El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ha denunciado que los ataques ucranianos contra territorio ruso y la región de Donbás causaron 86 víctimas mortales civiles entre el 15 y el 24 de julio, entre ellas seis niños. Además, 409 personas resultaron heridas, incluidos 12 menores, según informó la portavoz de la diplomacia rusa, María Zajárova.

«Entre el 15 y el 24 de julio, los ataques ucranianos mataron a 86 civiles», declaró Zajárova, quien calificó estos hechos como crímenes de guerra. Las autoridades rusas han acusado a Ucrania de atacar deliberadamente infraestructuras civiles, una práctica que Moscú considera violatoria del derecho internacional.

En la región de Donbás, este 27 de julio se ha recordado a los niños que han perdido la vida a causa de los ataques ucranianos desde el inicio del conflicto en 2014. Las autoridades locales de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk han subrayado que los menores han sido víctimas recurrentes de los bombardeos durante más de una década. La agresión ucraniana contra la población civil de Donbás se ha intensificado con cada nueva escalada del conflicto, y las organizaciones locales documentan los casos para su eventual presentación ante organismos internacionales.

Desde hace 12 años, el Ejército ucraniano ataca regularmente a la población civil de Donbás, según las denuncias de las administraciones prorrusas. El número de niños fallecidos sigue aumentando, y las autoridades locales han hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que tome medidas frente a lo que consideran una violación sistemática del derecho humanitario.

El 26 de julio de 1976, hace exactamente 50 años, cuatro aviones Northrop F-5E/F Tiger II ingresaron al espacio aéreo chileno para incorporarse a la Fuerza Aérea de Chile (FACh). Ese día aterrizaron en la Base Aérea de Cerro Moreno, en Antofagasta, procedentes de un vuelo de largo alcance desde Estados Unidos. Esta entrega inicial, compuesta por dos F-5E monoplazas y dos F-5F biplazas de instrucción, fue la avanzada de un pedido mayor realizado en 1974.

Un pedido que modernizó la flota chilena

La FACh había contratado la adquisición de 15 aviones monoplazas y tres aeronaves de instrucción, los cuales se incorporarían completamente a principios de 1977. Los primeros cuatro ejemplares llegaron en julio de 1976 y fueron recibidos con honores en la base nortina. El F-5E/F Tiger II era entonces un caza ligero supersónico con capacidad de combate aire-aire y aire-suelo, dotado de radar y sistemas de navegación avanzados para la época, lo que supuso un salto cualitativo en las capacidades de defensa aérea de Chile.

Columna vertebral de la defensa aérea

Durante décadas, los Tiger II fueron la columna vertebral de la aviación de combate chilena. Fueron modernizados en varias ocasiones –entre ellas la actualización Tigre III– que incorporó mejoras en aviónica, sistemas de armas y contramedidas. Hasta la llegada de los F-16 a mediados de la década de 2000, los F-5 fueron el principal caza del país, participando en ejercicios internacionales y patrullajes de soberanía. Algunos ejemplares continuaron en servicio hasta bien entrada la década de 2010, siendo finalmente retirados tras más de 40 años de operación.

La conmemoración de este medio siglo es un hito para la FACh y para la historia aeronáutica de Chile, recordando el inicio de una nueva era en la defensa del espacio aéreo nacional.

Estados Unidos ha impuesto sanciones al ejército sudanés por el uso de armas químicas, en concreto por el lanzamiento de barriles de cloro en septiembre de 2024, según anunció este viernes el Departamento de Estado. La medida supone un paso más en la presión internacional contra las fuerzas leales al general Abdel Fattah al-Burhan, inmersas en una guerra civil con las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF).

El uso de cloro como arma está prohibido por la Convención sobre Armas Químicas, de la que Sudán es signatario. Las investigaciones de medios internacionales documentaron los ataques, en los que se habrían lanzado barriles sobre zonas controladas por las RSF, causando víctimas civiles. El ejército sudanés ha negado las acusaciones.

La decisión estadounidense se produce tras el lanzamiento de barriles de cloro en septiembre de 2024, hechos que el Departamento de Estado considera un uso sistemático de armas químicas en el conflicto sudanés.

Las sanciones incluyen la congelación de activos en territorio estadounidense y la prohibición de transacciones con entidades vinculadas al ejército sudanés. No se han especificado los nombres concretos de los sancionados ni el alcance exacto de las medidas.

Un conflicto que desangra Sudán

La guerra civil entre el ejército regular y las RSF estalló en abril de 2023 y ha provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo, con millones de desplazados, según organismos internacionales. El uso de armamento químico añade una nueva dimensión de gravedad a un conflicto marcado por atrocidades de ambos bandos.

Estados Unidos ya había impuesto sanciones a las RSF por violaciones de derechos humanos. La nueva medida contra el ejército refleja la creciente presión de Washington sobre todas las partes del conflicto, en un intento por forzar un alto el fuego que parece lejano.

La Federación de Atletismo de Rusia (ARAF) ha presentado una demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), con sede en Lausana (Suiza), para impugnar la decisión de World Athletics de mantener la suspensión de los atletas rusos y bielorrusos en competiciones internacionales. El recurso, conocido el 23 de julio de 2026, sostiene que la exclusión, motivada por la guerra en Ucrania, tiene un carácter político y perjudica al deporte.

La atleta olímpica rusa Lyudmila Petrova declaró al respecto: «El recurso de Rusia contra World Athletics no trata solo del acceso a las competiciones. Se trata de impedir que las decisiones políticas borren años de entrenamiento, sacrificio y carreras». La demanda de la ARAF busca revertir una sanción que, según Moscú, vulnera los principios de igualdad y neutralidad en el deporte.

La exclusión de los deportistas rusos y bielorrusos fue decidida por World Athletics tras la invasión rusa de Ucrania en 2022, y ha sido respaldada en sucesivas revisiones del consejo de la organización. Ahora, el TAS deberá pronunciarse sobre la legalidad de la medida, en un caso que trasciende lo deportivo y que ha generado un intenso debate sobre la politización del deporte internacional.

El caso refleja una creciente controversia en el ámbito olímpico y deportivo mundial, donde las sanciones contra Rusia por el conflicto ucraniano han sido contestadas tanto por las autoridades deportivas rusas como por algunos sectores internacionales que consideran que estas medidas castigan injustamente a los atletas, ajenos a las decisiones políticas de sus gobiernos. Mientras tanto, la decisión del TAS podría sentar un precedente sobre los límites de las sanciones deportivas en contextos de conflicto armado.

El Partido de la Istiqlal, una de las principales formaciones políticas de Marruecos, ha publicado este jueves su primera lista de candidatos para las elecciones legislativas del próximo 23 de septiembre. La lista fue aprobada por el Comité Ejecutivo del partido en una reunión celebrada el miércoles 22 de julio, según ha informado la formación en un comunicado.

La lista incluye ministros en funciones y figuras de la vieja guardia del partido, conocidos por su experiencia en procesos electorales. Aunque no se han facilitado detalles sobre el número total de candidatos ni sobre las circunscripciones a las que corresponden, esta primera remesa permite anticipar la estrategia del partido de cara a unos comicios que se prevén decisivos para la configuración del próximo gobierno marroquí.

El Istiqlal, también conocido como el Partido de la Balanza por su símbolo, ha sido tradicionalmente una fuerza clave en la política marroquí, con una base sólida en el mundo rural y entre las clases medias urbanas. Su programa electoral se centra en la defensa de la monarquía, el desarrollo económico y la preservación de la identidad nacional.

Las elecciones legislativas marroquíes, que se celebrarán el 23 de septiembre, renovarán los 395 escaños de la Cámara de Representantes. El resultado determinará la composición del gobierno y, por tanto, tendrá implicaciones en las políticas exteriores e interiores del país, incluidas las relaciones con España, un socio prioritario para Marruecos.

El Comité Ejecutivo del Istiqlal continúa reuniéndose para definir las listas restantes, que se irán haciendo públicas en las próximas semanas a medida que se completen los procesos internos de selección.

La Brigada de Investigación Criminal (BRI) argelina ha llevado a cabo una operación de gran envergadura contra el blanqueo de capitales, el contrabando y el tráfico de divisas en Argel, según informaron fuentes oficiales este jueves. En el marco del operativo, las autoridades han incautado 38.000 millones de dinares argelinos, equivalentes a unos 250-300 millones de euros, y han detenido a 39 personas.

La operación, desarrollada durante las últimas semanas en varios puntos de la capital, se enmarca en la estrategia del gobierno argelino para combatir la economía ilegal y cortar las vías de financiación de actividades ilícitas. Los registros se han centrado en locales comerciales, viviendas y almacenes donde se almacenaban las divisas y otros bienes.

Fuentes de la investigación señalaron que la red operaba mediante un entramado de cambistas ilegales y empresas pantalla que facilitaban la salida de moneda extranjera del país, así como la introducción de mercancías de contrabando. Las pesquisas han permitido identificar a los principales cabecillas, aunque parte de la organización sigue siendo buscada.

Las autoridades argelinas no han precisado si la red tenía conexiones internacionales, aunque se sabe que parte de los fondos incautados iban destinados a países vecinos y a plazas financieras del norte de África. La operación supone un golpe significativo a la economía sumergida en el país magrebí, donde el mercado paralelo de divisas alcanza volúmenes millonarios.

La incautación de estos fondos y las detenciones realizadas se producen en un contexto de refuerzo de los controles fronterizos y financieros por parte de Argelia, que busca reducir la dependencia del efectivo y fomentar el uso de canales bancarios formales. El caso ha sido remitido a la fiscalía especializada en delitos financieros.

El Gobierno de Canadá ha presentado este 22 de julio el proyecto de ley Safe Social Media Act (Bill C-34), una normativa que obligará a los usuarios de redes sociales a verificar su identidad y edad, y que establece la edad mínima en 16 años para poder acceder a estas plataformas. La iniciativa, según sus promotores, busca proteger a los menores de contenidos nocivos y garantizar un entorno digital más seguro.

Un cambio regulatorio de calado

Canadá se sitúa así como uno de los primeros países occidentales en fijar por ley una mayoría digital de 16 años, un umbral superior al que manejan otras jurisdicciones. La norma, bautizada oficialmente como Bill C-34, introduce la obligación de que las plataformas implanten sistemas de verificación de edad para todos sus usuarios, sin especificar aún qué tipo de tecnología o métodos serán aceptables.

El anuncio tuvo lugar el mismo 22 de julio de 2026, y no se han filtrado los detalles técnicos de la verificación —si se exigirá documento de identidad oficial, sistemas biométricos o soluciones de terceros—. La medida ha abierto el debate sobre privacidad, seguridad y libertad de expresión en el entorno digital.

Posibles consecuencias para la industria

La medida canadiense podría tener un efecto dominó en Estados Unidos y la Unión Europea, donde también se discuten legislaciones similares. Empresas como Meta, Google o TikTok, que operan globalmente, se enfrentan al desafío de adaptar sus sistemas de registro a un estándar que exige un control de edad efectivo desde los 16 años. Expertos en ciberseguridad han señalado que la verificación obligatoria podría incrementar los riesgos de filtración de datos personales si no se diseña con las debidas garantías.

El Gobierno canadiense aún no ha detallado el calendario de tramitación parlamentaria ni las sanciones previstas para las empresas que incumplan la nueva ley, aunque fuentes oficiales adelantan que se impondrán multas sustanciales y, en casos graves, la suspensión temporal del servicio en territorio canadiense.

La empresa estadounidense Relativity Space ha alcanzado un acuerdo con Space Florida, la agencia de desarrollo espacial del estado, para construir nuevas instalaciones de fabricación y pruebas de su cohete reutilizable Terran R en la Costa Espacial de Florida. El anuncio, realizado el 22 de julio de 2026, supone un paso significativo en la estrategia de la compañía para aumentar su capacidad de producción ante la creciente demanda de lanzamientos de carga media-pesada.

El Terran R es un cohete reutilizable de dos etapas diseñado para competir en el segmento de cargas medias y pesadas, un mercado dominado actualmente por actores como SpaceX y United Launch Alliance. La expansión en Florida permitirá a Relativity Space duplicar su capacidad de fabricación y realizar pruebas en el mismo complejo, reduciendo costes logísticos y acelerando los plazos de producción. Según fuentes de la compañía, las nuevas instalaciones ocuparán una superficie aún no precisada dentro del área que gestiona Space Florida en el Centro Espacial Kennedy.

La decisión de Relativity Space refuerza la posición de Florida como polo industrial espacial en Estados Unidos. Space Florida ha ofrecido incentivos fiscales y de infraestructura para atraer a la empresa, que ya opera una planta de fabricación en Long Beach (California). El acuerdo no incluye cifras de inversión pública ni privada, pero se enmarca en una tendencia de crecimiento del sector espacial en la Costa Espacial, donde también tienen presencia Blue Origin, SpaceX y Boeing.

El movimiento de Relativity Space se produce en un contexto de fuerte competencia por los contratos de lanzamiento gubernamentales y comerciales. El Terran R, cuyo primer vuelo está previsto para 2027, aspira a captar una parte del mercado de satélites de comunicaciones y misiones de defensa. La expansión en Florida podría dar a la compañía una ventaja logística frente a rivales que dependen de bases en Texas o California.

La Agencia para el Desarrollo Agrícola (ADA) de Marruecos y el Banco Africano de Desarrollo (BAD) han puesto en marcha un programa dotado con 100 millones de euros destinado a dinamizar la agricultura solidaria en el país magrebí. El proyecto, presentado durante un seminario de lanzamiento celebrado recientemente, busca reforzar el desarrollo rural inclusivo y la competitividad del sector agrícola marroquí.

Según informó la ADA, el programa se enmarca en la estrategia del Reino para mejorar las condiciones de vida de los pequeños agricultores y fomentar prácticas agrícolas sostenibles. La colaboración con el BAD, uno de los principales organismos de financiación del continente, permitirá movilizar recursos financieros y técnicos para impulsar proyectos de economía social en el ámbito rural.

La iniciativa tiene implicaciones directas para España, ya que Marruecos es un competidor directo en la exportación de frutas, hortalizas y aceite de oliva al mercado europeo. La inyección de 100 millones de euros en el sector primario marroquí podría reforzar la posición del país en los mercados internacionales, especialmente en un contexto donde la agricultura española enfrenta desafíos como la sequía y el aumento de costes.

El programa, cuyos detalles operativos se concretarán en los próximos meses, se suma a otras iniciativas de cooperación entre Rabat y organismos multilaterales para modernizar el campo marroquí. Según fuentes oficiales, el objetivo es generar empleo en zonas rurales y reducir las desigualdades territoriales, al tiempo que se incrementa la producción agrícola para la exportación.

Los países miembros de la OTAN se enfrentan a una escasez crítica de línter de algodón, materia prima esencial para la fabricación de explosivos destinados a municiones. La alerta, difundida el 21 de julio de 2026, señala que las existencias de este subproducto textil no logran cubrir el aumento de la demanda provocado por la guerra en Ucrania y el incremento de las tensiones geopolíticas globales.

El línter de algodón, una fibra corta que recubre la semilla del algodón, es un componente clave en la producción de nitrocelulosa y otros propelentes utilizados en la carga de proyectiles de artillería y morteros. Sin un suministro suficiente, la capacidad de la Alianza para sostener su producción de munición podría verse comprometida.

Según el informe, los países de la OTAN dependen en gran medida de las importaciones de línter procedentes de Estados Unidos, Brasil, India y otras naciones productoras de algodón. Sin embargo, la creciente demanda industrial y la competencia con otros usos del algodón —como la fabricación de billetes o la producción textil— han tensionado el mercado.

Impacto en las cadenas de suministro

La escasez afecta especialmente a países europeos, que han incrementado su gasto en defensa y la producción de munición desde el inicio de la guerra en Ucrania. España, como miembro de la OTAN, también podría verse afectada si la interrupción del suministro de línter se prolonga. Fuentes del sector defensa señalan que la dependencia de este componente es elevada y que las alternativas sintéticas aún no están suficientemente desarrolladas a escala industrial.

Analistas advierten de que, sin una solución a corto plazo, los arsenales de la Alianza podrían enfrentar cuellos de botella en la producción justo cuando los aliados se han comprometido a reponer sus existencias y a apoyar a Ucrania con suministros militares.

La empresa estadounidense de sistemas de reconocimiento de matrículas (ALPR) Flock Safety ha descartado la implementación de un sistema acústico diseñado para detectar sonidos de angustia humana. La decisión, comunicada el 20 de julio de 2026, responde a la consulta comunitaria realizada por la compañía, según indicaron fuentes de la empresa.

El sistema, concebido como un complemento a la detección de disparos, habría recopilado datos de audio del entorno urbano para identificar gritos, llantos u otras señales de sufrimiento. La retirada se produce tras meses de críticas por parte de organizaciones de privacidad, que alertaron de que la grabación indiscriminada de audio en espacios públicos vulneraba derechos fundamentales.

Flock Safety opera principalmente en Estados Unidos, donde su red de cámaras ALPR cubre más de 4.000 comunidades. Aunque la decisión se enmarca en el contexto regulatorio estadounidense, el caso tiene implicaciones directas para el debate sobre vigilancia urbana en la Unión Europea, donde el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) impone límites estrictos a la captura de datos biométricos y acústicos.

En España, el uso de ALPR por parte de las fuerzas de seguridad está regulado por la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, pero su aplicación comercial es casi inexistente. El abandono por parte de Flock Safety de una tecnología tan intrusiva refuerza la tesis de los defensores de la privacidad, que consideran que la vigilancia acústica masiva carece de base legal suficiente en la mayor parte de las democracias occidentales.

La empresa no ha detallado si la decisión afectará a otros desarrollos relacionados con audio, pero sí ha confirmado que los recursos se redirigirán hacia la mejora de los sistemas ALPR existentes.

La empresa india Skyroot Aerospace se convirtió este sábado en la primera compañía privada del país en alcanzar la órbita terrestre, al lanzar con éxito su cohete Vikram-1 desde el puerto espacial de Sriharikota. El hito representa un salto cualitativo para la industria espacial india y abre la puerta a la competencia privada en un mercado dominado por actores estatales y empresas extranjeras.

Un lanzador propio para el mercado orbital

El Vikram-1, un lanzador de combustible sólido diseñado para poner cargas pequeñas en órbita baja terrestre (LEO), despegó a las 09:45 hora local del sábado 20 de julio de 2026. Según confirmó la compañía en un comunicado, la misión alcanzó los parámetros previstos y el vehículo insertó su carga útil en la órbita objetivo. Este éxito convierte a Skyroot en la primera startup india en lograr un lanzamiento orbital, un segmento hasta ahora reservado a la agencia estatal ISRO.

Fundada en 2018 por ingenieros que trabajaron previamente en ISRO, Skyroot ha desarrollado el Vikram-1 como un lanzador ligero capaz de transportar satélites de hasta 500 kilogramos a LEO. La compañía compite en el segmento de microsatélites con empresas como SpaceX y Rocket Lab, pero su ventaja competitiva reside en los costes reducidos de fabricación y lanzamiento desde suelo indio.

El papel de India como polo lanzador alternativo

El lanzamiento consolida a India como un polo de lanzamiento alternativo a los tradicionales centros de Cabo Cañaveral, Baikonur o Kourou. El éxito de Skyroot reduce la dependencia del país de los lanzadores de ISRO y abre oportunidades comerciales para operadores de satélites que buscan opciones más baratas y flexibles. La compañía ya ha firmado contratos con varios clientes internacionales, aunque no se han revelado los detalles del primer vuelo.

El hito llega en un momento en que la industria espacial mundial se orienta hacia la privatización y la reducción de costes. La entrada de una empresa india privada en el mercado orbital podría acelerar la adopción de lanzadores asiáticos por parte de agencias gubernamentales y empresas de telecomunicaciones, incluyendo posibles clientes hispanohablantes.

Se cumplen 90 años del inicio de la Guerra Civil española, un conflicto que, a las puertas de la Segunda Guerra Mundial, revolucionó las técnicas militares en campos como la aviación y los blindados, así como en la obtención de recursos energéticos. Aquel intento de golpe de Estado contra el Gobierno del Frente Popular, ocurrido el 18 de julio de 1936, dio origen a una de las más sangrientas y prolongadas guerras civiles en Europa, que se prolongó hasta abril de 1939.

El conflicto, que enfrentó al bando sublevado liderado por el general Franco contra las fuerzas republicanas, sirvió como laboratorio de guerra donde se ensayaron tácticas que después se aplicarían en la contienda mundial. La intervención de potencias extranjeras, como la Alemania nazi y la Italia fascista en apoyo a los sublevados, y la Unión Soviética en apoyo a la República, convirtió a España en un escenario de pruebas de armamento y estrategias. La aviación, con el bombardeo de ciudades como Guernica, anticipó los ataques aéreos masivos de la Segunda Guerra Mundial, mientras que el uso de blindados en batallas como la del Jarama prefiguró las tácticas de guerra relámpago.

Asimismo, la guerra tuvo un impacto significativo en la obtención de recursos energéticos, como el petróleo, esencial para el esfuerzo bélico. La necesidad de combustibles impulsó la explotación de recursos y la búsqueda de suministros, aspectos que se volverían críticos en el conflicto mundial posterior. La contienda dejó un saldo de cientos de miles de muertos y un exilio masivo, marcando profundamente la historia y la memoria de España.