El parlamento marroquí, controlado por el partido del Gobierno, ha adoptado este 5 de junio en comisión parlamentaria la reforma de la ley relativa a las regiones. El texto, que busca mejorar la ley de 2015, será sometido próximamente a votación en el pleno, en un contexto de estancamiento de las negociaciones internacionales sobre el Sáhara Occidental.

La reforma, que no ha trascendido aún en detalle, tiene como objetivo profundizar la descentralización y reforzar las competencias de las regiones, según fuentes parlamentarias consultadas. La iniciativa legislativa llega en un momento en que el proceso de Naciones Unidas para resolver el conflicto del Sáhara Occidental, liderado por el enviado personal del secretario general, no registra avances significativos desde la última ronda de conversaciones.

Marruecos, que controla de facto la mayor parte del territorio del Sáhara Occidental, defiende un plan de autonomía bajo su soberanía, mientras que el Frente Polisario, respaldado por Argelia, exige un referéndum de autodeterminación. La nueva ley de regiones podría interpretarse como un movimiento estratégico para consolidar la administración marroquí en las provincias del sur, sin esperar a una solución negociada.

La tramitación parlamentaria de la reforma ha sido rápida, lo que refleja la mayoría del oficialismo en la Cámara de Representantes. Una vez aprobada en el pleno, el texto será remitido al jefe del Gobierno y, posteriormente, al rey para su promulgación. Fuentes del Ejecutivo han señalado que la ley pretende armonizar la organización territorial con las exigencias del desarrollo regional, un eje clave del plan de desarrollo del país.

La noticia se produce semanas después de que el parlamento europeo debatiera el cumplimiento de los acuerdos pesqueros y agrícolas con Marruecos, que incluyen al Sáhara Occidental, y en medio de las tensiones diplomáticas entre Rabat y Madrid por el giro del Gobierno español respecto al Sáhara. Mientras tanto, la ONU mantiene su mediación sin fecha clara para la próxima mesa redonda.

La Unión Europea debate en las próximas semanas una medida que podría excluir del estatus de protección temporal a los ciudadanos ucranianos varones en edad de ser reclutados, lo que les obligaría a regresar a Ucrania para combatir. La propuesta, respaldada por varios Estados miembros y también por el Gobierno de Kiev, busca aliviar la presión migratoria y reforzar la capacidad defensiva ucraniana, pero ha generado un intenso debate legal y humanitario.

Según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), unos 200.000 ucranianos en edad militar residen actualmente en la UE. En España, que acoge a más de 180.000 refugiados ucranianos en total, la medida podría afectar a una parte significativa de esa población. Los países partidarios de la exclusión argumentan que la protección temporal fue concebida para civiles que huyen de la guerra, no para potenciales combatientes que podrían contribuir a la defensa de su país.

Reacciones encontradas

La posible decisión ha provocado opiniones divididas entre los Estados miembros. Mientras algunos ven en ella una forma de equilibrar las cargas migratorias y apoyar a Ucrania, organizaciones de derechos humanos advierten de que forzar el retorno de personas en edad militar podría contravenir el principio de no devolución, piedra angular del derecho de asilo. La Comisión Europea ha instado a evaluar la medida caso por caso, respetando las garantías individuales.

Desde Ucrania, el Gobierno ha expresado su apoyo a la iniciativa. Kiev necesita reforzar sus filas ante la persistente agresión rusa, y considera que la presencia de miles de hombres en edad militar en la UE representa un potencial movilizable. No obstante, fuentes diplomáticas consultadas señalan que la aplicación práctica sería compleja, ya que requeriría identificar a los afectados y coordinar su salida con las autoridades ucranianas.

Por primera vez en la historia de Berberati, los consejeros municipales elegirán a su alcalde el próximo 5 de junio. Este escrutinio inédito se celebra en la segunda ciudad más poblada de la República Centroafricana, y simboliza la reactivación de la política local tras años de conflicto armado e inestabilidad institucional.

La elección, que tendrá lugar en el ayuntamiento de la localidad, marca un punto de inflexión para una urbe que durante la guerra civil quedó devastada y sin administración municipal efectiva. Según informaron fuentes del Gobierno centroafricano, este proceso forma parte de los esfuerzos de descentralización impulsados desde Bangui, con el apoyo de la Misión de las Naciones Unidas en el país (MINUSCA).

Berberati, capital de la prefectura de Mambéré-Kadéï, ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos armados y el ejército regular. La ausencia de elecciones locales perpetuó un vacío de poder que favoreció la economía ilegal, especialmente la explotación de madera y diamantes. Con la elección del alcalde, las autoridades confían en retomar el control institucional y canalizar la ayuda humanitaria hacia la reconstrucción de infraestructuras básicas.

Un test para la descentralización

El proceso electoral de Berberati se considera una prueba de fuego para el plan de descentralización centroafricano. La Constitución de 2016 establece la elección directa de los alcaldes, pero la violencia y la debilidad del Estado central retrasaron su aplicación. Ahora, la Autoridad Nacional Electoral de la República Centroafricana ha anunciado que la votación se celebrará con observadores internacionales.

La comunidad internacional sigue con atención este acontecimiento. La República Centroafricana es un país rico en recursos naturales (diamantes, oro, uranio), pero sumido en una crisis humanitaria desde 2013. Países como España han participado en misiones de la UE y en programas de cooperación al desarrollo en la región.

La jornada del 5 de junio decidirá quién gobernará Berberati los próximos cinco años. Un resultado pacífico y transparente podría allanar el camino para que otras localidades del país sigan el mismo ejemplo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha intensificado sus gestiones para expandir los Acuerdos de Abraham a nuevos países árabes y musulmanes, según un análisis de la situación diplomática en Oriente Medio. Sin embargo, la iniciativa se topa con la resistencia silenciosa de los líderes regionales, que no responden a las presiones de Washington para normalizar relaciones con Israel.

De acuerdo con fuentes próximas a las conversaciones, Trump ha presionado a varios mandatarios durante las últimas semanas, enmarcando la normalización como una condición para un acuerdo que ponga fin a la guerra contra Irán. La estrategia, según los analistas, ignora las dinámicas locales de inteligencia y las sensibilidades políticas de los países no firmantes.

Una propuesta que ignora el contexto regional

Los estados árabes y musulmanes no permanecen en silencio por falta de una postura sobre la normalización. De hecho, ya han articulado una posición colectiva a través de la Iniciativa de Paz Árabe de 2002, que ofrece relaciones normalizadas con Israel a cambio de la retirada total de los territorios ocupados. Esta propuesta, respaldada por más de 50 países, sigue siendo el marco de referencia para cualquier avance diplomático.

El enfoque de Trump, sin embargo, se dirige a las audiencias equivocadas y formula exigencias que no tienen en cuenta las complejidades de la región. Los actores de inteligencia locales, que desempeñan un papel clave en cualquier proceso de normalización, no han sido integrados adecuadamente en las conversaciones, lo que explica en parte el silencio al otro lado de la línea.

Implicaciones para la geopolítica regional

La expansión de los Acuerdos de Abraham busca consolidar alianzas anti-Irán y aislar a actores como Qatar. Sin embargo, la estrategia actual corre el riesgo de fracasar si no se adapta a las realidades diplomáticas y de seguridad de la región. Mientras Washington insiste en un enfoque de suma cero, los líderes regionales esperan señales más sólidas de que Israel está dispuesto a avanzar hacia una solución de dos estados.

El silencio de los interlocutores, según el análisis, no es una negativa categórica, sino una pausa calculada. Los países árabes evalúan si la administración Trump ofrece garantías suficientes para un proceso de paz que no se limite a un mero intercambio diplomático sin concesiones sustanciales por parte de Israel.

El economista beninés Léonard Wantchekon ha afirmado que formalizar la economía informal en África podría reportar 125.000 millones de dólares (unos 115.200 millones de euros) al continente. Wantchekon, profesor en la Universidad de Princeton, realizó estas declaraciones el 3 de junio de 2026 en el contexto de una creciente presión fiscal sobre los países africanos, agravada por restricciones presupuestarias y shocks externos.

Según Wantchekon, más que el nivel de imposición, lo que realmente condiciona el rendimiento económico es la capacidad de los Estados para recaudar impuestos de manera eficiente y generar confianza entre los contribuyentes. «Formalizar la economía puede reportar 125.000 millones de dólares a África», señaló el economista, quien ha estudiado en profundidad las dinámicas fiscales y el desarrollo institucional en el continente.

La economía informal en África representa, según estimaciones del Banco Mundial, entre el 30% y el 60% del PIB de la mayoría de los países, lo que limita la base imponible y reduce la capacidad de los gobiernos para financiar servicios públicos esenciales. Wantchekon subrayó que la formalización no solo incrementaría los ingresos fiscales, sino que también mejoraría la productividad y la estabilidad económica.

El economista destacó que la clave no está en subir los impuestos, sino en mejorar la recaudación y combatir la evasión fiscal. «La confianza es fundamental: si los ciudadanos perciben que sus impuestos se traducen en bienes públicos, estarán más dispuestos a formalizarse», explicó. Wantchekon también advirtió que los países africanos deben diseñar políticas adaptadas a sus realidades locales, evitando copiar modelos de otras regiones sin ajustes.

La Comisión de Interior, Colectividades Territoriales e Infraestructuras de la Cámara de Consejeros de Marruecos ha aprobado este lunes, por unanimidad, el proyecto de ley orgánica Nº031.26, que modifica y completa la ley orgánica Nº111.14 relativa a las regiones. El texto, que profundiza la regionalización avanzada, contempla una dotación presupuestaria de 12.000 millones de dírhams (aproximadamente 1.100 millones de euros) y amplía las competencias de las entidades territoriales.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno marroquí, forma parte del proceso de regionalización avanzada que el reino alauí viene desarrollando desde 2015. Esta política busca una mayor descentralización administrativa y económica, al tiempo que refuerza el control del Estado sobre todo el territorio nacional, incluyendo la región del Sáhara Occidental, una cuestión que afecta directamente las relaciones con España.

El presidente de la comisión, Moulay Abderrahmane Blila, anunció la aprobación tras la reunión celebrada en Rabat. El proyecto de ley deberá ser ratificado ahora por el pleno de la Cámara de Consejeros antes de su promulgación. La reforma otorga nuevas atribuciones a los consejos regionales en ámbitos como la inversión, la planificación territorial y la gestión de servicios públicos, con el objetivo de impulsar el desarrollo local y reducir las disparidades entre regiones.

Marruecos ha destinado un presupuesto significativo para acompañar esta descentralización. Los 12.000 millones de dírhams se suman a los recursos ya transferidos en ejercicios anteriores. Según fuentes parlamentarias, la dotación permitirá a las regiones asumir competencias en materia de infraestructuras, formación profesional y promoción económica, entre otras.

La regionalización avanzada es uno de los ejes de la política territorial marroquí desde la reforma constitucional de 2011. Para Rabat, se trata de un instrumento clave para gestionar la diversidad regional y, especialmente, para consolidar su soberanía sobre el Sáhara Occidental, ofreciendo un marco de autogobierno limitado que la comunidad internacional, incluida España, considera una alternativa al plan de autonomía propuesto por Marruecos.

La Fundación CARF (Centro Académico Romano), vinculada al Opus Dei y a la Universidad Pontificia de la Santa Cruz, continúa su labor de apoyo a la formación de sacerdotes para la Iglesia en todo el mundo, con especial atención a las regiones más necesitadas. Según ha informado la institución este 1 de junio de 2026, su labor permite que “miles de personas en lugares remotos” puedan recibir la asistencia espiritual de sacerdotes bien preparados.

La Fundación CARF, con sede en Roma, canaliza donativos para becar a seminaristas y sacerdotes de diócesis con pocos recursos, permitiéndoles estudiar en universidades pontificias. Desde su fundación, ha apoyado la formación de más de 30.000 sacerdotes de 126 países, según datos de la propia institución.

Apoyar a la Fundación CARF no es simplemente colaborar con una institución. Es ayudar a que miles de personas, en lugares remotos del mundo, puedan encontrarse algún día con un sacerdote bien formado.

La formación sacerdotal es considerada clave para la evangelización y la continuidad de la Iglesia, especialmente en áreas de misión donde la presencia de clero local es escasa. Cada año, la fundación beca a cerca de 1.500 seminaristas y sacerdotes, que luego regresan a sus diócesis de origen para ejercer su ministerio. Desde su creación, la fundación ha invertido más de 100 millones de euros en estas becas, con financiación procedente de donantes privados, según fuentes de la organización. La labor de CARF se extiende por todos los continentes, con especial incidencia en África, Asia y América Latina, donde la falta de recursos dificulta la formación del clero local.

La iniciativa responde a la necesidad de garantizar la atención espiritual en comunidades aisladas, donde un sacerdote puede ser el único vínculo con la Iglesia institucional. La Fundación CARF, reconocida por la Santa Sede, publica anualmente una memoria de actividades en su página web, donde detalla el destino de los fondos y el perfil de los becados.

La concentración del poder en torno a la figura del presidente maliense Assimi Goïta aumenta los riesgos de inestabilidad en el Sahel, según advierten los politólogos Salah Ben Hammou y Hiba Naciri. El análisis, recogido por la prensa africana, subraya que la toma de decisiones en Bamako se articula cada vez más en torno a la lealtad personal y no a los intereses nacionales o militares.

Una deriva autoritaria en el Sahel

Desde que Goïta llegó al poder mediante un golpe de Estado en 2021, Mali ha experimentado un progresivo aislamiento internacional y un alejamiento de sus aliados tradicionales, como Francia. El país se ha apoyado en mercenarios del grupo Wagner, ahora integrado en el aparato de seguridad ruso, para contener a los grupos yihadistas que asolan la región. Sin embargo, la personalización del poder, según los analistas, debilita las instituciones y facilita futuras asonadas militares.

El poder se concentra alrededor de un solo dirigente, aumentando los riesgos políticos.

Ben Hammou y Naciri, especialistas en gobernanza africana, apuntan que este modelo de liderazgo personalista ya ha provocado crisis en otros países del Sahel, como Burkina Faso o Níger, donde los golpes de Estado se han sucedido. La falta de contrapesos y de toma de decisiones colegiada convierte al régimen maliense en vulnerable a fracturas internas.

Implicaciones para España y la Unión Europea

La inestabilidad en Mali preocupa especialmente a España, por su proximidad geográfica y el impacto en los flujos migratorios hacia Canarias. La Unión Europea mantiene una misión de entrenamiento militar en el país, aunque su efectividad se ha visto reducida por las tensiones diplomáticas con la junta. Mientras, la influencia de Rusia se consolida en la región, desplazando a los socios europeos. La fragmentación del poder en el Sahel abre una ventana de oportunidad para grupos yihadistas y redes de tráfico ilícito, según los expertos.

Para los politólogos, la única salida estable pasa por una transición inclusiva que diluya la concentración de poder en Goïta y fortalezca las instituciones civiles. Sin embargo, las próximas elecciones previstas para 2027 no parecen, por ahora, capaces de garantizar un cambio de rumbo.

Marruecos emerge como un actor inesperado en el sector agrícola latinoamericano, compitiendo directamente con China y Estados Unidos por el control de recursos críticos para la seguridad alimentaria mundial. Según fuentes diplomáticas y empresariales consultadas, el reino alauí está incrementando su presencia en México y Brasil, los dos gigantes agrícolas de la región, mediante inversiones en fertilizantes y tecnología agrícola.

La estrategia marroquí se basa en su posición dominante en el mercado de fosfatos, un insumo esencial para la producción de fertilizantes. Marruecos controla aproximadamente el 70% de las reservas mundiales de fosfatos, lo que le otorga una influencia geopolítica creciente en un contexto de tensiones comerciales y búsqueda de autonomía alimentaria. La Oficina Jerifiana de Fosfatos (OCP), empresa estatal marroquí, ha firmado acuerdos con Brasil y México para el suministro de fertilizantes y el desarrollo de proyectos conjuntos de investigación agrícola.

Marruecos está desplazando la influencia española y europea en un sector estratégico para la seguridad alimentaria global. La Unión Europea, y en particular España, han sido tradicionalmente socios comerciales clave de América Latina en el sector agrícola, pero la oferta marroquí de precios competitivos y acceso a recursos críticos está reconfigurando el tablero.

Ni China ni EE. UU.: El inesperado socio que se está quedando con el negocio clave de la agricultura en Latinoamérica, señalan analistas del sector.

El avance de Marruecos en la región se produce en un momento en que la seguridad alimentaria se ha convertido en una prioridad geopolítica global. La guerra en Ucrania y las interrupciones en las cadenas de suministro han puesto de relieve la dependencia de los fertilizantes y la necesidad de diversificar fuentes. Marruecos, como proveedor estable y con capacidad de producción, se presenta como una alternativa tanto a China como a Occidente.

Implicaciones para España y la UE

La penetración marroquí en Latinoamérica supone un desafío directo a los intereses españoles y europeos. España, con fuertes vínculos históricos y comerciales con la región, ve cómo Marruecos gana terreno en un sector clave. Empresas españolas del sector agrícola y de fertilizantes podrían ver reducida su cuota de mercado si la tendencia se consolida.

Además, la estrategia de Marruecos se enmarca en su búsqueda de liderazgo en el sur global y en su papel como puente entre África y América Latina. El reino ha reforzado su diplomacia económica en la región, con visitas de alto nivel y acuerdos de cooperación que van más allá de los fertilizantes, incluyendo transferencia de tecnología y formación agrícola.

El movimiento de Marruecos no ha pasado desapercibido en Washington y Pekín, que tradicionalmente han competido por la influencia en la agricultura latinoamericana. China ha invertido fuertemente en infraestructura y acuerdos comerciales, mientras que Estados Unidos mantiene programas de cooperación. Sin embargo, la ventaja marroquí en fosfatos y su posicionamiento como socio estable le otorgan un margen competitivo en un mercado cada vez más disputado.

El futuro de la agricultura latinoamericana podría estar marcado por este nuevo equilibrio de fuerzas, donde Marruecos, un actor hasta ahora periférico, se consolida como un jugador central en la seguridad alimentaria del siglo XXI.