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Chiara Páez tenía 14 años cuando el 10 de mayo de 2015 su novio la mató a golpes y la enterró en el patio de la casa de su abuelo, en Rufino, provincia de Santa Fe, Argentina. El asesinato de Chiara, embarazada de dos meses, empujó a las 20.000 personas del pueblo a manifestarse y pedir justicia. La asociación civil La Casa del Encuentro llevaba registrados 140 femicidios solo en los primeros meses de aquel año. Sus estadísticas también mostraban que entre 2008 y 2015 habían sido asesinadas 1808 mujeres en todo el país.

“¿No vamos a levantar la voz? Nos están matando”, tuiteó entonces la periodista Marcela Ojeda. Fue el germen de una marcha que comenzó a gestarse entre un grupo de comunicadoras, que convocó a manifestarse contra la violencia machista bajo la consigna “Ni Una Menos”.

Se eligió que fuera el 3 de junio, un miércoles, frente al Congreso de la Nación. “Si no marchamos juntas nos matan por separado”, decían los carteles. Aquella tarde hubo 150.000 personas en la plaza más céntrica de Buenos Aires, y miles más en otras cien plazas de todo el país. El reclamo principal: que se cumpliera la ley número 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, sancionada en 2009.

Rodeada de una multitud estaba Verónica, la mamá de Chiara, y su tía, y su tío. Romina, la hermana mayor, había quedado en Rufino, donde las calles desbordaron de gente como nunca antes en la historia del pueblo.

“Hace diez años yo estaba muy encerrada en el dolor, en el enojo, pero el grito de Ni Una Menos fue algo muy importante en medio de los pensamientos. Fue muy emotivo escuchar el nombre de Chiara, y que además de acompañarnos a nosotros era un grito que nos unía a todos los que queríamos decir ¡basta! -recuerda Romina-. Me sentí muy atravesada, fueron tiempos muy difíciles. Pero también pudimos empatizar con el dolor de otros familiares que se nos acercaron y que habían atravesado situaciones similares, nos ayudó a reconvertir todo este dolor en lucha, y pensar que todo lo que había pasado con Chiara nos llevaba a una lucha en común. El primer Ni Una Menos fue una mezcla de sentimientos de dolor y esperanza”.

Luci Cavallero es socióloga e investigadora en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Tiene una maestría en Estudios Interdisciplinarios de la Subjetividad es docente en la Maestría de Géneros en la Universidad Nacional Tres de Febrero, coautora del libro Una lectura feminista de la deuda y forma parte del colectivo Ni Una Menos.

“Ni Una Menos nació como un grito colectivo para hacer visible un problema que no tenía visibilidad pública ni estaba tomado con la seriedad necesaria por las políticas públicas: los femicidios como expresión máxima de violencia por razones de género. Fue una manifestación que surgió en redes sociales y que después se transformó en un movimiento estructurado en asambleas y marchas y manifestaciones que fueron complejizando los diagnósticos de las violencias por razones de género”, explica.

Y sigue: “Ni Una Menos es un proceso de sensibilización de la sociedad quecambia los umbrales de tolerancia con respecto a las violencias, que produce desplazamientos subjetivos de las mujeres en todos los ámbitos, pero también transforma a los varones. Y más allá del proceso de destrucción que estamos atravesando en este momento, este proceso sigue presente y latente”.

La destrucción

Tras el MeToo mundial que generó una oleada de denuncias por acoso y abuso, en 2018 comenzó en Argentina el debate por el aborto legal, una discusión que puso al feminismo en primer plano. Y se sumaron las pibas. La marea verde fue la consecuencia de un trabajo de décadas, una marea en la que se encontraron abuelas, hijas y nietas que se unieron para exigir, y se hicieron escuchar. En 2019 se creó el Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad y en 2020, en medio de una epidemia mundial, se aprobó la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Por entonces Javier Milei era un economista excéntrico que se paseaba por canales de televisión repartiendo frases rimbombantes y protagonizando shows bizarros, como golpear con un palo una maqueta del Ministerio de las Mujeres y prometer que cuando fuera presidente lo tiraría abajo. Fue lo primero que hizo al asumir, en diciembre de 2023.

El Gobierno autodenominado libertario pasó “el tema género” al Ministerio de Justicia. El funcionario al frente de la cartera, Mariano Cúneo Libarona, aseguró que “el género era un tema primordial”. Enseguida le tiraron de las orejas. Desde el propio área de comunicación del Ministerio salieron a decir que el Gobierno no iba a tener políticas de género: “La violencia no tiene género”, fue el mensaje.

Ante el anuncio del vaciamiento, la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados citó al ministro Cúneo Libarona. El funcionario hizo una polémica presentación contra de la diversidad, negó la violencia contra las mujeres e insistió con las “denuncias falsas que hacen para vengarse”. Aseguró que “el género se acabó”, y que el eje sería “la familia tradicional y cristiana”. También dijo que rechazaban la diversidad de identidades sexuales que “no se alinean con la biología”. Sus dichos generaron masivos repudios, que incluyeron el pedido de juicio político y hasta su renuncia. El Gobierno lo respaldó.

El programa más importante del Ministerio de Mujeres fue Acompañar, que había asistido a 352.000 mujeres en situación de violencia de género. Se les dio, durante seis meses, un salario mínimo para lograr cierta autonomía económica que les permitiera salir de relaciones abusivas. Solo en la ciudad de Buenos Aires se realizan 10.000 denuncias anuales por violencia de género. Según la Corte Suprema de Justicia, hay un promedio de 250 femicidios por año en el país, que suman 2.500 en la última década, y que han dejado más de 3.000 niñas y niños huérfanos.

La provocación

El 8 de marzo de 2024, en el primer Día de la Mujer como gobierno, el Ejecutivo de Milei cambió el nombre al Salón de las Mujeres de la Casa Rosada y lo rebautizaron Salón de los Próceres. Sacaron las fotos de heroínas como Alicia Moreau de Justo, Alfonsina Storni, Juana Azurduy, Victoria Ocampo y Mercedes Sosa para reemplazarlas por cuadros de varones comoCarlos Menem y Julio Argentino Roca. El 8 de marzo de este año el Gobierno volvió a provocar a las mujeres: difundió un video en el que aseguraban que “solo en 2023 se gastaron en género cuatro billones de pesos, que superó al gasto en Defensa o Seguridad en ese año y fue diez veces superior al presupuesto del Poder Judicial”.

“El presupuesto del ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad fue mucho menor. En 2023 gastó $172.000 millones [de pesos]. Representó 0,21 por ciento del gasto total del Estado, muy por debajo de áreas como Defensa (3,38 por ciento) y Seguridad (2,2 por ciento)”, respondió el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA).

“El dinero se destinó a burocracia, oficinas de lujo y políticas simbólicas que no ayudaron a reducir la violencia”, decía también el video libertario. “Los fondos se usaron para programas muy concretos”, aseguraron desde ELA citando la Línea 144 de atención para víctimas, el programa Acompañar y los centros de protección de todo el país que daban refugio, asistencia legal y psicológica.

“Hemos conseguido bajar los homicidios aplicando una sola política: el que las hace, las paga. Fuimos en contra de todos los delincuentes, y las mujeres fueron las más beneficiadas”, asegura otro pasaje del video. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema asegura que solo en enero de 2025 la denuncias aumentaron un ocho por ciento con respecto al año anterior. En los primeros cuatro meses de 2025 hubo 96 víctimas de violencia de género.

A pocos días de un nuevo 3 de junio, el Gobierno ha salido con otra provocación: “Eliminamos 13 programas ideológicos creados por el kirchnerismo, que eran financiados por todos los argentinos. Entre ellos se encuentra el insólito ‘MenstruAR’”, escribió en sus redes el ministro Cúneo Libarona.

Y detalló: “Los 13 programas que eliminamos son: 1. Menstruar. 2. Promotoras y promotores territoriales de género y diversidad. 3. Fortalecimiento de las organizaciones sociales de género y diversidad. 4. Escuelas populares de formación en género y diversidad ‘Macachas y Remedios’. 5. Perspectiva de género e igualdad en la diversidad en el desarrollo rural ‘Sembrar Igualdad’. 6. Acceso a derechos para personas travestis, transexuales y transgénero. 7. Dispositivos territoriales de protección integral de personas en contexto de violencia por motivos de género. 8. Participación social y ciudadana en materia de género y diversidad. 9. Igualdad de géneros en el trabajo, el empleo y la producción ‘Igualar’. 10. Apoyo urgente y la asistencia integral inmediata ante casos de violencias extremas por motivos de género. 11. Capacitación en perspectiva de género y diversidad para el sector privado ‘Formar Igualdad’. 12. Producir. 13. Generar”.

“Eliminar este despilfarro le ahorrará 6.000 millones de pesos por año a los argentinos”, concluyó el funcionario. Varias organizaciones, entre ellas ELA y Amnistía Internacional, ha salido a cuestionarlo.

“La discusión sobre el margen para asistir a las víctimas de violencia no puede quedar desvinculada de las decisiones que un Estado puede adoptar para distribuir los recursos disponibles. Por ejemplo, si tomamos en cuenta los miles de millones de pesos que el Estado dejó de recaudar del impuesto a las ganancias a magistrados/as y funcionarios/as de los Poderes Judiciales nacional y provinciales (en 2023 esta exención fue de 285.728 millones de pesos en valores nominales), vemos que equivale a 4,2 veces lo que costó el programa Acompañar (67.755 millones de pesos, también en valores nominales)”, aseguraron desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

“La eliminación sin reemplazo vulnera obligaciones claras del Estado argentino en materia de derechos humanos, establecidas en tratados internacionales con jerarquía constitucional. También ignora las advertencias de organismos internacionales, que alertan que negar la violencia de género o desfinanciar las políticas que la abordan debilita seriamente la legitimidad institucional y la respuesta pública frente a una problemática de altísima importancia”, agregaron.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el Informe Anual 2024 sobre la situación de los derechos humanos en la región. Su análisis sobre Argentina es malo: “En cuanto a los derechos humanos de las mujeres, la reestructuración de la Administración Pública iniciada en diciembre 2023 ha afectado seriamente la institucionalidad y políticas de protección a sus derechos. En particular, tras la eliminación de la Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género que concretó el cierre del Ministerio de Mujeres Géneros y Diversidad. Por primera vez en 40 años, el país no cuenta con un organismo rector encargado del diseño y ejecución de políticas dirigidas a prevenir y erradicar la violencia de género”.

La resistencia

“El Gobierno libertario está desarrollando actualmente un ataque sistemático sobre los derechos de las mujeres en nuestro país, no solamente con el desmantelamiento de casi todas las medidas públicas con perspectivas de género que había en el Estado, sino también con discursos de odio. Se usan los cargos máximos del Estado Nacional para promover el odio, para desinhibir una violencia social sobre determinadas poblaciones, entre ellas las mujeres, la población LGBTIQ+. Por otro lado, tiene una política de ajuste muy fuerte que provoca una precarización acelerada en la vida de las mujeres, que tienen muchísimas menos oportunidades para salir de las violencias, con salarios congelados, subsidios y programas sociales eliminados”, asegura Cavallero.

Y concluye: “Nuestro trabajo ahora es recomponer las redes, apostar a las tramas colectivas, la recomposición del tejido social, la prevención de la violencia entre pares y seguir sosteniendo los procesos de organización y movilización”.

A Romina aún se le quiebra la voz al hablar de su hermana: “Hoy en día, a diez años, recuerdo a Chiara con el mismo amor y más, y a veces me agarra el mismo dolor y la misma rabia. Hemos avanzado en varias cosas y tenemos más leyes, aunque ahora vivimos tiempos muy complejos, especialmente las mujeres. Todavía sigue habiendo muertes, pibas desaparecidas, madres que buscan justicia, pero hay que enfocarse en la fuerza de organizarnos, de luchar, que no se ha detenido y que no haya vuelta atrás, que no haya retroceso de los derechos. Lo que falta conseguir lo vamos a conseguir entre todas más allá de las diferencias. Y hoy más que nunca mi hermana Chiara va a estar presente en cada lucha, en cada movilización y en cada una de nosotras”.

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Fuente: https://www.pikaramagazine.com/2025/06/diez-anos-de-ni-una-menos-hora-de-recomponer-las-redes/

• En esos lugares trabajan aproximadamente 30 mil mexicanas y mexicanos, precisó Aaraón Díaz Mendiburo
• Las jornadas en la nación norteamericana se extienden de 12 a 16 horas, alertó Luz María Hermoso Santamaría
• Olivia Doggett mencionó que ese país depende de la fuerza laboral temporal extranjera
• Marcela Juárez Morales dijo que ese abuso también sucede en Sinaloa y Querétaro, por ejemplo

En Canadá hay invernaderos altamente tecnificados y productivos para cultivar frutas, verduras, flores y recientemente cannabis; pero no se sostienen sin la mano de obra de personas provenientes de países en desarrollo, quienes llegan en busca de mejores condiciones económicas.

Aaraón Díaz Mendiburo, investigador del Centro de Investigaciones de América del Norte de la UNAM, explicó lo anterior y añadió que en esa nación existe, a partir de 1966, el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), al que se sumó México en 1974 con una participación de 206 personas campesinas; hoy en día son aproximadamente 30 mil: 97 por ciento hombres y tres por ciento mujeres.
Durante el conversatorio “El presente y futuro de la migración y el trabajo en los invernaderos de alta tecnología en México y Canadá”, el doctor en Antropología consideró que aun cuando se ha descrito como un programa ejemplar, tiene algunas contradicciones.

En ese sentido, abundó el académico, las personas migrantes son clasificadas como de bajas habilidades, pero dominan sus labores y realizan actividades especializadas; son estructuralmente indispensables e irremplazables por empleados canadienses, pero lo son por provenir, sobre todo, del sur global; y reciben salarios.Díaz Mendiburo recordó que en marzo de 2020 el entonces primer ministro canadiense, Justin Trodeau, declaró cerrar las fronteras para todos aquellos que no fueran ciudadanos o residentes, a excepción de los estadounidenses. Pero tres días después se anunció la entrada de los trabajadores migrantes reclutados bajo los distintos programas de empleo.

A decir de la profesora de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, Marcela Juárez Morales, la explotación en ese tipo de lugares no es exclusiva de Canadá, sucede también en México.
Presentó un modelo que se aplica en Sinaloa, en el cual prevalecen prácticas tradicionales como “acasillamiento” (acción de establecer de forma permanente a un trabajador en una hacienda o granja, dándole vivienda y considerándolo un jornalero permanente); prevalecen preocupaciones empresariales por la tecnificación, pero no por las condiciones laborales.

En el caso de Querétaro impera la rotación de personal, carecen de apoyos de vivienda y de mayor salario, aunque amplíen sus actividades. “Los incentivos a la productividad son sobre el salario mínimo y se cuenta por fruta o cultivo cosechado, en condiciones muy precarias”, sostuvo.

De acuerdo con la profesora-investigadora de la Universidad Autónoma de Chapingo, Luz María Hermoso Santamaría, las jornadas formales en los invernaderos son de ocho horas diarias, pero en realidad se extienden a 12 y hasta 16, manteniendo una “esclavitud moderna”.Manifestó que existen 200 mil granjas para diversos cultivos, y en ellas se desempeña gente del sur global (entre ellos mexicanos) en precarias condiciones, pese a la alta tecnificación que se tiene en esas instalaciones donde usan, por ejemplo, energía eólica y monitores de televisión para controlar la productividad.
“A la fecha, vía el PTAT se contrata a 27 mil 318 personas que siembran, cultivan y cosechan en la agricultura primaria canadiense (apicultura, flores, frutas, hortalizas, procesadoras de alimentos, tabaco y viveros), de los cuales 26 mil 699 son hombres (97 por ciento) y 619 mujeres (2.26 por ciento), con salarios que fluctúan entre 15 y 18 dólares canadienses por hora”, señaló.

En tanto, Olivia Doggett, de la Universidad de Toronto, reconoció que Canadá depende de la fuerza laboral temporal extranjera a la que se somete a una “esclavitud moderna” en los invernaderos, donde laboran personas de 25 a 40 años. “Hay una gran explotación y quieren que trabajen como máquinas”.

DGCS UNAM

Mientras en República Dominicana se celebra el Día de las Madres, el gobierno ejecuta un protocolo migratorio que criminaliza la maternidad negra y haitiana. Mujeres embarazadas son detenidas en hospitales y deportadas, violando derechos humanos fundamentales. El racismo de Estado cobra vidas y normaliza la exclusión. ¿A quién se le reconoce como madre digna de cuidados?

Este domingo se celebra el Día de las Madres en República Dominicana, desde inicios del mes en las instituciones y en la calle se percibe propaganda que invita al consumo para conmemorar lo que a todas luces es un día sagrado para la sociedad dominicana. Editoriales de periódicos desde ya anuncian esta fecha como parte fundamental de nuestra cultura, por ser una de las fiestas más celebradas para rendirle culto a ese símbolo de amor puro y verdadero que es la madre.

El pasado lunes 21 de abril comenzó la aplicación del nuevo protocolo migratorio adoptado por el gobierno dominicano, agentes migratorios irrumpieron en más de 33 centros de salud, incluidas maternidades, jornada que terminó con la deportación de más de 87 madres y mujeres negras de ascendencia haitiana en estado de gestación y en labor de parto, acompañadas de 48 menores de edad en las primeras jornadas. Esto entra en contradicción con el propio Reglamento de Ampliación de la Ley General de Migración que establece en su artículo 134 que “la detención nunca será utilizada en los casos de menores de edad, mujeres embarazadas o lactantes, envejecientes y solicitantes de asilo”.

A un mes de la puesta en marcha de las medidas migratorias más racistas de las últimas décadas como respuesta a la Marcha de Friusa, las consecuencias son fatales, ha habido una reducción de hasta el 40% de las personas negras y de ascendencia haitiana que buscaban atención médica en los hospitales públicos por temor a ser deportadas. Tal es el caso de Lourdia Jean Pierre, una mujer negra haitiana de 32 años, quien murió desangrada en El Seibo, después de haber dado a luz sola en su casa. A Lourdia Jean Pierre la mató el racismo de estado.

Los medios de comunicación pagados por las élites políticas y económicas nacionales han contribuido a alimentar el relato hipócrita de que “las restricciones de salud a las madres negras y de ascendencia haitiana mejoraran las condiciones del sistema público de salud”, por esto están normalizando la violencia y el abuso contra esta población. En las redes sociales constantemente emplean términos como el de “invasión de vientres” y “paridoras” términos que además de arrastrar un fuerte componente de racismo y misoginia, acarrean el lenguaje de animalización para deshumanizar y construir una percepción constante de peligro en mujeres negras trabajadoras que buscan atención médica en un sistema que las relega a la sub-humanidad.

El accionar del gobierno dominicano tiene sus orígenes en el racismo antinegro y antihaitiano que han impuesto históricamente las élites nacionales y que hoy promueven la peligrosa idea de un conflicto binacional inexistente. El discurso ¿acaso no soy una mujer? pronunciado por la activista afroestadounidense Sojourner Truth en 1851 cobra un sentido desbordante en este contexto, ¿acaso no son madres?, ¿acaso no merecen nuestra empatía?, ¿acaso no merecen ser atendidas en condiciones dignas?.

Y es que cuando hablamos de mujeres negras, estamos hablando de mujeres ubicadas en el último eslabón de privilegios, atravesadas no solamente por el género, sino además por la raza, la clase, la geografía, la nacionalidad, etc. Feministas negras y del sur global han analizado la condición específica de las mujeres negras, construidas como sujetos sin agencia, subalternizadas, tan fuertes que pueden soportar cualquier dolor y consideradas histéricas o locas cuando hablan. La representación de la mujer negra en el ámbito político y social suele estar en el ámbito de la negatividad, por lo que resulta conveniente construirlas como amenaza, lo peligroso y el enemigo, para disipar las violencias y deficiencias históricas y estructurales que se configuran en el estado dominicano.

Estas medidas lejos de alumbrar una solución “sigue perpetuando el esquema de corrupción e impunidad e incluso trata de personas, que no busca la regularización sino hacer negocios con las deportaciones” como apuntó Roudy Joseph del Colectivo Haitianos RD a la Deutsche Welle. Políticas de crueldad, cacería y blanqueamiento que ahora ponen en riesgo la vida de más de 30 mil personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana que nunca han podido acceder a documentos por las dificultades sistémicas impuestas.

Está claro que limitar el acceso a la salud estableciendo requisitos discriminatorios viola los derechos universales reconocidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las leyes generales y la propia constitución dominicana, pero cuando se trata de mujeres negras y personas negras debemos preguntarnos, ¿quiénes cuentan como humanas?, ¿quién entra en la categoría sujeto de derecho?. Aunque en las sociedades colonizadas se instauraron estados nacionales, las jerarquías siguen intactas, la etiqueta racial “blanco” o “europeo” se construyó como superior, siempre ligado a la humanidad desde su invención, por lo tanto persona sujeta del Derecho a quienes estuvieran dentro de este grupo. Por el contrario, la etiqueta “negro” o “africano” se construyó como la base de esta jerarquización, y fue concebida como lugar de la no humanidad, lo cual constituye a sus miembros en “cosas” u “objetos del Derecho”, susceptibles de apropiación. 

¿Quiénes cuentan como humanas?, cuando personajes como Faride Raful, actual ministra de Interior y Policía en su momento como senadora del Distrito Nacional se hizo eco de la demanda de los grupos feministas por la inclusión de tres causales de interrupción del aborto en el código penal, como una deuda de la democracia dominicana con “las mujeres” y su “dignidad”. En la acepción de humanidad que Faride, el gobierno y la sociedad predican estas mujeres simplemente no entran. Así como la Iglesia se vio obligada a crear una noción normativa de “humanidad” congruente con sus doctrinas teológicas, que pudiera justificar el exterminio de los pueblos indígenas y afrodescendientes que se llevaba a cabo durante la colonización, el gobierno dominicano busca instalar en el imaginario nacional una idea de la mujer que puede ser vejada, maltratada y torturada al grado de negarles atención médica y montarlas en una camiona en situación de extremada vulnerabilidad por el hecho de haber nacido negras.

El deterioro del sistema hospitalario en República Dominicana no se debe a las mujeres negras haitianas, se debe al bajo presupuesto asignado por el estado y a la privatización del sector salud. República Dominicana es uno de los países que menos invierte en salud en la región latinoamericana. El gasto público en salud de República Dominicana para el 2023 fue de apenas un 2.7% (el segundo más bajo después de Guatemala), según estudios realizados por Wifor Institute y Sanigest International. Según la ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo se debería destinar el 4.5 % del PIB a la Salud, pero en 2024 la inversión no superó el 2%.

Otro mito es la carga que representan para el estado dominicano. Según la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI-2017), la población inmigrante haitiana aporta un 7.4% al Producto Interno Bruto (PIB) de la República Dominicana. Este dato subraya que su contribución económica es 16 veces mayor que el gasto público destinado a servicios para esta población. Muchas trabajadoras de ascendencia haitiana, se dedican a los cuidados y al trabajo doméstico en condiciones de esclavitud y sin posibilidad de acceder a la seguridad social. Criminalizar y perseguir a mujeres negras que aportan cada día con su trabajo a nuestra economía es un acto de crueldad, mientras se protege y resguardan privilegios a las élites blancas que mantienen el saqueo, el empobrecimiento y la exclusión de las mayorías. 

“Si las mujeres negras fueran libres, eso significaría que todo el mundo sería libre, ya que nuestra libertad requiere la destrucción de todos los sistemas de opresión”. Manifiesto Río Combahee, 1977.

Esther Girón: Activista afrofeminista y fundadora del colectivo antirracista Aquelarre Bonao.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/828185-las-madres-negras-importan

Desde el Colectivo de Migrantes Tinkuy queremos manifestar nuestra más profunda preocupación y repudio ante el creciente número de casos de violencia policial dirigida contra personas migrantes en el Estado español. En los últimos días, hemos sido testigos de dos episodios que evidencian un patrón de brutalidad injustificable y de sesgo racial y xenófobo por parte de las fuerzas del orden.

El primer caso ocurrió en Valencia, donde una mujer de nacionalidad colombiana fue violentamente agredida por agentes policiales en un claro uso excesivo de la fuerza. Pocos días después, en las Islas Canarias, un joven originario de Gambia fue asesinado tras recibir cinco disparos por parte de la policía, en un episodio cuya gravedad y carácter letal exige una explicación inmediata y exhaustiva. En el caso de Euskal Herria se hace patente la cada vez mayor agresividad de las fuerzas represivas en los controles aleatorios e indiscriminados en barrios con presencia migrante, tal es el caso de San Francisco en Bilbao.

Estos hechos no pueden entenderse de manera aislada. Se enmarcan en un contexto preocupante de creciente normalización de discursos de odio hacia la población migrante, promovidos y amplificados por sectores políticos de la derecha y la extrema derecha. Cuando estos discursos no solo quedan impunes, sino que se legitiman en el debate público, se genera un terreno fértil para que los abusos policiales y otras formas de violencia racista se perpetúen e intensifiquen.

Desde Tinkuy denunciamos que estos abusos no se habrían producido en las mismas condiciones si las víctimas no hubiesen sido personas migrantes o racializadas. Exigimos a las autoridades competentes una investigación rigurosa, transparente y con garantías sobre estos hechos, así como la identificación y sanción de los responsables materiales y políticos. No puede haber impunidad para quienes ejercen la violencia amparados por el uniforme del Estado.

Llamamos a la población migrante a organizarse, a unirse y a resistir colectivamente ante la violencia —sea esta física, institucional o simbólica— que enfrentamos a diario. Solo desde la organización y la solidaridad podremos frenar esta escalada de agresiones.

Del mismo modo, hacemos un llamamiento a toda la sociedad civil, movimientos sociales, sindicatos y organizaciones de derechos humanos a comprometerse activamente en la lucha contra el racismo institucional y el auge de los discursos fascistas. La violencia verbal se convierte en violencia física cuando se normaliza el odio desde las instituciones.

¡Ni una agresión más sin respuesta!
¡Basta de violencia policial!
¡Contra el racismo institucional, organización y lucha!

 En el marco del Día Internacional de los Trabajadores (May Day) este 1° de mayo, miles de personas –incluyendo trabajadores, inmigrantes, estudiantes y familias– salieron a las calles de Los Ángeles. La principal demanda de los manifestantes fue contra el endurecimiento de las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump, que incluyen la intención de sellar la frontera sur y la expulsión de millones de indocumentados, en lo que el propio Trump denominó «la mayor deportación de la historia de los Estados Unidos». 

En respuesta a estas medidas, febrero marcó el inicio de protestas en diversos estados del país, siendo Los Ángeles, por su numerosa población latina, un foco principal. Del 2 al 4 de febrero se produjeron manifestaciones que derivaron en enfrentamientos con la policía cerca del ayuntamiento; las movilizaciones continuaron hasta el 9 de febrero, día en que los manifestantes volvieron a reunirse frente a la alcaldía. El 17 de febrero, «Unión Barrio» y más de 60 organizaciones ciudadanas protestaron en la Placita Olvera. Las demandas por una reforma migratoria impulsaron una nueva marcha de migrantes y activistas el 9 de marzo. 

Conversé sobre este panorama de protestas con el Dr. Steven Loza, etnomusicólogo de la UCLA y una figura notable por haber sido, durante casi 30 años, el único profesor de origen chicano en el departamento de música de dicha universidad. Además de su labor como investigador en el Centro de Estudios Chicanos y director del Centro de Artes Latinas, actualmente se encuentra en año sabático colaborando con la Universidad Veracruzana en Xalapa  Para el Dr. Steven las protestas de la comunidad Latina en la ciudad de los Ángeles forman parte de una larga lucha por el reconocimiento de los derechos, no solo de los migrantes, sino también de los méxico-americanos. Reconoce que las relaciones entre los migrantes y la llamada comunidad chicana están llenas de matices y por tanto se trata de un fenómeno social complejo. Por ejemplo – me dice – existen el migrante mexicano recién llegado que no habla el idioma y por otro lado el joven méxico-americano que ya no habla español, esas dos figuras podrían ser el blanco y el negro, sin embargo, en medio hay una amplia escala de grises. 

Su propia historia está marcada por el fenómeno migratorio, sus padres fueron hijos de migrantes mexicanos. Desde su trinchera, como músico y profesor, ha dedicado su vida a buscar la justicia social dentro de la UCLA para las comunidades negra y latina.  En su libro más reciente, titulado La última conferencia de un etnomusicólogo. Música y globalismo, filosofía y religión, da cuenta de ello:  “Un acontecimiento social importante que sigue impactándome hasta el día de hoy es la huelga de hambre de 1993 en la UCLA organizada por estudiantes, profesores y miembros de la comunidad chicana, que exigían la creación de un Departamento de Estudios Chicanos. Nueve personas llevaron a cabo la huelga de hambre durante un periodo de dos semanas, arriesgando su salud y sus vidas por una causa que consideraban urgente y necesaria.” 

El Dr. Loza recuerda su papel como representante de los huelguistas en las mesas de diálogo con directivos de la UCLA, un proceso que concluyó con la creación del Departamento de Estudios Chicanos. Desde su perspectiva, la lucha de los méxico-americanos en Los Ángeles está profundamente conectada con la de los migrantes mexicanos por sus derechos. Sostiene, además, que esta no es una lucha reciente; sus inicios se remontan a los disturbios del Zoot Suit en 1943 y al movimiento de trabajadores agrícolas de los años sesenta y setenta encabezados por César Chávez y Dolores Huerta, el cual, provocó un florecimiento cultural chicano en las décadas de los ochenta y noventa.   

Las nuevas políticas migratorias de presidente Donald Trump nos obligan a mirar con ojo crítico el fenómeno migratorio, pues la comunidad de migrantes mexicanos no solo aportan mano de obra barata para la industria, la agricultura o los servicios en Estados Unidos, también han llevado consigo rasgos de su cultura que fusionados con la norteamericana y otras minorías étnicas, han dado origen a una sociedad multicultural. 

Lo que llama la atención de la ola de protestas contra la política migratoria y el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) en Los Ángeles, es la cantidad de banderas de México que portan los manifestantes, personas con matracas, sombreros de palma con los colores de la bandera mexicana, vistiendo zarapes y rebozos. Niñas con trajes de danzantes tradicionales, con sartales en los tobillos, tocados de plumas en la cabeza  y huipiles bordados con motivos florales mexicanos danzando en medio de la protesta, sobre la calle Brodway y la rampa al freeway 101 norte; hombres con tlalpilis y pectorales decorados con motivos prehispánicos y copillis de plumas sobre sus cabezas, danzando al ritmo de los huéhuetls sobre la autopista 101, para recordarle al presidente Donald Trump y al mundo que la identidad de los angelinos esta fincada en ambas culturas,  que la primer lengua europea que se habló en este territorio fue el español, y que los latinos habitaron esta ciudad antes que los anglosajones, los méxico-americanos del siglo XXI encuentran en la historia antigua de México su propio origen, el sur oeste americano ha sido renombrado Aztlán, la tierra mítica de los antiguos mexicanos. 

El término «chicano» se refiere originalmente a los mexicanos que ya residían en los territorios anexados por Estados Unidos tras la guerra México-Estadounidense, concluida con el Tratado de Guadalupe Hidalgo (1848). A pesar de su contribución al desarrollo del país, los chicanos han enfrentado una larga historia de discriminación y una continua lucha por los derechos de las minorías. En Los Ángeles, esta lucha se ha caracterizado por alianzas con otras comunidades, como los nativos americanos y los afrodescendientes. Un ejemplo de esta colaboración son las numerosas manifestaciones contra la Guerra de Vietnam organizadas conjuntamente en los años setenta, y la cercana relación de Coretta Scott King (viuda de Martin Luther King) con César Chávez en la defensa de los derechos de los trabajadores agrícolas.

En la actualidad el termino chicano se usa para referirse de manera más amplia a personas de origen latino en Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio (ciudadanos, residentes legales o indocumentados). La comunidad chicana, con un sólido historial de lucha, se encuentra hoy especialmente unida en la defensa de los derechos de los migrantes, a quienes considera uno de los grupos más vulnerables. 

Martha López López. Miembro del seminario permanente universitario del G20 

1. LA NUEVA ERA DE LAS DEPORTACIONES EN EE. UU.

El regreso de Trump a la Casa Blanca está marcado por el inicio de duras medidas de repatriación forzada de migrantes, prometidas durante su campaña electoral. En la historia de Estados Unidos, las políticas de repatriación se han aplicado con frecuencia: según un análisis del Migration Policy Institute , durante la presidencia de Clinton fueron repatriadas más de 12 millones de personas, y durante la de Obama, alrededor de 5 millones. Ahora, la nueva presidencia pretende superar las cifras de las políticas anteriores, gracias también a los cambios normativos que amplían el número máximo de personas deportadas, a pesar de las restricciones impuestas por los tribunales locales.

2. LOS “PAÍSES TRAMPOLÍN”

Además de recibir desde hace tiempo a sus propios ciudadanos expulsados de Estados Unidos, actualmente los países de América Central se ven obligados por la administración Trump a aceptar también ciudadanos de otros países. Estas medidas de expulsión, en las que los migrantes son trasladados a refugios aislados sin un destino claro, han desviado inevitablemente la atención hacia estos “países trampolín”, como Panamá y Costa Rica. Unos 300 migrantes procedentes de países asiáticos, árabes, africanos y otros más llegaron el mes pasado a Ciudad de Panamá en tres vuelos, y fueron aislados en el hotel Decapolis de la capital bajo custodia policial. Algunos de ellos pintaron o colgaron carteles con mensajes de auxilio en las ventanas del edificio. Días después, un vuelo con 135 personas aterrizó en Costa Rica.

Hasta ahora, el número de migrantes expulsados a América Central sigue siendo bajo, aunque se espera un peligroso aumento. Los líderes de estos países afirman estar simplemente cooperando con el ejecutivo estadounidense, minimizando el alcance de las deportaciones. Analistas advierten que los presidentes han sido amenazados con aumentos arancelarios en caso de no colaborar, y que probablemente otros países de la región también se sumen a la recepción de ciudadanos expulsados, como lo demuestran las señales de apertura de El Salvador y Guatemala . El presidente guatemalteco anunció : “Hemos decidido aumentar en un 40% el número de vuelos con personas deportadas, tanto de ciudadanos repatriados como de expulsados de otras nacionalidades”, durante una rueda de prensa junto al secretario de Estado estadounidense Marco Rubio.

Pero ¿por qué el ejecutivo estadounidense está utilizando a estos países para llevar a cabo sus medidas de repatriación? Los analistas sostienen que estas expulsiones permiten al nuevo presidente deshacerse de problemas que surgieron durante su primer mandato, en un intento por bloquear la migración legal . Las nuevas medidas de la presidencia Trump permiten resolver el problema del hacinamiento en las cárceles, ya que la deportación de ciudadanos de países con los que Estados Unidos mantiene relaciones diplomáticas tensas –como China, Irán o Afganistán– acelera los procedimientos. Además, mediante estas medidas, Estados Unidos puede eludir sus obligaciones jurídicas internacionales de ofrecer la posibilidad de solicitar asilo a personas que corren riesgo en sus países de origen. Las deportaciones rápidas también permiten evitar otro obstáculo especialmente espinoso: según la legislación estadounidense, las autoridades no pueden retener a menores durante más de 20 días, estén acompañados por sus padres o no. La mayoría de los migrantes deportados a América Central hasta ahora han sido familias con niños.

3. LA AMENAZA A LOS DERECHOS HUMANOS

Juan Navarrete, abogado de derechos humanos de Amnistía Internacional, considera que la mayoría de los migrantes necesita protección internacional, ya que en muchos casos provienen de países afectados por conflictos armados o gobernados por regímenes autoritarios que no respetan los derechos humanos.

Muzaffar Chishti, investigador del centro de estudios Instituto de Política Migratoria en Estados Unidos, explica cómo el gobierno estadounidense se ha desentendido de sus responsabilidades hacia los deportados, debido a la inaplicabilidad de sus leyes: “Una vez que trasladas a estas personas, las leyes, la Constitución y los reglamentos estadounidenses ya no se aplican. Si estas personas tenían algún derecho según la ley estadounidense, al llegar a Panamá o a Costa Rica ese derecho desaparece”, declaró Chishti a BBC Mundo.

Pero esta no será la parte más difícil del proceso para los dos países, considerando que aún deben negociar con los llamados estados “recalcitrantes”. Se trata de países que no están dispuestos a colaborar en la acogida de migrantes, lo que obligaría a buscar nuevos destinos.

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Sostuvo el lingüista francés Pierre Bourdieu que “quien nomina, domina”. Comencemos por el nombre de América. Estados Unidos, que como bien hace notar Jean Luc Godard no es un nombre, se ha ido apoderando progresivamente del apelativo de América, cuyo titular original, Américo Vespuccio, jamás estuvo en lo que es hoy territorio estadounidense. Vemos que Donald Trump arma una alharaca para cambiar el clásico nombre de Golfo de México por el de Golfo de América. Tras la lingüística viene la rapiña; gran parte del  territorio que actualmente llamamos  Estados Unidos era de México. Testimonio, Tejas, Los Ángeles, California, San Francisco, Nevada, Colorado, Utah, Kansas, Oklahoma, Wyoming, Nuevo México, tantos apelativos castellanos o indígenas enclavados en tierra  que el latrocinio hizo gringa. Tampoco nadie podrá borrar los millares de musicales nombres originarios que destellan en medio de lo que los invasores quisieron llamar Nueva España; Jalisco, Oaxaca, Tulún,  Cuxcatlán, Xochimilco, Chihuahua, Guanajuato, Pénjamo.

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Con la asimilación entre el nombre de un país y el de un continente viene un intento de apropiación del segundo por el primero. Para  algunos, “América” es “Estados Unidos”; de hecho, éste último ocupa con unas 128 bases militares América Latina y el Caribe, mientras que nuestros países no operan una sola en el Coloso del Norte. Elegir nuestro nombre fue optar entre uno y otro  coloniaje: Hispanoamérica o Iberoamérica nos remitían a la península ibérica; Latinoamérica fue una invención del imperialismo galo  para mentir que el Emperador Maxiliano, en cuanto “latino”, tenía derecho de pillar México. “Nuestra América” fue frase poderosa de José Martí, que implica a la vez separación esclarecedora y entrañable fraternidad.

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Y ya que hablamos de continentes, recordemos que para el Diccionario de la Lengua Española éstos son “cada una de las grandes extensiones de tierra separadas por los océanos”. Pero en vano buscaremos el océano, la zanja, la discontinuidad natural que separaría el continente que llamamos Europa de aquél que nominamos Asia. La única barrera entre ambos es la grieta del Eurocentrismo, que quiso convertir la península europea en Centro del Mundo.

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Quien se nombra se crea; todo enemigo buscará rebautizarlo con un mote que lo destruya. Acierto lingüístico de Hugo Chávez Frías fue adoptar para su movimiento el apelativo de “bolivariano”. Durante casi dos siglos toda fuerza política intentó prestigiarse con el nombre del Libertador: casi ninguna resultó creíble. A principios de siglo la sicóloga social Maritza Montero  me dijo que había compilado  centenar y medio de insultos de la oposición contra el chavismo y  un centenar de epítetos de éste contra los opositores. En tan desigual batalla cabe señalar que los opositores además disponían de la casi totalidad de los medios de comunicación, y sin embargo resultaron derrotados. Bastó que Chávez, comentando una raleada manifestación de Peña Esclusa, dijera que se trataba de una oposición “escuálida”, y así se quedó.

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Quien  dude de los engendros  que incuba el poder en sus cloacas semióticas, considere la nueva acepción  de las palabras “libertario” y “anarquista” en boga en el ámbito mediático. Para el Diccionario de la Lengua Española, “Libertarianismo” es sinónimo de “anarquistmo”: “Doctrina que propugna la libertad total del individuo y la desaparición del Estado y de toda forma de poder”. Así definía Carlos Marx la finalidad última del Comunismo: el Reino de la Libertad. ¿A cuenta de qué entonces motejar de “libertario” a todo esbirro  del Fondo Monetario Internacional, a todo polizonte autoritario de la Banca usuraria que a palo y plomo reprime manifestaciones obreras y protestas contra la entrega de sus países al capital transnacional? Algunos hasta se retratan disfrazados de próceres libertadores. Cada criminal puede llamarse como se le antoje; pero vaya usted a saber  por qué, medios progresistas y hasta izquierdistas corean como cotorritas el fraude, embarrando de paso las palabras “libertad” y “anarquía”, las más nobles del léxico político.

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Pasemos al ámbito local. Las potencias atropellan   a otros países con agresiones delincuenciales para presionarlos a renunciar a sus intereses y su soberanía. Es lo que en términos hamponiles el Presidente Barack Obama llamó “sanción”: “torcerle el brazo” a Venezuela para que adoptara un  gobierno grato a Estados Unidos. La mayoría de las legislaciones del mundo definen a este crimen como “extorsión”. Por no citarlas todas, recurramos una vez más al Diccionario de la Lengua Española, para el cual significa “la presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio. En términos legales, se considera un delito que consiste en obligar a otro con violencia o intimidación para obtener algo de forma ilícita”.

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Pues bien, en aras del latrocinio lingüístico de los poderosos y de la culpable ingenuidad de sus presas, a este crimen  lo han venido llamando “sanciónes” victimarios y víctimas. Recurramos una vez más a la Academia Española, para la cual dicho concepto “se refiere a la pena o castigo que se establece para quien infringe una ley o norma”. En términos jurídicos, ello quiere decir que sólo es “sanción” la aplicada por una autoridad legítima y competente, en cumplimiento de una norma válida y obligatoria para el sancionado, a fin de castigar una conducta ilegítima de éste. Pero las normas o leyes de una potencia no son aplicables a los restantes países soberanos del mundo, ni están éstos obligados a someterse a ellas, ni a  soportar castigos, atropellos, atentados criminales  o penas por tal motivo.

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En dos palabras, cada vez que llamamos “sanción” a una extorsión criminal, atropello o latrocinio de las grandes potencias, no sólo blanqueamos con legitimidad el delito: también nos autocalificamos de culpables, hacemos el papel de niños malos a quienes papi nos da coscorrones a ver si de una vez por todas nos corregimos.  Nada de eso. Somos blanco de la ilegítima extorsión de varias potencias delincuentes, no estamos obligados a obedecerla, y los actos impuestos en tal condición son nulos de toda nulidad en cuanto forzados bajo violencia ilegal. Mientras sigamos llamándola “sanción” no hacemos más que otorgar validez legal a nuestra condición de víctimas.

Llamemos las cosas por sus nombres.