El especialista en armamento y perito balístico Juan Manuel Escobar ha calificado a Ucrania como el campo de pruebas de las guerras del siglo XXI, en una entrevista emitida el pasado 4 de junio. Escobar destaca que el país es el único en Europa, junto con Rusia, que acumula una amplia experiencia real en combate moderno.

Según el análisis del experto, la guerra en Ucrania está sirviendo como laboratorio para el desarrollo y la validación de nuevas tecnologías y tácticas militares. Aunque la industria ucraniana de defensa depende en buena medida de recursos extranjeros, el país ha desarrollado de forma significativa sus capacidades en el ámbito de los drones, un factor que hoy marca una diferencia importante sobre el terreno.

Las lecciones extraídas del conflicto son de particular interés para la industria de defensa española y para la planificación militar de la OTAN, ya que el uso masivo de sistemas no tripulados, la guerra electrónica y la adaptación táctica en tiempo real se perfilan como elementos centrales de los conflictos futuros. Escobar subrayó que el conflicto ucraniano está redefiniendo los estándares de la guerra moderna, donde la innovación tecnológica y la capacidad de adaptación rápida resultan más decisivas que el simple poderío numérico. Según el experto, la experiencia acumulada por Ucrania en el uso de drones y guerra electrónica ofrece lecciones que ningún otro país europeo puede replicar sin haber participado en combates reales. Este conocimiento, agregó, está siendo estudiado por las academias militares occidentales para incorporar tácticas adaptativas a sus manuales de entrenamiento.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó el pasado 30 de mayo un paquete de medidas destinadas a restringir la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en espacios considerados sensibles, como escuelas, iglesias y hospitales. La normativa establece que los agentes federales no podrán llevar a cabo detenciones o redadas en estos lugares sin una orden judicial expresa.

La decisión, según informó la oficina de la gobernadora, responde al endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump, que ha intensificado los operativos contra inmigrantes indocumentados en todo el país. Hochul ya había mostrado su oposición a las medidas federales en varias ocasiones, calificándolas de «crueles» e «injustas».

Un choque entre el estado y la Casa Blanca

Nueva York se suma así a otros estados gobernados por el Partido Demócrata que han tratado de blindar a los inmigrantes frente a las redadas federales. La medida de Hochul dificulta la labor del ICE en un estado donde residen más de 700.000 inmigrantes indocumentados, según datos del Instituto de Política Migratoria.

El Gobierno federal, a través del Departamento de Seguridad Nacional, ha criticado la iniciativa y ha advertido de que podría recurrir a los tribunales para impedir su aplicación. «La seguridad nacional no puede verse obstaculizada por decisiones políticas locales», declaró un portavoz del ICE en un comunicado.

Por su parte, organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes han aplaudido la medida. «Proteger a las familias que buscan refugio en espacios como escuelas o iglesias es un acto de humanidad y sentido común», señaló en un comunicado la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU).

El conflicto entre el estado de Nueva York y la Casa Blanca sobre inmigración se remonta a 2017, cuando el entonces gobernador Andrew Cuomo firmó una orden ejecutiva similar que posteriormente fue anulada por un tribunal federal. La nueva legislación busca dotar de mayor seguridad jurídica a la protección frente a las redadas.

Una startup de entrenamiento de inteligencia artificial, Shift, ha puesto en marcha en Nueva York un programa que ofrece limpieza gratuita de hogares a cambio de filmar a los residentes mientras realizan tareas cotidianas. La compañía, que planea expandirse a otras ciudades como Londres, busca obtener datos visuales del comportamiento humano doméstico para entrenar sus modelos de inteligencia artificial.

La iniciativa revela hasta qué punto la vida cotidiana se ha convertido en un recurso estratégico en la pugna global por la supremacía en inteligencia artificial. Mientras que durante años las empresas tecnológicas han recopilado datos a través de búsquedas en internet o interacciones en redes sociales, ahora el foco se desplaza hacia actividades físicas y rutinarias que antes quedaban fuera del radar de la industria.

Shift ofrece un servicio de limpieza sin coste, pero las personas que lo aceptan deben permitir que la empresa instale cámaras para grabar todas las acciones que realizan en su hogar durante la sesión de limpieza. Las grabaciones, según la compañía, se utilizarán para mejorar la capacidad de los sistemas de IA para reconocer y anticipar movimientos humanos en entornos reales, un campo conocido como aprendizaje por imitación.

La estrategia refleja la creciente escasez de datos de alta calidad para el entrenamiento de modelos, especialmente en el ámbito de la robótica y la interacción física. Empresas como OpenAI, Google o Meta compiten por acumular conjuntos de datos cada vez más detallados, y startups como Shift buscan nichos poco explotados, como las tareas del hogar, donde los datos disponibles son limitados.

El programa ha despertado un debate sobre los límites éticos de la recolección de datos. Críticos señalan que grabar a personas en su hogar plantea riesgos de privacidad y puede normalizar la vigilancia doméstica a cambio de servicios básicos. Shift afirma que los participantes firman un consentimiento informado y que pueden retirarse en cualquier momento.

La ministra de Finanzas de Nueva Zelanda, Nicola Willis, ha presentado este jueves unos presupuestos generales que protegen a las agencias de defensa e inteligencia de los recortes aplicados al resto de la Administración. La decisión, enmarcada en un contexto de ajuste fiscal, responde al argumento de que las crecientes tensiones geopolíticas exigen mantener la capacidad de respuesta del país. Willis defendió la medida ante el Parlamento de Wellington, señalando que el sistema internacional atraviesa un momento de especial fragilidad.

El sistema global basado en reglas está bajo tensión. Los países están aumentando su gasto en defensa, afirmó la ministra.

Nueva Zelanda se suma así a la tendencia occidental de incrementar las partidas militares, en un momento en que el conflicto en Ucrania y las tensiones en el Indo-Pacífico impulsan a gobiernos de todo el mundo a reforzar sus capacidades de disuasión. Aunque Willis no detalló la cuantía exacta destinada a defensa, sí confirmó que tanto el Ministerio de Defensa como los organismos de inteligencia quedarán exentos de los recortes que afectan a otros departamentos. La decisión contrasta con el ajuste fiscal general que el Gobierno neozelandés aplica para equilibrar las cuentas públicas.

El presupuesto, presentado el 29 de mayo de 2026, busca conciliar la disciplina fiscal con la seguridad nacional. Willis subrayó que la prioridad es mantener la preparación de las fuerzas armadas y la capacidad de los servicios de inteligencia para hacer frente a amenazas externas, en un entorno global que considera cada vez más incierto. La ministra no proporcionó cifras concretas del gasto militar, pero la exención de los recortes sitúa a la defensa como una de las partidas estratégicas del Gobierno neozelandés para el próximo ejercicio.