• Ecologistas en Acción insta a la Junta de Andalucía a reforzar la protección de Doñana frente a incendios forestales.
• Ayer se iniciaron dos incendios forestales en el Parque Nacional de Doñana cerca de la Vereda de Sanlúcar, a cinco kilómetros uno de otro, horas después del paso de las Hermandades de la provincia de Cádiz que tendrían que volver a pasar por allí de vuelta. Uno de los incendios fue dado por extinguido por la Junta de Andalucía varias horas después, pero el otro sigue activo.
• Ni los trabajos forestales se completan, dada la gran carga de pinos cortados secos combustibles abandonada, ni el personal de vigilancia ambiental es suficiente, para unas 128.000 hectáreas del Espacio Natural Doñana, 54.000 de ellas Parque Nacional.

Están quemando Doñana. En años anteriores el Parque Natural, en esta ocasión, el Parque Nacional. Ayer se iniciaron dos incendios forestales en el Parque Nacional de Doñana cerca de la Vereda de Sanlúcar. Uno en el Corral de Félix y otro después a cinco kilómetros aproximadamente más al sur, en el Paraje La Algaida. El primero se inició a mediodía y el segundo por la tarde, los dos colindantes con la Vereda de Sanlúcar, camino que varias horas antes habían recorrido las Hermandades de la provincia de Cádiz. El del Corral de Félix fue extinguido por el dispositivo del INFOCA en unas seis horas. El del Paraje La Algaida sigue activo y ha quemado ya más de 500 hectáreas.

Estamos en una comarca que ocupa año tras año el número uno en Andalucía en número de conatos e incendios, tanto en la parte de Huelva como en la de Sevilla. El año pasado ocurrieron unos 50 incendios y conatos solo en la parte de Huelva, mientras también hubo en la provincia de Sevilla en el Corredor Verde del Guadiamar, términos municipales de Aznalcázar, Puebla del Río o Isla Mayor. Y ello sin olvidar el gran incendio de Las Peñuelas que devastó más de 8.000 hectáreas de Doñana.

La asiduidad de los incendios se incrementa y los lugares donde se producen se amplían. Los tránsitos en periodo de alto riesgo de incendio forestal ocurren por zonas boscosas y, en Doñana en particular, el fuego se mantiene bajo la superficie del suelo al tratarse de turberas y mucha hojarasca de pinar por tiempo indeterminado.

Cada año se incrementan el tránsito rociero, aumentan los permisos para entrar vehículos, en vez de reducirlos, se acumulan muchos miles de personas que ante un incendio forestal quedarían totalmente desamparadas a merced de las llamas, no pudiendo garantizarse su seguridad por mucho dispositivo policial y ambiental que se haya desplegado.

La Hermandades de la provincia de Cádiz iniciarán en breve su retorno por esta Vereda de Sanlúcar, hecho que, debido a que el siniestro sigue activo y hay fuertes vientos, y especialmente al mantenimiento del incendio bajo la superficie del suelo, puede suponer una temeridad en caso de llevarse a cabo.

Por todo ello, viendo los impresionantes medios trabajando en la extinción con personal de INFOCA de varias provincias desplazadas (al menos Córdoba, Cádiz, Málaga y Huelva), que no tienen los retenes completos y sus vehículos, inadecuados para el monte y la arena se ven atascados, Ecologistas en Acción espera que se garantice la seguridad en la vuelta de las Hermandades gaditanas y se tome la decisión oficial de determinar su vuelta por la playa.

Una vez extinguido el incendio, Ecologistas en Acción solicitará al Gobierno andaluz que se realice, como no puede ser de otra manera, una investigación profunda y que la información resultante trascienda para que la sociedad le de una respuesta seria y eficiente, tanto si ha sido un incidente o una negligencia, como si ha sido una persona incendiaria y delincuente, pues parece claro que no ha sido causa natural.

Doñana es un espacio natural singular frágil súper protegido también requiere y así lo hará constar la organización, un incremento de los medios humanos para la vigilancia, pues con dos decenas de agentes de medio ambiente es insuficiente, a todas luces, para vigilar, controlar y proteger las 128.000 hectáreas del Espacio Natural de Doñana, 54.000 de las cuales conforman el Parque Nacional.

Ecologistas en Acción instará igualmente a la administración andaluza a retirar los pinos secos y los restos de trabajos forestales (madera quemada principalmente) del Espacio Natural Doñana, invirtiendo un presupuesto suficiente en la gestión forestal integral de los ecosistemas de Doñana, y para formar el equipo de trabajadores necesario con la dotación apropiada para realizar sus labores de extinción con eficacia, devolviendo al INFOCA al lugar de excelencia que siempre le ha correspondido.

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Las asociaciones Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica (PDCC), Ecologistas en Acción, Corredor Ecológico del Noroeste Ibérico (CENI) y Bierzo Aire Limpio (BAL) denuncian públicamente que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León está incumpliendo de forma reiterada su obligación legal de facilitar el acceso a la información ambiental, un derecho reconocido tanto en la normativa estatal como en el derecho europeo.

A pesar de haber presentado diversas solicitudes formales (al amparo de la legislación de transparencia y del Convenio de Aarhus), la administración autonómica ha evitado sistemáticamente entregar los supuestos informes técnicos en los que afirma haber basado una decisión de extraordinaria gravedad: permitir la caza y el pastoreo en zonas afectadas por los incendios forestales del pasado verano en la provincia de León.

Las asociaciones firmantes cuestionan abiertamente la propia existencia de dichos informes. Hasta la fecha, no se ha hecho público ningún documento que justifique técnica, científica o jurídicamente esta medida excepcional, pese a las reiteradas solicitudes formuladas por las entidades sociales y ambientales.

El núcleo del problema radica en una doble anomalía institucional: por un lado, la Junta afirma disponer de informes que avalarían la adopción de medidas excepcionales; por otro, niega el acceso a esos mismos informes, impidiendo cualquier forma de escrutinio público, evaluación técnica independiente o debate democrático informado.

Tras los incendios del pasado verano, la Junta ha adoptado una decisión que supone, en la práctica, dejar sin efecto una prohibición expresa contenida en la normativa forestal. La legislación vigente (en particular, la normativa de montes aplicable en Castilla y León) establece con claridad la prohibición de la caza y el pastoreo durante un periodo mínimo de cinco años en terrenos forestales incendiados, con el objetivo de garantizar los procesos de regeneración ecológica y evitar impactos adicionales sobre suelos y biodiversidad, así como sobre los servicios ecosistémicos que ofrecen.

La autorización de estas actividades en zonas quemadas, sin motivación documentada conocida, no solo contradice el principio de legalidad, sino que introduce un precedente extremadamente peligroso desde el punto de vista ambiental y jurídico. La regeneración post-incendio es un proceso complejo, condicionado por factores edáficos, climáticos y biológicos, que puede verse gravemente comprometido por la presión ganadera y cinegética prematura.

Esta opacidad resulta particularmente grave en materia ambiental, donde el acceso a la información no es una mera formalidad administrativa, sino un pilar esencial reconocido internacionalmente en instrumentos como el Convenio de Aarhus (1998) y desarrollado en España a través de la Ley 27/2006. La negativa a facilitar esta información no solo vulnera derechos fundamentales de participación, sino que erosiona los mecanismos de control sobre la actuación administrativa.

Las asociaciones firmantes advierten de que no se puede descartar que nos encontremos ante una decisión arbitraria carente de respaldo técnico real, lo que podría implicar responsabilidades jurídicas adicionales y exigen la publicación inmediata e íntegra de todos los informes que supuestamente justifican las medidas autorizadas, así como la depuración de responsabilidades políticas y administrativas en caso de confirmarse la inexistencia o insuficiencia de dichos informes.

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