El secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, ha declarado que Israel comete crímenes de guerra y ha calificado su comportamiento de “Estado canalla”, según revela una investigación de la organización Declassified UK. La afirmación, realizada el 22 de julio de 2026, sitúa a Streeting en una posición contradictoria con su responsabilidad de supervisar el tratado militar bilateral que Londres mantiene con Tel Aviv.

La postura del alto cargo británico abre la puerta a tensiones diplomáticas y a una posible revisión de la cooperación en materia de defensa entre ambos países. El tratado militar, que hasta ahora se había mantenido al margen de las críticas sobre la conducta de Israel, podría verse afectado por las declaraciones de un ministro que reconoce explícitamente la existencia de crímenes de guerra por parte del Ejército israelí.

La organización Declassified UK, que destapó las palabras de Streeting, subraya la contradicción entre el discurso del secretario y su papel como garante del acuerdo bilateral. “Wes Streeting dijo que Israel estaba cometiendo crímenes de guerra. ¿Y ahora qué?”, se pregunta el informe, que incide en la incompatibilidad entre la condena verbal y la continuidad del apoyo militar.

Wes Streeting calificó el comportamiento de Israel como “rogue state behaviour” (comportamiento de Estado canalla) y confirmó que el país comete crímenes de guerra.

Las implicaciones para la geopolítica de Oriente Próximo son significativas. El Reino Unido, socio tradicional de Israel, se encuentra ahora con un ministro de Defensa que cuestiona la legitimidad de su aliado. La Unión Europea y España, que han mantenido posturas críticas con la operación militar israelí, observan con atención si Londres revisará su postura.

De momento, no se ha anunciado ninguna modificación oficial del tratado, pero la presión interna y externa podría forzar a Downing Street a pronunciarse sobre la compatibilidad de la alianza con las denuncias de crímenes de guerra. La comunidad diplomática espera que el Gobierno británico clarifique si las palabras de Streeting reflejan un cambio de política o una mera opinión personal.

La agencia de catastro de Rumanía (ANCPI) continúa este lunes inmersa en la recuperación de sus sistemas tras sufrir un ciberataque que ha interrumpido el mercado de propiedades. El gobierno rumano ha calificado el incidente como «el ataque cibernético más grave en la historia de la institución».

El ataque, cuyos autores aún no han sido identificados, afectó a los servicios críticos de registro de tierras, provocando un impacto directo en la actividad inmobiliaria y administrativa del país. Las autoridades rumanas han puesto en marcha una investigación para esclarecer el origen del incidente, mientras los equipos técnicos trabajan para restablecer la plena operatividad del sistema.

La ANCPI es el organismo público encargado de gestionar el catastro y el registro de la propiedad en Rumanía, un país miembro de la Unión Europea con casi 20 millones de ciudadanos. La paralización de sus servicios afecta tanto a transacciones privadas como a procedimientos administrativos, hipotecas y herencias.

El ciberataque a la infraestructura crítica rumana se suma a una creciente ola de incidentes de seguridad en la administración pública europea. Las autoridades no han ofrecido por ahora una fecha estimada para la recuperación completa ni han detallado si los sistemas contaban con medidas de seguridad adicionales, como copias de seguridad offline.

La Comisión Europea no se ha pronunciado aún sobre el incidente, pero fuentes comunitarias señalan que Bruselas sigue de cerca la evolución del caso. La ciberseguridad de las administraciones públicas es una prioridad en la UE, que ha impulsado la directiva NIS2 para reforzar la protección de infraestructuras críticas en todos los Estados miembros.

Mientras tanto, el mercado inmobiliario rumano permanece en vilo. Notarías, bancos y ciudadanos afectados esperan la restitución de los servicios para retomar las operaciones paralizadas desde que se detectó el ataque.