La República de Mali ha reafirmado este jueves su apoyo a la integridad territorial de Marruecos, incluyendo el Sáhara Occidental. En un comunicado oficial, el gobierno maliense reiteró su «posición en favor de la integridad territorial y la soberanía del Marruecos sobre todo su territorio, incluido el Sáhara Occidental», y respaldó el plan de autonomía presentado por Rabat como «la única solución creíble y realista para la resolución de este diferendo regional».

El gesto de Bamako refuerza el bloque de países que apoyan la postura marroquí en el conflicto del Sáhara, que enfrenta a Marruecos con el Frente Polisario y Argelia. Mali se suma así a una creciente lista de naciones africanas que han abierto consulados en El Aaiún y Dajla, en el territorio disputado, como muestra de respaldo a la soberanía marroquí.

La posición de Mali tiene especial relevancia por su papel en la región del Sahel y su alianza estratégica con Marruecos en materia de seguridad y desarrollo económico. El reino alauí ha intensificado en los últimos años su diplomacia en África subsahariana para consolidar apoyos en la cuestión saharaui, que sigue bloqueada en Naciones Unidas sin una solución definitiva.

El respaldo de Mali se produce en un contexto de creciente reconocimiento internacional hacia la propuesta marroquí, que contempla una amplia autonomía para el Sáhara bajo soberanía de Rabat. Marruecos ha logrado en los últimos meses el apoyo de varios países africanos y occidentales, mientras que el Frente Polisario mantiene su exigencia de un referéndum de independencia, respaldado por Argelia. La comunidad internacional, a través de la ONU, sigue sin alcanzar un consenso sobre el estatus final del territorio.

Este nuevo apoyo africano a la posición marroquí supone un avance diplomático significativo para Rabat, que busca desbloquear el estancamiento en Naciones Unidas. La iniciativa de autonomía, presentada en 2007, ha sido considerada por varios países como una base seria y creíble para negociar, aunque el Polisario y Argelia la rechazan por considerarla insuficiente para garantizar la autodeterminación del pueblo saharaui.

El proceso político sobre el Sáhara Occidental iniciado a principios de 2026 bajo mediación de Estados Unidos se encuentra en punto muerto, según ha trascendido. La impasse limita las opciones de los negociadores del Frente Polisario y podría favorecer la posición marroquí de autonomía para el territorio, una propuesta que España respaldó en 2022.

Tres diplomáticos ante un callejón sin salida

La delegación del Polisario, compuesta por tres diplomáticos veteranos, afronta un escenario de reducida capacidad de maniobra. Aunque el proceso arrancó con expectativas bajo el paraguas de Washington, la falta de avances concretos sitúa al movimiento saharaui en una posición comprometida. Fuentes diplomáticas consultadas por la prensa magrebí señalan que los mediadores estadounidenses no han logrado acercar las posturas entre las partes implicadas: Marruecos, Argelia y el propio Polisario.

El estancamiento beneficia de facto a Rabat, que defiende un plan de autonomía para el Sáhara Occidental bajo soberanía marroquí. Este modelo fue respaldado por el Gobierno de España en la carta del presidente Pedro Sánchez a Mohamed VI en marzo de 2022, un giro diplomático que sigue marcando la posición oficial de Madrid.

El factor argelino y las opciones del Polisario

Argelia, principal valedor histórico del Frente Polisario, mantiene su apoyo al movimiento saharaui, aunque sin variar su postura pública. La mediación estadounidense, que busca una solución negociada, no ha logrado hasta ahora desbloquear las diferencias fundamentales entre la propuesta autonomista marroquí y la reivindicación independentista del Polisario.

Los negociadores saharauis, según fuentes próximas a la delegación, disponen de un margen de acción limitado: aceptar un marco negociador que dé prioridad a la autonomía, arriesgándose a una fractura interna, o mantener la posición maximalista con el riesgo de quedar al margen del proceso. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo, pendiente de una posible nueva ronda de contactos impulsada por Washington.

El Gobierno de Rumanía ha declarado este martes que una «autonomía verdadera bajo soberanía marroquí» puede constituir una solución viable para el conflicto del Sáhara Occidental, en un comunicado que refuerza el creciente apoyo internacional al plan presentado por Marruecos.

En un mensaje dirigido al rey Mohamed VI, el presidente rumano, Nicușor Dan, subrayó la posición de Bucarest: «Nous notons qu’une autonomie véritable sous souveraineté marocaine peut constituer une solution viable» («Observamos que una autonomía verdadera bajo soberanía marroquí puede constituir una solución viable»). La declaración, fechada el 21 de julio de 2026, se enmarca en el giro diplomático que Rumanía ha dado en la cuestión del Sáhara.

El respaldo rumano al plan de autonomía marroquí se suma al de otras potencias regionales y occidentales, como Estados Unidos, Francia y Alemania, que en los últimos años han considerado esta opción como la más realista para resolver el contencioso. La decisión de Bucarest tiene especial relevancia porque Rumanía, como miembro de la Unión Europea y de la OTAN, proyecta influencia en el seno de ambas organizaciones.

Para España, la postura de Rumanía supone un nuevo elemento de presión diplomática. El Gobierno español mantiene una posición ambivalente desde el giro de 2022, cuando apoyó el plan de autonomía marroquí como la base más seria para la resolución del conflicto, pero sin cerrar la puerta a otras opciones. La escalada de apoyos internacionales a la propuesta de Rabat estrecha el margen de maniobra de la diplomacia española en el Sáhara, un asunto que sigue siendo sensible tanto por la relación bilateral con Marruecos como por la defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, defendido históricamente por el Frente Polisario.

Marruecos ha intensificado en los últimos meses su ofensiva diplomática para consolidar el respaldo internacional a su plan, presentado en 2007 ante la ONU. El reino alauí considera la autonomía como un marco negociado que preserva su integridad territorial, mientras que el Frente Polisario y Argelia insisten en la celebración de un referéndum de autodeterminación, previsto en los acuerdos de alto el fuego de 1991.

La declaración de Rumanía se produce en un contexto de creciente polarización en la región del Magreb y de renovadas tensiones entre Marruecos y Argelia, que respalda al Polisario. La posición de Bucarest podría influir en otros Estados miembros de la UE que aún no se han pronunciado abiertamente, como los Países Bajos o los nórdicos.

El Gobierno de Rumanía ha declarado que el plan de autonomía propuesto por Marruecos para el Sáhara Occidental constituye la base «más creíble y realista» para alcanzar una solución política al conflicto. La declaración, realizada el 20 de julio de 2026, supone un nuevo respaldo internacional a la propuesta de Rabat y se suma al creciente reconocimiento de su enfoque de autonomía bajo soberanía marroquí.

En un comunicado oficial, las autoridades rumanas afirmaron que «una autonomía verdadera bajo soberanía marroquí puede constituir una solución viable» para el Sáhara Occidental, una antigua colonia española cuyo estatus sigue en disputa. Rumanía se suma así a otros países que han respaldado el plan marroquí, que prevé un gobierno autónomo para la región bajo la autoridad de Marruecos.

Implicaciones para España y el conflicto saharaui

El pronunciamiento de Rumanía llega en un momento en que la posición de España sigue siendo un factor clave en el conflicto. El Gobierno español mantiene un delicado equilibrio entre su apoyo a la autonomía marroquí —reforzado tras el giro de 2022— y su compromiso con la resolución de Naciones Unidas que reclama un referéndum de autodeterminación para el Sáhara Occidental. El respaldo rumano añade presión sobre el frente diplomático saharaui, mientras el Frente Polisario sigue defendiendo la independencia.

La Unión Africana y diversos organismos internacionales han instado a ambas partes a retomar las negociaciones bajo los auspicios de la ONU, pero hasta ahora el proceso sigue estancado. La declaración de Rumanía, un país miembro de la OTAN y de la Unión Europea, refuerza la línea de quienes consideran la autonomía como la vía más factible para resolver el contencioso.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, realizó el lunes 20 de julio una visita de trabajo a Argelia, donde fue recibido por el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune. La reunión, calificada por fuentes argelinas como «entrevista franca», abordó temas clave de la agenda bilateral: el suministro de gas a través del gasoducto Medgaz, la política de visados para ciudadanos argelinos y la postura de ambos países sobre el Sáhara Occidental.

La visita de Sánchez se produce después de que Italia y Alemania reforzaran sus lazos con Argel, y supone un paso más en la normalización de las relaciones entre Madrid y Argel, que atravesaron una grave crisis diplomática en 2022 por el giro español en el Sáhara Occidental. Según el medio argelino TSA, el encuentro entre ambos mandatarios transcurrió en un clima de franqueza.

Los ejes de la negociación

El suministro de gas argelino a España, canalizado a través del Medgaz, es uno de los pilares de la relación bilateral. Argelia es un socio energético clave para España, especialmente desde la reducción de las importaciones de gas ruso. Sánchez busca garantizar la continuidad de los flujos y explorar nuevas condiciones contractuales.

En materia de visados, Argelia reclama desde hace tiempo una flexibilización de los requisitos para sus ciudadanos que viajan a España, un asunto sensible que afecta a la movilidad y a las comunidades argelinas en territorio español. La postura sobre el Sáhara Occidental —donde España respaldó en 2022 la propuesta de autonomía marroquí, provocando el enfado de Argel— sigue siendo el principal escollo diplomático.

La visita confirma que Argelia refuerza su partenariado con España tras superar la crisis, en un contexto geopolítico en el que el gas argelino y la estabilidad magrebí son prioritarios para la Unión Europea.

El estreno del nuevo filme de Christopher Nolan, L’Odyssée, se ha visto empañado por una campaña de boicot impulsada por los partidarios de la independencia del Sáhara Occidental, territorio en disputa entre Marruecos y el Frente Polisario. La controversia surge porque varias escenas de la película fueron rodadas en Dakhla en 2025, una localidad situada en la costa del Sáhara Occidental bajo control marroquí, sin que el largometraje haga mención alguna al estatus disputado del territorio.

El conflicto olvidado

Los activistas denuncian que la ausencia de referencia al Sáhara Occidental en la película constituye un respaldo implícito a la ocupación marroquí. El Sáhara Occidental figura en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas desde 1963, y su estatus sigue sin resolverse tras décadas de negociaciones. La decisión de Nolan de filmar en la zona sin aludir al conflicto ha sido interpretada como un gesto político por parte de los sectores favorables a la independencia, que han lanzado una campaña de boicot contra la cinta en redes sociales y plataformas digitales.

Reacciones y contexto

Marruecos, que controla de facto la mayor parte del territorio, no se ha pronunciado oficialmente sobre la polémica, pero suele considerar cualquier crítica a su presencia en el Sáhara Occidental como una injerencia en sus asuntos internos. La productora de Nolan tampoco ha emitido declaraciones al respecto. España, antigua potencia administradora del territorio, mantiene desde 2022 una posición de apoyo al plan marroquí de autonomía, lo que genera tensiones con el Frente Polisario y con sectores de la sociedad española sensibilizados con la causa saharaui. El boicot a L’Odyssée pone de relieve cómo la cultura y el cine se convierten en escenario de la disputa geopolítica por el control del Sáhara Occidental.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, ha declarado este lunes en Argel que quiere “profundizar” los lazos entre España y Argelia, sellando así la reanudación de las relaciones diplomáticas tras años de tensiones. La visita, la primera de Sánchez a la capital argelina en cuatro años, supone un paso significativo en el restablecimiento de los vínculos bilaterales.

El origen de la crisis diplomática

Las relaciones entre España y Argelia se rompieron tras el giro del Gobierno español en el contencioso del Sáhara Occidental. En 2022, Sánchez respaldó el plan de autonomía marroquí para la excolonia, lo que provocó la retirada de la embajadora argelina en Madrid y la suspensión del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación firmado en 2002.

La crisis, agravada por la dependencia energética de Argelia, provocó un enfriamiento comercial y político. Argel, que respalda al Frente Polisario, consideró la decisión de Sánchez como una afrenta a su posición histórica sobre el Sáhara.

Una visita en busca de reconciliación

El Gobierno español ha calificado esta visita como de “importancia particular”. Sánchez, acompañado por una delegación de empresarios, busca restablecer los lazos económicos y abrir una nueva etapa en la relación bilateral. Argelia es un socio clave para España en el suministro de gas natural y un mercado relevante para las exportaciones españolas.

La reunión entre Sánchez y las autoridades argelinas se produce después de meses de contactos discretos para recomponer la relación, según fuentes diplomáticas. La reanudación de las relaciones implica la vuelta del embajador español en Argel al completo de sus funciones y el desbloqueo de la cooperación económica.

En la declaración conjunta tras el encuentro, Sánchez afirmó que “queremos profundizar los lazos entre nuestros países”, en un mensaje que Argel ha recibido con cautela pero con la disposición a “relanzar la asociación estratégica” que un día existió.

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se ha reunido este lunes en Argel con el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, en un encuentro que busca recomponer los lazos bilaterales. La cita, que se produce el 20 de julio de 2026, tiene lugar después de que Madrid adoptara en 2022 un giro en su posición respecto al Sáhara Occidental al apoyar el plan de autonomía propuesto por Marruecos, lo que provocó una ruptura diplomática con Argel.

Un contexto estratégico

Argelia es un socio clave para España tanto por su papel como proveedor de gas como por su influencia en la estabilidad de la región del Sahel. La reunión llega en un momento en el que ambas partes han realizado gestos de acercamiento en los últimos meses, según fuentes diplomáticas. El encuentro pretende traducir esas intenciones en acuerdos concretos que abarquen áreas como la energía, la seguridad y la cooperación económica.

La visita de Sánchez a Argel se inscribe en el marco de los esfuerzos por avanzar en resultados tangibles, tras las recientes declaraciones de ambos gobiernos sobre la voluntad de restablecer la confianza mutua.

La crisis bilateral se desencadenó en 2022, cuando el Ejecutivo de Sánchez comunicó a Marruecos su cambio de postura sobre el Sáhara. Argel respondió suspendiendo el tratado de amistad con España y paralizando las transacciones comerciales. Desde entonces, las relaciones se habían mantenido en un mínimo histórico.

Con esta visita, Sánchez busca reabrir una vía de diálogo directa con Tebboune y explorar un marco de cooperación que permita superar el desencuentro. La agenda incluye la seguridad en el Sahel, donde Argelia juega un papel fundamental en la lucha contra el terrorismo, y el suministro energético, dada la dependencia española del gas argelino.