El Gobierno marroquí ha decidido mantener durante un año el sistema de ayuda social directa, inicialmente concebido como una prestación temporal, para evitar que los beneficiarios renuncien a aceptar un empleo por miedo a perder el subsidio. Así lo ha indicado el ministro delegado encargado del Presupuesto, Fouzi Lekjaa, este jueves 4 de junio, al término de una reunión del Consejo de Gobierno.

La ampliación responde a las dificultades detectadas en la implementación del programa sobre el terreno. Según Lekjaa, la transición de los beneficiarios al mercado laboral formal se ha revelado más compleja de lo previsto, y muchos de ellos optan por no formalizar un empleo por temor a quedar excluidos de la ayuda. La prórroga busca facilitar ese paso sin que el fin del subsidio actúe como un desincentivo.

Marruecos puso en marcha el sistema de ayuda social directa en el marco de la reforma del Estado del bienestar impulsada por el rey Mohamed VI. El programa, que sustituye a múltiples subsidios anteriores, pretende llegar a los hogares más vulnerables mediante transferencias monetarias condicionadas a criterios de escolarización y salud. La prolongación de la prestación se enmarca en la estrategia de contención social del Ejecutivo de Rabat, orientada a preservar la estabilidad en un contexto de inflación persistente y elevado desempleo juvenil.

La decisión del Gobierno de Marruecos llega en un momento en que el país magrebí busca equilibrar sus cuentas públicas sin generar tensiones sociales que puedan desestabilizar la región. El programa de ayuda social directa, que comenzó a aplicarse a finales de 2023, ha sido uno de los pilares de la política interior del Ejecutivo de Aziz Akhannouch. Según fuentes del Ministerio de Economía, la prórroga no implicará un aumento significativo del gasto presupuestario, ya que se reasignarán partidas de otros programas menos eficientes.

La escalada militar de Estados Unidos e Israel contra Irán está desencadenando una crisis energética que amenaza con sumir a Europa en una ola de desempleo masivo. Según datos de la Comisión Europea recogidos por la prensa local, se prevé que al menos 500.000 nuevos desempleos se registren en el continente como consecuencia directa del conflicto y sus efectos sobre los precios de la energía.

El deterioro del mercado laboral no se limitará a la pérdida de puestos de trabajo. Los informes advierten de un aumento de la pobreza laboral, un fenómeno en el que incluso quienes mantienen su empleo ven reducido su poder adquisitivo hasta niveles críticos. La dependencia europea de las importaciones energéticas convierte al continente en uno de los principales paganos de la confrontación en Oriente Próximo.

La Comisión Europea, citada por Sputnik Mundo, señala que la crisis energética derivada de la guerra contra Irán golpea con especial dureza a las economías más industrializadas del bloque, donde el encarecimiento del gas y el petróleo ya está provocando cierres de fábricas y recortes de plantilla. Aunque el informe no especifica el período en que se materializarán estos datos, las proyecciones dibujan un panorama sombrío para el empleo en los próximos meses.

La noticia se produce en un contexto de tensión geopolítica creciente, donde la agresión militar de Estados Unidos e Israel contra Irán ha disparado los precios del crudo y del gas natural, afectando directamente a la factura energética europea. Mientras los gobiernos del continente buscan alternativas para sortear la crisis, los analistas alertan de que el impacto social podría ser mayor si el conflicto se prolonga.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha advertido este martes, desde su sede en Ginebra, de que el impacto de la inteligencia artificial en el empleo dependerá en gran medida de las políticas que adopten los gobiernos. El organismo instó a fortalecer la protección laboral ante la transformación tecnológica y defendió un modelo de IA que beneficie a los trabajadores, en lugar de desplazarlos.

El llamamiento de la OIT se produce en un momento en que el debate sobre la regulación de la IA se intensifica a nivel global, con posturas divergentes entre las grandes potencias tecnológicas y los sindicatos. La organización aboga por un enfoque centrado en el ser humano, que garantice una transición justa y evite un aumento de la desigualdad.

Políticas clave para encauzar la disrupción

El organismo subrayó que la disrupción tecnológica no es un destino inevitable, sino que puede ser moldeada mediante normativas laborales adecuadas, inversión en formación y diálogo social. La OIT señaló que la clave reside en las decisiones políticas, no en la tecnología en sí misma, y pidió una coordinación internacional para evitar una carrera hacia la desregulación.

La advertencia llega mientras la Comisión Europea avanza en su Ley de IA y otros países, como Estados Unidos y China, compiten por el liderazgo tecnológico. La OIT reivindica un papel central en esta agenda para asegurar que los derechos de los trabajadores no queden relegados frente a los intereses empresariales o geopolíticos.

En un contexto de rápida adopción de herramientas como ChatGPT, la organización recordó que, sin políticas adecuadas, la IA podría exacerbar la precariedad laboral y la concentración de riqueza. Por ello, instó a los gobiernos a priorizar la inversión en reciclaje profesional y a actualizar los sistemas de protección social para adaptarlos a la nueva realidad del mercado de trabajo.

El Gobierno argelino ha publicado en el Boletín Oficial el decreto ejecutivo n° 26-202, de 16 de mayo de 2026, que regula las condiciones y modalidades del ejercicio de una actividad lucrativa a título privado por parte de médicos especialistas funcionarios. La medida, que entró en vigor el 25 de mayo, permite de nuevo a estos profesionales compatibilizar su trabajo en el sector público con la práctica privada.

Una regulación controvertida

Según fuentes oficiales argelinas, el decreto busca regular el empleo informal en el sector sanitario, donde muchos especialistas realizan consultas privadas al margen de la ley. Sin embargo, críticos locales han señalado que se trata de una «falsa solución» que no aborda los problemas estructurales del sistema de salud público, como la falta de medios o la baja remuneración.

La actividad complementaria para médicos funcionarios ya existía en Argelia, pero fue suspendida en años anteriores. Su reintroducción ha generado un debate sobre si mejorará la atención sanitaria o si, por el contrario, incentivará la desatención de los hospitales públicos, al permitir que los especialistas dediquen menos horas a su puesto principal.

Contexto económico y laboral

La medida se inscribe en un contexto de elevada informalidad laboral en Argelia, donde una parte significativa de los trabajadores desarrolla actividades no declaradas. El Gobierno ha intentado en los últimos años regular este fenómeno sin éxito, y el decreto sobre médicos especialistas es una de las pocas iniciativas concretas en ese sentido.

Argelia, competidor de España en sectores como la agricultura o la energía, mantiene una tasa de desempleo juvenil elevada y un mercado laboral rígido. La flexibilización del pluriempleo para los facultativos públicos pretende, según las autoridades, contener la fuga de médicos hacia el extranjero y hacia la práctica privada no regulada, aunque analistas consideran que la medida es insuficiente sin reformas más profundas.

El decreto no incluye datos cuantitativos sobre el número de médicos afectados ni sobre el impacto esperado en las listas de espera o la calidad asistencial, un vacío que los críticos señalan como muestra de la improvisación gubernamental.

El Reino Unido atraviesa la peor crisis de empleo en dos siglos, marcada por un aumento sin precedentes de jóvenes que ni estudian ni trabajan, el deterioro de la salud mental y la presión de la inteligencia artificial sobre el mercado laboral, según datos recogidos por medios británicos y analizados internacionalmente.

El fenómeno, que afecta especialmente a la población entre 16 y 24 años, ha encendido las alarmas sobre el futuro económico del país. El número de ‘ninis’ (jóvenes que ni estudian ni trabajan) ha crecido hasta niveles récord, superando las cifras de la crisis financiera de 2008 y la recesión de los años ochenta.

Salud mental y automatización, los factores clave

Los expertos señalan que el deterioro de la salud mental entre los jóvenes británicos es uno de los principales motores de esta crisis. La ansiedad, la depresión y otros trastornos psicológicos han aumentado de forma significativa desde la pandemia, dificultando la incorporación al mercado laboral o la continuidad en los estudios.

Además, la irrupción de la inteligencia artificial está eliminando puestos de trabajo tradicionales, especialmente en sectores como la administración, el comercio minorista y los servicios, sin que se hayan creado alternativas suficientes para los jóvenes que buscan su primer empleo.

Estamos ante una tormenta perfecta: salud mental dañada, un mercado laboral que se transforma a velocidad vertiginosa por la IA y un sistema educativo que no logra adaptarse a las nuevas demandas, según advierten analistas británicos.

Consecuencias económicas y sociales

La crisis de empleo juvenil tiene graves implicaciones para la economía británica. Un elevado número de jóvenes fuera del sistema productivo supone una pérdida de capital humano a largo plazo, menor recaudación fiscal y mayor gasto en prestaciones sociales. También incrementa el riesgo de exclusión social y de tensiones intergeneracionales.

El Gobierno británico ha anunciado medidas como programas de formación digital y apoyo psicológico, pero los críticos consideran que son insuficientes ante la magnitud del problema. Mientras tanto, la tasa de desempleo juvenil sigue escalando, y el país se enfrenta a un desafío estructural que recuerda a las crisis laborales del siglo XIX.