🔒
Hay nuevos artículos disponibles. Pincha para refrescar la página.
✇Rebelion

El Colectivo de Migrantes Tinkuy denuncia el alarmante incremento de la violencia policial contra personas migrantes

Por: JDF

Desde el Colectivo de Migrantes Tinkuy queremos manifestar nuestra más profunda preocupación y repudio ante el creciente número de casos de violencia policial dirigida contra personas migrantes en el Estado español. En los últimos días, hemos sido testigos de dos episodios que evidencian un patrón de brutalidad injustificable y de sesgo racial y xenófobo por parte de las fuerzas del orden.

El primer caso ocurrió en Valencia, donde una mujer de nacionalidad colombiana fue violentamente agredida por agentes policiales en un claro uso excesivo de la fuerza. Pocos días después, en las Islas Canarias, un joven originario de Gambia fue asesinado tras recibir cinco disparos por parte de la policía, en un episodio cuya gravedad y carácter letal exige una explicación inmediata y exhaustiva. En el caso de Euskal Herria se hace patente la cada vez mayor agresividad de las fuerzas represivas en los controles aleatorios e indiscriminados en barrios con presencia migrante, tal es el caso de San Francisco en Bilbao.

Estos hechos no pueden entenderse de manera aislada. Se enmarcan en un contexto preocupante de creciente normalización de discursos de odio hacia la población migrante, promovidos y amplificados por sectores políticos de la derecha y la extrema derecha. Cuando estos discursos no solo quedan impunes, sino que se legitiman en el debate público, se genera un terreno fértil para que los abusos policiales y otras formas de violencia racista se perpetúen e intensifiquen.

Desde Tinkuy denunciamos que estos abusos no se habrían producido en las mismas condiciones si las víctimas no hubiesen sido personas migrantes o racializadas. Exigimos a las autoridades competentes una investigación rigurosa, transparente y con garantías sobre estos hechos, así como la identificación y sanción de los responsables materiales y políticos. No puede haber impunidad para quienes ejercen la violencia amparados por el uniforme del Estado.

Llamamos a la población migrante a organizarse, a unirse y a resistir colectivamente ante la violencia —sea esta física, institucional o simbólica— que enfrentamos a diario. Solo desde la organización y la solidaridad podremos frenar esta escalada de agresiones.

Del mismo modo, hacemos un llamamiento a toda la sociedad civil, movimientos sociales, sindicatos y organizaciones de derechos humanos a comprometerse activamente en la lucha contra el racismo institucional y el auge de los discursos fascistas. La violencia verbal se convierte en violencia física cuando se normaliza el odio desde las instituciones.

¡Ni una agresión más sin respuesta!
¡Basta de violencia policial!
¡Contra el racismo institucional, organización y lucha!

✇Rebelion

¿Prisión dorada o refugio forzado? El drama de los migrantes expulsados por Trump

Por: JDF

1. LA NUEVA ERA DE LAS DEPORTACIONES EN EE. UU.

El regreso de Trump a la Casa Blanca está marcado por el inicio de duras medidas de repatriación forzada de migrantes, prometidas durante su campaña electoral. En la historia de Estados Unidos, las políticas de repatriación se han aplicado con frecuencia: según un análisis del Migration Policy Institute , durante la presidencia de Clinton fueron repatriadas más de 12 millones de personas, y durante la de Obama, alrededor de 5 millones. Ahora, la nueva presidencia pretende superar las cifras de las políticas anteriores, gracias también a los cambios normativos que amplían el número máximo de personas deportadas, a pesar de las restricciones impuestas por los tribunales locales.

2. LOS “PAÍSES TRAMPOLÍN”

Además de recibir desde hace tiempo a sus propios ciudadanos expulsados de Estados Unidos, actualmente los países de América Central se ven obligados por la administración Trump a aceptar también ciudadanos de otros países. Estas medidas de expulsión, en las que los migrantes son trasladados a refugios aislados sin un destino claro, han desviado inevitablemente la atención hacia estos “países trampolín”, como Panamá y Costa Rica. Unos 300 migrantes procedentes de países asiáticos, árabes, africanos y otros más llegaron el mes pasado a Ciudad de Panamá en tres vuelos, y fueron aislados en el hotel Decapolis de la capital bajo custodia policial. Algunos de ellos pintaron o colgaron carteles con mensajes de auxilio en las ventanas del edificio. Días después, un vuelo con 135 personas aterrizó en Costa Rica.

Hasta ahora, el número de migrantes expulsados a América Central sigue siendo bajo, aunque se espera un peligroso aumento. Los líderes de estos países afirman estar simplemente cooperando con el ejecutivo estadounidense, minimizando el alcance de las deportaciones. Analistas advierten que los presidentes han sido amenazados con aumentos arancelarios en caso de no colaborar, y que probablemente otros países de la región también se sumen a la recepción de ciudadanos expulsados, como lo demuestran las señales de apertura de El Salvador y Guatemala . El presidente guatemalteco anunció : “Hemos decidido aumentar en un 40% el número de vuelos con personas deportadas, tanto de ciudadanos repatriados como de expulsados de otras nacionalidades”, durante una rueda de prensa junto al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio.

Pero ¿por qué el ejecutivo estadounidense está utilizando a estos países para llevar a cabo sus medidas de repatriación? Los analistas sostienen que estas expulsiones permiten al nuevo presidente deshacerse de problemas que surgieron durante su primer mandato, en un intento por bloquear la migración legal . Las nuevas medidas de la presidencia Trump permiten resolver el problema del hacinamiento en las cárceles, ya que la deportación de ciudadanos de países con los que Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas tensas –como China, Irán o Afganistán– acelera los procedimientos. Además, mediante estas medidas, Estados Unidos puede eludir sus obligaciones jurídicas internacionales de ofrecer la posibilidad de solicitar asilo a personas que corren riesgo en sus países de origen. Las deportaciones rápidas también permiten evitar otro obstáculo especialmente espinoso: según la legislación estadounidense, las autoridades no pueden retener a menores durante más de 20 días, estén acompañados por sus padres o no. La mayoría de los migrantes deportados a América Central hasta ahora han sido familias con niños.

3. LA AMENAZA A LOS DERECHOS HUMANOS

Juan Navarrete, abogado de derechos humanos de Amnistía Internacional, considera que la mayoría de los migrantes necesita protección internacional, ya que en muchos casos provienen de países afectados por conflictos armados o gobernados por regímenes autoritarios que no respetan los derechos humanos.

Muzaffar Chishti, investigador del centro de estudios Instituto de Política Migratoria en Estados Unidos, explica cómo el gobierno estadounidense se ha desentendido de sus responsabilidades hacia los deportados, debido a la inaplicabilidad de sus leyes: “Una vez que trasladas a estas personas, las leyes, la Constitución y los reglamentos estadounidenses ya no se aplican. Si estas personas tenían algún derecho según la ley estadounidense, al llegar a Panamá o a Costa Rica ese derecho desaparece”, declaró Chishti a BBC Mundo.

Pero esta no será la parte más difícil del proceso para los dos países, considerando que aún deben negociar con los llamados estados “recalcitrantes”. Se trata de países que no están dispuestos a colaborar en la acogida de migrantes, lo que obligaría a buscar nuevos destinos.

  • No hay más artículos
❌