El Gobierno marroquí ha decidido mantener durante un año el sistema de ayuda social directa, inicialmente concebido como una prestación temporal, para evitar que los beneficiarios renuncien a aceptar un empleo por miedo a perder el subsidio. Así lo ha indicado el ministro delegado encargado del Presupuesto, Fouzi Lekjaa, este jueves 4 de junio, al término de una reunión del Consejo de Gobierno.

La ampliación responde a las dificultades detectadas en la implementación del programa sobre el terreno. Según Lekjaa, la transición de los beneficiarios al mercado laboral formal se ha revelado más compleja de lo previsto, y muchos de ellos optan por no formalizar un empleo por temor a quedar excluidos de la ayuda. La prórroga busca facilitar ese paso sin que el fin del subsidio actúe como un desincentivo.

Marruecos puso en marcha el sistema de ayuda social directa en el marco de la reforma del Estado del bienestar impulsada por el rey Mohamed VI. El programa, que sustituye a múltiples subsidios anteriores, pretende llegar a los hogares más vulnerables mediante transferencias monetarias condicionadas a criterios de escolarización y salud. La prolongación de la prestación se enmarca en la estrategia de contención social del Ejecutivo de Rabat, orientada a preservar la estabilidad en un contexto de inflación persistente y elevado desempleo juvenil.

La decisión del Gobierno de Marruecos llega en un momento en que el país magrebí busca equilibrar sus cuentas públicas sin generar tensiones sociales que puedan desestabilizar la región. El programa de ayuda social directa, que comenzó a aplicarse a finales de 2023, ha sido uno de los pilares de la política interior del Ejecutivo de Aziz Akhannouch. Según fuentes del Ministerio de Economía, la prórroga no implicará un aumento significativo del gasto presupuestario, ya que se reasignarán partidas de otros programas menos eficientes.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, ha nombrado este jueves a Ernesto Justiniano Urenda como nuevo ministro de Defensa, en sustitución de Marcelo Salinas, quien presentó su dimisión la víspera. El relevo se produce en un momento crítico para el país andino, sumido desde hace semanas en duras protestas ciudadanas, bloqueos de carreteras y un creciente malestar social.

Justiniano, que regresa así a la primera línea del poder, asume una de las carteras civiles más sensibles para el control territorial del Estado. Según fuentes oficiales del Gobierno boliviano, el nuevo ministro tendrá la misión de gestionar la crisis de orden público que sacude al país, donde campesinos, obreros y seguidores del expresidente Evo Morales han salido a las calles para exigir la dimisión del actual jefe del Ejecutivo.

Entre las claves del estallido social destaca la distribución de combustible adulterado, según el Colegio de Ingenieros Mecánicos de Bolivia (CIMB). Un informe de la entidad señala que al menos el 60% de los vehículos que circulan en el país se han visto afectados por este problema, lo que ha agravado las tensiones y las movilizaciones.

El nombramiento de Justiniano, de perfil técnico y con experiencia previa en cargos de responsabilidad, busca apuntalar la respuesta del Ejecutivo ante las protestas, que han paralizado importantes vías de comunicación y generado pérdidas económicas. Por el momento, el presidente Paz Pereira no ha anunciado nuevas medidas para desactivar la crisis, mientras la oposición y los sectores sociales mantienen la presión.

Los ataques del 28 de febrero de 2026 entre Estados Unidos, Israel e Irán provocaron una reacción inusual entre los expatriados que residen en los Estados del Golfo Pérsico. Según observadores de la región, las declaraciones públicas de los trabajadores extranjeros en redes sociales reflejaron un mecanismo de lealtad inducida por los regímenes locales, que utilizan la seguridad de sus huéspedes para reforzar la legitimidad del Estado.

El episodio, analizado por expertos en política de Oriente Próximo, muestra cómo los gobiernos del Golfo despliegan estrategias de control social en un contexto de alta tensión regional. Durante los bombardeos contra objetivos iraníes y la posterior represalia de Teherán contra instalaciones en los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, numerosos expatriados publicaron mensajes de apoyo a los países anfitriones.

Mecanismos de lealtad inducida

Los analistas señalan que esta reacción no es espontánea, sino el resultado de años de políticas que vinculan la residencia de millones de trabajadores extranjeros a su comportamiento político. En los Estados del Golfo, donde los expatriados constituyen entre el 50% y el 90% de la población, los regímenes exigen lealtad pública a cambio de permisos de trabajo y seguridad personal.

Durante los ataques del 28 de febrero, las autoridades locales emitieron comunicados instando a los residentes a mostrar unidad. Las redes sociales se llenaron de hashtags oficiales y mensajes de condena a Irán, acompañados de declaraciones de gratitud hacia las monarquías del Golfo. Para los investigadores, este fenómeno revela cómo la vulnerabilidad de los expatriados se convierte en una herramienta de legitimación.

Esta dinámica expone la fragilidad de las sociedades del Golfo, donde la población local es minoría y depende de mano de obra importada para su funcionamiento.

Implicaciones geopolíticas

La respuesta de los expatriados tiene consecuencias para el equilibrio regional. Al demostrar su lealtad, los trabajadores extranjeros contribuyen a la estabilidad de unos regímenes que son aliados clave de Estados Unidos en la región. El episodio pone de relieve cómo los ataques del 28 de febrero no solo reconfiguraron las alianzas militares, sino que también pusieron a prueba los sistemas de control social en una de las regiones más estratégicas del planeta.

La escritora y activista antibullying Monica Lewinsky ha explicado en una entrevista publicada en junio de 2026 que evita las notificaciones en redes sociales para proteger su sistema nervioso y su salud mental. Lewinsky, que saltó a la fama mundial tras el escándalo de la Casa Blanca en los años 90, ha construido en los últimos años una carrera como activista contra el acoso en Internet.

En la conversación, la autora reconoció que, pese a estar presente en plataformas digitales, ha optado por desactivar todas las alertas para reducir la ansiedad que generan los avisos constantes. «Proteger mi sistema nervioso es prioritario», señaló, según adelantó la publicación estadounidense que recogió sus declaraciones.

Lewinsky, de 52 años, ha sido durante años una de las voces más críticas con la cultura digital tóxica. Su experiencia personal con el acoso online, tras la exposición mediática de su relación con el entonces presidente Bill Clinton, la convirtió en una referente internacional en la lucha contra el ciberacoso. En 2015, publicó un ensayo en la revista Vanity Fair sobre la vergüenza pública en la era digital.

El coste de estar conectado

La decisión de Lewinsky se enmarca en un creciente debate sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental. Estudios recientes han vinculado las notificaciones constantes con niveles más altos de cortisol y estrés. La activista se suma así a otras figuras públicas que han limitado su exposición digital para preservar su bienestar.

Aunque no detalló qué plataformas utiliza ni si tiene previsto abandonarlas por completo, su postura refleja una tendencia cada vez más extendida entre usuarios de todas las edades. La noticia, que ha circulado principalmente en medios angloparlantes, llega en un momento en que varios países europeos estudian regular el uso de algoritmos que potencian la adicción a las pantallas.

La Asamblea Legislativa de California, en Estados Unidos, aprobó el 1 de junio de 2026 un proyecto de ley que prohíbe a los menores de 16 años el uso de redes sociales sin el consentimiento explícito de sus padres o tutores. La medida, que obtuvo un respaldo unánime de 76 votos a favor y ninguno en contra, busca proteger a los menores de los posibles daños asociados a estas plataformas, como el acoso, la exposición a contenido inapropiado o la adicción digital.

Una cláusula polémica

Sin embargo, la ley incluye una cláusula que ha generado controversia entre defensores de las libertades civiles y organizaciones de la sociedad civil. El texto permite al fiscal general de California ampliar la definición de «plataforma cubierta» sin necesidad de una nueva votación del Legislativo. Esto significa que el fiscal podría incluir nuevas aplicaciones o servicios dentro del ámbito de la prohibición de forma unilateral, sin control parlamentario adicional.

Enterrada tras la votación 76-0 hay una cláusula que permite al fiscal general ampliar quién cuenta como plataforma cubierta sin que el Legislativo vuelva a votar.

La disposición ha sido criticada por grupos como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que advierten de un posible abuso de poder ejecutivo en un asunto que afecta a derechos fundamentales como la libertad de expresión y el acceso a la información.

California se suma así a otros estados estadounidenses que han impulsado restricciones al uso de redes sociales entre menores, en un contexto de creciente preocupación por la salud mental infantil y adolescente. No obstante, la inclusión de esta cláusula de ampliación sin control legislativo podría enfrentar desafíos judiciales por parte de la industria tecnológica y organizaciones de derechos digitales.

El Papa Francisco ha instado este sábado a aplicar los principios de la doctrina social de la Iglesia como vía para superar la violencia y los conflictos armados que azotan el mundo. Durante una intervención en el Vaticano, el pontífice subrayó su compromiso «con el estudio y la aplicación» de esta doctrina en el contexto internacional actual, marcado por guerras y tensiones geopolíticas.

El llamamiento del Papa se produce en un momento en que el conflicto en Ucrania cumple más de tres años y la guerra en Gaza no cesa, mientras crecen las crisis humanitarias en diversas regiones de África y Asia. Francisco, que ha hecho de la paz un eje de su pontificado, planteó una serie de preguntas clave dirigidas a líderes políticos, religiosos y a la sociedad civil para reflexionar sobre las causas de la guerra y las condiciones para una paz duradera.

Las preguntas del Papa sobre la guerra

Sin detallar el contenido exacto de las preguntas, la Santa Sede informó de que el pontífice instó a buscar soluciones basadas en la justicia social, el respeto a la dignidad humana y el bien común, pilares de la doctrina social católica. «No podemos acostumbrarnos a la guerra», ha dicho en anteriores ocasiones Francisco, quien denuncia con frecuencia la «tercera guerra mundial en pedazos» que, a su juicio, vive la humanidad.

El mensaje del Papa coincide con los preparativos de su posible viaje a la Asamblea General de la ONU en septiembre, donde podría exponer su visión sobre el orden internacional. Mientras tanto, desde el Vaticano se sigue de cerca la evolución de las negociaciones de paz en Ucrania y los esfuerzos de mediación en Oriente Próximo.

La doctrina social católica, desarrollada desde la encíclica Rerum Novarum (1891), aboga por la paz, la solidaridad y la subsidiariedad, y rechaza la guerra como instrumento de solución de conflictos, salvo en casos de legítima defensa. En su encíclica Fratelli Tutti (2020), Francisco ya había pedido «una nueva arquitectura financiera internacional» y «una reforma de la ONU» para prevenir los conflictos.