el franquismo hasta la actualidad, el Estado español ha preservado intactos muchos de sus mecanismos de control, amparándose en leyes como la de Secretos Oficiales para evitar rendir cuentas. Las operaciones encubiertas, las vulneraciones de derechos fundamentales y la impunidad policial no son anomalías: son pilares de un sistema que necesita neutralizar cualquier disidencia que cuestione su legitimidad.

Frente a la tendencia social a culpabilizar a las víctimas, acusándolas de exagerar, inventar o incluso provocar lo sucedido, La sombra del Estado recuerda que el verdadero problema no reside en las personas afectadas, sino en el entramado capitalista, patriarcal e institucional que hace posible estas prácticas. Transformar ese sistema es imposible sin visibilizar su violencia y sin construir herramientas colectivas para resistirla.

Rosas Negras ha escrito un libro duro, pero imprescindible. Una herramienta de autodefensa política que desvela las grietas del Estado y ofrece recursos para no caer nuevamente en sus trampas. Al mostrar que los infiltrados también cometen errores, el libro abre un espacio de oportunidad: reconocer patrones, fortalecer redes y, sobre todo, reafirmar que la vigilancia institucional no podrá apagar la voluntad organizada de quienes siguen luchando por un mundo sin opresión.

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