La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) planea extender el acceso a una aplicación de reconocimiento facial a más de un millar de cuerpos policiales locales y estatales, según ha trascendido este 5 de junio de 2026. La herramienta permitiría a los agentes verificar en tiempo real el estatus migratorio de una persona mediante la comparación biométrica de su rostro con bases de datos gubernamentales.

El plan, aún en fase de desarrollo, forma parte de la estrategia de la administración Trump para endurecer los controles migratorios y ampliar la capacidad de vigilancia estatal. La aplicación ya es utilizada por agentes de ICE sobre el terreno, pero su expansión a otras fuerzas del orden podría multiplicar exponencialmente las identificaciones biométricas diarias en todo el país.

La medida ha reavivado el debate sobre la privacidad y los derechos civiles en Estados Unidos. Organizaciones defensoras de las libertades civiles han advertido de que el uso masivo del reconocimiento facial sin supervisión judicial consistente puede dar lugar a identificaciones erróneas y a un perfilado racial sistemático, especialmente en comunidades latinas y de origen inmigrante.

Fuentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) citadas por la prensa local han señalado que la herramienta se limitará a contrastar las imágenes capturadas con los registros migratorios oficiales. Sin embargo, críticos dentro del Congreso y organizaciones como la American Civil Liberties Union (ACLU) han solicitado que el plan se someta a audiencias públicas antes de su implementación.

El precedente de programas similares, como el sistema de verificación de identidad E-Verify o las bases de datos de huellas dactilares del FBI, muestra que la tecnología tiende a expandirse más allá de su propósito inicial. La administración Trump, por su parte, defiende que la medida es necesaria para garantizar la seguridad nacional y disuadir la inmigración irregular.

La empresa española de defensa OVERVOXT, con sede en Torrijos (Toledo), ha sido seleccionada por la multinacional finlandesa ICEYE para desarrollar la infraestructura de almacenamiento de sus drones solares. El anuncio, realizado el 4 de junio de 2026, refuerza la posición de la industria española en el sector de la defensa y la tecnología de drones de alta persistencia.

OVERVOXT ha instalado en Lisboa un hangar específico diseñado para albergar y dar servicio a los drones solares de ICEYE, compañía especializada en tecnología de observación terrestre y radar de apertura sintética (SAR). La infraestructura permitirá el almacenamiento, mantenimiento y operación de estos vehículos aéreos no tripulados (UAV) de larga duración, capaces de permanecer en el aire durante semanas gracias a la energía solar.

El acuerdo supone un hito para la compañía toledana, que consolida su presencia internacional en un mercado estratégico. Según fuentes de la empresa, los drones solares de ICEYE requieren instalaciones específicas para su recarga y almacenamiento, un nicho en el que OVERVOXT ha demostrado capacidad técnica. La colaboración se enmarca en la creciente demanda de soluciones de defensa basadas en drones de alta persistencia, así como en la apuesta por la cooperación tecnológica entre España y Finlandia.

Con este proyecto, OVERVOXT no solo refuerza su cartera de clientes internacionales, sino que también contribuye a posicionar a la industria española como un actor relevante en el ecosistema europeo de defensa. No se han revelado los términos económicos del acuerdo ni la capacidad exacta del hangar, aunque fuentes del sector destacan que se trata de una infraestructura clave para el despliegue de estos sistemas en el sur de Europa.

El Gobierno ucraniano ha presentado una solicitud formal a Estados Unidos para obtener la autorización que le permita producir bajo licencia interceptores Patriot PAC-3 MSE, el modelo más avanzado del sistema antimisiles estadounidense. La petición, fechada el 2 de junio de 2026, busca reforzar la defensa aérea del país con capacidad de fabricación local, según fuentes oficiales del Ministerio de Defensa ucraniano.

De obtenerse el visto bueno de Washington, Ucrania podría convertirse en el primer país fuera de la alianza OTAN en ensamblar y probar estos misiles, cuyo alcance y precisión los convierten en una pieza clave contra ataques con misiles balísticos y de crucero. La producción local reduciría la dependencia de los lotes suministrados por Estados Unidos y sus aliados, que hasta ahora han sido entregados como parte de la ayuda militar a Kiev.

Un paso estratégico para la industria de defensa ucraniana

La solicitud ucraniana llega en un momento en que el país busca acelerar su integración en los estándares militares de la OTAN. El PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) es un interceptor mejorado con capacidad de hit-to-kill (impacto directo), diseñado para neutralizar amenazas aéreas avanzadas. Su producción bajo licencia implicaría la transferencia de tecnología sensible, por lo que el proceso de revisión estadounidense podría prolongarse varios meses.

Según expertos consultados, el acuerdo no solo reforzaría la autosuficiencia de Kiev, sino que también abriría la puerta a futuras colaboraciones industriales con el complejo militar estadounidense. Sin embargo, la administración estadounidense debe evaluar los riesgos de proliferación tecnológica y el cumplimiento de los acuerdos de control de exportaciones.

El medio de investigación estadounidense 404 Media ha demandado al Immigration and Customs Enforcement (ICE) para acceder al contrato de la agencia con la empresa israelí de ciberespionaje Paragon, especializada en spyware capaz de irrumpir de forma remota en teléfonos móviles y acceder a mensajes de aplicaciones cifradas. Según ha denunciado el medio, la agencia federal está redactando prácticamente toda la información sensible, lo que limita el escrutinio público sobre las herramientas de vigilancia adquiridas por el Gobierno estadounidense.

Un litigio por la transparencia

La demanda, presentada al amparo de la Ley de Libertad de Información (FOIA), busca obtener los documentos que detallen el alcance del acuerdo entre ICE y Paragon. Sin embargo, la respuesta de la agencia ha sido tan restrictiva que, según 404 Media, la información no redactada es casi inexistente. El caso pone a prueba los límites de la transparencia gubernamental frente a la alegación de seguridad nacional y la opacidad en la adquisición de tecnologías de intrusión.

Paragon, empresa con sede en Israel, ha comercializado su spyware a múltiples gobiernos, y su software ha sido vinculado a operaciones de vigilancia masiva. ICE, por su parte, es la agencia federal encargada de la inmigración y la seguridad fronteriza, lo que ha suscitado críticas de organizaciones de derechos civiles ante el posible uso de herramientas de hacking contra inmigrantes y activistas.

Implicaciones legales y políticas

El litigio se enmarca en una escalada de esfuerzos judiciales para exponer los contratos gubernamentales de spyware. En Estados Unidos, los tribunales han tenido que decidir en ocasiones anteriores si las exenciones de seguridad nacional pueden justificar el secreto absoluto sobre las capacidades técnicas de estas herramientas. La redacción masiva de los documentos en este caso sugiere que el alcance del contrato y las funcionalidades exactas del software están siendo clasificados al máximo nivel.

«Es imposible saber qué ha comprado realmente ICE con nuestro dinero», declaró un portavoz de 404 Media, en referencia a la falta de transparencia. La organización ha anunciado que continuará con el litigio y que recurrirá si la respuesta de ICE no se ajusta a los requisitos legales. El caso podría sentar un precedente sobre cuánto puede ocultar el Gobierno en la adquisición de tecnologías de interceptación.

La Agencia Espacial Italiana (ASI) ha puesto en marcha un original experimento para estudiar cómo responde el cuerpo humano a las condiciones extremas de los vuelos espaciales de larga duración. En lugar de recurrir a simuladores terrestres o estaciones espaciales, la agencia ha optado por un velero de la Academia Naval italiana, un tall ship, como banco de pruebas para recrear el aislamiento y el estrés propios de una misión interplanetaria.

La iniciativa, denominada ICE-Blue, arrancó formalmente el 31 de mayo de 2026 a bordo de la embarcación, según informó la ASI en un comunicado. El proyecto se enmarca en el acuerdo operativo firmado en 2024 entre la agencia espacial y la Marina italiana, y tiene como objetivo evaluar los efectos fisiológicos y psicológicos del confinamiento prolongado en un entorno remoto y hostil.

Un laboratorio flotante para el espacio

A bordo del velero, estudiantes de la Academia Naval conviven durante varias semanas en un espacio reducido, sin posibilidad de abandonar la nave y con una rutina de trabajo exigente. Los investigadores monitorizan parámetros como el sueño, el estado de ánimo, la variabilidad cardíaca y los niveles de cortisol, entre otros indicadores de estrés. Según la ASI, los datos recogidos servirán para mejorar los protocolos de selección y apoyo a tripulaciones de futuras misiones a la Luna, Marte o estaciones espaciales de larga estancia.

El uso de un velero, en lugar de un submarino o una base aislada en la Antártida, responde a la combinación de aislamiento, movimiento constante y dinámica de grupo que genera, similar a la que experimentarían los astronautas en una nave espacial. Además, el entorno marítimo impone condiciones de humedad, temperatura y ruido que replican parcialmente las de un hábitat extraterrestre.

Un enfoque novedoso dentro de la exploración espacial

La iniciativa ICE-Blue no es la primera que utiliza el mar como análogo espacial. La NASA ha empleado anteriormente laboratorios submarinos como el Aquarius Reef Base para entrenar astronautas, y la Agencia Espacial Europea (ESA) ha realizado experimentos en cuevas y estaciones de investigación en la Antártida. Sin embargo, que una agencia espacial recurra a un velero clásico de la marina militar es menos frecuente y aporta una variable adicional: la dependencia del viento y las condiciones meteorológicas, que introduce un factor de incertidumbre propio de las misiones reales.

El programa ICE-Blue se desarrollará en varias fases a lo largo de los próximos meses, con diferentes tripulaciones y duraciones de confinamiento. La ASI prevé publicar los primeros resultados preliminares a finales de 2026, según fuentes de la agencia.

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó el pasado 30 de mayo un paquete de medidas destinadas a restringir la actuación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en espacios considerados sensibles, como escuelas, iglesias y hospitales. La normativa establece que los agentes federales no podrán llevar a cabo detenciones o redadas en estos lugares sin una orden judicial expresa.

La decisión, según informó la oficina de la gobernadora, responde al endurecimiento de las políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump, que ha intensificado los operativos contra inmigrantes indocumentados en todo el país. Hochul ya había mostrado su oposición a las medidas federales en varias ocasiones, calificándolas de «crueles» e «injustas».

Un choque entre el estado y la Casa Blanca

Nueva York se suma así a otros estados gobernados por el Partido Demócrata que han tratado de blindar a los inmigrantes frente a las redadas federales. La medida de Hochul dificulta la labor del ICE en un estado donde residen más de 700.000 inmigrantes indocumentados, según datos del Instituto de Política Migratoria.

El Gobierno federal, a través del Departamento de Seguridad Nacional, ha criticado la iniciativa y ha advertido de que podría recurrir a los tribunales para impedir su aplicación. «La seguridad nacional no puede verse obstaculizada por decisiones políticas locales», declaró un portavoz del ICE en un comunicado.

Por su parte, organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes han aplaudido la medida. «Proteger a las familias que buscan refugio en espacios como escuelas o iglesias es un acto de humanidad y sentido común», señaló en un comunicado la Unión de Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU).

El conflicto entre el estado de Nueva York y la Casa Blanca sobre inmigración se remonta a 2017, cuando el entonces gobernador Andrew Cuomo firmó una orden ejecutiva similar que posteriormente fue anulada por un tribunal federal. La nueva legislación busca dotar de mayor seguridad jurídica a la protección frente a las redadas.

El sitio web aliens.gov, creado por la administración de Donald Trump, se ha convertido en una herramienta de propaganda que compara a los inmigrantes con extraterrestres y alardea de haber arrestado a más de 700 ciudadanos estadounidenses, según un informe publicado este viernes.

La web, dependiente de la Casa Blanca, utiliza un lenguaje que la organización de derechos humanos ACLU ha calificado de «deshumanizante». El término alien, empleado históricamente en la legislación estadounidense para referirse a extranjeros, adquiere en este contexto una connotación peyorativa al equiparar a las personas con seres de otro planeta.

Una estrategia de comunicación controvertida

El portal forma parte de la ofensiva migratoria de la administración Trump, que ha intensificado las redadas y detenciones. Según datos del propio sitio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha detenido a más de 700 ciudadanos estadounidenses, un hecho que el Gobierno presenta como un éxito en la lucha contra la inmigración irregular.

El sitio utiliza un lenguaje que compara a los inmigrantes con ‘aliens’ (extraterrestres), un término peyorativo que ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos.

Expertos en derechos civiles advierten de que esta retórica normaliza la vigilancia masiva y socava las garantías constitucionales. «El Gobierno está utilizando un sitio web oficial para deshumanizar a un grupo de personas y justificar violaciones sistemáticas de sus derechos», declaró un portavoz de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

El sitio ha estado activo durante toda la administración Trump, pero su contenido ha cobrado notoriedad recientemente tras ser analizado por la prensa especializada, que revela detalles hasta ahora desconocidos sobre su funcionamiento y objetivos propagandísticos.

El gobierno de Líbano ha denunciado que los bombardeos israelíes amenazan importantes sitios históricos del país, incluido el complejo arqueológico de Tiro, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La advertencia coincide con el informe de UNICEF que cifra en 15 los niños muertos en la última semana en el marco de la escalada de violencia entre el ejército israelí y las milicias de Hezbolá.

La crisis humanitaria y patrimonial se produce en vísperas de una reunión de delegaciones militares de Líbano e Israel que se celebrará este viernes en Washington, según ha confirmado la ONU. El objetivo del encuentro es buscar una desescalada del conflicto, que ha causado más de 200 muertos en los últimos diez días, entre combatientes y civiles.

UNICEF ha expresado su profunda preocupación por el elevado número de víctimas infantiles, y ha subrayado que muchos de los niños fallecieron en ataques aéreos contra zonas residenciales. La agencia ha pedido un cese inmediato de las hostilidades para proteger a la población civil.

Por su parte, el Ministerio de Cultura libanés ha advertido del peligro que corren enclaves como la antigua ciudad fenicia de Tiro, así como los templos romanos de Baalbek y la ciudad de Biblos, todos ellos reconocidos por la UNESCO. «Estos monumentos no pueden ser reconstruidos. Su destrucción sería una pérdida irreparable para la humanidad», ha declarado un portavoz del ministerio.

La comunidad internacional sigue de cerca la evolución del conflicto. España, que tiene desplegados cascos azules en la FINUL (Fuerza Interina de la ONU en Líbano), ha instado a las partes a respetar el derecho internacional humanitario. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ha declarado que «la protección del patrimonio cultural es una obligación de todos los Estados».