A finales de febrero de 2026, Irán cerró el estrecho de Ormuz al tráfico marítimo extranjero. Lo que comenzó como una clausura caótica en plena escalada bélica regional se ha endurecido en los últimos días hasta convertirse en un régimen de peaje soberano, codificado en la ley iraní y tasado en criptomoneda.
El 18 de mayo, el régimen de los ayatolás puso en marcha la Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés), una burocracia estatal con dominio propio (pgsa.ir), cuenta en la red social X y dirección de correo electrónico. Desde entonces, Teherán ha delimitado una «zona de supervisión de gestión» a lo largo del estrecho y ha anunciado un sistema de permisos de tránsito que convierte Hormuz de una vía marítima internacional en un peaje controlado.
Según fuentes de inteligencia naval citadas por analistas estadounidenses, la medida supone un desafío directo al derecho internacional marítimo y amenaza con estrangular el flujo del 20% del crudo mundial que atraviesa el estrecho. Irán, que controla la isla de Qeshm y las costas del golfo, ha desplegado baterías de misiles antibuque y lanchas rápidas para hacer cumplir la nueva regulación. Los buques que no obtengan el permiso digital quedarían expuestos a inspección o ataque.
La comunidad internacional ha reaccionado con cautela. Estados Unidos, a través de su Quinta Flota con base en Bahréin, ha declarado que no reconocerá el peaje y que mantendrá la libertad de navegación. No obstante, la marina iraní ha interceptado ya tres petroleros de bandera liberiana en la última semana, según fuentes navales citadas por medios internacionales. La crisis energética que se avecina podría disparar el precio del barril de crudo por encima de los 150 dólares, según estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía.
