La opinión pública internacional, al fin, comienza a sacudirse el sopor de la indiferencia. Con creciente atención -y espanto- contempla el despliegue de un genocidio sostenido, sistemático, que no sólo siega vidas, sino que también arrasa territorios, culturas y memorias. Observa las prácticas de desertificación humana y material que la teocracia terrorista e imperial de Israel impone sobre Gaza, aunque no sólo sobre esta ya diezmada y estrecha lengua de tierra. También sobre toda la geografía palestina, indisimulable bajo el ropaje de la autodefensa. Pero esta infamia no irrumpe como un rayo súbito: es apenas un nuevo escalón en la larga escalera del horror, cuyos primeros peldaños fueron legitimados entre las ruinas aún humeantes de la Segunda Guerra Mundial. En su génesis misma, el Estado de Israel nació como desembocadura geopolítica de una Europa que, expiando su culpa, erigió otra catástrofe. El sometimiento actual no es más que la continuidad aberrante de aquel diseño.

Ni los escombros del alma palestina ni el hedor de la carne calcinada parecen traspasar las fronteras de la conciencia occidental. Europa, envejecida y acorazada, gira su rostro hacia otro lado, aunque sus radares diplomáticos y comerciales estén perfectamente ajustados con precisión quirúrgica. Gaza sangra en alta definición, pero los umbrales morales del viejo continente se han curtido en siglos de colonialismo y exterminio selectivo. Ya no hay horror que lo conmueva si no es blanco o no porta pasaporte comunitario o fenotipo nórdico. Se horroriza ante el puñal improvisado de un refugiado, pero subvenciona la industria del misil pretendidamente quirúrgico. Ni siquiera las lágrimas le quedan.

Allí, en la ratonera de la historia, una franja de tierra reseca y cercada se ha convertido en sinónimo de asfixia. Es un laboratorio a cielo abierto de la impunidad imperial. No es la primera masacre, ni será la última, porque el genocidio se ha naturalizado como rutina. No hay tregua posible cuando la tregua misma es usada como coartada para arrasar barrios enteros. Cada niño mutilado por la metralla, cada escuela convertida en polvo, cada hospital clausurado por una bomba de precisión, es una bofetada a la idea misma de humanidad. Europa calla. No sólo calla: persigue a quienes huyen, encarcela a quienes protestan y deja naufragar a los que escapan.

La fosa común del Mediterráneo y los escombros de Gaza están hechos del mismo barro moral. Ese que occidente ha amasado con siglos de legalidad selectiva, asilo negado, derechos cercados por fronteras. El derecho al exilio, otrora grito sagrado en las voces errantes del siglo XIX, de la primera guerra mundial o del nazismo, hoy se ahoga entre la valla de Melilla y los campos de concentración higienizados de las islas griegas o en Lampedusa. No hay memoria viva en las capitales europeas, solo el mármol frío de simposios de resoluciones no vinculantes y becas para estudiar la paz mientras se comercian armas. La doble moral no es disonancia sino doctrina: ha devenido régimen.

Europa, que alguna vez se proclamó faro civilizatorio, ha terminado por ser su parodia sombría. No ofrece refugio, sino vallas electrificadas. No brinda asilo, sino deportación. No tiende la mano, sino que calcula el naufragio. Después de haber derribado el ominoso muro de Berlín, ha erigido nuevas murallas. La vieja Europa, sepulcro de utopías ilustradas, ha transformado el Mediterráneo en una fosa común más profunda que sus aguas: es el abismo donde se hunden la fraternidad y la legalidad internacional. Bajo la retórica de la seguridad, niega asilo en nombre de la seguridad a quienes huyen de los horrores sembrados por sus propias armas y las de sus aliados.

Los pasaportes, como las armas, también matan. No con pólvora, sino con ausencia: la de derechos, la de tierra firme, la de toda empatía. Basta con una geografía natal equivocada o con una piel oscura para ser, ilegítimo, prescindible. Mientras Gaza arde bajo las bombas, Europa restringe los visados, recorta los fondos humanitarios y encarga barcos que vigilan, no que salvan. Se protege del humo que la historia levanta como si no tuviera ya el alma tiznada por siglos de colonialismo, esclavitud, pogromos y exterminios. Los muros actuales son herederos directos de las murallas que Europa nunca se atrevió a derribar.

A los que escaparon a las bombas, la intemperie. A los que huyeron de la ocupación, el encierro. La solidaridad europea viene con cláusulas de exclusión: no demasiados, no tan cerca, no tan distintos. Pero esa contabilidad del sufrimiento la acerca más a sus antiguos verdugos que a los ideales que alguna vez enarboló. Cuando se pondera cuántos refugiados puede “soportar” un país, ya no queda brújula, solo cálculo. Porque no se trata de peso demográfico, sino de carga ética. Y Europa, con Gaza ante sus ojos, se ha declarado en bancarrota de humanidad.

América Latina, que supo entonar su rebeldía contra los imperios y abrir corredores humanitarios cuando las balas caían como relámpagos sobre pueblos hermanos, hoy apenas murmura, si es que aún articula palabra. Atrás quedaron las fotos de presidentes enarbolando la causa palestina en foros globales. Hoy, los silencios oficiales y las tibias declaraciones diplomáticas pesan como lápidas sobre una historia que se pretendía solidaria y hoy yace sepultada. En Gaza, como en nuestros desaparecidos, también hay vuelos de la muerte. Los cadáveres no se arrojan sino que germinan en el territorio. Pero ahora, nuestros gobiernos, aún los progresistas como el uruguayo, guardan prudente distancia para no incomodar a Washington ni entorpecer el comercio: nos avergüenza.

El Sur global ha perdido reflejos y el pulso. Solo algunas voces solitarias y unos pocos países aún irreverentes, que se atreven a llamar genocidio al genocidio, apartheid al apartheid. El resto, arrulla con eufemismos su inacción. O peor aún, llamando guerra a una limpieza étnica. Se apela a la “complejidad del conflicto” como quien encubre un crimen bajo la niebla del caos. Se pide “moderación a ambas partes”, como si hubiera simetría entre quien arroja fósforo blanco sobre escuelas y quien se defiende con piedras, cohetitos de artesanía y comunicados. Es el lenguaje de la equidistancia, que en los hechos es el lenguaje del verdugo.

El diseño fundacional de los Estados-nación, tal como emergió de la Paz de Westfalia, postulaba territorio fijo, población constante y soberanía reconocida. El Estado-nación implicaba no solo una estructura legal-administrativa, sino una cierta homogeneidad cultural o étnica, o al menos una narrativa legitimadora forjada a posteriori. En ese esquema, el Estado debía articular los intereses individuales bajo el amparo de la ley y la racionalidad legal, en nombre del bien común.

Hegel llevó esta noción a su cima filosófica. El Estado, en su visión, no es solo una estructura jurídica: es la encarnación de la razón misma, el momento donde la libertad subjetiva deviene voluntad general. Y el espíritu absoluto se realiza históricamente. El Estado hegeliano no solo gobierna: revela y concreta el sentido profundo de la historia universal, mediante la mediación dialéctica de las contradicciones. Marx, con su crítica de la filosofía del Estado de Hegel al concebir que el estado burgués no es una culminación histórica sino un punto de partida, no deja de pensar que la modernización capitalista no solo es un orden de racionalidad superior al precedente, sino además la condición de posibilidad del tránsito hacia su superación. Tal vez alentado por el entusiasmo darwinista de entonces, indujo a una lectura evolucionista de la historia que aún permea ciertas izquierdas contemporáneas.  

La racionalidad de la modernidad se erige sobre una confianza inédita en la razón humana como principio ordenador del mundo. No el dogma ni la herencia, sino la voluntad ilustrada de construir un orden político fundado en la autonomía del individuo, la soberanía popular y la legalidad desacralizada del contrato humano. Las revoluciones francesa y norteamericana, hijas de esta nueva racionalidad, desplazaron definitivamente la matriz teológico-política del absolutismo y consagraron el derecho a la autodeterminación, la ciudadanía jurídica universal, la libertad como fundamento del sujeto moderno y la igualdad ante la ley como su horizonte normativo. Fueron más que irrupciones políticas: constituyeron el mito fundacional de la modernidad emancipadora, superador incluso del pacto de Westfalia, que aún guardaba residuos monárquicos y una concepción estática del poder. Sin embargo, ese universalismo proclamado, aunque muchas veces sincero, jamás fue neutral: se trazó desde el centro europeo, con pretensiones de expansión totalizante, y relegó las singularidades culturales y los pueblos colonizados a las márgenes de la excepción, el atraso y la barbarie. El universalismo moderno, en su matriz, arrastra así la sombra de su propio límite: pretende incluir a todos, pero desde un modelo que excluye toda diferencia que no pueda ser asimilada.

Bajo el ropaje del derecho y la promesa de universalidad, la modernidad alumbró también su abismo, su falla más atroz: la convivencia con las tragedias políticas y la posibilidad misma de que existan seres humanos sin derechos. Hannah Arendt formuló una de las advertencias más radicales del siglo XX. Advirtió que la deshumanización no comienza con el asesinato, sino mucho antes: cuando alguien es excluido de la comunidad política y pierde el “derecho a tener derechos”. No se trata sólo de un despojo legal, sino de una mutilación ontológica: el ser humano sin ciudadanía ya no es siquiera un ciudadano degradado, sino un no-sujeto, arrojado fuera del mundo común. Así, los apátridas, los expulsados, los detenidos sin papeles, encarnan la paradoja de una modernidad que proclama derechos inalienables, pero solo los vuelve exigibles bajo soberanía reconocida. Donde no hay pertenencia, no hay humanidad. Y allí donde alguien es reducido a la mera vida biológica sin historia, sin nombre, sin comunidad, comienza la barbarie no como ruptura de la modernidad, sino como su culminación perversa.

Desde esta perspectiva, el modelo israelí no se alinea con el ideal hegeliano del Estado como razón encarnada que trasciende los intereses particulares. Por el contrario, preserva la particularidad de una comunidad étnico-religiosa como piedra fundacional del Estado desde su mismo origen. La ciudadanía árabe israelí, aunque formalmente reconocida, subsiste en una condición de ciudadanía de segunda clase, subordinada tanto en lo simbólico como en lo jurídico. ¿Puede entonces este tipo de Estado ser considerado una expresión de la razón universal o más bien una forma moderna de teocracia democrático-representativa o inclusive un oxímoron: una etno-teocracia democrática? 

Israel es un caso que impugna las categorías de la modernidad. Formalmente se presenta como una democracia parlamentaria moderna, con separación de poderes y sistema legal propio. Pero su fundación en 1948 estuvo sostenida no solo en razones políticas, sino en una reivindicación nacional-religiosa y una genealogía étnica que contradice sustancialmente el modelo ilustrado de ciudadanía universal. El Estado israelí no es solo el hogar de los ciudadanos nacidos en su territorio, sino la patria de todos los judíos del mundo. Por un lado la Ley del Retorno, que garantiza ciudadanía automática a cualquier persona judía independientemente de su lugar de nacimiento. Por otro la Ley del Estado Nación del Pueblo Judío (2018), que consagra el carácter judío del Estado por encima del principio de igualdad, configuran una concepción étnico-religiosa del Estado que se aparta radicalmente del principio de igualdad (aún exclusivamente formal del ciudadano) del universalismo jurídico moderno. 

El concepto de teocracia, tradicionalmente reservado para regímenes donde el clero detenta el poder directo -como en Irán o el Vaticano- ha mutado en la era contemporánea. Ya no se requiere de una casta sacerdotal en el gobierno para que una estructura estatal se rija por mandatos sagrados. Basta con que una religión condicione normativamente las leyes, la educación, los usos civiles e incluso la política exterior, para que el poder derive su legitimidad de una narrativa trascendente. Israel, aunque no esté administrado por rabinos, entrelaza su andamiaje jurídico con principios religiosos que atraviesan desde el derecho civil -como el matrimonio- hasta la política territorial, consagrada simbólicamente como la posesión de una “Tierra Prometida”. La teología opera como columna vertebral de la soberanía. Incluso desde los principios fundantes del sistema westfaliano, se impone una pregunta tan básica como inquietante: ¿tiene Israel, en rigor, fronteras?

Esta amalgama híbrida entre instituciones representativas y legitimación religiosa plantea algo más que una ambigüedad ontológica: ¿es Israel un Estado moderno en el sentido racional-hegeliano, o una teocracia imperial maquillada por instituciones liberales? ¿Se rige por la voluntad general o por la voluntad de una comunidad históricamente marcada por la memoria del exilio y el “pacto divino”? Prefiero pensarlo como un Estado étnico, teocráticamente  estructurado, que impone mediante una violencia que se inscribe en la lógica del exterminio identitario, un orden de exclusión estructural sobre los pueblos no integrados al relato nacional judío, como el pueblo palestino.

Así, la pregunta no es solo si Israel realiza la razón, sino qué forma de razón se materializa en su existencia misma: ¿una razón universal, ilustrada y ciudadana, o una razón identitaria, excluyente y legitimada por la fe? Esta tensión -entre Hegel y Josefo, entre Westfalia y el Sinaí- no está resuelta, pero define el drama contemporáneo de un Estado que invoca el progreso, dramáticamente confirmado en su desarrollo tecno-belicista, al tiempo que exhibe con orgullo un arcaísmo político y cultural.

En el año 2008 comencé la publicación de una serie de artículos en las contratapas dominicales del diario “La República”, a través de los cuales me propuse tipologizar el terrorismo (v.g.: “tres tristes terrorismos”): el terrorismo individual o partidario (tal el que practicó y afortunadamente ya desechó, el movimiento anarquista -que afortunadamente ha discontinuado- y hoy, en otra escala, Hamás empuñando el odio y la venganza como coartada moral, bajo un ropaje de resistencia que se disuelve actos ciegos), el terrorismo de Estado (como el que asoló nuestras naciones del sur) y el terrorismo imperial (como el que practican los EEUU en todo el mundo e Israel en oriente medio, bombardeando con la arrogancia de los elegidos mientras legislan sobre cadáveres). Los tres confluyen trágicamente, como ríos de fuego, sobre la misma víctima: la población civil indefensa.

En Gaza se cruzan todos los fuegos: los del cielo, los de la tierra, los del odio. Las bombas imperiales con sello israelí-estadounidense con colaboración europea, el fanatismo reaccionario de grupos milicianos que reivindican la venganza como identidad, y el ya obsceno silencio atronador de los organismos internacionales, cómplices por omisión. Entre el oprimido sitiado y el opresor blindado no hay simetría posible. No hay paridad ni en el conteo de cadáveres ni en la monstruosa asimetría del fuego. Aun así, ni el terror de unos ni el de otros puede redimirse: la sangre del niño asesinado en nombre de una bandera no vale más ni menos que la del niño asesinado por un dron sin rostro.

Nombrar a Hamás como terrorista sin nombrar a Israel como terrorista imperial es un acto de cobardía intelectual. También lo es romantizar la desesperación o convertir el cohete artesanal en símbolo de resistencia. El terror no libera. No crea conciencia, no organiza la esperanza. Al contrario, la intoxica. Gaza no necesita mártires, ni minas, ni túneles, ni drones militares en el cielo, sino agua potable, soberanía y escuelas abiertas al futuro: derechos. Y sobre todo, necesita que no se la olvide entre masacre y masacre, como si su derecho a existir dependiera únicamente de cuánto puede sufrir sin desaparecer.

No hay neutralidad posible frente al genocidio, como no la hubo frente a Treblinka ni frente a la ESMA. Quien calla, otorga. Quien duda, demora. Y en esa demora, una mujer queda sepultada en la frontera, un anciano agoniza sin agua en el corazón de Gaza, un niño más muere asfixiado bajo un edificio colapsado. No se trata de tomar partido entre facciones ni de evaluar proporcionalidades: se trata de la defensa radical de la vida humana, sin distinción de fe, pasaporte, ni geografía.

Brillantes artículos se han publicado recientemente en Uruguay como el de Gabriela Balkey, exaltando la cultura judía en diálogo con la nacionalidad oriental, pero exigiendo que nunca en su nombre, o Federico Fasano subrayando la ominosa reconversión de los judíos de víctimas recientes en victimarios actuales. No se me escapa que la opción casi hegemónica entre izquierdas y progresismos ha sido la constitución de dos estados. Por el contrario, creo que constituye una ilusión peligrosa frente al drama palestino-israelí. Porque no solo se ha vuelto impracticable en términos geopolíticos, sino que resulta profundamente regresiva en el plano civilizatorio. Lejos de garantizar la paz, consolidaría la fragmentación, el atraso y la barbarie en una región lacerada por concepciones premodernas y teocráticas que se retroalimentan mutuamente en su violencia alejándose cada vez más, hasta de la fase jacobina de la Revolución Francesa. Los acontecimientos actuales, no me inducen a modificar esta postura que sostuve en aquella sucesión de artículos de casi dos décadas atrás. La única salida justa, posible y ética radica en la fundación de un Estado único, moderno y secular, que supere el etnocentrismo del apartheid israelí y la lógica patriarcal de las dirigencias palestinas, para señalar solo un aspecto de cada uno. Un Estado donde la ciudadanía no esté definida por credos, etnias, ni linajes, sino por la pertenencia igualitaria al espacio político común. Un Estado laico, con plena libertad de culto, que reconozca todas las lenguas, culturas y memorias, y restituya la dignidad jurídica y ontológica a quienes hoy viven excluidos del derecho a tener derechos. Como en su momento lo intentó Sudáfrica tras el apartheid, o Bolivia al constitucionalizar su pluralismo ancestral, esta es la única forma de inscribir esa tierra desgarrada en la modernidad democrática y emancipadora sacándola del pantano de atraso en el que mutuamente se han encajado.

El infierno no es un lugar: es este tiempo. Y Gaza, su nombre propio. Pero hay otra posibilidad, aún latente: que la rabia se organice, que la tristeza se vuelva juicio, que la memoria no se entierre bajo los escombros. Que la resistencia no se confunda con venganza ni la denuncia con retórica. Que el Sur recuerde su vocación solidaria. Que las palabras no lleguen siempre tarde.

Gaza no es solo una herida abierta: es un espejo. Y nos estamos mirando.

Emilio Cafassi (Profesor Titular e Investigador de la Universidad de Buenos Aires).

El barco de la Flotilla Madleen ha hecho lo que la UE, encabezada por la nazi Ursula y con su corte de monigotes bailarines, habría querido que no hiciese, preferiría que el barco hubiese sido masticado por una ballena gigante, pero ahí estaba en mar abierto, en aguas internacionales diciendo al mundo que tenía algunas medicinas y alimentos para el pueblo de Gaza. Y los protegidos de la UE y su amo EEUU tenían al monstruo suelto, como les gustaba que anduviese para que persiguiendo el objetivo cometiese el genocidio con su silencio y bendiciones de “tiene derecho a defenderse”. Hasta Lieberman, exministro de exteriores del ente terrorista sionazi ya había acusado a Netanyahu de armar a unos bandidos, que se pudieron de nombre irónico “Fuerza antiterrorista”, para que haciéndose pasar por palestinos atacasen y robasen los camiones de la ayuda humanitaria que entraban con cuentagotas en Gaza. Y ya tenemos otros dos frentes, uno la Flotilla por la Libertad de Gaza, que el “Occidente global” quería ignorar y no pudo impedir su presencia y valor político y solidario, y dos, buscar minimizar las bajas del ejército colonial para que en el ente no se abundase en la inutilidad del genocidio, pero no solo eso, intentar hacer creer que el enfrentamiento de los bandidos contratados para el caso diesen la impresión de provenir de una división entre los palestinos. Los mercenarios, colaboracionistas bandidos han aparecido vinculados al DAES, así ha sido declarado por el mismísimo criminal Netanyahu al acusar a Lieberman de haberlo filtrado.

Cuanto más contrario a Palestina, más se regodean todos en las recepciones con los dirigentes del genocidio. Aunque parece que su exposición colaboracionista, denunciada por los pueblos en las calles ha hecho subir el listón de Derechos, Resistencia y Antiimperialismo, y les ha puesto nerviosos, cuando hace tan solo unos días celebraban en su Eurovisión al ente terrorista sionazi.

Los bandidos pagados por “Israel”, más allá de las diferencias entre representantes, tienen la misión de desestabilizar, dividir, y hacer el “trabajo” que ha venido desgastando mundialmente al ejército colonial. Ahora ha quedado claro que tanto el DAES creado por EEUU y sus amigos, como el que Netanyahu confiesa que es pagado por su aparato colonial, es una marioneta. Aplausos de Zelenski, de Milei, y un poco arrugados hasta que pase la tormenta los quejosos de la UE, esos gobiernos guerreros que sacan el dinero de sus ciudadanos para fabricar armas y disparar contra Rusia mientras han ocultado lo que hacían sus socios colonialistas en Palestina, tanto es así que a asesinar niños, mujeres, hombres, de cualquier edad, le llamaban “derecho a defenderse”. “Derecho a defenderse” es colonizar Palestina, exterminar su población con bombas, con hambre, con sed, con enfermedades. La hipocresía les ha brotado tanto por la boca, los ojos, las manos, que todos abrazados a la causa genocida pensaron que la tarea estaba a punto de conseguirla, y la Resistencia Palestina llamó a los pueblos del mundo el 7 de octubre de 2023. Seguirían con la fiesta entre ellos, pero la solidaridad y la voz de Gaza les ha ido descubriendo como el monstruo en la sombra. La Resistencia y la solidaridad han iluminado lo que son y la ideología que les sustenta.

Les gustaría que continuase el genocidio, lo han alimentado, su diferencia con los ejecutores es de ritmo y forma, no quieren aparecer, tienen necesidad de buscar un poco de distancia, que no se les vea tanto, hasta los firmantes de los “Acuerdos de Abraham”, monarcas árabes medievales capitalistas, siempre dispuestos a vender a Palestina, han tomado sus precauciones, pero que nadie espere que den una sola bala a la Resistencia, dan solo palabras mientras el ente terrorista sionazi acelera su paso envuelto en la locura de bañarse en sangre del Pueblo de Gaza, pero sin olvidar a Cisjordania y Jerusalén.

Cuando una delegación de Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes ha pretendido viajar a Palestina para tratar con los genocidas la posibilidad del reconocimiento de un Estado Palestino, la respuesta no ha podido dejarlos más en ridículo, le han prohibido la entrada los que “tienen derecho a defenderse”. El príncipe de Arabia Saudí se ha ofendido y ha declarado que los prohibidores de su paso son unos “extremistas”. ¿Continúa estando sordo y ciego? La CPI, los responsables de la ONU, los organismos internacionales humanitarios en general, todos los pueblos han acusado al ente terrorista de cometer genocidio. Tanto dinero como tienen, tanta imagen de dignidad que quieren dar, y todo lo que los conduce es acordar algo con los sionazis para que los pueblos árabes se pongan tras ellos y no les creen problemas, y una segunda cosa, apagando el fuego con promesas, poderse dedicar, según lo acordado con terror Trump el servidor de las bombas, al negocio inmobiliario en Gaza, ladrillo con ladrillo sobre las vidas de la dignidad y la defensa más humana, y pisando esas vidas hacerse pasar por dialogantes y próximos Premios Nobel de la Paz. Bendiciones papales mientras el pueblo de Gaza Palestina quede devastado. Pero los netanyahus quieren garantías de salir indemnes de que sus crímenes son archivados.

Es hora de sostener y aumentar la movilización por Palestina Gaza, sus derechos son los de todos los pueblos anticolonialistas.

En unos días tendremos otro episodio de defensa a ultranza del Pueblo de Gaza, una caravana de camiones con alimentos y medicinas ha salido desde Túnez, cruzará Libia y Egipto para ponerse en la entrada a Gaza, es una Flotilla por la Libertad que va por tierra, Madleen sigue ahora por carretera, y las voces populares deben acompañarla y romper el bloqueo del terrorismo sionazi.

Ramón Pedregal Casanova es autor de los libros: Gaza 51 días; Palestina. Crónicas de vida y Resistencia; Dietario de Crisis; Belver Yin en la perspectiva de género y Jesús Ferrero y Siete Novelas de la Memoria Histórica. Posfacios. Colaborador del canal Antiimperialistas.com, de la Red en Defensa de la Humanidad.

En América Latina se ha producido una exitosa apropiación del concepto “libertad” por parte de las derechas políticas y económicas. Con distintas variaciones como “libre mercado”, “libre empresa”, “economía libre” e incluso, muy recientemente, tras la ideología “libertaria” y al mismo tiempo “anarcocapitalista”, lo que se pretende sostener es que una economía basada en el mercado y la empresa privada es la expresión genuina de la libertad humana, en general. Con ese redondeo, sus seguidores e ideólogos juzgan al progresismo latinoamericano, al marxismo y a cualquier postulado de izquierda o socialista, como teorías contrarias a la “libertad”.

Pero la apropiación conceptual no es más que un recurso ideológico, ya que en nada se ajusta a las realidades históricas de la región. Aunque el término libertad es anterior al capitalismo, adquirió la connotación contemporánea asociada al mercado y la empresa, bajo las condiciones creadas por la primera revolución industrial. Tuvo su mayor expresión en los pensadores ilustrados del siglo XVIII y se consolidó con las revoluciones burguesas entre las que sobresalió la de Francia, en 1789.

El mismo pensamiento ilustrado se difundió en América Latina y permitió formulaciones propias, como la asociación entre libertad e independenciaanticolonial, que movilizó los procesos independentistas latinoamericanos a inicios del siglo XIX. Sin embargo, durante la época republicana y de edificación de los Estados nacionales, la “libertad” y sus connotaciones (libre mercado, etc.) tuvieron desarrollos contradictorios y hasta conflictivos. Liberales y radicales del siglo XIX asumieron representarlos auténticamente; pero expresaron, inevitablemente, a sectores modernizantes y a burguesías emergentes, que confrontaban contra el dominio terrateniente y las oligarquías agrarias y regionales. Se referían más al campo político y legal, a fin de consagrar los derechos individuales y las instituciones civiles, que finalmente se incorporaron en las Constituciones liberales desde mediados del siglo XIX. En lo económico, hablar de mercado libre o libre empresa no tuvo la fuerza que hoy tiene, aunque se asociaban a la teórica visión de los derechos individuales y de propiedad, además de orientarse, ante todo, a las relaciones de comercio internacionales.

No por ello la situación social cambió, pues si bien fue abolida la esclavitud, el sometimiento campesino, indígena y de los trabajadores a formas serviles y otras relaciones precapitalistas propias de los regímenes oligárquicos de la época, se mantuvo largo tiempo y en buena parte de los países hasta por lo menos mediados del siglo XX. La “libertad” no llegó. Por eso los desarrollismos de las décadas de 1960 y 1970 son los que realmente modernizaron a las sociedades latinoamericanas en su conjunto y afirmaron definitivamente las relaciones capitalistas, lo cual tampoco significa que la “libertad” se haya afianzado en la región que, de todos modos, pasó a ser la más inequitativa del mundo.

A partir de la Revolución Mexicana (1910) y particularmente de su Constitución de 1917, la libertad adquirió un carácter social de liberación: contra la pobreza, la explotación, el subdesarrollo. Con ese impulso, el desarrollo de las izquierdas latinoamericanas durante el siglo XX afirmó la lucha por la libertad como superación del capitalismo como sistema opresor del ser humano. Al mismo tiempo fue esclareciéndose que la libertad tiene dos concepciones distintas y en disputa para el tiempo presente. De un lado, la libertad y sus variantes económicas, tal como provienen de la ideología neoliberal y de la libertaria, se refieren al dominio empresarial privado, cuestionan al Estado y alientan la flexibilidad laboral, que implica recortar los derechos laborales históricamente alcanzados. Incluso, desde la perspectiva libertaria anarcocapitalista, el Estado, como órgano opresor y “ladrón” de recursos privados a través de impuestos, debe desaparecer. Desde estas filas parece olvidarse que en la historia latinoamericana no ha existido mercado “libre” y que, además, la empresa “libre” no ha generado bienestar social y ha acudido al Estado tantas veces cuantas ha sido necesario para obtener subsidios, descuentos, reordenamiento o alivio de deudas, supresión de impuestos, etc. El “corralito” en Argentina (2001) y el “feriado bancario” en Ecuador (1999) salvaron a banqueros corruptos, a costa de la sociedad y de los recursos estatales.

De otro lado, la “libertad” planteada desde las izquierdas no se agota en la liberación social, porque se comprende que, librada la sociedad de la dominación capitalista, el individuo puede ejercer, como no ocurrió antes, su plena libertad. Está claro, desde estas filas, que la libertad individual no debe ser confundida con la libertad de mercado o de empresa. Estas “libertades” económicas son las que tienen que sujetarse a las regulaciones del Estado y, ante todo, de la sociedad, para garantizar la efectiva libertad individual y no solo de las élites minoritarias del poder, que acumulan riqueza aprovechando del trabajo socialmente generado.

En última instancia, lo que desde esta otra óptica se plantea para un futuro diferente es no solo cuestionar el poder del Estado como órgano opresor, sino el poder del capital. Si se sigue a los libertarios anarcocapitalistas, al desaparecer el Estado solo queda la actividad privada que, en definitiva, se materializa en los “emprendimientos”, cuyo exponente central son las empresas que emplean trabajadores bajo una supuesta relación “libre” y voluntaria entre partes iguales. Si se sigue a las izquierdas latinoamericanas, es, finalmente, la abolición del poder opresor del capital el que asegurará la verdadera libertad del ser humano.

En esta contraposición de ideales, lo que en la vida efectiva sucede en la América Latina del presente es la contraposición entre dos “modelos” de economía: uno afincado en la libertad del mercado y la acción exclusiva de la empresa privada y otro que se construye con dificultades, entre avances y retrocesos, para lograr una economía de tipo social, en la cual el Estado cuente con fuertes ingresos, redistribuya la riqueza, imponga regulaciones y normas al sector privado, proteja los derechos laborales, sociales y ambientales, y multiplique la atención prioritaria en bienes y, sobre todo servicios (educación, salud, medicina, vivienda), para el bienestar de la población y su libertad social e individual frente al poder del capital.

Este contraste de caminos tiene experiencias históricas demostrables bien sea con los gobernantes neoliberales y empresariales o bien con los gobiernos progresistas. En la actualidad, México está a la vanguardia en la edificación de una sociedad con economía social; mientras en Argentina se afectan seriamente las condiciones de vida y trabajo de la población y en Ecuador la sucesión de tres gobiernos empresariales desde 2017 ha institucionalizado la segunda época plutocrática en la historia del país, en la cual reviven viejas condiciones del subdesarrollo y dominio oligárquico, en medio de una inseguridad ciudadana inédita. América Latina sigue en disputa por la libertad: del individuo y la sociedad, en un extremo, o del mercado y las empresas, en el otro.

Blog del autor: Historia y Presente
www.historiaypresente.com

En memoria de José Ángel Gallegos Gómez, incansable luchador contra la violencia inmobiliaria, entregado en cuerpo y alma a la defensa de los pisoteados derechos de sus víctimas y fustigador implacable del sometimiento de los poderes “soberanos” a los dictados de la mafia financiero-inmobiliaria.

«El mercado inmobiliario de ninguna manera es un mecanismo infalible, o siquiera inteligente, que conduzca bajo la dirección de alguna mano invisible a ciudades perfectas y equilibradas. Más bien, es un lugar de combate en el que se enfrentan sujetos de muy distinta naturaleza y en el que se impone el más fuerte. El resultado se aleja por tanto de esa Arcadia ideal y se aproxima más al terrenal -por no decir infernal- campo de batalla que constituyen las ciudades capitalistas” (Samuel Jaramillo)

Historias de horror

«Una metonimia del mundo moderno». De esta guisa caracteriza el geógrafo y urbanista Brett Christophers la turbulenta historia de la urbanización Summer House. Se trata de un complejo de apartamentos de alquiler «bastante anodino» de la isla de Alameda, ubicada en la paradisíaca bahía de San Francisco, cuyas vicisitudes recientes Christophers califica como una historia “de pesadilla”.

El viacrucis de los infortunados inquilinos comenzó a mediados de los años 90, cuando el complejo fue adquirido por Fifteen Group, un fondo de gestión de activos reales -más conocidos como fondos “oportunistas” o “buitres”- de tamaño medio de Florida. Tras diez años de abandono y de quejas continuas -descritas por un periódico local como «historias de terror: problemas de fontanería y bajantes, averías eléctricas, techos con goteras, etc.»-, en 2004 los inquilinos recibieron el temido burofax, en el que se les comunicaba taxativamente la no renovación de todos los contratos. La coartada utilizada por el fondo forma parte del modus operandi al uso en tales procesos: la presunta necesidad de proceder a la renovación urgente e integral de las propiedades, cuyo deterioro se había provocado intencionadamente.

Sin embargo, los nuevos residentes tampoco hallaron la paz y el sosiego en sus flamantes residencias. Tras dos nuevos cambios de propiedad en los convulsos años posteriores a la crisis financiera de 2008, en 2017, otro fondo oportunista llamado Kennedy Wilson decide deshacerse definitivamente del complejo, no sin antes recibir un “modesto” rendimiento del 700%. En el ínterin, los alquileres llegaron incluso a triplicarse y continuaron asimismo las amargas quejas de los residentes por la falta de mantenimiento y la dejadez de funciones por parte del administrador de las fincas.

Un halo de misterio rodeó, como explica Christophers, la lucrativa transacción:

“En el artículo que informaba del acuerdo de 2017 en el San Francisco Business Times había una linea sorprendente: ‘Kennedy Wilson se negó a revelar la identidad del comprador’”.

Con el tiempo se supo quienes eran los nuevos propietarios: el Blackstone Group, con sede en Nueva York, el mayor fondo buitre del mundo. Pero no fue porque Blackstone revelase la información: Blackstone nunca ha dicho públicamente que sea el propietario; Summer House está gestionada por otra empresa.

Sea como sea, en los años transcurridos desde que Blackstone asumió la propiedad, las quejas y el descontento de los sufridos inquilinos por el abandono de las fincas y el absentismo de la propiedad no han aminorado y los alquileres han seguido aumentando.

¿Cuáles son los rasgos específicos de esta historia aparentemente local, que justifican la designación de este caso concreto como un símbolo global de la “violencia inmobiliaria”? La rotunda respuesta de Christophers no deja lugar a dudas: “es necesario que nos fijemos especialmente en un tipo particular de propiedad, la quintaesencia de la modernidad tardía, la propiedad del capitalismo financiero”.

A más de 9.000 kilómetros de distancia de Summer House, en el barrio de San Cristóbal de los Ángeles, situado en la periferia sur de Madrid -una de las zonas más duramente golpeadas por la debacle inmobiliaria de 2008- vive María Eugenia Ortega. Su infausta historia representa sin duda también otra «metonimia del mundo moderno”.

Ortega, trabajadora de la Comunidad de Madrid en ayuda a domicilio de personas mayores, creyó ver por fin la conclusión de su calvario inmobiliario en el año 2013. Su alborozo se debía a la ansiada firma de la dación en pago -entrega de la vivienda al banco a cambio de la extinción de la deuda- y de un alquiler social de su vivienda con el Banco de Sabadell. Terminaban así cinco años de pesadilla judicial y personal, tras el impago de su hipoteca debido a la subida inasumible de los tipos de interés previa al crack de 2008. Sin embargo, la aparente solución resultó ser un efímero espejismo y su ilusión de estabilidad acabó saltando de nuevo por los aires. Poco antes de finalizar el contrato de alquiler social en 2019, Ortega sufrió un nuevo sobresalto:

“En 2019 me llamó mi trabajadora social y me comunicó que ya no podía ayudarme más porque acababan de vender el piso del banco a un fondo, por lo que con mucha probabilidad me obligarían a abandonarlo”.

En la operación mencionada, el Banco de Sabadell vendió al fondo de capital-riesgo -otro eufemismo para camuflar su catadura real- Cerberus 61.000 activos inmobiliarios «tóxicos» por unos 3.900 millones de euros: una auténtica ganga. Uno de esos activos -conocidos como “pisos con bicho”, en el expresivo argot del sector- era la vivienda en la que residía Ortega, por lo que solo era cuestión de tiempo que recibiera el “maldito” burofax, comunicándole la no renovación de su contrato. Las consecuencias de verse abruptamente abocada a la “exclusión residencial” fueron devastadoras: “Llevo mucho tiempo sufriendo ansiedad, tengo el azúcar muy alterado, padezco insomnio y estoy en un constante estado depresivo porque me veo sola con una hija a la que mantener y la incertidumbre de no saber cuándo me van a desahuciar”. Ante la imposibilidad de acceder a un alquiler asequible, dado el nivel prohibitivo del mercado, Ortega considera que la única salida que le queda es la okupación, camino que han tomado también muchos vecinos del barrio en su misma situación.

Las acerbas situaciones descritas, espigadas entre una miríada de casos semejantes, ejemplifican la creciente violencia ejercida por los mecanismos depredadores de los poderes capitalistas contra las condiciones básicas de subsistencia de las clases trabajadoras, entre las que el acceso a una vivienda digna ocupa un lugar preeminente.

“Están dispuestos a destruir las vidas de la gente”. La contundente sentencia, recogida asimismo por Christophers, está extraída de la declaración de la experta en planificación urbana Elora Lee Raymond ante un comité del Congreso de Estados Unidos que investigaba las prácticas desarrolladas por los arrendadores corporativos, controlados por gestores de activos como Cerberus o Blackstone. A la luz de los ejemplos mencionados, únicamente dos botones de muestra del modus operandi de tan “honorables” instituciones, no parece en absoluto una afirmación exagerada.

El escenario de pesadilla en el que se ha convertido la obtención de un bien esencial para el adecuado funcionamiento de los mecanismos básicos de la reproducción social -cobijo, crianza, educación, salud, arraigo, etc.- refleja asimismo de forma cruda la creciente fractura abierta en nuestras sociedades presuntamente “desarrolladas”: mientras que para los más la vivienda constituye una pesada carga y una obsesión continua, para los que gozan de “estabilidad residencial” supone el fundamento de su seguridad vital y de su bienestar socioeconómico. El economista marxista y experto en urbanismo Samuel Jaramillo describe el sector inmobiliario moderno como «un campo de batalla», propicio a todo tipo de abusos, dada la enorme asimetría de poder existente en las relaciones que se establecen entre los grupos sociales en pugna.

El urbanista Peter Marcuse y el sociólogo David Madden, autores del texto “En defensa de la vivienda”, recurren al concepto psiquiátrico de “seguridad ontológica” para describir el sufrimiento que la violencia inmobiliaria provoca en sus víctimas:

“Hoy en día, muchas personas sienten ansiedad por su vivienda. Pero para los más pobres, la precariedad residencial resulta profundamente desestabilizadora. Una de las maneras en que los investigadores de la vivienda comprenden la traumática experiencia es a través del concepto de ‘inseguridad ontológica’. La seguridad ontológica es la sensación de que la estabilidad de nuestro pequeño mundo puede darse por sentada”.

El dato clave que agudiza, en palabras de la socióloga Melinda Cooper, la crisis de “asequibilidad residencial” en el Occidente privilegiado, “es la creciente divergencia entre los salarios y el valor de los activos, en particular de los precios de la propiedad inmobiliaria”. La brecha abierta entre los magros ingresos salariales y el coste de la vivienda -muy destacadamente, tras la debacle de 2008, el ascenso vertiginoso del precio del alquiler- propulsa la desigualdad social y agranda el abismo entre los situados en las dos trincheras del “campo de batalla” inmobiliario, generando lo que Cooper denomina una “nueva división de clase”.

Y la fractura no deja de agrandarse: los precios de adquisición y de arrendamiento se sitúan actualmente en máximos históricos -incluso superiores a los valores ya estratosféricos alcanzados en la burbuja inmobiliaria que explotó en 2008- y el esfuerzo requerido para pagar el alquiler representa nada menos que la mitad del sueldo medio en España. Por no mencionar la odisea que supone la obtención de un techo para las generaciones más jóvenes, cuya edad media de emancipación supera holgadamente los treinta años.

Empero, en este punto es menester hacer una advertencia importante, en aras de situar correctamente la auténtica profundidad de la penetración en el tejido social de la brecha inmobiliaria: el hecho de que los desalmados fondos buitres, como Blackstone y Cerberus, representen la “quintaesencia del capitalismo financiero” y que sus despiadadas prácticas conlleven una auténtica pesadilla para sus víctimas no significa que el “casero de los viejos tiempos” -la abrumadora mayoría de los arrendadores- no aplique la misma lógica de maximización de la extracción de rentas. Como explica irónicamente Christophers, si bien existen obvias e importantes diferencias entre ambos tipos de propiedad, el objetivo de la “búsqueda del valor de cambio” es plenamente compartido:

“De hecho, y pese a toda la mitología amable y difusa encarnada por el bonachón y canoso casero de los viejos tiempos, no existe ninguna razón convincente a priori para suponer que dicho propietario esté menos centrado en la maximización de las ganancias que un gestor de activos como Blackstone. Si ser un propietario financiarizado realmente implica observar la lógica financiera y la búsqueda del valor de cambio, ¿qué propietario que no tenga carácter filantrópico, sea una obra de caridad o una entidad estatal, no está financiarizado?”

El propio Jaramillo describe al “canoso casero” como un “protoespeculador”, diferenciándolo del capitalista arrendador profesional, pero resaltando también el objetivo común:

“Actualmente se extiende el alcance de esta protoespeculación, porque si bien hoy en día la práctica de comprar terrenos de forma fragmentada por parte de pequeños adquirientes es algo que declina, en cambio, la compra de inmuebles destinados al alquiler, con esta lógica de agente mercantil, es algo que se expande”.

El activista y experto en el sector inmobiliario Salva Torres proporciona un dato abrumador acerca del progresivo ensanchamiento de esa sima social abierta entre el crecimiento desorbitado de las rentas de alquiler recibidas por los “canosos rentistas” -la edad media del arrendador en España es de 59 años- y los magros aumentos salariales:

“Los ingresos de unos tres millones de caseros, empresas aparte, que declaran por alquilar inmuebles, han aumentado un 95% desde 2008, mientras que los salarios lo han hecho un 39%. Además perciben desgravaciones fiscales escandalosas sobre viviendas que muchas habían sido de protección oficial, financiadas con el dinero de todos”.

Como apunta el también activista y experto en el sector Pablo Carmona, autor del texto «La democracia de propietarios», el viacrucis en el que se ha convertido el acceso a la vivienda para las clases populares estaría apuntando, de tapadillo, a una emergente contradicción social:

“Por la puerta de atrás, se está apuntando a una contradicción central del sistema social, que enfrenta a propietarios que alquilan a precios de mercado para mantener cierto estatus social, y a unos inquilinos que recurrentemente —por problemas de paro, temporalidad y precariedad en el empleo— pueden caer en el impago”.

El sombrío panorama someramente esbozado suscita acuciantes interrogantes, de cuya tentativa de respuesta dependerá la formulación de estrategias encaminadas a potenciar las luchas sociales en el “lugar de combate” en el que se ha convertido la selva inmobiliaria.

¿Cómo se relacionan los procesos descritos de “desposesión” de las mayorías sociales con la evolución degenerativa de la organización social regida por las “heladas aguas del interés egoísta” en las últimas décadas? ¿Cuáles son las conexiones con otros ámbitos de nuestra acerba realidad, como los servicios básicos que sostienen la reproducción social, las precarizadas condiciones laborales o el ecocidio rampante, que también reciben el embate redoblado de la voracidad capitalista? El punto de partida para tratar de arrojar algo de luz sobre tan neurálgicos asuntos debería tomar pie en el análisis del trasfondo estructural del decurso declinante del reino del dinero y la mercancía, que es el principal causante de su redoblada agresividad: ¿existe algún mecanismo interno en el engranaje de la acumulación de capital que provoque la acelerada e inexorable degradación de la organización social sometida a su férula?

La célula tumoral

“El crédito, que es un ingreso consumido antes de haberse generado, puede posponer el momento en el que el capitalismo alcance sus límites sistémicos, pero no puede abolirlo. Incluso el mejor de los encarnizamientos terapéuticos debe concluir algún día”

Anselm Jappe

Las arduas cuestiones planteadas suscitan, entre las fuerzas políticosociales con vocación transformadora, principalmente dos interpretaciones. En el primer caso, el acento se situaría en las infaustas consecuencias del vuelco social y político provocado por la irrupción del neoliberalismo hace medio siglo y en los efectos deletéreos que la hegemonía del capital financiero, rentista y especulativo tiene sobre la demediada economía productiva, el nivel de vida de las poblaciones y los derechos básicos de las mayorías sociales.

La aplicación del “encarnizamiento terapéutico” de las políticas neoliberales, tras el golpe de mano perpetrado por la Dama de Hierro y su homólogo estadounidense, un mediocre exactor de Hollywood, a principios de los años ochenta, ha conllevado el despojo de los mecanismos redistributivos que caracterizaron al Estado del Bienestar fordista y la progresiva liquidación de las precarias conquistas arrancadas por la clase obrera en las décadas previas. Las privatizaciones masivas de servicios públicos y la desregulación acelerada de los mercados de capitales a cargo de los mamporreros del capital transnacional -FMI, BM y OMC- han desembocado en unos niveles galopantes de desigualdad social, propulsados por el desmantelamiento acelerado de los soportes que amortiguaban los quebrantos causados por el inhóspito dominio de las fuerzas del libre mercado. Según este relato, la liberalización del mercado inmobiliario y del sector financiero, causante de la desaforada inflación de los precios de la vivienda y del inflado de gigantescas burbujas, sería consecuencia de decisiones políticas favorecedoras del dominio de las élites plutocráticas, capitaneadas por el capital transnacional radicado en Wall Street -el 1 frente al 99%-. El colapso estrepitoso de la izquierda socialdemócrata y de la excomunista, rendidas con armas y bagajes a los poderes fácticos del gran capital; la práctica desaparición de las organizaciones políticas y sindicales del movimiento obrero tradicional; y el ascenso vertiginoso de la extrema derecha y de la hidra del fascismo social constituyen, en definitiva, el cúmulo de circunstancias desencadenantes de la hegemonía del capitalismo salvaje, encarnado en el talón de hierro de los recortes sociales y de las draconianas políticas de austeridad.

Sin embargo, cabría preguntarse si esta descripción, predominante en las fuerzas políticosociales sedicentemente progresistas, da cuenta cabalmente de la acerba realidad vigente: ¿son tales planteamientos adecuados para comprender las profundas transformaciones de la organización social imperante en las últimas décadas y el ascenso del complejo financiero-inmobiliario como sector clave del sostenimiento de la matriz de rentabilidad capitalista?

O, por el contrario, es necesario escarbar más profundamente en las “entrañas de la bestia” para hallar el engranaje fundamental del sujeto automático que impele la huida hacia adelante de la totalidad social regida por la voracidad del capital hacia la acelerada degradación de los soportes primarios de la reproducción social y del metabolismo socionatural.

Y, en ese caso, ¿cuál es la conexión entre esa trayectoria degenerativa del Moloch y la desenfrenada violencia inmobiliaria que presenciamos en pleno desarrollo?

El economista Alejandro Nadal nos brinda una de las claves del trasfondo estructural de esa deriva, camuflada bajo la agresividad de la huida hacia adelante encarnada en el sufrimiento “necesario” provocado por las despiadadas políticas neoliberales:

“El surgimiento del neoliberalismo no es el resultado del triunfo del capitalismo, como siempre se le ha presentado, sobre todo a partir del colapso de la Unión Soviética. En realidad, la historia es muy diferente. El neoliberalismo es la respuesta a un gran fracaso de dimensiones históricas, a saber, la incapacidad del capital para mantener tasas de ganancia adecuadas”.

La idea central, que explicaría tal fracaso, es la clave de bóveda de la formulación marxiana acerca de la principal contradicción interna del modo de producción capitalista: a medida que avanza la acumulación, debido a la necesidad impuesta por la dura lucha de la competencia, crece la proporción de capital constante, mediante las continuas innovaciones tecnológicas ahorradoras de trabajo, en relación a la fuerza de trabajo empleada en la producción. La savia bruta que vivifica al “vampiro de trabajo vivo” tiende por tanto a menguar de forma inexorable a medida que aumenta la productividad y el “puro empleo de trabajo humano” se vuelve cada vez más superfluo, al menos en los sectores industriales tradicionales. El propio Marx señala este defecto fatal del mecanismo básico de la valorización del capital que, al regirse únicamente por su necesidad compulsiva de autoexpansión, tiende a agotar su propia fuente nutricia:

“El capital mismo es la contradicción en proceso, por el hecho de que tiende a reducir a un mínimo el tiempo de trabajo necesario, mientras que, por otra parte, pone al tiempo de trabajo como única medida y fuente de toda la riqueza”.

Las fuerzas contrarrestantes de este agostamiento progresivo comienzan entonces a volverse vitales para sostener, con respiración asistida, el ritmo boqueante de la acumulación capitalista. Y el sector financiero-inmobiliario, a través de los colosales recursos insuflados por la fábrica de dinero “mágico”, deviene el fulcro neurálgico del sostenimiento, con respiración asistida, de la menguante rentabilidad del capital. Las consecuencias que se derivan de este papel crucial de cataplasma de los males incurables del sistema asumido por la fábrica de dinero-deuda son empero demoledoras para los mecanismos básicos de la reproducción social.

Sin duda se trata, como describen Madden y Marcuse, de una configuración tóxica, en la que la “buena forma” de hacer ganancias cede terreno ante el avance incontenible de la extracción de rentas, la deuda “a muerte” y el incremento especulativo del precio de los activos:

“La especulación inmobiliaria se convierte en la principal fuente de formación de capital, es decir, de realización de plusvalía. A medida que disminuye el porcentaje de la plusvalía total formada y realizada por la industria, aumenta el porcentaje creado y realizado por la especulación inmobiliaria y la construcción”

El geógrafo Neil Smith, uno de los primeros estudiosos del fenómeno de la gentrificación, resalta el trasvase masivo de capital hacia el “entorno construido”, a partir de la crisis crónica iniciada en los años 70:

“Cuando la tasa de beneficio en los principales sectores de la industria comienza a caer, el capital financiero busca un escenario alternativo de inversión, un escenario en el que la tasa de beneficio permanezca comparativamente alta y donde el riesgo sea bajo. Precisamente en este punto, tiende a producirse un incremento del flujo de capital hacia el entorno construido”.

Y la renovada maquinaria de generación del fluido vital del «sujeto automático» capitalista estaba lista para cumplir su cometido. El economista marxista Costas Lapavitsas, autor del texto “Beneficios sin producción”, describe el desacople de las finanzas modernas del capital productivo y su decantación “hasta el paroxismo” hacia el sector inmobiliario-especulativo:

“La actual banca comercial ha tendido a desacoplarse de la financiación del capital productivo para potenciar hasta el paroxismo el crédito hipotecario, el crédito al consumo y los préstamos garantizados por las acciones empresariales (para fusiones, adquisiciones, y tomas de control de otras empresas)”.

La creciente relevancia de esta explotación secundaria, generada mediante la “cadena de oro” de la deuda por la banca privada y suplementaria a la sufrida en el mercado laboral, constituye en definitiva el rasgo principal del carácter acusadamente depredador del capitalismo desquiciado.

Una configuración semejante agudiza asimismo la fractura social existente entre, de un lado, los que, gracias a su condición de beneficiarios de rentas financieras, de bienes raíces o de fondos de pensiones, disfrutan de tiempo libre y de las condiciones necesarias para apropiarse de los “frutos de la ciencia y la civilización”; y, del otro, los que están condenados a consagrar una fracción creciente de su tiempo a trabajar como “bestias de carga” para sufragar las exacciones financieras.

La aberrante matriz de rentabilidad del sistema económico imperante, propensa a convulsiones cada vez más violentas, tiene pues su fundamento medular en el mecanismo de generación de dinero-deuda del «puro aire“ a cargo de la banca central y comercial. Todo el castillo de naipes de titulizaciones hipotecarias -las hipotecas se originaban en los bancos, pero no se mantenían en sus balances, sino que se esparcían por la nebulosa del casino financiero global-, que colapsó con estrépito durante la hecatombe de 2008, se basó en este mecanismo de generación de deuda ex nihilo. Tal es el engranaje oculto del precario andamiaje que sostiene la estructura económica terciarizada e improductiva de los países “civilizados avanzados”.

El dispositivo resulta de una sencillez exorbitante. Los bancos crean deuda para financiar la actividad económica –actualmente, el 96% aproximadamente del dinero circulante– mediante anotaciones electrónicas, sin necesidad de que exista un ahorro preexistente, como reza el discurso difundido por la ortodoxia neoclásica y toda la vulgata periodística legitimadora del statu quo. Es decir, los créditos crean los depósitos, y no a la inversa. He aquí el grandioso -y, a la vez, pasmosamente sencillo- mecanismo de propulsión de la vorágine especulativa que sostiene el colosal entramado financiero-inmobiliario.

La generación e inyección del dinero-deuda en las venas de los flujos económicos, a cargo de las instituciones que tienen el poder monopolístico para fabricarlo y para enchufar su caudal ilimitado de liquidez hacia la revalorización de los activos financiero-inmobiliarios, constituye en definitiva la esencia del ejercicio del poder social en nuestras sociedades “civilizadas avanzadas”.

Los datos recolectados en 14 países de la OCDE revelan una cifra demoledora: si en la primera década del siglo XX dos tercios de los créditos bancarios en los países avanzados se dirigían hacia las empresas, hoy, esos dos tercios se dirigen a la compra de propiedades inmobiliarias.

La banca funge pues como la planificadora de la actividad económica, potenciando la formación de burbujas, el crecimiento exponencial de la deuda global y el descomunal casino financiero de apuestas especulativas que constituye la banca en la sombra.

Según los datos recogidos por el sociólogo Emmanuel Rodríguez, “en 1994 el volumen total de los préstamos hipotecarios de la banca española ascendía a 24.000 millones de euros. Trece años más tarde, en 2007, la cantidad ascendía a 300.000 millones. Es decir, para el conjunto del periodo 1994-2007, las cifras de endeudamiento hipotecario se multiplicaron por doce”.

Tengamos en cuenta asimismo que el préstamo hipotecario es un producto totalmente fraudulento, un dispositivo pseudolegal puramente confiscatorio que no merece siquiera el nombre de “préstamo”, ya que tal operación exigiría una renuncia de riqueza por parte del prestamista, que en este caso obviamente no se produce. Veamos el extravagante mecanismo un poco más de cerca: a cambio del supuesto préstamo, el banco recibe un activo real en prenda del pago –la garantía hipotecaria, generalmente la vivienda– que incorpora a su balance. A continuación, se crea la obligación de devolver el principal del préstamo más los intereses, un producto financiero creado por la entidad bancaria del “puro aire”, con una simple anotación electrónica en la cuenta corriente del ignaro prestatario. Incluso la fijación del tipo de interés -el tristemente famoso Euríbor- se basa en un cálculo arbitrario, en el que el oligopolio bancario se saca “de la chistera” -con la connivencia del capo di tutti capi de Frankfort- los datos de las transacciones que se incorporan al cálculo del tipo de interés aplicado a las hipotecas de millones de incautos deudores. Un margen comercial sin duda extraordinario: es tan colosal el expolio y está tan bien escondido que casi resulta hermoso.

En un país donde aproximadamente el 7 % de los hogares, alrededor de 1.200.000 familias, perdieron su vivienda -la gran mayoría debido a durísimos procesos de ejecución hipotecaria que acabaron en desahucios- tras la crisis devastadora iniciada en 2008, la constatación de la condición intrínsecamente fraudulenta del préstamo hipotecario resulta demoledora.

Toda la formidable “potencia de fuego” de una maquinaria semejante se abalanzó, en fin, presta a devorar el suculento filón que representaba el sector inmobiliario.

La mercancía fake

“El concepto tradicional de equilibrio de la oferta y la demanda no es relevante respecto de la mayoría de los problemas que se refieren al sector de la vivienda en la economía. Estas cosas que llamamos suelo y vivienda son aparentemente mercancías muy diferentes, que dependen sobre todo de los intereses y del poder relativo de los grupos concretos que operan en el mercado”

David Harvey

La metamorfosis esbozada hacia la conversión de la revalorización de los activos financiero-inmobiliarios en el núcleo del sostenimiento de la rentabilidad del capital conlleva asimismo, como destaca el urbanista Agustín Cócola, un cambio radical en el papel socioeconómico del “entorno urbano construido”:

“De este modo, se acelera el cambio hacia una nueva fase de desarrollo capitalista en la que la ciudad adquiere un papel clave como centro de acumulación de capital. La ciudad deja de ser un lugar donde localizar actividades productivas y pasa a ser una mercancía fundamental para crear oportunidades de beneficio: es el cambio de la producción en el espacio a la producción del espacio”.

El filósofo Henri Lefevbre, probablemente el más influyente teórico del fenómeno urbano moderno, señala el papel clave que desempeña la ciudad -o lo que de ella queda- como soporte de la nueva matriz de la acumulación:

“La ciudad (lo que de ella queda o en lo que se convierte) es más que nunca un instrumento útil para la formación de capital, es decir, para la formación, la realización y la repartición de la plusvalía. El inmobiliario y la construcción dejan de ser un circuito residual, una rama anexa y retrasada del capitalismo industrial y financiero para situarse en primer plano de la nueva matriz de acumulación”.

Pero la expansión del denominado “circuito secundario de acumulación”, potenciada por la gigantesca manguera de liquidez de los demiurgos del dinero-deuda, no representa únicamente la cataplasma idónea contra el declive acelerado del empleo y de la tasa de ganancia en los sectores productivos. Su papel como propulsor de la demanda efectiva, a través de la revalorización de los activos inmobiliarios, es asimismo esencial, como expone Jacobo Abellán, para sostener la marcha de la reproducción ampliada del capital y para paliar la crisis de demanda causada por el crónico estancamiento salarial:

“La vivienda, como un ‘almacén de valor’ intercambiable, proveería de un ‘fondo de demanda’ cuando otros recursos, financieros o no, se ‘secan’, es decir, disminuyen o dejan de estar disponibles. Unos precios elevados de la vivienda se traducirían en un aumento de la riqueza de los hogares propietarios, tanto para aquellos hogares que venden su vivienda durante ese periodo, que obtienen un beneficio cuantioso, como para aquellos que permanecen en ella, que ven como su vivienda se revaloriza. Un aumento en sus niveles de riqueza favorecerá asimismo sus expectativas de consumo, lo que empujará a la compra de nuevos bienes y servicios, favoreciendo por tanto un incremento de la demanda efectiva y la reactivación de la circulación de capital”.

Emmanuel Rodríguez define esta configuración tóxica, amén de generadora de crecientes cotas de desigualdad, como un “keynesianismo financiero”, sostenido por el “almacén de demanda” que representa el valor astronómico del patrimonio inmobiliario -un 70 por ciento de la riqueza generada en España en el último medio siglo-:

“La única solución eficaz al problema de la demanda ha sido su recomposición por la vía financiera, que es lo que aquí llamamos keynesianismo financiero o de precio de activos”.

Si la “sociedad de activos” se ha convertido en el rasgo característico de la patológica estructura económica vigente y la extracción de rentas y la revalorización inmobiliaria representan el sustento esencial de la actividad económica y del sostenimiento artificial de la demanda de consumo, ¿cuáles son las implicaciones de esta transformación radical de las fuentes de generación de la riqueza social? ¿qué consecuencias tiene que un bien básico para la subsistencia cotidiana y la reproducción social se convierta en el núcleo de la matriz de rentabilidad del capital y en el principal “tesoro” personal y familiar, cuya obtención justifica todos los desvelos y sacrificios imaginables?

Sin duda se trata de una metamorfosis revolucionaria de la estructura económica, cuyos fundamentos contradicen de raíz los rasgos presuntamente definitorios de un capitalismo “saludable”. La etapa crepuscular del sistema de la mercancía subvierte pues radicalmente los principios basales de la economía política clásica.

El objetivo de una política económica “progresista” era, según John Stuart Mill, “liberar las economías de los inmerecidos ingresos por alquiler y los crecientes precios del suelo de los que los propietarios se benefician mientras duermen”.

La renta era el término que designaba el ingreso que no tiene contrapartida en los costes de producción y cuya generación no requiere de ningún desembolso directo. Se trata por tanto de “ingresos no ganados”, obtenidos únicamente gracias al ejercicio de las prerrogativas que otorga un título de propiedad. A diferencia pues de las otras dos clases sociales -empresarios y trabajadores-, los terratenientes detraen una parte del producto social sin realizar ningún esfuerzo productivo ni “mancharse” con la explotación del trabajo humano.

El insigne John Maynard Keynes, sin duda el economista más influyente del siglo XX, consideraba la renta como un ingreso parasitario, que no recompensa ningún sacrificio “genuino” y que únicamente se funda en la explotación de la escasez de un bien necesario:

“Hoy el interés no recompensa de ningún sacrificio genuino como tampoco lo hace la renta de la tierra. El propietario de capital puede obtener interés porque aquél escasea, lo mismo que el dueño de la tierra puede percibir renta debido a que su provisión es limitada”.

Sin embargo, frente a la optimista prognosis keynesiana, acerca de la progresiva “eutanasia del rentista” y la transición paulatina hacia un capitalismo libre de elementos parasitarios, lo cierto es que el resultado ha sido más bien el contrario:

“Veo, por tanto, el aspecto rentista del capitalismo como una fase transitoria que desaparecerá tan pronto como haya cumplido su destino, y con la desaparición del aspecto rentista sufrirán un cambio radical otras muchas cosas que hay en él”.

Huelga decir que lo que el ilustre prócer consideraba una de las “características francamente objetables” del capitalismo y una rémora para la reproducción saludable de la organización social supone hoy el núcleo principal de la generación de riqueza de todas las economías “avanzadas”. Resulta imposible exagerar las implicaciones del desplazamiento descrito. La conversión del “espacio construido” en la fuente primordial de extracción de riqueza social, mediante la continua explotación del territorio urbano -véase, sin ir más lejos, el peso formidable del sector turístico en la economía española- y la revalorización de los activos inmobiliarios, penetra hasta el corazón de los mecanismos básicos de la reproducción social. De este modo, la desposesión de las clases populares se basa en un bien de primera necesidad, cuyas características están, para más inri, en las antípodas de cumplir con las reglas del sacrosanto libre mercado.

¿Cuáles son los rasgos de esta mercancía fake, que la convierten en la antítesis de un bien “perfectamente competitivo”, situándola más bien en el centro de una dinámica extractiva, en la que el poder social se ejerce mediante el monopolio privado de un bien del que nadie puede prescindir?

El hecho cierto es que, como señala el geógrafo Ricardo Gasic, la vivienda no es en absoluto una mercancía al uso sometida a los asépticos vaivenes de la ley de la oferta y la demanda:

“En un estudio de larga data titulado No Price Like Home -No hay otro precio como el de la vivienda-, se demuestra que entre 1870 y 2010 no existe ninguna otra mercancía que incremente su precio sostenidamente como la vivienda, al menos en las grandes economías nacionales de los países avanzados”.

¿Cómo es posible que un bien que se deprecia -se estima que la vida útil de una construcción ronda los setenta años- con el uso pueda encarecerse casi hasta el infinito? ¿Qué es lo que explica esta insólita anomalía?

Si atendemos a la “música celestial” de la ortodoxia neoclásica, un incremento de la oferta de vivienda debería producir automáticamente un descenso del precio. De hecho, ese es el mantra que no cesa de recitar la legión de supuestos “expertos” que pulula por las tribunas académicas y los mass media, ante la dramática situación actual de aguda crisis de “asequibilidad” en el acceso a la vivienda. Sirva como botón de muestra del “exquisito rigor” de semejante planteamiento el siguiente dato demoledor que proporciona Rodríguez: “Entre 1995 y 2007 se construyeron en España alrededor de siete millones de viviendas y el precio de los inmuebles se multiplico casi por tres”.

El discurso ortodoxo, que considera la vivienda como un bien de mercado cualquiera -cual si de una barra de pan o de una lavadora se tratara-, sujeto por tanto al ajuste automático hacia el precio y la cantidad de equilibrio, deforma intencionadamente las características únicas que distinguen radicalmente al sector inmobiliario de un mercado convencional.

Dado que la vivienda urbana está fijada para siempre al terreno construido, no se puede entender el carácter claramente confiscatorio del mercado inmobiliario sin atender a la relevancia de la renta del suelo en el conformación del precio de la vivienda, tanto de compra como de alquiler.

Como explica David Harvey, el geógrafo marxista más influyente de las últimas décadas, el suelo es una mercancía artificial, más próxima a un activo financiero que a un producto mercantil al uso:

“El suelo no es una mercancía en el sentido más corriente de la palabra. Es una forma ficticia de capital que deriva de las expectativas de futuras rentas”.

El propio Harvey resume los rasgos espurios de esta mercancía fake, que solo el troquel de la valorización del capital convierte en un producto comercializable, alterando radicalmente los requisitos de un mercado teóricamente competitivo:

“El suelo y sus mejoras tienen una localización fija. Esta localización absoluta confiere privilegios monopolistas a la persona que posee el derecho a determinar el uso de dicha localización”.

La determinación de la renta del suelo, clave para la formación del precio de la vivienda, se realiza, por tanto, como señala asimismo Rodríguez, en base a las expectativas de ingresos futuros, obtenidos en base al monopolio fundado en la propiedad privada:

“Las rentas del suelo surgen del dominio monopolista de una mercancía ficticia, sin costes de producción, que descuenta permanentemente los precios futuros de la producción inmobiliaria o agrícola. Se suele sostener, con razón, que los precios del suelo no son otra cosa que el precio anticipado de las edificaciones que se van a construir en él”.

He aquí pues la clave, en palabras de Javier Moreno Zacarés, de la capacidad cuasiinfinita de maximización de las rentas inmobiliarias:

“El rentista puede prestar el activo temporalmente, extrayendo renta en forma de pagos de alquiler (rentas literales), o vender el activo para canjear pronto ingresos futuros, extrayendo renta en forma de un pago a tanto alzado (ganancias de capital)”.

El propio Zacarés describe la “sustancia del alquiler” como la combinación de dos flujos diferentes, la renta “absoluta” del suelo y el beneficio “capitalista” de la construcción, de los cuales el primero predomina abrumadoramente:

“Cuando una casa queda fijada a una localización particular, asume las propiedades del suelo sobre el que reposa, en virtud de las cuales este devenga renta. Las rentas que rinde este alojamiento, sin embargo, serán una combinación de dos réditos, distintos pero interrelacionados: el rédito derivado de la deseabilidad del suelo bajo él (renta de la tierra), más el rédito proporcionado específicamente por su infraestructura construida (renta de la construcción). La combinación de estos dos flujos de rentas forma la sustancia del alquiler”.

Lo anterior ilustra la falacia que supone la visión ortodoxa del mercado inmobiliario como un “paraíso” de la libre competencia, amén de poner de manifiesto los intereses reales que se esconden tras la afirmación de que la solución a la crisis actual se basa en “aumentar la oferta de vivienda”.

Se trata, antes al contrario, de una relación profundamente desigual, condicionada principalmente por el poder diferenciado de los “grupos de intereses” que intervienen en el “campo de batalla” que representa, fundamentalmente para sus víctimas, la selva inmobiliaria.

El problema se agrava además en la situación actual de agudo recrudecimiento de la violencia inmobiliaria. La resaca de la hecatombe de 2008 ha provocado que todo el entramado que cimentó la colosal burbuja -construcción, financiación bancaria y expansión urbanística- haya permanecido, hasta hace muy poco, en un estado de hibernación, mientras que el alquiler y el sector turístico se convertían en los nuevos filones de la renovada euforia del “ladrillo”.

De nuevo Zacarés resalta la enorme asimetría entre las dos partes del contrato de alquiler y el carácter extractivo de la relación arrendataria:

“Como hemos visto antes, hay una profunda contradicción entre las funciones rentistas y residenciales de la vivienda. El conflicto entre las lógicas del rentista y el residente se hace más evidente en el caso la vivienda de alquiler privado. En ausencia de un control estricto del alquiler, los caseros buscarán por lo general maximizar el alquiler de vivienda que extraen de sus propiedades minimizando los costes operacionales (reparaciones, mejoras) y aumentando los precios de arrendamiento en función de la demanda, expulsando y sustituyendo inquilinos en conformidad”.

Lo anterior se observa gráficamente con un ejemplo práctico estilizado, extraído de un estudio sobre la Teoría de la Renta realizado por el Sindicato de Inquilinas de Barcelona, en el que se muestra que el montante arbitrario de la renta del suelo constituye la mayor parte del precio del alquiler:

“Supongamos que por un piso en el barrio del Clot pagamos 800 euros. El piso fue construido en 1950 y desde entonces siempre ha habido inquilinas pagando rentas, por lo tanto, la construcción está más que amortizada: las inquilinas, con los años, ya han pagado lo que en su día costó levantar las paredes, el material, la mano de obra, el beneficio del constructor, etc. Aun así, el piso tiene unos costes de mantenimiento, pero estos costes son aproximadamente de 100 euros al mes. Por lo tanto, los restantes 700 euros son un pago que únicamente va destinado al bolsillo del rentista, sin ningún otro destino. Es lo que sería la renta del suelo”.

El venerable “patriarca” del marxismo, Friedrich Engels, autor de un estudio pionero sobre “el problema de la vivienda”, fundamenta, de forma más teórica, el «misterio» del alquiler:

“Cuando se alquila, la vivienda produce a su propietario, en forma de alquileres, una renta del suelo, el coste de las reparaciones y un interés sobre el capital invertido en la construcción, incluyendo la ganancia correspondiente a este capital. Y si, entretanto, el alquiler ha cubierto cinco o diez veces su precio de coste inicial veremos que esto se debe exclusivamente a un aumento de la renta del suelo”.

La renta es, en definitiva, un pago de transferencia monopolística, impuesto por la relación de poder basada en la propiedad privada. Su magnitud depende en consecuencia del poder relativo de las partes intervinientes, y será mayor cuando las condiciones institucionales obliguen a los inquilinos a aceptar condiciones draconianas. De este modo, la práctica inexistencia de vivienda de alquiler social en España; la fraudulenta regulación legal del préstamo hipotecario y la liberalización casi absoluta del contrato de arrendamiento; el paraíso fiscal que representan los ingresos por arrendamientos para los afortunados arrendadores, debido a las suculentas desgravaciones obtenidas en el IRPF; el crecimiento exponencial de la vivienda de alquiler de temporada y turístico, un sector «salvaje» en el que la regulación brilla por su ausencia; y, last but not least, la presencia significativa en el mercado inmobiliario de los ominosos fondos buitres, con sus salvajes prácticas capaces de “destruir las vidas de la gente”. Todos ellos constituyen los inhóspitos rasgos del sector que potencian extraordinariamente el poder del arrendador inmobiliario -sea este persona física o jurídica- en detrimento del desvalido inquilino, que carece además en la mayoría de los casos de “alternativa habitacional”, lo que lo convierte en un cliente “cautivo”.

Sin duda se trata, como resalta de nuevo Harvey, de un “conflicto de clase”:

“En todos estos casos, el alquiler debe concebirse como una renta absoluta que recae sobre el poder monopolístico de los terratenientes como clase frente al poder y la condición colectiva de los inquilinos. Se establece, en pocas palabras, por un conflicto de ‘clase’ dentro de un área geográfica restringida (dentro de un espacio absoluto)”.

La ciudad revanchista

“La ciudad revanchista augura una feroz reacción contra las minorías, la clase trabajadora, las personas sin hogar, los desempleados, las mujeres, los homosexuales y los inmigrantes. Se trata de una ciudad dividida, en la que quienes han resultado vencedores están cada vez más a la defensiva en relación con sus privilegios, cuya defensa se ha vuelto cada vez más feroz”

Neil Smith

Emmanuel Rodríguez describe los deletéreos efectos de la configuración patológica someramente descrita sobre el tejido social:

“En términos generales, la financiarización reduplica los efectos de desigualdad de las antiguas estructuras de clase, a lo que habría que añadir la pesada servidumbre que conllevan los enormes volúmenes de endeudamiento. Las burbujas inmobiliarias penetran con mucha mayor profundidad en el tejido social, por la simple razón de que los mecanismos financieros se insertan, en este caso, en una mercancía de primera necesidad”.

¿Cuáles serían las principales consecuencias para la desequilibrada estructura social imperante y para la posibilidad de construcción de formas renovadas de luchas populares del carácter cada vez más depredador de los «mecanismos financieros», caracterizados por la masiva extracción de rentas y de la “deuda a muerte”?

Los movimientos sociales urbanos se consideran con demasiada frecuencia, por parte de los «guardianes de la ortodoxia» revolucionaria, como “asuntos” separados o subordinados a la lucha de clases tradicional, enraizada en la explotación y la alienación del trabajo vivo en la producción.

Sin embargo, la profunda metamorfosis del sistema de la mercancía desde los tiempos heroicos de la Revolución Industrial exigiría quizás poner en cuestión ese sagrado principio, reflejado en la rotunda sentencia del patriarca Engels:

“La penuria de la vivienda para los obreros y para una parte de la pequeña burguesía de nuestras grandes ciudades modernas no es más que uno de los innumerables males menores y secundarios originados por el actual modo de producción capitalista. Por tanto, se falsean totalmente las relaciones entre arrendatario y arrendador cuando se intenta identificarlas con las que existen entre el obrero y el capitalista”.

Si bien no deja de ser obvio que se trata de dos relaciones “cualitativamente” diferentes, el hecho cierto es que también, como señala Jaramillo, están estrechamente relacionadas:

“Si tenemos en cuenta que la vivienda es un valor de uso indispensable para la reproducción de la fuerza de trabajo, el monto que el obrero debe pagar por consumirla debería estar incluido en el monto del salario que recibe”.

Por lo tanto, el salario debería incorporar el coste de la vivienda y el del desplazamiento al lugar de trabajo -muy relacionado a su vez con los masivos procesos de gentrificación que asolan actualmente las urbes neoliberales-. Sin embargo, esto dista mucho de ser así, ya que la indexación salarial, existente solo en algunos convenios colectivos, se basa en el IPC, que no incluye la compra de vivienda ni los intereses pagados al banco, y minusvalora enormemente el alquiler. Así pues, el coste de la vivienda está prácticamente desconectado del poder adquisitivo de los asalariados, aunque representa nada menos que casi la mitad del sueldo medio en España y es, de largo, el “bocado” más relevante de los ingresos de los trabajadores. Pero incluso existe otra arista más, que vuelve aún más enrevesado el asunto, ya que la carestía inmobiliaria implica también un conflicto potencial entre los capitalistas productivos y los rentistas, al aumentar el valor de la fuerza de trabajo y dificultar gravemente sus condiciones de vida y rendimiento laboral. Los abundantes ejemplos de la enorme dificultad -por parte de la patronal de la hostelería e incluso también de la administración pública- de encontrar trabajadores que se desplacen a las zonas turísticas de Canarias y Baleares, dados los niveles prohibitivos del alojamiento, son sólo un botón de muestra de tal realidad.

El propio Marx destacó, como recuerda Abellán, el concepto de “explotación secundaria”, como un aspecto clave de la expropiación de riqueza que sufre el salario del obrero añadida a la explotación laboral:

“El concepto marxiano de explotación secundaria proviene de su concepto de explotación, con el que quería explicar la extorsión realizada por el capitalista para apropiarse de una parte del valor producido por el trabajador durante la producción sin pagarle un equivalente a cambio”.

En un contexto en el que la “violencia inmobiliaria” deviene un fenómeno preeminente en la fracturada estructura social vigente y la arremetida contra las condiciones de vida de las mayorías sociales resulta más virulenta, parece por tanto necesario, como señala de nuevo Abellán basándose en Harvey, el replanteamiento de la estructura canónica del conflicto de clase:

“En su artículo de 1974 Harvey señala que la dinámica de la urbanización genera dos tipos de clases sociales: la clase de los proveedores (promotores inmobiliarios, especuladores y propietarios/caseros), que poseen el monopolio de la propiedad de los recursos urbanos y que obtienen una renta por su provisión, y la clase de consumidores de ese recurso. La renta monopolista de clase sería la tasa de retorno. El lugar del conflicto también se desplazaría. Mientras en el conflicto capital/trabajo el conflicto tendría lugar en el ámbito laboral, en el conflicto rentista versus comunidad, por el contrario, el conflicto tendría lugar dentro del barrio y del espacio urbano. De la misma forma, el sujeto central de la lucha de clases sería un sujeto distinto”.

Tales constataciones suscitan un trascendental interrogante:

¿Hasta qué punto las luchas por la vivienda y por la defensa del resto de aspectos relacionados con la reproducción social adquieren, en la realidad vigente, la suficiente envergadura como para representar el locus principal del enfrentamiento entre poseedores y desposeídos? El embate en toda la línea de la voracidad capitalista contra los cimientos de los mecanismos de la reproducción social, que convierte los bienes básicos como la vivienda en el filón primordial de la expropiación de riqueza de las clases trabajadoras, produce, como señala Rodríguez, un desplazamiento paralelo del carácter de las luchas populares:

“La lucha por el derecho a la vivienda desplazaba la vieja centralidad del trabajo, ponía el foco en las garantías a la reproducción social, que habían sido convertidas en activos financieros. De acuerdo con el viejo léxico marxista, el lugar de organización —de construcción de una experiencia común— se debe desplazar así necesariamente de la producción a la reproducción”.

En el periodo vigente, caracterizado por la preeminencia del circuito secundario de acumulación, en el que las vetas de obtención de ganancia del capitalismo en crisis terminal se desplazan de la producción a la circulación, al consumo y a la vivienda, las nuevas líneas de fractura social deben sin duda reflejar esa metamorfosis.

El historiador e intelectual anarquista Miquel Amorós abunda en esa mutación de la “condición proletaria actual”:

“La condición proletaria actual se define mejor hoy por las dificultades del hábitat, reflejo de las cuales son los movimientos provivienda, la lucha contra los desahucios, las ocupaciones de fincas, los sindicatos de inquilinos y los conatos de instalación en el campo. El movimiento anarcosindicalista ha de encabezar la resistencia a la gentrificación”.

Ninguna conceptualización teórica podrá, en cualquier caso, predeterminar el carácter futuro de las luchas sociales. Sólo el desarrollo imparable del creciente conflicto por las condiciones básicas de subsistencia de las clases populares podrá generar -o, en caso contrario, encaminarnos de forma rauda a la barbarie- la constitución de nuevos sujetos transformadores, que desafíen el embate redoblado de los “amos del planeta” contra los fundamentos del metabolismo social y natural.

La ciudad neoliberal es, en definitiva, en los términos de Smith, un territorio “revanchista” y cruel; un campo de batalla polarizado entre la defensa feroz de los desmedidos privilegios ostentados por los “vencedores”, y la lucha por la dignidad y la emancipación, mediante los intentos de organización y de resistencia de los -ojalá que provisionalmente- “perdedores”.

Blog del autor: https://trampantojosyembelecos.wordpress.com/2025/06/11/la-vivienda-como-lugar-de-combate-i/#more-3026

Alfredo Apilánez. Economista y profesor. Autor de varios artículos y trabajos sobre temas relacionados con la economía, principalmente en el ámbito financiero, y del libro Las Entrañas de la Bestia. La fábrica de dinero en el capitalismo desquiciado

El inicio de las hostilidades se produjo el 7 de octubre de 2023 con el ataque del grupo Hamas a las comunidades israelíes al que denominaron “Operación inundación Al-Aqsa”; que supuso la muerte de 1195 personas (de los cuales 373 militares) y la captura de 251 más, que fueron llevadas a la Franja de Gaza. 

Flaco favor a la causa palestina, ya que le dio el pretexto al gobierno de Israel de declarar el estado de guerra y comenzar con una serie de bombardeos durante 20 días, para luego iniciar una invasión por tierra que perdura hasta hoy.

La invasión no es para nada una novedad y nadie puede llamarse a sorpresa. 

El objetivo desde siempre de los sectores más derechistas del movimiento sionista, hoy en el gobierno en Israel, ha sido la anexión lisa y llana de todo el territorio palestino. Ya en 1944 la Organización Sionista Mundial lo manifestaba públicamente.

Baste recordar la llamada “nakba” (la catástrofe) de 1948 por la cual la mitad de la población árabe de Palestina (unas 750.000 personas) fueron expulsadas violentamente de su territorio primero por grupos paramilitares sionistas y luego de la creación del Estado de Israel, por su ejército. 

Si bien existen diversos tipos específicos de guerras, podríamos acercarnos a una definición primaria de carácter general en tanto un enfrentamiento violento y masivo mediante el cual un contendor busca la derrota de su oponente a fin de imponerle un objetivo determinado. 

En el caso de una guerra entre dos países, estaríamos hablando esencialmente de un enfrentamiento entre dos ejércitos.

Esta no es la situación en la franja de Gaza en absoluto.

Por el contrario, vemos a un ejército con armas de última generación que bombardea e invade una región, destruyendo a su paso escuelas, universidades, hospitales, casas de familia, matando a más de 50.000 civiles (mujeres, hombres y niños) y obligando a otros miles a huir desesperadamente.

Por si esto fuera poco, realiza un bloqueo sistemático a los camiones de alimentos enviados por la ONU y a todo lo que sea ayuda humanitaria (medicamentos incluidos), cortando los servicios de luz y agua, condenando a la hambruna y la desesperación a miles y miles de niños y adultos.

Vayamos ahora a la definición de genocidio. 

En 1948, la Convención sobre el genocidio de Naciones Unidas definió el genocidio como cualquiera de los cinco actos «perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso». Estos son: matar a miembros del grupo, causarles graves daños físicos o mentales, imponer condiciones de vida destinadas a destruir al grupo, impedir los nacimientos y trasladar por la fuerza a los niños fuera del grupo. Las víctimas son elegidas por su pertenencia real o percibida a un grupo, no al azar.   

Queda meridianamente claro entonces que no puede haber dos opiniones honestas diferentes sobre cuál es la definición de lo que está ocurriendo en Gaza: es el genocidio por parte del gobierno sionista de Israel del pueblo palestino.

Los nefastos “destinos manifiestos” 

Lamentablemente tenemos más de un caso en la historia reciente y en el presente.

Desde el régimen nazi en Alemania proclamando la superioridad de la raza aria y la necesidad de mantener su pureza a cualquier precio, aunque fuera una guerra mundial.

Siguiendo con el destino manifiesto de los EUA de salvaguardar la “democracia occidental” del peligro del comunismo. Aunque tal “loable misión” implicara plagar de dictaduras de corte fascista a todo nuestro continente en la década de los años 70 del siglo pasado, con su secuela de miles y miles de desaparecidos, asesinados, presos y torturados.

Y ahora el régimen sionista de Israel que manifiesta ser “el pueblo elegido para ocupar la tierra prometida”. 

Como ser humano siento indignación y vergüenza ajena por los gobernantes de Israel que están llevando adelante una limpieza étnica con el pueblo palestino, tal como los nazis hicieron con los propios judíos, asesinando a más de seis millones en los campos de exterminio. 

La posición de Uruguay 

Hasta ahora la postura de Uruguay por declaraciones del Presidente Orsi, el Canciller Lubetkin y el propio MRREE ante esta situación ha sido por lo menos insuficiente.

El Presidente, siendo profesor de historia, debe estar al tanto de los antecedentes de la “nakba” y de la diferencia entre una guerra y un genocidio. Por ende no es de recibo que no llame a los hechos por su nombre y se refiera a ellos como “conflicto militar” a secas.

Uruguay tiene un bien ganado prestigio en el ámbito internacional por su consecuente defensa de los principios del derecho internacional humanitario.

Por ende, ha estado omiso al mismo al no integrarse al denominado Grupo de La Haya, creado el 31 de enero y conformado por nueve países – Belice, Bolivia, Colombia, Cuba, Honduras, Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica – iniciativa promovida por la Internacional Progresista, con el objetivo de la defensa del derecho internacional frente a las violaciones al mismo cometidas por el gobierno de Israel, en concordancia con las disposiciones efectuadas por la Corte Penal Internacional contra el Primer Ministro Netanyahu como criminal de guerra.

Asimismo el comunicado No. 35/25 del MRREE si bien se refiere acertadamente a que “La solución de dos Estados es elemento fundamental para lograr una paz duradera entre Israel y Palestina y para que ambos pueblos puedan vivir en paz y seguridad.” e “insta a las autoridades de Israel a garantizar el acceso seguro y sin restricciones de la ayuda humanitaria para la población de Gaza a través de las Naciones Unidas”, se cuida de calificar la situación como un genocidio o limpieza racial y se limita a expresar “su seria preocupación ante la grave situación humanitaria que se vive en la franja de Gaza, donde decenas de miles de personas han perdido la vida, y muchos podrían seguir el mismo camino, frente al agravamiento de la situación en esa zona.”

Es hora de hablar claro 

Las autoridades uruguayas – comenzando por el Presidente Orsi – deberían sumarse a las voces de otros presidentes del continente como Petro, Lula y Boric, que definieron claramente la situación imperante en Gaza y Cisjordania como un genocidio del pueblo palestino por parte del gobierno sionista de Israel, a la vez que solicitar el ingreso de Uruguay al Grupo de La Haya.

No hay otra opción si queremos ser coherentes con nuestros principios y antecedentes.

Por ello saludamos las declaraciones del Partido Comunista, Partido Socialista y algunos Comités de Base del Frente Amplio en ese sentido.

Esto es el fin. El último capítulo sangriento del genocidio. Pronto terminará todo. En unas semanas como mucho. Hay dos millones de personas acampadas entre los escombros o al aire libre. Docenas de ellas son asesinadas a diario por los proyectiles, los misiles, los drones, las bombas y las balas. Carecen de agua limpia, medicinas y alimento. Han alcanzado el punto de colapso. Enfermos, heridos, aterrorizados, humillados, abandonados, desahuciados, hambrientos, sin esperanza.

En las últimas páginas de esta historia de horror, Israel está provocando sádicamente a los hambrientos palestinos con promesas de comida, atrayéndolos a la estrecha y congestionada franja de tierra de catorce kilómetros que limita con Egipto. Israel y su cínicamente llamada Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés), supuestamente financiada por el Ministerio de Defensa de Israel y el Mossad, están convirtiendo el hambre en un arma. Están atrayendo a los palestinos al sur de Gaza del mismo modo que los nazis atraían a los judíos hambrientos del gueto de Varsovia para que subieran a los trenes que los llevaban a los campos de exterminio. El objetivo no es alimentar a los palestinos. Nadie sostiene seriamente que haya suficientes alimentos o centros de ayuda. El objetivo no es otro que hacinar a los palestinos en recintos fuertemente vigilados y deportarlos.

¿Qué viene a continuación? Hace tiempo que desistí de intentar predecir el futuro. Pero se producirá una explosión humanitaria final en el matadero humano de Gaza. Lo vemos en las aglomeraciones de palestinos que luchan por conseguir un paquete de alimentos, lo que ha desembocado en que mercenarios israelíes y estadounidenses hayan matado a tiros al menos a 130 personas y herido a más de 700 en los primeros ocho días de distribución de ayuda. Lo vemos con Benjamin Netanyahu armando a bandas vinculadas al ISIS [Estado Islámico de Irak y Siria] en Gaza que saquean los suministros de alimentos. Israel, que ha eliminado a cientos de empleados la UNRWA (la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo), médicos, periodistas, funcionarios y policías en asesinatos selectivos, ha orquestado la implosión de la sociedad civil.

Yo sospecho que Israel facilitará una abertura en la valla que recorre la frontera con Egipto. Los desesperados palestinos saldrán en estampida hacia el Sinaí egipcio. Puede que todo acabe de otra manera, pero acabará pronto. Los palestinos ya no pueden soportar mucho más.

Nosotros –participantes de pleno derecho en este genocidio– habremos logrado nuestro demencial objetivo de vaciar Gaza y expandir el Gran Israel. Habremos bajado el telón del genocidio retransmitido en directo. Nos habremos burlado de los omnipresentes programas universitarios de estudios sobre el Holocausto, diseñados, según parece, no para equiparnos para poner fin a los genocidios, sino para deificar a Israel como una víctima eterna con licencia para llevar a cabo matanzas masivas. El mantra del nunca más es una broma. La idea de que cuando tenemos la capacidad de detener un genocidio y no lo hacemos somos culpables, no se aplica a nosotros. El genocidio es una política pública. Avalado y sostenido por nuestros dos partidos gobernantes [demócratas y republicanos].

No hay nada más que decir. Tal vez ese sea el objetivo: dejarnos sin palabras. ¿Quién no se siente paralizado? Y tal vez ese sea también el objetivo: paralizarnos. ¿Quién no está traumatizado? Tal vez eso también esté planificado. Según parece, nada de lo que hagamos puede detener la masacre. Nos sentimos indefensos. Nos sentimos impotentes. El genocidio como espectáculo.

Yo he dejado de mirar las imágenes. Las filas de cuerpecitos amortajados. Los hombres y mujeres decapitados. Las familias quemadas vivas en sus tiendas. Los niños que han perdido sus extremidades o están paralíticos. Las máscaras mortuorias blanquecinas de aquellos a quienes sacan de los escombros. Los lamentos de dolor. Los rostros demacrados. No puedo mirar más.

Este genocidio nos perseguirá. Resonará en la historia con la fuerza de un tsunami. Nos dividirá para siempre. No hay vuelta atrás.

¿Y cómo recordaremos? No recordando.

Una vez se haya acabado, todos aquellos que lo apoyaron, todos aquellos que lo ignoraron, todo aquellos que no hicieron nada, reescribirán la historia, incluyendo su historia personal. Era difícil encontrar a alguien que admitiera ser nazi en la Alemania de posguerra, o a un miembro del Klu Klux Klan una vez que terminó la segregación en el sur de EE.UU. Una nación de inocentes, de víctimas incluso. Nos encanta pensar que habríamos salvado a Anne Frank, pero la verdad es otra. La verdad es que, paralizados por el miedo, casi todos nosotros sólo nos salvaríamos a nosotros mismos, incluso a costa de los demás. Pero es una verdad difícil de afrontar. Esa es la verdadera lección del Holocausto. Mejor borrarla.

En su libro “Un día, todos habrán estado siempre contra esto”, Omar El Akkad escribe:

“Si un avión no tripulado pulveriza un alma anónima al otro lado del planeta, ¿quién de nosotros quiere montar un escándalo? ¿Y si resulta que era un terrorista? ¿Y si la acusación resulta ser cierta y, por consiguiente, nos tachan de simpatizantes del terrorismo, nos condenan al ostracismo y nos insultan? Por lo general, las personas se sienten más motivadas por lo peor que les pueda pasar. Para algunos, lo peor que les puede pasar es que un misil acabe con su linaje. Toda su vida convertida en escombros y todo ello justificado preventivamente en nombre de la lucha contra terroristas que son terroristas por defecto, por haber sido asesinados. Para otros, lo peor que les puede pasar es que les insulten a gritos”.

(En este vínculo pueden ver mi entrevista con el escritor egipcio-canadiense El Akkad, en inglés).

No se puede diezmar a un pueblo, efectuar bombardeos de saturación durante 20 meses para arrasar sus hogares, sus pueblos y ciudades, masacrar a decenas de miles de inocentes, llevar a cabo un asedio para asegurar la muerte por inanición de miles de personas, expulsarlos de la tierra en la que han vivido durante siglos y no esperar que se produzcan represalias. El genocidio terminará. Comenzará la respuesta al reinado del terror de Estado. Si creen que no ocurrirá no saben nada de la naturaleza humana ni de historia. El asesinato de dos diplomáticos israelíes en Washington y el ataque contra partidarios de Israel en una protesta en Boulder, Colorado, son sólo el principio.

Chaim Engel, que participó en la sublevación del campo de exterminio nazi de Sobibor (Polonia), describió cómo, armado con un cuchillo, atacó a un guardia del campo.

“No es una decisión”, explicó Engel años después. “Simplemente reaccionas, reaccionas instintivamente a eso. Simplemente pensé: `Vamos allá, podemos lanzarnos y hacerlo´. Y lo hice. Fui con el hombre de la oficina y matamos a ese alemán. Con cada puñalada, decía: ‘Esto es por mi padre, esto por mi madre, por toda esta gente, por todos los judíos que mataste’”.

¿Acaso alguien espera que los palestinos actúen de otro modo? ¿Cómo van a reaccionar cuando Europa y Estados Unidos, que se consideran a sí mismos la vanguardia de la civilización, han apoyado un genocidio que ha asesinado a sus padres, a sus hijos, a sus comunidades, ocupado sus tierras y derribado sus hogares y pueblos hasta convertirlos en escombros? ¿Cómo no van a odiar a quienes les hicieron eso?

¿Cuál es la lección que este genocidio ha impartido no solo a los palestinos, sino a todas las personas del Sur Global?

Es inequívoco: no importáis. El derecho humanitario no es aplicable a vosotros. No nos importa vuestro sufrimiento, el asesinato de vuestros hijos. Sois alimañas. Seres despreciables. Merecéis ser asesinados, morir de hambre y ser desahuciados. Deberíais ser borrados de la faz de la tierra.

“Para preservar los valores del mundo civilizado, es necesario incendiar una biblioteca”, escribe El Akkad:

“Volar una mezquita. Incinerar olivos. Vestirse con la lencería de las mujeres que huyeron y luego hacerse fotos. Arrasar universidades. Saquear joyas, obras de arte, alimentos, bancos. Detener a niños por coger verduras. Disparar a niños por tirar piedras. Hacer desfilar a los hombres capturados en ropa interior. Romperle los dientes a un hombre y meterle una escobilla de váter en la boca. Echar perros de combate a un hombre con síndrome de Down y dejarlo morir. De lo contrario, el mundo incivilizado podría ganar.

Hay personas a las que conozco desde hace años a las que no volveré a hablar. Ellas saben lo que está pasando; ¿quién no? No correrán el riesgo de enemistarse con sus colegas, ser difamados como antisemitas, poner en peligro su estatus, sufrir una reprimenda o perder su empleo. No se arriesgan a morir, como hacen los palestinos. Se arriesgan a que se empañen los patéticos monumentos de estatus y riqueza que se han pasado la vida construyendo. Ídolos. Se inclinan ante estos ídolos. Adoran a esos ídolos. Están esclavizados por ellos.

A los pies de esos ídolos yacen decenas de miles de palestinos asesinados.

Fuente: https://chrishedges.substack.com/p/the-last-days-of-gaza

El presente artículo puede reproducirse libremente a condición de que se respete su integridad y se nombre a su autor, a su traductor y a Rebelión como fuente del mismo.

El Foro se celebró en la Universidad de Filipinas, en la capital. El título del Foro era: «Cadenas de deuda y vidas desplazadas: enfrentado el legado de las Instituciones Financieras en el Sur Global». El evento contó con el apoyo y la colaboración de un gran número de organizaciones junto con el IIRE Manila y el CADTM: el Programa AltDev sobre Desarrollo Alternativo del UP CIDS, el Centro para la Defensa de los Migrantes, Focus on the Global South, la Coalición para la Liberación de la Deuda (Freedom From Debt Coalition), Sumpay Mindanao, el Centro de Recursos y Servicios Kaagapay OFW, el Departamento de Geografía de la Universidad de Filipinas y el Movimiento Asiático de los Pueblos sobre la Deuda y el Desarrollo (APMDD). Tras el discurso de Eric Toussaint, que se reproduce a continuación, se llevaron a cabo una docena de presentaciones a cargo de representantes de las organizaciones que apoyaron el evento, así como de delegados/das de la India, Pakistán y Bangladesh. Las presentaciones se centraron, entre otras cosas, en la relación entre la naturaleza perjudicial de las políticas dictadas por el dúo Banco Mundial/FMI y la tragedia que la migración suele representar para los pueblos del Sur Global.

1. Desde su creación en 1944, el Banco Mundial y el FMI han apoyado activamente a todas las dictaduras y regímenes corruptos del bando aliado de Estados Unidos.

2. El Banco Mundial y el FMI atentan contra la soberanía de los Estados, en flagrante violación del derecho de los pueblos a la autodeterminación, en particular mediante las condiciones que imponen.

3. Estas condiciones empobrecen a las poblaciones, aumentan las desigualdades, entregan los países a las multinacionales y modifican la legislación de los Estados (reescritura completa de los códigos laborales, mineros y forestales, derogación de los convenios colectivos, etc.) en beneficio de los acreedores y los «inversores» extranjeros.

4. A pesar de la detección de desvíos masivos de fondos, el Banco Mundial y el FMI mantuvieron, e incluso aumentaron, las sumas prestadas a regímenes corruptos y dictatoriales aliados con las potencias occidentales.

5. Han apoyado a las peores dictaduras hasta el último momento. Por ejemplo: los casos emblemáticos de su apoyo a Suharto en Indonesia de 1965 a 1998; a Marcos en Filipinas de 1972 a 1986; a Ben Ali en Túnez y a Mubarak en Egipto hasta su derrocamiento en 2011.

Han apoyado a las peores dictaduras hasta el último momento. Por ejemplo: los casos emblemáticos de su apoyo a Suharto en Indonesia de 1965 a 1998

6. Han saboteado activamente los experimentos progresistas en materia de democracia. He aquí algunos ejemplos: Jacobo Árbenz en Guatemala en 1954; Mohammed Mossadegh en Irán en la primera mitad de la década de 1950; Soekarno en Indonesia y João Goulart en Brasil a principios de la década de 1960; los sandinistas en Nicaragua en la década de 1980 y, por supuesto, Salvador Allende en Chile entre 1970 y 1973. La lista completa es mucho más larga.
7. El Banco y el FMI financian a dictadores y luego exigen a sus víctimas el reembolso de las odiosas deudas contraídas por sus opresores.

8. La deuda colonial odiosa. Del mismo modo, el Banco obligó a las poblaciones de los países que se independizaron a finales de los años cincuenta y principios de los sesenta a pagar las odiosas deudas contraídas por las antiguas potencias coloniales para colonizar sus países. Un ejemplo llamativo es la transferencia, a costa del Congo independiente, de la deuda colonial contraída por Bélgica con el Banco Mundial para completar la colonización del Congo (Kinshasa) en la década de 1950. Y ello a pesar de que tales transferencias de deudas coloniales están prohibidas por el Derecho Internacional.

9. En la década de 1960, el Banco y el FMI prestaron apoyo financiero a países como Sudáfrica bajo el apartheid y Portugal, que mantenía su dominio sobre sus colonias de África y el Pacífico a pesar del boicot financiero internacional decretado por la ONU. El Banco Mundial también apoyó a un país (Indonesia) que había anexionado por la fuerza a otro país (Timor Oriental) en 1975.

10. En el plano ecológico, el Banco aplica políticas productivistas y extractivistas desastrosas para las poblaciones y perjudiciales para la naturaleza. Sigue apoyando la construcción de centrales térmicas de carbón, con efectos desastrosos en términos de contaminación y cambio climático. Incluso ha logrado arrogarse la gestión del mercado de permisos de emisión de gases de efecto invernadero. El Banco Mundial también financia la construcción de grandes presas que causan enormes daños medioambientales. Fomenta el desarrollo de la agroindustria en detrimento de la agricultura familiar, apoyando el uso masivo de pesticidas, herbicidas y fertilizantes químicos, responsables de la dramática pérdida de biodiversidad y del empobrecimiento de los suelos. El Banco Mundial promueve la privatización y la comercialización de la tierra en beneficio de los grandes terratenientes. El presidente del Banco Mundial está tratando de convencer al consejo de administración para que financie el desarrollo de centrales nucleares.

11. El Banco Mundial y el FMI financian proyectos que violan flagrantemente los derechos humanos. Entre los proyectos menos respetuosos con los derechos humanos y directamente apoyados por el Banco figura el proyecto de «transmigración» llevado a cabo en Indonesia en los años setenta y ochenta, muchos de cuyos elementos podrían calificarse de crímenes contra la humanidad (destrucción del entorno natural de las poblaciones indígenas y desplazamientos forzados de poblaciones).

12. El Banco Mundial y el FMI han contribuido a la aparición de factores que han provocado varias crisis de deuda. En resumen: a) el Banco Mundial y el FMI han animado a los países a contraer deudas en condiciones que han llevado al sobreendeudamiento; b) el Banco Mundial y el FMI han incitado, e incluso obligado, a los países a suprimir los controles sobre los movimientos de capitales y los tipos de cambio, aumentando así la volatilidad de los capitales y facilitando considerablemente su fuga; c) el Banco Mundial y el FMI han incitado a los países a abandonar la industrialización por sustitución de importaciones (ISI) y a sustituirla por un modelo basado en la promoción de las exportaciones.

13. Tan pronto como estalla una crisis de deuda, el Banco Mundial y el FMI favorecen sistemáticamente a los acreedores y debilitan a los países endeudados.

14. El Banco Mundial y el FMI recomiendan, e incluso imponen, políticas que hacen recaer la carga de la deuda sobre la población, favoreciendo a los más poderosos.

El Banco Mundial y el FMI recomiendan, e incluso imponen, políticas que hacen recaer la carga de la deuda sobre la población, favoreciendo a los más poderosos.

15. El Banco Mundial y el FMI alientan la «generalización» de un modelo económico que aumenta sistemáticamente las desigualdades entre los países y dentro de ellos.

16. Con la complicidad de los gobiernos de los países endeudados, el Banco Mundial y el FMI extienden las políticas de ajuste estructural a la mayoría de los países de América Latina, África, Asia y Europa Central y Oriental.

17. En los países mencionados, se han llevado a cabo privatizaciones masivas en detrimento del bien común, enriqueciendo enormemente a un puñado de oligarcas.

18. El Banco Mundial y el FMI refuerzan las grandes empresas privadas y debilitan a las autoridades públicas y a los pequeños productores. Han acentuado la explotación de los trabajadores y los pequeños productores y han aumentado su precariedad.

19. Su supuesta lucha contra la pobreza no logra ocultar una política que, en la práctica, reproduce y agrava las causas mismas de la pobreza.

20. El discurso del Banco Mundial sobre la «igualdad de género» coincide en realidad con políticas que, de hecho, refuerzan ciertos aspectos de la dominación patriarcal. Las políticas financiadas por el Banco y el FMI tienen consecuencias negativas en la vida de las mujeres.

21. La liberalización de los flujos de capital, que han fomentado sistemáticamente, ha aumentado el impacto negativo de la evasión fiscal, la fuga de capitales y la corrupción.

22. La liberalización del comercio ha reforzado a las economías más fuertes y ha debilitado aún más a las más débiles. La mayoría de los pequeños y medianos productores de los países en desarrollo son incapaces de resistir la competencia de las grandes empresas, ya sean del Norte o del Sur.

23. El Banco Mundial y el FMI, que abogan por la buena gobernanza en sus informes, en realidad se dedican a prácticas dudosas dentro de sus propias instituciones.

24. El Banco Mundial y el FMI han contribuido sistemáticamente a debilitar los servicios de salud pública. Esto ha mermado considerablemente la capacidad de los gobiernos y las poblaciones para hacer frente a enfermedades tradicionales como la malaria y la tuberculosis, así como a nuevas epidemias como la Covid-19.

25. Las políticas neoliberales aumentan la presión sobre las clases populares, obligándolas a buscar trabajo en el extranjero para poder enviar ayuda financiera a sus familias que se han quedado en el país. También se está produciendo una fuga de cerebros.

26. Para un número significativo de países, esta exportación de mano de obra genera más ingresos en divisas que otras exportaciones. Las remesas de los trabajadores migrantes superan los flujos de ayuda oficial al desarrollo (AOD). En 2024, el importe total de las remesas de los migrantes a los países de renta baja y media se estima en más de 656 000 millones de dólares, según datos del Banco Mundial. La AOD total, que incluye una mayoría de préstamos y solo una pequeña minoría de donaciones, ascendía a algo menos de 200 000 millones de dólares. Esta cifra incluye la AOD a Ucrania, que no es un país en desarrollo. En Filipinas, las remesas de los migrantes a sus familias que se quedaron en el país ascendieron a 39 000 millones en 2024, mientras que las donaciones de AOD apenas superaron los 2000 millones.

27. Algunos gobiernos fomentan activamente esta exportación de mano de obra. En los Estados del Golfo o en las economías de los países más industrializados, estos migrantes suelen ser explotados y privados de sus derechos políticos, económicos, sociales y culturales.

28. Estas dos instituciones marginan a la mayoría de los países en desarrollo, a pesar de que representan la mayoría de sus miembros, favoreciendo así a un puñado de gobiernos de países ricos.

29. En resumen, el Banco Mundial y el FMI son instrumentos despóticos en manos de una oligarquía internacional (un puñado de grandes potencias, sus gobiernos y sus empresas transnacionales) que apoyan un sistema capitalista internacional perjudicial para la humanidad y el medio ambiente.

30. Las prácticas y actividades perjudiciales del Banco Mundial y el FMI deben ser denunciadas para que cesen. Las deudas cuyo reembolso reclaman estas instituciones deben ser canceladas, y las instituciones y sus dirigentes deben ser llevados ante la justicia.

Conclusión

Es urgente establecer una nueva arquitectura internacional democrática que favorezca la redistribución de la riqueza y apoye los esfuerzos de los pueblos por un desarrollo socialmente justo y respetuoso con la naturaleza.

Según el CADTM, es imposible reformar el Banco Mundial y el FMI. Estas dos instituciones deben disolverse y sustituirse por instituciones internacionales democráticas. La organización que sustituya al Banco Mundial debería estar fuertemente regionalizada (Bancos del Sur podrían estar vinculados a ella). Su función sería conceder préstamos a tipos de interés muy bajos, incluso nulos. Su ayuda solo se concedería si se utiliza en estricto cumplimiento de las normas sociales y medioambientales y, en general, de los derechos humanos fundamentales. A diferencia del actual Banco Mundial, el nuevo banco, que tanto necesita el mundo, no trataría de representar los intereses de los acreedores sometiendo a los deudores al poder omnipotente del mercado, su misión prioritaria sería defender los intereses de los pueblos que reciben los préstamos y las donaciones.

En cuanto al nuevo FMI, debería volver a parte de su mandato inicial: garantizar la estabilidad de las monedas, luchar contra la especulación, controlar los movimientos de capitales y luchar contra los paraísos fiscales y la evasión fiscal. Para alcanzar este objetivo, podría contribuir, junto con las autoridades nacionales y los fondos monetarios regionales que también deben crearse, a la recaudación de diversos impuestos internacionales.

Eric Toussaint es doctor en Ciencias políticas de la Universidad de Lieja y de la Universidad de París VIII, es el portavoz del CADTM internacional y  miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia.

Fuente: https://www.cadtm.org/Enfrentar-el-legado-de-las-Instituciones-Financieras-en-el-Sur-Global-30

No es el historiador más conocido del mundo, pero Jason W. Moore (Corvallis, Oregon, 1971) es quien ha puesto en circulación y defiende con más tesón investigador el concepto ‘Capitaloceno’. Una respuesta con la que Moore discute el uso de ‘Antropoceno’, nacido, asegura, para repartir las culpas de la crisis climática entre sus verdaderos responsables y quienes padecen ese cambio del clima. Se basa en datos que son conocidos, como que el 1% más rico es responsable del doble de las emisiones que la mitad de la humanidad más pobre. Pero, a pesar de esa evidencia, como señala Moore, el concepto de antropoceno se extiende también entre la izquierda.

En ese hecho Moore justifica la que, sin duda, es la propuesta más arriesgada de su obra: una crítica rigurosa al ecologismo estadounidense y su complicidad con el capitalismo. Partiendo de la base de que —como se señala en el prólogo de su último libro— el ecologismo profesional estadounidense está alejado de la tradición de la ecología política, más vinculada con la lucha sindical y los movimientos sociales, que conocemos mejor en Europa, las advertencias de Moore sobre el “ecologismo de los ricos” y su abordaje de la crisis climática resuenan en discursos sobre el Green New Deal (nuevo pacto verde), que son moneda corriente en la literatura producida por la Comisión Europea y los partidos que, a izquierda y derecha, la sostienen. 

Por eso, el autor de La gran implosión y El capitalismo en la trama de la vida (Traficantes de Sueños, años 2020 y 2025) basa su trabajo en la relación entre el trabajo y la crisis climática, en una crítica al capitalismo y a sus maneras de dominación, así como en una explicación con distintos grados de complejidad, pero clara, de los sucios secretos de la acumulación capitalista.

La tesis de los “cuatro baratos” desarrollada por Moore incide en que el capital no habría podido desarrollarse sin una explotación del trabajo, la energía, las materias primas y los alimentos basada en su devaluación. El Capital, de este modo, y a través de mecanismos ideológicos como la separación entre Hombre y Naturaleza (las mayúsculas son importantes) ha tomado históricamente lo que necesitaba a bajos precios, arrasando con lo que precisaba arrasar para su desarrollo. La sorpresa de finales del siglo XX y de principios de este siglo es que ya no lo puede hacer más, porque ha llegado a las fronteras biofísicas del planeta. 

Hay una constatación de ello en la manía del apocalipsis que se ha extendido en los últimos años, que comparten desde el desquiciante millonario broligarca Peter Thiel hasta una parte de la izquierda hambrienta de malas noticias. Situado en una posición rara —pero anclado en la tradición marxista—, Moore cree que lo que estamos experimentando es un nuevo episodio en los que el cambio del clima y las transformaciones sociales forman una tormenta.

En uno de tus artículos al decir que los estadounidenses están obsesionados con el apocalipsis. ¿De dónde viene esta pulsión?

Desde el principio, los estadounidenses han estado enamorados del apocalipsis, un concepto que significa en su significado clásico, revelar o poner al descubierto la verdad fundamental. Esto, por supuesto, se acerca mucho a la imaginación protestante, que sigue resonando en la cultura estadounidense. Se trata de la fantasía de un día de éxtasis, de la división entre el bien y el mal. En este sentido es una forma de milenarismo, solo que con una diferencia: muchos movimientos, desde los husitas en el siglo XVI hasta el movimiento de Danza fantasma de los pueblos indígenas norteamericanos o la secta Loto Blanco de China de finales del siglo XVIII, tomaban el milenarismo como el clamor de los oprimidos. Veían venir el fin de los tiempos porque sus mundos habían sido destruidos. La versión estadounidense es diferente: es el milenarismo de los ricos, de los poderosos.

Es otro tipo de pensamiento apocalíptico

Es importante entender eso porque el ecologismo estadounidense, el pensamiento ambiental de los poderosos, ha tenido mucha influencia en el mundo. Y es una forma de milenarismo. Cuando estos ecologistas hablan del clima como una amenaza existencial expresan una idea, una visión del mundo, que ha estado germinando en los Estados Unidos desde principios del siglo XVII y que se repite en la historia estadounidense, por ejemplo, a principios de la década de 1980, cuando Ronald Reagan habló de la Unión Soviética como el imperio del mal. Hay una esencia moralizante y existencial en el imaginario estadounidense que ha infectado el pensamiento de las élites de todo el mundo. No en Oriente, no en China, sino en el Occidente imperial. Y el ecologismo es una parte fundamental de ese milenarismo de los ricos.

La izquierda política también acaricia la idea de que el fin del mundo ya está aquí. ¿Cómo podemos romper esta tendencia sin caer en la autocomplacencia y sin proponer medidas que no aborden el meollo de los problemas?

Creo que debemos empezar por analizar la historia del pensamiento ambiental incluso antes del ecologismo, incluso antes del siglo XIX. Debemos volver a Thomas Malthus y antes de Malthus debemos ir a René Descartes, Thomas Hobbes y Francis Bacon, que no eran simplemente científicos y filósofos, eran ideólogos. Ideólogos del imperio. Para ellos, los habitantes nativos de las tierras coloniales eran salvajes. Eran parte de la Naturaleza. Hay una larga historia que parte de la izquierda se ha negado a reconocer; se ha negado a entender que el pensamiento ambiental, el ecologismo, el pensamiento científico ha sido fundamental para la ideología burguesa. Uno de mis ejemplos favoritos: la palabra ecología proviene de Ernst Haeckel, un científico alemán. Él fue uno de los cofundadores a principios del siglo XX de la Liga Monista Alemana, que desarrolló su concepción del Lebensraum [espacio vital] basándose en el ecologismo de Haeckel. Los elementos de ese pensamiento reaccionario se han mantenido. El pensamiento ambiental es históricamente antidemocrático. Históricamente es la política de la élite profesional alineada con el capital. 

Parece abstracto discutir sobre si el origen del capitalismo lo situamos a principios del siglo XIX o principios del siglo XVI y XVII, pero está íntimamente ligado a nuestras prioridades políticas

¿Qué hacemos para empezar a cambiar el rumbo del debate?

Creo que esa es la pregunta de la izquierda. Debemos insistir en que la cuestión del clima, la cuestión del cambio ambiental, es historia del trabajo. La crisis climática es una lucha de clases. Para Marx es una cuestión dialéctica: es decir, el trabajo es el punto de partida que nos permite empezar a ver todos los problemas del mundo como relacionados. La lucha de clases para Marx y Engels es siempre una lucha de clases en la trama de la vida.

Con respecto a la actual crisis climática, usted fijó la fecha clave del descubrimiento de América en 1492 como punto clave en el desarrollo del capitalismo que nos ha traído hasta aquí. Otros autores prefieren situar el inicio en torno a la revolución industrial. ¿Por qué es importante tomar ese punto de partida mucho antes de que se generalice el uso de combustibles fósiles?

Esta es una cuestión importante y se plantea dentro de un debate que no ha tenido lugar, el debate con el llamado capitalismo fósil. El libro de Andreas Malm, Capital fósil, es, en muchos sentidos, un libro excelente. Sin embargo, la teoría del capital fósil que nos presenta, es una teoría malthusiana, y eso sonará incendiario, pero voy a explicar por qué. Si analizamos la tesis de Capital Fósil, vemos lo que Malm ignora: la cuestión del imperialismo. En el corazón del capitalismo está el imperialismo moderno, que tiene que ver con los mecanismos políticos que producen los “cuatro baratos”: mano de obra, alimentos, energía y materias primas. No se puede tener una fábrica mundial sin la granja mundial o sin una mina mundial, ya que esas son, de hecho, las condiciones previas de la industria a gran escala. Esta es, por supuesto, la posición de Marx de que el capitalismo comienza en el siglo XVI: es absolutamente explícito al respecto. Puede que Marx esté equivocado en otros asuntos, pero en este punto tiene toda la razón. Y la relevancia de ese argumento en comparación con el argumento sobre la llamada Revolución Industrial es que los argumentos del capital fósil ignoran el imperialismo. No se habla de los cercamientos en Irlanda, no se habla del proletariado de las plantaciones, del empleo masivo de la esclavitud en las plantaciones para producir algodón.

¿Por qué es esto importante desde el punto de vista político hoy?

Es importante porque nos ayuda a entender que el desarrollo de la clase obrera mundial es combinado y desigual. También es fundamental para un internacionalismo proletario para todo el planeta, que es esencial que opere en todas las zonas de la ecología mundial capitalista. Parece abstracto discutir sobre si el origen del capitalismo lo situamos a principios del siglo XIX o principios del siglo XVI y XVII, pero está íntimamente ligado a nuestras prioridades políticas. Si creemos que hacer estallar los oleoductos cambiará el mundo, entonces hay que hacer estallar los oleoductos. Pero hemos visto que es una política fallida. En cambio, si trascendemos las relaciones que crearon los oleoductos, que crearon las centrales de carbón, que crearon los campos petrolíferos, si anulamos y trascendemos esas relaciones, entonces podemos tener una política revolucionaria con respecto al cambio climático.

Muchos estudiosos dicen que el racismo estuvo ahí desde el principio, pero no tenemos formas institucionales e ideológicas completamente maduras de racismo hasta el siglo XVI

Hombre y Naturaleza, ¿por qué estos conceptos antiguos siguen siendo tan importantes hoy en día?

Desde el principio, este es el código binario del poder capitalista. En el inglés anticuado se dice Hombre, ahora decimos ‘humanidad’, seguimos diciendo Naturaleza, en ambos casos se trata de inventos de los siglos XVI y XVII. Junto con la civilización forman la trinidad: el hombre, la naturaleza y la civilización, a la que hoy llamamos sociedad. Esencialmente, lo que la burguesía ha construido es una visión del mundo basada en lo que yo llamo el conflicto eterno: el Hombre contra la Naturaleza. ¿Quién media en los conflictos eternos? Los civilizadores, los imperialistas, los ricos y poderosos y la ciencia que compraron, la gente ilustrada. La estructura binaria del mundo moderno en el pensamiento está relacionada con la proposición marxista clásica sobre los orígenes del capitalismo. La separación del Hombre y la Naturaleza es una expresión abstracta de la separación del campesino de la tierra. Y también es un código operativo en términos de gestión. 

¿En qué sentido?

Todos hemos tenido trabajos en los que el gerente “lo sabe todo” y el “trabajador no sabe nada”. El gerente le dice al trabajador: “No queremos que pienses, queremos que obedezcas: eres una extensión de nuestra mente”. Esa es una forma de pensar que fue cristalizada por René Descartes en el siglo XVII, en un momento de crisis climática, en un momento de revolución política. Fue una forma de pensar que surgió entonces y que se ha reproducido desde entonces. Es una mentalidad gerencial. Los socialistas que se niegan a ver esto están renunciando a la política y a la lucha contra el gerencialismo.

También ha dicho que la división de género y el racismo nacen en estos períodos. ¿Cómo ocurre? ¿Por qué era tan importante para el capitalismo que así fuera?

El racismo es un mecanismo político para tener mano de obra barata, se desarrolla en esa época. Muchos estudiosos dicen que el racismo estuvo ahí desde el principio, pero está muy claro que no tenemos formas institucionales e ideológicas completamente maduras de racismo hasta algún momento a mediados del siglo XVI. Antes había expresiones de ello, por supuesto. Lo mismo ocurre con el género. 

Esas son las dos funciones principales de la IA y esa clase de procesos en la actualidad: expulsar a los trabajadores y mejorar el estado de seguridad

¿Cómo se construyen esas ideas?

Desde el punto de vista de la burguesía, las categorías de raza y género se expresan y conceptualizan a través de la Ley Natural. Quizá sea una nota a pie de página, pero la primera revolución capitalista en torno a esa ley natural provino de Francisco de Vitoria y el intrumentalismo metafísico. El hecho es que la Raza y el Género se inventan en el momento de la gran proletarización, entre los años 1550 y 1750. Esta es, por supuesto, la acumulación primitiva de Marx y no se limita a Inglaterra. En Europa occidental, la proporción de la población que está proletarizada pasa de aproximadamente una cuarta parte a aproximadamente la mitad entre esos años. Ésta es también la era del nacimiento y la génesis del sexismo, que es una estrategia de control laboral y un esfuerzo por colocar a las mujeres en la categoría de “Naturaleza” de modo que no sea necesario pagarlas.

¿Qué implica?

Es una estrategia laboral “barata”. Con el desarrollo de la trata transatlántica de esclavos y de la esclavitud africana, que comienza a producirse masivamente después de 1600, el racismo se desarrolla progresivamente como ideología, pero también, como siempre —no solo la raza sino la etnicidad— es una consecuencia de la organización política de los mercados laborales. Como sabemos hoy, los inmigrantes se mantienen en una parte del mercado laboral, el mercado laboral más barato y explotado. A otros se les ha permitido entrar en las profesiones liberales. Así es cómo funcionan la raza y la etnia, pero en el fondo se trata de estrategias de obtención de trabajo barato, estrategias que buscan, ante todo, dividir y conquistar, el antiguo proverbio romano dīvide et īmpera. Muchos miembros de la izquierda profesional han abrazado el “divide y vencerás”. Han abrazado la política de raza y género como algo esencial, por encima de la lucha de clases, siguiendo el esfuerzo de la burguesía por dividir a la clase obrera dentro de las naciones y entre las naciones.

¿Cómo cree que el capitalismo cognitivo, el poder de Silicon Valley, encaja con la hipótesis del saqueo?

Desde sus orígenes en las décadas de 1940 y 1950, la industria de la información y la tecnología fue un producto del complejo industrial militar y del imperio mundial de los Estados Unidos. El trabajo de la informática y ahora de la inteligencia artificial ha ido esencialmente en dos direcciones: una es mejorar los poderes de vigilancia y control policial de los grandes estados imperiales. Básicamente, aumentando los poderes del Estado de seguridad nacional —o del “Estado profundo”, si se quiere— más allá de lo imaginado por parte de cualquier estado anterior. Yasha Levine tiene un libro llamado Surveillance Valley, que creo que resume la esencia de ese proceso. 

¿Cuál es la segunda función?

Es, por supuesto, hacer lo que hacen todas las tecnologías capitalistas: expulsar a la mano de obra de la producción. Estamos viendo, especialmente en el propio Silicon Valley y en Hollywood y otros sectores de los media, la expulsión masiva de los trabajadores profesionales. Esto es parte de una crisis del orden neoliberal que comenzó en la década de 1970, que se basa en reducir directamente el número o expulsar al profesionalismo y reducir así el tamaño de la clase profesional.

¿Puedes explicarlo?

El orden neoliberal se basaba en una alianza entre los profesionales y los capitalistas. Ambos estuvieron de acuerdo en que destruirían a la clase obrera en los Estados Unidos, destruirían la industria, destruirían las comunidades, encarcelarían a la clase obrera, especialmente a la clase trabajadora negra y latina, pero también a muchos trabajadores blancos. Todo era posible, pensamos en demócratas como Clinton y republicanos como Bush, porque la política neoliberal dependía de la clase profesional. Y las clases profesionales prometían buenos trabajos y buenas vidas. Cuando Trump dice: “Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande”, está respondiendo a esa devastación neoliberal de Estados Unidos. Ahora, como sabemos, la inteligencia artificial, entre otros procesos, está expulsando a los trabajadores de la clase profesional. Esas son las dos funciones principales de la IA y esa clase de procesos en la actualidad: expulsar a los trabajadores y mejorar el estado de seguridad. 

China es el otro polo que marca el devenir del mundo. ¿Qué relación tiene con los “cuatro baratos” de los que has hablado en tus ensayos?

La China actual, el Partido Comunista de China (PCCh), está organizando una política, una geopolítica, para una transición poscapitalista. No es socialista, pero quizá esté más abierto al socialismo que lo que vemos en el Occidente imperial, que también se está organizando para una transición poscapitalista. Los chinos han sido muy superiores en su capacidad para organizar relaciones en todo el mundo, pero especialmente en África, con el fin de garantizar los recursos estratégicos. Sin embargo, no existe un paralelismo con los momentos anteriores de nacimiento de nuevos imperialismos, el más reciente de los Estados Unidos durante el Consenso de Washington. 

¿Por qué?

China no está organizando un nuevo régimen de naturaleza barata para el capitalismo en su conjunto. Creo que hace una orientación consciente hacia un mundo poscapitalista, un mundo basado en la acumulación política, en el que la política tendrá el mando. Seguirán existiendo bancos, habrá trabajadores asalariados, habrá comercio y producción de materias primas como la que ha habido en muchos otros lugares del mundo y en China durante milenios, o al menos en los dos milenios previos. El capitalismo es un tipo específico de entidad que debe acumular, crecer y expandir esa acumulación. 

El fascismo es una forma extrema de nacionalismo burgués. Y en sus etapas más desarrolladas, un imperialismo sangriento: eso es Israel hoy

Pero dices que vamos hacia un mundo postcapitalista

Hemos llegado hoy a un momento en el que el número de empresas dominantes en los principales sectores económicos es extremadamente limitado. Ya no compiten. De hecho, no es que no compitan es que se fusionan entre sí: cada vez son menos empresas y marcan una centralización absoluta del capital. En cierto punto, y creo que hemos llegado a ese punto, la dinámica competitiva ha terminado. Hay maneras en las que China aborda la competencia de maneras muy interesantes. Sin embargo, a escala mundial, la dinámica de competir por la tasa de ganancia ha terminado. El objetivo de los principales bloques—el bando de Beijing y el bando de Washington en la actualidad— es proteger las enormes ganancias por medios políticos. 

¿Dónde se percibe esa tendencia?

Lo vemos claramente en los Estados Unidos con el complejo industrial militar, con Silicon Valley, que está estrechamente relacionado con el complejo industrial militar, con las grandes farmacéuticas. En China se ve diferente, es más sofisticado, más dinámico, tienen más aliados, por lo que el mundo de las próximas dos o tres décadas estará determinado por una guerra económica y militar en curso entre estos dos bandos. Eso es Oriente Medio hoy en día, y eso también es Ucrania. Se trata de guerras entre la Iniciativa de la Franja y la Ruta, por así decirlo, y Washington-OTAN.

La creación de un complejo ecologista global estuvo directamente relacionada con la respuesta imperial a la revuelta del tercer mundo

También has advertido de la explosión del etnonacionalismo, generada por ciertos enfoques del cambio climático. ¿Cuáles crees que son los riesgos de esa conexión?

Históricamente, el fascismo ha tenido una relación íntima con el ecologismo. La patria siempre es un concepto ecológico, y si lo reconocemos, hay algunas implicaciones incómodas en ello. En la izquierda actual existe una forma de ecología nacionalista. El fascismo es una forma extrema de nacionalismo burgués. Y en sus etapas más desarrolladas, un imperialismo sangriento: Alemania en el siglo XX, Israel hoy. De hecho, los líderes del gobierno de Israel se describen a sí mismos como fascistas, como se ha publicado. Sin embargo, hay otra realidad incómoda que los ecologistas profesionales y los ecosocialistas se niegan a decir en voz alta. Y es que la distancia entre el ecologismo liberal y el ecofascismo no es grande. Hay una relación muy estrecha entre esas dos posiciones. 

¿Puedes explicarlo?

El ecologismo centrista de los últimos 50 años y desde sus orígenes se basó en una política antidemocrática; me refiero específicamente a la experiencia estadounidense. Era una ideología que se creó a través de la Ciencia, una política del Estado administrativo y de la Ley. No se parecían en nada, no tenían relación con la política democrática de los movimientos sindicales o del movimiento por los derechos civiles. Se trataba de una operación de clase profesional que fue financiada por fundaciones multimillonarias. Si nos fijamos en el escenario mundial a finales de los 60 y principios de los 70, la creación de un complejo ecologista global estuvo directamente relacionada con la respuesta imperial a la revuelta del tercer mundo, al nuevo orden económico internacional. La Cumbre de la Tierra de Estocolmo en 1972, una famosa conferencia de las Naciones Unidas, fue un proyecto imperial. Su intención era encontrar una manera de permitir que los capitalistas europeos y norteamericanos, tal vez algunos de Japón, organizaran un sistema planetario. Tenían un nombre para ello: la gestión planetaria. 

No todos necesitamos consumir menos. El problema no es el consumo. El problema es quién organiza la producción y con qué fin

¿Cómo ha evolucionado?

Hoy en día, los académicos liberales hablan de la “administración planetaria”. La línea del proyecto imperialista de Estocolmo y el ecologismo global era una respuesta a los procesos de descolonización. Hoy, los actores han cambiado, pero los objetivos siguen siendo los mismos: es el ecologismo de los ricos del norte global, es la iniciativa china de la Ruta y la Franja, son los BRICS… y esto es muy peligroso. Esto es lo que en el nivel político buscan conceptos como el Antropoceno. Los ecosocialistas tratan estos conceptos como ideas académicas, en lugar de proposiciones ideológicas.

Hemos visto un cambio de las políticas del New Deal Verde de Joe Biden a la sentencia de Trump “drill, baby, drill” (perfora, bebé, perfora). ¿Es posible que el medioambiente de los ricos muera el año que viene?

No lo creo. Primero, Biden y antes que él, Obama, estaban entusiasmados con la perforación, pero no lo dijeron en voz alta. Al menos no muy a menudo. Tenemos que entender que el ecologismo estadounidense se ha opuesto estratégicamente a los intereses de la clase trabajadora. El mejor ejemplo histórico de esto es que, en los primeros años 90, las principales organizaciones ecologistas de los Estados Unidos apoyaron la expansión del libre comercio en América del Norte. Y ese fue el logro de la administración Clinton. Como sabemos, el libre comercio abrió las compuertas para las emisiones de gases de efecto invernadero. He escrito sobre esto y he hablado sobre esto con frecuencia: la clase obrera estadounidense odia el ecologismo porque los ecologistas se han opuesto a sus intereses. Tenemos que entender lo que Trump está haciendo en ese contexto. 

¿Cómo?

El proyecto de Ley de Infraestructuras de Biden [Plan Build Back Better] no era un New Deal Verde. Fue un subsidio masivo a la energía verde y ha sido un fracaso total. A los Estados Unidos les habría ido mucho mejor comprar autobuses eléctricos en China a un precio de entre una cuarta y una décima parte de lo que se ha gastado con esa ley, ese es un ejemplo fáctico. Se trataba de un subsidio masivo para una parte del capital estadounidense. El hecho es que Trump, a pesar de sus muchas carencias, ha identificado un problema grave. Es un problema que había sido prioritario para la izquierda durante muchas décadas: se identificaba que el libre comercio es perjudicial, que destruye los empleos estadounidenses, que destruye la industria y que lo que se necesita es una política industrial. Hasta ahora, Trump no ha ido lo suficientemente lejos en esa dirección, pero el hecho es que la política de Trump habla de esa dimensión de la realidad.

El catastrofismo climático, la retórica de las amenazas existenciales, son herramientas alarmistas de la élite mundial para pacificarnos

En todo caso, se basa también en el puro negacionismo climático

Aunque depende de la forma en que se haga la pregunta, si analizamos el negacionismo climático en Estados Unidos, éste se sitúa por debajo del 15% de la población, no mucho más. Casi todos tienen más de 60 o 65 años. Así que ahora casi todo el mundo está de acuerdo en que el cambio climático es una amenaza actual. Hay un nuevo consenso climático. De vez en cuando, Trump se refiere al cambio climático como un timo, pero lo que quiere con eso es decirle a la clase obrera estadounidense que las políticas climáticas los ha arruinado y que lo que quieren hacer los ecologistas de la clase profesional es imponer la austeridad climática. “Quieren usar el cambio climático para joderos a vosotros, trabajadores estadounidenses”. Y hay otras versiones de esto en todo el mundo, en Alemania, Francia y el Reino Unido. La izquierda, sin duda la izquierda socialdemócrata, pero incluso la izquierda ecosocialista ha cedido este territorio a la derecha populista. No ha logrado presentar un argumento claro y agresivo de que la crisis climática no es una crisis malthusiana, no es una crisis ambiental en la forma en que nos han enseñado: es una crisis de clase, es una crisis del trabajo, es la crisis de su nivel de vida. Y tenemos que enfrentarnos agresivamente al ecologismo de los ricos, según el cual todos debemos consumir menos. No todos necesitamos consumir menos. Algunas personas necesitarán consumir mucho, mucho menos. Y, por cierto, el problema no es el consumo. El problema es quién organiza la producción y con qué fin.

¿Qué es el “despilfarroceno”?

El despilfarroceno es un concepto de mi amigo Marco Armiero, que enseña en Barcelona. No te preocupes, no hablaré de más -cenos, pero diré que lo que aprendí de eso es una idea básica: el imperialismo funciona depositando residuos tóxicos en lugares que no afecten a la rentabilidad, por eso existen fronteras de lo desechado y no tenemos que pagar por ello. Para mi argumento es importante ya que la contradicción biofísica fundamental del capitalismo bien puede tener más que ver con la sobreacumulación de residuos, de los tóxicos, incluidos los gases de efecto invernadero, que en cierto momento se convierten en tóxicos. Pero la otra parte de ese proceso es que, cuando se crea un páramo tóxico, se abre un momento para arrasar. La historia de ese proceso se remonta a la era de la acumulación primitiva en Inglaterra e Irlanda y a la conquista inglesa de Irlanda. Los residuos eran bienes comunes de los campesinos. Entonces, el capitalista inglés entraba, cercaba el terreno, encerraba esos bienes comunes y los ponía a rendir. Pero no podrías hacerlo sin arrasar a los irlandeses, que fueron definidos como salvajes y belicosos, y se dijo que debían ser civilizados y, de este modo, fueron sometidos de la misma manera en que se trataría después a los pueblos indígenas y a muchos otros pueblos de todo el mundo. 

¿Qué quiere decir cuando habla de esa contradicción biofísica?

El problema de los residuos puede ser incluso más importante que el problema de los recursos. A pesar de las carencias de ese texto, los autores de Los límites del crecimiento [Donella H. Meadows, et al.] dijeron en 1972 exactamente esto. Fue una gran revelación, y muy pocas personas han estado dispuestas a abordar el problema de la toxificación como una contradicción de clase y metabólica al mismo tiempo. Es importante porque no se trata solo de los gases de efecto invernadero, sino que si tomáramos una muestra de nuestra sangre, de la sangre de cualquiera de sus lectores, habría microplásticos, pesticidas y herbicidas, metales pesados. Son residuos que nos enferman y deprimen. Esto es por lo que el trabajo es tan importante, porque trabajo, cuerpo y clase forman un todo dialéctico. En los Manuscritos de 1844, Marx habló sobre la alienación espiritual y corporal, la enfermedad y la violencia del capitalismo. Esto, creo, lo han evitado los ecosocialistas. No han vuelto a abordar estas cuestiones. Marx no es Moisés, pero dijo algunas cosas muy importantes sobre el trabajo y el cuerpo y sobre cómo los humanos formaban parte de la naturaleza y fueron creados a través del trabajo mismo. Frederic Engels tiene un famoso ensayo sobre el papel del trabajo en la evolución biológica de los humanos modernos, y, ya sabes, tenían razón.

En ningún lugar del oeste imperial el estado disciplina al capital. No hay separación, hablando claro, entre el Estado y el capital

El de las fronteras del capitalismo es un concepto clave en tu obra. ¿Cuál es la relación entre esas fronteras y las fronteras políticas? Estamos viendo las razzias del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas estadounidense (ICE) y tenemos el mar Mediterráneo, que es una gigantesca morgue. ¿Qué relación hay entre ambos conceptos?

Ahora que han desaparecido las fronteras físicas del capitalismo, las fronteras políticas están militarizadas de una manera que no tiene precedentes, especialmente en las principales potencias imperialistas. El Transnational Institute publicó un informe hace cuatro años llamado Global Climate Wall y han escrito mucho sobre la militarización sin precedentes en las fronteras del Reino Unido, los Estados Unidos, Alemania, Australia, etc. La profunda violencia en el Mediterráneo es una estrategia de control laboral. Es una estrategia de terror. 

¿Cómo opera?

Históricamente las fronteras de la naturaleza barata han cumplido una función muy, muy específica. Prácticamente todos los historiadores de la economía lo reconocen, pero no siempre saben lo que observan: cada gran época dorada del capitalismo requirió mano de obra barata, comida barata, energía barata, materias primas baratas. El precio de estos insumos fundamentales de la producción capitalista tenía que bajar para que los capitalistas pudieran invertir y para que las ganancias fueran altas. 

Las fuentes de vitalidad del capitalismo han desaparecido, pero el cuerpo sigue vivo. Está muerto, pero es mortífero

Se produce entonces la crisis del capital de la que hablabas.
Una ganancia alta significa una inversión alta, una ganancia baja significa una inversión baja. Prácticamente todos los economistas críticos del Occidente imperial de los últimos 50 años dicen lo mismo: la inversión se ha derrumbado, ¿por qué? Porque la rentabilidad se ha derrumbado. ¿Por qué? Porque las naturalezas baratas que serían necesarias para elevar la tasa de ganancia, que serían necesarias para atraer inversiones, no existen. El contraejemplo que es muy importante, y se remonta a tu pregunta anterior, es China. ¿Por qué China ha tenido éxito en la innovación y el desarrollo? Porque ha adoptado, gracias a su pasado comunista, un modelo de acumulación política en el que el estado disciplina al capital. En ningún lugar del oeste imperial el estado disciplina al capital. No hay separación, hablando claro, entre el Estado y el capital. 

Puedes poner un ejemplo

Mira al nuevo canciller de Alemania, que fue un antiguo ejecutivo de BlackRock, mira a los Estados Unidos. La única diferencia hoy es que vemos que en los Estados Unidos ahora hay un conflicto entre la base militante de Trump y los globalistas como Elon Musk; Musk ha sido esencialmente expulsado de la administración Trump. El problema de fondo es que en todo el Occidente imperial no hay separación entre Estado y capital. No hay ningún Estado que pueda disciplinar al capital y no hay ninguna oportunidad dentro del capitalismo de adoptar un programa keynesiano. Un programa keynesiano supondría la independencia del Estado a un nivel suficiente como para que los gobernantes ilustrados y los capitalistas ilustrados pudieran disciplinar al resto de la clase capitalista. Las condiciones para eso dependían en última instancia de la naturaleza barata. La naturaleza barata siempre viene de las fronteras. Las fronteras están completamente agotadas. No habrá otra edad de oro en el futuro. Así que la consecuencia es lo que llamo capitalismo zombi en mi nuevo libro. Las fuentes de vitalidad del capitalismo han desaparecido, pero el cuerpo sigue vivo. Está muerto, pero es mortífero. Existe para alimentarse del cerebro de los vivos mientras gesta una nueva civilización.

Sostienes que la crisis climática es un momento de posibilidades revolucionarias. ¿Cómo puedes presentar este argumento para un público que tiene que lidiar con la tristeza ante el estado actual de cosas?

Bueno, lo primero que debemos darnos cuenta es que el catastrofismo climático es una estafa ideológica. Es una operación fraudulenta. El catastrofismo climático, la retórica de las amenazas existenciales, son herramientas alarmistas de la élite mundial para pacificarnos. Y quieren pacificarnos porque la clase capitalista imperial transnacional, el que gira en torno a Davos y el Foro Económico Mundial, el Grupo Bilderberg, el Club de Roma, la Trilateral, el Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, muchas otras entidades de todo el mundo que involucran a universidades y ONG, las grandes fundaciones… tienen un proyecto deliberado para infundirnos miedo, porque el miedo y la solución que proponen están íntimamente relacionados. Eso es algo de lo que hay que darse cuenta. 

¿Y lo segundo?

La otra cosa que hay que entender es que, históricamente, desde hace 3.000 años, los cambios en el clima son malos para las clases dominantes. No implica necesariamente que haya una revolución. Pero hay que volver a leer lo que sucedió en la Edad del Bronce y, luego, en el siglo XII a. C., volver a la crisis del Occidente romano y a la crisis climática del Período Frío de la Edad Media, otro momento de crisis civilizatoria, ir a la crisis de un feudalismo, ir a la crisis del siglo XVII, una gran era de crisis política, depresión económica y guerra. También hay que aprender de las revoluciones francesa y haitiana y de la revuelta popular de finales del siglo XVIII. Todos estos fueron momentos de muy mal clima. No es que el clima determine nada, pero desde una perspectiva marxista, una perspectiva socialista, la crisis climática es un multiplicador de contradicciones. Aumenta la intensidad de todas las contradicciones del sistema agrícola, de los conflictos entre las élites políticas gobernantes, de la contradicción entre el trabajo y la cultura. Así que si nos fijamos, por ejemplo, en la crisis del feudalismo en el siglo XIV, llega la Pequeña Edad de Hielo y todo entra en crisis: la iglesia, los aristócratas luchan entre sí, los campesinos se rebelan. Todo esto está ocurriendo en este momento de cambio climático, porque el clima es un multiplicador de contradicciones. Es una fuerza de la naturaleza sobrealimentada dialécticamente que luego se ramifica a través de la sociedad de clases. Sin conocer esa historia estamos indefensos y por eso siempre vuelvo a Marx y Engels, quienes dijeron que nuestras diferencias teóricas, nuestras diferencias políticas, las cuestiones de la praxis deben resolverse, en sus palabras, sobre el terreno de la realidad.

TG: @p_elorduy. BSK: @pelorduy.bsky.social

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/pensamiento/jason-w-moore-entrevista-capitaloceno

En Gaza el pan ya no es pan, ni la sal es sal; la comida se ha convertido en un arma y el hambre en un frente de batalla.

En este pequeño rincón de tierra sitiada, donde el cielo se cruza con el fuego y las casas se dispersan como fragmentos de un sueño roto, la comida –ese derecho básico que une a los seres humanos– se ha transformado en otro medio de guerra. No se emplean tanques ni aviones; se utiliza el asedio, el hambre. En Gaza, la comida no se consume: se retiene, se vigila, se restringe. La vida misma queda secuestrada por un horario y una cantidad que determina una mano que no ve en el ser humano más que una cifra dentro de una ecuación de seguridad.

Y como si el bienestar del pueblo palestino en Gaza se hubiera reducido a un número: las calorías permitidas por persona al día. Sin electricidad, sin agua potable, sin futuro, el único “problema” que parece importar a la mentalidad ocupante es que nadie muera de hambre –para que sigan sufriendo con vida. Es una política del “mínimo vital para sobrevivir”, no del mínimo de dignidad. Una política reconocida en documentos israelíes filtrados anteriormente, que especificaban con precisión cuántas calorías diarias podía recibir cada gazatí –no para preservar su vida, sino para dosificar su sufrimiento.

Ante esta ecuación inhumana, no sorprende ver a los habitantes de Gaza quemar libros escolares, periódicos viejos e incluso ropa desgastada para calentar agua o cocinar algo de arroz o lentejas. Una escena absurda en la que el olor del papel quemado se mezcla con la memoria de las palabras: el conocimiento se convierte en combustible, no para iluminar conciencias, sino para hervir agua. Las letras ya no se leen, se encienden.

Con el colapso de las cadenas de suministro, los precios se disparan de forma descontrolada y emergen los “mercaderes de guerra”. Aquellos que no dudan en acaparar productos de ayuda humanitaria y venderlos a precios exorbitantes o desviarlos a sus contactos, mientras barrios enteros mueren de hambre. Un saco de arroz se convierte en un lujo. Una lata de sardinas, en un privilegio.

En este clima asfixiante, informes de campo señalan intentos directos e indirectos de Israel para apoyar a ciertos grupos juveniles dirigidos por una figura conocida como “Abu Shabab”, con el objetivo de desestabilizar la situación interna en Gaza, desacreditar a la resistencia palestina y fomentar conflictos civiles latentes. Estas agrupaciones se presentan con un discurso juvenil y civil, pero trabajan en el fondo para desarticular el tejido social y construir narrativas útiles para los intereses del ocupante. No se trata de hechos aislados, sino de una estrategia de largo plazo para debilitar la unidad del pueblo palestino y crear alternativas artificiales a los movimientos de liberación.

Mientras tanto, la población gazatí sufre una inseguridad alimentaria extrema. Organismos internacionales señalan que muchas familias apenas consumen entre 1.000 y 1.200 calorías diarias –muy por debajo de las necesidades básicas de un adulto, que oscilan entre 2.100 y 2.500 calorías al día. Las comidas distribuidas en los paquetes de ayuda carecen de equilibrio nutricional: arroz, lentejas, conservas o galletas secas, sin frutas, verduras ni suficientes proteínas. El resultado: desnutrición crónica, debilidad física y graves consecuencias para la salud, especialmente entre niños y mujeres embarazadas.

Lo que ocurre en Gaza no es simplemente una “crisis humanitaria”, sino un ejemplo flagrante del uso sistemático de la comida como arma de guerra, lo cual, según el derecho internacional humanitario, constituye un crimen de guerra. El Cuarto Convenio de Ginebra (1949) prohíbe explícitamente el uso del hambre contra civiles como método de combate, y restringir deliberadamente la entrada de alimentos y medicinas es una violación directa del Protocolo Adicional I. Aun así, este castigo colectivo se lleva a cabo ante los ojos del mundo, con un silencio que roza la complicidad.

Hoy más que nunca, la situación en Gaza exige una acción jurídica real. No bastan los comunicados de condena: es necesario construir un expediente legal internacional documentado, con la colaboración de organizaciones de derechos humanos, expertos en nutrición, médicos y juristas especializados en derecho internacional humanitario, para demostrar que Israel utiliza el hambre como un arma de guerra contra civiles.

Hacer morir de hambre a todo un pueblo es una guerra contra su humanidad, y también contra la conciencia del mundo.

Gaza no pide solo pan, pide justicia.

No pide solo comida, pide dignidad.

No pide solo sobrevivir, pide vivir.

Loay Abu Alsaud es doctor en Historia por la Universidad de Salamanca y profesor de Arqueología de la Universidad Nacional An-Najah de Nablus, Palestina.

Fuente: https://ctxt.es/es/20250601/Firmas/49468/Loay-Abu-Alsaud-Israel-hambre-Gaza-Palestina-genocidio-terrorismo-de-estado.htm

El «gran y hermoso proyecto de ley» de Donald Trump, aprobado por los republicanos de la Cámara de Representantes el mes pasado, se ha promocionado como una «rebaja fiscal para la clase media». En realidad, supone otra ronda de ayudas para los ricos.

Como ha expuesto el Instituto de Política Fiscal y Económica (ITEP) en su reciente análisis, esta legislación es un descarado regalo a los ultra ricos y a las multinacionales, pagado por los trabajadores.

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La temática de la fiesta de fin de curso que se celebrará dentro de unos días en una escuela infantil pública de Aluche, en Madrid, es “Los años 50”. Ofrecen tres modalidades de vestuario para su alumnado, que va de los cero a los tres años: se puede llevar minifalda y pañuelo al cuello; camiseta escotada y leotardos ajustados; o bien pantalón vaquero y camiseta blanca. En un colegio privado de Murcia, la fiesta para el nivel de 4 y 5 años tiene temática West Side Story. Las niñas llevarán maillot y tutú rojos y los niños deberán vestir pantalón vaquero, camiseta y pañuelo rojos al cuello.

Y en Sevilla, la fiesta de fin de curso de una escuela infantil es un festival de baile en el que las niñas de entre dos y cinco años se suben al escenario prácticamente desnudas: top tipo bikini anudado al cuello, espalda y barriga descubiertas, falda mínima, bailarinas y enormes lazos en el pelo.

A lo largo de las próximas semanas se celebrarán cientos de festivales de fin de curso en centros escolares de todo el país. Escuelas públicas, privadas y concertadas que despedirán a su alumnado con celebraciones que, en ocasiones, están marcadas por un sesgo de género muy claro, basado en estereotipos machistas. Las consignas para el vestuario están diferenciadas por género: vestidos, faldas, tutús, brillantina y purpurina para las niñas; trajes, camisas, corbatas, gomina o sombreros para los niños.

En algunos casos, los disfraces para las más pequeñas –algunas de 0 a 3 años– incluyen prendas sexualizadas: minifaldas, camisetas escotadas, tops cortos, tacones, labios pintados. Con todo lo que esto implica, además, en términos de sobreexposición de niños y niñas al colgar fotos y vídeos en redes sociales, páginas web o grupos de Whatsapp.

“Las fiestas escolares, además de un momento de celebración, deben servir también para seguir educando a niñas y niños, por lo que hay que diseñarlas con especial cuidado, especialmente en lo que a reproducción de roles y estereotipos se refiere. Si niñas y niños crecen viendo cómo se les segrega hasta en los eventos festivos, incurriendo ellas, además, en vestimentas más incómodas y sexualizadas, crecerán apreciando esa diferenciación y jerarquización como normal”, denuncia María Gijón, experta en género y coeducación, que lleva años analizando este tipo de situaciones y las conoce bien, ya que recibe a diario denuncias de familias y profesoras. Gijón ha compartido muchas de ellas con este diario, documentadas con fotografías y vídeos.

Sexualizar a las niñas

En la escuela madrileña que propone la fiesta de los años 50, cuyo cartel encabeza este reportaje, una de las madres se ha plantado. “Nos han mandado la foto explicando cómo tienen que ir vestidos los peques y estamos alucinando. Les mandamos a la escuela un correo superamable explicando por qué nos parecían mal las consignas: por los roles de género, por el enfoque adultocentrista del evento, por la sexualización… pero no parecen estar dispuestas a escuchar”, denuncia esta madre. “Una de las consignas que más resuena es que las niñas vayan con vestido o falda y que, para dar volumen, se pongan debajo un tutú. Y que, por otro lado, los niños vayan con pantalones y camiseta. Los disfraces reproducen también patrones de sexualización preocupantes”, alerta.

Y añade un elemento más a su denuncia: el adultocentrismo de la celebración. “Este tipo de eventos están pensados para los adultos, no para los niños y niñas, que ni siquiera conocen ese tipo de películas porque obviamente no han vivido en los años 50 del siglo pasado”, explica.

El curso pasado, otro colegio infantil público madrileño festejó la despedida de su alumnado de dos años con un baile al ritmo de Salta conmigo. En las imágenes se ve cómo las niñas llevan tutús rojos y lazos en el pelo del mismo color; los niños visten traje, camisa y corbata roja. Las profesoras bailan a su lado, parecen orgullosas de su creación. Las de la clase de al lado, una propuesta semejante pero con distinta canción: Summer nights, de Grease.

Una docente del sistema educativo público madrileño, que prefiere no dar su nombre, señala que es una práctica de lo más habitual: “Estamos muy solas las profesoras que tenemos perspectiva de género y que señalamos que este tipo de celebraciones no tienen sentido”, asegura. Reconoce que a ella misma le tocó organizar una fiesta de fin de curso con temática Grease, pese a estar totalmente en contra. “Lo que más me sorprende es que a muchísimas profesoras y profesores les encanta hacerlo, no lo ven problemático”, explica.

Un patrón

María Gijón recibe tantos casos parecidos que ya ha identificado algunos patrones: “La temática de Grease, por ejemplo, es muy común entre el alumnado de la etapa infantil; es una propuesta totalmente sexualizada y alejada del contexto”, asegura la experta. Y aporta más ejemplos semejantes; uno de los más impactantes, el de una escuela infantil sevillana en la que las niñas se suben al escenario sin apenas ropa: un top tipo bikini, una falda mínima, bailarinas y lazos en la cabeza. En función del aula, los modelos y colores varían, pero el patrón es el mismo: mientras que los niños van completamente vestidos, con pantalón largo y camisa, las niñas aparecen prácticamente desnudas.

A veces, el sesgo machista no está solo en la diferenciación de las propuestas para niños y niñas, sino en dar el estándar masculino por supuesto. En Galicia, una escuela infantil pública optó por inspirarse en la película Bebé jefazo para sus disfraces: traje de chaqueta, camisa, corbata, gafas de sol y maletín. Lo cuenta una madre implicada: “Cuando nos explicaron la temática, yo no daba crédito. Intenté hablar con la profesora para que al menos entrasen en razón, pero las vi tan orgullosas de su idea que no me atreví a ir mucho más allá y a escribir a la escuela, porque no lo iban a entender”.

Y eso no es todo: en otra de las aulas, niños y niñas se disfrazaron de “indios”, “con toda la carga racista que eso conlleva”, denuncia esta madre. “Una auténtica machistada y una racistada”, redunda. Andrea, que es profesora en Galicia, conoce de cerca el caso, aunque no es el colegio en el que ella trabaja. “Les dijeron a las familias que les vistan de bebé jefazo, con o mayúscula, dando por supuesto que los jefes son siempre ellos, incluso desde bebés. Como hemos avanzado un poco en los últimos años, ya pocos colegios se atreven a decir que los niños vayan de una forma y las niñas de otra. Pero el hecho es que si les vistes de traje y corbata es obvio que van de jefe hombre, no de jefa mujer, con todo lo que eso conlleva. La carga de género está ahí”, explica esta docente.

Una reflexión y propuestas alternativas

Más allá de este caso concreto, Andrea propone una reflexión en torno a los disfraces en las aulas: “Muchas profesoras estamos hartas de ver a niños y niñas con disfraces de indios con una pluma en la cabeza, de chinos con kimono y todo tipo de connotaciones racistas. También de ver bailes de fin de curso de niñas muy pequeñas hipersexualizadas, y estamos denunciando todo esto. Porque desde la escuela no podemos seguir perpetuando estereotipos machistas y racistas, y además tenemos que darle una vuelta al adultocentrismo. Porque, ¿para quién se hacen las fiestas? ¿Para los niños y niñas o para profes y familias? A veces los y las peques lo pasan fatal en este tipo de actuaciones, que se hacen fundamentalmente para las personas adultas”, asegura.

A ella le molestan mucho las reacciones del entorno cuando señala lo que no le parece correcto: “Cuando dije que las niñas de sexto no deberían hacer un baile súper sexualizado, me respondieron que era yo muy puritana, que había que modernizarse un poco”, protesta. “Y cuando denuncié el racismo en los disfraces que perpetúan los estereotipos de cada país, me respondieron con el típico ‘ahora ya no se puede decir nada’”, prosigue.

Un criterio con el que coincide plenamente Ana, profesora en una escuela de la red municipal madrileña que apuesta por un modelo completamente opuesto al descrito: ellas no celebran ningún tipo de graduación, ni siquiera fiesta de carnaval, bajo la idea educativa de que muchos niños y niñas de esa edad no disfrutan de los disfraces. Su opinión es muy crítica con respecto a este tipo de celebraciones: “En vez de generar una fiesta familiar, adaptada a todas las edades, se convierte el final del curso en una fiesta que para los niños y las niñas es un horror”, denuncia. Por eso en esta red de escuelas han decidido directamente no celebrar este tipo de eventos.

Pero si se quiere hacer, existen alternativas más respetuosas, adaptadas a la edad de niños y niñas y no sesgadas. María Gijón aporta algunas ideas: “¿Cómo hacerlo entonces? Es muy fácil: no diferenciando disfraces o vestimenta por el sexo, teniendo especial cuidado en la selección de la temática y fomentando estilismos sin sexualizar, que sean cómodos y propios del público infantil. Existen multitud de temáticas como para tener que centrarse en las más estereotipadas”, explica. La madre que denunció la vestimenta de su escuela en Madrid aporta también algunas ideas: “Unos disfraces de animales, peces, estrellas, o colores del arcoíris serían más adecuados”, explica.

Y la profesora que tuvo que organizar la fiesta de Grease contra su criterio, intenta ahora hacer las cosas de otra manera: “Este año nos toca temática medieval, y tengo algunas compañeras que ya están vistiendo a las niñas de princesas y a los niños de caballeros. Yo estoy preparando materiales que no diferencian por género, como castillos, escudos, cascos o caballos de juguete”, expone.

Fuente: https://www.eldiario.es/blog/micromachismos/ninas-top-tutu-labios-pintados-ninos-camisa-corbata-machismo-llena-fiestas-curso_132_12363019.html

En diciembre de 2013, el gobierno estatal a cargo de Rafael Moreno Valle entregó el control del agua en la zona metropolitana de Puebla a la empresa privada Concesiones Integrales S.A. de C.V., conocida públicamente por su marca «Agua de Puebla para Todos». A más de una década de esta privatización, la población enfrenta aumentos descontrolados en tarifas, interrupciones prolongadas del servicio, conflictos socioambientales crecientes y múltiples indicios de corrupción. Este reporte documenta cómo, bajo la administración privada, el derecho humano al agua se convirtió en mercancía y en privilegio.

La confusa estructura accionaria de Concesiones Integrales

La empresa concesionaria, Concesiones Integrales, fue constituida el 19 de diciembre de 2013, apenas tres días antes del fallo licitatorio. El proceso fue tan acelerado que al momento de firmar el contrato de concesión por 30 años, el 26 de diciembre, la empresa no tenía experiencia previa en el sector hídrico. Su inscripción original en el Registro Público de Comercio se hizo en Aguascalientes, lejos de la jurisdicción de Puebla. Ahora, saber quiénes son dueños de la empresa es un laberinto financiero.

Originalmente (entre 2014 y 2023) la estructura accionaria era la siguiente:

% capital social	Accionista corporativo
75 %	Monex, S.A.P.I. de C.V.
24.7 %	EPCCOR Servicios, S.A. de C.V.
0.224 %	Agua de México, S.A. de C.V.
0.011 %	Tecnología Intercontinental (TICSA) S.A.P.I. de C.V.

Según el Registro Público de Comercio (RPC) la estructura accionaria de Concesiones Integrales a partir de 2024, después de la venta aprobada en 2023 por el Concejo Directivo de SOAPAP, presidido en ese momento por Sergio Salomón Céspedes, había quedado más o menos de la siguiente manera:

% capital social	Accionista corporativo
≤ 75 %	Fideicomiso “Xinfra Fibra E”
≥ 25 %	EPCCOR Servicios, S.A. de C.V.
≥ 3%	Tecnología Intercontinental (TICSA)
< 1 %	Agua de México, S.A. de C.V.

Lo anterior significaría que Xinfra, un fideicomiso promovido por Promotora MexPac, S.A. de C.V, administrado por ApxCapital, con Banco Invex, S.A. como fiduciario pasó a controlar la mayoría accionaria y el consejo directivo, mientras que EPCCOR, de la familia Gutiérrez Cortina, mantuvo una participación minoritaria de aproximadamente el 25% así como una influencia considerable sobre decisiones técnicas y contratos de obra pública. Sin embargo, en noviembre de 2024 el entonces director de Concesiones Integrales, Héctor Durán, en una comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso Local presentó otra estructura accionaria:

% capital social	Accionista corporativo
56.55%	Hermes Infraestructura
25 %	Fideicomiso “Xinfra Fibra E”
18 %	Agua de México, S.A. de C.V.

Estas versiones aparentemente contradictorias pueden no serlo. En 2022 Grupo Industrial Hermes (de la familia Hank) compró fuera de libros la participación que originalmente pertenecía a Grupo Monex y la dejó en un vehículo intermedio (HI20, S. A. de C. V.) que todavía no ha sido protocolizado en el RPC. Al no estar inscrito, en el folio mercantil aún aparece el fideicomiso Xinfra como titular; Durán, sin embargo, probablemente expuso la identidad de los beneficiarios finales.

Xinfra controla acciones serie A, que le dan control operativo, pero vende Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs) a Afores; esos certificados son “derechos económicos” sobre la misma participación. Hermes es posiblemente propietario de parte de ellas, o de un vehículo tenedor de CBFEs. En la comparecencia Durán no nombró la porción de EPCCOR porque posiblemente se amortizó o diluyó al momento en que Grupo Hermes y Xinfra entraron. En el acta registrada de febrero de 2025 EPCCOR sigue con acciones serie B, pero podría ya estar pactada su venta en un “segundo tramo” aún no liquidado, y por eso podría persistir la dualidad.

Dentro de este laberinto financiero podemos afirmar algunas cosas: que Xinfra tiene el control operativo; que según lo legalmente inscrito el control accionario directo sigue repartido entre Xinfra (serie A) y EPCCOR (serie B); según lo que hasido publicado sobre Xinfra, los Afores poseen la mayor parte de los CBFE’s; si tomamos en cuenta lo declarado por Durán, parte de ellos pueden haber sido adquiridos por Hermes Infraestructura sin haber sido protocolizados aún. Mientras no se protocolice la compraventa completa ni se publique el registro de tenedores de CBFEs, la ambigüedad permanece entre la versión oficial del RPC y la versión “económica” que expuso el ex-director Durán. Todo este enredo es resultado de la opacidad crónica bajo la que opera Concesiones Integrales.

¿Quiénes son los personajes detrás de las corporaciones?

EPCCOR es del empresario Juan Diego Gutiérrez Cortina (un constructor ligado al ex presidente Carlos Salinas de Gortari), también es dueño de la constructora Gutsa (que se encargó de importantes obras en los gobiernos de Fox y Calderón y que se vieron involucradas en maniobras poco transparentes que fueron auditadas en su momento). Su hijo, José Miguel Gutiérrez Sainz, es uno de los dueños de EPCCOR Servicios y director general de Grupo Agua de México. En la cartera de clientes de EPCCOR Servicios se encontraban la CFE, Televisa, Pemex, IMSS, Teletón, CONAGUA y la SCT cuando Enrique Peña Nieto era presidente.

Xinfra Fibra -E es un instrumento de inversión creado por APX Asset Management S.C. fundado y dirigido entre otros por Alfredo Vara Alonso. Fundó el primer REIT hipotecario de México (FHipo) y la boutique de banca de inversión VACE Partners. Como Director General de Banobras administró activos por ~US $40 000 M y copresidió FONADIN. Su gestión fue criticada por negarse a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales y por la contratación directa de talleres con la firma Eviromex S.C., ligada a presuntos conflictos de interés. Durante su gestión Banobras, según señalan fuentes periodísticas, siguió girando 0.9 mdp al Instituto Tecnológico de Centla mediante un convenio ya calificado como irregular; la ASF advirtió ausencia de entregables y posible responsabilidad administrativa en una serie de operaciones al estilo de la Estafa Maestra. Además, en la construcción Viaducto Bicentenario en el Edomex, Vace Partners (fundada por Vara) asesoró el financiamiento de la autopista señalado por legisladores y el abogado Díez Gargari como parte de una “red sofisticada de corrupción” ligada al sexenio de Peña Nieto.

Carlos Hank Rhon es dueño de Grupo Hermes, un conglomerado industrial y de la construcción. Lo integran Hermes Construcción, Hermes Concesiones , HOATSA Operación y Hermer. Carlos Hank Rhon, era dueño del Grupo Financiero Interacciones, un conglomerado de las finanzas que ya no existe y tenía su propia casa de bolsa. Vendió su empresa financiera a Grupo Banorte, tiene lazos familiares con los accionistas de Banorte. Históricamente ha estado ligado al grupo Atlacomulco, son un ejemplo de las mayores redes de poder mafioso y político en México. Curiosamente aunque era parte de lo que alguna vez se nombró como mafia del poder, logró importantes acuerdos con Morena desde la administración de López Obrador y aumentó sus riquezas en la pasada administración. Jorge Hank Rhon, su hijo, ha sido conocido por su amplio historial criminal, un rey del crimen de cuello blanco y señalado por múltiples asesinatos. Hank Rohn fue conocido también por su militancia priísta. En Tijuana extendió sus tentáculos, se le acusó de mandar a asesinar al fundador del semanario ZETA, crimen por el que “extrañamente” nunca fue investigado. Una parte de sus riquezas las generó a partir de la concesión del Hipódromo Agua Caliente, de donde viene el famoso centro de apuestas Grupo Caliente.

¿Entonces quién dirige y administra la empresa?

Desde 2024 el director general es Jordi Bosch Bragado. Su cargo anterior fue como director de Aguas de Saltillo (Agsal) en donde enfrentó denuncias sociales por altos costos y cortes en zonas periféricas. Su llegada coincide con la reconfiguración accionaria y con la obligación de invertir más de $7,641 millones de pesos entre 2025-2044 para cumplir su contrato.

Actualmente el Concejo de Administración de Concesiones Integrales está integrado por cuatro integrantes de Xinfra (Alfredo Vara Alonso, Lorena Barrientos, Jesús Ordaz, Emilio Sanders) y cuatro designados por EPCCOR (Juan Diego Gutiérrez Cortina, José Miguel Gutiérrez. Sainz y Adolfo Gómez García).

Los cuatro integrantes del Concejo por parte de Xinfra son ex-funcionarios del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras). Este traspaso revela una probable «puerta giratoria» entre Banobras y la empresa que gestiona el agua, comprometiendo la independencia regulatoria y financiera del servicio.

¿De dónde extraen el agua que venden?

Hasta 2023 Concesiones Integrales tenía una infraestructura de 200 pozos, 505 tomas intermedias, 116 estaciones de rebombeo, 3 387 km de red, seis plantas potabilizadoras y administra cinco plantas de tratamiento de aguas residuales, sin embargo, de acuerdo con reportes de pobladores de las zonas cercanas a ellas operan de manera deficiente o simulada.

Cuatro baterías de pozos dentro de la ciudad (Loreto, La Constancia, San Baltazar y San Rafael) siguen siendo el corazón del abastecimiento; bombean agua del acuífero Valle de Puebla, que hoy muestra abatimientos de 1-3 m anuales según CONAGUA. El sistema Nealtican-Acuexcomac donde hay un abatimiento del –60 m; manantiales secos, pérdida de nivel freático y hundimientos; y el sistema Xoxtla donde se cedió el agua sin consentimiento previo, funcionan como “llaves de alivio” para sostener el desmedido crecimiento inmobiliario de la capital (Angelópolis y periferia sur-poniente). Además, Concesiones Integrales busca diversificar captaciones en Cuautlancingo y rehabilitar más pozos en Xoxtla.

Junto con los pozos operados directamente por la concesionaria, han sido detectadas por la propias autoridades decenas de perforaciones sin título en la zona conurbada que terminan conectadas a la red o al negocio de pipas, complicando el balance real del acuífero.

En síntesis, el agua que comercializa Agua de Puebla proviene básicamente del acuífero Valle de Puebla (dentro de la Ciudad) y de tres campos periféricos (Nealtican, Acuexcomac y Xoxtla), con nuevos proyectos en Cuautlancingo. Cada uno de estos frentes de extracción implica conflictos sociales y ambientales que hoy condicionan la viabilidad a largo plazo de la concesión.

Según lo declarado por el ex-director de Concesiones Integrales, Héctor Durán, ante el Congreso de Puebla, el cobro del servicio que resulta de toda esa extracción de agua representó para la empresa ingresos por 80 millones 691 mil 23.74 pesos en 2022, 88 millones 32 mil 750.35 pesos en 2023, y 65 millones 948 mil 50 pesos hasta octubre de 2024.

Manejo opaco de recursos y relaciones institucionales

Los estados financieros de la empresa revelan que Concesiones Integrales está altamente apalancada. En 2024 contrajo una deuda bancaria por 1,140 millones de pesos con Banobras y 2,492 millones de pesos con Banorte, creando un riesgo significativo para las finanzas públicas en caso de rescisión o incumplimiento. Además, existe evidencia contundente de cobros indebidos: la empresa ha cobrado mensualmente por un tratamiento de aguas residuales inexistente. Por ejemplo, la planta tratadora Alseseca Sur permanece inoperante y las aguas residuales, muchas de ellas industriales con componentes tóxicos, permanecen a cielo abierto en lo que queda de los ríos que atraviesan la ciudad.

Desde su creación, la concesionaria estuvo envuelta en irregularidades. El contrato menciona a una asociación denominada «Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas A.C.» como testigo social, pero nunca presentó ningún informe público, violando así los requisitos mínimos de transparencia y rendición de cuentas en contrataciones públicas.

Asimismo, la velocidad extrema del proceso licitatorio (apenas tres días desde la constitución de la empresa hasta el fallo definitivo) evidencia posibles acuerdos previos e influencia indebida de actores políticos, particularmente vinculados al entonces gobernador Rafael Moreno Valle y su gabinete. La reserva ilegal del contrato, declarada «dolosa y equívoca» por jueces federales hasta 2020, añadió más opacidad al proceso.

Además, EPCCOR, socio clave de Concesiones Integrales, tiene un amplio historial de irregularidades en obras públicas, tales como la construcción defectuosa de la Estela de Luz y el Paso Exprés en Cuernavaca, lo que genera dudas sobre la idoneidad y legalidad de su participación en este tipo de contratos públicos.

Por otro lado, el ex-director Héctor Durán actualmente es investigado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por presunto enriquecimiento inexplicable, involucrando propiedades de lujo en Puebla y Miami, así como automóviles de alta gama adquiridos durante su gestión.

Sobreexplotación del agua y altas tarifas

La gestión privada intensificó gravemente la explotación de acuíferos, afectando de manera directa a comunidades periféricas. Poblados como Nealtican, Acuexcomac, Xoxtla y Sanctorum sufren el agotamiento acelerado de sus fuentes de agua, lo que ha derivado en movilizaciones y protestas sociales constantes. En Nealtican, la comunidad clausuró simbólicamente pozos ante la sequía de sus manantiales; en Acuexcomac instalaron una guardia permanente; en Xoxtla, vecinos realizaron bloqueos viales para exigir se cancele la cesión del agua. Estos conflictos evidencian la insostenibilidad socioambiental del modelo de extracción promovido por Concesiones Integrales.

Agreguemos la sobreextracción el inexistente saneamiento de aguas residuales domésticas e industriales que no solo resultan en un modelo insostenible ecológicamente, sino que también representa un riesgo sanitario grave.

Además, en la ciudad de Puebla, más de 100,000 cortes del servicio por falta de pago y aumentos tarifarios acumulados de hasta 500% desencadenaron más de 5,000 amparos, la mayoría ganados por usuarios afectados. Esta conflictividad constante revela una violación sistemática del derecho humano al agua y una incertidumbre permanente en términos de costo por el servicio y certeza en su suministro. Lo que también muestra la insostenibilidad del modelo de servicio de la empresa.

Negligencia operativa y laboral

El historial operativo de la empresa revela negligencias que ocasionaron accidentes y muertes evitables. Un trabajador murió intoxicado en 2018 mientras realizaba labores en una alcantarilla sin el equipo de seguridad adecuado. Además, este año el uso improvisado de carrizos y palmeras como señalización en obras generó múltiples accidentes viales sin que la empresa enfrentara sanción alguna. Estas acciones constituyen graves violaciones a los derechos laborales y obligaciones de seguridad.

Asimismo, desde 2020, Concesiones Integrales despidió alrededor de 1,200 trabajadores del antiguo organismo público (SOAPAP), reemplazándolos mediante esquemas precarios de outsourcing, generando conflictos laborales permanentes sin solución efectiva que pone en duda la capacidad de Concesiones Integrales de tener una plantilla laboral calificada para mantener un servicio tan amplio y complejo de gestionar adecuadamente.

Para los pueblos no es sequía, es saqueo

La falta absoluta de consulta y consentimiento a los poseedores del territorio de donde se saca el agua, los pueblos indígenas y campesinos, revela un profundo racismo y clasismo tanto en las grandes corporaciones extractivas (como Concesiones Integrales) como en el propio Estado. Existe una política sistemática de desprecio y colonialismo que reduce a estas comunidades a simples territorios donde imponer políticas, ganar votos, despojarlos y hacer avanzar proyectos desarrollistas sin su consentimiento y consenso.

Resulta, además, profundamente contradictorio que, en medio de una crisis ambiental planetaria y con discursos “sostenibles” tan en boga, las empresas y el Estado continúen ejecutando proyectos ecocidas y negocios, mercantilizando todo lo común. Estas dinámicas son las que, en Puebla, explican el saqueo del agua y reflejan un problema global. Si de verdad nos importa la salud del planeta y nuestro bienestar socioambiental, debemos reconocer que las y los verdaderos guardianes de la naturaleza son los pueblos originarios. Cuando defienden el agua, no protegen solo “su” patrimonio, defienden la vida de todo el planeta.

El Estado puede decir lo que quiera, pero quienes habitamos la ciudad tenemos la responsabilidad y el derecho de decir NO a este saqueo y ecocidio sistemático. Como habitantes de Puebla, podemos y debemos dejar en claro que no aceptamos más robos de agua en nombre del “desarrollo” o “progreso”. Manifestarlo es urgente y necesario.

La vieja estrategia de “consultar” a unas cuantas personas para luego decir que se ha cumplido con los procesos estipulados en el Convenio 169 de la OIT ha sido recurrente en las administraciones de la autodenominada Cuarta Transformación y en todas sus antecesoras. Tanto, que el nombramiento de Hugo Aguilar Ortiz como magistrado de la SCJN se convierte en una pieza central de esta política de despojo y neocolonización disfrazada de transformación. La farsa detrás del “Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua” firmado entre el gobierno y las empresas lo demuestra con total claridad: las preferencias estatales están con las compañías, no con los pueblos. Los acuerdos se hacen con ellos, la política de “compensación” de que empresas altamente ecocidas y extractivas como coca cola regresen unos cuantos litros de agua es una pantomima para asegurar las concesiones a las mayores corporaciones ecocidas y criminales del planeta. Así mientras a ese tipo de corporaciones se les trata como interlocutores se busca despejar el camino y ahí estorban los pueblos.

Maniobras como el Plan Nacional Hídrico, las contralorías ciudadanas del agua y toda esa retórica de “acuerdos sostenibles”, “reordenamientos territoriales” o “reapropiación” no son más que simulaciones para que el extractivismo gane aceptación, sea aplaudido y oculte lo que sucede en realidad: se libra una guerra del mercado contra la población, del capital contra quienes se le interponen. Ahí está el origen de un problema que vivimos a diario, que es inocultable y que seguirá en aumento.

Algunas cifras de acuerdo con la plataforma Poplab, cada año en México se extraen 133 mil millones de litros de agua para la producción de comida chatarra. Coca-Cola, por sí misma, ocupa más del 40% del total, que además de la brutal extracción no regulada ni supervisada eficientemente, con concesiones bastante cuestionadas y varias veces denunciadas, generan a su vez toneladas de basura. Solamente por mencionar algunas cifras alarmantes de extracción de agua al año en México:

• Coca Cola. 55 mil 812 millones de litros.
• Pepsi. 32 mil 000 millones de litros.
• Danone. 15 mil 437 millones de litros.
• Nestlé. 9 mil 778 millones de litros.

La inconsistente postura de Armenta sobre la cancelación de la concesión

En febrero de este año Alejandro Armenta afirmó que se violó la ley para favorecer a Concesiones Integrales en 2013, pues: «Teníamos gobernantes corruptos que solo pensaban en las obras, como el Museo Barroco, que pensaban saquear al estado y tenemos que venir a arreglar su cochinero, esa es la verdad».

En esa misma declaración sostuvo que «si de plano no quieren servir a Puebla y solo están pensando en cuánto ganar» la empresa debe retirarse. Señaló que Agua de Puebla era un ejemplo de las empresas «extractivas» que priorizan la ganancia sobre el servicio. «Mientras yo sea gobernador las vamos a perseguir o las vamos a correr de Puebla, no queremos empresas que saqueen a Puebla» dijo.

Poco tiempo después declaró que su administración no retiraría el contrato a Agua de Puebla, pues esto representaría un gasto enorme para el estado, en esa misma declaración afirmó que durante su gobierno no habría más lugar para empresas como Agua de Puebla.

Y unos días después mencionó una propuesta: “Estamos trabajando en una propuesta, daremos sorpresas, con Agua de Puebla hay voluntad, lo importante es que cuando hay voluntad las cosas se resuelven y el acceso al derecho humano al agua es fundamental para nosotros y lo vamos resolver”.

Volvió a afirmar que revertir las concesiones de la privatización del agua a la empresa Concesiones Integrales costaría al erario un total de 22 mil millones de pesos, una cifra exageradamente elevada (se estima que la remunicipalización costaría entre 10 y 15 millones) y que no toma en cuenta otras posibles rutas que podrían reducir mucho el costo como una salida “por cesión”, transferir deuda de Concesiones Integrales con Banobras a un vehículo estatal con garantía federal, entre muchas otras, más aún tomando en cuenta la posibilidad de documentar el incumplimiento de los términos de la concesión. En ninguno de los casos Armenta ha planteado una ruta ni una intención clara de remunicipalizar el servicio. Las afirmaciones y cambios tajantes en las posturas de Armenta dan cuenta de una simulación discursiva a la que hay que poner atención.

Crímenes de negligencia corporativa

Ante la cadena de irregularidades, abusos e imposiciones en torno a Concesiones Integrales podemos concluir que estamos ante actos y omisiones que generan un riesgo previsible de daño a terceros o al interés público. Los indicios de corrupción, la negligencia, el saqueo, las violaciones a los derechos laborales, los daños a terceros por sus obras mal hechas no podrían funcionar sin el apoyo activo, omiso o aquiescente del Estado. Ambos, corporación y Estado han entablado una relación de interés mutuo.

Esta relación da cuenta de un punto clave del poder corporativo: los delitos y los daños corporativos siempre permitirán que la búsqueda de beneficios financieros prevalezca sobre las necesidades humanas y la protección social. Y es por esta razón que los Estados capitalistas (aunque se nombren como capitalismo humano) nunca podrán ofrecer una solución a este problema, porque son parte esencial de él. De ahí que gran parte de los daños corporativos queden impunes.

El diseño legal de la sociedad anónima y la selectividad del Estado en la aplicación de la ley crean una “garantía mutua”: el Estado habilita a las empresas a actuar y calibra o retrasa los controles que podrían frenar sus abusos. En la práctica, la búsqueda de lucro corporativo prevalece sobre la protección social, reproduciendo un circuito de poder que hace posibles los daños a gran escala con escasa sanción penal efectiva, incluso la sanción civil, cuando ocurre, es mínima en comparación a las ganancias obtenidas por el daño ocasionado.

Los crímenes corporativos por negligencia no son simples “accidentes”, cristalizan una forma de poder estructural donde la obtención de beneficio se impone sobre la seguridad, la salud, el medio ambiente y la vida de los pueblos. En este funcionamiento del Estado absurdamente funcional a la acumulación de capital, las reformas penales seguirán chocando con límites políticos, pues hay una “impunidad por diseño” que hoy caracteriza a gran parte de los crímenes corporativos y su relación con el Estado. Son este tipo de crímenes los que están en el centro del caso de Concesiones Integrales y su relación con las administraciones estatales en Puebla, desde Rafael Moreno Valle hasta Alejandro Armenta.

Nodo de Derechos Humanos www.nodho.net

Un mundo sin compromisos

Desde principios de año, el mundo ha estado dos veces al borde del uso de armas nucleares. Si el conflicto entre India y Pakistán se desató rápidamente y ambos países se separaron para celebrar su propia victoria, la guerra en Ucrania está cobrando cada vez más fuerza.

Europa se está armando y preparando para suministrar sistemas cada vez más mortíferos, empujando a Kiev a utilizarlos. Moscú reacciona mostrando su determinación y capacidad, recordando constantemente su disposición a pasar de los ataques con armas convencionales al uso de armas estratégicas.

Lo más alarmante es que el papel de la diplomacia como medio para resolver conflictos y mitigar contradicciones se ha reducido al mínimo. El trabajo diplomático está devaluado. Los canales diplomáticos para el mantenimiento de contactos entre adversarios (para lo que surgió la diplomacia) han perdido su valor. Ya nadie les cree, las redes sociales han ganado su confianza.

Las partes en conflicto utilizan las capacidades de sus propios Ministerios de Asuntos Exteriores, en su mayor parte, para hacer sonar en voz alta sus demandas ultimativas entre ellos sin siquiera ocultarlas en aras de la cortesía política.

De hecho, se ha perdido el arte del compromiso. Ha sido sustituido por la creación de informes convenientes, muy solicitados en las cancillerías, y por tuits de comisionado en la X.

La crisis de los intermediarios respetables

La época actual ha puesto de manifiesto la ausencia de intermediarios en las negociaciones entre las partes en conflicto.

Se puede discutir mucho sobre el papel de la ONU en el siglo XXI; sin embargo, es evidente que su influencia en la resolución de conflictos mundiales ha disminuido notablemente en comparación con el período anterior. Pero evitar grandes enfrentamientos militares fue uno de los motivos y objetivos de su creación después de la Segunda Guerra Mundial.

De hecho, hoy en día no hay ningún político en el mundo capaz de actuar como un mediador eficaz y respetuoso con todas las partes en conflicto.

Ha llegado el momento de reconocer lo obvio. Los actuales líderes mundiales no quieren escucharse unos a otros. Se basan en el antiguo principio de «entonces que hablen las armas».

Desafíos globales

Lamentablemente, todo esto ocurre en un momento en que la humanidad se enfrenta a desafíos y amenazas globales.

La pandemia de COVID-19 ha demostrado claramente que ya nos enfrentamos a un enemigo común que no tiene piedad y no distingue entre razas, nacionalidades o creencias (https://www.un.org/sg/en/).

La victoria sobre el coronavirus, si es que se puede llamarla así, ha demostrado que los países no están preparados para hacer frente rápidamente y de manera efectiva a este tipo de desastres.

Las rutas comerciales y logísticas internacionales no están suficientemente protegidas. La economía mundial es vulnerable. No existe un sistema de respuesta médica unificado para este tipo de amenazas.

La OMS está constantemente vigilando la posibilidad de que aparezcan nuevas pandemias. Si una enfermedad más letal que el COVID-19 nos atacara de nuevo, sería difícil estimar el tipo de destrucción irreversible que supondría para el mundo.

La comunidad internacional necesita unirse y redoblar sus esfuerzos para combatir estos desafíos, pero los principales líderes mundiales están ocupados en la guerra y prefieren verse a sí mismos a través del visor de las armas.

La tecnología avanza sin cesar. La humanidad está a punto de crear una inteligencia artificial con gran alcance, capaz de superar el potencial intelectual de los seres humanos en el menor tiempo posible.

Los beneficios pueden ser enormes, pero también lo son los desafíos. Un error cometido ahora puede hacer realidad rápidamente los horrores más terribles de la guerra de los hombres contra las máquinas que vemos en las películas de Hollywood. Sin embargo, la gente sigue infectada con la epidemia de la guerra entre sí y no ve nada más.

La Guerra

Cualquier guerra no solo es una catástrofe humanitaria, sino también un freno para el desarrollo de la humanidad, especialmente en la era de la globalización. Quema recursos tan valiosos como el tiempo y los materiales. En cambio, solo trae decepción y desilusión, y no hay nada que se pueda hacer para remediarlo.

En todo el mundo, los conflictos armados están en aumento y son los ejércitos enfrentados los que intentan corregir los errores de los diplomáticos (https://www.picturequotes.).

Pero solo aumentan el dolor, la sangre y la destrucción. Muchos ciudadanos, mujeres y niños se ven obligados a abandonar sus hogares y convertirse en refugiados en su propio país.

Naciones y estados enteros se encuentran al margen de la historia y sin futuro. En un mundo que debería estar marcado por la prosperidad y el bienestar, el miedo y el odio se han vuelto cada vez más comunes.

Europa y el mundo entero están al borde de la Tercera Guerra Mundial, que tendría consecuencias globales para toda la humanidad. Sin embargo, el conflicto en Ucrania se agrava. El país ha perdido varios millones de habitantes, que han muerto o se fueron a otros estados.

La región de Oriente Medio está llena de sangre. El pueblo palestino está viviendo una verdadera tragedia, pues está perdiendo a su gente, su tierra y, con ello, la esperanza de crear un Estado palestino independiente.

Israel no está a salvo de los atentados terroristas.

La guerra civil en Siria ha mostrado al mundo la magnitud de la terrible catástrofe que sufre su pueblo, cuyas consecuencias se han dejado sentir en Europa, que se ha convertido en un foco de atracción para decenas de miles de migrantes.

Todavía no se han recuperado de las consecuencias de las recientes guerras de Irak y Yemen.

El continente africano sigue estancado por conflictos locales, ahogado por ataques terroristas, lleno de injusticias y dispuesto a tomar las armas para dar una vez más a sus naciones y pueblos la oportunidad de defender su Verdad última.

¿Podrán estos países recuperar su solidez política, lograr un crecimiento económico sostenible y prosperidad para sus ciudadanos? Esto requerirá muchos recursos, esfuerzo y tiempo. Y lo más importante es la sabiduría política, que es ahora el bien más escaso en las relaciones internacionales.

Demanda de cambios

La historia de la humanidad se desarrolla en espiral. Estamos, como en el siglo pasado, acercándonos de nuevo a un abismo en el que nos esperan guerras globales y una muerte humana a gran escala. No caer en ella, encontrar en ti la fuerza para renunciar a las ofensas momentáneas y a las adquisiciones egoístas no es una tarea trivial. La humanidad aún no puede presumir de haber aprendido a resolverla de manera estable.

Sin embargo, eso no significa que no podamos hacerlo ahora. Es necesario hacer todos los esfuerzos posibles para alcanzar la reconciliación y el compromiso. La paz debe ser la máxima prioridad y el objetivo número uno para todos los países, o nuestra civilización no tendrá futuro.

¡Hay que hacer callar a los cañones!

La autodenominada Fundación Humanitaria de Gaza (FGH) continúa difundiendo falsedades prefabricadas, afirmando falsamente que la resistencia palestina amenaza a su personal y obstruye la distribución de ayuda. La cruda realidad es que esta misma organización no es más que una fachada de propaganda del ejército israelí, liderada por oficiales y soldados estadounidenses e israelíes que operan desde fuera de la Franja de Gaza, financiada directamente por Estados Unidos y que ejecuta operaciones en coordinación con el ejército israelí, perpetrando actualmente un genocidio continuo contra más de 2,4 millones de palestinos en Gaza.

La realidad, conocida por todos, es que la ocupación israelí, por sí sola, ha bloqueado la entrada de ayuda humanitaria a Gaza durante casi 100 días consecutivos, cerrando deliberadamente todos los cruces hacia la Franja e impidiendo que más de 55.000 camiones de ayuda lleguen a las familias devastadas. También ha restringido severamente la circulación de decenas de organizaciones humanitarias internacionales. Esto ha sido confirmado explícitamente por las Naciones Unidas, la Cruz Roja, la OCHA, la Organización Mundial de la Salud y otros, quienes afirman que la ocupación es el único impedimento para que la ayuda llegue a los civiles hambrientos de Gaza.

La FGH ha participado activamente en un crimen coordinado contra civiles bajo el pretexto de ser el «anzuelo» para obtener ayuda humanitaria. Informes de campo documentan que, en tan solo dos semanas, más de 130 civiles fueron asesinados a tiros mientras intentaban alcanzar paquetes de alimentos en humillantes puestos de control gestionados por FHG con protección militar. Alrededor de 1.000 más resultaron heridos y nueve siguen desaparecidos, tras ser atraídos a zonas militarizadas controladas por el ejército de ocupación. Estos constituyen crímenes de derecho internacional.

La FGH carece fundamentalmente de todos los principios humanitarios fundamentales:

Neutralidad: Coopera directamente con el ejército de ocupación y sigue sus directivas, con lanzamientos de ayuda anunciados por canales militares.

Imparcialidad: Opera dentro de una clara agenda de seguridad israelí orientada a subyugar a la población.

Independencia: Recibe financiación y órdenes de gobiernos extranjeros y del ejército israelí.

Humanidad: Nunca ha apoyado a los civiles: funciona como una herramienta de coerción, hambre y muerte.

Lo afirmamos claramente:

Cualquier organización que se declare humanitaria mientras ejecuta planes militares y gestiona puntos de distribución dentro de «zonas de contención» controladas por tanques de ocupación, no puede considerarse una agencia de ayuda humanitaria. Es un instrumento directo de genocidio y cómplice de crímenes de guerra contra la población civil.

Hacemos un llamamiento al mundo para que no se deje engañar por esta institución, que participa en actividades delictivas organizadas y sistemáticas.

La resistencia palestina no amenaza a nadie; protege el derecho de su pueblo a sobrevivir frente a organizaciones engañosas que asesinan bajo el pretexto de la ayuda.

La comunidad internacional debe poner fin a su sesgo ciego, poner fin a esta catástrofe moral y permitir la entrada inmediata de decenas de miles de camiones de ayuda humanitaria bajo la supervisión de agencias de la ONU con amplia experiencia, profesionales, competentes y que se adhieren a los principios humanitarios.

Fuente: https://t.me/thecradlemedia/36598

Ahora se pelea con su jefe, el presidente Trump, porque dice que su ley presupuestaria va a producir más déficit y deuda, y este último lo amenaza con quitarle los miles de millones de dólares que recibe del Gobierno.

No es sólo la crónica de un esperpento. Es una muestra más de la incompetencia, la ignorancia, el cinismo y la maldad criminal de los nuevos multimillonarios que están secuestrando a los Estados para estrujarlos como a un limón en su beneficio y que usan como escuadrón ideológico que lo justifique a los economistas libertarios o anarcocapitalistas, como ellos mismos se autodenominan.

Musk, es un buen paradigma y expresión del nuevo tipo de capital tecnológico que se propone dominar el mundo. Existe gracias al dinero público que durante muchos años se ha dedicado a promover la investigación básica y no puede hacer negocios sin ayudas millonarias de los gobiernos, pero ataca sin piedad la intervención del Estado porque quiere tenerlo todo y no está dispuesto a poner ni un dólar en impuestos para contribuir al gasto común.

Musk ha mostrado ser un incompetente. Aseguró que ahorraría dos billones de dólares y sólo ha ahorrado, según la web de su propio departamento, 180.000 millones de dólares. A pesar de haber dispuesto de todos los medios necesarios, lo más probable es que, en realidad, no haya ahorrado ni la mitad de esta última cifra. Y eso, teniendo en cuenta que no se contabilizan los costes que esos recortes van a producirle al gobierno por otras vías.

Musk ha mostrado que es un ignorante. Se extraña ahora de que los recortes presupuestarios añaden más déficit y deuda, cuando ese ha sido el resultado de todas y cada una de las operaciones de recortes de inspiración neoliberal y libertaria que se han hecho en las últimas décadas. No puede ser de otro modo, cuando lo único que se hace es recortar impuestos a los ricos y gasto social a los más pobres y, al mismo tiempo, se aumenta en mayor medida el gasto militar y el de ayudas a las grandes empresas y al sector financiero.

Musk es un cínico porque despotrica contra el gasto público cuando sus empresas han podido existir y ganar dinero gracias a las ayudas gubernamentales: al menos 38.000 millones de dólares en los últimos cinco años, según The Washington Post. Y sus empresas no han sido las únicas en recibir esas ayudas. Aunque no es fácil determinarlo con exactitud, se calcula que las 500 cotizadas más grandes de Estados Unidos reciben entre 500.000 millones de dólares y 750.000 millones anualmente de dinero público en forma de ayudas, rescates, beneficios fiscales o contratos. Y es imposible calcular el beneficio que reciben por el uso de infraestructuras, investigación o fondos federales por el que no pagan.

Elon Musk y quienes han alentado, apoyado, aplaudido y permitido sus recortes se han comportado, por último, como seres malvados y auténticos criminales. Sólo el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) va a provocar la muerte de millones de personas. Y la nueva ley presupuestaria, entre otras consecuencias de ese tipo, va a limitar el acceso a la atención médica a más de 11 millones de ciudadanos de ese país, mientras que baja los impuestos y da ayudas millonarias a los más ricos.

Las industrias y empresas que reclaman la no intervención pública buscan, en realidad, que esta se mantenga con toda su contundencia, pero a su favor. Es lo que ha ocurrido con las grandes tecnológicas que han conseguido que el Estado federal intervenga para prohibir (en la reciente ley presupuestaria) que los diferentes estados legislen sobre Inteligencia Artificial en los próximos diez años para combatir la manipulación y los fraudes. Intervención del Estado a favor de los demás, no; en el suyo, toda la que sea necesaria y mucho más.

Mientras que Elon Musk y Donald Trump han estado haciendo todo esto, han gozado del apoyo y la complacencia de un ejército magníficamente bien pagado de palmeros de medio mundo. Una legión de economistas y periodistas que se dedican a promover la religión de los mercados libres que nadie ha visto nunca, y a justificar bajadas de impuestos y recortes de gastos con datos falsos y teorías económico de las que sólo se ha podido contrastar que, cuando se han puesto en práctica, siempre han tenido el efecto contrario al anunciado (más deuda y peor economía) y el que nunca reconocen (más riqueza y privilegios para los más ricos).

Para semejante proyecto no se puede recurrir sino a lo que se está recurriendo: a la mentira, a la extrema derecha totalitaria y a personajes estrambóticos, drogadictos y viciosos, delincuentes convictos, maleducados y enfermos de avaricia, de poder y egolatría. Lo peorcito de cada casa, pero que sacarán adelante su negocio si no se levanta frente a ellos una oleada de denuncia y transparencia, y un reclamo planetario de verdad, libertad, democracia, justicia y paz.

Fuente: https://juantorreslopez.com/libertarios-y-anarcocapitalistas-de-todo-el-mundo-unidos-a-la-teta-de-los-gobiernos/

En medio del alboroto de las noticias que llegan sobre el genocidio en Gaza, la noticia del martirio de Shaima y su familia en la zona de Nuseirat, en la Franja de Gaza, pasa como si nada hubiera sucedido, como si ella fuera solo un número más en una lista de números.

Shaima Akram Saidam obtuvo una media del 99,6 % en el examen general de secundaria de 2023, lo que le valió el título de mejor estudiante en la rama de letras a nivel de Palestina. Después se matriculó en la Universidad Islámica, donde se especializó en inglés.

¿Quién la mató? ¿Con qué arma? ¿Dónde se forjó la identidad y la ideología sionistas del asesino? ¿Y con qué justificación? Quizás estas son preguntas que nos llevan a un lugar que muchos pasan por alto: las universidades israelíes, donde se forjan las mentes del ejército de ocupación. Es el lugar donde se desarrollan muchos aparatos de seguridad y militares que vigilan, matan y torturan a los palestinos. También es el lugar donde se fabrican las armas, la propaganda y la justificación de la destrucción.

De hecho, las universidades y los centros de investigación israelíes son uno de los pilares más importantes del movimiento sionista y del Estado judío.

Estas instituciones académicas construyen la identidad y la propaganda sionistas, contribuyen a la fabricación de armas y trabajan para institucionalizar las políticas israelíes, afianzando el apartheid, la agresión israelí y las violaciones de los derechos palestinos a través de marcos académicos, trabajos de investigación y debates entre expertos para encontrar los medios más eficaces para consolidar la ocupación, afianzar los asentamientos, marginar y refutar la identidad palestina y entrenar a unidades del ejército y de inteligencia en diversas especialidades.

Estas instituciones israelíes no solo practican la discriminación, la opresión y la represión contra los palestinos, sino también contra cualquier persona, incluso judía, que defienda los derechos y libertades palestinos.

A la luz de estos y otros hechos, en 2004 se creó la Campaña Palestina para el Boicot Académico y Cultural a Israel (PACBI, por sus siglas en inglés), con el objetivo de pedir el boicot a las instituciones académicas y culturales israelíes debido a su papel central en la opresión y la violación de los derechos y libertades palestinos.

El libro recientemente publicado «Towers of Ivory and Steel: How Israeli Universities Deny Palestinian Freedom» (Torres de marfil y acero: cómo las universidades israelíes niegan la libertad palestina), de Maya Wind, es una contribución destacada e importante en este contexto, cuyo objetivo es demostrar la implicación de las universidades israelíes como base y principal motor de las violaciones de los derechos y libertades palestinos, e incluso considerar las políticas de las universidades israelíes como parte de un sistema que afianza las políticas racistas y colonizadoras de Israel.

El libro se centra en la pregunta: «¿Son las universidades israelíes cómplices de la violación de los derechos palestinos?» (página 16). La autora busca responder a esta pregunta revelando cómo las universidades israelíes están profundamente entrelazadas con los sistemas de opresión israelíes.

La investigadora se distingue en este contexto, como ella misma afirma, por ser una ciudadana israelí judía blanca, lo que le permitió acceder fácilmente a los archivos y bibliotecas militares del Gobierno israelí. De esa forma, pudo leer documentos oficiales, memorandos e informes políticos, así como estudios inéditos, como tesis de máster y tesis doctorales aprobadas por universidades israelíes. Además, realizó entrevistas a estudiantes y académicos palestinos y judíos que trabajan en universidades israelíes.

El libro consta de dos partes, cada una con tres capítulos, además de una introducción, una conclusión y una observación final del profesor Robin D. G. Kelley.

Nadia Abu El-Haj, de la Universidad de Columbia, presenta el libro y recuerda al lector que Israel es un Estado-nación colonialista fundado sobre la expulsión de casi 750 000 palestinos de sus tierras. Es un Estado construido sobre una limpieza étnica organizada. Por lo tanto, Israel no debe describirse como un Estado democrático (página 6).

Más bien, la estructura sobre la que se construyó y se sigue construyendo el Estado de Israel es una estructura racista basada en la negación y la exclusión de los no judíos. Por esta razón, Human Rights Watch y Amnistía Internacional, además de las organizaciones israelíes de derechos humanos B’Tselem y Yesh Din, declararon en 2021 y 2022 que Israel es un Estado de apartheid.

En la introducción del libro, Nadia Abu El-Haj destaca que no existe un «Israel democrático» que pueda separarse de la cuestión palestina. Israel es un Estado colonialista. Sus compromisos y acciones fundacionales, su arraigada visión política sionista y el funcionamiento de sus instituciones, e incluso de sus partidos políticos liberales y no liberales, son racistas y antidemocráticos hasta la médula.

Esta estructura racista y excluyente fundamental de Israel explica el silencio de la gran mayoría de los académicos israelíes, e incluso de las administraciones y rectores universitarios, donde no existe una defensa institucional de la libertad académica en lo que respecta a Palestina.

La autora Maya Wind reitera estas ideas en la introducción del libro, señalando que los campus universitarios de los territorios bajo dominio israelí no son lugares seguros para los estudiantes palestinos. Estas universidades no son independientes, sino una extensión de la violencia del Estado israelí y sus instituciones represivas. La autora destaca que el régimen de apartheid israelí no puede desmantelarse por completo sin reconocerlo como sistema colonialista.

Por lo tanto, el boicot académico se considera el paso fundamental para poner fin a este colonialismo. Como ilustra este libro, las ocho universidades israelíes operan directamente al servicio del Estado y desempeñan funciones vitales en el apoyo a sus políticas, constituyendo así pilares fundamentales del colonialismo israelí.

La universidad al servicio del Gobierno israelí

Por ejemplo, las universidades israelíes colaboran con empresas armamentísticas israelíes para investigar y desarrollar tecnología utilizada por el ejército y los servicios de seguridad israelíes en los territorios palestinos ocupados. Esta tecnología se vende posteriormente en el extranjero como «probada en el campo de batalla».

La autora comienza la primera parte del libro, «Complicidad», analizando la «experiencia en la subyugación», cómo se desarrollaron las disciplinas académicas israelíes para servir al Gobierno israelí y al Estado de seguridad, y cómo siguen proporcionando apoyo material a los proyectos estatales. La autora afirma que los departamentos y profesores más destacados de las universidades israelíes, en diversas disciplinas, están intelectual y teóricamente sujetos a los requisitos del Estado israelí, como lo demuestra el enfoque en tres disciplinas.

La primera disciplina: La arqueología. Todas las universidades israelíes realizan excavaciones en yacimientos arqueológicos gestionados por organizaciones de colonos judíos o consejos regionales de colonos. Esta disciplina académica se centra en borrar la historia árabe e islámica y se dedica a expandir los asentamientos judíos y confiscar tierras palestinas.

Por ejemplo, las universidades israelíes realizan excavaciones en Susya, en el sur de Cisjordania, apoderándose así directamente de estas zonas palestinas.

La arqueología israelí también surgió ostensiblemente como disciplina académica para afirmar la presencia judía antigua y continua en Palestina. Al mismo tiempo, la investigación arqueológica se utilizó para borrar cualquier reivindicación o evidencia palestina y árabe de presencia en esta misma tierra.

La autora menciona asimismo que estas excavaciones constituyen una violación directa de las leyes y convenciones internacionales. A pesar de ello, los arqueólogos y las universidades israelíes siguen participando en trabajos de excavación en todos los territorios palestinos bajo la protección del ejército israelí. Así, la arqueología facilita estructuralmente el robo de antigüedades y tierras palestinas por parte de Israel y facilita su continua apropiación ilegal.

La segunda disciplina: Estudios jurídicos. La autora aclara que Israel considera el territorio palestino ocupado como su laboratorio. Debido a su dominio ilegal sobre el pueblo palestino a través de la ocupación militar durante décadas, ha desarrollado un conjunto de leyes e interpretaciones jurídicas para justificar su régimen militar permanente.

Israel ha establecido la infraestructura jurídica para justificar las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y el despliegue de lo que se considera una fuerza desproporcionada contra la población civil, lo que equivale a crímenes de guerra. Maya Wind afirma que los estudios jurídicos y la filosofía ética en la que se basan se crearon para justificar las violaciones de los derechos y libertades de los palestinos.

La tercera disciplina: Estudios sobre Oriente Medio. La investigadora muestra que, con el establecimiento del gobierno militar de Israel en los territorios palestinos ocupados en 1967, se renovaron las oportunidades de cooperación académica con el Estado. Por ejemplo, los profesores de la Universidad Hebrea Menachem Milson, Amnon Cohen, Moshe Sharon y Moshe Maoz ejercieron como asesores en asuntos árabes del ejército y el gobierno israelíes (página 48).

Milson también ocupó el cargo de primer jefe de la Administración Civil, la administración militar israelí en los territorios palestinos ocupados, y supervisó el cierre forzoso de la Universidad de Birzeit a partir de 1981. Cohen, Sharon y Maoz sirvieron con el rango de coronel y trabajaron con el ejército a lo largo de sus carreras académicas.

Del mismo modo, los departamentos de Estudios sobre Oriente Medio ofrecen programas académicos de especialización regional para soldados en servicio activo en unidades militares de élite y cursos diseñados específicamente para agencias de seguridad. La Universidad Hebrea ofrecía un programa de licenciatura en Estudios sobre Oriente Medio para el Servicio de Seguridad General (Shin Bet) como parte de la formación de su personal.

Por tanto, las disciplinas israelíes en humanidades y ciencias sociales se movilizaron para apoyar el colonialismo israelí. La arqueología, los estudios jurídicos y los estudios sobre Oriente Medio se desarrollaron simultáneamente con la ocupación militar israelí y a través de ella.

A continuación, la autora pasó a estudiar varias universidades israelíes, considerando que las «universidades: puestos avanzados de los asentamientos» se fundaron y diseñaron para servir como puestos avanzados estratégicos para el proyecto estatal israelí. La Universidad Hebrea en la Jerusalén Oriental ocupada; la Universidad de Haifa en Galilea; la Universidad Ben-Gurión en el Negev; la Universidad Ariel en Cisjordania: todas estas instituciones constituyen motores fundamentales para los proyectos de «judaización» en sus respectivas zonas.

La autora afirma, por ejemplo, que en el período previo y durante la guerra de 1948, los estudiantes, el profesorado y los administradores de la Universidad Hebrea de Jerusalén apoyaron activamente a la organización militar Haganah y utilizaron el campus como base, llevando a cabo entrenamientos militares e incluso almacenando armas en los edificios de la universidad.

La autora sostiene también que, durante más de un siglo, las universidades israelíes han trabajado de forma constante para ampliar y afianzar las fronteras del Estado judío, la «soberanía judía» sobre toda la Palestina histórica.

Estas universidades siguen desempeñando de forma activa e intensa un papel central en la expansión de los asentamientos en tierras palestinas, y sus bibliotecas son depósitos de los libros palestinos saqueados, como es el caso de la biblioteca de la Universidad Hebrea, que contiene muchos libros árabes robados a los palestinos.

La investigadora pasó al concepto de «el estado de seguridad académica», mostrando cómo el desarrollo de las universidades israelíes estaba vinculado al auge de las industrias militares israelíes. Estas universidades fueron diseñadas como instituciones para la construcción del Estado y, poco después de su creación, se movilizaron para apoyar los aparatos de violencia de Israel.

Tras la creación de la Universidad Hebrea de Jerusalén en 1918, el movimiento sionista fundó otras dos instituciones de educación superior en Palestina: el Instituto Technion en Haifa en 1925 y el Instituto Weizmann de Ciencias en Rehovot en 1934.

La Universidad Hebrea fue la primera universidad integral del movimiento sionista dedicada a la investigación y la enseñanza en todas las disciplinas; el Technion fue diseñado para ser un centro de ingeniería; mientras que el Instituto Weizmann se dedicó a la investigación científica para la construcción del Estado (página 88).

La investigadora muestra cómo las universidades y los centros de investigación israelíes sirven como brazo académico del Estado de seguridad israelí. Los institutos y las universidades sirven al Estado mediante investigaciones y recomendaciones políticas que tienen como objetivo no sólo mantener el dominio militar israelí, sino también socavar el movimiento por los derechos palestinos en la escena internacional.

Por ejemplo, el trabajo diario de los soldados de la Inteligencia Militar israelí viola los derechos humanos palestinos, tal y como se estipula en el derecho internacional y los Convenios de Ginebra. Muchos soldados que se graduaron en programas de posgrado especialmente diseñados en la Universidad Hebrea sirven en la Unidad 8200, la unidad más grande y central de la Inteligencia Militar.

La Unidad 8.200 es la unidad central de recopilación del ejército, responsable de recopilar todas las comunicaciones de inteligencia, incluidas las llamadas telefónicas, los mensajes de texto y los correos electrónicos. La autora concluye el capítulo subrayando que, lejos de esforzarse por convertirse en instituciones civiles, las universidades israelíes siguen ampliando sus operaciones no sólo como bases de entrenamiento militar, sino también como laboratorios de armas para el Estado.

La segunda parte del libro, titulada «Represión», comienza con la autora abordando la idea de la «ocupación epistémica» y explicando cómo las universidades israelíes impiden sistemáticamente la investigación académica crítica, la enseñanza y el debate sobre el colonialismo israelí, la ocupación militar y el apartheid.

La autora menciona la creciente lista de temas prohibidos en las universidades israelíes con el aumento de la influencia y el poder político de la extrema derecha en las últimas dos décadas. Recientemente, cualquier crítica al ejército o a los soldados israelíes se ha convertido en tabú en las universidades israelíes.

Por ejemplo, Maya Wind explica que la Universidad de Haifa tiene dos tradiciones profundamente arraigadas en el mundo académico israelí: borrar la producción de conocimiento académico palestino y socavar la investigación basada en pruebas que revela los crímenes del Estado israelí (página 119).

Las universidades israelíes se han aliado con grupos de extrema derecha y con el Gobierno israelí para restringir y controlar la investigación y el discurso relacionados con la Nakba, por ejemplo. Por extensión, el estudio crítico de la ocupación israelí, el apartheid y el colonialismo de asentamiento se describe como prohibido.

En consecuencia, los debates críticos fundamentales han sido excluidos del mundo académico israelí, ya que las universidades israelíes definen como «ilegítimas» la investigación y el debate sobre la violencia histórica y actual del Estado israelí. De este modo, privan al profesorado y al alumnado no sólo de la libertad académica, sino también de la oportunidad de debatir e intervenir en las injusticias actuales y futuras.

A continuación, la autora pasa al tema del asedio impuesto a los estudiantes palestinos y revela las restricciones impuestas a los derechos de los estudiantes palestinos a estudiar, expresarse y protestar en las universidades israelíes.

Revela cómo las administraciones universitarias restringen constantemente la presencia de estudiantes palestinos en sus campus y cómo cooperan con el Gobierno israelí para privar a los estudiantes palestinos, especialmente a los más activos, de las libertades académicas básicas. La autora afirma que, desde que se matricularon en la educación superior israelí, los estudiantes palestinos han sido objeto de criminalización, vigilancia y persecución por parte de sus universidades, en connivencia con el Estado.

La libertad académica en la educación superior israelí no se aplica a los estudiantes palestinos. Las administraciones universitarias han demostrado desde hace tiempo su subordinación al Estado, cooperando con él para protegerlo de las críticas y la rendición de cuentas por su ocupación militar y su régimen de apartheid. El Gobierno impone una censura cada vez mayor sobre cualquier debate en relación a la Nakba y la injusticia radical practicada por el Estado de Israel, ya sea contra los palestinos sometidos al régimen militar en los territorios palestinos ocupados o contra aquellos a los que considera sus ciudadanos.

Al final, la autora aclara la complicidad académica con el Estado contra los palestinos, y que actualmente no existe ningún movimiento en las universidades israelíes que pida romper los lazos con el ejército israelí y el Estado de seguridad israelí debido a sus repetidas violaciones del derecho inalienable de los palestinos a la educación y otros derechos humanos.

Incluso las organizaciones progresistas que trabajan en las universidades israelíes, como «Iniciativa Democrática Conjunta» o «Academia para la Igualdad», que incluye a profesores y estudiantes judíos israelíes y palestinos (ciudadanos), no satisfacen en gran medida las demandas de las universidades palestinas. Estos grupos activistas se han negado hasta ahora a respaldar los llamamientos palestinos para que las universidades israelíes rindan cuentas por su complicidad en las violaciones del derecho internacional por parte de Israel.

Israel considera una amenaza a los palestinos que se arman con la educación para desafiar sin vacilar el régimen de apartheid. Por lo tanto, los estudiantes palestinos son sometidos a audiencias disciplinarias, interrogatorios y detenciones en las universidades israelíes, además de secuestros, torturas, detenciones militares e incluso asesinatos en las universidades palestinas. Las universidades israelíes son pilares fundamentales de este sistema.

No sólo realizan investigaciones, forman y colaboran con las fuerzas de seguridad israelíes que mantienen la ocupación militar, sino que también trabajan junto al Gobierno israelí para reprimir a los estudiantes palestinos en sus universidades.

En última instancia, las universidades israelíes han desempeñado un papel directo en la represión por parte del Estado israelí de los movimientos estudiantiles palestinos por la liberación, y en la privación de la libertad académica de los palestinos, durante más de setenta y cinco años.

En la conclusión del libro, la autora destaca que Israel estableció y construyó instituciones de educación superior israelíes en territorio palestino y diseñó estas instituciones para que fueran herramientas para la expansión de los asentamientos judíos y el desplazamiento de los palestinos, basándose en el enfoque de las universidades que se apropian de tierras.

Las universidades israelíes no sólo participan activamente en la violencia del Estado israelí contra los palestinos, sino que también contribuyen con sus recursos, investigaciones y becas para mantener, defender y justificar esta opresión. Al final, la autora hace un llamamiento al boicot de las universidades israelíes e insiste en que no habrá libertad académica hasta que esta se aplique a todos.

En sus observaciones finales, el profesor Robin D.G. Kelley, de la Universidad de California, afirma que el objetivo del boicot es poner fin a la ocupación, desmantelar el régimen de apartheid, respetar los derechos de los refugiados palestinos estipulados por las Naciones Unidas, ampliar los derechos civiles para incluir a todos, poner fin a las detenciones militares, las incursiones repetidas, la vigilancia de las instituciones palestinas y la interrupción deliberada del proceso educativo.

El régimen de apartheid israelí no habría durado sin el enorme apoyo financiero, la legitimidad política y la protección jurídica proporcionados por Estados Unidos. La financiación militar anual de 3.800 millones de dólares (Israel es el mayor receptor de ayuda militar estadounidense de la historia) contribuye a financiar la violencia estatal, la represión y la desigualdad sin la más mínima rendición de cuentas (página 189).

Así, el profesor Kelley menciona que el régimen de apartheid israelí no habría podido persistir sin el silencio liberal en Estados Unidos. Afirma con acierto que «La verdad es que nunca habrá una verdadera libertad académica en la región sin una Palestina libre, y no puede haber una Palestina libre mientras las universidades estén bajo ocupación o sigan siendo bastiones del sionismo y el colonialismo de asentamiento. Y mientras la mayoría de los intelectuales israelíes permanezcan en silencio o no comprendan que su propia libertad está ligada a la libertad de Palestina, continuaremos boicoteando las instituciones israelíes. Silencio = Complicidad» (página 192).

Este libro es magnífico, muy informativo y bien argumentado, una documentación histórica detallada de la complicidad de todas las universidades y centros de investigación israelíes, sin excepción, en el sistema de apartheid israelí. De hecho, son uno de los brazos más importantes del Estado para justificar sus políticas que violan las normas y leyes internacionales.

Fadi Zatari es profesor adjunto de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Sabahattin Zaim de Estambul.

Texto en inglés: The Palestine Chronicle, traducido por Sinfo Fernández.

Fuente: https://vocesdelmundoes.com/2025/06/06/el-papel-de-las-universidades-israelies-en-el-asesinato-y-tortura-de-los-palestinos/

Según lo que se conoce, es responsabilidad de un casi desconocido Frente de Resistencia de Cachemira (FRT), que a la vez es un desprendimiento o estaría articulado por el grupo armado Lashkar-e-Taiba o LeT (Ejército de los Puros), que se presume desde siempre una creación del Inter-Services Intelligence (ISI), la inteligencia del ejército pakistaní.

Aunque en este juego de mamushkas a nadie sorprendería que el ataque haya sido una operación alentada por el mismísimo Narendra Modi y su ministro del interior y pareja política de hace más de veinticinco años, Amit Shah, que desde las matanzas de musulmanes en Gujarat de 2002 son responsables de infinidad de operaciones de falsa bandera y no tanto, casi siempre contra la comunidad islámica.

Aunque desde el comienzo de la operación Sindoor, lanzada por India para castigar a los presuntos responsables del ataque del 22 de abril, se activó una imponente guerra de desinformación desde uno y otro bando con la que se intentó ocultar el curso de las acciones, articuladas fundamentalmente hacia sus propios pueblos. Reafirmando una vez más aquello de “la primera víctima de la guerra…”.

Desde entonces versiones sobre el derribo de aviones, capturas de batallones enteros, avances sobre territorio enemigo, toma de ciudades, destrucción de bases, ciberataques que habían destruido redes eléctricas, detención de altos jefes militares e incluso un golpe de Estado, cruzaron las fronteras con mayor velocidad que los verdaderos misiles con los que sí se produjeron algunos daños, aunque no tan graves para no olvidar convenientemente.

Hasta algún alto jefe del militar indio se atrevió a afirmar: “Mañana desayunaremos en Rawalpindi”, la ciudad que es base del cuartel general del ejército pakistaní, a unos doscientos cincuenta kilómetros de la frontera india. En muchos casos esas mentiras fueron apoyadas por imágenes que más tarde se comprobaría que fueron producto de inteligencia artificial (IA) o pertenecían a guerras ajenas.

Este conflicto, a nivel global, tiene un solo beneficiario, y como siempre son los Estados Unidos, mientras que para Rusia y mucho más para China, podría traer consecuencias extremadamente negativas en lo estratégico y económico, repercutiendo de manera negativa también en Irán.

Moscú, por ejemplo, trabaja con Islamabad para la construcción de un ferrocarril transeurasiático que uniría Rusia con India a través de su territorio, además de estar programando darle un fuerte impulso a la alicaída industria siderúrgica de ese país. Proyectos por los que Rusia, hace años, mantiene neutralidad en el eterno conflicto indo-pakistaní y mucho más en su último capítulo.

Por lo que el ministerio de Exteriores ruso ha extremado las acciones, tratando de mediar ya no solo entre Islamabad y Nueva Delhi, sino también con Beijing, que desde hace décadas ha invertido en importantes proyectos en Pakistán, sino que además tiene algunas cuentas fronterizas pendientes con India, además de recordar que también tiene una porción en el disputado pastel cachemir.

Aunque estrictamente sobre la microguerra del mes de mayo, en los últimos días el jefe del Estado Mayor de Defensa de la India, general Anil Chauhan, reconoció que durante la Operación Sindoor, que se lanzó para eliminar a los terroristas y contener cualquier avance de Pakistán, el ejército indio cometió graves fallos e incluso sufrió pérdidas de algunos aviones de combate, calificando esos “incidentes” como errores tácticos. Manifestando además la necesidad de corregirlos para permitir que el ejército pueda reanudar sus operaciones cuando le sea requerido por el poder político.

Mientras que Islamabad continuó sus operaciones en Waziristán del Norte, en la frontera con Afganistán, donde eliminó a catorce muyahidines del Tehrik-e-Taliban Pakistan, los que según esas fuentes cuentan ahora con mayor apoyo financiero y táctico de India. También se informó que el día 3 de junio apareció muerto sin razones evidentes que explicaran la causa de su muerte, en Bahawalpur, en la provincia pakistaní de Punjab, Abdul Aziz Esar, uno de los emires del Jaish-e-Mohammed (Ejército de Mahoma), otra de las formaciones presuntamente financiadas por la inteligencia pakistaní para operar en Cachemira y otras regiones de India. Por lo que no sería extraño que ese líder haya sido eliminado por algún agente de India.

Miente, miente, que algo quedará

La problemática fronteriza entre Pakistán e India por Cachemira, una trampa que dejó preparada el colonialismo británico tras su retirada en 1947, podría ser comparable a otras tantas en diferentes regiones como Etiopía-Somalia, Nicaragua-Costa Rica o Serbia y Kosovo, entre otras muchas semejantes alrededor del mundo, pero quizás ninguna tan basada en el odio religioso como el que practica el Gobierno de Narendra Modi contra la comunidad musulmana.

Con unos doscientos veinte millones de fieles, el islām indio se convierte en la tercera población musulmana más grande del mundo después de Pakistán con doscientos cuarenta y ocho y de Indonesia con otros doscientos treinta millones.

Lo que para el actual Primer Ministro de India ha sido desde siempre una excelente excusa para sus campañas electorales. Desde sus inicios, cuando se candidateaba como ministro principal (gobernador) de Gujarat en 2001, hasta la que lo llevó a su tercer mandato como primer ministro el año pasado.

Por lo que la instrumentación del odio no es para nada un fenómeno nuevo en el prontuario político de Modi, aunque cuando tiene que golpear otros sectores religiosos o políticos tampoco duda, aunque lo tenga que hacer muy lejos de sus fronteras, como ya ha sucedido contra miembros de la comunidad sij exiliados en Canadá, Reino Unido o los Estados Unidos (Ver: India, cuando los dioses matan a distancia).

Aunque la exacerbación del odio al islām ha sido siempre su leitmotiv, para lo que no escatimó en recursos ni midió sus mentiras. Ni siquiera siendo la máxima autoridad de una nación que ya puede ser considerada una potencia mundial, ha dejado de acompañar sus mentiras con un lenguaje soez, brutal, callejero, digno de un netaji (politiquero) de provincia.

Modi ha utilizado, como nunca antes ningún jefe de gobierno indio, su poder casi mesiánico para estigmatizar a una minoría, lo que marca un momento crítico para la democracia del país articulando prejuicios, odio y calumnias de todo tipo. Que apunta a convertirlos en enemigos de la Madre India y de la Hindutva.

Investigaciones periodísticas han recopilado la larga lista de estos exabruptos que incitan de manera descarada al odio y la aniquilación del diferente en sus discursos e intervenciones públicas desde 2013, cuyo patrón común es la estigmatización y demonización de la comunidad islámica de India.

Un mismo patrón empapa sus discursos: el odio al islām desde 2013 a 2024, donde los musulmanes reciben acusaciones de ser infiltrados, extraños y extranjeros que han llegado a India de manera ilegítima, quitando trabajo y beneficios a los nacionales. Ninguna novedad en tanto discurso neofascista de la actualidad, en donde sea que estas pústulas sociales hayan reencarnado y, en India, el Bharatiya Janata Party (BJP), el partido de Modi, es una clara referencia.

En sus giras electorales más allá de ser un fanático hinduista tiene al menos la gentiliza de nombrar a los dioses prominentes de las comunidades que visita como pueden ser el Mahavir, del jainismo, obviamente Buda o el gurú Gobind Singh del sijismo, aunque nunca en ninguna ocasión se ha referido a ningún nombre relacionado con el Islām.

En el abanico de acusaciones utilizadas por Modi se incluyen desde la práctica de la caza furtiva de rinocerontes en el Parque Nacional de Kaziranga, en el estado de Assam, en el noreste del país al sur del río Brahmaputra, al acoso sexual de niñas hindúes, instrumentar los precios de las verduras por parte de los agricultores musulmanes, acaparando deliberadamente sus productos para aumentar sus precios, generar desabastecimiento y por último, lo más obvio, instalar la idea de que detrás de cada musulmán hay un terrorista.

Modi relaciona a los musulmanes con lo que él define como los grandes males de la India, que compendia en la dinastía, como llama al liderazgo de la familia Nehru-Gandhi del Partido Nacional del Congreso (el mayor partido de la oposición), que da cobijo y representación a los musulmanes y el apaciguamiento, término que describe a las políticas y programas de protección y compensación de las minorías islámicas, las que le aportarían sus votos.

Por lo que, en cambio, el Partido del Congreso estaría dispuesto a repartir entre esa comunidad los ahorros y las joyas de las familias hindúes, entre los que se incluye el mangalsutra, el collar sagrado que simboliza el matrimonio de los hindúes.

Cerrado con esto el ciclo al que alentaba su admirado Joseph Goebbels, miente, miente…

Guadi Calvo es escritor y periodista argentino. Analista Internacional especializado en África, Medio Oriente y Asía Central. En Facebook: https://www.facebook.com/lineainternacionalGC

El sorpresivo arribo del expresidente panameño Ricardo Martinelli a Bogotá el pasado 15 de mayo desató un torbellino de pronunciamientos encontrados. Los medios criticaron la concesión de asilo a un millonario mencionado en los Panamá Papers, mientras el gobierno colombiano, por boca de su presidente, de visita en Beijing, lo justificó incondicionalmente. El beneficiario de la medida, por su parte, puso en circulación videos de la pachanguera celebración que organizó entonando ‘pero sigo siendo el rey y mi palabra es la ley’. 

El asilo diplomático

Para dilucidar el significado de esta actuación internacional en provecho de tan controvertido personaje es necesario un mínimo de contexto de la institución del asilo diplomático y territorial. El asilo es una medida de protección otorgada por un Estado (Estado asilante) a quien se encuentra en situación de riesgo por persecución políticamente motivada adelantada por el gobierno de otro Estado en su territorio (Estado territorial). Si el asilo se concede en una embajada se denomina asilo diplomático; si se hace en el territorio del Estado asilante, se llama asilo territorial. En ambos casos el elemento político es fundamental, por lo que en ocasiones se bautizan ambas modalidades como asilo político.  

A diferencia de otros mecanismos internacionales -extradición, refugio- surgidos en Europa, puede afirmarse que el suelo natal del asilo fue el cono sur. En 1820 el líder de la independencia de Uruguay, Artigas, perseguido por sus propios compatriotas, recibió acogida en Paraguay; el caudillo militar José María Obando, quien fue expresidente designado de Colombia, luego de su derrota en la Guerra Civil de los Supremos, huyó a Perú para ponerse a salvo y recibió asilo en 1842; el presidente chileno Balmaceda, derrotado en la guerra civil de 1890, pudo asilarse en la embajada argentina de Santiago.

La frecuencia de la práctica del asilo conllevó el surgimiento de una temprana normativa continental en el llamado Tratado de Derecho Penal Internacional de 1889, que consagró de modo inaugural la institución del asilo; en 1928 la Convención de La Habana definió sus rasgos básicos: otorgamiento en embajadas, legaciones o navíos bajo la expresa prohibición de otorgar asilo por delitos comunes y el deber del Estado territorial de respetarlo acompañado de la prohibición para el asilado de atentar contra el orden público. Cinco años más tarde, en 1933, se suscribió la Convención de Montevideo, que calificó su carácter humanitario y afirmó un elemento de particular importancia: la relevancia de la calificación de delito por el Estado que concede el asilo, así como la reiteración de su validez solo para delitos políticos.  

En 1949 Colombia fue protagonista del caso más famoso en la literatura mundial sobre asilo diplomático. El gobierno conservador de Ospina Pérez, a través de su canciller Eduardo Zuleta Ángel, dispuso conceder asilo diplomático en la embajada de Lima al célebre dirigente e intelectual de izquierda Víctor Raúl Haya de la Torre, perseguido por la recién instalada dictadura del general Odría bajo la acusación de ‘rebelión militar’. El gobierno peruano objetó la legalidad del asilo mientras Colombia, segura de la legalidad de su actuación, convino en someter a un tercero la resolución del diferendo. Las respectivas delegaciones presentaron sus alegatos ante la Corte Internacional de Justicia, que profirió su sentencia al año siguiente y clarificó dos puntos en disputa de la mayor relevancia: la calificación del delito por el Estado asilante no prevalecía a la dada por el Estado territorial, con lo que desechó el argumento sostenido por Colombia, y que si bien Colombia no había probado el peligro en que se encontrara el asilado, su otorgamiento no era contrario a derecho; así mismo, no reconoció la obligación de proveer un salvoconducto a cargo del Estado peruano. Si bien desde el punto de vista estrictamente jurídico no puede hablarse de un triunfo de la postura colombiana, su determinación de mantener el asilo durante cinco años constituyó una crucial afirmación de la trascendencia de tal institución.  

Las incertidumbres del caso Haya de la Torre condujeron a la expedición de la Convención de Caracas de 1954 sobre Asilo, en la que se reafirmó la órbita de su aplicación a los delitos políticos.  

En el plano mundial la concesión del asilo diplomático dio lugar a dramáticas situaciones reveladoras de su relevancia y su profundo sentido humanitario. México recibió como asilado en 1937 al bolchevique León Trotsky, perseguido a muerte por el régimen de Stalin luego de que sucesivamente se lo expulsó de Turquía, Suecia y Francia; Estados Unidos acogió durante quince años en su embajada de Budapest al cardenal católico Mindsentsky, acérrimo opositor del comunismo, tras el levantamiento húngaro de 1956. En el marco de la Guerra fría gobernantes depuestos en golpes de Estado pudieron obtener asilo en embajadas. Ecuador recibió como asilado político a Julian Assange en 2012, quien permaneció siete años sin recibir salvoconducto del gobierno británico. 

En el caso de nuestro vecino país, los asilos reconocidos por Panamá han sido polémicos. Expresidentes como el ecuatoriano Abdalá Bucarán y el haitiano Raúl Cedrars, cuya condición de perseguidos políticos era por lo menos discutible, recibieron asilo territorial. El caso más controversial se produjo en el caso de María del Pilar Hurtado, exjefe de inteligencia, quien con la anuencia del entonces presidente Uribe interceptó ilegalmente teléfonos de magistrados, líderes y opositores políticos. La Corte Suprema de Justicia panameña declaró la inconstitucionalidad de tal medida en 2014 por juzgarla violatoria tanto del orden interno como de la normativa internacional.   

El caso Martinelli 

Ricardo Martinelli fue presidente electo para el quinquenio 2003-2009 durante el que concedió el ya referido asilo a la funcionaria colombiana. Los Panama Papers lo mencionan como titular de varias cuentas y fondos en paraísos fiscales en violación de regulaciones fiscales y tributarias. Dos familiares cercanos fueron condenados en Estados Unidos acusados de narcotráfico, proceso en el que declararon actuar por órdenes suyas. Fue capturado en Miami y finalmente extraditado a su país, tras lo cual se prohibió su ingreso a territorio estadounidense.

La justicia de su país inició investigaciones que condujeron a una sentencia condenatoria por ‘blanqueo de capitales’ o lavado de activos con pena de prisión de diez años y ocho meses, al igual que la imposición de una multa superior a US$15 millones. La sentencia, proferida por la jueza Baloiza Marquines el 28 de junio de 2023, consta de 306 páginas. Se comprobó además la utilización de dineros públicos para la compra de medios de comunicación. La mencionada sentencia cobija una docena de personajes del círculo de socios del expresidente. 

Diversos sectores de la opinión pública calificaron esta actuación como una reivindicación largamente esperada de la justicia y un hito que demostraba los límites a los que la impunidad podía ser sometida. Para ese entonces, Martinelli estaba en plena campaña electoral por un segundo período -la Constitución autoriza la reelección no inmediata por una sola vez- con el movimiento Realizando Metas, en asocio de Raúl Mulino como fórmula vicepresidencial. El tribunal electoral ordenó su retiro de la contienda, por lo que Mulino resultó presidente en 2024 como delfín de aquel. 

Fue entonces, una vez en firme la sentencia condenatoria en su contra, cuando el gobierno de Daniel Ortega, el 24 de febrero de 2024, otorgó asilo en su embajada al expresidente, quien la convirtió de inmediato en un centro de actividad proselitista y propaganda de su presunta persecución judicial. Pese a la expedición de una circular roja de Interpol solicitada por la justicia panameña, la Policía se negó a hacerla efectiva por supuestamente violar su estatuto de asilado. Una vez cerrada toda posible revisión judicial se presentó una iniciativa en el Congreso para expedir una amnistía en su provecho, que a pesar del apoyo del Ejecutivo no obtuvo el necesario respaldo. Fue entonces cuando la injerencia de su anterior compañero de campaña electoral, convertido gracias a él en presidente, entró una vez más en ejercicio, al expedir un salvoconducto para Martinelli que le permitiera salir del país. Sorpresivamente, Nicaragua, a través de la esposa del presidente Ortega, negó el traslado aduciendo la existencia de dicha circular roja de Interpol. 

Tras catorce meses en la embajada nicaragüense y frustrada su salida del país, irrumpió como un deus ex machina la decisión del gobierno colombiano de otorgar asilo territorial. Su mentor y compañero electoral pronta y solícitamente otorgó un nuevo salvoconducto para su traslado a Colombia.  

La justificación de Colombia

El presidente Petro justificó el asilo a Martinelli bajo el argumento humanitario, la tradición humanista del país y la indiferencia de afiliación ideológica para sus beneficiarios, dando por descontada su condición de perseguido político. La canciller Laura Sarabia, interrogada al respecto, declaró su respeto por la decisión del presidente, en una suerte de ‘obediencia debida’ a la voluntad de su jefe. El laconismo de la Cancillería mostraría pues la ausencia de criterio diplomático por parte de la autoridad responsable.  

En realidad, la decisión gubernamental hace trizas no solo la tradición diplomática colombiana en la materia sino la normativa internacional tan laboriosamente construida sobre la base de la exclusión radical del otorgamiento de asilo por delitos comunes. Colocar en la misma balanza al líder peruano perseguido por la dictadura militar hace tres cuartos de siglo con un condenado por lavado de activos constituye poco menos que una degradación del dispositivo internacional, y su extrema tergiversación jurídica.  Que el primer presidente de izquierda en Colombia y antiguo rebelde confunda el delito político con el delito de lavado de activos solo puede dar pábulo a las más siniestras sospechas. Justo en un momento en que el país requiere, más que nunca, la máxima transparencia en los asuntos públicos.    

Victor Guerrero Apraez es abogado, magister Derecho Internacional Público (Alemania), profesor universitario, asesor y consultor de entidades nacionales y extranjeras, ONG, ONU, especialista en DIH y DDII Autor de siete libros sobre filosofía política, guerras civiles y mecanismos de regulación y clemencia -beligerancia, amnistías- investigaciones en curso sobre golpes de Estado, mito político y modernizaciones autoritarias.

Fuente: https://razonpublica.com/asilo-colombia-expresidente-panameno-humanismo-internacional-u-obstaculizacion-la-justicia/