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Rusia procesa a una decena de cómicos por bromear sobre el ejército y la Iglesia

Por: P. Aguirre Larrañaga

El régimen ruso ha intensificado la persecución contra los humoristas que hacen bromas sobre las operaciones militares en Ucrania, la movilización, la Iglesia ortodoxa rusa y el presidente Vladímir Putin, según denuncian fuentes de la sociedad civil. La represión del humor crítico, que históricamente fue un recurso de resistencia durante la era soviética, se ha endurecido en los últimos años con leyes que castigan el descrédito de las fuerzas armadas y la difusión de información falsa.

El humor como blanco del Estado

La ortodoxia rusa ha sido instrumentalizada por el Kremlin como símbolo de identidad nacional y herramienta de legitimación, por lo que las críticas a la Iglesia o al líder del país son equiparadas a ataques contra el Estado. Varios comediantes han sido procesados en los últimos meses por chistes considerados ofensivos hacia las instituciones eclesiásticas o la gestión de la guerra.

La ley rusa de fake news sobre el ejército, aprobada en marzo de 2022, permite penas de prisión de hasta 15 años para quienes difundan información considerada falsa sobre las fuerzas armadas. Bajo este paraguas legal, las autoridades han incluido el humor que ironiza sobre la movilización de reservistas o los reveses militares en el frente ucraniano.

El sarcasmo y la ironía eran las únicas armas para resistir la opresión del totalitarismo soviético; hoy también están prohibidas, según denuncian activistas de derechos humanos.

Un control creciente sobre la disidencia

La persecución no se limita a los grandes nombres de la comedia: también afecta a humoristas locales, guionistas de televisión e incluso usuarios de redes sociales que comparten memes satíricos. Los cargos varían desde «extremismo» hasta «ultraje a los sentimientos religiosos», un delito que castiga la ofensa a la Iglesia ortodoxa con penas de hasta tres años de cárcel.

Según fuentes de la oposición rusa, el endurecimiento del control sobre el humor forma parte de una estrategia más amplia del Kremlin para eliminar cualquier espacio de crítica pública, en un contexto de creciente descontento social por la guerra y el deterioro económico. La Iglesia ortodoxa, por su parte, ha respaldado abiertamente las restricciones, al considerar que el humor irreverente atenta contra los valores tradicionales del país.

La comunidad internacional ha condenado en varias ocasiones estas prácticas, aunque sin lograr frenar la deriva autoritaria del régimen de Putin. El uso de la fe como escudo frente a la disidencia recuerda, según algunos analistas, a los mecanismos de control ideológico de la época soviética, pero con herramientas legales y tecnológicas del siglo XXI.

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La Ley de Censura Digital de la UE fracasa: solo el 12% de apelaciones se resuelven a tiempo

Por: I. Lasagabaster

Un centro de apelaciones financiado por la Unión Europea ha publicado cifras que confirman que la Ley de Servicios Digitales (DSA) es inviable como mecanismo de control de contenidos, según informó el organismo este jueves.

El Centro de Apelaciones para la Libertad de Expresión, creado por Bruselas para supervisar las decisiones de las plataformas digitales en el marco de la DSA, reconoció que su capacidad para procesar reclamaciones es limitada. De las 43.000 apelaciones recibidas hasta abril de 2026, solo el 12% fueron resueltas dentro del plazo legal de 30 días, y la mayoría no condujo a la restauración de contenidos eliminados.

Un sistema colapsado desde su origen

La DSA, vigente desde 2023, obliga a las grandes plataformas a retirar contenido considerado ilegal o nocivo, pero también establece un derecho de apelación. El centro de apelaciones, con un presupuesto anual de 15 millones de euros y una plantilla de 120 personas, ha demostrado ser insuficiente para manejar el volumen de casos. Según el informe, un usuario espera de media 67 días para obtener una respuesta, y el 78% de las resoluciones confirman la decisión original de la plataforma.

«Estos datos demuestran que la DSA no es más que un régimen de censura encubierta, donde el derecho a recurrir es una ilusión», declaró una portavoz del centro, aunque en tono informal durante una conferencia.

Consecuencias para el modelo digital europeo

La revelación llega en un momento crítico, cuando la Comisión Europea prepara una revisión de la DSA prevista para 2027. Asociaciones de derechos digitales han calificado los hallazgos como «una prueba irrefutable del fracaso del enfoque centralizado de moderación de contenidos». Por su parte, fuentes del Parlamento Europeo han señalado que el informe podría acelerar la reforma de la ley para flexibilizar los plazos y aumentar la financiación del centro.

Mientras tanto, las plataformas tecnológicas han evitado comentar directamente, aunque fuentes internas indican que ven con buenos ojos cualquier cambio que reduzca su carga legal.

El centro de apelaciones, lejos de legitimar el sistema, ha expuesto sus costuras. Seguirá operando mientras se negocia su futuro, pero la credibilidad de la DSA como herramienta de equilibrio entre libertad de expresión y seguridad jurídica queda seriamente cuestionada.

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