La opinión pública internacional, al fin, comienza a sacudirse el sopor de la indiferencia. Con creciente atención -y espanto- contempla el despliegue de un genocidio sostenido, sistemático, que no sólo siega vidas, sino que también arrasa territorios, culturas y memorias. Observa las prácticas de desertificación humana y material que la teocracia terrorista e imperial de Israel impone sobre Gaza, aunque no sólo sobre esta ya diezmada y estrecha lengua de tierra. También sobre toda la geografía palestina, indisimulable bajo el ropaje de la autodefensa. Pero esta infamia no irrumpe como un rayo súbito: es apenas un nuevo escalón en la larga escalera del horror, cuyos primeros peldaños fueron legitimados entre las ruinas aún humeantes de la Segunda Guerra Mundial. En su génesis misma, el Estado de Israel nació como desembocadura geopolítica de una Europa que, expiando su culpa, erigió otra catástrofe. El sometimiento actual no es más que la continuidad aberrante de aquel diseño.

Ni los escombros del alma palestina ni el hedor de la carne calcinada parecen traspasar las fronteras de la conciencia occidental. Europa, envejecida y acorazada, gira su rostro hacia otro lado, aunque sus radares diplomáticos y comerciales estén perfectamente ajustados con precisión quirúrgica. Gaza sangra en alta definición, pero los umbrales morales del viejo continente se han curtido en siglos de colonialismo y exterminio selectivo. Ya no hay horror que lo conmueva si no es blanco o no porta pasaporte comunitario o fenotipo nórdico. Se horroriza ante el puñal improvisado de un refugiado, pero subvenciona la industria del misil pretendidamente quirúrgico. Ni siquiera las lágrimas le quedan.

Allí, en la ratonera de la historia, una franja de tierra reseca y cercada se ha convertido en sinónimo de asfixia. Es un laboratorio a cielo abierto de la impunidad imperial. No es la primera masacre, ni será la última, porque el genocidio se ha naturalizado como rutina. No hay tregua posible cuando la tregua misma es usada como coartada para arrasar barrios enteros. Cada niño mutilado por la metralla, cada escuela convertida en polvo, cada hospital clausurado por una bomba de precisión, es una bofetada a la idea misma de humanidad. Europa calla. No sólo calla: persigue a quienes huyen, encarcela a quienes protestan y deja naufragar a los que escapan.

La fosa común del Mediterráneo y los escombros de Gaza están hechos del mismo barro moral. Ese que occidente ha amasado con siglos de legalidad selectiva, asilo negado, derechos cercados por fronteras. El derecho al exilio, otrora grito sagrado en las voces errantes del siglo XIX, de la primera guerra mundial o del nazismo, hoy se ahoga entre la valla de Melilla y los campos de concentración higienizados de las islas griegas o en Lampedusa. No hay memoria viva en las capitales europeas, solo el mármol frío de simposios de resoluciones no vinculantes y becas para estudiar la paz mientras se comercian armas. La doble moral no es disonancia sino doctrina: ha devenido régimen.

Europa, que alguna vez se proclamó faro civilizatorio, ha terminado por ser su parodia sombría. No ofrece refugio, sino vallas electrificadas. No brinda asilo, sino deportación. No tiende la mano, sino que calcula el naufragio. Después de haber derribado el ominoso muro de Berlín, ha erigido nuevas murallas. La vieja Europa, sepulcro de utopías ilustradas, ha transformado el Mediterráneo en una fosa común más profunda que sus aguas: es el abismo donde se hunden la fraternidad y la legalidad internacional. Bajo la retórica de la seguridad, niega asilo en nombre de la seguridad a quienes huyen de los horrores sembrados por sus propias armas y las de sus aliados.

Los pasaportes, como las armas, también matan. No con pólvora, sino con ausencia: la de derechos, la de tierra firme, la de toda empatía. Basta con una geografía natal equivocada o con una piel oscura para ser, ilegítimo, prescindible. Mientras Gaza arde bajo las bombas, Europa restringe los visados, recorta los fondos humanitarios y encarga barcos que vigilan, no que salvan. Se protege del humo que la historia levanta como si no tuviera ya el alma tiznada por siglos de colonialismo, esclavitud, pogromos y exterminios. Los muros actuales son herederos directos de las murallas que Europa nunca se atrevió a derribar.

A los que escaparon a las bombas, la intemperie. A los que huyeron de la ocupación, el encierro. La solidaridad europea viene con cláusulas de exclusión: no demasiados, no tan cerca, no tan distintos. Pero esa contabilidad del sufrimiento la acerca más a sus antiguos verdugos que a los ideales que alguna vez enarboló. Cuando se pondera cuántos refugiados puede “soportar” un país, ya no queda brújula, solo cálculo. Porque no se trata de peso demográfico, sino de carga ética. Y Europa, con Gaza ante sus ojos, se ha declarado en bancarrota de humanidad.

América Latina, que supo entonar su rebeldía contra los imperios y abrir corredores humanitarios cuando las balas caían como relámpagos sobre pueblos hermanos, hoy apenas murmura, si es que aún articula palabra. Atrás quedaron las fotos de presidentes enarbolando la causa palestina en foros globales. Hoy, los silencios oficiales y las tibias declaraciones diplomáticas pesan como lápidas sobre una historia que se pretendía solidaria y hoy yace sepultada. En Gaza, como en nuestros desaparecidos, también hay vuelos de la muerte. Los cadáveres no se arrojan sino que germinan en el territorio. Pero ahora, nuestros gobiernos, aún los progresistas como el uruguayo, guardan prudente distancia para no incomodar a Washington ni entorpecer el comercio: nos avergüenza.

El Sur global ha perdido reflejos y el pulso. Solo algunas voces solitarias y unos pocos países aún irreverentes, que se atreven a llamar genocidio al genocidio, apartheid al apartheid. El resto, arrulla con eufemismos su inacción. O peor aún, llamando guerra a una limpieza étnica. Se apela a la “complejidad del conflicto” como quien encubre un crimen bajo la niebla del caos. Se pide “moderación a ambas partes”, como si hubiera simetría entre quien arroja fósforo blanco sobre escuelas y quien se defiende con piedras, cohetitos de artesanía y comunicados. Es el lenguaje de la equidistancia, que en los hechos es el lenguaje del verdugo.

El diseño fundacional de los Estados-nación, tal como emergió de la Paz de Westfalia, postulaba territorio fijo, población constante y soberanía reconocida. El Estado-nación implicaba no solo una estructura legal-administrativa, sino una cierta homogeneidad cultural o étnica, o al menos una narrativa legitimadora forjada a posteriori. En ese esquema, el Estado debía articular los intereses individuales bajo el amparo de la ley y la racionalidad legal, en nombre del bien común.

Hegel llevó esta noción a su cima filosófica. El Estado, en su visión, no es solo una estructura jurídica: es la encarnación de la razón misma, el momento donde la libertad subjetiva deviene voluntad general. Y el espíritu absoluto se realiza históricamente. El Estado hegeliano no solo gobierna: revela y concreta el sentido profundo de la historia universal, mediante la mediación dialéctica de las contradicciones. Marx, con su crítica de la filosofía del Estado de Hegel al concebir que el estado burgués no es una culminación histórica sino un punto de partida, no deja de pensar que la modernización capitalista no solo es un orden de racionalidad superior al precedente, sino además la condición de posibilidad del tránsito hacia su superación. Tal vez alentado por el entusiasmo darwinista de entonces, indujo a una lectura evolucionista de la historia que aún permea ciertas izquierdas contemporáneas.  

La racionalidad de la modernidad se erige sobre una confianza inédita en la razón humana como principio ordenador del mundo. No el dogma ni la herencia, sino la voluntad ilustrada de construir un orden político fundado en la autonomía del individuo, la soberanía popular y la legalidad desacralizada del contrato humano. Las revoluciones francesa y norteamericana, hijas de esta nueva racionalidad, desplazaron definitivamente la matriz teológico-política del absolutismo y consagraron el derecho a la autodeterminación, la ciudadanía jurídica universal, la libertad como fundamento del sujeto moderno y la igualdad ante la ley como su horizonte normativo. Fueron más que irrupciones políticas: constituyeron el mito fundacional de la modernidad emancipadora, superador incluso del pacto de Westfalia, que aún guardaba residuos monárquicos y una concepción estática del poder. Sin embargo, ese universalismo proclamado, aunque muchas veces sincero, jamás fue neutral: se trazó desde el centro europeo, con pretensiones de expansión totalizante, y relegó las singularidades culturales y los pueblos colonizados a las márgenes de la excepción, el atraso y la barbarie. El universalismo moderno, en su matriz, arrastra así la sombra de su propio límite: pretende incluir a todos, pero desde un modelo que excluye toda diferencia que no pueda ser asimilada.

Bajo el ropaje del derecho y la promesa de universalidad, la modernidad alumbró también su abismo, su falla más atroz: la convivencia con las tragedias políticas y la posibilidad misma de que existan seres humanos sin derechos. Hannah Arendt formuló una de las advertencias más radicales del siglo XX. Advirtió que la deshumanización no comienza con el asesinato, sino mucho antes: cuando alguien es excluido de la comunidad política y pierde el “derecho a tener derechos”. No se trata sólo de un despojo legal, sino de una mutilación ontológica: el ser humano sin ciudadanía ya no es siquiera un ciudadano degradado, sino un no-sujeto, arrojado fuera del mundo común. Así, los apátridas, los expulsados, los detenidos sin papeles, encarnan la paradoja de una modernidad que proclama derechos inalienables, pero solo los vuelve exigibles bajo soberanía reconocida. Donde no hay pertenencia, no hay humanidad. Y allí donde alguien es reducido a la mera vida biológica sin historia, sin nombre, sin comunidad, comienza la barbarie no como ruptura de la modernidad, sino como su culminación perversa.

Desde esta perspectiva, el modelo israelí no se alinea con el ideal hegeliano del Estado como razón encarnada que trasciende los intereses particulares. Por el contrario, preserva la particularidad de una comunidad étnico-religiosa como piedra fundacional del Estado desde su mismo origen. La ciudadanía árabe israelí, aunque formalmente reconocida, subsiste en una condición de ciudadanía de segunda clase, subordinada tanto en lo simbólico como en lo jurídico. ¿Puede entonces este tipo de Estado ser considerado una expresión de la razón universal o más bien una forma moderna de teocracia democrático-representativa o inclusive un oxímoron: una etno-teocracia democrática? 

Israel es un caso que impugna las categorías de la modernidad. Formalmente se presenta como una democracia parlamentaria moderna, con separación de poderes y sistema legal propio. Pero su fundación en 1948 estuvo sostenida no solo en razones políticas, sino en una reivindicación nacional-religiosa y una genealogía étnica que contradice sustancialmente el modelo ilustrado de ciudadanía universal. El Estado israelí no es solo el hogar de los ciudadanos nacidos en su territorio, sino la patria de todos los judíos del mundo. Por un lado la Ley del Retorno, que garantiza ciudadanía automática a cualquier persona judía independientemente de su lugar de nacimiento. Por otro la Ley del Estado Nación del Pueblo Judío (2018), que consagra el carácter judío del Estado por encima del principio de igualdad, configuran una concepción étnico-religiosa del Estado que se aparta radicalmente del principio de igualdad (aún exclusivamente formal del ciudadano) del universalismo jurídico moderno. 

El concepto de teocracia, tradicionalmente reservado para regímenes donde el clero detenta el poder directo -como en Irán o el Vaticano- ha mutado en la era contemporánea. Ya no se requiere de una casta sacerdotal en el gobierno para que una estructura estatal se rija por mandatos sagrados. Basta con que una religión condicione normativamente las leyes, la educación, los usos civiles e incluso la política exterior, para que el poder derive su legitimidad de una narrativa trascendente. Israel, aunque no esté administrado por rabinos, entrelaza su andamiaje jurídico con principios religiosos que atraviesan desde el derecho civil -como el matrimonio- hasta la política territorial, consagrada simbólicamente como la posesión de una “Tierra Prometida”. La teología opera como columna vertebral de la soberanía. Incluso desde los principios fundantes del sistema westfaliano, se impone una pregunta tan básica como inquietante: ¿tiene Israel, en rigor, fronteras?

Esta amalgama híbrida entre instituciones representativas y legitimación religiosa plantea algo más que una ambigüedad ontológica: ¿es Israel un Estado moderno en el sentido racional-hegeliano, o una teocracia imperial maquillada por instituciones liberales? ¿Se rige por la voluntad general o por la voluntad de una comunidad históricamente marcada por la memoria del exilio y el “pacto divino”? Prefiero pensarlo como un Estado étnico, teocráticamente  estructurado, que impone mediante una violencia que se inscribe en la lógica del exterminio identitario, un orden de exclusión estructural sobre los pueblos no integrados al relato nacional judío, como el pueblo palestino.

Así, la pregunta no es solo si Israel realiza la razón, sino qué forma de razón se materializa en su existencia misma: ¿una razón universal, ilustrada y ciudadana, o una razón identitaria, excluyente y legitimada por la fe? Esta tensión -entre Hegel y Josefo, entre Westfalia y el Sinaí- no está resuelta, pero define el drama contemporáneo de un Estado que invoca el progreso, dramáticamente confirmado en su desarrollo tecno-belicista, al tiempo que exhibe con orgullo un arcaísmo político y cultural.

En el año 2008 comencé la publicación de una serie de artículos en las contratapas dominicales del diario “La República”, a través de los cuales me propuse tipologizar el terrorismo (v.g.: “tres tristes terrorismos”): el terrorismo individual o partidario (tal el que practicó y afortunadamente ya desechó, el movimiento anarquista -que afortunadamente ha discontinuado- y hoy, en otra escala, Hamás empuñando el odio y la venganza como coartada moral, bajo un ropaje de resistencia que se disuelve actos ciegos), el terrorismo de Estado (como el que asoló nuestras naciones del sur) y el terrorismo imperial (como el que practican los EEUU en todo el mundo e Israel en oriente medio, bombardeando con la arrogancia de los elegidos mientras legislan sobre cadáveres). Los tres confluyen trágicamente, como ríos de fuego, sobre la misma víctima: la población civil indefensa.

En Gaza se cruzan todos los fuegos: los del cielo, los de la tierra, los del odio. Las bombas imperiales con sello israelí-estadounidense con colaboración europea, el fanatismo reaccionario de grupos milicianos que reivindican la venganza como identidad, y el ya obsceno silencio atronador de los organismos internacionales, cómplices por omisión. Entre el oprimido sitiado y el opresor blindado no hay simetría posible. No hay paridad ni en el conteo de cadáveres ni en la monstruosa asimetría del fuego. Aun así, ni el terror de unos ni el de otros puede redimirse: la sangre del niño asesinado en nombre de una bandera no vale más ni menos que la del niño asesinado por un dron sin rostro.

Nombrar a Hamás como terrorista sin nombrar a Israel como terrorista imperial es un acto de cobardía intelectual. También lo es romantizar la desesperación o convertir el cohete artesanal en símbolo de resistencia. El terror no libera. No crea conciencia, no organiza la esperanza. Al contrario, la intoxica. Gaza no necesita mártires, ni minas, ni túneles, ni drones militares en el cielo, sino agua potable, soberanía y escuelas abiertas al futuro: derechos. Y sobre todo, necesita que no se la olvide entre masacre y masacre, como si su derecho a existir dependiera únicamente de cuánto puede sufrir sin desaparecer.

No hay neutralidad posible frente al genocidio, como no la hubo frente a Treblinka ni frente a la ESMA. Quien calla, otorga. Quien duda, demora. Y en esa demora, una mujer queda sepultada en la frontera, un anciano agoniza sin agua en el corazón de Gaza, un niño más muere asfixiado bajo un edificio colapsado. No se trata de tomar partido entre facciones ni de evaluar proporcionalidades: se trata de la defensa radical de la vida humana, sin distinción de fe, pasaporte, ni geografía.

Brillantes artículos se han publicado recientemente en Uruguay como el de Gabriela Balkey, exaltando la cultura judía en diálogo con la nacionalidad oriental, pero exigiendo que nunca en su nombre, o Federico Fasano subrayando la ominosa reconversión de los judíos de víctimas recientes en victimarios actuales. No se me escapa que la opción casi hegemónica entre izquierdas y progresismos ha sido la constitución de dos estados. Por el contrario, creo que constituye una ilusión peligrosa frente al drama palestino-israelí. Porque no solo se ha vuelto impracticable en términos geopolíticos, sino que resulta profundamente regresiva en el plano civilizatorio. Lejos de garantizar la paz, consolidaría la fragmentación, el atraso y la barbarie en una región lacerada por concepciones premodernas y teocráticas que se retroalimentan mutuamente en su violencia alejándose cada vez más, hasta de la fase jacobina de la Revolución Francesa. Los acontecimientos actuales, no me inducen a modificar esta postura que sostuve en aquella sucesión de artículos de casi dos décadas atrás. La única salida justa, posible y ética radica en la fundación de un Estado único, moderno y secular, que supere el etnocentrismo del apartheid israelí y la lógica patriarcal de las dirigencias palestinas, para señalar solo un aspecto de cada uno. Un Estado donde la ciudadanía no esté definida por credos, etnias, ni linajes, sino por la pertenencia igualitaria al espacio político común. Un Estado laico, con plena libertad de culto, que reconozca todas las lenguas, culturas y memorias, y restituya la dignidad jurídica y ontológica a quienes hoy viven excluidos del derecho a tener derechos. Como en su momento lo intentó Sudáfrica tras el apartheid, o Bolivia al constitucionalizar su pluralismo ancestral, esta es la única forma de inscribir esa tierra desgarrada en la modernidad democrática y emancipadora sacándola del pantano de atraso en el que mutuamente se han encajado.

El infierno no es un lugar: es este tiempo. Y Gaza, su nombre propio. Pero hay otra posibilidad, aún latente: que la rabia se organice, que la tristeza se vuelva juicio, que la memoria no se entierre bajo los escombros. Que la resistencia no se confunda con venganza ni la denuncia con retórica. Que el Sur recuerde su vocación solidaria. Que las palabras no lleguen siempre tarde.

Gaza no es solo una herida abierta: es un espejo. Y nos estamos mirando.

Emilio Cafassi (Profesor Titular e Investigador de la Universidad de Buenos Aires).

El barco de la Flotilla Madleen ha hecho lo que la UE, encabezada por la nazi Ursula y con su corte de monigotes bailarines, habría querido que no hiciese, preferiría que el barco hubiese sido masticado por una ballena gigante, pero ahí estaba en mar abierto, en aguas internacionales diciendo al mundo que tenía algunas medicinas y alimentos para el pueblo de Gaza. Y los protegidos de la UE y su amo EEUU tenían al monstruo suelto, como les gustaba que anduviese para que persiguiendo el objetivo cometiese el genocidio con su silencio y bendiciones de “tiene derecho a defenderse”. Hasta Lieberman, exministro de exteriores del ente terrorista sionazi ya había acusado a Netanyahu de armar a unos bandidos, que se pudieron de nombre irónico “Fuerza antiterrorista”, para que haciéndose pasar por palestinos atacasen y robasen los camiones de la ayuda humanitaria que entraban con cuentagotas en Gaza. Y ya tenemos otros dos frentes, uno la Flotilla por la Libertad de Gaza, que el “Occidente global” quería ignorar y no pudo impedir su presencia y valor político y solidario, y dos, buscar minimizar las bajas del ejército colonial para que en el ente no se abundase en la inutilidad del genocidio, pero no solo eso, intentar hacer creer que el enfrentamiento de los bandidos contratados para el caso diesen la impresión de provenir de una división entre los palestinos. Los mercenarios, colaboracionistas bandidos han aparecido vinculados al DAES, así ha sido declarado por el mismísimo criminal Netanyahu al acusar a Lieberman de haberlo filtrado.

Cuanto más contrario a Palestina, más se regodean todos en las recepciones con los dirigentes del genocidio. Aunque parece que su exposición colaboracionista, denunciada por los pueblos en las calles ha hecho subir el listón de Derechos, Resistencia y Antiimperialismo, y les ha puesto nerviosos, cuando hace tan solo unos días celebraban en su Eurovisión al ente terrorista sionazi.

Los bandidos pagados por “Israel”, más allá de las diferencias entre representantes, tienen la misión de desestabilizar, dividir, y hacer el “trabajo” que ha venido desgastando mundialmente al ejército colonial. Ahora ha quedado claro que tanto el DAES creado por EEUU y sus amigos, como el que Netanyahu confiesa que es pagado por su aparato colonial, es una marioneta. Aplausos de Zelenski, de Milei, y un poco arrugados hasta que pase la tormenta los quejosos de la UE, esos gobiernos guerreros que sacan el dinero de sus ciudadanos para fabricar armas y disparar contra Rusia mientras han ocultado lo que hacían sus socios colonialistas en Palestina, tanto es así que a asesinar niños, mujeres, hombres, de cualquier edad, le llamaban “derecho a defenderse”. “Derecho a defenderse” es colonizar Palestina, exterminar su población con bombas, con hambre, con sed, con enfermedades. La hipocresía les ha brotado tanto por la boca, los ojos, las manos, que todos abrazados a la causa genocida pensaron que la tarea estaba a punto de conseguirla, y la Resistencia Palestina llamó a los pueblos del mundo el 7 de octubre de 2023. Seguirían con la fiesta entre ellos, pero la solidaridad y la voz de Gaza les ha ido descubriendo como el monstruo en la sombra. La Resistencia y la solidaridad han iluminado lo que son y la ideología que les sustenta.

Les gustaría que continuase el genocidio, lo han alimentado, su diferencia con los ejecutores es de ritmo y forma, no quieren aparecer, tienen necesidad de buscar un poco de distancia, que no se les vea tanto, hasta los firmantes de los “Acuerdos de Abraham”, monarcas árabes medievales capitalistas, siempre dispuestos a vender a Palestina, han tomado sus precauciones, pero que nadie espere que den una sola bala a la Resistencia, dan solo palabras mientras el ente terrorista sionazi acelera su paso envuelto en la locura de bañarse en sangre del Pueblo de Gaza, pero sin olvidar a Cisjordania y Jerusalén.

Cuando una delegación de Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes ha pretendido viajar a Palestina para tratar con los genocidas la posibilidad del reconocimiento de un Estado Palestino, la respuesta no ha podido dejarlos más en ridículo, le han prohibido la entrada los que “tienen derecho a defenderse”. El príncipe de Arabia Saudí se ha ofendido y ha declarado que los prohibidores de su paso son unos “extremistas”. ¿Continúa estando sordo y ciego? La CPI, los responsables de la ONU, los organismos internacionales humanitarios en general, todos los pueblos han acusado al ente terrorista de cometer genocidio. Tanto dinero como tienen, tanta imagen de dignidad que quieren dar, y todo lo que los conduce es acordar algo con los sionazis para que los pueblos árabes se pongan tras ellos y no les creen problemas, y una segunda cosa, apagando el fuego con promesas, poderse dedicar, según lo acordado con terror Trump el servidor de las bombas, al negocio inmobiliario en Gaza, ladrillo con ladrillo sobre las vidas de la dignidad y la defensa más humana, y pisando esas vidas hacerse pasar por dialogantes y próximos Premios Nobel de la Paz. Bendiciones papales mientras el pueblo de Gaza Palestina quede devastado. Pero los netanyahus quieren garantías de salir indemnes de que sus crímenes son archivados.

Es hora de sostener y aumentar la movilización por Palestina Gaza, sus derechos son los de todos los pueblos anticolonialistas.

En unos días tendremos otro episodio de defensa a ultranza del Pueblo de Gaza, una caravana de camiones con alimentos y medicinas ha salido desde Túnez, cruzará Libia y Egipto para ponerse en la entrada a Gaza, es una Flotilla por la Libertad que va por tierra, Madleen sigue ahora por carretera, y las voces populares deben acompañarla y romper el bloqueo del terrorismo sionazi.

Ramón Pedregal Casanova es autor de los libros: Gaza 51 días; Palestina. Crónicas de vida y Resistencia; Dietario de Crisis; Belver Yin en la perspectiva de género y Jesús Ferrero y Siete Novelas de la Memoria Histórica. Posfacios. Colaborador del canal Antiimperialistas.com, de la Red en Defensa de la Humanidad.

El inicio de las hostilidades se produjo el 7 de octubre de 2023 con el ataque del grupo Hamas a las comunidades israelíes al que denominaron “Operación inundación Al-Aqsa”; que supuso la muerte de 1195 personas (de los cuales 373 militares) y la captura de 251 más, que fueron llevadas a la Franja de Gaza. 

Flaco favor a la causa palestina, ya que le dio el pretexto al gobierno de Israel de declarar el estado de guerra y comenzar con una serie de bombardeos durante 20 días, para luego iniciar una invasión por tierra que perdura hasta hoy.

La invasión no es para nada una novedad y nadie puede llamarse a sorpresa. 

El objetivo desde siempre de los sectores más derechistas del movimiento sionista, hoy en el gobierno en Israel, ha sido la anexión lisa y llana de todo el territorio palestino. Ya en 1944 la Organización Sionista Mundial lo manifestaba públicamente.

Baste recordar la llamada “nakba” (la catástrofe) de 1948 por la cual la mitad de la población árabe de Palestina (unas 750.000 personas) fueron expulsadas violentamente de su territorio primero por grupos paramilitares sionistas y luego de la creación del Estado de Israel, por su ejército. 

Si bien existen diversos tipos específicos de guerras, podríamos acercarnos a una definición primaria de carácter general en tanto un enfrentamiento violento y masivo mediante el cual un contendor busca la derrota de su oponente a fin de imponerle un objetivo determinado. 

En el caso de una guerra entre dos países, estaríamos hablando esencialmente de un enfrentamiento entre dos ejércitos.

Esta no es la situación en la franja de Gaza en absoluto.

Por el contrario, vemos a un ejército con armas de última generación que bombardea e invade una región, destruyendo a su paso escuelas, universidades, hospitales, casas de familia, matando a más de 50.000 civiles (mujeres, hombres y niños) y obligando a otros miles a huir desesperadamente.

Por si esto fuera poco, realiza un bloqueo sistemático a los camiones de alimentos enviados por la ONU y a todo lo que sea ayuda humanitaria (medicamentos incluidos), cortando los servicios de luz y agua, condenando a la hambruna y la desesperación a miles y miles de niños y adultos.

Vayamos ahora a la definición de genocidio. 

En 1948, la Convención sobre el genocidio de Naciones Unidas definió el genocidio como cualquiera de los cinco actos «perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso». Estos son: matar a miembros del grupo, causarles graves daños físicos o mentales, imponer condiciones de vida destinadas a destruir al grupo, impedir los nacimientos y trasladar por la fuerza a los niños fuera del grupo. Las víctimas son elegidas por su pertenencia real o percibida a un grupo, no al azar.   

Queda meridianamente claro entonces que no puede haber dos opiniones honestas diferentes sobre cuál es la definición de lo que está ocurriendo en Gaza: es el genocidio por parte del gobierno sionista de Israel del pueblo palestino.

Los nefastos “destinos manifiestos” 

Lamentablemente tenemos más de un caso en la historia reciente y en el presente.

Desde el régimen nazi en Alemania proclamando la superioridad de la raza aria y la necesidad de mantener su pureza a cualquier precio, aunque fuera una guerra mundial.

Siguiendo con el destino manifiesto de los EUA de salvaguardar la “democracia occidental” del peligro del comunismo. Aunque tal “loable misión” implicara plagar de dictaduras de corte fascista a todo nuestro continente en la década de los años 70 del siglo pasado, con su secuela de miles y miles de desaparecidos, asesinados, presos y torturados.

Y ahora el régimen sionista de Israel que manifiesta ser “el pueblo elegido para ocupar la tierra prometida”. 

Como ser humano siento indignación y vergüenza ajena por los gobernantes de Israel que están llevando adelante una limpieza étnica con el pueblo palestino, tal como los nazis hicieron con los propios judíos, asesinando a más de seis millones en los campos de exterminio. 

La posición de Uruguay 

Hasta ahora la postura de Uruguay por declaraciones del Presidente Orsi, el Canciller Lubetkin y el propio MRREE ante esta situación ha sido por lo menos insuficiente.

El Presidente, siendo profesor de historia, debe estar al tanto de los antecedentes de la “nakba” y de la diferencia entre una guerra y un genocidio. Por ende no es de recibo que no llame a los hechos por su nombre y se refiera a ellos como “conflicto militar” a secas.

Uruguay tiene un bien ganado prestigio en el ámbito internacional por su consecuente defensa de los principios del derecho internacional humanitario.

Por ende, ha estado omiso al mismo al no integrarse al denominado Grupo de La Haya, creado el 31 de enero y conformado por nueve países – Belice, Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica – iniciativa promovida por la Internacional Progresista, con el objetivo de la defensa del derecho internacional frente a las violaciones al mismo cometidas por el gobierno de Israel, en concordancia con las disposiciones efectuadas por la Corte Penal Internacional contra el Primer Ministro Netanyahu como criminal de guerra.

Asimismo el comunicado No. 35/25 del MRREE si bien se refiere acertadamente a que “La solución de dos Estados es elemento fundamental para lograr una paz duradera entre Israel y Palestina y para que ambos pueblos puedan vivir en paz y seguridad.” e “insta a las autoridades de Israel a garantizar el acceso seguro y sin restricciones de la ayuda humanitaria para la población de Gaza a través de las Naciones Unidas”, se cuida de calificar la situación como un genocidio o limpieza racial y se limita a expresar “su seria preocupación ante la grave situación humanitaria que se vive en la franja de Gaza, donde decenas de miles de personas han perdido la vida, y muchos podrían seguir el mismo camino, frente al agravamiento de la situación en esa zona.”

Es hora de hablar claro 

Las autoridades uruguayas – comenzando por el Presidente Orsi – deberían sumarse a las voces de otros presidentes del continente como Petro, Lula y Boric, que definieron claramente la situación imperante en Gaza y Cisjordania como un genocidio del pueblo palestino por parte del gobierno sionista de Israel, a la vez que solicitar el ingreso de Uruguay al Grupo de La Haya.

No hay otra opción si queremos ser coherentes con nuestros principios y antecedentes.

Por ello saludamos las declaraciones del Partido Comunista, Partido Socialista y algunos Comités de Base del Frente Amplio en ese sentido.

Esto es el fin. El último capítulo sangriento del genocidio. Pronto terminará todo. En unas semanas como mucho. Hay dos millones de personas acampadas entre los escombros o al aire libre. Docenas de ellas son asesinadas a diario por los proyectiles, los misiles, los drones, las bombas y las balas. Carecen de agua limpia, medicinas y alimento. Han alcanzado el punto de colapso. Enfermos, heridos, aterrorizados, humillados, abandonados, desahuciados, hambrientos, sin esperanza.

En las últimas páginas de esta historia de horror, Israel está provocando sádicamente a los hambrientos palestinos con promesas de comida, atrayéndolos a la estrecha y congestionada franja de tierra de catorce kilómetros que limita con Egipto. Israel y su cínicamente llamada Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), supuestamente financiada por el Ministerio de Defensa de Israel y el Mossad, están convirtiendo el hambre en un arma. Están atrayendo a los palestinos al sur de Gaza del mismo modo que los nazis atraían a los judíos hambrientos del gueto de Varsovia para que subieran a los trenes que los llevaban a los campos de exterminio. El objetivo no es alimentar a los palestinos. Nadie sostiene seriamente que haya suficientes alimentos o centros de ayuda. El objetivo no es otro que hacinar a los palestinos en recintos fuertemente vigilados y deportarlos.

¿Qué viene a continuación? Hace tiempo que desistí de intentar predecir el futuro. Pero se producirá una explosión humanitaria final en el matadero humano de Gaza. Lo vemos en las aglomeraciones de palestinos que luchan por conseguir un paquete de alimentos, lo que ha desembocado en que mercenarios israelíes y estadounidenses hayan matado a tiros al menos a 130 personas y herido a más de 700 en los primeros ocho días de distribución de ayuda. Lo vemos con Benjamin Netanyahu armando a bandas vinculadas al ISIS [Estado Islámico de Irak y Siria] en Gaza que saquean los suministros de alimentos. Israel, que ha eliminado a cientos de empleados la UNRWA (la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo), médicos, periodistas, funcionarios y policías en asesinatos selectivos, ha orquestado la implosión de la sociedad civil.

Yo sospecho que Israel facilitará una abertura en la valla que recorre la frontera con Egipto. Los desesperados palestinos saldrán en estampida hacia el Sinaí egipcio. Puede que todo acabe de otra manera, pero acabará pronto. Los palestinos ya no pueden soportar mucho más.

Nosotros –participantes de pleno derecho en este genocidio– habremos logrado nuestro demencial objetivo de vaciar Gaza y expandir el Gran Israel. Habremos bajado el telón del genocidio retransmitido en directo. Nos habremos burlado de los omnipresentes programas universitarios de estudios sobre el Holocausto, diseñados, según parece, no para equiparnos para poner fin a los genocidios, sino para deificar a Israel como una víctima eterna con licencia para llevar a cabo matanzas masivas. El mantra del nunca más es una broma. La idea de que cuando tenemos la capacidad de detener un genocidio y no lo hacemos somos culpables, no se aplica a nosotros. El genocidio es una política pública. Avalado y sostenido por nuestros dos partidos gobernantes [demócratas y republicanos].

No hay nada más que decir. Tal vez ese sea el objetivo: dejarnos sin palabras. ¿Quién no se siente paralizado? Y tal vez ese sea también el objetivo: paralizarnos. ¿Quién no está traumatizado? Tal vez eso también esté planificado. Según parece, nada de lo que hagamos puede detener la masacre. Nos sentimos indefensos. Nos sentimos impotentes. El genocidio como espectáculo.

Yo he dejado de mirar las imágenes. Las filas de cuerpecitos amortajados. Los hombres y mujeres decapitados. Las familias quemadas vivas en sus tiendas. Los niños que han perdido sus extremidades o están paralíticos. Las máscaras mortuorias blanquecinas de aquellos a quienes sacan de los escombros. Los lamentos de dolor. Los rostros demacrados. No puedo mirar más.

Este genocidio nos perseguirá. Resonará en la historia con la fuerza de un tsunami. Nos dividirá para siempre. No hay vuelta atrás.

¿Y cómo recordaremos? No recordando.

Una vez se haya acabado, todos aquellos que lo apoyaron, todos aquellos que lo ignoraron, todo aquellos que no hicieron nada, reescribirán la historia, incluyendo su historia personal. Era difícil encontrar a alguien que admitiera ser nazi en la Alemania de posguerra, o a un miembro del Klu Klux Klan una vez que terminó la segregación en el sur de EE.UU. Una nación de inocentes, de víctimas incluso. Nos encanta pensar que habríamos salvado a Anne Frank, pero la verdad es otra. La verdad es que, paralizados por el miedo, casi todos nosotros sólo nos salvaríamos a nosotros mismos, incluso a costa de los demás. Pero es una verdad difícil de afrontar. Esa es la verdadera lección del Holocausto. Mejor borrarla.

En su libro “Un día, todos habrán estado siempre contra esto”, Omar El Akkad escribe:

“Si un avión no tripulado pulveriza un alma anónima al otro lado del planeta, ¿quién de nosotros quiere montar un escándalo? ¿Y si resulta que era un terrorista? ¿Y si la acusación resulta ser cierta y, por consiguiente, nos tachan de simpatizantes del terrorismo, nos condenan al ostracismo y nos insultan? Por lo general, las personas se sienten más motivadas por lo peor que les pueda pasar. Para algunos, lo peor que les puede pasar es que un misil acabe con su linaje. Toda su vida convertida en escombros y todo ello justificado preventivamente en nombre de la lucha contra terroristas que son terroristas por defecto, por haber sido asesinados. Para otros, lo peor que les puede pasar es que les insulten a gritos”.

(En este vínculo pueden ver mi entrevista con el escritor egipcio-canadiense El Akkad, en inglés).

No se puede diezmar a un pueblo, efectuar bombardeos de saturación durante 20 meses para arrasar sus hogares, sus pueblos y ciudades, masacrar a decenas de miles de inocentes, llevar a cabo un asedio para asegurar la muerte por inanición de miles de personas, expulsarlos de la tierra en la que han vivido durante siglos y no esperar que se produzcan represalias. El genocidio terminará. Comenzará la respuesta al reinado del terror de Estado. Si creen que no ocurrirá no saben nada de la naturaleza humana ni de historia. El asesinato de dos diplomáticos israelíes en Washington y el ataque contra partidarios de Israel en una protesta en Boulder, Colorado, son sólo el principio.

Chaim Engel, que participó en la sublevación del campo de exterminio nazi de Sobibor (Polonia), describió cómo, armado con un cuchillo, atacó a un guardia del campo.

“No es una decisión”, explicó Engel años después. “Simplemente reaccionas, reaccionas instintivamente a eso. Simplemente pensé: `Vamos allá, podemos lanzarnos y hacerlo´. Y lo hice. Fui con el hombre de la oficina y matamos a ese alemán. Con cada puñalada, decía: ‘Esto es por mi padre, esto por mi madre, por toda esta gente, por todos los judíos que mataste’”.

¿Acaso alguien espera que los palestinos actúen de otro modo? ¿Cómo van a reaccionar cuando Europa y Estados Unidos, que se consideran a sí mismos la vanguardia de la civilización, han apoyado un genocidio que ha asesinado a sus padres, a sus hijos, a sus comunidades, ocupado sus tierras y derribado sus hogares y pueblos hasta convertirlos en escombros? ¿Cómo no van a odiar a quienes les hicieron eso?

¿Cuál es la lección que este genocidio ha impartido no solo a los palestinos, sino a todas las personas del Sur Global?

Es inequívoco: no importáis. El derecho humanitario no es aplicable a vosotros. No nos importa vuestro sufrimiento, el asesinato de vuestros hijos. Sois alimañas. Seres despreciables. Merecéis ser asesinados, morir de hambre y ser desahuciados. Deberíais ser borrados de la faz de la tierra.

“Para preservar los valores del mundo civilizado, es necesario incendiar una biblioteca”, escribe El Akkad:

“Volar una mezquita. Incinerar olivos. Vestirse con la lencería de las mujeres que huyeron y luego hacerse fotos. Arrasar universidades. Saquear joyas, obras de arte, alimentos, bancos. Detener a niños por coger verduras. Disparar a niños por tirar piedras. Hacer desfilar a los hombres capturados en ropa interior. Romperle los dientes a un hombre y meterle una escobilla de váter en la boca. Echar perros de combate a un hombre con síndrome de Down y dejarlo morir. De lo contrario, el mundo incivilizado podría ganar.

Hay personas a las que conozco desde hace años a las que no volveré a hablar. Ellas saben lo que está pasando; ¿quién no? No correrán el riesgo de enemistarse con sus colegas, ser difamados como antisemitas, poner en peligro su estatus, sufrir una reprimenda o perder su empleo. No se arriesgan a morir, como hacen los palestinos. Se arriesgan a que se empañen los patéticos monumentos de estatus y riqueza que se han pasado la vida construyendo. Ídolos. Se inclinan ante estos ídolos. Adoran a esos ídolos. Están esclavizados por ellos.

A los pies de esos ídolos yacen decenas de miles de palestinos asesinados.

Fuente: https://chrishedges.substack.com/p/the-last-days-of-gaza

El presente artículo puede reproducirse libremente a condición de que se respete su integridad y se nombre a su autor, a su traductor y a Rebelión como fuente del mismo.

En Gaza el pan ya no es pan, ni la sal es sal; la comida se ha convertido en un arma y el hambre en un frente de batalla.

En este pequeño rincón de tierra sitiada, donde el cielo se cruza con el fuego y las casas se dispersan como fragmentos de un sueño roto, la comida –ese derecho básico que une a los seres humanos– se ha transformado en otro medio de guerra. No se emplean tanques ni aviones; se utiliza el asedio, el hambre. En Gaza, la comida no se consume: se retiene, se vigila, se restringe. La vida misma queda secuestrada por un horario y una cantidad que determina una mano que no ve en el ser humano más que una cifra dentro de una ecuación de seguridad.

Y como si el bienestar del pueblo palestino en Gaza se hubiera reducido a un número: las calorías permitidas por persona al día. Sin electricidad, sin agua potable, sin futuro, el único “problema” que parece importar a la mentalidad ocupante es que nadie muera de hambre –para que sigan sufriendo con vida. Es una política del “mínimo vital para sobrevivir”, no del mínimo de dignidad. Una política reconocida en documentos israelíes filtrados anteriormente, que especificaban con precisión cuántas calorías diarias podía recibir cada gazatí –no para preservar su vida, sino para dosificar su sufrimiento.

Ante esta ecuación inhumana, no sorprende ver a los habitantes de Gaza quemar libros escolares, periódicos viejos e incluso ropa desgastada para calentar agua o cocinar algo de arroz o lentejas. Una escena absurda en la que el olor del papel quemado se mezcla con la memoria de las palabras: el conocimiento se convierte en combustible, no para iluminar conciencias, sino para hervir agua. Las letras ya no se leen, se encienden.

Con el colapso de las cadenas de suministro, los precios se disparan de forma descontrolada y emergen los “mercaderes de guerra”. Aquellos que no dudan en acaparar productos de ayuda humanitaria y venderlos a precios exorbitantes o desviarlos a sus contactos, mientras barrios enteros mueren de hambre. Un saco de arroz se convierte en un lujo. Una lata de sardinas, en un privilegio.

En este clima asfixiante, informes de campo señalan intentos directos e indirectos de Israel para apoyar a ciertos grupos juveniles dirigidos por una figura conocida como “Abu Shabab”, con el objetivo de desestabilizar la situación interna en Gaza, desacreditar a la resistencia palestina y fomentar conflictos civiles latentes. Estas agrupaciones se presentan con un discurso juvenil y civil, pero trabajan en el fondo para desarticular el tejido social y construir narrativas útiles para los intereses del ocupante. No se trata de hechos aislados, sino de una estrategia de largo plazo para debilitar la unidad del pueblo palestino y crear alternativas artificiales a los movimientos de liberación.

Mientras tanto, la población gazatí sufre una inseguridad alimentaria extrema. Organismos internacionales señalan que muchas familias apenas consumen entre 1.000 y 1.200 calorías diarias –muy por debajo de las necesidades básicas de un adulto, que oscilan entre 2.100 y 2.500 calorías al día. Las comidas distribuidas en los paquetes de ayuda carecen de equilibrio nutricional: arroz, lentejas, conservas o galletas secas, sin frutas, verduras ni suficientes proteínas. El resultado: desnutrición crónica, debilidad física y graves consecuencias para la salud, especialmente entre niños y mujeres embarazadas.

Lo que ocurre en Gaza no es simplemente una “crisis humanitaria”, sino un ejemplo flagrante del uso sistemático de la comida como arma de guerra, lo cual, según el derecho internacional humanitario, constituye un crimen de guerra. El Cuarto Convenio de Ginebra (1949) prohíbe explícitamente el uso del hambre contra civiles como método de combate, y restringir deliberadamente la entrada de alimentos y medicinas es una violación directa del Protocolo Adicional I. Aun así, este castigo colectivo se lleva a cabo ante los ojos del mundo, con un silencio que roza la complicidad.

Hoy más que nunca, la situación en Gaza exige una acción jurídica real. No bastan los comunicados de condena: es necesario construir un expediente legal internacional documentado, con la colaboración de organizaciones de derechos humanos, expertos en nutrición, médicos y juristas especializados en derecho internacional humanitario, para demostrar que Israel utiliza el hambre como un arma de guerra contra civiles.

Hacer morir de hambre a todo un pueblo es una guerra contra su humanidad, y también contra la conciencia del mundo.

Gaza no pide solo pan, pide justicia.

No pide solo comida, pide dignidad.

No pide solo sobrevivir, pide vivir.

Loay Abu Alsaud es doctor en Historia por la Universidad de Salamanca y profesor de Arqueología de la Universidad Nacional An-Najah de Nablus, Palestina.

Fuente: https://ctxt.es/es/20250601/Firmas/49468/Loay-Abu-Alsaud-Israel-hambre-Gaza-Palestina-genocidio-terrorismo-de-estado.htm

La Marcha por la Libertad liderada por la francesa Claude Mangin -esposa del preso político saharaui Naama Asfari- ha recorrido muchos lugares desde Ivry-sur-Seine, en Francia hasta Tarifa durante dos meses, informando, haciendo talleres, contando lo que la mayor parte de la prensa silencia sobre la ocupación marroquí, ilegal y cruel.

La Marcha por la Libertad nos retrotrae a la Decisión de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Castigos crueles, inhumanos o degradantes -órgano de las Naciones Unidas- emitida el 15 de noviembre de 2016. Esta Decisión -hay muchas más del mismo tenor referentes a otros presos políticos saharauis- establece que Naama Asfari fue torturado. Se refiere también la Decisión a las deplorables condiciones sanitarias que padeció, y pide compensación, reparación por los efectos físicos y psicológicos de los daños infligidos, y garantía de no repetición. Pide rehabilitación para el detenido, y una investigación sobre lo sucedido con vistas a llevar a los responsables ante la justicia. Pide abstenerse de cualquier forma de presión, intimidación o represalia, como dañar la integridad física y moral del preso y su familia, y permitirle recibir en la cárcel visitas de su familia. También pide información en el plazo de 180 días de las medidas que se han tomado como consecuencia de las consideraciones expresadas.

de estas exigencias de las Naciones Unidas. Hasta el punto de que a la esposa de Naama, la francesa Claude Mangin que reside en Francia, y que se desplazaba cuando podía para ver a su marido, a partir de esa sentencia pidiendo expresamente que se permitiese al preso recibir en la cárcel visitas de su familia, se le impidió la entrada a Marruecos. Tuvo Claude que hacer una huelga de hambre de 30 días en el Ayuntamiento de su ciudad -Ivry-sur-Seine- para denunciar la violación de su derecho. Esa huelga tuvo como consecuencia una última visita a la cárcel de Kenitra, donde se encuentra su marido. Después, nunca más. Tras 5 nuevos intentos fallidos, Claude consideró otra manera de difundir la arbitrariedad de Marruecos: la Marcha por la Libertad, con la doble finalidad de intentar ver a su marido y de difundir la causa de los presos políticos saharauis encarcelados en Marruecos.

Terminó la Marcha en Algeciras con una concentración numerosa a la que acudieron gentes de todas partes, incluso del extranjero. Y luego, ya en Tarifa, catorce personas, entre ellas representantes políticos de España y Francia, acompañaron a Claude en el ferry hacia Tánger, en su intento de visitar a su marido preso.

Hay que destacar la vergonzosa actuación de la policía marroquí en un barco español y la vergonzosa ausencia de la policía española

Tampoco en esta ocasión cumplió Marruecos con las recomendaciones de la ONU, y Claude ni siquiera pudo desembarcar en Marruecos. La diferencia está en que en esta ocasión había 14 testigos con ella. No son invenciones de Claude.

La solidaridad, el esfuerzo, la ilusión marcaban el rumbo de la Marcha. Se hizo una difusión magnífica, y muchas personas se empiezan a incorporar a la lucha por la causa saharaui y por la defensa de sus presos a raíz de esa dinámica. La Marcha fue un éxito.

Y podría haber terminado con broche de oro si las autoridades marroquíes, por una vez, hubieran accedido a cumplir con la legalidad, permitiendo a Claude visitar a su marido. Pero no. Una vez más imperó la chulería y la impunidad.

Hay que destacar la vergonzosa actuación de la policía marroquí en un barco español y la vergonzosa ausencia de la policía española.

En el ferry había una garita para control de pasaportes a cargo de policías marroquíes identificados. Y luego había una caterva de policías marroquíes de paisano -que al principio se hicieron pasar por pasajeros con su maletita y todo- que actuaban como si estuviesen en su pueblo, intimidando a los pasajeros, filmándoles uno por uno, incluso en tierra española, en la cafetería del puerto y cuando subían la pasarela, diciéndoles dónde podían filmar y dónde no y dónde podían estar y dónde no, recibiendo órdenes de sus superiores, estos sí, identificados. Cogieron los pasaportes de los viajeros y los fotografiaron. A una pasajera le arrebataron el móvil por detrás y le hicieron daño en la mano. Ella tuvo que acudir al jefe de los policías marroquíes para pedir que se lo devolvieran, y este le obligó a borrar un vídeo si quería recuperarlo. La indefensión creaba angustia entre los pasajeros. Estaban atrapados. ¿Y dónde estaba la policía española para defenderles? No estaba. Todo esto en un barco de Balearia que en su página web tiene sus barcos registrados como de España o de la UE. Y en aguas españolas.

Estos policías les dijeron a los pasajeros que acompañaban a Claude -fichados por los servicios marroquíes desde hace tiempo- que no iban a bajar del barco. Les arrinconaron, y les dejaron ahí, de vuelta para Tarifa sin dar ninguna explicación ni entregar ningún tipo de atestado explicando el porqué de la no admisión en su territorio. La propia ley marroquí exige esa notificación justificativa.

Estuvieron inhibidas las señales de los móviles, de manera que los pasajeros no se pudieron comunicar. No podían avisar de lo que estaba pasando. Estaban coaccionados, sometidos contra su voluntad

Estuvieron inhibidas las señales de los móviles, de manera que los pasajeros no se pudieron comunicar. No podían avisar de lo que estaba pasando. Estaban coaccionados, sometidos contra su voluntad, sin libertad de acción ni de movimiento y con violencia e intimidación.

Habrá que saber qué responsabilidad tiene España en todo esto. Por muchos acuerdos que hubiera entre ambos países a efectos de cooperación en inmigración, los hechos ocurridos no tienen justificación. España tiene que dar explicaciones.

Cristina Martínez Benítez de Lugo es participante en el Movimiento por los Presos Políticos Saharauis.

Fuente: https://www.elindependiente.com/opinion/2025/06/09/el-lamentable-y-vergonzoso-final-de-la-marcha-por-la-libertad-de-los-presos-politicos-saharauis/

En diciembre de 2013, el gobierno estatal a cargo de Rafael Moreno Valle entregó el control del agua en la zona metropolitana de Puebla a la empresa privada Concesiones Integrales S.A. de C.V., conocida públicamente por su marca «Agua de Puebla para Todos». A más de una década de esta privatización, la población enfrenta aumentos descontrolados en tarifas, interrupciones prolongadas del servicio, conflictos socioambientales crecientes y múltiples indicios de corrupción. Este reporte documenta cómo, bajo la administración privada, el derecho humano al agua se convirtió en mercancía y en privilegio.

La confusa estructura accionaria de Concesiones Integrales

La empresa concesionaria, Concesiones Integrales, fue constituida el 19 de diciembre de 2013, apenas tres días antes del fallo licitatorio. El proceso fue tan acelerado que al momento de firmar el contrato de concesión por 30 años, el 26 de diciembre, la empresa no tenía experiencia previa en el sector hídrico. Su inscripción original en el Registro Público de Comercio se hizo en Aguascalientes, lejos de la jurisdicción de Puebla. Ahora, saber quiénes son dueños de la empresa es un laberinto financiero.

Originalmente (entre 2014 y 2023) la estructura accionaria era la siguiente:

% capital social	Accionista corporativo
75 %	Monex, S.A.P.I. de C.V.
24.7 %	EPCCOR Servicios, S.A. de C.V.
0.224 %	Agua de México, S.A. de C.V.
0.011 %	Tecnología Intercontinental (TICSA) S.A.P.I. de C.V.

Según el Registro Público de Comercio (RPC) la estructura accionaria de Concesiones Integrales a partir de 2024, después de la venta aprobada en 2023 por el Concejo Directivo de SOAPAP, presidido en ese momento por Sergio Salomón Céspedes, había quedado más o menos de la siguiente manera:

% capital social	Accionista corporativo
≤ 75 %	Fideicomiso “Xinfra Fibra E”
≥ 25 %	EPCCOR Servicios, S.A. de C.V.
≥ 3%	Tecnología Intercontinental (TICSA)
< 1 %	Agua de México, S.A. de C.V.

Lo anterior significaría que Xinfra, un fideicomiso promovido por Promotora MexPac, S.A. de C.V, administrado por ApxCapital, con Banco Invex, S.A. como fiduciario pasó a controlar la mayoría accionaria y el consejo directivo, mientras que EPCCOR, de la familia Gutiérrez Cortina, mantuvo una participación minoritaria de aproximadamente el 25% así como una influencia considerable sobre decisiones técnicas y contratos de obra pública. Sin embargo, en noviembre de 2024 el entonces director de Concesiones Integrales, Héctor Durán, en una comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso Local presentó otra estructura accionaria:

% capital social	Accionista corporativo
56.55%	Hermes Infraestructura
25 %	Fideicomiso “Xinfra Fibra E”
18 %	Agua de México, S.A. de C.V.

Estas versiones aparentemente contradictorias pueden no serlo. En 2022 Grupo Industrial Hermes (de la familia Hank) compró fuera de libros la participación que originalmente pertenecía a Grupo Monex y la dejó en un vehículo intermedio (HI20, S. A. de C. V.) que todavía no ha sido protocolizado en el RPC. Al no estar inscrito, en el folio mercantil aún aparece el fideicomiso Xinfra como titular; Durán, sin embargo, probablemente expuso la identidad de los beneficiarios finales.

Xinfra controla acciones serie A, que le dan control operativo, pero vende Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs) a Afores; esos certificados son “derechos económicos” sobre la misma participación. Hermes es posiblemente propietario de parte de ellas, o de un vehículo tenedor de CBFEs. En la comparecencia Durán no nombró la porción de EPCCOR porque posiblemente se amortizó o diluyó al momento en que Grupo Hermes y Xinfra entraron. En el acta registrada de febrero de 2025 EPCCOR sigue con acciones serie B, pero podría ya estar pactada su venta en un “segundo tramo” aún no liquidado, y por eso podría persistir la dualidad.

Dentro de este laberinto financiero podemos afirmar algunas cosas: que Xinfra tiene el control operativo; que según lo legalmente inscrito el control accionario directo sigue repartido entre Xinfra (serie A) y EPCCOR (serie B); según lo que hasido publicado sobre Xinfra, los Afores poseen la mayor parte de los CBFE’s; si tomamos en cuenta lo declarado por Durán, parte de ellos pueden haber sido adquiridos por Hermes Infraestructura sin haber sido protocolizados aún. Mientras no se protocolice la compraventa completa ni se publique el registro de tenedores de CBFEs, la ambigüedad permanece entre la versión oficial del RPC y la versión “económica” que expuso el ex-director Durán. Todo este enredo es resultado de la opacidad crónica bajo la que opera Concesiones Integrales.

¿Quiénes son los personajes detrás de las corporaciones?

EPCCOR es del empresario Juan Diego Gutiérrez Cortina (un constructor ligado al ex presidente Carlos Salinas de Gortari), también es dueño de la constructora Gutsa (que se encargó de importantes obras en los gobiernos de Fox y Calderón y que se vieron involucradas en maniobras poco transparentes que fueron auditadas en su momento). Su hijo, José Miguel Gutiérrez Sainz, es uno de los dueños de EPCCOR Servicios y director general de Grupo Agua de México. En la cartera de clientes de EPCCOR Servicios se encontraban la CFE, Televisa, Pemex, IMSS, Teletón, CONAGUA y la SCT cuando Enrique Peña Nieto era presidente.

Xinfra Fibra -E es un instrumento de inversión creado por APX Asset Management S.C. fundado y dirigido entre otros por Alfredo Vara Alonso. Fundó el primer REIT hipotecario de México (FHipo) y la boutique de banca de inversión VACE Partners. Como Director General de Banobras administró activos por ~US $40 000 M y copresidió FONADIN. Su gestión fue criticada por negarse a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales y por la contratación directa de talleres con la firma Eviromex S.C., ligada a presuntos conflictos de interés. Durante su gestión Banobras, según señalan fuentes periodísticas, siguió girando 0.9 mdp al Instituto Tecnológico de Centla mediante un convenio ya calificado como irregular; la ASF advirtió ausencia de entregables y posible responsabilidad administrativa en una serie de operaciones al estilo de la Estafa Maestra. Además, en la construcción Viaducto Bicentenario en el Edomex, Vace Partners (fundada por Vara) asesoró el financiamiento de la autopista señalado por legisladores y el abogado Díez Gargari como parte de una “red sofisticada de corrupción” ligada al sexenio de Peña Nieto.

Carlos Hank Rhon es dueño de Grupo Hermes, un conglomerado industrial y de la construcción. Lo integran Hermes Construcción, Hermes Concesiones , HOATSA Operación y Hermer. Carlos Hank Rhon, era dueño del Grupo Financiero Interacciones, un conglomerado de las finanzas que ya no existe y tenía su propia casa de bolsa. Vendió su empresa financiera a Grupo Banorte, tiene lazos familiares con los accionistas de Banorte. Históricamente ha estado ligado al grupo Atlacomulco, son un ejemplo de las mayores redes de poder mafioso y político en México. Curiosamente aunque era parte de lo que alguna vez se nombró como mafia del poder, logró importantes acuerdos con Morena desde la administración de López Obrador y aumentó sus riquezas en la pasada administración. Jorge Hank Rhon, su hijo, ha sido conocido por su amplio historial criminal, un rey del crimen de cuello blanco y señalado por múltiples asesinatos. Hank Rohn fue conocido también por su militancia priísta. En Tijuana extendió sus tentáculos, se le acusó de mandar a asesinar al fundador del semanario ZETA, crimen por el que “extrañamente” nunca fue investigado. Una parte de sus riquezas las generó a partir de la concesión del Hipódromo Agua Caliente, de donde viene el famoso centro de apuestas Grupo Caliente.

¿Entonces quién dirige y administra la empresa?

Desde 2024 el director general es Jordi Bosch Bragado. Su cargo anterior fue como director de Aguas de Saltillo (Agsal) en donde enfrentó denuncias sociales por altos costos y cortes en zonas periféricas. Su llegada coincide con la reconfiguración accionaria y con la obligación de invertir más de $7,641 millones de pesos entre 2025-2044 para cumplir su contrato.

Actualmente el Concejo de Administración de Concesiones Integrales está integrado por cuatro integrantes de Xinfra (Alfredo Vara Alonso, Lorena Barrientos, Jesús Ordaz, Emilio Sanders) y cuatro designados por EPCCOR (Juan Diego Gutiérrez Cortina, José Miguel Gutiérrez. Sainz y Adolfo Gómez García).

Los cuatro integrantes del Concejo por parte de Xinfra son ex-funcionarios del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). Este traspaso revela una probable «puerta giratoria» entre Banobras y la empresa que gestiona el agua, comprometiendo la independencia regulatoria y financiera del servicio.

¿De dónde extraen el agua que venden?

Hasta 2023 Concesiones Integrales tenía una infraestructura de 200 pozos, 505 tomas intermedias, 116 estaciones de rebombeo, 3 387 km de red, seis plantas potabilizadoras y administra cinco plantas de tratamiento de aguas residuales, sin embargo, de acuerdo con reportes de pobladores de las zonas cercanas a ellas operan de manera deficiente o simulada.

Cuatro baterías de pozos dentro de la ciudad (Loreto, La Constancia, San Baltazar y San Rafael) siguen siendo el corazón del abastecimiento; bombean agua del acuífero Valle de Puebla, que hoy muestra abatimientos de 1-3 m anuales según CONAGUA. El sistema Nealtican-Acuexcomac donde hay un abatimiento del –60 m; manantiales secos, pérdida de nivel freático y hundimientos; y el sistema Xoxtla donde se cedió el agua sin consentimiento previo, funcionan como “llaves de alivio” para sostener el desmedido crecimiento inmobiliario de la capital (Angelópolis y periferia sur-poniente). Además, Concesiones Integrales busca diversificar captaciones en Cuautlancingo y rehabilitar más pozos en Xoxtla.

Junto con los pozos operados directamente por la concesionaria, han sido detectadas por la propias autoridades decenas de perforaciones sin título en la zona conurbada que terminan conectadas a la red o al negocio de pipas, complicando el balance real del acuífero.

En síntesis, el agua que comercializa Agua de Puebla proviene básicamente del acuífero Valle de Puebla (dentro de la Ciudad) y de tres campos periféricos (Nealtican, Acuexcomac y Xoxtla), con nuevos proyectos en Cuautlancingo. Cada uno de estos frentes de extracción implica conflictos sociales y ambientales que hoy condicionan la viabilidad a largo plazo de la concesión.

Según lo declarado por el ex-director de Concesiones Integrales, Héctor Durán, ante el Congreso de Puebla, el cobro del servicio que resulta de toda esa extracción de agua representó para la empresa ingresos por 80 millones 691 mil 23.74 pesos en 2022, 88 millones 32 mil 750.35 pesos en 2023, y 65 millones 948 mil 50 pesos hasta octubre de 2024.

Manejo opaco de recursos y relaciones institucionales

Los estados financieros de la empresa revelan que Concesiones Integrales está altamente apalancada. En 2024 contrajo una deuda bancaria por 1,140 millones de pesos con Banobras y 2,492 millones de pesos con Banorte, creando un riesgo significativo para las finanzas públicas en caso de rescisión o incumplimiento. Además, existe evidencia contundente de cobros indebidos: la empresa ha cobrado mensualmente por un tratamiento de aguas residuales inexistente. Por ejemplo, la planta tratadora Alseseca Sur permanece inoperante y las aguas residuales, muchas de ellas industriales con componentes tóxicos, permanecen a cielo abierto en lo que queda de los ríos que atraviesan la ciudad.

Desde su creación, la concesionaria estuvo envuelta en irregularidades. El contrato menciona a una asociación denominada «Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas A.C.» como testigo social, pero nunca presentó ningún informe público, violando así los requisitos mínimos de transparencia y rendición de cuentas en contrataciones públicas.

Asimismo, la velocidad extrema del proceso licitatorio (apenas tres días desde la constitución de la empresa hasta el fallo definitivo) evidencia posibles acuerdos previos e influencia indebida de actores políticos, particularmente vinculados al entonces gobernador Rafael Moreno Valle y su gabinete. La reserva ilegal del contrato, declarada «dolosa y equívoca» por jueces federales hasta 2020, añadió más opacidad al proceso.

Además, EPCCOR, socio clave de Concesiones Integrales, tiene un amplio historial de irregularidades en obras públicas, tales como la construcción defectuosa de la Estela de Luz y el Paso Exprés en Cuernavaca, lo que genera dudas sobre la idoneidad y legalidad de su participación en este tipo de contratos públicos.

Por otro lado, el ex-director Héctor Durán actualmente es investigado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por presunto enriquecimiento inexplicable, involucrando propiedades de lujo en Puebla y Miami, así como automóviles de alta gama adquiridos durante su gestión.

Sobreexplotación del agua y altas tarifas

La gestión privada intensificó gravemente la explotación de acuíferos, afectando de manera directa a comunidades periféricas. Poblados como Nealtican, Acuexcomac, Xoxtla y Sanctorum sufren el agotamiento acelerado de sus fuentes de agua, lo que ha derivado en movilizaciones y protestas sociales constantes. En Nealtican, la comunidad clausuró simbólicamente pozos ante la sequía de sus manantiales; en Acuexcomac instalaron una guardia permanente; en Xoxtla, vecinos realizaron bloqueos viales para exigir se cancele la cesión del agua. Estos conflictos evidencian la insostenibilidad socioambiental del modelo de extracción promovido por Concesiones Integrales.

Agreguemos la sobreextracción el inexistente saneamiento de aguas residuales domésticas e industriales que no solo resultan en un modelo insostenible ecológicamente, sino que también representa un riesgo sanitario grave.

Además, en la ciudad de Puebla, más de 100,000 cortes del servicio por falta de pago y aumentos tarifarios acumulados de hasta 500% desencadenaron más de 5,000 amparos, la mayoría ganados por usuarios afectados. Esta conflictividad constante revela una violación sistemática del derecho humano al agua y una incertidumbre permanente en términos de costo por el servicio y certeza en su suministro. Lo que también muestra la insostenibilidad del modelo de servicio de la empresa.

Negligencia operativa y laboral

El historial operativo de la empresa revela negligencias que ocasionaron accidentes y muertes evitables. Un trabajador murió intoxicado en 2018 mientras realizaba labores en una alcantarilla sin el equipo de seguridad adecuado. Además, este año el uso improvisado de carrizos y palmeras como señalización en obras generó múltiples accidentes viales sin que la empresa enfrentara sanción alguna. Estas acciones constituyen graves violaciones a los derechos laborales y obligaciones de seguridad.

Asimismo, desde 2020, Concesiones Integrales despidió alrededor de 1,200 trabajadores del antiguo organismo público (SOAPAP), reemplazándolos mediante esquemas precarios de outsourcing, generando conflictos laborales permanentes sin solución efectiva que pone en duda la capacidad de Concesiones Integrales de tener una plantilla laboral calificada para mantener un servicio tan amplio y complejo de gestionar adecuadamente.

Para los pueblos no es sequía, es saqueo

La falta absoluta de consulta y consentimiento a los poseedores del territorio de donde se saca el agua, los pueblos indígenas y campesinos, revela un profundo racismo y clasismo tanto en las grandes corporaciones extractivas (como Concesiones Integrales) como en el propio Estado. Existe una política sistemática de desprecio y colonialismo que reduce a estas comunidades a simples territorios donde imponer políticas, ganar votos, despojarlos y hacer avanzar proyectos desarrollistas sin su consentimiento y consenso.

Resulta, además, profundamente contradictorio que, en medio de una crisis ambiental planetaria y con discursos “sostenibles” tan en boga, las empresas y el Estado continúen ejecutando proyectos ecocidas y negocios, mercantilizando todo lo común. Estas dinámicas son las que, en Puebla, explican el saqueo del agua y reflejan un problema global. Si de verdad nos importa la salud del planeta y nuestro bienestar socioambiental, debemos reconocer que las y los verdaderos guardianes de la naturaleza son los pueblos originarios. Cuando defienden el agua, no protegen solo “su” patrimonio, defienden la vida de todo el planeta.

El Estado puede decir lo que quiera, pero quienes habitamos la ciudad tenemos la responsabilidad y el derecho de decir NO a este saqueo y ecocidio sistemático. Como habitantes de Puebla, podemos y debemos dejar en claro que no aceptamos más robos de agua en nombre del “desarrollo” o “progreso”. Manifestarlo es urgente y necesario.

La vieja estrategia de “consultar” a unas cuantas personas para luego decir que se ha cumplido con los procesos estipulados en el Convenio 169 de la OIT ha sido recurrente en las administraciones de la autodenominada Cuarta Transformación y en todas sus antecesoras. Tanto, que el nombramiento de Hugo Aguilar Ortiz como magistrado de la SCJN se convierte en una pieza central de esta política de despojo y neocolonización disfrazada de transformación. La farsa detrás del “Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua” firmado entre el gobierno y las empresas lo demuestra con total claridad: las preferencias estatales están con las compañías, no con los pueblos. Los acuerdos se hacen con ellos, la política de “compensación” de que empresas altamente ecocidas y extractivas como coca cola regresen unos cuantos litros de agua es una pantomima para asegurar las concesiones a las mayores corporaciones ecocidas y criminales del planeta. Así mientras a ese tipo de corporaciones se les trata como interlocutores se busca despejar el camino y ahí estorban los pueblos.

Maniobras como el Plan Nacional Hídrico, las contralorías ciudadanas del agua y toda esa retórica de “acuerdos sostenibles”, “reordenamientos territoriales” o “reapropiación” no son más que simulaciones para que el extractivismo gane aceptación, sea aplaudido y oculte lo que sucede en realidad: se libra una guerra del mercado contra la población, del capital contra quienes se le interponen. Ahí está el origen de un problema que vivimos a diario, que es inocultable y que seguirá en aumento.

Algunas cifras de acuerdo con la plataforma Poplab, cada año en México se extraen 133 mil millones de litros de agua para la producción de comida chatarra. Coca-Cola, por sí misma, ocupa más del 40% del total, que además de la brutal extracción no regulada ni supervisada eficientemente, con concesiones bastante cuestionadas y varias veces denunciadas, generan a su vez toneladas de basura. Solamente por mencionar algunas cifras alarmantes de extracción de agua al año en México:

• Coca Cola. 55 mil 812 millones de litros.
• Pepsi. 32 mil 000 millones de litros.
• Danone. 15 mil 437 millones de litros.
• Nestlé. 9 mil 778 millones de litros.

La inconsistente postura de Armenta sobre la cancelación de la concesión

En febrero de este año Alejandro Armenta afirmó que se violó la ley para favorecer a Concesiones Integrales en 2013, pues: «Teníamos gobernantes corruptos que solo pensaban en las obras, como el Museo Barroco, que pensaban saquear al estado y tenemos que venir a arreglar su cochinero, esa es la verdad».

En esa misma declaración sostuvo que «si de plano no quieren servir a Puebla y solo están pensando en cuánto ganar» la empresa debe retirarse. Señaló que Agua de Puebla era un ejemplo de las empresas «extractivas» que priorizan la ganancia sobre el servicio. «Mientras yo sea gobernador las vamos a perseguir o las vamos a correr de Puebla, no queremos empresas que saqueen a Puebla» dijo.

Poco tiempo después declaró que su administración no retiraría el contrato a Agua de Puebla, pues esto representaría un gasto enorme para el estado, en esa misma declaración afirmó que durante su gobierno no habría más lugar para empresas como Agua de Puebla.

Y unos días después mencionó una propuesta: “Estamos trabajando en una propuesta, daremos sorpresas, con Agua de Puebla hay voluntad, lo importante es que cuando hay voluntad las cosas se resuelven y el acceso al derecho humano al agua es fundamental para nosotros y lo vamos resolver”.

Volvió a afirmar que revertir las concesiones de la privatización del agua a la empresa Concesiones Integrales costaría al erario un total de 22 mil millones de pesos, una cifra exageradamente elevada (se estima que la remunicipalización costaría entre 10 y 15 millones) y que no toma en cuenta otras posibles rutas que podrían reducir mucho el costo como una salida “por cesión”, transferir deuda de Concesiones Integrales con Banobras a un vehículo estatal con garantía federal, entre muchas otras, más aún tomando en cuenta la posibilidad de documentar el incumplimiento de los términos de la concesión. En ninguno de los casos Armenta ha planteado una ruta ni una intención clara de remunicipalizar el servicio. Las afirmaciones y cambios tajantes en las posturas de Armenta dan cuenta de una simulación discursiva a la que hay que poner atención.

Crímenes de negligencia corporativa

Ante la cadena de irregularidades, abusos e imposiciones en torno a Concesiones Integrales podemos concluir que estamos ante actos y omisiones que generan un riesgo previsible de daño a terceros o al interés público. Los indicios de corrupción, la negligencia, el saqueo, las violaciones a los derechos laborales, los daños a terceros por sus obras mal hechas no podrían funcionar sin el apoyo activo, omiso o aquiescente del Estado. Ambos, corporación y Estado han entablado una relación de interés mutuo.

Esta relación da cuenta de un punto clave del poder corporativo: los delitos y los daños corporativos siempre permitirán que la búsqueda de beneficios financieros prevalezca sobre las necesidades humanas y la protección social. Y es por esta razón que los Estados capitalistas (aunque se nombren como capitalismo humano) nunca podrán ofrecer una solución a este problema, porque son parte esencial de él. De ahí que gran parte de los daños corporativos queden impunes.

El diseño legal de la sociedad anónima y la selectividad del Estado en la aplicación de la ley crean una “garantía mutua”: el Estado habilita a las empresas a actuar y calibra o retrasa los controles que podrían frenar sus abusos. En la práctica, la búsqueda de lucro corporativo prevalece sobre la protección social, reproduciendo un circuito de poder que hace posibles los daños a gran escala con escasa sanción penal efectiva, incluso la sanción civil, cuando ocurre, es mínima en comparación a las ganancias obtenidas por el daño ocasionado.

Los crímenes corporativos por negligencia no son simples “accidentes”, cristalizan una forma de poder estructural donde la obtención de beneficio se impone sobre la seguridad, la salud, el medio ambiente y la vida de los pueblos. En este funcionamiento del Estado absurdamente funcional a la acumulación de capital, las reformas penales seguirán chocando con límites políticos, pues hay una “impunidad por diseño” que hoy caracteriza a gran parte de los crímenes corporativos y su relación con el Estado. Son este tipo de crímenes los que están en el centro del caso de Concesiones Integrales y su relación con las administraciones estatales en Puebla, desde Rafael Moreno Valle hasta Alejandro Armenta.

Nodo de Derechos Humanos www.nodho.net

En medio del alboroto de las noticias que llegan sobre el genocidio en Gaza, la noticia del martirio de Shaima y su familia en la zona de Nuseirat, en la Franja de Gaza, pasa como si nada hubiera sucedido, como si ella fuera solo un número más en una lista de números.

Shaima Akram Saidam obtuvo una media del 99,6 % en el examen general de secundaria de 2023, lo que le valió el título de mejor estudiante en la rama de letras a nivel de Palestina. Después se matriculó en la Universidad Islámica, donde se especializó en inglés.

¿Quién la mató? ¿Con qué arma? ¿Dónde se forjó la identidad y la ideología sionistas del asesino? ¿Y con qué justificación? Quizás estas son preguntas que nos llevan a un lugar que muchos pasan por alto: las universidades israelíes, donde se forjan las mentes del ejército de ocupación. Es el lugar donde se desarrollan muchos aparatos de seguridad y militares que vigilan, matan y torturan a los palestinos. También es el lugar donde se fabrican las armas, la propaganda y la justificación de la destrucción.

De hecho, las universidades y los centros de investigación israelíes son uno de los pilares más importantes del movimiento sionista y del Estado judío.

Estas instituciones académicas construyen la identidad y la propaganda sionistas, contribuyen a la fabricación de armas y trabajan para institucionalizar las políticas israelíes, afianzando el apartheid, la agresión israelí y las violaciones de los derechos palestinos a través de marcos académicos, trabajos de investigación y debates entre expertos para encontrar los medios más eficaces para consolidar la ocupación, afianzar los asentamientos, marginar y refutar la identidad palestina y entrenar a unidades del ejército y de inteligencia en diversas especialidades.

Estas instituciones israelíes no solo practican la discriminación, la opresión y la represión contra los palestinos, sino también contra cualquier persona, incluso judía, que defienda los derechos y libertades palestinos.

A la luz de estos y otros hechos, en 2004 se creó la Campaña Palestina para el Boicot Académico y Cultural a Israel (PACBI, por sus siglas en inglés), con el objetivo de pedir el boicot a las instituciones académicas y culturales israelíes debido a su papel central en la opresión y la violación de los derechos y libertades palestinos.

El libro recientemente publicado «Towers of Ivory and Steel: How Israeli Universities Deny Palestinian Freedom» (Torres de marfil y acero: cómo las universidades israelíes niegan la libertad palestina), de Maya Wind, es una contribución destacada e importante en este contexto, cuyo objetivo es demostrar la implicación de las universidades israelíes como base y principal motor de las violaciones de los derechos y libertades palestinos, e incluso considerar las políticas de las universidades israelíes como parte de un sistema que afianza las políticas racistas y colonizadoras de Israel.

El libro se centra en la pregunta: «¿Son las universidades israelíes cómplices de la violación de los derechos palestinos?» (página 16). La autora busca responder a esta pregunta revelando cómo las universidades israelíes están profundamente entrelazadas con los sistemas de opresión israelíes.

La investigadora se distingue en este contexto, como ella misma afirma, por ser una ciudadana israelí judía blanca, lo que le permitió acceder fácilmente a los archivos y bibliotecas militares del Gobierno israelí. De esa forma, pudo leer documentos oficiales, memorandos e informes políticos, así como estudios inéditos, como tesis de máster y tesis doctorales aprobadas por universidades israelíes. Además, realizó entrevistas a estudiantes y académicos palestinos y judíos que trabajan en universidades israelíes.

El libro consta de dos partes, cada una con tres capítulos, además de una introducción, una conclusión y una observación final del profesor Robin D. G. Kelley.

Nadia Abu El-Haj, de la Universidad de Columbia, presenta el libro y recuerda al lector que Israel es un Estado-nación colonialista fundado sobre la expulsión de casi 750 000 palestinos de sus tierras. Es un Estado construido sobre una limpieza étnica organizada. Por lo tanto, Israel no debe describirse como un Estado democrático (página 6).

Más bien, la estructura sobre la que se construyó y se sigue construyendo el Estado de Israel es una estructura racista basada en la negación y la exclusión de los no judíos. Por esta razón, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, además de las organizaciones israelíes de derechos humanos B’Tselem y Yesh Din, declararon en 2021 y 2022 que Israel es un Estado de apartheid.

En la introducción del libro, Nadia Abu El-Haj destaca que no existe un «Israel democrático» que pueda separarse de la cuestión palestina. Israel es un Estado colonialista. Sus compromisos y acciones fundacionales, su arraigada visión política sionista y el funcionamiento de sus instituciones, e incluso de sus partidos políticos liberales y no liberales, son racistas y antidemocráticos hasta la médula.

Esta estructura racista y excluyente fundamental de Israel explica el silencio de la gran mayoría de los académicos israelíes, e incluso de las administraciones y rectores universitarios, donde no existe una defensa institucional de la libertad académica en lo que respecta a Palestina.

La autora Maya Wind reitera estas ideas en la introducción del libro, señalando que los campus universitarios de los territorios bajo dominio israelí no son lugares seguros para los estudiantes palestinos. Estas universidades no son independientes, sino una extensión de la violencia del Estado israelí y sus instituciones represivas. La autora destaca que el régimen de apartheid israelí no puede desmantelarse por completo sin reconocerlo como sistema colonialista.

Por lo tanto, el boicot académico se considera el paso fundamental para poner fin a este colonialismo. Como ilustra este libro, las ocho universidades israelíes operan directamente al servicio del Estado y desempeñan funciones vitales en el apoyo a sus políticas, constituyendo así pilares fundamentales del colonialismo israelí.

La universidad al servicio del Gobierno israelí

Por ejemplo, las universidades israelíes colaboran con empresas armamentísticas israelíes para investigar y desarrollar tecnología utilizada por el ejército y los servicios de seguridad israelíes en los territorios palestinos ocupados. Esta tecnología se vende posteriormente en el extranjero como «probada en el campo de batalla».

La autora comienza la primera parte del libro, «Complicidad», analizando la «experiencia en la subyugación», cómo se desarrollaron las disciplinas académicas israelíes para servir al Gobierno israelí y al Estado de seguridad, y cómo siguen proporcionando apoyo material a los proyectos estatales. La autora afirma que los departamentos y profesores más destacados de las universidades israelíes, en diversas disciplinas, están intelectual y teóricamente sujetos a los requisitos del Estado israelí, como lo demuestra el enfoque en tres disciplinas.

La primera disciplina: La arqueología. Todas las universidades israelíes realizan excavaciones en yacimientos arqueológicos gestionados por organizaciones de colonos judíos o consejos regionales de colonos. Esta disciplina académica se centra en borrar la historia árabe e islámica y se dedica a expandir los asentamientos judíos y confiscar tierras palestinas.

Por ejemplo, las universidades israelíes realizan excavaciones en Susya, en el sur de Cisjordania, apoderándose así directamente de estas zonas palestinas.

La arqueología israelí también surgió ostensiblemente como disciplina académica para afirmar la presencia judía antigua y continua en Palestina. Al mismo tiempo, la investigación arqueológica se utilizó para borrar cualquier reivindicación o evidencia palestina y árabe de presencia en esta misma tierra.

La autora menciona asimismo que estas excavaciones constituyen una violación directa de las leyes y convenciones internacionales. A pesar de ello, los arqueólogos y las universidades israelíes siguen participando en trabajos de excavación en todos los territorios palestinos bajo la protección del ejército israelí. Así, la arqueología facilita estructuralmente el robo de antigüedades y tierras palestinas por parte de Israel y facilita su continua apropiación ilegal.

La segunda disciplina: Estudios jurídicos. La autora aclara que Israel considera el territorio palestino ocupado como su laboratorio. Debido a su dominio ilegal sobre el pueblo palestino a través de la ocupación militar durante décadas, ha desarrollado un conjunto de leyes e interpretaciones jurídicas para justificar su régimen militar permanente.

Israel ha establecido la infraestructura jurídica para justificar las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y el despliegue de lo que se considera una fuerza desproporcionada contra la población civil, lo que equivale a crímenes de guerra. Maya Wind afirma que los estudios jurídicos y la filosofía ética en la que se basan se crearon para justificar las violaciones de los derechos y libertades de los palestinos.

La tercera disciplina: Estudios sobre Oriente Medio. La investigadora muestra que, con el establecimiento del gobierno militar de Israel en los territorios palestinos ocupados en 1967, se renovaron las oportunidades de cooperación académica con el Estado. Por ejemplo, los profesores de la Universidad Hebrea Menachem Milson, Amnon Cohen, Moshe Sharon y Moshe Maoz ejercieron como asesores en asuntos árabes del ejército y el gobierno israelíes (página 48).

Milson también ocupó el cargo de primer jefe de la Administración Civil, la administración militar israelí en los territorios palestinos ocupados, y supervisó el cierre forzoso de la Universidad de Birzeit a partir de 1981. Cohen, Sharon y Maoz sirvieron con el rango de coronel y trabajaron con el ejército a lo largo de sus carreras académicas.

Del mismo modo, los departamentos de Estudios sobre Oriente Medio ofrecen programas académicos de especialización regional para soldados en servicio activo en unidades militares de élite y cursos diseñados específicamente para agencias de seguridad. La Universidad Hebrea ofrecía un programa de licenciatura en Estudios sobre Oriente Medio para el Servicio de Seguridad General (Shin Bet) como parte de la formación de su personal.

Por tanto, las disciplinas israelíes en humanidades y ciencias sociales se movilizaron para apoyar el colonialismo israelí. La arqueología, los estudios jurídicos y los estudios sobre Oriente Medio se desarrollaron simultáneamente con la ocupación militar israelí y a través de ella.

A continuación, la autora pasó a estudiar varias universidades israelíes, considerando que las «universidades: puestos avanzados de los asentamientos» se fundaron y diseñaron para servir como puestos avanzados estratégicos para el proyecto estatal israelí. La Universidad Hebrea en la Jerusalén Oriental ocupada; la Universidad de Haifa en Galilea; la Universidad Ben-Gurión en el Negev; la Universidad Ariel en Cisjordania: todas estas instituciones constituyen motores fundamentales para los proyectos de «judaización» en sus respectivas zonas.

La autora afirma, por ejemplo, que en el período previo y durante la guerra de 1948, los estudiantes, el profesorado y los administradores de la Universidad Hebrea de Jerusalén apoyaron activamente a la organización militar Haganah y utilizaron el campus como base, llevando a cabo entrenamientos militares e incluso almacenando armas en los edificios de la universidad.

La autora sostiene también que, durante más de un siglo, las universidades israelíes han trabajado de forma constante para ampliar y afianzar las fronteras del Estado judío, la «soberanía judía» sobre toda la Palestina histórica.

Estas universidades siguen desempeñando de forma activa e intensa un papel central en la expansión de los asentamientos en tierras palestinas, y sus bibliotecas son depósitos de los libros palestinos saqueados, como es el caso de la biblioteca de la Universidad Hebrea, que contiene muchos libros árabes robados a los palestinos.

La investigadora pasó al concepto de «el estado de seguridad académica», mostrando cómo el desarrollo de las universidades israelíes estaba vinculado al auge de las industrias militares israelíes. Estas universidades fueron diseñadas como instituciones para la construcción del Estado y, poco después de su creación, se movilizaron para apoyar los aparatos de violencia de Israel.

Tras la creación de la Universidad Hebrea de Jerusalén en 1918, el movimiento sionista fundó otras dos instituciones de educación superior en Palestina: el Instituto Technion en Haifa en 1925 y el Instituto Weizmann de Ciencias en Rehovot en 1934.

La Universidad Hebrea fue la primera universidad integral del movimiento sionista dedicada a la investigación y la enseñanza en todas las disciplinas; el Technion fue diseñado para ser un centro de ingeniería; mientras que el Instituto Weizmann se dedicó a la investigación científica para la construcción del Estado (página 88).

La investigadora muestra cómo las universidades y los centros de investigación israelíes sirven como brazo académico del Estado de seguridad israelí. Los institutos y las universidades sirven al Estado mediante investigaciones y recomendaciones políticas que tienen como objetivo no sólo mantener el dominio militar israelí, sino también socavar el movimiento por los derechos palestinos en la escena internacional.

Por ejemplo, el trabajo diario de los soldados de la Inteligencia Militar israelí viola los derechos humanos palestinos, tal y como se estipula en el derecho internacional y los Convenios de Ginebra. Muchos soldados que se graduaron en programas de posgrado especialmente diseñados en la Universidad Hebrea sirven en la Unidad 8200, la unidad más grande y central de la Inteligencia Militar.

La Unidad 8.200 es la unidad central de recopilación del ejército, responsable de recopilar todas las comunicaciones de inteligencia, incluidas las llamadas telefónicas, los mensajes de texto y los correos electrónicos. La autora concluye el capítulo subrayando que, lejos de esforzarse por convertirse en instituciones civiles, las universidades israelíes siguen ampliando sus operaciones no sólo como bases de entrenamiento militar, sino también como laboratorios de armas para el Estado.

La segunda parte del libro, titulada «Represión», comienza con la autora abordando la idea de la «ocupación epistémica» y explicando cómo las universidades israelíes impiden sistemáticamente la investigación académica crítica, la enseñanza y el debate sobre el colonialismo israelí, la ocupación militar y el apartheid.

La autora menciona la creciente lista de temas prohibidos en las universidades israelíes con el aumento de la influencia y el poder político de la extrema derecha en las últimas dos décadas. Recientemente, cualquier crítica al ejército o a los soldados israelíes se ha convertido en tabú en las universidades israelíes.

Por ejemplo, Maya Wind explica que la Universidad de Haifa tiene dos tradiciones profundamente arraigadas en el mundo académico israelí: borrar la producción de conocimiento académico palestino y socavar la investigación basada en pruebas que revela los crímenes del Estado israelí (página 119).

Las universidades israelíes se han aliado con grupos de extrema derecha y con el Gobierno israelí para restringir y controlar la investigación y el discurso relacionados con la Nakba, por ejemplo. Por extensión, el estudio crítico de la ocupación israelí, el apartheid y el colonialismo de asentamiento se describe como prohibido.

En consecuencia, los debates críticos fundamentales han sido excluidos del mundo académico israelí, ya que las universidades israelíes definen como «ilegítimas» la investigación y el debate sobre la violencia histórica y actual del Estado israelí. De este modo, privan al profesorado y al alumnado no sólo de la libertad académica, sino también de la oportunidad de debatir e intervenir en las injusticias actuales y futuras.

A continuación, la autora pasa al tema del asedio impuesto a los estudiantes palestinos y revela las restricciones impuestas a los derechos de los estudiantes palestinos a estudiar, expresarse y protestar en las universidades israelíes.

Revela cómo las administraciones universitarias restringen constantemente la presencia de estudiantes palestinos en sus campus y cómo cooperan con el Gobierno israelí para privar a los estudiantes palestinos, especialmente a los más activos, de las libertades académicas básicas. La autora afirma que, desde que se matricularon en la educación superior israelí, los estudiantes palestinos han sido objeto de criminalización, vigilancia y persecución por parte de sus universidades, en connivencia con el Estado.

La libertad académica en la educación superior israelí no se aplica a los estudiantes palestinos. Las administraciones universitarias han demostrado desde hace tiempo su subordinación al Estado, cooperando con él para protegerlo de las críticas y la rendición de cuentas por su ocupación militar y su régimen de apartheid. El Gobierno impone una censura cada vez mayor sobre cualquier debate en relación a la Nakba y la injusticia radical practicada por el Estado de Israel, ya sea contra los palestinos sometidos al régimen militar en los territorios palestinos ocupados o contra aquellos a los que considera sus ciudadanos.

Al final, la autora aclara la complicidad académica con el Estado contra los palestinos, y que actualmente no existe ningún movimiento en las universidades israelíes que pida romper los lazos con el ejército israelí y el Estado de seguridad israelí debido a sus repetidas violaciones del derecho inalienable de los palestinos a la educación y otros derechos humanos.

Incluso las organizaciones progresistas que trabajan en las universidades israelíes, como «Iniciativa Democrática Conjunta» o «Academia para la Igualdad», que incluye a profesores y estudiantes judíos israelíes y palestinos (ciudadanos), no satisfacen en gran medida las demandas de las universidades palestinas. Estos grupos activistas se han negado hasta ahora a respaldar los llamamientos palestinos para que las universidades israelíes rindan cuentas por su complicidad en las violaciones del derecho internacional por parte de Israel.

Israel considera una amenaza a los palestinos que se arman con la educación para desafiar sin vacilar el régimen de apartheid. Por lo tanto, los estudiantes palestinos son sometidos a audiencias disciplinarias, interrogatorios y detenciones en las universidades israelíes, además de secuestros, torturas, detenciones militares e incluso asesinatos en las universidades palestinas. Las universidades israelíes son pilares fundamentales de este sistema.

No sólo realizan investigaciones, forman y colaboran con las fuerzas de seguridad israelíes que mantienen la ocupación militar, sino que también trabajan junto al Gobierno israelí para reprimir a los estudiantes palestinos en sus universidades.

En última instancia, las universidades israelíes han desempeñado un papel directo en la represión por parte del Estado israelí de los movimientos estudiantiles palestinos por la liberación, y en la privación de la libertad académica de los palestinos, durante más de setenta y cinco años.

En la conclusión del libro, la autora destaca que Israel estableció y construyó instituciones de educación superior israelíes en territorio palestino y diseñó estas instituciones para que fueran herramientas para la expansión de los asentamientos judíos y el desplazamiento de los palestinos, basándose en el enfoque de las universidades que se apropian de tierras.

Las universidades israelíes no sólo participan activamente en la violencia del Estado israelí contra los palestinos, sino que también contribuyen con sus recursos, investigaciones y becas para mantener, defender y justificar esta opresión. Al final, la autora hace un llamamiento al boicot de las universidades israelíes e insiste en que no habrá libertad académica hasta que esta se aplique a todos.

En sus observaciones finales, el profesor Robin D.G. Kelley, de la Universidad de California, afirma que el objetivo del boicot es poner fin a la ocupación, desmantelar el régimen de apartheid, respetar los derechos de los refugiados palestinos estipulados por las Naciones Unidas, ampliar los derechos civiles para incluir a todos, poner fin a las detenciones militares, las incursiones repetidas, la vigilancia de las instituciones palestinas y la interrupción deliberada del proceso educativo.

El régimen de apartheid israelí no habría durado sin el enorme apoyo financiero, la legitimidad política y la protección jurídica proporcionados por Estados Unidos. La financiación militar anual de 3.800 millones de dólares (Israel es el mayor receptor de ayuda militar estadounidense de la historia) contribuye a financiar la violencia estatal, la represión y la desigualdad sin la más mínima rendición de cuentas (página 189).

Así, el profesor Kelley menciona que el régimen de apartheid israelí no habría podido persistir sin el silencio liberal en Estados Unidos. Afirma con acierto que «La verdad es que nunca habrá una verdadera libertad académica en la región sin una Palestina libre, y no puede haber una Palestina libre mientras las universidades estén bajo ocupación o sigan siendo bastiones del sionismo y el colonialismo de asentamiento. Y mientras la mayoría de los intelectuales israelíes permanezcan en silencio o no comprendan que su propia libertad está ligada a la libertad de Palestina, continuaremos boicoteando las instituciones israelíes. Silencio = Complicidad» (página 192).

Este libro es magnífico, muy informativo y bien argumentado, una documentación histórica detallada de la complicidad de todas las universidades y centros de investigación israelíes, sin excepción, en el sistema de apartheid israelí. De hecho, son uno de los brazos más importantes del Estado para justificar sus políticas que violan las normas y leyes internacionales.

Fadi Zatari es profesor adjunto de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Sabahattin Zaim de Estambul.

Texto en inglés: The Palestine Chronicle, traducido por Sinfo Fernández.

Fuente: https://vocesdelmundoes.com/2025/06/06/el-papel-de-las-universidades-israelies-en-el-asesinato-y-tortura-de-los-palestinos/

Decir que el Frente Polisario (FP) es “una entidad privada no reconocida” es una absoluta memez, impropia de quienes se consideran vanguardia del ‘progresismo’ nacional e internacional. Quienes leemos estas estupideces, no damos crédito a lo que leemos y al nivel de degradación a que ha llegado el partido PSOE: no me atrevo a decir Partido ‘socialista’. Ya no saben qué hacer o decir para negar lo evidente y ahondar aún más su caída en el lado equivocado y oscuro de la Historia, junto a las fuerzas más reaccionarias de la sociedad.

Y no es ya solo que el PSOE “juegue a desinformar”, como señalan los más benignos con esta gentuza. “Es mucho más grave que eso” –señalan otros–, “porque son fuerzas organizadas que excluyen todo atisbo de progreso verdaderamente democrático; y desde luego, si se trata del moro y del musulmán”. “Estos tipejos no tienen límites, sumisión a tope al Sultán”. “Es repugnante”. “Van a por todas, guerra total a todos los niveles” … Son comentarios que me van llegando al tiempo que yo mismo voy escupiendo estas líneas como puedo.

Decir que el Frente Polisario es “una entidad privada”, como si fuera una farmacia, un concesionario de automóviles o un equipo de fútbol, no deja en muy buen lugar ni a los ‘intelectuales’ (¿?) orgánicos ni a los comisarios políticos del partido antaño socialista y hoy covacha de truhanes, espabilados y desaprensivos.

No deja en muy buen lugar ni a los ‘intelectuales’ orgánicos ni a los comisarios políticos del partido antaño socialista y hoy covacha de truhanes, espabilados y desaprensivos

Después de 50 años de heroica lucha y resistencia del pueblo saharaui, ahora estos listillos de tercera nos salen con esas.

El Frente Polisario fue creado en 1973. Y ni siquiera en ese lejano momento fue “una entidad privada no reconocida”. ¡Vaya si se le conoció y vaya si se le reconoció! ¡Si hasta incluso el Gobierno de la UCD, el de Adolfo Suárez, acudió a negociar con el FP las condiciones de entrega de los militares españoles! Por cierto, el Ejército español ¿era también “una entidad privada”? Porque este es el tipo de necedades a que lleva la ‘lógica’ del PSOE.

Sí, España era entonces la potencia colonial, la ‘madre patria’, la metrópoli, una “entidad pública reconocida” que había firmado su sentencia de muerte como ‘madre patria’ con los vergonzosos sucesos sangrientos de Zemla, la matanza de saharauis, la ‘desaparición’ y asesinato del dirigente saharaui Bassiri…, del que todavía hoy la ‘entidad pública reconocida” (gloriosos valores patrios) llamada España no ha dado razón alguna ni ha desclasificado los documentos secretos (¡Estado transparente y de Derecho!), a pesar de ser miembro de la ONU, la OTAN, la UE, el FMI y demás parafernalia de siglas de “entidades reconocidas” que parecieran dotar a este país de pasaporte, prestigio y ‘garantías de seriedad’.

El FP, señores del PSOE, fue RECONOCIDO por Naciones Unidas como representante legítimo del Pueblo Saharaui y desde entonces mantiene en Nueva York a su Representante ante la ONU: nuestro querido y llorado Ahmed Bujari hasta su fallecimiento hace unos años, y su sucesor Sidi Omar desde abril de 2018. La Representación legal y reconocida del pueblo saharaui no es, señores del PSOE, “una entidad privada no reconocida”, como pudiera serlo una frutería o un club de fútbol, señores del PSOE.

El Frente Polisario, como vanguardia del pueblo saharaui, ha librado muchas y muy dolorosas batallas, en los terrenos político, diplomático y militar, como para que vengan ahora unos memos ignorantes a tildarlo de “entidad privada”, de la misma manera que las contrapartes alauitas del PSOE y su maquinaria de desinformación, intoxicación y propaganda tratan de denigrarlo, chequera en ristre, intentando hacerlo pasar por “organización terrorista” (¿reconocida?, ¿privada?).

Muy al contrario, el FP es la vanguardia organizada del heroico pueblo saharaui, expulsado de su tierra, como los palestinos, abandonado por el Gobierno español (el franquista y el socialista), entregado a sus enemigos, y bombardeado por estos –los del abrazo fraternal y la propuesta de autonomía—con napalm y fósforo blanco, prohibidos –al igual que la invasión y ocupación—por la legislación internacional, esa que tanto respetan los Trump, Netanyahu y demás secuaces.

El pueblo saharaui (¿”entidad privada no reconocida”?), con el FP a la cabeza, proclamó su independencia, su Constitución y su propio Estado, la República Árabe Saharaui Democrática, RASD, que ha sido RECONOCIDA como Estado por al menos otros 84 Estados, aunque después, la chequera, los chanchullos, las presiones y los chantajes de Marruecos hayan hecho el trabajo, no ya sucio, sino repugnante de tratar de eliminar del mapa mundial a la RASD, al pueblo saharaui y a los principios del orden jurídico internacional basado en reglas.

El Polisario ha ganado en los Tribunales a Marruecos, a España, a la Comisión y al Consejo de la UE. A todos

La ONU reconoció al Frente Polisario. La Unión Africana (¿55Estados!) reconoció a la RASD. El FP mantiene embajadas en muchos países, a pesar de no contar con la chequera de que dispone Marruecos, engrosada con las dádivas financieras de España, la UE y las petromonarquías golfas, las que financian Muros de la Vergüenza, impunemente asesinan y desaparecen Kashogis y cobijan a eméritos huidos.

A lo largo de varios años, y mediante una serie de sentencias sucesivas, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado la razón al Frente Polisario como representante legítimo del pueblo saharaui –como ya hicieran la ONU y el TIJ en 1975—y le ha reconocido su capacidad jurídica activa. Y el FP ha ganado en los Tribunales a Marruecos, a España, a la Comisión y al Consejo de la UE. A todos.

Y ahora vienen los iluminados del PSOE y dicen que el Frente Polisario es “una entidad privada”. Solo les faltó añadir eso de “sin fines de lucro”. Vamos, como un club de fútbol de tercera categoría. De lo que se deduce que en ese partido sobran los estudios universitarios y que han perdido el Norte. O algo mucho peor, si es que alguna vez lo tuvieron: la conciencia y la ética.

Luis Portillo Pasqual del Riquelme es Doctor en Ciencias Económicas; miembro del Centro de Estudios sobre el Sáhara Occidental (CESO) de la Universidad de Santiago de Compostela, y autor de En defensa de la Causa Saharaui. Testimonios de Denuncia, Solidaridad y Resistencia (Círculo Rojo, 2024).

Fuente: https://www.elindependiente.com/opinion/2025/06/07/el-frente-polisario-y-el-cinismo-de-los-cretinos/

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Susan Brownmiller, la activista feminista estadounidense que habló de la violación como el instrumento sistemático de control y poder masculino sobre las mujeres, ha muerto a los 90 años en un hospital de Nueva York. Sus reflexiones a este respecto la convirtieron en la década de los 70 en la precursora de un nuevo lenguaje para hablar de la violencia sexual que ha llegado nuestros días.

Aquellas tesis disruptivas y atípicas para sectores conservadores de la sociedad de la época fueron la base de su libro ‘Against Our Will: Men, Women, and Rape’ (Contra nuestra voluntad: hombres, mujeres y violación), publicado en 1975.

En él, Brownmiller plasmó una definición de la violación como una cuestión política y social, y no solo legal o individual, y colocó la violencia sexual en el centro del discurso feminista de la segunda ola. Con ello, contribuyó a importantes reformas legislativas en EE.UU., incluyendo la penalización de la violación dentro del matrimonio.

La neoyorquina está reconocida como una de las intelectuales feministas más influyentes de su tiempo y su obra está incluida en la Biblioteca Pública de Nueva York entre los 100 libros más importantes del siglo XX.

Un legado que cambió el feminismo

La influencia de Brownmiller, apellido que adoptó como seudónimo en los años 60, es incontestable y perdura tanto en el activismo feminista como en el desarrollo de los estudios de género, además de en la legislación sobre violencia sexual actual.

Como cofundadora del colectivo Women Against Pornography en los años setenta, defendió una crítica feminista a la representación degradante de las mujeres en los medios. No obstante, nunca apoyó la censura. Una visión que está cobrando fuerza en la cuarta ola del feminismo vigente en la última década.

Susan Brownmiller no se casó ni tuvo hijos. En varias entrevistas señaló que fue una decisión consciente en el contexto contracultural y feminista de su época. Fue nombrada ‘Mujer del Año’ por la revista Time en 1975, y su legado es ampliamente reconocido en el feminismo contemporáneo. Gracias a él se establecieron centros de ayuda y atención para las víctimas de violación.

Susan Brownmiller nació el 15 de febrero de 1935 en el barrio neoyorkino de Brooklyn. Su andadura periodística le llevó a medios como el ABC News, Newsweek y The Village Voice. Además, se involucró activamente en el movimiento por los derechos civiles y en las protestas contra la guerra de Vietnam durante los años sesenta.

Además, es autora de varios ensayos como Femininity (1984); Waverly Place(1989), una novela basada en un caso real de asesinato infantil; In Our Time: Memoir of a Revolution (1999), una autobiografía sobre el movimiento feminista, o My City High Rise Garden (2017), sobre su experiencia cultivando un jardín en un rascacielos de Nueva York.

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Fuente: https://noticiasparamunicipios.com/ellas/muere-susan-brownmiller-la-precursora-de-los-centros-de-atencion-a-victimas-de-violacion/

El grito de ¡¡¡Palestina libre!!, ¡¡Israel genocida!!, crece en las calles, pero los jefes de estado y gobiernos de las democracias neoliberales se niegan a escucharlo. Es claro que los opresores son los enemigos, no los judíos, menos aquellos que padecieron la brutalidad nazi, que les marcó con estrellas su pecho, puso brazaletes en sus brazos y números en sus cuerpos, los encerró en ghetos con alambradas y cínicos letreros de “zona residencial de judíos”, los trató de ratas y cerdos, sin agua, ni comida hasta enfermar, morir o ser trasladados en trenes a los campos de trabajo y de exterminio, de los que nunca regresarían, salvo los pocos que lograron escapar. El final del primer holocausto, como genocidio de la Alemania nazi, contra el pueblo judío, fue planeado en la conferencia de Wannese en 1942, por los más selectos nazis que coordinaron la implementación de la “solución final”.

     El segundo holocausto, parece responder al plan trazado por el gabinete de guerra reunido en la conferencia de octubre de 2023, realizada en el despacho del primer ministro de Israel en Jerusalén liderada por Nethanyahu, que discutió las estrategias de la ofensiva de eliminación y destrucción del pueblo palestino. La deshumanización, inició con frases como que los palestinos son animales del rabino Meir Mazuz, que se opuso a aprobar cualquier ayuda humanitaria y el ministro de defensa Yoav Gallant afirmando que Israel estaba luchando contra animales. Los dos genocidios tienen en común prácticas atroces, inimaginables, despiadadas. El primero es contado por miles de archivos, museos y memoriales para hacer que la memoria impida que el horror se repita contra judíos o contra cualquier otro pueblo. El segundo holocausto ocurre en el presente, es visto en directo por el mundo entero, día a día y es ejecutado por judíos del Israel sionista, que ni son todos, ni nunca lo serán.

     Los hechos definen delitos internacionales de lesa humanidad y crímenes de guerra, establecidos así por el estatuto de roma, sus hostilidades no distinguen ni respetan civiles, ni hay proporcionalidad de su fuerza, bajo ningún enfoque caben en el marco de protección del antisemitismo. Son genocidas del siglo XXI, que debía ser el tiempo de los derechos, no acatan derecho, norma, ley, clamor o ética. Dejan claro que su poder y capacidad de daño no necesita pretextos para perseguir a la gente palestina, a esa sí toda, causarle dolor y sufrimiento, marcarlos, enumerarlos, torturarlos, forzarlos a desplazarse y asesinarlos de todas las maneras más brutales posibles, desde el vientre hasta el último suspiro.

      Adelantan su plan de exterminio monitoreado por altos mandos del sionismo, para quienes “sus miedos dominan sus mentes y sus conciencias” (film: valle de lobos: palestina), en el fondo saben que toda arrogancia de poder y de crueldad tiene final, aunque se sientan invencibles para extenderse a otros territorios en su propósito criminal -como lo hace el cáncer en el cuerpo del líder-. Han empezado a creer que su enemigo ya no solo es el pueblo palestino, sino que todo el mundo que no sea judío es su enemigo y que adentro también hay enemigos. El mundo ve lo que pasa en Gaza, la destrucción total de ciudades, casas, universidades, hospitales muerte encima y debajo del suelo, torturas en las cárceles donde antes de iniciar la “solución final” ya había 10.200 presos palestinos, 400 de ellos niños y 37 mujeres, sin juicio, nada se sabe, nadie da razón ( BBC Mundo; el país), como tampoco nadie con un solamente un poco de razón y sentido de humanidad, podrá negar que allí no hay una guerra si no un genocidio, ni podrá decir que siquiera uno solo de los más 30.000 niños asesinados estaba armado, en resistencia o intifada con piedras disparándole a los tanques.

      Los genocidas desaparecieron todo derecho de sus declarados enemigos palestinos que hace 80 años los recibieran en su suelo derrotados por el mismo horror nazi que los sionistas hoy replican contra ellos, con más tecnologías y con la complacencia del silencio  de las mismas “democracias” del norte, que le enseñaron al mundo a hablar de derechos, leyes justas, tolerancia y respeto y que aliadas derrotaron a los nazis y promulgaron la declaración universal de derechos humanos para todos los humanos y escribieron los convenios de ginebra para impedir el sufrimiento provocado por la barbarie. No levantan su voz, calculan y negocian, no les importa el valor de la vida de la gente palestina del campo de concentración llamado Gaza, hacia donde miran los billonarios para invertir.

    Nadie se escapa de haber visto el horror compuesto de escombros, miseria, huesos esparcidos junto a cráneos, manos, piernas y trozos de bebes, que no le hielan la sangre a los victimarios, si no que los impulsa. Quizá por eso, el mismo día que los responsables de este segundo holocausto sean juzgados y condenados al desprecio universal, también los demás humanos del planeta seamos llamados a responder -ante un figurado tribunal de conciencia universal- por haber dejado solos a quienes representaban a la humanidad. Talvez sea el dolor el que nos haga recordar la humanidad perdida, porque, en todo caso, la conciencia nunca está del lado de la crueldad, como tampoco la esperanza sola resulta suficiente para impedir la masacre diaria, que ojalá pronto le ceda el paso a la razón humana y la próxima generación sepa lo ocurrido contado en similitud al relato del niño Alex de “la isla de Bird Street” (Krag Jacobson, 1997) o de “el pianista” o del “Soah”, y se pueda entender el horror de lo ocurrido, esta vez ejecutado por ascendientes de las víctimas del primer holocausto.  

El calificativo de que Israel es un Estado nazi, no tiene un afán propagandístico o mediático, sino que expone la alarmante situación a la que se enfrenta el pueblo palestino. Tomando como base los estudios de Atilio Boron y Andrés Tzeiman, se puede señalar que las peculiaridades del nazismo son:

1. El nazismo es constituido y constituyente del imperialismo, es su rostro nacional. 
2. Esta impulsado por una burguesía monopólica nacional expansionista, es decir, con aspiraciones transnacionales.
3. La política expansionista se ejerce por medio de la guerra, la ocupación y vaciamiento de territorios colonizados.
4. El nazismo en dimensiones políticas no es solo una forma particular de gobierno, expresa la constitución de un Estado-dictadura de la burguesía nacional monopólica donde opera una ruptura radical con las formas democrático burguesas, los derechos democráticos, los derechos humanos, etc. y por tanto con la ideología democrático-liberal. 
5. El Estado adquiere un carácter terrorista produciendo un cambio cualitativo en la forma de dominación y en la forma de Estado liberal. Las instituciones políticas y jurídicas de la democracia son abandonadas.
6. El nazismo materializa los intereses políticos de las elites económicas y políticas revestidos de ultranacionalismo, cuya dictadura amalgama el espíritu nacional-popular con ideologías racista, xenófoba y la persecución de minorías. 
7. Esta dictadura es de tal radicalidad que la deshumanización del “otro” es orgánica, con lo cual se genera la condición de posibilidad de su exterminio. 
8. En el nazismo aparece un culto a la glorificación de la violencia y la guerra, por lo que es casi “natural” resolver las disputas políticas o crisis a través del belicismo y el militarismo. 

Como se ha evidenciado bestialmente en el último año, en el Estado de Israel operan formas de cada uno de estos componentes del nazismo.

1. Israel siempre ha representado una cabeza de playa de los intereses imperialistas de Estados Unidos y Occidente sobre los recursos energéticos de medio oriente. Funciona como un desestabilizador de la región y opera para que las naciones árabes no constituyan una gran alianza. 
2. La ocupación militar, vaciamiento y despojo del territorio palestino, y las intenciones de ocupar territorios en El Líbano, Siria, Jordania y Egipto, son muestra de s ulógica expansionista.
3. La política de apartheid en Gaza y Cisjordania y la conversión de Gaza en un campo de concentración.
4. El ultranacionalismo sionista que sistemáticamente se encuentra en una campaña de humillación y degradación de la identidad nacional palestina, además de la criminalización, proscripción y destrucción de la cultura e identidad palestina. 
5. La deshumanización del pueblo palestino para justificar políticas de limpieza/exterminio étnico y genocidio: el hambre como política, el infanticidio sistemático y el vaciamiento del territorio de Gaza
6. La glorificación del belicismo, su exhibición mediática y exaltación de los crímenes contra el pueblo palestino.

Todo lo anterior son practicas abiertamente nazis. De ahí que el concepto de nazi-sionimo sea tan acertado para exponer el contenido esencial y la forma concreta del estado de Israel.

El nazismo, como sistema estructural y sistemática de opresión, aparece históricamente como “forma particular de contrarrevolución burguesa con base de masas”.  Es por ello que en la década de los 30, Londres y Washington no vieron mal el ascenso y la expansión del nazismo que funcionaba como muro de contención y enemigo del comunismo. Hoy occidente, sus burguesías imperialistas y centros de poder en Washington, Bruselas, Berlín, Londres o Paris, no cuestiona con severidad el crecimiento, expansión y los crímenes de lesa humanidad cometidos por el sionismo, porque expresa los intereses económicos y políticos imperialistas en medio oriente.

Es verdad que en Occidente existe un ascenso de la ultra derecha y las agrupaciones fascistas: En Ucrania se financian milicias nazis como el Batallón Azov quienes encabezaron el exterminio de la población ruso parlante en las regiones de Donbast y Donetsk: en Italia gobierna el partido de ultraderecha Hermanos de Italia; en Francia el Frente Nacional de Jean-Marie Lepen cobra cada día mayor fuerza; en Hungría el movimiento de filiación fascista por una Hungría Mejor (Jobbik) crece: en España la agrupación VOX mantiene su presencia en el parlamento; en Portugal el partido nazi Chega obtuvo representación en el parlamento, y; en Alemania, los nazis entraron después de décadas al poder legislativo. Pero por el momento, ninguna de estas fuerzas fascistas o de ultra derecha han logrado imponer su dictadura, ya sea por resistencias internas o externas, a diferencia de la dictadura sionista que se ha impuesto sobre Palestina. 

Por ello, no sorprende que los fascistas, como Eduardo Verástegui, Milei, Trump o el bolsonarismo, miren con sádica “admiración” los bestiales e inhumanos crímenes cometidos en los territorios de Gaza y Cisjordania por Tel-Aviv. La ultra derecha del mundo, tiene en el sionismo su ejemplo, de ahí la amenaza histórica que representa.

El éxito del sionismo como nueva forma del nazismo es una amenaza para la humanidad y no solo un problema de los palestinos, como los indolentes liberales o socialdemócratas quieren hacernos pensar. Los bombardeos sincronizados de israelíes contra Siria, Líbano, Irán, Irak y Yemen, o que soldados sionistas se atrevan a disparar contra una delegación diplomática de al menos 20 países, son muestra de la sínica máquina de guerra que representa.   

Al igual que hace 80 años con la derrota de los nazis, no esperamos que sean las burguesías de occidente y los gobiernos lacayos al imperialismo quienes detengan el genocidio. Serán los pueblos y los gobiernos verdaderamente populares. Las masivas movilizaciones en Inglaterra, Canadá, Francia, España y otros países, están obligando a sus gobiernos, a tomar distancia y aislar, aunque aun tibiamente, a Tel Avid. 

Si el nazis-sionismo asciende, y la ultraderecha ve un referente practico en él, las fuerzas populares y democráticas, debemos prepararnos para recordarles que tendrán su nuevo Stalingrado. 

No podía ser de otro modo, y se logró. Con el ejercicio electoral realizado el 1 de junio el gobierno cuatroteísta ha logrado lo que se proponía desde que la reforma al Poder Judicial se planteó en febrero de 2024, incluso mucho antes. Una magra votación antecedida de múltiples irregularidades y que muy pocos se atreverían a presumir como dechado de pulcritud, ha permitido, no obstante, aniquilar uno de los fundamentos constitucionales de la República: la división de poderes.

Lo que proclama la presidenta Sheinbaum cuando afirma que su elección judicial fue un éxito es eso: se consumó la apropiación de los órganos federales de justicia por la fuerza política que ya tenía en sus manos los poderes Ejecutivo y Legislativo. Lo que sus turiferarios en los medios de difusión y arrebatados amlólatras celebran es la inauguración de un aparato de administración de justicia marcado indeleblemente por el color partidario guinda. El golpe de Estado contra el Poder Judicial y el estado de derecho finalmente se consumó, satisfaciendo el apetito de control de la congregación de clanes que conforma el núcleo del Morena. Y sobre todo, la Suprema Corte de Justicia quedará casi por completo integrada por personajes directamente vinculados con el partido en el poder y especialmente con López Obrador.

Complementariamente, los acordeones lograron que el grupo actualmente en poder del Ejecutivo y el Legislativo se hiciera también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del novedoso e inquisitorial Tribunal de Disciplina Judicial. Todo en familia. Ninguna impugnación electoral contra el Morena podrá proceder, y serán jueces morenistas los que vigilen y sancionen el desempeño de todos los juzgadores del país. Esta conformación se ha reproducido en las instancias de los poderes judiciales de las entidades federativas, de manera que la captura de la administración del marco legal sea completa.

Para poner una cereza al pastel, quedó como presidente de la Suprema Corte, como candidato más votado, un abogado oaxaqueño, funcionario federal de segundo nivel en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador del que hace una semana casi nadie había oído hablar, pero estaba en los acordeones oficiales. El electo tiene señalamientos, desde los propios pueblos indígenas por haber amañado las consultas en sus territorios para facilitar la construcción del Tren Maya en el sureste, y por encubrimiento de actos de acoso sexual contra mujeres indígenas.

Pero no faltan los inconvenientes. El muy alabado pueblo, en cuyo nombre dice gobernar el variopinto grupo que se ha instalado en el poder desde 2018, vino a contradecir la cantaleta del triunfo de la democracia y del éxito de la operación, dándole la espalda. Una operación, debe repetirse, exhibida previamente por las consabidas trampas que otrora esperábamos que fueran erradicadas desde que el PRI fue expulsado del Ejecutivo y de la mayoría de las instancias de gobierno. El voto corporativo del SNTE, de la central sindical que posee el senador morenista Pedro Haces y de otras agrupaciones; el acarreo, el uso político de los programas de asistencia social, la promoción del voto por autoridades y legisladores, prohibida por la ley pero “autorizada” por el siempre obsequioso Tribunal Electoral; y el novedoso recurso de los acordeones distribuidos masivamente por el oficialismo, no lograron conducir a los ciudadanos a los centros de votación y sí deslegitimaron el proceso.

Quedará como marca a hierro candente la del acordeonazo guinda como solución a esta muy cuestionable elección que siempre estuvo lejos de tener un consenso social, lo cual se vio agravado por el descarado trampeo. ¿Cómo, ahora, sostener que la reforma judicial de septiembre pasado fue “pedida” por el pueblo, si éste no acudió a respaldarla? ¿Cómo que por ella votaron en 2024, si no estaba incluida en la plataforma electoral del Morena ni de ningún otro partido? Una reforma ilegítima, que fue aprobada apresuradamente, sin el amplio debate que hubiera merecido una modificación constitucional de esa envergadura, por la mayoría artificialmente abultada en el Congreso y que, como remate, sólo fue respaldada por uno de cada diez posibles votantes. De éstos, más del 22% acudieron a la casilla a anular las boletas, escribiendo consignas o manifestando su desacuerdo con el proceso, o no supieron cómo llenarlas.

Como partido gobernante, Morena no vive ya sus mejores momentos. En las elecciones municipales realizadas simultáneamente a las judiciales en Veracruz y Durango se frenó su crecimiento y sufrió retrocesos importantes. En Durango frente al PRI y PAN; y en Veracruz, donde fue el partido que menos ayuntamientos ganó, a manos de Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo. Al interior del mismo Morena se mantiene soterrada pero creciente la inconformidad por la incorporación en cargos públicos o de elección popular de elementos priistas y panistas. Un inconformismo que puede dar, o está dando ya, lugar a rupturas locales de mayores dimensiones.

El contexto social en el que el proceso se realizó no es tampoco el más favorable al gobierno y el oficialismo. Mientras una minoría acudía a elegir juzgadores, el movimiento de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNTE, se extiende en diversas regiones del país y mantiene desde el 15 de mayo un gigantesco campamento en la plaza principal de la Ciudad de México demandando no solamente un incremento sustancial de salarios sino, sobre todo, la abrogación de la neoliberal ley del ISSSTE impuesta en 2007 por Felipe Calderón Hinojosa. Es una lucha predominantemente laboral y progresista por romper el régimen de retiro con fondos individuales de aportación y tasado en Unidades de Medida y Actualización (UMA), no en unidades salariales. La movilización de los maestros en los cuatro puntos cardinales del país ataca directamente las entrañas de la alianza histórica de los gobiernos nacionales con el caduco aunque actualizado charrismo sindical, y pone al desnudo la protección del gobierno de la autodesignada Cuarta Transformación al sector bancario nacional e internacional que obtiene en México las utilidades más altas en América Latina y superiores a las de sus matrices en otros países. No es una demanda que concierne sólo del sector magisterial, sino a todos los trabajadores del Estado en sus tres órdenes de gobierno.

El otro momento estelar de la lucha de clases en el país es el que se levanta desde el Frente Nacional por las 40 Horas. Si bien el gobierno de Claudia Sheinbaum ha reconocido que la reducción de la jornada laboral —invariada desde 1917, cuando se estableció en el artículo 123 de la Constitución— es legítima, ha diferido su aprobación legal hasta 2030, después de consultarla con el sector patronal, y ha retrasado la instalación de las mesas para discutir su reglamentación. Paulatinamente, el movimiento ha ido cobrando importancia en regiones como el Valle de México, la frontera norte y otros lugares, así como en las redes sociales.

Aunque aparentemente desconectados, estos hechos hablan del desgaste del consenso que Morena y sus gobiernos han logrado y del agotamiento de su falaz discurso sobre la lucha contra el neoliberalismo y la corrupción. Si bien la presidenta mantiene un alto nivel de aprobación, de 73 por ciento, según la encuesta más reciente de El Universal —diez puntos menos que en febrero pasado—, la imagen pública de su partido, cada vez más poblado por sujetos indeseables provenientes de las derechas del país, el nepotismo rampante que lo domina y sus pugnas interiores, muy adelantadas, tanto por el control de la Cámara de Diputados y un gran número de gobiernos locales en 2027 como por la candidatura presidencial en 2030, configuran un escenario que puede derivar en nuevas crisis del bloque gobernante. Sigue siendo necesario construir desde las luchas sociales un polo político independiente que enfrente la creciente derechización del régimen y sus afanes de centralización autoritaria del poder.

No hace mucho, el lenguaraz Gerardo Fernández Noroña, presidente en turno del Senado, afirmó que el Morena va a seguir en el poder durante los próximos 40 años. Y la senadora también morenista Margarita Valdez Martínez, en una declaración que no puede sino recordarnos las pretensiones de trascendencia del Tercer Reich, afirmó que la “Cuarta Transformación” no saldrá del Palacio Nacional en un milenio. Ominosos y ridículos presagios de aniquilación del Estado moderno como lo ha conocido el mundo occidental, que no se cumplirán. La sociedad mexicana irá reaccionando, y comienza a hacerlo ya, para frenar el completo perjuicio político y social con que nos amenazan.

Eduardo Nava Hernández. Politólogo – UMSNH.

Por más tramoyas, malabarismos semánticos e intentos de blanqueo que haga el régimen colonialista de Benjamin Netanyahu, lo que ocurre desde el 7 de octubre de 2023 en la franja de Gaza se tipifica como genocidio (del prefijo griego genos, que significa raza o tribu, y el sufijo latino cide, que significa asesinato), y está reconocido y codificado por la ONU como delito de lesa humanidad. Hay que terminar, pues, con el mito de la guerra en Gaza. Y con las falsas equivalencias –diseminadas por el Mossad, la CIA y el MI6– entre una potencia militar nuclear regional, que cuenta con el apoyo irrestricto y la complicidad de EU y la OTAN, y la inclaudicable resistencia de un pueblo que lucha por su autodeterminación en los territorios palestinos ocupados por Israel desde 1967. 

Según el derecho internacional, Israel es una potencia ocupante y ha estado impulsando una lógica genocida que es parte intrínseca de su proyecto colonial de asentamiento en Palestina. La naturaleza y escala abrumadoras del asalto israelí a Gaza ha superado los límites de lo inimaginable. Desde su creación, Israel tipifica como un Estado canalla (rogue state o nación fuera de la ley), que no se considera obligado a actuar de acuerdo con las normas de la Carta de la ONU. Y en la actualidad, cada vez más desacreditado a escala internacional y erosionado el falso recurso del antisemitismo para estigmatizar a sus críticos, el asesino serial Netanyahu sigue aferrándose a la “teoría del loco”, concepto usado por Richard Nixon, pero que, según Noam Chomsky, fue ideado en los años 50 del siglo pasado por el Partido Laborista de Israel, cuyos líderes “predicaban a favor de los actos de locura”, según recordó en su diario el ex primer ministro Moshe Sharett, y advertían que se volverían “locos” o potencialmente “fuera de control”, para beneficiarse y con una extraordinaria fuerza destructiva a su disposición –como en la actual coyuntura–, obligar a sus adversarios a inclinarse ante su voluntad, por temor. 

El 20 de mayo, el líder del Partido Demócrata israelí, general retirado Yair Golan, denunció en la emisora pública Kan que Israel está “matando a bebés como pasatiempo” y podría convertirse en un “Estado paria” si no actúa con racionalidad y deja de cometer atrocidades contra civiles en Gaza. En el paroxismo de su perversión, Israel ha transformado Gaza en un mundo sin civiles; en un espacio donde toda la población es un enemigo que debe ser eliminado o desplazado por la fuerza. El 24 de mayo, la relatora especial de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, denunció que el bombardeo israelí de la casa de la pediatra Alaa Al-Najjar, que mató a nueve de sus 10 hijos, representaba un “patrón sádico distintivo de la nueva fase del genocidio”. La doctora recibió los cuerpos de sus hijos envueltos en mortajas blancas mientras trabajaba en el hospital al-Tahrir del Complejo Médico AlNasser; ocho estaban carbonizados. 

Albanese sabe de qué habla. El 1º de julio de 2024, durante el 55 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de la ONU, presentó el informe Anatomía de un genocidio, donde, en su primera línea, apenas tras cinco meses de operaciones militares y bombardeos de saturación del ejército de ocupación, consignaba que “Israel ha destruido Gaza”. El informe concluía “que hay motivos razonables para creer que el umbral a partir del cual puede decirse que Israel ha cometido genocidio ya se ha alcanzado”. Once meses después, el horror se ha multiplicado. 

Una de las principales conclusiones del documento era que el gobierno de Israel “ha distorsionado de manera intencional los principios del jus in bello (rama del derecho sobre el uso de los medios y modos de hacer la guerra), subvirtiendo sus funciones de protección en un intento de legitimar la violencia genocida contra el pueblo palestino”. Otra conclusión clave era que “Israel ha invocado estratégicamente el marco del derecho internacional humanitario como ‘camuflaje humanitario’ para legitimar su violencia genocida en Gaza”.

Acuñado por el abogado polaco Raphäel Lemkin en 1944, el genocidio, como negación del derecho de un pueblo a existir y el posterior intento (consumado o no) de aniquilarlo, es un proceso, no un acto, y conlleva modos de exterminio y destrucción, que van desde la eliminación física hasta la desintegración forzosa de las instituciones políticas y sociales, la cultura, la lengua, los sentimientos nacionales y la religión de un pueblo. El objetivo de los colonialistas israelíes es hacerse de las tierras y los recursos de los palestinos, y sus métodos, señala el informe, incluye la expulsión, la restricción de movimientos, las matanzas masivas, la asimilación y la prevención de nacimientos. Dice: “De esos actos, la aniquilación genocida constituye la cúspide”. Agrega que “el genocidio no puede justificarse bajo ninguna circunstancia, incluida la pretendida defensa propia”. Además, “la complicidad en el genocidio está expresamente prohibida, suscitando obligaciones para terceros estados”. 

El informe exhibe como “pruebas directas” de la intención genocida, la “vitriólica retórica” deshumanizante de Israel, incluidos el presidente Isaac Herzog, el premier Netanyahu y el ministro de Defensa, Yoav Gallant, quienes han llamado a “extirpar el mal de raíz” en nombre de “los estados y pueblos… civilizados” (sic), calificando a los palestinos de “monstruos”, “animales humanos”, “cucarachas”, así como la del portavoz de las Fuerzas de Defensa, Daniel Hagari, quien instó a “maximizar los daños”, lo que “demuestra una estrategia de violencia desproporcionada e indiscriminada”. El implacable ataque israelí, que ha provocado el colapso de la infraestructura vital esencial de los gazatíes, se compadece con las intenciones declaradas de hacer de Gaza un lugar “en que la vida sea imposible de forma permanente” y donde “no pueda existir ningún ser humano”.

Lo peor es que para justificar la sistemática violencia letal contra los civiles palestinos, Israel usa términos del derecho internacional humanitario, como “escudos humanos” (pero atribuidos a Hamas, siendo una práctica habitual del ejército israelí según Ap y La Jornada, 25/5/25), “daños colaterales”, “zonas seguras” y otros, como forma de distorsionar las leyes de la guerra; como “camuflaje humanitario”, dice el informe, que le permita atacar “legítimamente” a la población civil de Gaza y sus infraestructuras vitales. Ergo, Israel ha caracterizado el territorio como objetivo militar, aboliendo de facto la distinción entre objetivos civiles y castrenses. 

El 28 de abril, Norman Finkelstein señaló que por su modus operandi, la “solución final israelí a la cuestión de Gaza” constituye un “genocidio abierto”. De allí que la nueva Nakba en curso debe detenerse; es un imperativo categórico que debemos a las víctimas de esta tragedia.

“Ahí, esas casas que se ven ahí abajo, eso es Arabia Saudita”, nos dice un compañero apuntando al extenso valle que nace bajo las montañas del memorial a los caídos en la primera guerra de Saada. El norte de Yemen recuerda al norte de Chile. Árido, rocoso, con imponentes montañas e interminables horizontes de tierra dura. Casas de piedra y barro. Rodando por Amran o Saada podríamos haber estado en algún camino precordillerano de Atacama o Antofagasta.

Si Hodeidah nos había mostrado la fiereza militar con su mítica defensa del puerto, y Sana’a encarnaba el poder político conquistado, de Saada emanaba la firmeza ideológica de este pueblo decidido a darlo todo por su libertad y la de Palestina. En Saada había nacido y resistido el movimiento Ansar Allah, y desde allí se había extendido al resto del país.

Tras 4 horas de viaje llegamos directamente a la Universidad, a un encuentro con autoridades políticas, académicas y estudiantes en general. La emoción de nuestros anfitriones, como nos explicaron, se debía a que habían pasado años de la última visita internacional a la zona. Sin conexión a internet por motivos de seguridad y aislada por la geografía y la guerra, no eran comunes dos extranjeros en febrero de 2025 en la capital de la Revolución Popular yemení.

La región más pobre del país más pobre. Históricamente olvidada, históricamente castigada. Sometida a bombardeos durante más de 20 años. Primero de parte del régimen proimperialista que gobernaba el país en la primera década de este siglo, luego de parte de sus millonarios vecinos saudíes y la enorme coalición mercenaria con participación de 17 países de la región, luego los Estados Unidos de NorteAmérica y, últimamente, la Entidad Sionista. Ninguno pudo someter a los habitantes de estas tierras.

La importancia de Saada -para entender los términos Houthi, Ansar Allah, Yemen– tiene su antecedente en los años 80 del siglo XX, cuando el sabio religioso musulmán zaidita Badreddin Al Houthi polemizó desde lo teórico, religioso y académico, contra la corriente wahabita del islam. Justo al otro lado de la frontera, en Arabia Saudita, el wahabismo promovía (y promueve) una práctica conservadora, reaccionaria y punitiva de la religión. El takfirismo, corriente practicada por Al Qaeda y Estado Islámico, nacida de y protegida por el wahabismo, considera infiel a todo musulmán que no siga esta práctica, justificando la guerra santa contra todo el que se oponga (excepto contra la Entidad Sionista).

En los años 90 el hijo mayor del sabio, Sayeed Hussein Badreddin Al Houthi, formó un movimiento político religioso, Ansar Allah (los partidarios de Dios). A través de éste, multiplicó el mensaje ya transmitido por su padre de una vida basada en la religión, el amor, la justicia y la cooperación. A las lecturas públicas se sumaron obras sociales y espacios de convivencia comunitaria. En lo teórico, agregó el antisionismo y el antiimperialismo como piedras angulares del proyecto político.

Identificó al Enclave Colonial Sionista como principal enemigo de la humanidad, y la liberación de Palestina como primer deber de todo el pueblo árabe y el mundo musulmán. Avisó ya desde la primera invasión a Irak en 1991, que el imperio avanzaría sobre Asia Occidental (llamado Medio Oriente). Postuló que sería a través de invasiones militares oficiales y también utilizando paramilitares religiosos.

Los (auto)atentados en las embajadas de EEUU en Kenia y Tanzania de 1998 y al USS Cole en Yemen el 2000, todos reivindicados por Al Qaeda, fueron correctamente interpretados por la joven organización como un preludio de lo que se venía. “Muerte a Israel” y “Muerte a Estados Unidos” empezaron a escucharse en las mezquitas y verse en los rayados de las calles cuando el nuevo siglo despuntaba. 

El derribo de las Torres Gemelas y la invasión de Afganistán en 2001 y la invasión de Irak en 2003, tuvieron su correlato en la orden directa dada el mismo año al presidente lacayo de Yemen: eliminar a “ese grupo que anda gritando por nuestra muerte en el norte del país”.

Así iniciaron las llamadas Guerras de Saada, seis guerras entre 2004 y 2009 lanzadas por el gobierno contra un movimiento inicialmente pacífico, de corte más bien social religioso. Seis guerras que sólo sirvieron para fortalecer política y militarmente a Ansar Allah, que terminó controlando de facto toda la región norte del país, y para desgastar al gobierno lacayo que terminaría por caer un par de años después.

Pese a ser un movimiento pacífico, en Yemen tener un fusil es tan normal como tener un reloj, por lo que la supuesta operación militar que duraría un par de semanas terminó durando un año y necesitando de la ayuda de Arabia Saudita y EEUU para asesinar al líder Hussein Al Houthi y disfrutar de una victoria pírrica. La primera guerra de Saada marcaría el derrotero general de los años siguientes.

Apuntando una gran roca en el cerro aledaño, el gobernador nos cuenta de la cueva de los heridos, donde estuvo durante las últimas semanas del asedio a la cueva donde (apuntando ahora a una roca más pequeña, unos 500 metros arriba de la primera) el líder Hussein resistió el bombardeo directo, el incendio, la inundación y el asesinato de toda su familia antes de rendirse, ser asesinado igualmente (apunta unos 200 metros sobre la roca) y su cuerpo secuestrado por el régimen hasta ser rescatado diez años después por el pueblo. 

El hermano del líder e hijo menor del sabio, Sayeed Abdul Malik Badreddin Al Houthi, luego de emprender una forzosa retirada (ordenada por su hermano) al final de la primera guerra, reagrupó a los combatientes y desarrolló la técnica. Así a la fortaleza ideológica-religiosa y la legitimidad social, el movimiento sumó la capacidad militar que fue perfeccionando en cada guerra que le planteó el gobierno. Para el final de las guerras, en 2010, Ansar Allah ya era un movimiento con capacidad de administración y defensa de un extenso territorio, y gozaba de creciente simpatía en el resto del país.

Si bien la Primavera Árabe de 2011 echó abajo al viejo régimen, su lugar lo ocupó rápidamente Al Islah, franquicia local de los Hermanos Musulmanes, agrupación nacida en Egipto y asociada a la derecha política en el mundo islámico. Ansar Allah decidió, luego de apoyar y participar de la revuelta destituyente, no confrontar a Al Islah inicialmente y dar el beneficio de la duda al nuevo gobierno, esperando que resolviera los problemas urgentes que reclamaba la población: corrupción, inseguridad, salarios bajos y precios altos.

La corrupción siguió y las viejas prácticas políticas también, hasta que un día de septiembre de 2014 y luego de un nuevo anuncio del gobierno de aumento en las tarifas de los servicios básicos, el líder Abdul Malik convocó al pueblo a salir a las calles y hacer, ahora si, la revolución continuamente defraudada durante todo el intento restaurador del nuevo régimen. Y la gente salió. Y Ansar Allah avanzó desde su bastión del norte hasta tomar la capital, Sana’a.

El mismo bus que vemos calcinado en un altar del mausoleo a cielo abierto, transportaba ese 9 de agosto de 2018 a los 36 niños que hoy ocupan las tumbas aledañas. Atrás, una maqueta del F-16 justo después de lanzar la bomba y los cuerpos repartidos por la calle y los edificios. Al lado, una gigantografía con la foto de cada niño y de los 7 adultos que los acompañaban, y la leyenda “no los olvidaremos”. El conductor del bus, sobreviviente, nos cuenta cómo se había bajado a comprar unas cosas en el almacén para seguir el paseo escolar planificado, cuando de pronto escuchó el estruendo. Jamás pensó caminando al lugar, que el objetivo habían sido los niños. Estaba en paz, pero las pesadillas aún lo despertaban en la noche.

Desde 2015 y hasta 2022, estas fueron las perlas que dejó la guerra de agresión impuesta por el gobierno derrocado y exiliado. Con tropas sudanesas, pilotos saudíes, logística británica, inteligencia y bombas gringas, y mucho dinero emiratí, saudí y, en menor medida, qatarí. No existen por cierto, casos documentados de ataques a civiles de parte de las fuerzas de Ansar Allah. Pero tampoco es que la guerra paró porque la ONU condenó el ataque y los saudíes pidieron perdón y dejaron de bombardear. Los pueblos que deciden no rendirse ante la violencia opresora (nacional o extranjera) sólo tienen una opción: la victoria militar. 

Fue así como, a partir del cuarto año de guerra, los combatientes de las Fuerzas Armadas de Yemen bajo el liderazgo de Abdul Malik Al Houthi y el gobierno de Ansar Allah, iniciaron una contraofensiva bombardeando refinerías de petróleo en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Al igual que los gringos en días recientes, al ver las pérdidas económicas y la imposibilidad de neutralizar la voluntad y capacidad militar, y viéndose directamente atacados sin capacidad suficiente para defenderse, las petromonarquías establecieron un alto al fuego unilateral, que el gobierno de Ansar Allah respetó.

Pese a que desde hace ya once años gobiernan al 75% de los 35 millones de yemeníes a través de un parlamento plural y un consejo de gobierno compuesto por políticos oficialistas y de oposición en la misma proporción; pese a que han asumido todas las funciones de administración del Estado; pese a que la migración sucede desde las zonas controladas por el enemigo hacia las zonas controladas por la Revolución; pese a que el gobierno títere exiliado en Arabia Saudita ni siquiera controla las zonas fuera del control de Ansar Allah ya que son controladas por Emiratos Árabes Unidos.

Pese a todo lo anterior, el relato hegemónico es que en Yemen no existe gobierno. Que lo que hay son unos locos en sandalias que se llaman houthies y lanzan cohetes. Los más informados dirán que los houthies forman un movimiento llamado Ansar Allah y este movimiento (denominado terrorista por EEUU) es el que bombardea el Mar Rojo. No se dice “Gobierno Yemení”, sino “Rebeldes Houthies” o “Grupo Ansarolá” de Yemen. Es como decir “los rebeldes chavistas de Venezuela” para validar a Guaidó o “los rebeldes jinpinistas de China” para validar a Taiwán. 

Imposible no hacer el alcance de que esta absurda situación impuesta por las petromonarquías es acatada en vergonzante silencio por el Sur Global en su conjunto. Desde Cuba y Venezuela hasta China y Vietnam, ninguno reconoce al gobierno legítimo de Ansar Allah en Yemen, manteniendo su reconocimiento al gobierno títere en el exilio, culpable por cierto de horrorosos crímenes de guerra.

En la inmensa mayoría del mundo árabe y del mundo musulmán, la cuestión palestina es un tema central y muy sensible. No es culpa de los pueblos que inundan las calles exigiendo acciones a sus gobiernos, que los monarcas y dictadores que nadie eligió en Marruecos, Arabia Saudita, Jordania, Emiratos Árabes, Qatar, Bahrein, Sudán, Egipto o Siria permitan y normalicen el genocidio en Gaza y la ocupación colonial de toda Palestina.

Por primera vez en mucho tiempo los árabes y musulmanes de a pie no fueron decepcionados por sus gobernantes, quienes llevaron el discurso de defensa de Palestina esgrimido con desgano y sin convicción por todos los liderazgos regionales durante años, a la práctica. Es un hecho indesmentible que la popularidad de Ansar Allah al interior de Yemen, ya de por si mayoritaria, creció arrolladoramente cuando decidió (pese al desacuerdo y advertencia de su único aliado político, Irán) confrontar militarmente el genocidio sionista.

Han pasado tres meses de nuestro viaje, tres meses en los cuales casi todos los lugares que visitamos han sido bombardeados, algunas personas que conocimos han sido asesinadas. Tres meses durante los cuales la primera potencia militar del mundo realizó una ofensiva “durísima” como dijo el mismo Donald Trump, intentando destruir hangares de misiles y drones, asesinar al liderazgo y aterrorizar a la población civil. Luego de perder decenas de drones de última generación, tres aviones F-16 y quedar inutilizado un portaaviones, asumieron el fracaso en los tres objetivos, dejaron de matar civiles y pidieron un alto al fuego a través de Omán, que el gobierno yemení de Ansar Allah respetó, aclarando que la guerra contra la Ocupación en Palestina no era parte del acuerdo.

El momento ha llegado. Hace unos días finalmente la Entidad Sionista bombardeó directamente Yemen. Todos sus aliados la han abandonado en la cuestión yemení. Arabia Saudita y Emiratos Árabes, Inglaterra y EEUU. Nadie se atreve a volver a interponerse en el camino entre Yemen y sus deberes morales y religiosos. La Entidad deberá pelear su guerra por si misma, y no contra civiles desarmados e infancias, como hace en Gaza y Cisjordania, sino contra las Fuerzas Armadas de la República de Yemen y su pueblo irreductible. Con decisión inquebrantable en la defensa de Palestina, Yemen libre, querido e independiente vencerá, el sionismo oscurantista y colonial será derrotado, y la luz encendida en Saada alumbrará el camino a Jerusalén liberada.

Roberto Bermúdez Pellegrin, presidente Fundación Raúl Pellegrin. Pablo Sepúlveda Allende, presidente Fundación Latinoamericana Dr. Salvador Allende. Médicos chilenos internacionalistas

No tenemos que asumir con resignación que estamos condenados a padecer a perpetuidad las secuelas de un pésimo diseño institucional en materia de administración de justicia.

La elección judicial se efectuó con una bajísima participación ciudadana, lo que debe entenderse como expresión inequívoca de que debe revisarse su diseño.

De acuerdo con las autoridades electorales, participó alrededor del 13 % del padrón electoral. Más que en la consulta sobre la investigación de expresidentes, menos que en la revocación de mandato del pasado sexenio y mucho menos que cualquier elección intermedia o sexenal.

Claramente, el tránsito a un modelo de jueces electivos no generó en la ciudadanía el entusiasmo democrático que sus impulsores anticipaban. Y así como en el pasado se insistió en que el mandato de las urnas en 2024 era de un incuestionable respaldo a la agenda del llamado “Plan C”, ojalá que ahora con algo de humildad se acepte que el desdén de los mexicanos y las mexicanas frente a la elección judicial es un mensaje de interpretación obligada.

El 87 % de los ciudadanos registrados en el padrón no acudieron a las urnas, dando la espalda a la jornada, que para mayor tristeza quedó marcada por la inexplicable presencia militar en el espacio emblemático del Instituto Nacional Electoral.

Y a ello habría que añadir, claro está, los enormes costos del proceso: el de dejar afuera recursos humanos valiosos y honestos que hacían parte de los poderes judiciales, y que no se ajustaban a las generalizaciones burdas que el Ejecutivo hizo; el de la imagen internacional del país, pues la cobertura mayoritaria de la prensa internacional no fue positiva, y el propio costo del proceso, en un contexto de estrechez presupuestal y múltiples necesidades. 

Basta con considerar lo que habrían significado los 40 mil millones de pesos que se se calcula que costó esee proceso, en agendas tan urgentes como el rezago forense que afecta a las familias de personas desaparecidas.

La baja participación en la elección judicial, en suma, debería llevar a revisar el modelo de personas juzgadoras electivas, e impulsar reformas sobre los aprendizajes que deja este fracasado ejercicio. No tenemos porqué asumir con resignación que estamos condenados a padecer a perpetuidad las secuelas de un mal diseño institucional en materia de administración de justicia.

También debería llevar a una reflexión más amplia sobre lo que sigue respecto de la culminación del llamado “Plan C”. Porque si en breve avanza una reforma electoral que se discuta y apruebe como la judicial, se profundizará la senda de la erosión constitucional en el país.

Por lo pronto, hoy, en el día después, la injusticia que más le duele al país, esa que genera la impunidad de los poderosos y que tanto enojo justificado causa, permanece igual: se gesta en miles de averiguaciones y carpetas de investigación que duermen el sueño de los justos en fiscalías que no fueron tocadas por las reformas atribuladas que nos llevaron a la fallida jornada del domingo pasado.
Podrán cambiar la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los poderes judiciales de las entidades federativas, y posiblemente lo hagan peor con la elección del domingo, pero el nervio neurálgico de la procuración de justicia, las rebasadas fiscalías que prodigan la impunidad, hoy que despertamos como el dinosaurio de Monterroso, siguen allí.

Absurda interpretación del Instituto Nacional Electoral:

“No hay lugar a dudas”, la Constitución es clara en cuanto a que la persona que haya obtenido una cifra mayor en la contienda de ministros es quien presidirá la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), dijo la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei.

No puede remediar el INE lo irremediable. Tan baja participación no permite calificar a un grupo de mayoría, máxime que estaba tan seguro de la participación ciudadana que no previó el porcentaje triunfador. Esa ridícula elección no puede presentarse como triunfo democrático porque no hubo planillas contendientes y no sólo porque la cifra de participación fue de 13 por ciento. 

En ningún documento el INE estableció que una cifra así alcanzada es suficiente para dar por triunfadores a unas pelagatos que aspiran a encabezar la Suprema corte de Justicia.

Si la presidente Sheinbaum logra que el INE imponga a unos candidatos triunfadores, estará cometiendo un error y su caída por marrullera será más rápida.

Israel alcanzó en 2024 un récord en sus exportaciones militares, llegando a los 13.000 millones de euros, y mantuvo a Europa como principal cliente, que compró el 54% del montante total, un cliente que asistió impasible al genocidio que lleva a cabo en Gaza, más allá de críticas tibias y reacciones tardías.

El Ministerio de Defensa israelí destacó que se trata del cuarto récord consecutivo, fruto de una subida interanual del 13%, pero que eleva el volumen de exportaciones a más del doble que hace cinco años.

Las revisiones de contratos pendientes no acaban de concretarse ni siquiera después de 20 meses de masacres diarias.

De hecho, el Ministerio israelí se jactó de que cerca del 57% de los acuerdos son «megacontratos» superiores a los 100 millones de dólares. En cuanto al tipo de producto exportado destaca, con un 48%, la categoría de misiles, cohetes y sistemas de defensa aérea. Las ventas sobre tecnología espacial, por su parte, se dispararon del 2 al 8%.

De hecho, Europa no solo no ha reducido sus compras, sino que en el terrible año 2024 pasó del 35% de las exportaciones al 54%, si bien el informe no diferencia las ventas por países. Le sigue a gran distancia la región de Asia-Pacífico, con un 23%, y los países árabes que firmaron los Acuerdos de Abraham –Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y Marruecos–  para normalizar relaciones con Israel, que no solo no han cortado relaciones sino que suman un 12%, frente al 3% anterior.

El infierno de los palestinos en Gaza ha sido el escaparate de Israel para vender sus misiles. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, presumió de un «tremendo logro» que considera «resultado directo de los éxitos» logrados en el campo de batalla de Gaza, Líbano, Yemen, Irán y en cualquier otro escenario donde ve «enemigos». «El mundo ha visto la fuerza de Israel y busca ser un aliado –insistió Katz–.  Los resultados operativos de la guerra y el rendimiento demostrado de los sistemas israelíes en el campo de batalla han generado una fuerte demanda internacional de tecnología de defensa israelí».

Añadió que Israel está dispuesto a seguir consolidando la industria militar para «garantizar la clara superioridad frente a cualquier amenaza, en cualquier lugar y en cualquier momento».

Alemania y Noruega seguirán vendiendo armas

Israel tiene también en Europa algunos de sus principales proveedores de armas, que ni contemplan la posibilidad de cortar esta relación. Precisamente, el ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, reiteró ayer que su Gobierno seguirá suministrando armas a Israel, porque este Estado las necesita para «defenderse». Wadephul reiteró que «la seguridad y existencia» de Israel son «razón de Estado» para Alemania. En  la misma sesión parlamentaria, una diputada de La Izquierda, Cansin Köktürk, fue expulsada por llevar una camiseta con la palabra Palestine.

El Parlamento de Noruega, rechazó varias propuestas para limitar las inversiones del fondo soberano en empresas israelíes o vinculadas a Israel que le vendan armas o contribuyan a la situación actual de los territorios palestinos ocupados.

También rechazó cambiar los criterios para la venta de armamento militar para excluir a empresas que utilicen las armas «de una manera que constituyan graves violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Humanitario».

En el Estado español, donde el Misterio de Defensa afirma haber suspendido la licencia de una empresa israelí para fabricar 168 sistemas de misiles contra carro Spike LR2, un informe del Centro Delás de Estudios por la Paz reveló que las importaciones de armas, tanques y otros materiales de guerra de Israel sumaron el valor de 36,7 millones de euros desde el inicio de la agresión contra en Gaza.

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, otro de los aliados de Israel, afirmó ayer en el Parlamento que la Franja de Gaza atraviesa por «días oscuros»  debido a la intervención militar israelí, que calificó de «intolerable» y «contraproducente». Mientras hablaba, fuera del Parlamento, centenares de personas en una cadena humana exigían a Starmer que imponga un embargo y sanciones contra Israel.

El Trinity de Dublín corta relaciones

A pesar de la lentitud de las respuestas, algunas instituciones van dando pasos en ese sentido, bajo la presión de movimientos sociales como los estudiantiles.

La universidad Trinity College Dublin (TCD) votó a favor de eliminar todos sus vínculos con otras instituciones académicas y compañías radicadas en Israel. El TCD pondrá fin a las inversiones, relaciones comerciales y colaboraciones académicas y de investigación, lo que afectará también al programa de intercambio Erasmus+ con universidades israelíes. Una investigación del “The Irish Times” constató que el Trinity tenía inversiones en 13 compañías israelíes, tres de la cuales figuran en una lista del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de empresas involucradas en colonias israelíes en Palestina.

También la Universidad de Ginebra, tras la movilización de los estudiantes, ha puesto fin a un acuerdo estratégico con la Universidad Hebrea de Jerusalén y no renovará el convenio con la Universidad de Tel Aviv, que finaliza en febrero próximo, aunque pidió que no se interprete la decisión como un boicot académico.
En el Estado francés, un grupo de asociaciones pidió ante un tribunal que impida que el Salón Aeronáutico de París, que se celebra del 16 al 22 de junio, reciba a empresas israelíes, argumentando que los proveedores de material de guerra participan en la «comisión masiva de crímenes internacionales» en Gaza.

Casi cien muertos en un día

Mientras tanto, el Ejército israelí mató el martes al menos a 95 personas e hirió a otras 440. Muchas de las víctimas eran padres que suelen ser los que van buscar comida con la que alimentar a sus hijos, después de que Israel forzara la creación del nuevo sistema militarizado de reparto de alimentos que ayer cerró todos sus puntos.

El jefe de asuntos humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, denunció que estas muertes son «resultado deliberado de la elección de Israel de privar sistemáticamente a dos millones de personas de bienes esenciales para sobrevivir».

Ayer mató a 41 personas más desde medianoche. Siete de ellas, incluidos tres niños, en ataques con drones en Yabalia y en Jan Yunis. El Ejército de Israel bombardeó además por undécima vez el hospital de los Mártires de Al Aqsa, en el centro de la Franja. También atacó zonas residenciales de Deir el-Balah y las tiendas de desplazados de Mawasi. 

Venta francesa

La eurodiputada Rima Hassan, a bordo de la Flotilla de la Libertad que se dirige a Gaza, pidió a Emmanuel Macron que el Estado francés detenga el envío de equipo militar a Israel. Una investigación de Disclose y The Ditch reveló ayer que París se prepara para entregar material de ametralladora al Estado israelí.

Flotilla

El Ejército israelí amenazó al barco Madleen, que se dirige a Gaza como parte de la Flotilla de la Libertad, afirmando que está «preparado para actuar en consecuencia» y evitar que lleguen a Palestina. Después de que el martes drones sobrevolaran el barco de forma repetida, los activistas a bordo han pedido que se envíe un correo electrónico a los diferentes Ministerios de Exteriores para pedir protección.

Fuente: https://www.naiz.eus/es/info/noticia/20250605/israel-tiene-en-gaza-su-escaparate-militar-y-en-europa-su-mejor-cliente-1

La omisión de una manifestación propalestina por parte de El País provocó una dura crítica del economista y activista Luis Portillo Pasqual del Riquelme. La polémica reabre el debate sobre el papel de los medios en la cobertura de conflictos internacionales y en la defensa de los derechos humanos.

El pasado 10 de mayo tenía lugar en Madrid una multitudinaria manifestación en solidaridad con el pueblo palestino, reclamando el embargo de armas a Israel y la ruptura de relaciones diplomáticas con ese Estado. Sin embargo, al día siguiente los lectores habituales de El País se encontraron con un silencio total en la edición impresa del periódico al respecto de esta movilización ciudadana.

La omisión no pasó desapercibida y desató una oleada de críticas de lectores. Entre ellas, la contundente carta de Luis Portillo Pasqual del Riquelme, economista, solidario con el pueblo saharaui y autor del libro “En defensa de la causa saharaui. Testimonios de denuncia, resistencia y solidaridad”,

En una misiva dirigida a Soledad Alcaide, Defensora del lector del diario,  Portillo expresó su profundo malestar por lo que calificó como una falta de sensibilidad y empatía informativa.

 Para Luis Portillo, resultaba evidente que la omisión del periódico de el Grupo Prisa  no puede entenderse como un simple error operativo, sino como una decisión editorial coherente con una línea que ha minimizado sistemáticamente la cobertura de ciertas luchas, como la del pueblo palestino o la del propio pueblo saharaui.

Una respuesta defensiva

 Por su parte, la defensora del lector, en su columna del  18 de mayo, titulada «Lo que les falta y lo que les sobra a algunos lectores», se excusaba atribuyendo la omisión d a  un «error de reflejos» por parte de la redacción, que «optó por cubrir la protesta convocada por el PP y Vox contra el Gobierno en la plaza de Colón, en detrimento de la manifestación propalestina».

 Según Borja Echevarría, director adjunto del periódico, la cobertura de Gaza es un eje central del medio, aunque se justificó la omisión señalando que “el periódico del domingo va muy armado” y “hay menos capacidad de reacción”.

Luis Portillo, sin embargo, rebatió esa explicación, calificando de «escandalosa» la falta de cobertura, especialmente cuando El País ha dedicado páginas enteras a actos políticos con asistencia marginal, como una concentración reciente en Callao con apenas mil personas. A su juicio, la ausencia de información no se debió a ningún topo de «error», sino a presiones o intereses de embajadas como las de Israel, Marruecos y Estados Unidos, y a la afinidad editorial del diario con las posiciones oficiales del Ministerio de Asuntos Exteriores. 

La línea editorial de El País y la causa saharaui

Portillo recordó, en este sentido, que año tras año El País ha ignorado las manifestaciones por el Sáhara Occidental que se celebran en Madrid en noviembre, coincidiendo con el aniversario de los Acuerdos Tripartitos de 1975. La denuncia efectuada por Luis Portillo se enmarca, por tanto, en otra  más amplia a la línea editorial del periódico que, a nivel estatal, responde y respalda la línea política del PSOE. 

 Desde que el Gobierno de Pedro Sánchez alineó su política exterior con el plan de autonomía propuesto por Marruecos para el Sáhara Occidental, El País, se ha esforzado por justificar esta postura a través de su línea editorial y las opiniones de sus periodistas asalariados y columnistas. 

 Editoriales recientes han defendido este giro como una adaptación al “realismo geopolítico”, dejando en segundo plano el principio de autodeterminación al que tiene derecho, según la legalidad internacional, el pueblo saharaui. Aunque el periódico ha cubierto algunas visitas oficiales de enviados de la ONU, como la de Staffan de Mistura, ha omitido reiteradamente las movilizaciones sociales que denuncian la ocupación marroquí.

Un lector comprometido

 Luis Portillo Pasqual del Riquelme no es un «lector cualquiera» del diario El País. Doctor en Ciencias Económicas, ha sido profesor universitario y es colaborador de medios críticos como Rebelión, AraInfo, Kaos en la Red y Canarias-semanal. En sus artículos denuncia no solo la ocupación del Sáhara, sino también la complicidad activa o pasiva de medios y gobiernos que blanquean esta situación.

En 2025, Portillo presentó su libro En defensa de la causa saharaui, una compilación de escritos y testimonios en apoyo al derecho del pueblo saharaui a decidir su destino. Su intervención en esta polémica no es, por tanto, un arrebato puntual, sino una expresión más de su compromiso político e intelectual.

   La controversia entre Portillo y la Defensora del lector de El País, Soledad Alcaide, pone sobre la mesa una cuestión de fondo: ¿quién decide qué merece ser noticia? ¿Quién define la relevancia de una manifestación, una causa, un conflicto?

   Como ha querido poner de relieve Luis Portillo, el silencio informativo selectivo jamás es neutro. En muchos casos es una forma de intervención. Lo que se omite también comunica. Por eso, esta polémica es más que un desencuentro puntual. Es un recordatorio de que la prensa corporativa, tiene la clara función de reforzar la ideología dominante necesaria para la reproducción del sistema. Aunque de vez en cuando tenga que enfrentarse a algunos lectores críticos dispuestos a interpelar a quienes se autodefinen como «El Cuarto Poder».

Fuente: https://canarias-semanal.org/art/37901/cuando-una-omision-lo-dice-todo-el-dia-que-el-pais-olvido-cubrir-una-manifestacion-por-palestina-y-el-sahara

El debate en torno a la elección del poder judicial se ha envuelto general y mediáticamente en un dilema maniqueo: conservadores vs transformadores, cuya colérica argumentación dista mucho de esclarecer su significado. ¿Representa un avance democrático o se instaura una dictadura? Veamos

1. La elección de los jueces por el pueblo y su revocabilidad en cualquier momento por decisión de la mayoría de sus electores, es una reivindicación socialista y revolucionaria. Vladimir Ilich Lenin decía que la “elección de los jueces por el pueblo”, es una proclama y consigna de clase, siempre y cuando estos impartidores de justicia procedan de la clase trabajadora. Es evidente que el carácter popular del poder judicial supone el triunfo de la revolución socialista y por tanto, la anulación de las leyes de los gobiernos burgueses derrocados, solo así el Partido del “proletariado da a los jueces elegidos por los ciudadanos la consigna de cumplir la voluntad del proletariado.”ⁱ En otras palabras, la plena instauración de un poder judicial popular solo puede lograrse cuando el Estado burgués sea abolido, de lo contrario, cualquier reivindicación popular y proletaria sobre el poder judicial tendrá límites y estará acotado por los márgenes del Estado capitalista.
2. Bajo la existencia del capitalismo y el estado burgués, la elección de los jueces y ministros por voto popular abre la posibilidad para que se convierta en un espacio de disputa de los sectores populares. En este sentido, se abre una arena de lucha en cuanto a la reivindicación de los derechos democráticos del pueblo trabajador, a saber: el derecho del acceso a la justicia (limitada por los márgenes del Estado burgués). Desde una valoración histórica, que en el capitalismo el pueblo elija a los impartidores de justicia representa un avance, pero solo si el pueblo trabajador tiene la posibilidad real de postular a sus candidatos, esta es la principal contradicción.
3. En el caso concreto de la elección del poder judicial en México, la participación de sectores populares se encuentra restringida en dos momentos: Primero, porque existe una discriminación de los aspirantes previo a las elecciones, discriminación realizada por el sector del gobierno burgués anidado en las instancias judiciales, legislativas y el ejecutivo, los cuales procuran colocar a sus representantes en las boletas del poder judicial. Segundo, porque, dado el nivel de desarrollo de la conciencia de clase, para poder disputar o ganar la elección se requiere de una estructura corporativa, una maquinaria electoral de acarreo y cooptación de voto, con la cual no cuentan los sectores populares.
4. Es importante tener muy presente que la reforma al poder judicial no tuvo ni tiene por objetivo mejorar el sistema de impartición de justicia, fantasía de la cual se jactan los defensores del gobierno morenista. Ni la carrera judicial prevenía la ineptitud y la corrupción de jueces y magistrados, ni la elección por voto popular lo solucionará. En esencia la reforma tenía por objetivo: Primero, prevenir cualquier intento de golpe de estado blando (IMPEACHMENT) contra el gobierno de MORENA, tal como ha acontecido contra gobiernos progresistas y socialdemócratas en América Latina. Segundo, eliminar el principal obstáculo para la aprobación de las reformas obradoristas. Por esto, la reforma al poder judicial representa una disputa entre las fracciones políticas de la burguesía por el control de la administración del Estado burgués.
5. Es un acto de ingenuidad política, pensar que el poder una vez conquistado no se defiende. En este punto la crítica desde la izquierda no es porque exista elecciones o porque el gobierno de MORENA pretenda brindarse de un golpe blando, sino del programa político-judicial que defienden y los perfiles políticos de la mayoría de los candidatos, muchos de ellos impresentables, y otros tantos, que serán servidores del poder ejecutivo, pues ellos los impusieron.
6. Un punto que debe de quedar claro es que la elección de los impartidores de justicia por voto popular no garantiza la impartición de una justicia popular por los jueces y magistrados electos, de igual forma que la elección por voto popular de diputados y senadores no garantiza una legislatura de vocación popular. La negativa de la bancada de la 4T, ahora mayoritaria, a derogar la Ley del ISSSTE de 2007 que privatizó los ahorros de las y los trabajadores es una muestra de ello.
7. Las y los jueces que emanarán de la elección, al igual que lo hacen los senadores, diputados, gobernadores y alcaldes, serán presas de los poderes facticos: desde crimen organizado, intereses empresariales y oligárquicos, facciones y pandillas políticas, etc., porque la impartición de justicia no es un acto neutral, sino uno eminentemente político, que no se ejerce en el vacío, lo cual supone siempre que hay correlación de fuerzas y pugnas en cada caso de injusticia.
8. Más aun, la posibilidad de impartir una justicia popular de forma general se verá constreñida porque existe una institucionalidad burguesa, un Estado burgués y un gobierno burgués, lo cual es por lo general, el origen de las injusticias que padece el pueblo. V.I. Lenin decía que bajo el capitalismo el derecho del pueblo a elegir “sus propios” jueces populares y ejercer la soberanía del pueblo”, no importa que sea la República más democrática, está restringida y limitada por el soborno de los funcionarios por la burguesía.
9. Es evidente que existió poca participación, 13 por ciento del padrón, pero la elección se diseñó de esa forma. Para la 4T la legitimidad de su gobierno no estaba en juego, su hegemonía goza, por ahora, de buena salud. MORENA se consolidó como dirigente político de un nuevo bloque histórico y por tanto, como administrador general de las instancias del Estado.
10. Con la elección del nuevo Poder Judicial, los seguidores del gobierno morenista argumentan que se fortaleció la democracia, y que quienes se abstuvieron le hicieron el juego a la derecha. Curiosamente, esta acepción sobre la democracia es muy cercana a la de sus detractores liberales. Cuando escuchas a la insufrible Denise Dresser, en su argumentación siempre subyace una idea, un principio liberal por excelencia: la democracia es igual a elecciones y pluripartidismo. De aquí resulta su derechista aversión por Cuba, la URSS, China o Vietnam, dónde priva el modelo de partido único. Para los liberales o demócratas burgueses lo importante es la forma, las apariencias, de ahí su hipócrita defensa de las «democracias avanzadas», sistemas políticos que por cierto son oligárquicos, cómo en Estados Unidos, o abiertamente monárquicos como el español o británico. Hipócrita también porque, aunque no lo dicen, les gustan las elecciones y el pluripartidismo siempre y cuando gane el centro derecha o la derecha, y cuando no ganan, justifican golpes de Estado, duros o blandos. Los demócratas liberales o burgueses, omiten el carácter de clase de la democracia, los intereses de clase que defienden los partidos que participan en ella o el carácter burgués de los programas de los gobiernos “democráticos”. De ahí su fascinación por la democracia en general o la democracia en abstracto.
11. En concordancia con los intelectuales liberales y burgueses para los progres y socialdemócratas morenistas se fortaleció la democracia solo porque hubo elecciones del poder judicial, no les importa el contenido de clase de dicha democracia, ni los perfiles de la gente que ganaron estas elecciones o las convicciones que defienden, sino lo que importa es que ganaron. Quizás tengan razón, en este punto, se fortaleció la democracia, pero la democracia burguesa, y con ello, dada el actual momento de la lucha de clases, se reforzó la dictadura del capital sobre la clase trabajadora.

Nota:

i V.I. Lenin. La emancipación de la mujer, recopilación de artículos, Fondo Documental FHK. pág. 54