Laura Gutiérrez
Cadena SER

Universidades públicas y organismos públicos españoles están colaborando con una treintena de entidades israelíes que en muchos casos tienen fuertes vínculos con el Estados de Israel y con el desarrollo militar del país. Según los datos recopilados por la Red Universitaria por Palestina, estas universidades y organismos españoles participan en 38 proyectos vigentes a día de hoy que se iniciaron después del dictamen de la Corte Internacional de Justicia sobre Palestina, en julio de 2024, y de que la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas) pidiera paralizar este tipo de colaboraciones, hace también dos años.

Es más, desde mayo de 2025 esta Red ha constatado la firma de una docena de nuevos proyectos participados por universidades españolas y entidades israelíes. La Universidad de País Vasco participa en dos proyectos con Technion, que contribuye al desarrollo militar israelí con tecnología utilizada en operaciones militares; la Fundación CIDAUT de la Universidad de Valladolid trabaja con Hydrolite, que es filial de uno de los mayores contratistas militares del estado de Israel; y la universidad de Granada participa junto con Mellanoz Technologies, empresa con vínculos estratégicos dentro del ecosistema tecnológico israelí, en un proyecto para diseñar vehículos no tripulados para misiones de seguridad civil y vigilancia. Fuentes de esta universidad precisan que el consorcio europeo para este proyecto se constituyó varioss días antes de que este centro se planteara el tema de la aprobación de medidas en relación a los convenios suscritos con instituciones israelíes. Explican, además, que la empresa aunque de origen israelí fue adquirida por NVIDIA al 100% en 2020 y no cotiza en la bolsa israelí sino en el NASDAQ.

El análisis realizado por la Red Universitaria por Palestina de la actividad investigadora española con vínculos con entidades israelíes revela que el CISC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) encabeza el volumen de proyectos, acumulando 11 iniciados recientemente y 46 activos, seguido por universidades como la Politécnica de Madrid, con 6 nuevos y 10 en curso, y las universidades de Barcelona, Cataluña y Valencia, todas ellas con entre 4 y 5 proyectos iniciados y hasta 9 activos. En el tramo medio destacan la Universidad de Granada, Sevilla, Valladolid, Vigo y Zaragoza, todas con entre 3 y 4 proyectos recientes.

Consultada por esta emisora, la CRUE, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, guarda silencio sobre este asunto. "No nos es posible atender la petición", ha sido la explicación que hemos recibido de su responsable de comunicación. Desde la Red Universitaria por Palestina acusan a CRUE de seguir sin actuar. "La Conferencia de Rectores tiene la obligación de acatar el dictamen de la CIJ y lo tiene que hacer con su autonomía soberana porque las instituciones de CRUE están desobedeciendo la ley", afirma Daniel Jiménez, responsable del nodo de esta red en la Universidad de Zaragoza. Para Irina Fernández, portavoz de esta red en la UNED, la investigación de las universidades y organismos españoles en la que hay colaboración con Israel, especialmente en el caso de los proyectos tecnológicos, "va directamente vinculada a esa industria armamentística hiperdesarrollada del estado israelí con la que se cometen las atrocidades que hemos visto".

Fuente: https://cadenaser.com/nacional/2026...

María Ramírez
Oxford (Reino Unido)

La justicia británica ha dado la razón este viernes a la cofundadora del grupo Palestine Action y ha declarado ilegal la clasificación de la organización propalestina como “terrorista” del Ministerio del Interior. La inclusión de Palestine Action en la lista de organizaciones terroristas es lo que ha llevado a la detención masiva de manifestantes desde julio durante protestas en apoyo al grupo.

El grupo fue incluido en el elenco después de una protesta en una base militar, pero el Alto Tribunal del Reino Unido ha declarado que “la naturaleza y la escala de las actividades de Palestine Action” no llegan al umbral requerido para la clasificación más severa del Estado. La jueza que preside la corte, Victoria Sharp, dice en su sentencia que Palestine Action es “una organización que promueve su causa política a través de la delincuencia” y que sus acciones van dirigidas a “intimidar” y no son coherentes con “los valores democráticos”, pero considera que la prohibición del grupo es “desproporcionada”. Sus miembros pueden ser –y ya lo están siendo– procesados de manera individual por sus acciones.

La ministra del Interior, Shabana Mahmood, ha anunciado que va a apelar la decisión porque, según su comunicado, quiere “proteger” la “seguridad nacional”. Mientras la justicia valora la apelación, las restricciones para el grupo y sus defensores siguen en vigor, pero la policía de Londres ya ha anunciado este viernes que, para respetar la decisión judicial y esperar a que se resuelva del todo el proceso, se centrará en “recoger pruebas” en lugar de arrestar a los manifestantes en protestas por el apoyo a Palestine Action.

“Este es el enfoque más proporcionado que podemos tomar”, dijo la policía metropolitana en un comunicado. “Este enfoque está relacionado sólo con la expresión de apoyo a Palestine Action. Seguiremos interviniendo y haciendo arrestos donde veamos a gente que pase de protestar de manera legal a intimidar, dañar la propiedad, utilizar violencia, provocar odio racial o cometer otros delitos”. Queda la incertidumbre de qué pasará con las cientos de personas procesadas por sus manifestaciones de apoyo al grupo en los últimos meses.

Libertad de expresión

Activistas de apoyo al grupo o al derecho de protesta en general celebraron la decisión judicial.

“Este es una victoria enorme para las libertades fundamentales aquí en el Reino Unido y para la lucha por la libertad del pueblo palestino al revocar una decisión que siempre será recordada como uno de los ataques más extremos a la libertad de expresión en la historia británica reciente”, dijo Huda Ammori, la cofundadora del grupo y quien denunció la decisión del Gobierno británico ante los tribunales el año pasado. El Alto Tribunal aceptó examinar su apelación por constituir una “interferencia muy significativa” en la libertad de expresión y de protesta.

La decisión es “una afirmación esencia del derecho de protesta”, según Tom Southerden, director de derechos humanos de Amnistía Internacional en el Reino Unido. “La decisión del Alto Tribunal manda un mensaje claro: el Gobierno no puede simplemente utilizar poderes amplios contra el terrorismo para silenciar a críticos o suprimir el disenso”.

Palestine Action ha organizado protestas, en algunos casos con episodios violentos, desde 2020, pero su entrada en una base militar del Ejército británico en junio del año pasado provocó la decisión extraordinaria del Ministerio del Interior. Al menos dos personas entraron en la base de Briz Norton, en el condado de Oxford y que es la mayor base aérea del país. Se dirigieron en patinete eléctrico a dos aviones de la fuerza británica, rociaron los motores y la pista con pintura roja, y dañaron los equipos con palancas.

En julio de 2025, el Gobierno británico decidió, con el consentimiento del Parlamento, meter a Palestine Action en la lista de organizaciones terroristas por este episodio por el que cinco personas fueron detenidas. Este enero, estos activistas se declararon “no culpables” ante las acusaciones de daños y entrada forzada en un recinto que afecta a la seguridad nacional; el juicio sobre estos hechos está previsto para enero del año que viene. Pero, más allá de este juicio, que Palestine Action esté en el elenco de casi un centenar de organizaciones que incluye a Al Qaeda, Estado Islámico, grupos neonazis, supremacistas y campañas xenófobas, tiene como consecuencia que cualquier muestra de apoyo material o simbólico a este grupo pueda ser considerado una ofensa penal castigada hasta con 14 años de cárcel.

Más de 2.700 personas han sido arrestadas desde de la decisión de julio en protestas propalestinas y pro-Palestine Action, en particular en Londres. En un solo día en septiembre, más de 800 personas fueron detenidas por llevar carteles o banderas con mensajes de respaldo al grupo. La mayoría han sido liberadas sin cargos en el momento, pero el caso es clave en el debate sobre los límites a la libertad de expresión y de protesta en el Reino Unido frente a la ley antiterrorista invocada para los arrestos.

Fuente: https://www.eldiario.es/internacion...

Maher Amer es director del Departamento contra el Apartheid de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y George Rashmawi, coordinador de la Iniciativa Europeo-Palestina contra el Apartheid y el Colonialismo de Asentamiento (EPIAAS). La entrevista se realizó en Iruñea de forma conjunta.

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Vivir la destrucción de Gaza desde la distancia es, para Amer y Rashmawi, una experiencia especialmente dura. Ambos insisten en dejarlo claro desde el inicio de esta entrevista, realizada en Iruñea: «El genocidio no ha terminado». Desde Ramallah y Hamburgo, respectivamente, cuestionan el relato del alto el fuego y recuerdan que, tras más de cien días de una «tregua» al menos 451 palestinos han muerto. Una cuarta parte de la población ha resultado herida o muerta desde el 7-O, insisten. El 92% de las viviendas están destruidas, no quedan hospitales, escuelas ni universidades, y Gaza sigue sin acceso regular a comida, agua, atención médica o electricidad. Para ambos, el mayor desafío es romper la ilusión de normalidad y «hacer entender al mundo» que la devastación continúa y que la movilización sigue siendo «imprescindible» pese a la puesta en marcha de la controvertida Junta de Paz de Donald Trump.

¿Han logrado Israel y EEUU sacar a Gaza del foco de atención internacional?

¿Por qué en los medios de comunicación internacionales ya no hay imágenes ni reportajes sobre la situación? Trump, con su plan de 20 puntos, ha conseguido que la gente piense que ahora hay un alto el fuego. Que no hay nada más que hacer en Gaza. Netanyahu, mientras, ha logrado tres objetivos: liberar a los rehenes israelíes, destruir la resistencia palestina y evacuar a la población de Gaza. Ahora el mundo mira fuera de Gaza. Por ejemplo, a Venezuela.

Trump ha anunciado la creación de la Junta de Paz con líderes de todo el mundo, incluido Israel. ¿Cómo evalúa esta iniciativa?

Tras dos años de genocidio, la población está cansada y vive en una situación de incomprensión. Esto debía terminar. Por eso, los grupos de resistencia palestinos aceptaron el alto el fuego, pensando que necesitaban una pausa. Podemos cambiar la situación más adelante. Así, la primera etapa ha terminado y ahora entramos en la segunda. En ese contexto, Trump intenta crear una Junta de Paz que, por los estados que lo integran, parece un consejo opuesto a la ONU. Se presenta como un hombre de paz, pero ha visto lo que Israel ha hecho y lo ha apoyado continuamente. Por eso no creo que este consejo ayude más allá de mantener el alto el fuego. Creo que está montando un espectáculo y quiere declararse el emperador de este consejo.

¿Qué estrategia defiende la OLP?

La OLP no es una estructura homogénea. Está formada por muchas organizaciones palestinas, de derecha e izquierda, y según la cuestión política, a veces estamos a favor y otras en contra. Los dirigentes de la OLP, parte del comité ejecutivo, enviaron una carta a Trump para agradecerle el consejo de paz. Otros no lo hicimos, porque sabemos lo que significa, creemos que no traerá ningún beneficio.

La división entre facciones sigue abierta, entonces.

Sí, hay una división. Diría que hay tres cuestiones clave sobre este consejo: quién lo compone, qué trabajo hará, es decir, si servirá al pueblo palestino o a Israel y a su intención de evacuar Gaza, y si intentará que los palestinos entreguen las armas. Si se escucha a Trump, dice que no habrá armas en Gaza. Pero los grupos de resistencia palestinos nunca entregarán las armas.

Por tanto, ¿es realista plantear un desarme completo de Hamas y de otras milicias?

Intentaré responder de otra manera. La historia de la revolución palestina nos dice que nunca hay que entregar las armas. Me refiero al año 1982 en Beirut. Yasser Arafat, en ese momento, entregó las armas al Ejército libanés. Al día siguiente, el 17 de septiembre de 1982, la Falange Libanesa se reunió con soldados israelíes. Al frente estaba el ministro de Defensa israelí, Ariel Sharon. Atacaron dos campos de refugiados en el Líbano y mataron a miles de palestinos [masacre de Sabra y Chatila]. Por eso decimos que daremos nuestra alma, pero nunca nuestras armas. Ese es nuestro lema. Ahora bien, podemos encontrar formas de reducir las armas, pero nunca encontraremos una forma de renunciar totalmente a ellas.

Con esas premisas, ¿podría darse un desarme parcial?

Sí, tal vez. Pero no entiendo por qué el mundo y los países y medios occidentales siempre hablan de desarmar a la resistencia palestina.

Pregunto sobre las exigencias de Trump. Por aclarar cuáles pueden ser los escenarios futuros.

Lo sé, pero ¿por qué no hablan de desarmar a Israel, que tiene armas nucleares? No quieren ninguna resistencia en la región: ni en Líbano, ni en el sur de Siria, ni en Irak, ni en Irán. Para controlarla, deben destruir toda resistencia contraria al colonialismo y al imperialismo, esa es la política de Trump y Netanyahu. Creo que el Estado que destruyó Gaza debe reconstruirla y rendir cuentas por este genocidio. ¿Cómo puede Israel hacer todo esto sin ser castigado? Eso no es normal.

La Administración Trump está tratando la reconstrucción de Gaza como un negocio. ¿Es esta una nueva forma de control económico?

Por supuesto. Israel es el brazo del imperialismo estadounidense. Lo que hace en la región va más allá del control de la población y de la resistencia: controla el gas y el petróleo de toda la zona, desde Arabia Saudí hasta Qatar, Emiratos Árabes, Bahréin y Kuwait. Trump lo justifica en nombre de la «seguridad nacional», el mismo argumento que utiliza cuando habla de Groenlandia. Ese pensamiento se basa en la doctrina Monroe de 1823, que definía qué partes del continente americano debían ser controladas por EEUU. Por eso habla de comprar Groenlandia, aunque su población lo rechace, igual que nosotros decimos que Palestina no está en venta. Es la misma política.

Si finalmente Gaza es gobernada por un comité de tecnócratas palestinos, ¿podría allanar el camino para el regreso de la Autoridad Nacional Palestina (ANP)?

Debe existir una conexión entre Cisjordania y Gaza. Nuestra visión es tener un Estado en Cisjordania y la Franja de Gaza, con Jerusalén como capital y grantizando derecho de retorno de los refugiados. Este comité tecnócrata está formado por palestinos, aunque Trump lo haya modificado a su antojo, y su cometido es ayudar a la población y reconstruir Gaza. Ahora bien, no se puede reconstruir Gaza separándola de la geografía del Estado palestino.

Por eso, para nosotros debe haber una conexión con la Autoridad Palestina, aunque nos opongamos a ella. Esa conexión geográfica debe mantenerse, porque si Gaza se separa de Cisjordania, nuestro proyecto político desaparece. Apoyamos el comité para garantizar la ayuda y la vida en Gaza, pero rechazamos cualquier tutela impuesta por la llamada Junta de Paz de Trump y Netanyahu, cuyo lugar legítimo está en la Corte Penal Internacional.

Sin embargo, ¿por qué la Autoridad Nacional Palestina quedó al margen de esta negociación?

Porque Trump e Israel no lo quieren. Y voy a intentar explicarlo con otra frase. Si eres débil, todo el mundo te traicionará. Pero si te mantienes firme y dices «no, no acepto estas cosas», intentarán buscar otra vía. Sin embargo, la Autoridad Palestina siempre dice que sí. Piensan que más adelante tendrán quizá un lugar en el tren de las negociones. Pero Israel y Trump no piensan así, buscan aislarla cada vez más y cortar la esperanza del pueblo palestino de construir un Estado. La Knesset ha votado contra la creación de un Estado en Cisjordania y Gaza, lo que demuestra que hoy no hay posibilidad de construir un Estado. Aun así, creemos que mantener la conexión es importante.

¿Cuál es la opinión de los gazatíes respecto a la Autoridad Palestina?

Los palestinos que viven en Gaza no tienen nada. No hace falta que lo repita. Para ellos, si el diablo llegara allí y les ayudara, lo aceptarían. Quizás ahora se entienda mejor.

Hay muchas preguntas sobre la fuerza internacional que se va a implantar en Gaza. ¿Sería una fuerza para mantener la paz o una fuerza destinada a enfrentarse a Hamas?

Esta es la pregunta principal y más importante. Si se leen los 20 puntos del acuerdo, no hay ninguno que indique que esta fuerza tenga como objetivo desarmar a los grupos de resistencia palestinos. Hay una frase que habla de sacar las armas. Ahora se dice que Hamas y otros grupos quedarían libres si entregan sus armas, pero para el pueblo palestino eso significaría quedar fuera de juego.

Muchos países debaten el envío de soldados a Gaza.

Será una fuerza de mandato. Por un lado, se busca controlar Gaza y, por otro, desarmar a los grupos de resistencia. Pero esa fuerza no podría hacerlo: estaría integrada también por soldados árabes, no solo europeos, y estos no aceptarían llevar a cabo acciones contra los palestinos, como atacar a los grupos de resistencia.

¿Cuál será el futuro papel de Hamas y los diferentes grupos de resistencia?

Hamas tendrá un lugar en Gaza. No es solo un grupo de resistencia, gobierna y cuenta con el apoyo de una parte de la sociedad palestina. Hamas seguirá ahí, quizá como partido político y quizá con otro nombre. No lo sé. El objetivo principal de la resistencia es permitir que la población permanezca en su tierra, en Gaza y en Cisjordania, ayudar a la UNRWA en los campos de refugiados y evitar la demolición de casas en Jerusalén. El otro programa, el programa sionista de Netanyahu, Ben Gvir y Smotrich, es una Palestina sin palestinos.

Varios gobiernos occidentales y árabes hablan de la solución de los dos estados. ¿Cómo lo ven ustedes?

El equilibrio de poder es el nombre en clave de la solución política. Ahora, el equilibrio de poder no está del lado del pueblo palestino; estamos a la defensiva, no en acción. Falla la unidad entre las facciones palestinas, aunque existe un programa político que se trabajó en Pekín en julio de 2024. En estas condiciones no podemos hablar de construir un Estado. ¿Con quién? ¿Con Netanyahu? No hay hoy ningún movimiento democrático en Israel que permita tender puentes con el pueblo palestino. Desde una lógica de política real, nuestro objetivo es establecer un Estado en el 22 % de la Palestina histórica. No estamos en contra de un Estado democrático compartido, pero no podemos vivir bajo el colonialismo ni el apartheid. Las reglas del orden mundial están cambiando y debemos ser realistas y desarrollar un programa político contra ese proyecto colonial.

Fuente: https://www.naiz.eus/es/info/notici...

Dominic D. Skerrett

En las primeras horas del 1 de enero, un grupo de activistas pro‑Palestina realizó una acción de sabotaje en la planta de Bruntons Aero Products, empresa fabricante de componentes aeronáuticos situada en el polígono industrial de Inveresk en Musselburgh, East Lothian. La intervención —justificada por los participantes como resistencia directa al apoyo británico al aparato militar israelí— ha generado debate sobre el papel de las industrias militares en la guerra en Gaza y la criminalización de la disidencia política

Según imágenes difundidas en redes sociales, personas con el rostro y la cabeza cubiertos ingresaron a las instalaciones poco después de las 00:30 y procedieron a dañar maquinaria industrial, ordenadores y servidores, utilizando martillos, pintura y extintores tomados del propio edificio. También dejaron consignas pintadas en rojo en paredes y equipos con mensajes como “THERE'S ONLY ONE WAY THIS ENDS” y “DROP LEONARDO”.

La empresa escocesa Bruntons Aero Products, con una historia de producción de piezas aeronáuticas desde finales del siglo XIX, suministra partes a grandes contratistas de defensa como Leonardo y BAE Systems. Aunque la cadena específica de fabricación de piezas vinculadas directamente a cazas F‑35 puede ser indirecta o mínima, estas conexiones forman parte de una red industrial integrada en el complejo militar global que produce armamento utilizado en conflictos en todo el mundo.

Los activistas denunciaron, en un comunicado difundido tras la acción, que la industria aeronáutica europea está vinculada al apoyo logístico y material del Estado israelí, que desde octubre de 2023 ha intensificado su ofensiva en la Franja de Gaza con un saldo de decenas de miles de civiles muertos y heridos según múltiples organizaciones de derechos humanos.

Empresas como Leonardo UK han sido blanco de protestas continuas en Escocia por su papel en la producción de sistemas de puntería y otros componentes integrados en aviones F‑35, los cuales Israel ha utilizado en campañas de bombardeos sobre Gaza. Asimismo, grupos de derechos humanos y legales han iniciado recursos jurídicos contra el Gobierno británico por continuar otorgando licencias de exportación de partes vinculadas a estos aviones pese al riesgo evidente de violaciones de derechos humanos.

Imagen de uno de los activistas martilleando un equipo electrónico | Captura de video

Contexto de protestas en el Reino Unido

La acción en Musselburgh se enmarca en una oleada de movilizaciones y actos directos contra la industria armamentística británica que ha incluido bloqueos, sabotajes y ocupaciones simbólicas de instalaciones vinculadas a la cadena de suministro de armas. Organizaciones como Palestine Action —que ha sido objeto de proscripción en el Reino Unido por el Gobierno— han reivindicado estas acciones como parte de su lucha contra lo que consideran complicidad del Estado británico con la violencia israelí.

Mientras la policía escocesa confirmó que investiga el allanamiento y los daños causados, activistas detenidos en acciones similares han denunciado estar en huelga de hambre exigiendo su liberación, el fin de medidas represivas y el cese de las exportaciones de armas a Israel. La respuesta oficial hasta ahora se ha centrado en el reproche a los métodos empleados, mientras persiste el debate sobre la ética de la industria militar y las responsabilidades estatales en conflictos internacionales.

Fuente: https://laprotesta.es/2026/01/06/ac...

Santiago González Vallejo

En la Base de Datos de las Naciones Unidas referida a empresas que facilitan la colonización israelí (un crimen reconocido por la Corte Internacional de Justicia en su Resolución del 24 de julio de 2024, párrafos 278 y 279) están las empresas de alojamiento hostelero, como Airbnb, Booking, Expedia y Tripdvisor que, a su vez, disponen de otras empresas asociadas y subsidiarias, desde Edreams a Trivago. Estas empresas, en tanto que intermediarias entre la propiedad y el turista, se dedican a facilitar alojamientos en asentamientos (ilegales, según el Derecho internacional) en los Territorios Ocupados palestinos y sirios, en Cisjordania, incluyendo Jerusalén, y en los Altos del Golán. Lo hacen a través de sus páginas digitales, y por ese servicio cobran un porcentaje de los ingresos que se producen por esas transacciones de alquiler de alojamientos y servicios conexos.

Ese lucro criminal apoya la Ocupación, profundiza la colonización y sostiene la impunidad, así como la ausencia de rendición de cuentas y de sanciones a estas empresas. El tráfico económico se lleva a cabo a la vista de todo el mundo, dado que se trata de empresas que en sus múltiples páginas y en diversos idiomas cuentan con un mercado mundial de captación para el que anuncian actividades que son delictivas, sin que esto afecte a sus negocios. Por otro lado, las administraciones que debieran poner freno a ese negocio lo consienten y recaudan vía impuestos parte de sus beneficios. No debe de extrañarnos, por tanto, que todo este tráfico económico haya ido alimentando y dando alas al genocidio que presumiblemente está cometiendo Israel, un punto de vista que compartimos con Francesca Albanese, la relatora de las Naciones Unidas.

A la conquista militar israelí se le añaden las expropiaciones y expulsiones de los nativos palestinos y sirios, así como el robo de sus recursos, desde agua a materiales de construcción (en canteras, suelos y arenales). Todo esto apoyado desde la potencia ocupante por toda una panoplia de leyes de expolio y discriminación. Fortalecer esos asentamientos, proporcionando ingresos, en este caso vía turística, falseando en muchos casos el carácter ilegal del asentamiento y, por ende, de la actividad lucrativa de alquiler de alojamientos y otros servicios conexos, fomenta su expansión y la ampliación del crimen de la colonización.

La falta de rendición de cuentas de esas empresas es consubstancial a la política de permisividad y complicidad de los Estados donde tienen sus sedes estas empresas. La falta de rendición de cuentas se extiende a los auditores y sellos de calidad, medios de comunicación y otras empresas asociadas a las directamente responsables, que deberían cumplir unos mínimos de ética profesional. También son corresponsables de esa permisividad y complicidad los organismos y entidades que deben velar por hacer cumplir las leyes nacionales de blanqueo de capitales y el Derecho internacional y sus normas.

Entre estos últimos que descuidan su Código Ético se encuentra la Organización Mundial para el Turismo, UNWTO por sus siglas en inglés, de la que forman parte las cuatro empresas mencionadas, inscritas en la Base de Datos de las Naciones Unidas de empresas colonizadoras.

Así, por ejemplo, en el artículo 2 de ese Código Ético se afirma que ‘las actividades turísticas respetarán la igualdad de hombres y mujeres. Asimismo, se encaminarán a promover los derechos humanos y, en particular (…) los [de los] pueblos autóctonos'.

A su vez, en el artículo 10, se afirma que ‘los agentes públicos y privados del desarrollo turístico cooperarán en la aplicación de los presentes principios y controlarán su práctica efectiva'. De ahí que no entendamos que FITUR, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, que es también miembro de la UNWTO y ha subscrito este Código Ético, acepte como expositores habituales a empresas que vulneran los principios que dice defender o, todavía más grave, permita que esté presente al Estado de Israel. Un Estado colonizador, que hace gala de su incumplimiento del Derecho internacional y del Derecho humanitario y promueve y expande los asentamientos en Territorios Ocupados.

Las propias autoridades rectoras de la UNWTO, una agencia no por casualidad vinculada a las Naciones Unidas, deberían excluir, de oficio, a todas las empresas y entes mencionados. Y lo mismo puede decirse del Pacto Mundial (Global Compact), un instrumento de las Naciones Unidas de responsabilidad social empresarial, que dice liderar la sostenibilidad empresarial. Por coherencia con los Principios y Códigos Éticos que informan su actuación.

Fuente: https://www.elsaltodiario.com/opini...

elDiario.es

Tres carros de combate israelíes atacaron a cascos azules españoles este lunes por la tarde en el sur de Líbano, según ha informado el Estado Mayor de la Defensa, que precisa que ningún militar español resultó herido y se encuentran “a salvo”.

En un comunicado, el EMAD detalla que sobre las 16:30 del lunes, tres carros de combate israelíes tomaron posición al norte de la buffer zone en el área de responsabilidad del Batallón Español de la Brigada Este de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL, llamada UNIFIL en inglés), la “zona de seguridad en torno a las posiciones que las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés) mantienen en territorio libanés”.

“Como reacción, una patrulla española se dirigió hacia el lugar —al sur de la localidad de El Khiam— para monitorizar a dichos carros, puesto que estaban fuera de la citada buffer zone. En ese momento, los carros israelíes efectuaron tres disparos con su arma principal (cañón), y los proyectiles cayeron a 150 metros y 380 metros de la patrulla”, prosigue.

El Estado Mayor de la Defensa indica que, a continuación, la patrulla española “fue replegada a una zona segura, retrocediendo los carros israelíes posteriormente hasta su base de retaguardia. Sin más incidentes, la patrulla regresó a la base Miguel de Cervantes en Marjayoun”.

“Las fuerzas de UNIFIL, entre las que se encuentran nuestros militares españoles, están contribuyendo a la paz y estabilidad en el sur del Líbano, siempre en coordinación tanto con las Fuerzas Armadas Libanesas como con las israelíes. Cualquier acción hostil contra ellas representa una seria violación de la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1701, además de poner en peligro su seguridad”, concluye el texto.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de España ha condenado en otro comunicado “los continuos e inaceptables ataques israelíes contra las posiciones de FINUL, el último de los cuales amenazó otra vez más la integridad física del contingente español”. “El Gobierno de España urge a Israel a respetar las fuerzas de paz y a cumplir con sus obligaciones en materia de derecho internacional y con el acuerdo de alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024”, dice el texto.

Se trata del último incidente de este tipo. La FPNUL ha denunciado numerosos ataques de Israel contra sus posiciones y personal en el sur de Líbano, calificándolos de violaciones graves de la Resolución 1701, que tiene como objetivo mantener la paz en la zona desde hace casi 20 años.

La misión de cascos azules de la ONU en el sur de Líbano ha sido prorrogada por el Consejo de Seguridad solo hasta finales de 2026 debido principalmente a la insistencia de Estados Unidos, aliado de Israel, para poner fin a estas fuerzas establecidas con diferentes nombres desde 1978, lo que las convertía en unas de las más longevas de cascos azules en el mundo.

Pese a que Hizbulá dejó de bombardear el norte de Israel, zona a la que lanzaba misiles y drones durante la guerra de 2024, el Gobierno israelí del primer ministro Benjamín Netanyahu ha intensificado sus ataques en el sur del país alegando que el movimiento chií está intentando rearmarse.

Esta escalada de ataques tiene lugar en un momento en el que el Ejército libanés ha anunciado la finalización de la primera fase del plan de desarme de Hizbulá en cumplimiento con los objetivos del Gobierno para lograr la exclusividad de las armas en manos del Estado.

Fuente: https://www.eldiario.es/internacion...

Queralt Castillo Cerezuela

Los medios de comunicación mainstream británicos están tratando de ignorarla, pero en Reino Unido se está llevando a cabo la mayor huelga de hambre coordinada desde 1982, cuando los presos republicanos irlandeses se negaron a comer para hacer valer sus reivindicaciones.

Seis son las personas detenidas y en prisión preventiva que se encuentran actualmente en huelga de hambre en Gran Bretaña. Son activistas del grupo Palestine Action, clasificado como “organización terrorista” por el gobierno británico en julio de 2025, después de que varios de ellos allanasen una base aérea en Oxfordshire y vandalizasen una fábrica, cerca de Bristol, de Elbit Systems, uno de los mayores fabricantes de armas israelí. Acerca de la clasificación como organización terrorista, varios grupos de derechos humanos internacionales y Naciones Unidas ya lo han considerado como “desproporcionado”.

A los activistas detenidos, algunos de los cuales llevan ya 50 días sin comer —dos han tenido que ser hospitalizados en las últimas horas y dos más tuvieron que abandonar la protesta por motivos severos de salud— se les acusa de daños criminales, robo y disturbios violentos. Si bien el sistema de prisión preventiva británico prevé una pena de seis meses, si nada cambia, para cuando se lleve a cabo el juicio de estos activistas, habrán pasado más de un año en prisión preventiva. Desde que Palestine Action fuera declarada organización terrorista, la policía británica ha arrestado a más de 1.600 personas relacionadas con el grupo.

Más de 50 días de huelga de hambre y unas demandas claras

Más de 50 son los días que Qesser Zuhrah, Amu Gib y Heba Muraisiestán en huelga de hambre; Teuta Hoxha y Kamran Ahmed encaran sus días en ayuno 45 y 44, respectivamente; y Lewie Chiaramello hace 30 días que no come. Umer Khalid y Jon Cink tuvieron que abandonar la protesta el día 13 y el 45 en ayunas, respectivamente.

Esta es la manera que estos ocho detenidos, activistas de Palestina Action, han decidido protestar por su detención y por los cargos que se les imputan. Desde Palestine Action se asegura que los detenidos están sometidos a restricciones comunicativas y a interferencias por parte de las administraciones penitenciarias: “La censura dentro de las prisiones es una herramienta de control utilizada para castigar la resistencia. Las cartas, las llamadas telefónicas, las declaraciones políticas, los libros y cualquier otra forma de expresión deben ser respetadas”, se puede leer en su web.

También se exige la liberación de las personas presas hasta que se produzca el juicio y que este sea justo. Un juicio que, según dicen, “no podrá realizarse hasta que se publiquen íntegramente todos los documentos relevantes de nuestros casos. Esto incluye todas las reuniones entre funcionarios estatales británicos e israelíes, la policía británica, el fiscal general, representantes de Elbit Systems y cualquier otra persona involucrada en la coordinación de la continua caza de brujas contra activistas y activistas”. El grupo ha pedido que se publiquen todos los registros gubernamentales de todas las exportaciones de Elbit Systems UK de los últimos cinco años. “Tenemos derecho a saber qué armas se fabrican y exportan desde el Reino Unido, especialmente cuando se utilizan para cometer genocidio”, destacan. Una de las demandas con más peso es la retirada de todos los cargos que relacionan a los activistas con el terrorismo y que se saque a la organización de la lista de grupos terroristas, porque “la acción directa no es terrorismo”, insisten desde la organización.

Por último, Palestine Action pone en el punto de mira en sus demandas a la filial británica de Elbit Systems, el mayor fabricante de armas de Israel. Según cuentan ellos mismos, desde 2012, Elbit ha obtenido 25 contratos públicos en el Reino Unido por un total de más de 355 millones de libras. A pesar del genocidio iniciado el 7 de octubre de 2023 y de saberse que esas armas se usan en Gaza contra la población Palestina, el Ministerio de Defensa británico tiene intención de continuar firmando contratos con la empresa mencionada. A este respecto, la organización pide que se rescindan los contratos con Elbit y que se deje de usar “el dinero de los contribuyentes para financiar la maquinaria genocida”, además del cierre de todas las instalaciones de Elbit Systems en el Reino Unido.

En peligro el derecho a la protesta

En el Reino Unido, las manifestaciones contra el genocidio en Gaza han sido, como también ha sucedido en otras capitales europeas, masivas. Las marchas para exigir el embargo de armas israelíes y el fin de las relaciones con Israel han tomado Londres y otras ciudades británicas en diferentes ocasiones a lo largo de estos más de dos años de campaña genocida de Israel en Gaza.

Si bien el pasado 21 de septiembre, en una declaración coordinada, el Reino Unido, Canadá y Australia reconocían oficialmente a Palestina, en el caso del primero, la represión contra la ciudadanía que defiende la causa ha sido titular en los medios de comunicación en varias ocasiones. La consideración de Palestine Action como grupo terrorista no solo afecta a la protesta contra el genocidio, destacan juristas y sindicalistas, sino que interfieren en el derecho a la protesta pacífica.

“La prohibición de Acción Palestina en el Reino Unido confunde la libertad de expresión con actos de terrorismo”, aseguró el pasado 25 de julio el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien instó a las autoridades del país a revocar la decisión.

El Reino Unido prohibió Palestine Action bajo la Ley de Terrorismo del año 2000. Según esto, ser miembro de la organización o expresar apoyo de manera pública puede ocasionar sanciones penales, incluyendo multas y penas de prisión de hasta 14 años. En aquel momento Türk advirtió que la decisión le parecía “desproporcionada”, “innecesaria” e “inadmisible” y que contravenía “las obligaciones internacionales del Reino Unido en materia de derechos humanos”.

También en Alemania se está produciendo una situación similar: el pasado 8 de septiembre, cinco personas entraron en las instalaciones de Elbit Systems en la ciudad de Ulm, en el sur del país. La acción no violenta consistió en grabar una una serie de vídeos a rostro descubierto con varias demandas. La principal era el cierre de la fábrica de Elbit Systems en Ulm.

Los activistas, de diferentes nacionalidades —irlandesa, británica, alemana y argentino-española— fueron detenidos el mismo día y no opusieron resistencia. Desde entonces permanecen encerrados en prisión preventiva y han denunciado abusos y denegación de derechos, como la obligación de permanecer sólo con ropa interior, la ausencia de abogados durante los interrogatorios o incluso la imposibilidad de reunirse con ellos. También vienen denunciando condiciones de aislamiento, trato inadecuado y una estricta vigilancia de sus comunicaciones, entre otros.

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Manuel Ligero

La gente cambia, eso es un hecho. Cambia para bien o para mal. El caso de Peter Beinart es paradigmático de eso que Kant llamó «giro copernicano». Este profesor de periodismo, exdirector de la revista liberal The New Republic, fue un decidido defensor de la política intervencionista de Estados Unidos. Por ejemplo, apoyó de forma entusiasta las invasiones de Irak, Afganistán y Libia, un hecho que luego calificaría como su peor error intelectual y moral. «Yo mismo me consideré un ‘halcón liberal' hasta que aquellas guerras me forzaron a cambiar mi visión del mundo», escribió en The Guardian. Judío practicante, asiste todos los sábados a la sinagoga y sigue las leyes dietéticas kosher. También fue un enérgico sionista en su juventud, pero su opinión sobre el Estado de Israel ha cambiado radicalmente. Lo explica en Ser judío tras la destrucción de Gaza (publicado en español por Capitán Swing), un libro concebido para convencer a otros judíos del error del proyecto nacional israelí y de las trampas argumentales, los mitos y el victimismo en que se fundamenta. «Este libro va del cuento que los judíos nos contamos a nosotros mismos a fin de ignorar los gritos», escribe en el prólogo. Los gritos palestinos.

«Beinart cuenta que él llegó a esa postura tras conocer a palestinos reales», explica su traductor, Pablo Batalla Cueto, durante la presentación del libro en Madrid. «Esos seres humanos, en el discurso de su familia, eran el Otro, el enemigo que te determina». Beinart compara esta visión excluyente de los palestinos con la Sudáfrica en la que nacieron sus padres y en la que él vivió parte de su infancia. «Recuerda cómo era aquello y por eso nos dice: ‘Israel es un apartheid y la gente justifica el apartheid israelí exactamente igual que mi familia justificaba el apartheid sudafricano, con los mismos argumentos, con las mismas mentiras, con los mismos cuentos'». Incluso recurriendo al principio del «supremacismo», un término que Beinart menciona literalmente respecto a la política del Estado de Israel.

Esta comprensión de la realidad palestina le ha llevado a una postura que muchos calificarían de extremista. Por supuesto, abomina de Hamás, un movimiento violento y reaccionario, pero comprende sus razones. «La mayoría de los líderes de Hamás y de la Yihad Islámica son hijos o familiares de víctimas de Israel. Han visto morir a sus padres, a sus hermanos, a sus primos. Y la violencia sólo engendra violencia. ¿Qué podría esperar Israel tras el genocidio de Gaza sino más violencia?», dice Batalla recogiendo el testimonio de Beinart para ilustrar la salvaje y contraproducente posición de Tel Aviv. «A la mayoría de la gente no le gusta matar. Lo hacen cuando no ven otra vía». Así es como Beinart analiza la resistencia palestina.

«Este es un libro diferente, novedoso, extrañamente esperanzador», indica su traductor. «Conocemos otros libros escritos por judíos antisionistas y críticos con Israel, como los de Ilan Pappé, Noam Chomsky o Norman Finkelstein, y son muy valiosos, pero a menudo tienen un punto de exaltación y de rabia. Beinart se muestra como una persona increíblemente cabal, sensata, tranquila». Aboga por un Estado laico, para todos los que vivan allí, judíos y árabes, compartiendo los mismos derechos y que ni siquiera se llame Israel. En este sentido, fue muy sonado el artículo que publicó en The New York Times en 2020 bajo el título «Ya no creo en un Estado judío». En él explicaba la diferencia entre un Estado y «un hogar judío en la tierra de Israel», que es a su juicio la verdadera (y tergiversada) esencia del sionismo. «Israel-Palestina –escribía– puede ser un hogar judío y, en igualdad de condiciones, un hogar palestino. Construir ese hogar puede traer la liberación no solo para los palestinos, sino también para nosotros».

Suena ingenuo. Utópico quizás. Pero cosas más raras se han visto. Sudáfrica vuelve a servirle de ejemplo: cuando acabó el apartheid, muchos blancos pensaban que llegaba la hora de la venganza de las personas negras y que se produciría un baño de sangre. No fue así. Y lo mismo ocurrió en Irlanda del Norte. «Allí estuvieron 50 años pegándose tiros y poniendo coches bomba –ilustra Pablo Batalla–, pero de repente llegaron los Acuerdos de Viernes Santo e incluso se formó un gobierno de coalición entre el DUP y el Sinn Fein. Es como si aquí gobernaran juntos Vox y Bildu». Beinart insiste en que el pueblo judío no es diferente, no es ni mejor ni peor que cualquier otro pueblo. Si ellos pudieron hacerlo, Israel también.

Pero una de las primeras cosas que debe hacer, a juicio de Beinart, es abandonar de una vez por todas el victimismo. Lo abrazó tras la Guerra de los Seis Días, «cuando pasó de ser un Estado débil, precario, que contaba con las simpatías de la izquierda internacional, a ser un matón. A partir de entonces empieza lo que Finkelstein llama ‘la industria del Holocausto', que sirve para contrarrestar cualquier crítica», explica Batalla. «Señalar cualquier disfunción del Estado de Israel se responde con acusaciones de antisemita y de complicidad con el Holocausto».

Estas consideraciones han llevado a Beinart a ser repudiado por buena parte de su comunidad. Lo insultan en la sinagoga, se niegan a darle la paz e increpan a sus hijos en la universidad. Pero no va a dejar de defender la versión más humanista de su religión. Como explica Pablo Batalla, los primeros internacionalistas fueron los judíos. No les quedó otro remedio: «Han solido ser los mejores humanistas precisamente porque han sido perseguidos en todas partes. Los encerraban en guetos o los expulsaban o les negaban la nacionalidad en los países en los que se encontraban, por eso se vieron obligados a volverse internacionalistas y a pensar en la humanidad. En la izquierda, gran parte de nuestros héroes intelectuales, como Rosa Luxemburgo o Walter Benjamin, forman parte de una bella tradición judía que pensó en el ser humano de forma universal. No eran nacionalistas porque no podían serlo, porque no les dejaban tener patria. Y según explica Beinart, la condición de pueblo elegido no se basa en que Yavé les diera privilegios especiales sino deberes especiales para con toda la humanidad. Ese mensaje contempla la dignidad intrínseca de todo ser humano y es fundamentalmente universalista».

Fuente: https://www.lamarea.com/2025/12/10/...