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✇Ecologistas en Acción

Exigimos la recuperación integral y el fin de los vertidos mineros al río Guadiamar, arteria hídrica de Doñana

Por: Andalucía
  • Activistas de Ecologistas en Acción han desplegado pancartas en el entorno del río Guadiamar con los mensajes ‘¡Recuperación integral del río Guadiamar!’ y ‘¡Stop vertidos mineros!’. 
  • La acción forma parte de las más de 50 iniciativas impulsadas por la Alianza por la Restauración de la Naturaleza bajo el lema #LaNaturalezaSeLevanta para reclamar la restauración de ecosistemas y la recuperación de territorios degradados.
  • La organización exige un Plan Nacional de Restauración ambicioso que incluya la recuperación integral del río Guadiamar y su reconexión con la marisma, una actuación clave para restaurar Doñana.

Exigimos la recuperación integral del Guadiamar

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente Ecologistas en Acción denuncia que, casi tres décadas después del desastre minero de Aznalcóllar, el río Guadiamar sigue soportando vertidos procedentes de la actividad minera y continúa amputado de la marisma de Doñana. La organización reclama el fin inmediato de estos vertidos y advierte de que la Junta de Andalucía parece más preocupada por impulsar la reapertura de la mina de Aznalcóllar que por culminar la recuperación ecológica de una cuenca clave para el futuro de Doñana.

Para Ecologistas en Acción la restauración del Guadiamar no puede limitarse a actuaciones parciales. La organización ecologista considera  imprescindible recuperar su función como principal arteria hídrica de Doñana mediante la reconexión efectiva del río con la marisma, permitiendo que vuelva a aportar los caudales y la dinámica ecológica que históricamente sustentaron este humedal. Sin embargo, esta propuesta lleva años bloqueada por la falta de ambición de las administraciones y por su temor a afrontar las expropiaciones necesarias de los terrenos para hacerla realidad. Mientras tanto, estos mismos terrenos continúan transformándose para usos agrarios intensivos incompatibles con la recuperación ecológica de Doñana, como las recientes plantaciones de olivos superintensivos en la finca Hato Blanco Viejo por fondos de inversión.

La organización recuerda que la recuperación integral del Guadiamar ha recibido un importante respaldo político tras la aprobación en el Congreso de los Diputados de una iniciativa que insta a impulsar la restauración del río y su reconexión con la marisma como una actuación estratégica para la protección de Doñana. Un apoyo institucional que debe traducirse en compromisos concretos y actuaciones efectivas sobre el terreno.

Ecologistas en Acción rechaza asimismo cualquier autorización de nuevos vertidos mineros al estuario del Guadalquivir, un ecosistema ya sometido a una fuerte presión ambiental y sobre cuyo deterioro vienen alertando desde hace años diversos estudios científicos. La organización considera igualmente necesaria la recuperación de otros espacios clave para la funcionalidad hidrológica de Doñana, como el Brazo de la Torre, cuya restauración contribuiría a mejorar la conectividad ecológica y la resiliencia de todo el sistema.

Por todo ello, Ecologistas en Acción exige al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y a la Junta de Andalucía, que sitúen la restauración integral del río Guadiamar entre las prioridades del futuro Plan Nacional de Restauración y que adopten medidas urgentes para poner fin a los vertidos mineros que siguen amenazando una de las principales arterias hídricas de Doñana. Recuperar el Guadiamar es recuperar Doñana.

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Comunicado conjunto de Ecologistas en Acción, Plataforma Vall d´Onsella y El Perdón y Fundación Sustrai Erakuntza

Por: Tudela

Ante la admisión a trámite del Tribunal Supremo de los recursos presentados por los gobiernos de España, Aragón y Navarra y la empresa Geolcali contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que con fecha 30 de septiembre de 2024 dictó sentencia estimando nuestro recurso, anulando y dejando sin efecto la Orden Foral 124E/2022 del Consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, la Resolución 56/2021 de la Directora General de Industria, Energía y Proyectos Estratégicos S3, al ser contrarias al Ordenamiento Jurídico, con las consecuencias inherentes a dicha anulación, desde los colectivos firmantes de este comunicado manifestamos lo siguiente:

En síntesis el Tribunal Supremo admite a trámite el recurso por entender que existe interés casacional objetivo sobre estas dos cuestiones:

  1. Determinar, en relación con el ejercicio de la acción popular en asuntos medioambientales derivada de la Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, si es posible esgrimir en vía de recurso contencioso administrativo motivos de impugnación que no consisten en infracción de normas medioambientales.
  2. Determinar si una Comunidad Autónoma es competente para otorgar una concesión de explotación minera derivada de un previo permiso de investigación referido a cuadriculas mineras ubicadas en el territorio de dicha Comunidad Autónoma, aun cuando dicha concesión pertenezca a un proyecto de explotación único que abarque el territorio de más de una Comunidad Autónoma, determinando en su caso el régimen de competencias en tales supuestos.

El siguiente trámite será que los recurrentes, gobiernos y empresa, formulen el recurso de casación propiamente dicho. Para ello cuentan con un plazo de 30 días desde el traslado del auto del Tribunal Supremo.

Queremos aclarar, para evitar malos entendidos o interpretaciones interesadas más vinculadas a intereses económicos privados y especulativos y que han sido reflejadas en algunos medios de comunicación, que el relato real y verdadero de la admisión a trámite del recurso por parte del Tribunal Supremo son los dos puntos señalados más arriba que sin quitar importancia a los mismos, no ocultan ni solucionan sobre el proyecto de explotación de Mina Muga las carencias y falta de muchos de los permisos, que no están vigentes. Citaremos alguno de ellos: tiene anulada la licencia de la bocamina en Undués de Lerda y la autorización urbanística para la licencia de la fábrica en Sangüesa. Ya hemos solicitado la anulación de la licencia de actividad y obras de la fábrica. También está paralizada la invasión que pretenden de los montes de utilidad pública.

El TSJN no se ha pronunciado sobre la DIA porque es competencia del TSJM al ser una resolución del Ministerio.

Estamos ante una fase preliminar de tramitación y que aún en el caso de que les dieran la razón, quedan todas las cuestiones administrativas y medioambientales de fondo: la DIA, etc…, que están recurridas y estarían pendientes de resolver.

Desde los colectivos firmantes mantenemos nuestra unión y planteamientos para seguir trabajando en la necesaria e imprescindible lucha y defensa del territorio y medioambiente de nuestra tierra, frente a este proyecto especulativo del extractivismo minero vinculado a intereses ajenos a Navarra y Aragón.

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Los vertidos mineros al Guadalquivir incumplen la Directiva Hábitats

Por: Andalucía
  • El Estuario del Guadalquivir es un área de excepcional valor natural  incluida en la Red Natura 2000 con la denominación de Zona de Especial Conservación del Bajo Guadalquivir.  Hoy, en el Día en que se conmemora el nacimiento de la Red Natura 2000, denunciamos el incumplimiento de la Directiva Hábitat que la regula y que obliga a que “todo plan o proyecto que pueda afectar de forma apreciable a un lugar de la Red Natura sea evaluado adecuadamente”. 
  • Denunciamos que no se han evaluado adecuadamente los vertidos mineros a la ZEC del Bajo Guadalquivir que provendrán de las minas de Aznalcóllar y Cobre las Cruces.

El Estuario del Guadalquivir abarca unas 4.700 hectáreas. Es el tramo de río,  con influencia mareal, comprendido entre la presa de Alcalá y la desembocadura. Se trata de un área de excepcional valor natural  que está incluida en la Red Europea Natura 2000 con la denominación de Zona de Especial Conservación (ZEC) del Bajo Guadalquivir, y también forma parte de la Reserva de la Biosfera de Doñana.

La Directiva Hábitat,  aprobada el 21 de mayo de 1992, es la norma que regula y protege a la Red Natura 2000. Su artículo  n.º 6 punto 3 establece que “todo plan o proyecto  que pueda afectar  de forma apreciable  a un lugar de la Red Natura 2000 debe evaluarse  adecuadamente. Las autoridades competentes solo aprobarán  el proyecto  si se aseguran  de que no causará  perjuicio  a la integridad del lugar”. Pues bien,  denunciamos que no se ha hecho una “evaluación  adecuada” de los vertidos mineros procedentes de las minas:  Los Frailes (Aznalcóllar) y Cobre Las Cruces (Gerena), que van a causar un vertido al Guadalquivir de 130 millones de metros cúbicos de aguas contaminadas con metales pesados, insuficientemente depuradas.  Este vertido es 10 veces mayor que el ya producido durante el primer periodo de funcionamiento de la mina de Cobre Las Cruces entre 2009 y 2023 y que ha contaminado gravemente los sedimentos  y seres vivos del estuario.

Aunque  los vertidos de ambas minas se han sometido a un procedimiento de evaluación ambiental entre 2018 y 2024, dicha evaluación  se ha basado en el supuesto de que los metales pesados  que se viertan al Guadalquivir  serán transportados disueltos en el agua hasta la desembocadura  y se diluirán en el océano Atlántico sin producir una contaminación significativa.  Sin embargo, esto es  falso como han demostrado y publicado científicos de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada. Por el contrario, la mayor parte de los metales se unirán a partículas de arcilla y materia orgánica muy abundantes en el estuario y  se depositarán  en los sedimentos del fondo del río. Dicha demostración se ha hecho de forma empírica al estudiar el vertido ya provocado por la mina de Las Cruces entre 2009 y 2023.

A pesar de que la Junta de Andalucía conoce dichos estudios, publicados en la prestigiosa revista Integrated  Environmental  Assessment and Management (14 diciembre  2025), no ha atendido la petición de los autores, así como de diversas organizaciones sociales y ayuntamientos del Bajo Guadalquivir,  solicitando que  se constituya un comité científico independiente para evaluar mediante nuevas investigaciones el problema, y que temporalmente, se declare una moratoria a nuevos vertidos mineros al Guadalquivir.

La conducta de la Junta de Andalucía, más allá de un caso de sordera científica, podría estar incurriendo en un delito de prevaricación administrativa al  mantener los permisos  ambientales para dichos vertidos conociendo que se basan en supuestos científicos falsos.

Además de la Directiva Hábitat, se está incumpliendo  el Principio de No deterioro de la Directiva Marco  de Agua que subraya la necesidad de prevenir  una mayor degradación  de los entornos acuáticos.

Asociación Cívica Salvemos el Guadalquivir, Greenpeace y Ecologistas en Acción.

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Pueblos Contra el Extractivismo señala en Bruselas la explotación del territorio por la UE dentro y fuera de sus fronteras

Por: Prensa
  • La red internacional ha iniciado su encuentro con una concentración frente al Parlamento Europeo para denunciar el impulso que ha dado la UE al extractivismo.
  • El encuentro se desarrolla del 13 al 15 de mayo y se plantea como un espacio de diálogo, articulación y acción colectiva para profundizar la solidaridad internacionalista.

Pueblos contra el extractivismo

Una veintena de organizaciones de América Latina y Europa, entre ellas Ecologistas en Acción, han realizado en Bruselas una concentración protesta delante del Parlamento Europeo como acto inicial del II Encuentro Internacional de Pueblos Contra el Extractivismo. La cita se celebra estos días en la capital europea para fortalecer la coordinación y las líneas de acción política y social.

En el encuentro se dan cita líderes y lideresas del Frente Nacional Antiminero y Ecuarunari de Ecuador; del Congreso de los Pueblos, USO y CUT de Colombia; de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo de Tehuantepec de México; y del Observatorio Petrolero Sur y Marabunta de Argentina. También activistas de las resistencias a los proyectos mineros en el Estado español, en especial de comunidades autónomas con proyectos declarados estratégicos por la UE como Galicia, Andalucía, Extremadura o Castilla La Mancha.

La coalición internacional antiextractivista ya denunció en noviembre de 2025, en la Cumbre de los Pueblos de Belém do Pará (Brasil), paralela a la COP30, cómo el discurso de la transición energética y el desarrollo sostenible lleva aparejada una carrera por los materiales críticos (litio, cobalto, níquel, entre otros) que acelera la expansión de la explotación del territorio y refuerza la dependencia.

La celebración del nuevo encuentro en Bruselas, tras el celebrado en Belém el año pasado, quiere señalar cómo las políticas europeas contribuyen a ampliar las fronteras extractivas dentro y fuera de la UE.

El encuentro tiene un carácter político, orientado a la toma de decisiones estratégicas y a la definición de posicionamientos comunes frente al avance del extractivismo a escala global. Se trata de un espacio intercultural, que reconoce, respeta y valora la diversidad de saberes, cosmovisiones y prácticas de los pueblos. También persigue un objetivo movilizador y articulador, vinculándose directamente con las realidades locales de quienes participen buscando impulsar acciones concretas de incidencia, denuncia y resistencia frente a las dinámicas de despojo, proyectándose hacia los territorios y fortaleciendo las luchas en curso.

“En un momento donde el modelo capitalista profundiza sus dinámicas de guerra para sostener el sistema de explotación entre los seres humanos y con la naturaleza, es clave fortalecer la solidaridad internacionalista. Así entonces, la red internacional se configura como un espacio vivo de articulación, resistencia y construcción colectiva, que agrupa diversas luchas territoriales frente al despojo”, declaran desde la coordinación del encuentro.

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Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF reiteran su rechazo al proyecto de reapertura de la mina de Aznalcóllar por sus riesgos ambientales

Por: Mineria
  • Casi 30 años después de la mayor catástrofe ecológica en Andalucía provocada por la mina de Boliden en Aznalcóllar, la ciudadanía sale a la calle para denunciar la contaminación procedente de la mina de Cobre de las Cruces en el río Guadalquivir.
  • En este aniversario, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF muestran su apoyo a las reivindicaciones de la población. 

El pasado sábado, 25 de abril, se cumplieron 28 años de la mayor catástrofe ambiental de Andalucía hasta la fecha, provocada por la rotura en 1998 de la balsa de lodos tóxicos de la mina de Boliden, en Aznalcóllar (Sevilla), que contaminó la cuenca del río Guadiamar y puso en riesgo extremo al Parque de Doñana.

 

El próximo 9 de mayo, cofradías de pescadores, asociaciones de comerciantes, y ciudadanía en general de poblaciones ribereñas del estuario del Guadalquivir, junto con organizaciones ecologistas, se manifestarán frente a la desembocadura del Guadalquivir y las costas de Doñana para denunciar la contaminación que los vertidos mineros han provocado en el río desde 2009 hasta 2023, por parte de la mina de Cobre Las Cruces.

Y especialmente se manifestarán contra los nuevos vertidos tóxicos autorizados para los proyectos de reapertura de la Mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, y la nueva mina subterránea de Cobre Las Cruces, en Gerena (Sevilla).

En esa manifestación se exigirá a la Junta de Andalucía una moratoria para futuros vertidos y la creación de un Comité de Expertos independientes que se pronuncie sobre la contaminación por metales pesados en el río Guadalquivir como resultado de los vertidos mineros, tal como ya exigieron en abril de 2024 varios alcaldes y alcaldesas de poblaciones ribereñas, representantes de agricultores, pescadores y mariscadores, así como asociaciones de consumidores y consumidoras y las mareas blancas de defensa de la salud, unidos a científicos y científicas y al Defensor del Pueblo Andaluz.

Asimismo, las organizaciones ecologistas exigen a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que no otorgue la concesión de aguas que permitiría a la empresa Minera Los Frailes vaciar las aguas contaminadas de las cortas mineras de Aznalcóllar y Los Frailes, cuyo destino final es la Zona de Especial Conservación del estuario del Guadalquivir, con punto de vertido frente al estadio de La Cartuja, en Sevilla.

Las jornadas científicas ‘El Estuario del Guadalquivir frente a los vertidos mineros’, celebradas en junio de 2024 en la Universidad de Sevilla, advirtieron sobre los riesgos ambientales de los vertidos de metales pesados de las minas Cobre Las Cruces y Aznalcóllar. Expertos científicos solicitaron paralizar las autorizaciones de vertidos, basándose en estudios que cuestionan la seguridad ambiental y exigen un comité técnico independiente.

Sin embargo, en julio de 2024 la Consejería competente otorgó la autorización ambiental al proyecto de mina subterránea de Minera Los Frailes, incluyendo un vertido tóxico preoperacional de 17.520 millones de litros de aguas ácidas con alto contenido en metales pesados, procedentes de las cortas de Aznalcóllar y Los Frailes, abandonadas desde 2001. Este vaciado se pretende realizar en tan sólo 18 meses (más de 30 millones de litros diarios). También se autorizó un vertido de 68.000 millones de litros durante un periodo operativo de 17 años, una vez que concluya el vaciado preoperacional. En mayo de 2025, la Dirección General de Minas otorgó la autorización minera, incluyendo una planta industrial de obtención de concentrados de zinc, cobre y plomo.

Las organizaciones ecologistas denuncian, apoyándose en estudios de científicos realizados en las Universidades de Sevilla, Cádiz y Granada, que la autorización ambiental del proyecto no ha tenido en cuenta la totalidad de los impactos ambientales y socioeconómicos de la puesta en marcha y ejecución de la explotación minera sobre zonas protegidas como el Bajo Guadalquivir, incluidas en la Red Natura 2000, y el Espacio Natural de Doñana.

Este vertido contaminaría seriamente el río con metales pesados como arsénico, cadmio, plomo, zinc, níquel y selenio, desde Sevilla hasta la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, afectando gravemente los cultivos de arroz de la marisma sevillana y la reserva de pesca de la desembocadura del Guadalquivir, lo que además pondría en riesgo la salud de las personas que consuman estos productos.

Ni el proyecto de la empresa minera ni las autoridades ambientales han tenido en cuenta los efectos acumulativos y sinérgicos de estos nuevos vertidos con los anteriores vertidos en la misma zona. Así, no se ha contemplado el efecto combinado de los vertidos que la mina de Cobre las Cruces ha estado produciendo en la misma área entre 2009 y 2023, cuya ecotoxicidad ya ha sido acreditada. La reapertura de esta mina ya ha recibido autorización para nuevos vertidos mineros durante los próximos 14 años de explotación subterránea.

Los efectos acumulativos de estos vertidos tampoco se han tenido en cuenta a pesar de producirse en la misma Zona de Especial Conservación (ZEC), lo que incumpliría el contenido mínimo legalmente establecido para un Estudio de Impacto Ambiental. Las evaluaciones de impacto han ignorado además el complejo contexto hidrodinámico y fisicoquímico del Estuario del Guadalquivir., por lo que se recomienda, en aplicación del principio de precaución y el principio de no-deterioro de la Directiva Marco de Agua, no realizar nuevos vertidos mineros a esta zona protegida.

Según las organizaciones ecologistas, la Junta de Andalucía no ha evaluado asimismo la afección medioambiental del vertido tóxico en Doñana, y ha impedido que el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana se pronunciase sobre el impacto del proyecto sobre el espacio, como es preceptivo legalmente.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, las organizaciones ecologistas demandan:

  1. La suspensión provisional de la tramitación de la concesión de aguas actualmente en trámite por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en consonancia con los principios de precaución y cautela.
  2. La creación de una Comisión de Expertos técnicos y científicos independientes, siguiendo la propuesta del Defensor del Pueblo Andaluz, a fin de determinar si existe suficiente certeza sobre los riesgos derivados del vertido o resulta necesaria la aplicación de los principios de precaución y cautela.
  3. Un pronunciamiento por parte de los organismos dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre la posible incidencia de los vertidos previstos en el cumplimiento de los objetivos para 2027 del buen estado de las aguas del Estuario del Guadalquivir acordados con la Unión Europea, también en consonancia con lo solicitado por el Defensor del Pueblo Andaluz.

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 ¡No a los vertidos mineros al río Guadalquivir!

Por: Sanlúcar
  • Coincidiendo con el 28 aniversario de la catástrofe de Aznalcóllar, diferentes organizaciones sociales alertan sobre la delicada situación del Bajo Guadalquvir y el enorme riesgo que supondría los vertidos al río aprobados por la Junta de Andalucía, procedentes de 2 grandes minas (Aznalcóllar y Gerena). Miles de puestos de trabajo y nuestra salud están en peligro.
  • Para no olvidar esta fecha: Se ha convocado una concentración hoy 25 de abril en la playa de Bajo de Guía, junto a la capilla del Carmen.

El 25 de abril de 1998 se produjo la rotura de una gigantesca balsa de residuos mineros de 200 ha (casi 300 campos de fútbol) y muros de 30 m de altura. 5 millones de metros cúbicos de lodos y 2 de aguas tóxicas con altísimas concentraciones de metales pesados arrasaron el río Guadiamar, principal aporte hidrológico de las marismas de Doñana, aniquilando 4.600 hectáreas de cultivo, afectando gravemente a los Parques Nacional y Natural de Doñana, y llegando hasta el Brazo de la Torre y el río Guadalquivir.

Se retiraron 2 millones de metros cúbicos de lodos tóxicos que se arrojaron a la gigantesca Corta de Aznalcóllar, un gran agujero junto a la mina de Aznalcóllar y allí siguen. A dicha corta se han vertido posteriormente miles de toneladas de tierras y lodos procedentes de escombreras que se están desmontando en la zona. La empresa Boliden abandonó la mina en 2001 sin hacerse responsable de nada ni pagar un solo euro. Se hizo cargo entonces la Junta de Andalucía.

En la balsa rota permanecieron otros 6 millones de m³ de lodos. Esos lodos con altas concentraciones de metales pesados siguen allí también. Aunque la balsa se desecó y se selló, por debajo se producen filtraciones. En lo alto se han instalado placas solares que esconden en su interior un cementerio de residuos tóxicos. Se han excavado más de 20 pozos de bombeo que llevan el agua contaminada a otra balsa donde se depura (se mezclan con cal que rebaja la acidez haciendo que los metales pesados precipiten en parte) y finalmente el agua se vierte directamente a

los ríos Agrio y Guadiamar. En 2013 dejaron de funcionar los sistemas de depuración y volvieron a producirse episodios de contaminación en la cuenca del Guadiamar. Este año con las lluvias se han vuelto a producir graves vertidos. Por tanto, en la actualidad se vierten cierta cantidad de metales pesados al cauce del río Guadiamar y la situación es de precariedad.

A eso se añade los vertidos realizados entre 2009 y 2023 por la Mina de Gerena, Cobre las Cruces: 12 millones de metros cúbicos de aguas residuales mineras depuradas se vertieron al Guadalquivir a la altura de Sevilla. Aún así han podido verter legalmente cada año: 360 kg de Cinc, 90 kg de Niquel, 45 kg de Arsénico, Cobre y Plomo, y 9 kg de Mercurio.

Científicos de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada han demostrado que los sedimentos del Bajo Guadalquivir están contaminados con metales pesados por estos vertidos y que un tercio de los peces de río llamados albures o lisas tiene concentraciones de plomo superiores al máximo legal permitido.

En ese contexto la Junta de Andalucía ha dado los permisos para reabrir esta mina de Gerena y la mina de Aznalcóllar y para verter a Guadalquivir durante 18 años un volumen de aguas con metales pesados de casi 120 millones de metros cúbicos, es decir 10 veces más que lo ya vertido por la mina de Gerena en su primera etapa.

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