El partido del presidente de Guinea, Mamadi Doumbouya, ha obtenido una victoria aplastante en las elecciones legislativas y locales celebradas el pasado 5 de junio, según los resultados provisionales publicados este viernes. La formación gobernante se ha hecho con casi todos los 147 escaños de la Asamblea Nacional y con la mayoría de los consejos comunales, en unos comicios considerados clave para la transición política tras el golpe de Estado de 2021.

Los resultados, dados a conocer por la comisión electoral, confirman el dominio absoluto del movimiento del exmilitar, que llegó al poder mediante un golpe en septiembre de 2021 y que se ha mantenido al frente del país desde entonces. La oposición, dividida y debilitada, optó mayoritariamente por el boicot, lo que allanó el camino para la victoria sin apenas oposición del partido gobernante.

El movimiento del presidente Mamadi Doumbouya ha ganado casi todos los 147 escaños de la Asamblea Nacional y la mayoría de los consejos comunales.

Una transición tutelada por los militares

Doumbouya, que se autoproclamó presidente tras derrocar al entonces mandatario Alpha Condé, ha prometido en repetidas ocasiones devolver el poder a los civiles, pero sin fijar un calendario concreto. Esta victoria electoral le otorga un control parlamentario casi total y refuerza su posición de cara a una eventual candidatura presidencial, a pesar de las críticas de la comunidad internacional por la falta de garantías democráticas.

La Unión Africana y la CEDEAO han instado a Guinea a acelerar el retorno al orden constitucional, mientras que la Unión Europea ha expresado su preocupación por la exclusión de la oposición. No obstante, la abrumadora victoria del partido en el poder consolida el control militar sobre la transición, en un contexto regional marcado por la inestabilidad en el Sahel.

Implicaciones para España

La situación en Guinea tiene repercusiones directas para España. El país africano es un importante productor de bauxita, mineral esencial para la industria del aluminio, y varias multinacionales españolas tienen intereses mineros en la región. Una eventual escalada de tensiones internas podría afectar al suministro y a la inversión española.

Además, Guinea constituye un origen relevante de flujos migratorios hacia Europa. La inestabilidad política y la falta de perspectivas económicas podrían incrementar la presión migratoria sobre las costas españolas. Por estas razones, el Gobierno español sigue con atención la evolución de la transición guineana, que se perfila bajo el control de un régimen con un poder legislativo casi sin oposición.

Según fuentes diplomáticas en Conakry, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no tiene previsto por ahora adoptar una postura oficial ante los resultados electorales, pero mantiene contactos con la misión de la UE y con la sociedad civil guineana para evaluar la situación sobre el terreno.

Ucrania y sus aliados han puesto en marcha un tribunal especial para juzgar el crimen de agresión cometido por Rusia con la invasión a gran escala de 2022. La iniciativa, anunciada en junio de 2026, busca cerrar una brecha en el derecho penal internacional que hasta ahora impedía procesar a los líderes rusos por la decisión misma de invadir, más allá de los crímenes de guerra o de lesa humanidad que ya investiga la Corte Penal Internacional (CPI).

El tribunal, cuyo diseño institucional aún se negocia, contará con el respaldo explícito de más de 40 países, según fuentes diplomáticas. La Unión Europea ha comprometido 50 millones de euros como financiación inicial, una cantidad que se prevé ampliar conforme avance la estructura del mecanismo híbrido internacionalizado. El fiscal general de Ucrania, en un discurso ante la Asamblea Nacional, declaró:

Este tribunal no es opcional, es una obligación moral y legal.

La declaración subraya el tono de urgencia con el que Kiev y sus socios abordan la creación de esta instancia judicial.

Un vacío legal que se cierra

El crimen de agresión –definido en el Estatuto de Roma como el uso de la fuerza armada por un Estado contra la soberanía de otro– ha sido históricamente el más difícil de perseguir. La CPI puede juzgarlo, pero solo cuando el Estado agresor ha ratificado el Estatuto, lo que no es el caso de Rusia. El nuevo tribunal sorteará esa limitación al establecerse mediante un acuerdo multilateral entre Ucrania y sus aliados, sin pasar por el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Rusia tiene poder de veto.

Expertos en justicia transicional consultados por la fiscalía ucraniana señalan que las pruebas del crimen de agresión –actas del Consejo de Seguridad ruso, órdenes militares, declaraciones públicas de líderes– son especialmente sensibles y su manejo requerirá protocolos estrictos de clasificación. Las agencias de inteligencia occidentales, que ya han compartido información con la CPI, prevén colaborar también con este tribunal, lo que abre la puerta a filtraciones y operaciones de influencia que podrían marcar la geopolítica de la información en los próximos meses.

El 41.º Space Symposium, celebrado en Colorado Springs, ha sido el escenario de una de las entrevistas más reveladoras sobre el futuro de la exploración espacial. Marshall Smith, exdirectivo de la NASA y actual consejero delegado de Starlab Space, conversó con Torsten Kriening sobre el momento crítico que atraviesa la transición de la gestión pública a la privada de las estaciones orbitales.

El relevo comercial de la Estación Espacial Internacional

Smith advirtió del riesgo real de un vacío operativo en la órbita baja terrestre cuando la Estación Espacial Internacional (ISS) llegue al final de su vida útil, previsto para finales de esta década. «Si no aceleramos el ritmo, corremos el peligro de que no haya plataforma habitada durante varios años», declaró el directivo.

El reto no es solo técnico, sino de calendario. Dejar un hueco en la presencia humana en el espacio supondría un retroceso para la investigación y la cooperación internacional.

Starlab Space, un consorcio liderado por Voyager Space y Airbus, desarrolla una estación espacial comercial destinada a suceder a la ISS. Según explicó Smith, la compañía prevé tener su módulo principal operativo a mediados de la próxima década, aunque el margen es estrecho.

De la NASA al sector privado

Smith, que durante su etapa en la agencia espacial estadounidense supervisó programas clave de exploración, defendió que el modelo comercial es la única vía viable para mantener una presencia continua en el espacio. «La NASA nos ha pasado el testigo, pero necesitamos que el sector privado reciba el apoyo regulatorio y de financiación adecuado», afirmó durante la entrevista, recogida por fuentes del certamen.

El directivo subrayó que la colaboración público-privada es esencial, pero advirtió de que los plazos de la NASA y los de la industria no siempre están alineados. La agencia ha impulsado el programa Commercial LEO Destinations (CLD) para fomentar estaciones privadas, pero los críticos señalan que los contratos son insuficientes para cubrir los costes de desarrollo.

Humanidad como especie multiplanetaria

La entrevista también exploró la visión a largo plazo de Smith: «El objetivo último es convertirnos en una especie multiplanetaria«, declaró. Starlab Space no solo aspira a sustituir a la ISS, sino a servir como plataforma para la fabricación en microgravedad y la investigación avanzada que prepare el camino hacia la Luna y Marte.

El Space Symposium ha sido testigo de múltiples acuerdos y presentaciones, pero la entrevista con Smith ha sido destacada por los asistentes como una de las que mejor refleja el momento de transición que vive la industria: el paso de la era gubernamental a la comercial, con todos sus riesgos y oportunidades.

La mina Resolution Copper, ubicada en Arizona y participada por las mineras Rio Tinto y BHP, se presenta como un proyecto clave para garantizar el suministro nacional de cobre en Estados Unidos. Con la rápida expansión de la inteligencia artificial y la electrificación de la economía, el yacimiento aspira a reducir la dependencia exterior de un mineral crítico para la infraestructura eléctrica y tecnológica, según ha informado la empresa responsable del proyecto.

El cobre, considerado un mineral crítico para la transición energética y la digitalización, es indispensable en la fabricación de cables, baterías, centros de datos y equipos electrónicos. La creciente demanda impulsada por la inteligencia artificial y la electrificación del transporte y la industria ha elevado la presión sobre las cadenas de suministro globales, lo que otorga a los proyectos nacionales como Resolution Copper un valor estratégico añadido.

El proyecto, que lleva años en fase de tramitación, promete generar empleo e inversión en Arizona, además de contribuir a la soberanía industrial estadounidense. Según la empresa, la mina podría producir hasta el 25% del cobre que consume Estados Unidos anualmente, un volumen que aliviaría la dependencia de importaciones, especialmente de Chile y Perú, los principales proveedores extranjeros.

Sin embargo, el proyecto no está exento de controversia. Resolution Copper ha sido objeto de oposición por parte de comunidades indígenas y grupos ecologistas, que alertan del impacto sobre el agua subterránea y el entorno natural en la zona de Oak Flat, considerada sagrada por la tribu apache de San Carlos. La empresa asegura que aplicará las mejores prácticas ambientales y que el proyecto cuenta con los permisos necesarios en tramitación.

La apuesta por la minería doméstica de cobre se enmarca en la estrategia de la administración estadounidense para asegurar las cadenas de suministro de minerales críticos, en línea con la Ley de Reducción de la Inflación y otras iniciativas de impulso a la fabricación local. La Casa Blanca ha señalado en reiteradas ocasiones la necesidad de reducir la dependencia de China en el procesamiento de tierras raras y otros materiales estratégicos.

Según la empresa, el inicio de la producción está previsto para finales de esta década, sujeto a la obtención de las autorizaciones finales. El proyecto Resolution Copper representa, en opinión de sus responsables, un paso firme hacia la autosuficiencia energética y tecnológica de Estados Unidos.