• La próxima semana finaliza el plazo para responder a la consulta pública que recabará la opinión de la ciudadanía sobre las Directivas de Aves y Hábitats.
• Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF alertan de que debilitar estas leyes europeas, especialmente ante la gravísima pérdida de biodiversidad y deterioro de procesos ecosistémicos esenciales actual, pondría en riesgo la naturaleza que sustenta el bienestar y la salud de la población, así como la economía, comprometiendo décadas de recuperación de especies, como el lince, el oso pardo o el águila imperial.
• Las organizaciones ecologistas animan a la ciudadanía a participar en la consulta pública para evitar un gravísimo retroceso en la protección de la naturaleza en Europa.

Apenas queda una semana para que se cierre la consulta pública que abrió la Comisión Europea para recabar la opinión de la ciudadanía y de los sectores implicados en la aplicación de las directivas de Aves y Hábitats. Las organizaciones ecologistas consideran que la revisión de estas normas clave para la protección de la naturaleza de la UE podría suponer reducir las obligaciones y garantías que hoy en día deben cumplir las empresas, las administraciones y otros agentes para proteger la naturaleza.

La consulta se lanza en medio de un proceso más amplio de revisión y desmantelamiento de la normativa europea de protección ambiental con la excusa de mejorar la competitividad y la simplificación burocrática. Así, en los últimos meses se están revisando con este tipo de procedimientos la Directiva Marco del Agua (con la excusa de favorecer la extracción de materias primas fundamentales necesarias para la autonomía estratégica), o el Reglamento de Piensos y Alimentos -con una reducción de la protección frente a los pesticidas.

Según señalan las organizaciones, el problema no es solo el “qué” se está revisando o el “para qué”, sino también el “cómo”. Hace unos meses, la Defensora del Pueblo Europeo, Teresa Anjinho, calificó como un caso de mala administración la forma en que la Comisión Europea preparó los paquetes Ómnibus, por eludir las garantías habituales de transparencia, consulta pública y evaluación de impacto.

Sin embargo, las organizaciones recuerdan que hace poco más de una década la CE ya realizó una evaluación de las Directivas Hábitat y Aves (fitness check), y el resultado concluyó que las Directivas de naturaleza eran adecuadas para la finalidad que perseguían, y que lo que era necesario era mejorar su aplicación práctica, algo que sigue estando vigente en la actualidad.

Las Directivas Aves y Hábitat son la piedra angular de la política de biodiversidad de la UE y protegen la biodiversidad más valiosa y amenazada. Por ello, su modificación pondría en juego la protección de hábitat y especies que es fundamental para mantener unos ecosistemas saludables, que son la base sobre la que se sustenta la sociedad y la economía.

Además, en un momento en que se cuestionan tanto las directivas europeas de naturaleza, conviene recordar lo que han hecho posible en Europa y en España. Detrás de algunas de las mayores historias de éxito en materia de conservación, hay décadas de protección legal, financiación europea y una buena gestión del territorio.

De hecho, las actuales leyes ambientales de la UE se basan en décadas de evidencia científica, y cuando han sido bien aplicadas por los estados miembro y se ha contado con la necesaria financiación han demostrado su eficacia a la hora de proteger los ecosistemas y la salud pública. En el caso de España, como ejemplo, el lince, el oso pardo y el águila imperial son tres casos de éxito paradigmáticos que ilustran por qué desmantelar este marco en la Unión Europea pondría en riesgo nuestras especies de fauna más emblemáticas.

Las organizaciones ecologistas recuerdan a la Comisión Europea que, como parte del Convenio de Diversidad Biológica, se comprometieron a aplicar el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal para detener la pérdida de biodiversidad en 2030 y, que en lugar de debilitar las Directivas de Aves y Hábitat, deberían reforzar su aplicación facilitando la necesaria financiación.

Gracias a las Directivas de Aves y de Hábitats, la Unión Europea ha construido un verdadero patrimonio natural común: la red Natura 2000, la mayor red coordinada y en gran parte conectada de espacios protegidos del mundo que, contando con más de 27.000 espacios distribuidos por los 27 Estados miembros, protege una quinta parte del territorio terrestre de la UE y cerca del 10 % de sus mares, salvaguardando unos 230 tipos de hábitats y alrededor de 1.200 especies de interés comunitario.

Natura 2000 constituye una auténtica infraestructura ecológica europea, conectada más allá de las fronteras nacionales, siendo esencial para detener la pérdida de biodiversidad, reforzar la resiliencia frente al cambio climático y sostener los servicios ecosistémicos de los que depende la seguridad alimentaria e hídrica y la salud de la población, así como los de las generaciones futuras.

Por ello, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y WWF exigen que el marco normativo vigente no se debilite, sino que se refuerce su aplicación, se dote de financiación necesaria y se cumpla de forma más eficaz por parte de los Estados miembros. Asimismo, insisten en que una participación ciudadana informada es clave para garantizar que cualquier reforma legislativa respete el conocimiento científico y el derecho de todas las personas a disfrutar de un medio ambiente sano.

Sobre la consulta pública:

La consulta, que finaliza el próximo 10 de agosto, está dirigida tanto al público general como a organizaciones, empresas, administraciones públicas, universidades, sindicatos y usuarios del medio natural, como agricultores, pescadores, silvicultores o cazadores. Las respuestas se van a incorporar al proceso de revisión que está llevando a cabo la Comisión Europea.

Consulta pública >

 

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¿Quieres que especies emblemáticas como el lince, el oso pardo o el águila imperial sigan protegidas por ley?

¿Crees que la Red Natura 2000 es una herramienta clave para conservar nuestros ecosistemas?

Entonces, necesitamos tu ayuda.

Durante más de 30 años, las Directivas de Aves y de Hábitats de la Unión Europea han protegido los lugares y la fauna que tanto amamos. Velan por la limpieza de los ríos, la salud de los bosques y la conservación de paisajes emblemáticos, al tiempo que brindan a especies como el martín pescador común y el cormorán grande la oportunidad de prosperar.

Hoy en día, estas leyes corren el riesgo de ser reformadas.

Este es uno de los pocos momentos en los que la Comisión Europea pregunta a la ciudadanía si estas medidas de protección deben seguir siendo firmes. Si las personas a las que les importa la naturaleza guardan silencio, otros hablarán por ellas.

Participa en la consulta pública europea para exigir que las Directivas de Aves y Hábitats no se debiliten.

El proceso es muy sencillo y tan sólo te llevará unos 10 minutos:

1. Accede a la página oficial de la consulta pública. Para hacerlo, pulsa el botón rosa que encontrarás abajo.
2. Lee la breve introducción y haz clic en «Responder al cuestionario».
3. Inicia sesión o crea una cuenta.
4. Rellena el formulario. Es un cuestionario con preguntas tipo test. La mayoría muy intuitivas.
5. Por último, no olvides hacer clic en «Enviar».
6. Si quieres saber más sobre la consulta y necesitas ayuda para responder al cuestionario, puedes consultar la Guía para participar en la consulta pública que hemos preparado para ti. Queremos ayudarte a tener toda la información que necesites para responder libremente y que tu voz se escuche.

Tienes hasta el 10 de agosto a medianoche para hacerlo. ¡No lo dejes para el final!

Link al cuestionario

 

 

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La plataforma SAVE! donde participa Ecologistas en Acción Ciudad de Sevilla denuncia que el proyecto urbanístico de Santa Bárbara se basa en un estudio ambiental “mutilado” que oculta su impacto real.

• El promotor ha ignorado la Ley de Aguas que les obliga a realizar un estudio de inundabilidad por la afección al Dominio Público Hidráulico y la exigencia legal del Servicio de Gestión del Medio Natural.
• El inventario no recoge de forma rigurosa, mediante un estudio científico, un año completo de muestreo y se limita exclusivamente a la primavera, invisibilizando el impacto sobre aves amenazadas, mamíferos e invertebrados durante el resto del año, especialmente en la época de lluvias que sirve a la reproducción de muchas especies.
• Advierten que la Autorización Ambiental Unificada (AAU/SE/0616/2022/N) incurre en un vicio de nulidad al saltarse los criterios vinculantes de la Delegación Territorial y la Ley de Aguas.

La plataforma SAVE!, integrada por colectivos ambientales, asociaciones vecinales y entidades estatales de conservación, como Iberozoa, Ecologistas en Acción y Greenpeace, ha denunciado públicamente el “grave fraude científico y legal” sobre el que se asienta el procedimiento de Autorización Ambiental Unificada (AAU/SE/0616/2022/N) para el nuevo desarrollo urbanístico en Sevilla Este que acaba de considerar favorablemente la primera fase de “Santa Bárbara”. Según los portavoces de la Plataforma, el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA), presentado por el promotor del proyecto de urbanización, ha ignorado de forma deliberada los requerimientos técnicos oficiales, al obviar la presencia de los arroyos que alimentan las lagunas de El Sapo y las inunda anualmente, sirviendo a la reproducción de especies amenazadas y protegidas. Con el respaldo de universidades, publicaciones de sociedades científicas nacionales, como la Asociación Española de Herpetología, y recientes estudios del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, han presentado alegaciones al mismo firmadas por las organizaciones. Critican que el proyecto de urbanización adolece de serias carencias que dificultan su objetivo principal: evaluar el impacto ambiental que la urbanización producirá en las viviendas y las zonas verdes limítrofes.

El Servicio de Gestión del Medio Natural de la Junta de Andalucía impuso de forma clara y explícita al estudio de impacto ambiental la obligación de aportar un nuevo estudio que abarcase un diámetro mínimo de 2 kilómetros —conectando la zona desde Sevilla Este hasta el futuro Anillo Verde y Azul Metropolitano— así como ampliar el alcance temporal del mismo. Asimismo, exigió que un equipo con solvencia científica-técnica analizara detalladamente los objetivos de conservación (fauna y flora amenazada) a lo largo de un ciclo anual completo (12 meses) como mínimo.

Sin embargo, el promotor ha presentado un documento basado únicamente en muestreos realizados durante la primavera, una maniobra que los colectivos califican de “sesgo intolerable” para camuflar el verdadero valor ecológico de los terrenos. Limitando el trabajo de campo a una sola estación de muestreo excluyen del estudio de impacto, por ejemplo, la presencia de Marsilea strigosa, una especie considerada prioritaria de zonas húmedas temporales y que los propios técnicos de medio ambiente registraron el presente año en las lagunas de El Sapo.

Una resolución que desprotege al vecindario y la salud ambiental

La ley es muy clara respecto a la necesidad de presentar un Estudio de Inundabilidad, según recoge un informe de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, cuando se edifica sobre cauces fluviales. Al construir sobre zonas inundables y cauces fluviales se impermeabiliza el terreno y se impide al agua laminarse, con el consiguiente riesgo de avenida para las viviendas y calles cercanas. Subir las cotas del terreno no es suficiente frente a las inundaciones que se vienen produciendo los últimos años y que el otoño pasado dejaron imágenes como las que acompañan a esta noticia. EMASESA aún no cuenta con un proyecto que evite las inundaciones recurrentes en los barrios del Distrito este de Sevilla, a pesar de haber construido un gran colector hasta el encauzamiento del arroyo Ranillas.

Según SAVE! los promotores, ignorando deliberadamente la presencia de los arroyos que nutren las lagunas del este de Sevilla, están incumpliendo de forma clara los preceptos legales y el objetivo de evaluación del impacto ambiental del proyecto de urbanización que afecta a la zona de servidumbre, al dominio público hidráulico y a la vegetación del margen del arroyo, que alberga especies de plantas amenazadas y protegidas a nivel andaluz y estatal.

La urbanización contempla dos viarios, el trazado de uno de ellos cercena completamente el parque urbano de Torreblanca y, el otro, planea una rotonda de acceso justo sobre la laguna más rica para la biodiversidad, donde se reproducen anualmente se reproducen anfibios protegidos y crustáceos acuáticos, como el Triops baeticus, una endemismo andaluz y uno de los seres más antiguos del planeta. Según los investigadores, las medidas compensatorias que apunta el proyecto son del todo insuficientes y se limitan a replantar árboles pero de nada servirán si se planifican movimientos de tierras que acabarán con las comunidades presentes en el terreno.

Los resultados de las investigaciones de la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide y otras entidades que contribuyen de forma importante a decisiones de este tipo, apuntan a la falta de evaluación ambiental y a la pérdida de servicios ecosistémicos de los que disfruta la ciudadanía, como la regulación climática o los servicios culturales. Desde SAVE! defienden la importancia de que el Anillo Verde y Azul de Sevilla incluya espacios como las lagunas de El Sapo, humedales que, gracias a su alta productividad, secuestran carbono atmosférico como auténticos bosques urbanos, regulan la temperatura y eliminan el riesgo de inundaciones en las viviendas cercanas, recargando de forma natural el acuífero sobre el que se asientan.

Por otra parte, el estudio de impacto ambiental, al cometer un sesgo estacional, oculta impactos críticos que la legislación europea blinda de forma estricta:

• Aves migratorias: Se invisibiliza el uso de estos llanos periurbanos como zonas de alimentación y refugio invernal para rapaces y aves migratorias que bajan del norte de Europa.
• Mamíferos en peligro: Se ignora por completo dónde hibernan o se aparean las poblaciones de quirópteros (especies estrictamente protegidas) al no haber estudiado su comportamiento en otoño e invierno.
• Efecto barrera: No se evalúa cómo el asfalto fragmenta la conectividad de la fauna con el Anillo Verde Metropolitano durante su época de dispersión tras el verano.

Consecuencias legales: Riesgo de nulidad

Los portavoces de la denuncia recuerdan que la Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía (GICA) otorga un carácter vinculante a las exigencias de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

Siete entidades exigen a la Delegación Territorial que paralice el expediente de forma inmediata, se obligue al promotor a realizar un estudio de inundabilidad, que tenga en cuenta los arroyos y lagunas temporales, y a reiniciar el ciclo de estudios biológicos para garantizar la protección real del patrimonio natural de Sevilla.

“Aprobar una autorización ambiental con un estudio mutilado que ignora los cauces fluviales, las lagunas temporales y tres de las cuatro estaciones del año, vulnera los principios comunitarios de precaución y acción preventiva. Si la administración da el visto bueno a este atropello, recurriremos a los tribunales por un vicio claro de nulidad de pleno derecho”, advierten desde los colectivos firmantes.

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• La Federación Provincial de Ecologistas en Acción de Cádiz lamenta que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía mantenga a Óscar Curtido (PP) en el cargo de delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz de la Junta de Andalucía.
• Curtido se ha destacado por su nula aportación a la mejora del medio ambiente y la biodiversidad en nuestra provincia y por su prepotencia e incapacidad de diálogo con las entidades sociales que defendemos el medio ambiente.

Creíamos que soportar cuatro años a un delegado poco conocedor de los temas ambientales y que se comporta de forma prepotente, por no decir chulesca, para ocultar su propia ignorancia, ya era suficiente; pero no, la nueva Consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente nos castiga con otros cuatro años más.

Curtido se ha opuesto a cualquier avance en medidas que favorezcan a los espacios naturales y a la biodiversidad de la provincia, de los que Cádiz es líder indiscutible, y, por el contrario, se ha destacado por su apoyo sin fisuras a actividades como la caza.

Este delegado tiene bloqueada a la mayor parte de los órganos de participación de la Consejería, a los que les tiene alergia, porque tiene que debatir cara a cara con los representantes ecologistas, buenos conocedores de los espacios naturales protegidos, de la biodiversidad y de los problemas ambientales de la provincia. El caso más grave es el de la Junta Rectora del Parque Natural Sierra de Grazalema, que lleva más de un año sin reunirse, y que Curtido ha suspendido ya en dos ocasiones. Mientras que en la Junta Rectora del Parque Natural de La Breña y Marismas del Barbate se ha negado a debatir proyectos de urbanizaciones que lindan con este espacio natural protegido.

Curtido ha apoyado proyectos muy lesivos para hábitats y paisajes litorales, como la ruta ciclista Eurovelo por las dunas de Cortadura en Cádiz, que ha sido un fiasco. También ha apoyado, otorgando declaraciones ambientales positivas de forma fraudulenta, a numerosos planes urbanísticos que afectan a espacios naturales, como ha sido el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ubrique o varios proyectos turísticos y energéticos en zonas protegidas, como es el caso de la Zona de Especial Conservación de Los Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz, que forma parte de la Red Natura 2000 de la Unión Europea.

Está impulsando la modificación de las Normas Urbanísticas del PGOU de Rota, que afecta, entre otras zonas, a La Forestal para la cual se tiene proyectada la creación de un centro para la educación ambiental, el turismo sostenible y el hospedaje. Una zona privilegiada con una biodiversidad específica y donde el sistema dunar y pinar se ha podido mantener gracias a la ausencia de intervenciones urbanísticas.

El caso del Consejo Provincial de Medio Ambiente y Biodiversidad es particularmente grave: Curtido se ha negado a que se debatan en él temas relevantes como los vertidos hídricos, los planes locales frente al cambio climático y la gestión de los residuos municipales; una conducta resultado de la unión de la ignorancia con la prepotencia.

Por todos estos motivos, Ecologistas en Acción solicitó en octubre del año pasado el cese de este político estólido, petición que no obtuvo respuesta.

Con los retos ambientales que tenemos en Andalucía y en Cádiz, con la amenaza de la emergencia climática y la ola de incendios que está favoreciendo, lo único que nos faltaba es tener un Consejo de Gobierno negacionista y nihilista en compromiso climático, además de un delegado incompetente.

Muy lamentable. Malos augurios para el medio ambiente gaditano.

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En un momento donde la crisis ecológica y emergencia climática golpean con especial dureza a nuestras urbes, Ecologistas en Acción recupera y actualiza una de sus obras fundamentales: el Manual del árbol en la ciudad. Aunque hayan pasado veinticinco años desde que se publicara su primera edición, el diagnóstico sigue siendo el mismo, cuando no más urgente. La dinámica económica de nuestra sociedad sigue siendo capitalista, lo que significa que los seres humanos, los seres vivos y los ecosistemas son medios con los que producir y consumir sin freno. Este libro nos invita a detenernos, a bajar el ritmo y a cortocircuitar esa lógica destructiva que antepone el beneficio económico a la vida.

El Nuevo manual del árbol en la ciudad se presenta como una caja de herramientas políticas y ecologistas para recuperar el control de nuestras calles, defender la biodiversidad y garantizar un futuro habitable. Para ello, sus primeros capítulos deben entenderse en clave de educación ambiental. Persiguen la alfabetización ambiental de la ciudadanía, por lo que transmiten conocimientos a través de un enfoque divulgativo, riguroso y accesible. Se explican datos esenciales sobre el arbolado, la biodiversidad que alberga y se analizan los graves problemas que los amenazan en nuestras ciudades. A lo largo de estas páginas, la Comisión de Naturaleza de Ecologistas en Acción anima a la ciudadanía a replantearse por completo el diseño de los entornos urbanos donde residimos. Descubriremos que la vegetación no es un simple elemento ornamental o un complemento estético; sino que es el eje vertebrador indispensable para construir espacios sostenibles y habitables. Frente a la hegemonía del cemento, el hormigón y el coche privado, esta obra contrapone un modelo alternativo basado en la vegetación estratificada, la biodiversidad, la planificación urbana sostenible y el transporte público.

Sobre estos cimientos teóricos, se construyen una serie de capítulos dedicados a activar la respuesta ciudadana. Ofrecemos una guía práctica, con ejemplos y modelos, sobre los cauces legales disponibles para denunciar las agresiones medioambientales que sufren nuestros barrios. Además, reivindicamos con fuerza el valor de la movilización colectiva, subrayando su poder de transformación social. Mediante un recorrido por las campañas ciudadanas y vecinales más emblemáticas de los últimos años, el Nuevo manual demuestra de forma empírica que la implicación activa es la única herramienta capaz de frenar el rumbo actual hacia la degradación social y ecológica.

[PDF]: Manual del árbol en la ciudad

 

 

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Las consultas a las administraciones públicas, las 2.000 firmas presentadas por vecinos y vecinas del municipio y las 46 alegaciones de asociaciones y particulares motivan el Informe Ambiental Estratégico del órgano autonómico en el que se determina que el Plan Parcial SAU-3 “Los Arroyuelos” debe someterse a procedimiento de evaluación ambiental estratégica ordinaria y reformularse.

A finales de 2024, la Alcaldía del Ayuntamiento de Cercedilla aprobó inicialmente el Plan Parcial para la urbanización de la dehesa de Los Arroyuelos (Sector SAU-3) presentado por Inversiones Inmobiliarias Canvives, promotora filial del Banco Santander y del entramado del fondo buitre Blackstone. El documento, redactado íntegramente por la promotora propietaria de la finca y en el que se proponía la construcción de 36 chalés en fincas de 1000 m2, fue aprobado por Alcaldía sin ninguna modificación a pesar de sus numerosos defectos de contenido y forma. Más de un año y medio después la Consejería de Medio Ambiente se muestra tajante en la respuesta al consistorio: “la alternativa propuesta no se encuentra justificada ambientalmente en el Documento Ambiental Estratégico, donde no se realiza un análisis detallado de las afecciones ambientales que implicaría…” se afirma en el informe emitido el pasado 29 de mayo.

Prevención y control de incendios, catástrofes naturales, depuración de aguas residuales o la protección de la biodiversidad son algunas de las principales deficiencias señaladas en la redacción del Plan Parcial por parte de las administraciones consultadas.

En concreto, el informe emitido por el Área de Prevención de Incendios del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid subraya la insuficiencia de anchura de los viales según lo estipulado en el Código Técnico de Edificación. Asimismo, señala mal dimensionados los radios de giro e intersecciones de viales, la distribución de hidrantes, y señala la posible influencia en terreno forestal.

Por su parte, el informe de la Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal manifiesta su preocupación por la pérdida de arbolado en la dehesa (hasta 714 árboles maduros de 939 podrían verse comprometidos), alude al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) “El organismo ambiental competente podrá limitar la superficie ocupada por futuros desarrollos urbanísticos en las Zonas de Transición” y advierte que “…en el caso de que el Plan haya de ser sometido a algún procedimiento de impacto ambiental, éste deberá ser informado por la Sección de Parques Regionales y Naturales, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 9 de la Ley del PRCAM”.

El Canal de Isabel II informa sobre la falta de capacidad del Sistema de Saneamiento del Chaparral debido a la incorporación también de las aguas limpias a través del alcantarillado de los municipios tributarios (Cercedilla, Los Molinos y Guadarrama), emplaza al Ayuntamiento de Cercedilla a la firma de un Convenio de Ejecución de Infraestructuras Hidráulicas y asevera que “Hasta la firma del nuevo Convenio de Ejecución de Infraestructuras Hidráulicas, el Ayuntamiento de Cercedilla no deberá ni aprobar definitivamente ni instar a la aprobación definitiva de las figuras de planeamiento a tramitar para el desarrollo de los ámbitos incluidos en el citado Convenio a firmar, entre otros, el Sector SAU-3”.

Desde que se abrió el periodo de alegaciones a este plan parcial, Cercedilla ha vivido una movilización vecinal sin precedentes. La Plataforma Vecinal en Defensa de la Dehesa de Los Arroyuelos sirvió de punto de encuentro a vecinos y vecinas que asumieron la responsabilidad de informar a residentes y visitantes sobre los valores ambientales de la dehesa de Los Arroyuelos. Fruto de ese trabajo, se registraron ante la Consejería que hoy informa negativamente sobre el plan 2.000 firmas manuscritas en papel de oposición al proyecto.

En total, el Ayuntamiento de Cercedilla recibió por registro 46 alegaciones al plan parcial y, a pesar de haberse comprometido a darles respuesta en pleno municipal, a día de hoy no se ha pronunciado sobre ninguna de ellas. Las alegaciones vecinales hacen hincapié en el carácter especulativo del proyecto, la ausencia de interés general y consideran insuficientes las medidas propuestas para la protección de la biodiversidad y preservación del recurso hídrico. También subrayan la incapacidad de asumir obra nueva sin abordar los problemas de abastecimiento y depuración que afectan al parque urbano consolidado de Cercedilla, donde numerosas viviendas ya construidas, incluso hace más de medio siglo, no tienen acceso aún a la red de alcantarillado.

Las exhaustivas alegaciones registradas por Ecologistas en Acción Sierras de la Comunidad de Madrid trataron de subrayar que la dehesa de Los Arroyuelos “constituye un ámbito de suelo rural de facto, de destacado valor ambiental, lo que amerita su clasificación como suelo no urbanizable protegido, para mantener sus características agropecuarias”. Este documento pone de manifiesto el alto valor ecológico, ambiental y paisajístico de la zona, con afloramientos de arroyos y escorrentías, con características del uso tradicional ganadero y forestal, nidos de aves y campeo de aves protegidas y en peligro de extinción.

Casi dos meses después de haber recibido el informe de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid el Ayuntamiento de Cercedilla no lo ha hecho público en su página web ni las partes interesadas han recibido comunicación alguna.

Tanto las alegaciones presentadas por Ecologistas en Acción como numerosas alegaciones suscritas a título individual reclamaban que se declarase el suelo afectado como no urbanizable de protección por su valor forestal, agropecuario y paisajístico, así como la implementación de medidas para la conservación de su biodiversidad. El informe emitido por la Dirección General de Biodiversidad y Gestión Forestal se alinea con esta tesis al recordar que “En los suelos urbanizables que carezcan de planeamiento de desarrollo vigente, los montes arbolados cuya vegetación arbórea iguale o supere la fracción de cabida cubierta total, a nivel de parcela catastral, del treinta por ciento, deberán adscribirse a Zonas Verdes o Sistemas Generales de Espacios Libres, o retomar a la condición permanente de No Urbanizables de Protección en la próxima revisión del planeamiento municipal”. Sobre la mesa está, precisamente, la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana de Cercedilla, actualmente en fase de evaluación ambiental estratégica, una oportunidad para revertir la clasificación urbanística de esta dehesa para declararla suelo no urbanizable de protección.

En efecto, el informe planteado por la propia Consejería también afea que “ni se contempla considerar la alternativa cero o de no actuación, que resultaría ser la ambientalmente más favorable, con un menor impacto negativo en todos los aspectos ambientales evaluados.”

El Plan Parcial SAU-3 Los Arroyuelos vuelve a la casilla de salida. Pero de una manera diferente: tendrá que asumir una Evaluación Ambiental Estratégica Ordinaria y consultar a organizaciones y organismos a los que no se había tenido en cuenta. Por ejemplo, la población local.

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• Ecologistas en Acción, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP), la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada (FEDME) y numerosas asociaciones de toda España exigen la aprobación definitiva del Real Decreto que desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias.
• La Red Nacional de Vías Pecuarias constituye un bien público clave para mantener la trashumancia y la ganadería extensiva. Además, las vías pecuarias actúan como corredores ecológicos y conservan importantes valores culturales, sociales y deportivos para toda la ciudadanía.
• La recuperación de las vías pecuarias, tanto a nivel estatal como autonómico, se encuentra, salvo contadas excepciones, en una situación de parálisis y de destrucción paulatina.

Ecologistas en Acción, la Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada y numerosas asociaciones ambientales y senderistas de toda España han reclamado a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la aprobación definitiva del Real Decreto que desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias, cuyo proyecto fue sometido por primera vez a información pública en 2023.

Dicha red se establece en el artículo 18 de la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias. Sin embargo, más de treinta años después de la aprobación de la ley, aún no ha sido desarrollada, pese a su importancia para garantizar el mantenimiento de la trashumancia y por sus valores ambientales, deportivos y sociales.

La declaración de la trashumancia como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad resulta difícilmente efectiva sin una red de vías pecuarias protegida y plenamente operativa. Sin vías pecuarias y caminos públicos abiertos no es posible mantener la trashumancia tradicional y se limita gravemente la movilidad rural y el uso social y deportivo de estos itinerarios. Constituyen, además, una seña de identidad y de vertebración territorial cuyo deterioro amenaza con hacerlas desaparecer.

Las organizaciones expresan su profunda preocupación por el retraso en la aprobación del Real Decreto que desarrolla la Red Nacional de Vías Pecuarias. Desde 2023, el texto ha sido sometido en dos ocasiones a información pública y cuenta incluso con el dictamen del Consejo de Estado. Mientras tanto, la recuperación de las vías pecuarias a nivel estatal y autonómico permanece, salvo excepciones, prácticamente paralizada, al tiempo que continúa su deterioro. Las organizaciones temen que esta situación siga agravándose.

La Red Nacional de Vías Pecuarias constituye un bien público esencial para mantener la trashumancia y la ganadería extensiva. Asimismo, las vías pecuarias desempeñan una función estratégica como corredores ecológicos, favorecen la conexión entre espacios protegidos y conservan valores culturales, sociales y deportivos de gran importancia para toda la ciudadanía.

Decenas de organizaciones y todas las personas comprometidas con la defensa del patrimonio público que representan las vías pecuarias esperan la aprobación de este Real Decreto. No solo porque supone el desarrollo de la Ley 3/1995, sino también porque constituirá un impulso decisivo para su recuperación y para convertirlas en un eje de políticas públicas de sostenibilidad, conservación del territorio y movilidad.

Por todo ello, las organizaciones han reclamado a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que el Real Decreto sea aprobado en el próximo Consejo de Ministros.

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• 2026ko lehen seihilekoko datu ofizialak argitaratu ondoren, eta sute-boladaren erdian, Ecologistas en Acción taldeak administrazioei eskatzen die hobetu dezatela giza jatorriko ignizioen prebentzioa.
• Ecologistas en Acción taldeak uste du neurri hori ezinbestekoa dela hondamendi horiek eta haien ingurumen- eta gizarte- eta ekonomia-ondorio larriak murrizteko.
• Erakunde ekologistak, halaber, herritarren elkarlanerako eta sentsibilizazio kanpaina gehiago egiteko deia egiten du.

Trantsizio Ekologikorako eta Erronka Demografikorako Ministerioaren datuek, autonomia-erkidegoetakoek eta Babes Zibileko Idazkaritza Nagusiarenek erakusten dute aurten eta aurrekoetan eragin txikia dutela jatorri naturaleko suteek, eta giza jatorriko suteek ere eragin handia dutela, kasuen % 90 gaindituta.

Behin sute-kanpaina hasita, 10 sute handi baino gehiagorekin eta Espainian erretako 55.000 hektareak gaindituta, Ecologistas en Acción taldeak uste du ez dela unea eztabaidatzeko hartu diren prebentzio-neurriak egokiak ziren ala ez. Iristear dagoenerako batere lausengarria ez den egoera batean gerta daitezkeen gizarte- eta ingurumen-inpaktuak mugatzea da garrantzitsuena. Helburu hori epe laburrean modu bakarrean lor daiteke: natura-ingurunea gehiago babestuz eta zainduz, gizarte osoa kontzientziatuz, arrisku-jokabideak eragotziko dituzten neurri uniformeak ezarriz, eta suak eragiten dituzten doluzko edo arduragabekeriazko jokabideak eragotziko dituzten ikerketa eta zigor hobeak ezarriz.

Suteetako asko, bereziki, sute handiak ere, jatorriz saihestu daitezke, ignizioen kausak behar bezala eteten badira. Hala ere, landarediaren egoeran jartzen da arreta maiz, gertatzen denaren erruduna landaredia izango balitz bezala, edo epe luzerako politikak eta adostasunak eskatzen dituzten neurrietan, gaur egun lortzen oso zailak direnak.

Azken adibideak oso esanguratsuak dira. Gironako Bisbal d ‘Empordàn, badirudi sutearen jatorria erradial baten zuhurtziagabekeriazko erabileran dagoela, errepide batean seinale bat jartzen zen bitartean. Ejea de los Caballeros, Tamarite edo La Fuevako suteetan, Aragoiko Komunitatean, uzta biltzeko makinen lanak izan zitezkeen kausa. Oseja de Sajambren, Leongo probintzian, Europako Mendietako Parke Nazionalari erasaten dion sua nahita piztu zen. Horren ondorioz, maiatzaren amaieran Doñanako Parke Nazionalari (Almonte, Huelva probintzia) eragin ziona ere ikertzen ari dira. Joan den apirilean, Losar de la Verak Caceresen egin zuenaren jatorria nekazaritza edo abeltzaintza erretzea izan zitekeen. Toledoko udalerrian sute bat izan da maiatzean, tiro-eremu batean egindako maniobren ondorioz.

Egoera horretan, tamalgarriak dira Ingurumeneko eta Hirigintzako Fiskaltza Koordinatzaileak berriki emandako datuak; izan ere, 2025ean, urte horretan ia 2.600 sute eta 5.600 sute izan ziren, eta ingurumen-arloko 1.478 salaketa penaletatik 117 baino ez baso-suteengatik. Eta iaz izan ziren 1.036 kondenetatik 86 bakarrik izan zirela baso-suteengatik. Horri gehitu behar zaio autonomia-erkidegoek ia ez dituztela administrazio-bidean zigortzen garrantzi penalik gabeko jokabide arduragabeak.

Bestalde, etsigarria da, halaber, administrazioek urtetik urtera gero eta indar handiagoz laguntzea nahasmen-giro batean, arrisku-egoerak arautzeari dagokionez. Askotan, herritarrek ez dute argi izaten gai horri dagokionez zer dagoen baimenduta edo zer ez. Are gehiago, gero eta permisibitate handiagoa dago eta ez dago kontrolik abeltzaintza- edo nekazaritza-erreketak egiteko, piroteknia erabiltzeko edo suteak prebenitzeko. Gobernu autonomiko askotan ezarri den negazionismo klimatikoak eta edozein hondamendi motaren aurreko interes alderdikoiak laxotasun hori berrelikatzen dute.

Bestalde, etsigarria da, halaber, administrazioek urtetik urtera gero eta indar handiagoz laguntzea nahasmen-giro batean, arrisku-egoerak arautzeari dagokionez. Askotan, herritarrek ez dute argi izaten gai horri dagokionez zer dagoen baimenduta edo zer ez. Are gehiago, eragindako suteen prebentzioan, gakoa da landa-inguruneko zaintza hobetzea urte osoan, eta laguntza ematea delituak jazartzen dituen egitura administratibo eta judizialari. Zabarkeriak saihesteko, arau-oinarria harmonizatu behar da. Estatuko Mendiei buruzko 43/2003 Legean oso modu ahulean tratatzen dira, eta oso desberdinak dira eta autonomia-erkidegoetako araudietan eta planetan korapilatuta daude.

Ecologistas en Acción taldeak uste du hobetzeko tarte handia dagoela gizartearen kontzientziazioan eta zigortzeko moduko jokabideen gaitzespenean, eta bide hori, suteen prebentzioan kontuan hartu behar den bakarra ez izanik, hainbat neurri eraginkortasunez ezarrita fruituak ematera deituta egongo litzatekeela.

Besteak beste, honako hauek erreklamatzen dira:

• Ustekabeko suteak prebenitzeko sentsibilizazio-kanpainak areagotzea, behar bezala hornituta. Bereziki kontuan hartuko da ignizioak saihesten gehien lagun dezakeen sektore bakoitza.
• Ingurune naturalean edo ingurune naturalera heda daitekeen egoeran sua, piroteknia edo bitarteko mekanikoak erabiltzeko debeku zehatza.
• Tokian tokiko zaintza- eta ikerketa-taldeak handitzea, eta ingurumen- eta baso-agenteen eta ingurumen-gaietan diharduten segurtasun-kidego eta -indarren hornidura handitzea.
• Mendiei buruzko 43/2003 Legea hobetzea, arrisku-egoerak modu murriztaileagoan arautu ditzan eta suteei aurrea hartzeko araudia eta plan autonomikoak alderdi horretan gehiago harmonizatzera behartu dezan.
• Bide penala eta administratiboa arintzea, suteak saihesteko ezarritako zehapen-araubideak modu eraginkorragoan aplika daitezen.

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• Tras la publicación de los datos oficiales del primer semestre de 2026 y en plena ola de incendios, Ecologistas en Acción urge a las administraciones a que mejoren la prevención de las igniciones de origen humano.
• Ecologistas en Acción considera que esta medida es imprescindible para reducir estos eventos catastróficos y sus graves consecuencias ambientales y socioeconómicas.
• La organización ecologista hace asimismo un llamamiento a la colaboración ciudadana y a que se lleven a cabo más campañas de sensibilización.

Tanto los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como los de las comunidades autónomas y los de la Secretaría General de Protección Civil reflejan la escasa incidencia que este año, como en los anteriores, tienen los incendios de origen natural, y la muy mayoritaria de los de origen humano, superando ampliamente el 90% de los casos.

Una vez que la campaña de incendios se ha iniciado, con más de 10 grandes incendios y superadas las 55.000 hectáreas quemadas en España, Ecologistas en Acción considera que no es momento de discutir si las medidas de prevención que se hayan adoptado eran adecuadas o no. Lo trascendental es limitar los impactos sociales y ambientales que se puedan producir en un escenario nada halagüeño para lo que está por llegar. Ese objetivo solo es alcanzable a corto plazo de una manera: con mayor protección y vigilancia del medio natural, más concienciación de toda la sociedad, medidas uniformes que impidan las conductas de riesgo y mejores investigaciones y sanciones que desincentiven las conductas dolosas o negligentes que provocan fuegos.

Muchos de los incendios, singularmente también los de gran magnitud, son evitables de origen si se atajan adecuadamente las causas de las igniciones. Sin embargo, con frecuencia se pone el foco en el estado de la vegetación, como si esta fuera la culpable de lo que pasa, o en medidas que requieren de políticas y consensos a largo plazo que hoy por hoy son muy difíciles de conseguir.

Los ejemplos recientes son muy significativos. En La Bisbal d’Empordà en Girona todo parece apuntar a que el origen del incendio está en el uso imprudente de una radial mientras se colocaba una señal en una carretera.  En los incendios de Ejea de los Caballeros, Tamarite o La Fueva, en la Comunidad de Aragón, los trabajos de cosechadoras pudieron ser la causa. En Oseja de Sajambre, provincia de León, el origen del fuego que ha rebrotado y afecta al Parque Nacional de Picos de Europa fue intencionado. Como provocado también se investiga el que afectó al Parque Nacional de Doñana en Almonte provincia de Huelva a finales de mayo. El de Losar de la Vera en Cáceres de abril pasado pudo tener su origen en una quema agrícola o ganadera. En el término municipal de Toledo se ha producido un incendio en mayo por las maniobras en un campo de tiro.

En estas circunstancias, resultan desoladores los datos que recientemente ha dado la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo según la cual en 2025, año en el que se produjeron casi 2.600 incendios y 5.600 conatos, de las 1.478 acusaciones penales en materia medioambiental general, solo 117 fueron por incendios forestales. Y que de las 1.036 condenas que hubo el año pasado, solo 86 fueron por incendios forestales. A ello hay que sumar que las comunidades autónomas apenas sancionan en la vía administrativa las conductas negligentes sin relevancia penal.

Por otro lado, también resulta desalentador que las administraciones contribuyan cada año con más fuerza a un clima de confusión en materia de regulación de las situaciones de riesgo. En muchas ocasiones la ciudadanía no termina de tener claro lo que está permitido o no en relación a esta cuestión. A más abundamiento cada vez hay una mayor permisividad y ausencia de control para la realización de quemas ganaderas o agrícolas, uso de pirotecnia o para las quemas con fines de prevención. El negacionismo climático que se ha instalado en muchos gobiernos autonómicos y el interés partidista ante cualquier tipo de catástrofe retroalimentan esta laxitud.

En la prevención de los incendios provocados la clave está en mejorar la vigilancia en el medio rural durante todo el año y dar apoyo a la estructura administrativa y judicial que dedicada a perseguir los delitos. En evitar las negligencias hay que poner el foco en armonizar la base normativa, muy débilmente tratadas en la Ley 43/2003 de Montes estatal y tremendamente desigual y enredada en las normativas y planes autonómicos.

Ecologistas en Acción considera que hay mucho margen de mejora en la concienciación social y en el reproche de las conductas punibles, y que este camino, no siendo el único que hay que tener en cuenta en la prevención de incendios, estaría llamado a dar frutos con la implementación eficaz de distintas medidas.

Entre ellas, se reclaman las siguientes:

• Incremento, con la dotación adecuada, de las campañas de sensibilización orientadas a prevenir fuegos accidentales. Atendiendo específicamente a cada sector que potencialmente más pueda ayudar a evitar igniciones.
• Prohibición taxativa del uso del fuego, pirotecnia o de medios mecánicos que puedan originarlo en el medio natural o en situación de que pueda propagarse al mismo.
• Aumento de los equipos de vigilancia e investigación sobre el terreno, con incremento de las dotaciones de agentes medioambientales y forestales y de los cuerpos y fuerzas de seguridad que operan en temas medioambientales.
• Mejora de la Ley 43/2003 de Montes para que regule de manera más restrictiva las situaciones de riesgo y obligue a una mayor armonización en este aspecto de la normativa y planes autonómicos de prevención de incendios.
• Agilización de la vía penal y administrativa para que se apliquen de forma más eficaz los regímenes sancionadores establecidos para evitar incendios.

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• Ecologistas en Acción de Andalucía considera que el pacto PP-VOX consolida la desregulación ambiental, el debilitamiento de los servicios públicos y la criminalización del movimiento social, y llama a construir una amplia respuesta ciudadana.

En Andalucía seguimos la senda de Extremadura, Castilla y León y  Aragón. El PP asume e incorpora las tesis xenófobas de Vox, camuflando la “prioridad nacional” bajo el “arraigo”.

Con este pacto de 60 páginas y 150 medidas, aparecidas para la ciudadanía de un día para otro, se consagra la subordinación de los recursos públicos a los intereses privados, la privatización de la gestión ambiental y la falta de planificación democrática.

Vivimos una crisis ecológica cuya solución ya no admite más demoras, pero este pacto trae, en algunos casos, propuestas que suponen una renuncia vergonzosa de lo que eran principios para el PP, y en otros representan una vuelta de tuerca aún más reaccionaria sobre las políticas antisociales y antiecológicas que venía practicando el gobierno derechista andaluz.

Particularmente preocupantes son los propósitos de este lamentable acuerdo de desregular todo lo inimaginable, dedicando toda una Consejería, en manos de Vox, no a gobernar o legislar, como corresponde a todo gobierno, sino a anular leyes que ordenan la convivencia; deshacer y no crear. Se pretende suprimir cautelas, ayudas y oportunidades generales, para que la ley imperante solo sea la del más fuerte.

La “simplificación” para todo tipo de proyectos e iniciativas empresariales sigue el camino de las letales y recién aprobadas leyes de Gestión Ambiental y de Montes, donde la Administración externaliza las tareas de control al interés privado y permite ceder la explotación de fincas y montes públicos al capital privado.

Incoherencias en este acuerdo las hay a puñados, pero particularmente contradictorio es asegurar que se pretende reducir la presión fiscal a los andaluces al mismo tiempo que se afirma la pretensión de incrementar las partidas de sanidad, educación y dependencia. ¿De dónde piensan que salen esas partidas para los servicios públicos?, ¿Cómo mienten tan tranquilamente? Una de estas “curiosidades” es la propuesta en educación de que se enseñe la historia del terrorismo… ¿todos?, ¿desde cuándo?

En compromisos (o más bien en su ausencia) climáticos, pasamos de un nihilismo paralizante, el Plan Andaluz de Acción por el Clima, que se ha limitado a meras medidas de “compensación” de emisiones, a un negacionismo con todas las señas de identidad de Vox y su anatema de “fanatismo climático”; lo que va mal, es susceptible de empeorar.

La Agenda 2030 y el Pacto Verde, dos iniciativas comunitarias de largo alcance aunque de nimios resultados, se consideran una bestia negra a suprimir. El campo se “blinda” frente a los “aspectos negativos” de la Agenda 2030 y el Pacto Verde, con rechazo formal al acuerdo UE-Mercosur y a la reforma de la PAC 2028-2034. Se suprimen las cargas autonómicas derivadas del Pacto Verde, se revisan las zonas ZEPA y LIC, se exigen al Estado las presas de Alcolea, Gibralmedina, Rules y Siles y se defiende la ganadería intensiva frente a la “criminalización animalista”.

A dos serios problemas de nuestra comunidad, como son las inundaciones y los incendios forestales, se dan soluciones simples e ignorantes, en plan cuñadismo, como “limpiar” ríos y “limpiar” bosques, cuando se trata de efectos de causas mucho más complejas e universales.

Otras defensas sin matices en este pacto son igualmente de vergüenza, como las de la:

• tauromaquia, cuya defensa, junto a la caza como atractivo turístico es patético, y les puede salir mal transmitiendo una imagen atávica y cruel con los seres vivos.
• la caza como gestora del medio natural, una ignorancia irresponsable.
• la ganadería intensiva y la pesca de arrastre, actividades que a corto y medio plazo supondrán problemas graves a nuestros recursos.
• Permitir sin control los fitosanitarios, seguir con la dependencia de fertilizantes y combustibles, en vez de apostar por un modelo agroecológico que reduzca dependencias externas y produzca sano, es otro ejemplo de este sinsentido programático.

Y lo que el pacto entiende por cultura es de traca: más inversión en patrimonio, con un fondo específico para iglesias, conventos y monasterios, además de las ya indicadas en toros y caza: en definitiva, prioridad para la Iglesia, la tauromaquia y caza.

La fiscalidad ambiental, una poderosa herramienta de sostenibilidad, se suprime: desaparecerían los impuestos a las bolsas de plástico, a las emisiones de gases y a los vertidos a aguas litorales: toda una contrarreforma antiecológica.

Las organizaciones sociales son consideradas, no como unos agentes necesarios para el cambio social, sino como un enemigo a abatir: se suprimen todas las subvenciones a ONG que no concuerden con los postulados reaccionarios del acuerdo y la “prioridad nacional”.

Es tal la acumulación de amenazas y peligros que contiene este infausto acuerdo de gobierno, que la respuesta de las organizaciones sociales debe ser contundente y unida. Necesitamos una fuerte movilización, que consiga aunar esfuerzos en defensa de los servicios públicos que se nos quieren arrebatar y asegure la protección ambiental y el compromiso climático.

La acción de gobierno que requiere Andalucía debe hacerse con inclusión, participación real y justicia social; necesitamos hacer frente a esta desposesión y a este retroceso que se nos viene encima.

Frente a esas 150 medidas del pacto, Ecologistas en Acción defiende las 150 medidas plasmadas en el documento que elaboraron cara a las recientes elecciones.

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• Ecologistas en Acción muestra una gran preocupación por la intervención que la Junta de Andalucía está realizando en el río Majaceite, al considerar que supone una actuación desproporcionada y con importantes consecuencias ambientales.

La eliminación prácticamente total de la vegetación de ribera en partes del río colindante con la población de El Bosque está convirtiendo el cauce en un canal inerte. Esta intervención, que se está llevando a cabo mediante declaración de emergencia con una tramitación reducida, parece responder más al incentivo económico derivado del cobro por cantidad de materia vegetal retirada que criterios técnicos y, mucho menos, ambientales.

Si el objetivo era reducir el riesgo de formación de tapones durante las avenidas de agua, una actuación selectiva consistente en retirar la madera muerta y los residuos habría sido previsiblemente suficiente, sin necesidad de eliminar la vegetación de ribera autóctona.

Suprimir la vegetación en un río en tramos de pendiente considerable aumenta la velocidad y violencia del agua durante las crecidas y favorece una mayor erosión de las márgenes. A ello se suma el grave impacto sobre la biodiversidad al eliminar completamente el hábitat de especies amenazadas como son muchas de las que habitan los bosques de ribera, especialmente porque  las obras se están realizando en época de cría. Además, se reduce la sombra sobre el cauce e incrementa la temperatura del agua en plenas olas de calor.

La retirada de especies exóticas invasoras, como puede ser la caña común, sí es acertada, pero no las especies autóctonas cuanto más que esto puede favorecer precisamente la expansión de las primeras, de más rápido crecimiento y capacidad de expansión.

El Bosque basa una parte importante de su economía en el turismo de naturaleza. Por ello, consideramos profundamente contradictorio destinar dinero público a actuaciones que degradan uno de los principales valores ambientales y paisajísticos del municipio, que es precisamente el río Majaceite.

Por último, reclamamos la máxima transparencia sobre esta intervención. En este sentido, hemos solicitado a la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural el proyecto y los informes hidráulicos y ambientales que supuestamente justifiquen esta actuación. y que se explique de forma clara cómo está prevista la restauración del bosque de ribera una vez finalicen los trabajos.

Ecologistas en Acción insiste en que la prevención del riesgo de inundaciones es compatible con la conservación de los ecosistemas fluviales y recordamos que las soluciones basadas en el conocimiento científico y el respeto al funcionamiento natural de los ríos ofrecen mejores resultados a largo plazo que las actuaciones de eliminación masiva de la vegetación.

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