• Activistas de Ecologistas en Acción han desplegado pancartas en el entorno del río Guadiamar con los mensajes ‘¡Recuperación integral del río Guadiamar!’ y ‘¡Stop vertidos mineros!’. 
• La acción forma parte de las más de 50 iniciativas impulsadas por la Alianza por la Restauración de la Naturaleza bajo el lema #LaNaturalezaSeLevanta para reclamar la restauración de ecosistemas y la recuperación de territorios degradados.
• La organización exige un Plan Nacional de Restauración ambicioso que incluya la recuperación integral del río Guadiamar y su reconexión con la marisma, una actuación clave para restaurar Doñana.

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente Ecologistas en Acción denuncia que, casi tres décadas después del desastre minero de Aznalcóllar, el río Guadiamar sigue soportando vertidos procedentes de la actividad minera y continúa amputado de la marisma de Doñana. La organización reclama el fin inmediato de estos vertidos y advierte de que la Junta de Andalucía parece más preocupada por impulsar la reapertura de la mina de Aznalcóllar que por culminar la recuperación ecológica de una cuenca clave para el futuro de Doñana.

Para Ecologistas en Acción la restauración del Guadiamar no puede limitarse a actuaciones parciales. La organización ecologista considera  imprescindible recuperar su función como principal arteria hídrica de Doñana mediante la reconexión efectiva del río con la marisma, permitiendo que vuelva a aportar los caudales y la dinámica ecológica que históricamente sustentaron este humedal. Sin embargo, esta propuesta lleva años bloqueada por la falta de ambición de las administraciones y por su temor a afrontar las expropiaciones necesarias de los terrenos para hacerla realidad. Mientras tanto, estos mismos terrenos continúan transformándose para usos agrarios intensivos incompatibles con la recuperación ecológica de Doñana, como las recientes plantaciones de olivos superintensivos en la finca Hato Blanco Viejo por fondos de inversión.

La organización recuerda que la recuperación integral del Guadiamar ha recibido un importante respaldo político tras la aprobación en el Congreso de los Diputados de una iniciativa que insta a impulsar la restauración del río y su reconexión con la marisma como una actuación estratégica para la protección de Doñana. Un apoyo institucional que debe traducirse en compromisos concretos y actuaciones efectivas sobre el terreno.

Ecologistas en Acción rechaza asimismo cualquier autorización de nuevos vertidos mineros al estuario del Guadalquivir, un ecosistema ya sometido a una fuerte presión ambiental y sobre cuyo deterioro vienen alertando desde hace años diversos estudios científicos. La organización considera igualmente necesaria la recuperación de otros espacios clave para la funcionalidad hidrológica de Doñana, como el Brazo de la Torre, cuya restauración contribuiría a mejorar la conectividad ecológica y la resiliencia de todo el sistema.

Por todo ello, Ecologistas en Acción exige al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y a la Junta de Andalucía, que sitúen la restauración integral del río Guadiamar entre las prioridades del futuro Plan Nacional de Restauración y que adopten medidas urgentes para poner fin a los vertidos mineros que siguen amenazando una de las principales arterias hídricas de Doñana. Recuperar el Guadiamar es recuperar Doñana.

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És l’accident més greu en una central nuclear espanyola des de 2007.

La plataforma Tanquem Cofrents, de la qual forma part Ecologistes en Acció del País Valencià, va denunciar fa uns dies que la central de Cofrents havia fet una parada no programada de 20 dies des de l’1 de maig per a la reparació d’una avaria, fins i tot no explicada ni per Iberdrola, propietària de la central ni pel Consell de Seguretat Nuclear (CSN).

En el transcurs d’aquesta parada es va detectar una altra avaria diferent, que afectava una vàlvula d’aïllament de vapor principal (MSIV per les seues sigles en anglés). Aquesta és una vàlvula del circuit primari de la central, per la qual circula aigua altament radioactiva.

Hui s’ha conegut que no era una única vàlvula la que patia l’avaria, sinó que el problema afecta la totalitat de les 8 vàlvules d’eixe tipus que hi ha en la central i que ocasiona que quan es dona l’ordre de tancar-se a les vàlvules algunes es tornen a obrir a continuació. S’ha determinat que la causa és un defecte de fabricació de tot un lot d’aquestes vàlvules.

Aquest joc de vàlvules es va instal·lar a Cofrents durant la seua última parada per a recàrrega i manteniment, que va acabar al novembre de 2025.

És altament significatiu que, malgrat tindre parada la central més d’un mes, durant el qual se suposa que es fan milers de comprovacions i operacions de manteniment, no es detectara el problema que afectava unes peces crucials per al bon funcionament de la central. Això elimina qualsevol confiança que es poguera tindre en l’operació de la central i posa fins i tot més de manifest el risc per a la seguretat de la ciutadania que suposa el funcionament d’aquesta central.

Tot això ha fet que el CSN haja qualificat aquesta avaria amb el nivell 2 en l’escala INES de seguretat nuclear. Això la converteix en l’avaria més greu en una central nuclear a Espanya des de 2007, en què un accident en la central d’Ascó I va ocasionar la fuita d’una sèrie de partícules radioactives a l’exterior de la central, i a més va ocultar el fet a les autoritats, i que va ser també qualificat amb el nivell 2.

Aquest seriós accident a Cofrents, que no és més que l’últim d’una sèrie contínua d’aquests, i la tardança a detectar el problema posen de manifest que la central de Cofrents, que compleix enguany 42 anys de funcionament, està vella, deteriorada i a més mal gestionada.

Per tant, la plataforma Tanquem Cofrents exigeix el seu tancament immediat, així com el de la resta de les nuclears. Per motius obvis de seguretat, però també per motius econòmics, d’estalvi d’aigua, de sobirania energètica i de deixar de continuar augmentant el problema dels residus radioactius per a les generacions futures.

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Es el accidente más grave en una central nuclear española desde 2007

La plataforma Tanquem Cofrents, de la que forma parte Ecologistes en Acció del País Valencià, denunció hace unos días que la central de Cofrents había hecho una parada no programada de 20 días desde el 1 de mayo para la reparación de una avería, aun no explicada ni por Iberdrola, propietaria de la central ni por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

En el transcurso de esta parada se detectó otra avería diferente, que afectaba a una válvula de aislamiento de vapor principal (MSIV por sus siglas en inglés). Esta es una válvula del circuito primario de la central, por la que circula agua altamente radioactiva.

Hoy se ha conocido que no era una única válvula la que sufría la avería, sino que afecta a la totalidad de las 8 válvulas de ese tipo que hay en la central y que ocasiona que cuando se da la orden de cerrarse a las válvulas algunas se vuelven a abrir a continuación. Se ha determinado que la causa es un defecto de fabricación de todo un lote de estas válvulas.

Este juego de válvulas se instaló en Cofrents durante su última parada para recarga y mantenimiento, que acabó en noviembre de 2025.

Es altamente significativo que, a pesar de tener parada la central más de un mes, durante el cual se supone que se hacen miles de comprobaciones y operaciones de mantenimiento, no se detectara el problema que afectaba a unas piezas cruciales para el buen funcionamiento de la central. Esto elimina cualquier confianza que se pudiera tener en la operación de la central y pone aun más de manifiesto el riesgo para la seguridad de la ciudadanía que supone el funcionamiento de esta central.

Todo ello ha hecho que el CSN haya calificado esta avería con el nivel 2 en la escala INES de seguridad nuclear. Esto lo convierte en la avería más grave en una central nuclear en España desde 2007, en que un accidente en la central de Ascó I ocasionó el escape de una serie de partículas radioactivas al exterior de la central, y además ocultó el hecho a las autoridades, y que fue también calificado con el nivel 2.

Este serio accidente en Cofrents, que no es más que el último de una serie continua de ellos, y la tardanza en detectar el problema ponen de manifiesto que la central de Cofrents, que cumple este año 42 años de funcionamiento, está vieja, deteriorada y además mal gestionada.

Por tanto, la plataforma Tanquem Cofrents exige su cierre inmediato, así como el del resto de las nucleares. Por obvios motivos de seguridad, pero también por motivos económicos, de ahorro de agua, de soberanía energética y de dejar de seguir aumentando el problema de los residuos radioactivos para las generaciones futuras.

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• Las organizaciones responden a las críticas vertidas en el pleno municipal del pasado 8 de mayo, respaldando sus análisis con una sólida metodología europea, avalada por la directiva comunitaria y con un fuerte grado de correlación estadística a nivel nacional.
• Recuerdan que las propias mediciones oficiales superan ya el límite de 10 microgramos por metro cúbico recomendado por la OMS para proteger la salud infantil.

Ante las acusaciones de “falta de rigurosidad científica” expresadas por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Salamanca en el pleno del pasado 8 de mayo de 2026, la plataforma Barrios por el Clima y Ecologistas en Acción de Salamanca han registrado una respuesta conjunta dirigida al Ayuntamiento en la que defienden la solidez técnica de su campaña de medición de la calidad del aire y exigen medidas de precaución inmediatas.

Una metodología científica avalada, de alcance estatal

Frente a los cuestionamientos municipales, las entidades recuerdan que no se trata de mediciones aisladas o carentes de base, sino de un proyecto de ciencia ciudadana consolidado y estructurado:

• Amplia trayectoria: Ecologistas en Acción ha desarrollado ya cinco campañas de medición de dióxido de nitrógeno en entornos escolares desde el curso 2020/2021, evaluando un total de 985 entornos educativos y espacios sensibles en todo el Estado español.
• Marco europeo e institucional: La campaña se enmarca en la iniciativa europea Clean Cities (que agrupa a más de 80 ONG y movimientos de base) y sigue un estricto protocolo de medición estandarizado diseñado por el prestigioso IS Global. Además, este tipo de proyectos de ciencia ciudadana están plenamente reconocidos por la Agencia Europea de Medio Ambiente y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) como herramientas válidas para mejorar el conocimiento de la atmósfera urbana.
• Validez legal e indicativa: Los tubos de difusión utilizados son un método de medición indicativo oficialmente admitido por la Directiva 2008/50/CE.

Uno de los puntos clave de la respuesta radica en el análisis comparativo de los captadores ciudadanos colocados junto a las Estaciones de Medida de Referencia institucionales (EMR). A nivel de todo el Estado español, existe una correlación positiva extremadamente fuerte entre las mediciones de los tubos de difusión y las cabinas oficiales, con parámetros estadísticos incontestables

La legislación da la razón a los datos

Por eso, las asociaciones alertan sobre la necesidad de adaptar la red de medición a la legislación vigente. La Directiva (UE) 2024/2881 del Parlamento Europeo y del Consejo, aprobada el 23 de octubre de 2024, determina que los puntos de muestreo para proteger la salud humana deben situarse en los puntos críticos de contaminación atmosférica (zonas residenciales, escuelas, hospitales y oficinas) y no en zonas periféricas o con escaso tráfico. En el caso de Salamanca, los colectivos critican que los medidores oficiales del centro de la ciudad fueron reubicados hace años a las afueras, desvirtuando la exposición real de la ciudadanía.

Asimismo, denuncian que incluso los datos oficiales de 16µg/m3 superan con creces los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), fijados en 16µg/m3. El  NO2 cuenta con abrumadora evidencia científica sobre su impacto en la salud infantil, afectando de manera directa a la función atencional y a la memoria de trabajo en la niñez (como constata el estudio publicado en la revista científica Environment International en 2024).

Por último, los colectivos muestran su desconfianza ante el compromiso ambiental de la administración: recuerdan que el pasado 10 de abril de 2026, el Tribunal Supremo confirmó la nulidad del Plan de Mejora de la Calidad del Aire por Ozono Troposférico en Castilla y León. Dicho plan se diseñó de manera obligada tras sentencias judiciales previas que constataron el incumplimiento sistemático desde el año 2010 de los objetivos legales para la salud en 8 de las 15 zonas de la región, siendo Salamanca una de las zonas infractoras. Se recuerda que los óxidos de nitrógeno  NO2 son precursores químicos directos en la formación del dañino ozono troposférico.

Llamamiento a la Concejalía de Medio Ambiente

Barrios por el Clima y Ecologistas en Acción instan a la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salamanca a que, si desconfía de los resultados, despliegue sus propias campañas de medición oficiales dentro de los entornos escolares analizados, garantizando la transparencia y la representatividad de los datos en puntos sensibles en lugar de mantener los sensores únicamente en áreas suburbanas de baja intensidad de tráfico.

 

Barrios por el Clima Salamanca es una plataforma integrada por ZOES, Garrido Contigo, Cuidamos Villamayor, Asociación de vecinos y vecinas de Tejares, Ecologistas en Acción de Salamanca, Asociación vecinal Bretón, Asociación Los Alcaldes, Asociación de Vecinas y Vecinos de El Zurguén, El Volcán de Garrido, el Comité Antinuclear y Ecologista de Salamanca y el Comité de Bici Urbana Guardabarros.

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• Ecologistas en Acción de Andalucía recuerda al PSOE andaluz su compromiso adquirido en la reunión celebrada el 13 de Mayo con los miembros de la dirección del PSOE andaluz Alejandro Moyano, secretario adjunto de organización; Ignacio Henares, secretario de Acción Climática y Transición Energética y Paco Cuenca, portavoz y coordinador de Cultura y Nuevos Derechos de Ciudadanía. 

En dicha reunión quedó clara la involución que supone tanto la Ley para la Gestión Ambiental de Andalucía (LEGAM), como la Ley de Montes, cuestión compartida también  por el Colegio de Ambientólogos de Andalucia y los Agentes de Medio Ambiente.

Ambas leyes inciden en la privatización, desregulación y externalización tanto de la gestión de los montes andaluces como del control ambiental de actividades y proyectos, entrando en contradicción con la legislación básica estatal, por lo que son perfectamente recurribles. Los montes públicos podrán ser descatalogarlos, instalando usos en suelo forestal incompatibles con su carácter.  En el caso de la Legam, las obligatorias labores de la Administración de control y fiscalización de actividades con repercusión ambiental, podrán ser llevadas a cabo por empresas privadas.

El recurso de inconstitucionalidad por parte del grupo parlamentario socialista es imperioso; para llevarlo al Congreso hacen falta 50 diputados. Pasadas las elecciones, seguimos esperando y el plazo termina en el mes de junio.

Aportamos nota de prensa publicada el 14 de Mayo, explicando la reunión mantenida con este colectivo, en la cual hubo un compromiso por parte de la candidata María Jesús Montero de recurrir estas leyes con visos de clara inconstitucionalidad.

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• Del 24 al 27 d’abril va tindre lloc la Biomarató de Primavera – City Nature Challenge 2026, on van participar més de 100.000 persones de tot el món les quals superaren els 3.000.000 milions d’observacions.
• Quatre grups d’Ecologistes en Acció del País Valencià (Alacant, Crevillent, Santa Pola i Vinaròs) participaren en projectes propis aconseguint més de 2.500 observacions de 1.150 espècies.

La City Nature Challenge s’ha consolidat com un dels esdeveniment de ciència ciutadana més importants del món. Les xifres parlen per si a soles: 3.001.825 observacions en tot el món, 76.422 espècies diferents, 106.354 participants i 754 projectes de 61 països.

En este bast número s’inclouen les dades dels 4 projectes organitzats per 4 grups respectius d’Ecologistes en Acció del País Valencià: la Colla d’Alacant, el Campanà de Crevillent, Talaiola de Santa Pola i Apnal de Vinaròs.

 

Durant tot el cap de setmana, els quatre col·lectius han estat organitzant activitats per a observar la naturalesa des d’un enfocament compartit del coneixement, realitzant fotografies i registres. Les activitats nocturnes, han comptat amb el valor afegit d’usar paranys de llum ultraviolada per a atraure papallones i arnes nocturnes i insectes.

A més, el grup de Vinaròs ha inclòs també mostres de fototrampeig diürn i nocturn; detectors d’ultrasons per a rates penades; hides per a fotografia de naturalesa en abeuradors d’atracció de fauna, o gravació de sons de la naturalesa per a cants d’aus.

Resultats valencians

La Biomarató de Primavera ha seguit consolidant-se al territori valencià arran les tasques d’aquestes quatre associacions, que han assolit unes xifres molt rellevant d’observacions.

En total, entre els quatre projectes d’iNaturalist s’ha arribat fins a les 2.535 observacions de 1.150 espècies i la participació de quasi 60 persones.

En números concrets, el projecte de APNAL-Vinaròs ha aconseguit 1.269 observacions de 572 espècies diferents i la participació de 16 observadors. El projecte d’el Campanà-Crevillent va assolir les 854 observacions de 316 espècies diferents i la participació de 17 observadors. El projecte d’Alacant ha arribat fins a les 260 observacions de 160 espècies diferents i 21 observadors. Finalment, el projecte de Talaiola-Santa Pola ha aconseguit 152 observacions de 102 espècies diferents i 5 observadors.

Experiència ciutadana i científica

La biomarató és una activitat de ciència ciutadana consistent a catalogar la biodiversitat mitjançant aplicacions com iNaturalist, on qualsevol persona pot col·laborar pujant els seus registres, anomenades «observacions». Posteriorment, eixos registres són revisats per experts que identifiquen les espècies i les introdueixen en bases de dades oberts com Gbif.

Es tracta d’una activitat atractiva i senzilla de conéixer la biodiversitat que ens envolta, acostant de manera activa la ciència a la ciutadania. No és necessari ser cap expert en fotografia ni en espècies. Pots pujar fotos des del mòbil i la pròpia aplicació et recomana espècies similars, i si no el tens clar, una persona experta el corregirà.

Les espècies observades demostren com les biomaratons són una manera lúdica i divertida de comprendre les problemàtiques a les que s’enfronta la biodiversitat del nostre voltant per a sobreviure en els temps actuals.

Per eixa raó, des de Ecologistes en Acció del País continuarem fomentant la participació en aquestes activitats a través de les dues principals biomaratons que s’organitzen: la de Primavera (City Nature Challenge) d’àmbit internacional, i la de Tardor, d’àmbit ibèric.

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• Del 24 al 27 de abril tuvo lugar la Biomaratón de Primavera – City Nature Challenge 2026, donde participaron más de 100.000 personas de todo el mundo las cuales superaron los 3.000.000 millones de observaciones.
• Cuatro grupos de Ecologistes en Acció del País Valencià (Alacant, Crevillent, Santa Pola y Vinaròs) participaron en proyectos propios consiguiendo más de 2.500 observaciones de 1.150 especies.

La City Nature Challenge se ha consolidado como uno de los acontecimiento de ciencia ciudadana más importantes del mundo. Las cifras hablan por sí solas: 3.001.825 observaciones en todo el mundo, 76.422 especies diferentes, 106.354 participantes y 754 proyectos de 61 países.

En este basto número se incluyen los datos de los 4 proyectos organizados por sendos grupos respectivos de Ecologistes en Acció del País Valencià: la Colla d’Alacant, el Campanà de Crevillent, Talaiola de Santa Pola y Apnal de Vinaròs.

Durante todo el fin de semana, los cuatro colectivos han estado organizando actividades para observar la naturaleza desde un enfoque compartido del conocimiento, realizando fotografías y registros. Las actividades nocturnas, han contado con el valor añadido de usar trampas de luz ultravioleta para atraer mariposas y polillas nocturnas e insectos.

Además, el grupo de Vinaròs ha incluido también muestras de fototrampeo diurno y nocturno; detectores de ultrasonidos para ratas penadas; hides para fotografía de naturaleza en abrevaderos de atracción de fauna, o grabación de sonidos de la naturaleza para cantos de aves.

Resultados valencianos

La Biomarató de Primavera ha seguido consolidándose en el territorio valenciano a raíz de las tareas de estas cuatro asociaciones, que han logrado unas cifras muy relevante de observaciones.

En total, entre los cuatro proyectos de iNaturalist se ha llegado hasta las 2.535 observaciones de 1.150 especies y la participación de casi 60 personas.

En números concretos, el proyecto de APNAL-Vinaròs ha conseguido 1.269 observaciones de 572 especies diferentes y la participación de 16 observadores. El proyecto del Campanà-Crevillent logró las 854 observaciones de 316 especies diferentes y la participación de 17 observadores. El proyecto de Alicante ha llegado hasta las 260 observaciones de 160 especies diferentes y 21 observadores. Finalmente, el proyecto de Talaiola-Santa Pola ha conseguido 152 observaciones de 102 especies diferentes y 5 observadores.

Experiencia ciudadana y científica

La biomaratón es una actividad de ciencia ciudadana consistente a catalogar la biodiversidad mediante aplicaciones como iNaturalist, donde cualquier persona puede colaborar subiendo sus registros, llamadas «observaciones». Posteriormente, esos registros son revisados por expertos que identifican las especies y las introducen en bases de datos abiertos como Gbif.

Se trata de una actividad atractiva y sencilla de conocer la biodiversidad que nos rodea, acercando de manera activa la ciencia a la ciudadanía. No es necesario ser ningún experto en fotografía ni en especies. Puedes subir fotos desde el móvil y la propia aplicación te recomienda especies similares, y si no el tenso claro, una persona experta lo corregirá.

Las especies observadas demuestran como las biomaratones son una manera lúdica y divertida de comprender las problemáticas a las que se enfrenta la biodiversidad de nuestro alrededor para sobrevivir en los tiempos actuales.

Por esa razón, desde Ecologistas en Acción del País continuaremos fomentando la participación en estas actividades a través de las dos principales biomaratones que se organizan: la de Primavera (City Nature Challenge) de ámbito internacional, y la de Otoño, de ámbito ibérico.

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• Ecologistas en Acción insta a la Junta de Andalucía a reforzar la protección de Doñana frente a incendios forestales.
• Ayer se iniciaron dos incendios forestales en el Parque Nacional de Doñana cerca de la Vereda de Sanlúcar, a cinco kilómetros uno de otro, horas después del paso de las Hermandades de la provincia de Cádiz que tendrían que volver a pasar por allí de vuelta. Uno de los incendios fue dado por extinguido por la Junta de Andalucía varias horas después, pero el otro sigue activo.
• Ni los trabajos forestales se completan, dada la gran carga de pinos cortados secos combustibles abandonada, ni el personal de vigilancia ambiental es suficiente, para unas 128.000 hectáreas del Espacio Natural Doñana, 54.000 de ellas Parque Nacional.

Están quemando Doñana. En años anteriores el Parque Natural, en esta ocasión, el Parque Nacional. Ayer se iniciaron dos incendios forestales en el Parque Nacional de Doñana cerca de la Vereda de Sanlúcar. Uno en el Corral de Félix y otro después a cinco kilómetros aproximadamente más al sur, en el Paraje La Algaida. El primero se inició a mediodía y el segundo por la tarde, los dos colindantes con la Vereda de Sanlúcar, camino que varias horas antes habían recorrido las Hermandades de la provincia de Cádiz. El del Corral de Félix fue extinguido por el dispositivo del INFOCA en unas seis horas. El del Paraje La Algaida sigue activo y ha quemado ya más de 500 hectáreas.

Estamos en una comarca que ocupa año tras año el número uno en Andalucía en número de conatos e incendios, tanto en la parte de Huelva como en la de Sevilla. El año pasado ocurrieron unos 50 incendios y conatos solo en la parte de Huelva, mientras también hubo en la provincia de Sevilla en el Corredor Verde del Guadiamar, términos municipales de Aznalcázar, Puebla del Río o Isla Mayor. Y ello sin olvidar el gran incendio de Las Peñuelas que devastó más de 8.000 hectáreas de Doñana.

La asiduidad de los incendios se incrementa y los lugares donde se producen se amplían. Los tránsitos en periodo de alto riesgo de incendio forestal ocurren por zonas boscosas y, en Doñana en particular, el fuego se mantiene bajo la superficie del suelo al tratarse de turberas y mucha hojarasca de pinar por tiempo indeterminado.

Cada año se incrementan el tránsito rociero, aumentan los permisos para entrar vehículos, en vez de reducirlos, se acumulan muchos miles de personas que ante un incendio forestal quedarían totalmente desamparadas a merced de las llamas, no pudiendo garantizarse su seguridad por mucho dispositivo policial y ambiental que se haya desplegado.

La Hermandades de la provincia de Cádiz iniciarán en breve su retorno por esta Vereda de Sanlúcar, hecho que, debido a que el siniestro sigue activo y hay fuertes vientos, y especialmente al mantenimiento del incendio bajo la superficie del suelo, puede suponer una temeridad en caso de llevarse a cabo.

Por todo ello, viendo los impresionantes medios trabajando en la extinción con personal de INFOCA de varias provincias desplazadas (al menos Córdoba, Cádiz, Málaga y Huelva), que no tienen los retenes completos y sus vehículos, inadecuados para el monte y la arena se ven atascados, Ecologistas en Acción espera que se garantice la seguridad en la vuelta de las Hermandades gaditanas y se tome la decisión oficial de determinar su vuelta por la playa.

Una vez extinguido el incendio, Ecologistas en Acción solicitará al Gobierno andaluz que se realice, como no puede ser de otra manera, una investigación profunda y que la información resultante trascienda para que la sociedad le de una respuesta seria y eficiente, tanto si ha sido un incidente o una negligencia, como si ha sido una persona incendiaria y delincuente, pues parece claro que no ha sido causa natural.

Doñana es un espacio natural singular frágil súper protegido también requiere y así lo hará constar la organización, un incremento de los medios humanos para la vigilancia, pues con dos decenas de agentes de medio ambiente es insuficiente, a todas luces, para vigilar, controlar y proteger las 128.000 hectáreas del Espacio Natural de Doñana, 54.000 de las cuales conforman el Parque Nacional.

Ecologistas en Acción instará igualmente a la administración andaluza a retirar los pinos secos y los restos de trabajos forestales (madera quemada principalmente) del Espacio Natural Doñana, invirtiendo un presupuesto suficiente en la gestión forestal integral de los ecosistemas de Doñana, y para formar el equipo de trabajadores necesario con la dotación apropiada para realizar sus labores de extinción con eficacia, devolviendo al INFOCA al lugar de excelencia que siempre le ha correspondido.

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• El Estuario del Guadalquivir es un área de excepcional valor natural  incluida en la Red Natura 2000 con la denominación de Zona de Especial Conservación del Bajo Guadalquivir.  Hoy, en el Día en que se conmemora el nacimiento de la Red Natura 2000, denunciamos el incumplimiento de la Directiva Hábitat que la regula y que obliga a que “todo plan o proyecto que pueda afectar de forma apreciable a un lugar de la Red Natura sea evaluado adecuadamente”. 
• Denunciamos que no se han evaluado adecuadamente los vertidos mineros a la ZEC del Bajo Guadalquivir que provendrán de las minas de Aznalcóllar y Cobre las Cruces.

El Estuario del Guadalquivir abarca unas 4.700 hectáreas. Es el tramo de río,  con influencia mareal, comprendido entre la presa de Alcalá y la desembocadura. Se trata de un área de excepcional valor natural  que está incluida en la Red Europea Natura 2000 con la denominación de Zona de Especial Conservación (ZEC) del Bajo Guadalquivir, y también forma parte de la Reserva de la Biosfera de Doñana.

La Directiva Hábitat,  aprobada el 21 de mayo de 1992, es la norma que regula y protege a la Red Natura 2000. Su artículo  n.º 6 punto 3 establece que “todo plan o proyecto  que pueda afectar  de forma apreciable  a un lugar de la Red Natura 2000 debe evaluarse  adecuadamente. Las autoridades competentes solo aprobarán  el proyecto  si se aseguran  de que no causará  perjuicio  a la integridad del lugar”. Pues bien,  denunciamos que no se ha hecho una “evaluación  adecuada” de los vertidos mineros procedentes de las minas:  Los Frailes (Aznalcóllar) y Cobre Las Cruces (Gerena), que van a causar un vertido al Guadalquivir de 130 millones de metros cúbicos de aguas contaminadas con metales pesados, insuficientemente depuradas.  Este vertido es 10 veces mayor que el ya producido durante el primer periodo de funcionamiento de la mina de Cobre Las Cruces entre 2009 y 2023 y que ha contaminado gravemente los sedimentos  y seres vivos del estuario.

Aunque  los vertidos de ambas minas se han sometido a un procedimiento de evaluación ambiental entre 2018 y 2024, dicha evaluación  se ha basado en el supuesto de que los metales pesados  que se viertan al Guadalquivir  serán transportados disueltos en el agua hasta la desembocadura  y se diluirán en el océano Atlántico sin producir una contaminación significativa.  Sin embargo, esto es  falso como han demostrado y publicado científicos de las universidades de Sevilla, Cádiz y Granada. Por el contrario, la mayor parte de los metales se unirán a partículas de arcilla y materia orgánica muy abundantes en el estuario y  se depositarán  en los sedimentos del fondo del río. Dicha demostración se ha hecho de forma empírica al estudiar el vertido ya provocado por la mina de Las Cruces entre 2009 y 2023.

A pesar de que la Junta de Andalucía conoce dichos estudios, publicados en la prestigiosa revista Integrated  Environmental  Assessment and Management (14 diciembre  2025), no ha atendido la petición de los autores, así como de diversas organizaciones sociales y ayuntamientos del Bajo Guadalquivir,  solicitando que  se constituya un comité científico independiente para evaluar mediante nuevas investigaciones el problema, y que temporalmente, se declare una moratoria a nuevos vertidos mineros al Guadalquivir.

La conducta de la Junta de Andalucía, más allá de un caso de sordera científica, podría estar incurriendo en un delito de prevaricación administrativa al  mantener los permisos  ambientales para dichos vertidos conociendo que se basan en supuestos científicos falsos.

Además de la Directiva Hábitat, se está incumpliendo  el Principio de No deterioro de la Directiva Marco  de Agua que subraya la necesidad de prevenir  una mayor degradación  de los entornos acuáticos.

Asociación Cívica Salvemos el Guadalquivir, Greenpeace y Ecologistas en Acción.

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• El martes 26 de mayo, tres activistas serán juzgadas por una acción pacífica de legítima protesta, que tuvo lugar en 2019 contra la inacción climática, por la que afrontan una posible condena de prisión. 
• Anticapitalistas, Ecologistas en Acción y Greenpeace convocan una concentración ese mismo día para exigir la absolución de todas las personas acusadas, defender el derecho a la protesta y denunciar la criminalización de la lucha por el clima.

El próximo 26 de mayo, Marina Martínez (Extinction Rebellion), Francisco del Pozo (Greenpeace) y Jorge Riechmann (Anticapitalistas y Ecologistas en Acción) se enfrentan a un juicio por una acción pacífica de legítima protesta contra la inacción de las instituciones frente a la emergencia climática. Los tres participaron, junto a otras trescientas personas, en la acción de desobediencia pacífica convocada por Rebelión por el Clima y por Extinction Rebellion Spain, que cortó el tráfico el 7 de octubre de 2019 en una de las principales avenidas de Madrid.

Como resultado de la represión de dicha acción, varias personas resultaron heridas, 180 fueron identificadas y tres de ellas fueron detenidas y remitidas al juzgado de instrucción con acusaciones falsas de un delito de resistencia grave a la autoridad. Serán juzgadas por la vía penal y afrontan una posible condena de prisión de hasta tres meses o multas (de 6 a 18 meses).

De manera paralela, Jorge Riechmann encara un segundo juicio por una acción de protesta que tuvo lugar durante la semana de movilizaciones impulsadas a nivel internacional por Rebelión Científica en 2022. En esa ocasión, un centenar de personas vinculadas a varios colectivos vertieron un líquido biodegradable de color rojizo (fácil de limpiar) en las escaleras del Congreso de los Diputados, como denuncia de la inacción política. Todo ello resultó en la detención y acusación de 15 activistas.

Para las organizaciones convocantes, no se trata de juicios rutinarios, sino de elementos centrales de la respuesta del Estado ante la actuación colectiva por el clima. “Desde hace más de medio siglo, el ecologismo ha construido un movimiento de respuesta a las tendencias ecocidas del capitalismo y han planteado formas diversas y potentes de contrarrestar estas tendencias, mediante la protesta y mediante la elaboración de propuestas alternativas”, añaden.

Tal y como denuncian, esta es la respuesta del Estado para defender el statu quo y reprimir la propuesta de alternativas: “El sistema de consumo y producción sin límites acoge con gusto el discurso verde, pero no puede soportar una respuesta real que plantee límites efectivos para el desarrollo capitalista y en favor de una sociedad ecológica y socialmente sostenible. Por eso, las causas penales que enfrentan son una forma de reprimir y controlar la organización colectiva y la protesta popular”.

Por todo ello, Anticapitalistas, Ecologistas en Acción y Greenpeace han convocado una concentración, el martes 26 de mayo, de apoyo a las personas acusadas por ejercer su derecho a protestar y actuar en favor del clima, y de denuncia de la criminalización de la protesta.

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• L’organització demana que tot el territori valencià siga zona de protecció per a evitar “punts cecs” administratius.
• Les al·legacions exigeixen prevenció, terminis obligatoris, control tècnic i que les elèctriques assumisquen les seues responsabilitats.

Ecologistes en Acció del País Valencià ha presentat al·legacions al projecte d’ordre de la Conselleria de Medi Ambient per la qual es declaren les àrees prioritàries d’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió al País Valencià.

La principal petició és que la totalitat del territori valencià siga declarada zona de protecció, amb criteris homogenis per a totes les infraestructures elèctriques, estiguen o no dins d’una ZEPA o d’un espai protegit. L’organització adverteix que limitar la protecció a determinades àrees deixa fora moltes esteses situades en zones agrícoles, forestals, periurbanes o industrials, precisament on nombroses aus utilitzen els suports elèctrics com a posadors, vigiladors de caça o llocs de descans.

Per això, se sol·licita incloure expressament els espais protegits del Catàleg de Zones Humides de la Comunitat Valenciana i les seues àrees perimetrals de protecció, així com eliminar l’exclusió automàtica de zones urbanes, periurbanes i industrials.

L’organització recorda que espècies com el bubo reial, el xoriguer vulgar, l’aguilot, l’òliba comuna o l’àguila calçada utilitzen aquests entorns com a zones d’alimentació, nidificació o campege, pel que deixar-los fora de l’ordre resulta injustificable. Per això, se sol·licita el reconeixement del bubo reial com a espècie de màxima prioritat i als rapinyaires nocturns com a grup especialment vulnerable.

Ecologistes en Acció reclama, a més, que la norma reconega que les dades oficials de mortalitat són només “la punta de l’iceberg” ja que molts cadàvers desapareixen per l’acció de carronyers o no són detectats en zones de vegetació densa, per la qual cosa l’absència de troballes no pot interpretar-se com a absència de risc. Per això, es demana incorporar índexs de correcció de detectabilitat, fitxes de camp uniformes i protocols normalitzats de prospecció sota les esteses.

Segons dades oficials del Banc de Dades de Biodiversitat de la Generalitat Valenciana, durant el període 1995-2025, s’han registrat un total de 7.886 casos, 7.042 dels quals són casos d’electrocució i 844 de col·lisió. Així mateix, des de la posada en marxa del RD 1432/2008 s’han documentat 6.180 casos de mortalitat per electrocució i col·lisió, la qual cosa confirma que aquestes infraestructures continuen constituint una de les principals causes no naturals de mortalitat en avifauna del País Valencià.

Un altre punt central que se sol·licita és que es passe d’un model reactiu a un model preventiu obligatori. L’organització planteja que la perillositat de determinats dissenys de suports elèctrics siga motiu suficient per a exigir la seua correcció, encara que no s’haja registrat mortalitat recent en eixe punt concret. Especialment, es demana actuar sobre suports amb creueres i elements que incrementen el risc d’electrocució.

Així mateix, l’entitat proposa crear un Programa Autonòmic de Seguiment Científic, baix tutela de la Generalitat, que centralitze les dades de mortalitat i servisca per a prioritzar actuacions, així com un protocol d’inspecció i auditoria. Amb això, es vol exigir el principi de “qui contamina, paga”, sent les grans empreses distribuïdores les que hagen d’assumir el cost de corregir les seues infraestructures.

Amb aquestes al·legacions, Ecologistes en Acció reclama a la Conselleria que la futura ordre no es limite a declarar àrees prioritàries, sinó que es convertisca en una eina eficaç per a reduir de manera real la mortalitat d’aus per electrocució i col·lisió al País Valencià.

 

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• La organización pide que todo el territorio valenciano sea zona de protección para evitar “puntos ciegos” administrativos.
• Las alegaciones exigen prevención, plazos obligatorios, control técnico y que las eléctricas asuman sus responsabilidades.

Ecologistes en Acció del País Valencià ha presentado alegaciones al proyecto de orden de la Conselleria de Medio Ambiente por la que se declaran las áreas prioritarias de avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión en el País Valenciano.

La principal petición es que la totalidad del territorio valenciano sea declarada zona de protección, con criterios homogéneos para todas las infraestructuras eléctricas, estén o no dentro de una ZEPA o de un espacio protegido. La organización advierte que limitar la protección a determinadas áreas deja fuera muchos tendidos situados en zonas agrícolas, forestales, periurbanas o industriales, precisamente donde numerosas aves utilizan los apoyos eléctricos como posaderos, oteaderos de caza o lugares de descanso.

Por ello, se solicita incluir expresamente los espacios protegidos del Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunitat Valenciana y sus áreas perimetrales de protección, así como eliminar la exclusión automática de zonas urbanas, periurbanas e industriales.

La organización recuerda que especies como el búho real, el cernícalo vulgar, el busardo ratonero, la lechuza común o el águila calzada utilizan estos entornos como zonas de alimentación, nidificación o campeo, por lo que dejarlos fuera de la orden resulta injustificable. Por ello, se solicita el reconocimiento del búho real como especie de máxima prioridad y a las rapaces nocturnas como grupo especialmente vulnerable.

Ecologistes en Acció reclama, además, que la norma reconozca que los datos oficiales de mortalidad son solo “la punta del iceberg” ya que muchos cadáveres desaparecen por la acción de carroñeros o no son detectados en zonas de vegetación densa, por lo que la ausencia de hallazgos no puede interpretarse como ausencia de riesgo. Por ello, se pide incorporar índices de corrección de detectabilidad, fichas de campo uniformes y protocolos normalizados de prospección bajo los tendidos.

Según datos oficiales del Banco de Datos de Biodiversidad de la Generalitat Valenciana, durante el período 1995-2025, se han registrado un total de 7.886 casos, 7.042 de los cuales son casos de electrocución y 844 de colisión. Asimismo, desde la puesta en marcha del RD 1432/2008 se han documentado 6.180 casos de mortalidad por electrocución y colisión, lo que confirma que estas infraestructuras continúan constituyendo una de las principales causas no naturales de mortalidad en avifauna del País Valenciano.

Otro punto central que se solicita es que se pase de un modelo reactivo a un modelo preventivo obligatorio. La organización plantea que la peligrosidad de determinados diseños de apoyos eléctricos sea motivo suficiente para exigir su corrección, aunque no se haya registrado mortalidad reciente en ese punto concreto. En especial, se pide actuar sobre apoyos con crucetas y elementos que incrementan el riesgo de electrocución.

Asimismo, la entidad propone crear un Programa Autonómico de Seguimiento Científico, bajo tutela de la Generalitat, que centralice los datos de mortalidad y sirva para priorizar actuaciones, así como un protocolo de inspección y auditoría. Con ello, se quiere exigir el principio de “quien contamina, paga”, siendo las grandes empresas distribuidoras las que deban asumir el coste de corregir sus infraestructuras.

Con estas alegaciones, Ecologistes en Acció reclama a la Conselleria que la futura orden no se limite a declarar áreas prioritarias, sino que se convierta en una herramienta eficaz para reducir de forma real la mortalidad de aves por electrocución y colisión en el País Valenciano.

 

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  Foto ©Claudia Wiens por Greenpeace

• Los nuevos vertidos proyectados multiplicarían por diez la contaminación, afectando gravemente a la biodiversidad y a agricultores y pescadores.
• Informes científicos demuestran que los vertidos de Cobre Las Cruces y Aznalcóllar han contaminado el estuario del río con efectos ecotóxicos para su fauna como los albures, pescado consumido habitualmente en pueblos ribereños.
• Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, Ecologistas en Acción, Salvemos el Guadalquivir y Greenpeace, organizaciones convocantes, denuncian que la Junta de Andalucía ignora los efectos de los dos vertidos y reclaman una moratoria y un comité de expertos/as independientes.

Miles de personas se han dado cita hoy en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) en una masiva manifestación contra los proyectos de reapertura de la Mina Los Frailes (Aznalcóllar) y Cobre las Cruces (Gerena), que traen consigo vertidos al río Guadalquivir que pueden ser letales para los ecosistemas del estuario y para las actividades económicas que dependen de ellos, como la pesca y la agricultura, y para el Parque Nacional de Doñana.

A pesar de la lluvia y bajo el lema “No a los vertidos mineros al Guadalquivir”, esta movilización, convocada por la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar, Ecologistas en Acción, Salvemos el Guadalquivir y Greenpeace, es un paso más dentro de la campaña de denuncia sobre la desprotección a la que se enfrenta el río Guadalquivir. La marcha ha sido apoyada también por varios ayuntamientos de localidades de la desembocadura y la ribera del Guadalquivir como Sanlúcar, Chipiona, Trebujena, Rota y Coria del Río.

Las entidades convocantes advierten que los vertidos que prevén realizar la Mina Los Frailes (Aznalcóllar) y Cobre Las Cruces (Gerena) al río Guadalquivir tras su reapertura pueden ser letales para los ecosistemas del estuario y para las actividades económicas que dependen de ellos, como la pesca y la agricultura.

La Mina Los Frailes prevé realizar un vertido de más de 85 mil millones de litros de agua con metales pesados al Guadalquivir durante 18 años, a través de una tubería que tendrá el punto de vertido frente al estadio de La Cartuja de Sevilla. Por su parte, la empresa Cobre las Cruces quiere realizar un nuevo vertido de más de 32 mil millones de litros durante 14 años, en La Algaba. Ambos vertidos llevarán disueltos metales pesados como cromo, arsénico, plomo, selenio o mercurio. Estos metales pesados representan una amenaza grave tanto para los ecosistemas y la biodiversidad como para la salud de las poblaciones ribereñas y de las personas consumidoras de la variedad de productos que se cosechan en el Bajo Guadalquivir y se pescan en el río y el Golfo de Cádiz, dado que muchas especies se reproducen en el estuario.

Por otro lado, las organizaciones convocantes advierten que el estuario del Guadalquivir ya está contaminado por metales pesados debido a los vertidos mineros producidos por la mina de Las Cruces desde 2009, tal y como ha constatado el estudio realizado por científicos de las Universidades de Sevilla, Cádiz y Granada. En este estudio, se ha comprobado la presencia de plomo por encima de lo permitido por la Unión Europea (UE) en albures, un pescado que tradicionalmente se consume en los pueblos ribereños. Igualmente, se ha constatado la presencia de arsénico en el límite de lo permitido en galeras, un crustáceo de muchísimo consumo en la zona de la desembocadura. La suma de estos dos nuevos vertidos podría multiplicar por diez la contaminación de metales pesados en los sedimentos del río. Esto comprometería el futuro de los sectores agrario, pesquero y mariscador de la zona, los cuales tienen una importancia capital para la economía y el desarrollo local.

A pesar de que las empresas y la Junta de Andalucía aducen que la fórmula de vertido respeta la cantidad de metales pesados en disolución legalmente permitida, las organizaciones advierten de que la ciencia ha demostrado que los metales pesados no salen por la desembocadura, sino que se acumulan en los sedimentos del estuario, debido al alto contenido de material en suspensión que tiene el río desde la presa de Alcalá del Río hasta la costa gaditana.

Esta cantidad de material en suspensión hace que los metales pesados se adhieran y decanten, lo cual, unido a la dinámica mareal del estuario del Guadalquivir, impide que estos metales salgan rápidamente por la desembocadura. Por un lado, porque la presa de Alcalá del Río se comporta como un “fondo de saco”, frenando las mareas y favoreciendo la sedimentación; y por otro, porque en la desembocadura del río se produce lo que se conoce como “tapón salino”, que frena la salida de las aguas interiores hacia el mar. Todo ello hace que la presencia de metales pesados termine afectando a los ecosistemas, pasando a la red trófica, afectando a los usos pesqueros, ganaderos, agrícolas y de ocio sostenible, y poniendo en peligro los potenciales usos del agua del Guadalquivir para consumo humano en caso de sequía prolongada. Además, las operaciones de dragado del estuario depositan esos sedimentos contaminados en el Golfo de Cádiz.

Por todo ello, las organizaciones exigen la paralización de las autorizaciones y prospecciones mineras mediante una moratoria y la constitución de un grupo técnico-científico de expertos/as independientes que evalúe en profundidad sus efectos en el medio ambiente y sus afecciones a la salud y la seguridad alimentaria. Asimismo, también demandan que se tengan en cuenta los efectos sinérgicos de ambos vertidos, puesto que la autorización ambiental del vertido de Los Frailes ha sido concedida sin tener en cuenta el efecto sumatorio que tiene con el vertido ya autorizado de la mina de Cobre las Cruces.

Además, denuncian la actitud de sordera institucional que está teniendo la Junta en esta cuestión, ante las reiteradas voces de alarma que las diferentes organizaciones y entidades han demostrado en relación a estos proyectos de vertido. Una actitud que se ve reforzada con la falta de transparencia de la Consejería de Medioambiente de la Junta de Andalucía que oculta informes técnicos en los procesos judiciales que ya hay abiertos en el TSJA, sobre la deficiente evaluación de los efectos del vertido y posibles incumplimientos de los objetivos ambientales del Estuario del Guadalquivir.

Comunicado aprobado por la Plataforma Ciudadana Salvemos el Guadalquivir,

remitido a los medios de comunicación a través de Greenpeace

 

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• Oculta un informe técnico sobre posibles incumplimientos ambientales y distribución de metales contaminantes, realizado por encargo de la Dirección General de Recurso Hídricos.
• El TSJA ordena a la Junta entregar la documentación ocultada en un plazo de 10 días.

El pasado 29 de abril de 2026, la Sección 3ª de Sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha requerido a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, dirigida por la anterior Consejera de Salud, Catalina García, para que en el plazo de 10 días le remita la documentación requerida.

Este requerimiento se realiza a instancias de Ecologistas en Acción en el procedimiento 621/2024 iniciado en octubre de 2024 contra la Autorización Ambiental Unificada (AAU) otorgada en julio de 2024 por esa Consejería. Esa AAU incluye la autorización de vertido a la empresa Minera Los Frailes (MLF) de Grupo México, para volcar más de 85 mil millones de litros de aguas tóxicas, desde el recinto minero de Aznalcóllar al Estuario del Guadalquivir, en zona de Red Natura 2000, junto al estadio de la Cartuja.

Es la tercera vez que la Junta de Andalucía remite el expediente incompleto al TSJA, dilatando con mala fe durante año y medio la posibilidad de que Ecologistas en Acción pueda formular su demanda.

En esta ocasión la Consejería demandada ha ocultado un importante informe técnico realizado en 2023 por una consultora externa, SITRA, especializada en gestión de aguas industriales, contratada por la Dirección General de Recurso Hídricos de la Secretaría General del Agua para realizar una simulación y evaluación de los efectos del vertido sobre los objetivos ambientales de la masa de agua afectada, considerando diferentes escenarios de caudal de agua en el estuario.

La Junta se Andalucía sólo ha facilitado un resumen del informe elaborado por SITRA, donde se refleja que si el caudal de agua desembalsado en la presa de Alcalá del Río es inferior a 35 m3/s, el vertido de Minera Los Frailes (MLF) no permite alcanzar los objetivos de calidad en la masa de agua receptora. También se indica que debido a la diferencia existente entre los valores de concentraciones en el río y en el vertido, se ha determinado como parámetro más crítico el Cadmio, siendo 400 veces mayor esta concentración respecto al valor de base en el río.

Igualmente el TSJA reclama datos más precisos sobre la distribución del contenido en Cadmio, Plomo, Mercurio, Níquel, Arsénico, Cobre, Cromo, Zinc contenidos en el vertido.

A pesar de todo lo anterior, la Consejería aprobó finalmente en julio de 2024 un incremento del volumen de vertido durante sus 17 años de explotación, desde 2.600.00 m3/año hasta 4.000.000 m3/año, es decir, 23.800.000 m3 más de lo inicialmente proyectado, sin que dicho incremento del 53% fuera nunca sometido a información o participación pública, vulnerando por tanto la legislación ambiental vigente.

Tampoco ha tenido en cuenta la Consejería demandada el verdadero comportamiento de los metales y metaloides presentes en el futuro vertido, que se adhieren a las abundantes partículas en suspensión que contienen las aguas del Estuario del Guadalquivir, y provocan que esos contaminantes se precipiten y se depositen en los sedimentos del río, como ya han examinado varias publicaciones científicas de investigadores de las Universidades de Sevilla, Cádiz y Granada.

Sin ese análisis detallado, toda la evaluación ambiental del vertido autorizado a la filial de Grupo México carece de fundamento científico, y es por ello que resulta imprescindible la realización de una profunda revisión científica realizada por un Comité de Expertos independientes, como la que en su día sirvió para descartar la ejecución del proyecto de dragado de profundización del Estuario del Guadalquivir, tras Sentencia judiciales del Tribunal Supremo de 2015 y 2019, ante los daños ambientales irreversibles que aquel proyecto iba a provocar, que no habían sido adecuadamente analizadas en la declaración de impacto ambiental realizada previamente por el Ministerio competente.

Esta es una de las principales reivindicaciones de la manifestación convocada por Ecologistas en Acción, Greenpeace, Salvemos el Guadalquivir y la Cofradía de Pescadores de Sanlúcar de Barrameda para el próximo sábado 9 de mayo, con salida desde Bajo de Guía, junto a la desembocadura del Guadalquivir frente a las costas de Doñana.

Porque la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Catalina García, y la Secretaría General del Agua, dirigida por Ramiro Angulo, no han tenido en cuenta en sus autorizaciones, el conocimiento científico existente de la hidrodinámica y comportamiento físico-químico del futuro vertido de Minera Los Frailes en el Estuario del Guadalquivir, apostando por los intereses económicos de la multinacional minera Grupo México, frente al interés público general que obliga a garantizar la calidad de las aguas del Guadalquivir, y de las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y de ocio sostenible que conviven actualmente, desde Sevilla hasta Sanlúcar de Barrameda.

2026-04-29 Diligencia Suspensión Piden Completar Expediente

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Durant la parada per a resoldre l’avaria la central ha descobert una altra avaria independent.

La central nuclear de Cofrents porta parada alguns dies per avaria. Va iniciar el procés de disminució de potència el 29 d’abril i està totalment parada des de l’1 de maig, i es preveu que la parada dure uns 20 dies.

Aquesta parada ha sigut programada, la qual cosa vol dir que no està causada per un avaria imprevista, que produeix, com ha ocorregut en moltes ocasions, la desconnexió instantània de la xarxa, sinó a un problema detectat fa temps.

Que Cofrents o qualsevol nuclear realitze una parada programada fora de les de recàrrega de combustible és molt infreqüent. Que la faça vol dir, en primer lloc, que és prou seriosa com per a no poder esperar a la següent parada per a recàrrega i manteniment, que està prevista l’any que ve.

En segon lloc, que aquest problema no es va detectar durant l’anterior parada per a recàrrega, que va acabar a final d’octubre passat, és a dir, fa només mig any. Això no parla molt bé de la qualitat del manteniment de la central.

A més, que la reparació dure 20 dies, com a mínim, vol dir que el problema és seriós, o que està localitzat en una zona “calenta” del reactor, és a dir, en la part radioactiva d’aquest, per la qual cosa caldria esperar que la irradiació radioactiva disminuïsca per a poder-hi treballar.

Cal fer totes aquestes deduccions perquè Cofrents i Iberdrola, seguint amb la seua política habitual d’obscurantisme i falta de transparència, no ha anunciat la parada ni les seues causes, ni públicament, ni en la seua pàgina web.

Ens n’hem assabentat perquè en el transcurs de la parada han descobert una altra avaria diferent, que ha ocasionat que es publicara un informe al respecte en la pàgina web del Consell de Seguretat Nuclear.

Aquest nou mal funcionament ha afectat les vàlvules d’aïllament de vapor principal (MSIV), que són vàlvules del circuit primari del reactor, per on passa vapor d’aigua altament radioactiu per haver estat en contacte directe amb el combustible nuclear d’urani.

Cal recordar que Cofrents té un llarg historial d’avaries repetides en vàlvules del circuit primari.

Aquesta successió i acumulació d’avaries posa de manifest, una vegada més, que la central de Cofrents, que compleix enguany 42 anys de funcionament, està vella i deteriorada.

La plataforma “Tanquem Cofrents” denuncia que és una irresponsabilitat, que posa tota la societat en perill, que continue funcionant fins a 2030, quan està previst el cessament de la seua activitat, segons el calendari de tancament acordat pel govern i les empreses nuclears fa uns anys. I això en cas que les empreses no incomplisquen l’acord i demanen el prolongament de la seua activitat com ja ha fet Iberdrola, la propietària de Cofrents, amb la central d’Almaraz.

La central de Cofrents està àmpliament amortitzada i hi ha alternatives més barates, segures i fiables a la seua producció, com són les energies renovables.

Per tot això, la plataforma “Tanquem Cofrents” exigeix que s’accelere el tancament de Cofrents i la resta de nuclears, que a més estan obstaculitzant la necessària transició a un sistema elèctric i energètic 100% renovable.

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• La campaña europea Clean Cities, de la que forma parte Ecologistas en Acción, convoca a familias, alumnado, profesorado, asociaciones de familias de alumnado (AMPA y AFA) y colectivos ciudadanos a reclamar entornos escolares seguros, saludables y libres de tráfico motorizado.
• La jornada contará con cerca de 40 acciones programadas en distintos puntos del Estado, una cifra que se espera que aumente en los próximos días con nuevas confirmaciones.

El próximo viernes 8 de mayo, niñas, niños, familias, profesorado, asociaciones de familias y colectivos ciudadanos saldrán a la calle en una nueva edición de Streets for Kids – Calles Abiertas para la Infancia. Esta movilización europea está impulsada por Clean Cities, una campaña que en España tiene el apoyo de una decena de organizaciones, para reclamar entornos escolares seguros, saludables y sin tráfico motorizado.

La jornada contará con cerca de 40 eventos programados en toda España, con acciones previstas en colegios, barrios y municipios de distintos territorios. La cifra previsiblemente seguirá creciendo en los próximos días, a medida que se incorporen nuevas confirmaciones de comunidades educativas y colectivos locales.

Durante la jornada, se celebrarán cortes temporales de calle, bicibuses, pedibuses, juegos, talleres, murales, actividades educativas y acciones de visibilización. El objetivo es mostrar que otra forma de organizar la movilidad escolar es posible: con menos tráfico, menos contaminación, más seguridad vial y más autonomía para la infancia.

“Las niñas y niños tienen derecho a moverse con seguridad, a respirar aire limpio y a disfrutar del espacio público. Sin embargo, en demasiadas ciudades, los entornos escolares siguen condicionados por el tráfico motorizado, la contaminación y el ruido. Streets for Kids quiere convertir esa preocupación en acción colectiva y en políticas públicas concretas”, señala Carmen Duce, portavoz de Clean Cities en España y coordinadora de Ecologistas en Acción.

Contaminación, ruido e inseguridad: una realidad cotidiana en los entornos escolares

El tráfico motorizado en las ciudades es una de las principales fuentes de contaminación atmosférica, ruido, emisiones de gases de efecto invernadero, inseguridad vial y ocupación del espacio público. Sus efectos son especialmente preocupantes en la infancia, una etapa en la que la exposición a la contaminación puede afectar a la salud respiratoria, al desarrollo y al bienestar cotidiano.

Diversos proyectos de ciencia ciudadana impulsados en entornos escolares han permitido que alumnado, familias y comunidades educativas midan el aire se respira en sus colegios y barrios. Estas mediciones han puesto de manifiesto una realidad preocupante: muchas niñas y niños siguen expuestos a niveles de dióxido de nitrógeno (NO₂), un contaminante estrechamente vinculado al tráfico rodado, por encima de las recomendaciones de protección de la salud.

A esta situación se suma la pérdida de autonomía infantil. En muchas ciudades, la presencia constante de coches en los accesos a los centros educativos dificulta que niñas y niños puedan ir al colegio andando, en bicicleta o de forma autónoma. La consecuencia es un círculo vicioso: más coches en la puerta del colegio, más contaminación, más inseguridad y menos espacio para la infancia.

Calles escolares: una solución concreta, eficaz y cada vez más demandada

Frente a esta situación, Clean Cities reclama avanzar hacia la implantación de calles escolares y calles abiertas a la infancia: espacios próximos a los colegios en los que se restringe el tráfico motorizado, especialmente en los horarios de entrada y salida, para mejorar la seguridad, reducir la contaminación y recuperar el espacio público.

Entre las medidas que reclaman las comunidades educativas y las entidades participantes se encuentran la peatonalización o restricción del tráfico en los accesos escolares; la creación de caminos escolares seguros; la pacificación del tráfico en las calles próximas a los colegios; la reducción de la velocidad en entornos educativos; la mejora de pasos de peatones, aceras y cruces; la instalación de arbolado, sombra y elementos de renaturalización; y la mejora de la medición y transparencia sobre la calidad del aire en zonas escolares.

Estas medidas, ya aplicadas en distintas ciudades europeas, permiten avanzar hacia barrios más seguros, saludables y habitables, no solo para la infancia, sino para el conjunto de la ciudadanía.

Una jornada festiva y reivindicativa en toda España

Clean Cities y Ecologistas en Acción hacen un llamamiento a asociaciones de familias (AMPA y AFA), equipos directivos, profesorado, asociaciones vecinales, colectivos ciclistas, organizaciones ecologistas, entidades juveniles y administraciones locales para que se sumen a la jornada del 8 de mayo organizando acciones en sus colegios, barrios y municipios.

Las actividades podrán registrarse en el mapa interactivo de la campaña, disponible en la web de Clean Cities España, donde también se ofrecen materiales, recursos e ideas para organizar acciones antes y durante la jornada.

“Cuando una calle se cierra al tráfico y se abre a la infancia, cambia por completo la forma en que la comunidad percibe ese espacio. Deja de ser solo un lugar de paso para convertirse en un espacio de encuentro, juego, cuidado y convivencia. Eso es lo que queremos que ocurra de forma estructural en los entornos escolares”, añade Carmen Duce.

 

Una campaña europea por ciudades más habitables

Streets for Kids es una iniciativa de la red europea Clean Cities, organizada en colaboración con entidades de movilidad sostenible, infancia, salud, educación y medio ambiente. En España, la campaña cuenta con el apoyo de organizaciones como Ecologistas en Acción, ConBici, CEAPA, Revuelta Escolar, Teachers for Future, Madres por el Clima, la Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza STEs y otros colectivos que trabajan por ciudades más limpias, seguras y justas.

Clean Cities recuerda que facilitar que niñas y niños puedan caminar, pedalear y jugar con seguridad no es solo una cuestión de movilidad, sino también de salud pública, equidad, justicia climática y derechos de la infancia.

 

Registro de acciones y mapa de eventos

Mapa de eventos

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• La I Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles se salda con una segunda convocatoria, la introducción de un comité científico y pasos cautos adelante.
• Alianza por el Clima y Gas No Es Solución, redes de las que forma parte Ecologistas en Acción, han participado en la conferencia, tanto en los espacios formales de decisión como en la alternativa Cumbre de los Pueblos, donde la sociedad civil internacional se ha volcado a favor de un tratado vinculante sobre combustibles fósiles en un despliegue de coordinación narrativa.

Durante seis días, la ciudad caribeña de Santa Marta ha sido el epicentro de la política climática global. La I Conferencia Internacional para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles, coorganizada por Colombia y los Países Bajos, ha reunido a más de 50 países, 2.800 personas y centenares de organizaciones de la sociedad civil para abordar lo que durante décadas las negociaciones climáticas internacionales no han sido capaces de hacer: cómo planificar, financiar y ejecutar la salida ordenada del petróleo, el gas y el carbón. La conferencia ha concluido hoy con su segmento de Alto Nivel ministerial.

Irene Vélez, Ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia de Colombia, señalaba en las primeras horas de la conferencia el momento histórico que supone este encuentro de Santa Marta y Alianza por el Clima subrayaba, ante estas declaraciones, que la importancia de este espacio “dependerá de lo fructífero del camino y  de si es capaz de consolidarse un instrumento multilateral vinculante capaz de poner fin a los fósiles”. Gas No Es Solución reacciona con cauto optimismo, enfatizando que “aunque es un paso, es necesario avanzar más rápido en compromisos que consigan dejar atrás los fósiles y desmantelen las dinámicas de extractivismo hacia el Sur Global”.

Los resultados de la Conferencia

Ambas redes consideran que es necesario continuar los diálogos avanzados en Santa Marta, por ello acogen con satisfacción el anuncio de una segunda conferencia en Tuvalu el próximo año.  Una buena noticia, dicen, teniendo en cuenta los intentos de algunos países europeos para reducir el debate a una mera recogida de impresiones y de traslado dentro del marco de UNFCCC, con las limitaciones que ello conlleva.  Entre el Sur Global han sido muchos los países que han señalado la necesidad de un tratado vinculante como forma de avanzar en un camino paralelo pero complementario que sea capaz de nutrir las negociaciones oficiales y poner fin a los fósiles de una forma rápida, justa y equitativa sin pasar por el veto de los países petroleros.

La conferencia cerró con un mandato político claro pero insuficiente. Los avances se cristalizan en tres elementos concretos:

1. La creación de un panel científico para orientar la transición liderado por el conocido investigador Johan Rockström.
2. El reconocimiento en el plenario final de la necesidad de un nuevo instrumento internacional (uno que llene el vacío de gobernanza que el Acuerdo de París no puede cubrir por sí solo). Sin embargo, esto no se ha cristalizado en un instrumento concreto, ni en un cronograma para su adopción, sino en una nueva conferencia, que será alojada por los gobiernos de Irlanda y Tuvalu. En el plenario de alto nivel, varios gobiernos reclamaron obligaciones vinculantes sobre la producción de fósiles, mecanismos reales de financiación para la transición y el fin de las reglas de arbitraje que permiten a las empresas fósiles demandar a los Estados que actúan por el clima.
3. Un informe final exhaustivo elaborado por los gobiernos coanfitriones, en el que se recopilan las aportaciones de miles de contribuciones escritas, docenas de diálogos virtuales y numerosas consultas sectoriales presenciales.

El papel del Estado español

El gobierno de España y representantes parlamentarios acudieron a Santa Marta, siendo de los pocos gobiernos que han optado por el más alto nivel de representación, al estar presente la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, quien intervino en el plenario como facilitadora del bloque dedicado a soberanía y seguridad energética.

La ministra Aagesen subrayó la importancia de actuar de forma colectiva porque “eso nos hace más fuertes: reduce los costes, reduce los riesgos, y se ha destacado algo fundamental, cómo trabajar en la financiación”. Una intervención que terminaba afirmando que el proceso “es inspirador, no es solo aire fresco, es un futuro prometedor de trabajar por el fin de los combustibles fósiles de forma conjunta, (…) podéis contar con España, podeis con el máximo esfuerzo para conseguirlo unidos y con compromiso”.

Javier Andaluz, coordinador de Alianza por el Clima y responsable de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, declara: “La convulsión geopolítica actual no solo nos demuestra el impacto de una economía fósil, sino la importancia de la solidaridad y de la creación de un bloque de países diversos capaces de defender el futuro frente a las guerras injustas y la continua degradación de la vida. Esta conferencia puede ser el primer paso para ello, pero necesitamos un compromiso político real y valiente que esperamos siga forjándose en Tuvalu”. Añade que “nos traemos varios deberes a España, reforzar nuestros compromisos no solo con la UNFCCC sino también en otras alianzas para poner fin a los subsidios fósiles (COFFIS), la reforma de la arquitectura financiera internacional y las medidas domésticas necesarias para acelerar esta transformación global”.

El papel  de la sociedad civil

Alianza por el Clima y Gas No Es Solución han participado activamente en la Cumbre de los Pueblos, junto a una coalición global de organizaciones de comunidades de primera línea, pueblos indígenas, mujeres, jóvenes y trabajadores. La Cumbre de los Pueblos aprobó una declaración que enmarca la crisis climática como consecuencia directa del capitalismo, el colonialismo y el militarismo, y exige que los países del Norte Global asuman su deuda ecológica con el Sur. En las calles de Santa Marta, cientos de personas, entre ellas comunidades afrodescendientes e indígenas de la Sierra Nevada, protagonizaron una marcha que recorrió la ciudad hasta la Plaza de Bolívar bajo el lema “Futuro libre de combustibles fósiles”.

Para Gas No es Solución esta demostración de fuerza de la sociedad civil es una señal clara de que Santa Marta marca el inicio de un proceso, no su culminación: “El mundo ya sabe que la salida de los combustibles fósiles no es opcional. Santa Marta lo ha dejado claro: hay una mayoría global que quiere avanzar, que tiene urgencia y que no puede seguir esperando a que los países productores den su visto bueno. Lo que se negocia ahora es cómo se hace justa, cómo se garantiza que el coste no lo paguen quienes menos responsabilidad tienen, y cómo se avanza rápido frente a bloqueadores y negacionismo. La próxima parada es Tuvalu, y llegamos con más fuerza y con más claridad sobre lo que necesitamos: un tratado vinculante, financiación real y compromisos que no se evaporen en el camino”, concluye Marina Gros Breto, portavoz de Gas No Es Solución y de Ecologistas en Acción.

Declaraciones

Ester Galende (Campaña del Tratado de Combustibles Fósiles): “En medio de un escenario geopolítico convulso, lo que ha ido tomando forma en Santa Marta es un proceso que finalmente equipara la diplomacia con la magnitud de la crisis climática. El acuerdo para continuar bajo el liderazgo del Pacífico, con Tuvalu e Irlanda como co-anfitriones de la segunda conferencia, manda un mensaje claro al mundo: la transición más allá de los combustibles fósiles es inevitable. El reto ahora es garantizar que este impulso se traduce en un mecanismo vinculante para eliminar de manera gradual y equitativa la extracción de petróleo, gas y carbón y así contribuir al cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París. España debe ser un actor clave en este proceso y desempeñar un rol de liderazgo en la construcción de un mundo libre de combustibles fósiles, más justo y en paz”.

Philippine Ménager (ECODES): “Santa Marta marca un cambio de fase: más de 50 gobiernos sitúan la salida de los combustibles fósiles al centro de la agenda global. El reto ahora es doble: convertir este impulso en políticas justas y sostener el impulso hasta la COP 31”.

Irene Rubiera (Ecologistas en Acción): “Tras la histórica opinión consultiva emitida este verano por la Corte Internacional de Justicia, la única opción coherente con el derecho climático internacional, los compromisos adquiridos en el marco UNFCCC y el sentido común es adoptar un instrumento vinculante que mantenga los fósiles en el subsuelo”.

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• Casi 30 años después de la mayor catástrofe ecológica en Andalucía provocada por la mina de Boliden en Aznalcóllar, la ciudadanía sale a la calle para denunciar la contaminación procedente de la mina de Cobre de las Cruces en el río Guadalquivir.
• En este aniversario, Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF muestran su apoyo a las reivindicaciones de la población. 

El pasado sábado, 25 de abril, se cumplieron 28 años de la mayor catástrofe ambiental de Andalucía hasta la fecha, provocada por la rotura en 1998 de la balsa de lodos tóxicos de la mina de Boliden, en Aznalcóllar (Sevilla), que contaminó la cuenca del río Guadiamar y puso en riesgo extremo al Parque de Doñana.

 

El próximo 9 de mayo, cofradías de pescadores, asociaciones de comerciantes, y ciudadanía en general de poblaciones ribereñas del estuario del Guadalquivir, junto con organizaciones ecologistas, se manifestarán frente a la desembocadura del Guadalquivir y las costas de Doñana para denunciar la contaminación que los vertidos mineros han provocado en el río desde 2009 hasta 2023, por parte de la mina de Cobre Las Cruces.

Y especialmente se manifestarán contra los nuevos vertidos tóxicos autorizados para los proyectos de reapertura de la Mina de Los Frailes, en Aznalcóllar, y la nueva mina subterránea de Cobre Las Cruces, en Gerena (Sevilla).

En esa manifestación se exigirá a la Junta de Andalucía una moratoria para futuros vertidos y la creación de un Comité de Expertos independientes que se pronuncie sobre la contaminación por metales pesados en el río Guadalquivir como resultado de los vertidos mineros, tal como ya exigieron en abril de 2024 varios alcaldes y alcaldesas de poblaciones ribereñas, representantes de agricultores, pescadores y mariscadores, así como asociaciones de consumidores y consumidoras y las mareas blancas de defensa de la salud, unidos a científicos y científicas y al Defensor del Pueblo Andaluz.

Asimismo, las organizaciones ecologistas exigen a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que no otorgue la concesión de aguas que permitiría a la empresa Minera Los Frailes vaciar las aguas contaminadas de las cortas mineras de Aznalcóllar y Los Frailes, cuyo destino final es la Zona de Especial Conservación del estuario del Guadalquivir, con punto de vertido frente al estadio de La Cartuja, en Sevilla.

Las jornadas científicas ‘El Estuario del Guadalquivir frente a los vertidos mineros’, celebradas en junio de 2024 en la Universidad de Sevilla, advirtieron sobre los riesgos ambientales de los vertidos de metales pesados de las minas Cobre Las Cruces y Aznalcóllar. Expertos científicos solicitaron paralizar las autorizaciones de vertidos, basándose en estudios que cuestionan la seguridad ambiental y exigen un comité técnico independiente.

Sin embargo, en julio de 2024 la Consejería competente otorgó la autorización ambiental al proyecto de mina subterránea de Minera Los Frailes, incluyendo un vertido tóxico preoperacional de 17.520 millones de litros de aguas ácidas con alto contenido en metales pesados, procedentes de las cortas de Aznalcóllar y Los Frailes, abandonadas desde 2001. Este vaciado se pretende realizar en tan sólo 18 meses (más de 30 millones de litros diarios). También se autorizó un vertido de 68.000 millones de litros durante un periodo operativo de 17 años, una vez que concluya el vaciado preoperacional. En mayo de 2025, la Dirección General de Minas otorgó la autorización minera, incluyendo una planta industrial de obtención de concentrados de zinc, cobre y plomo.

Las organizaciones ecologistas denuncian, apoyándose en estudios de científicos realizados en las Universidades de Sevilla, Cádiz y Granada, que la autorización ambiental del proyecto no ha tenido en cuenta la totalidad de los impactos ambientales y socioeconómicos de la puesta en marcha y ejecución de la explotación minera sobre zonas protegidas como el Bajo Guadalquivir, incluidas en la Red Natura 2000, y el Espacio Natural de Doñana.

Este vertido contaminaría seriamente el río con metales pesados como arsénico, cadmio, plomo, zinc, níquel y selenio, desde Sevilla hasta la desembocadura en Sanlúcar de Barrameda, afectando gravemente los cultivos de arroz de la marisma sevillana y la reserva de pesca de la desembocadura del Guadalquivir, lo que además pondría en riesgo la salud de las personas que consuman estos productos.

Ni el proyecto de la empresa minera ni las autoridades ambientales han tenido en cuenta los efectos acumulativos y sinérgicos de estos nuevos vertidos con los anteriores vertidos en la misma zona. Así, no se ha contemplado el efecto combinado de los vertidos que la mina de Cobre las Cruces ha estado produciendo en la misma área entre 2009 y 2023, cuya ecotoxicidad ya ha sido acreditada. La reapertura de esta mina ya ha recibido autorización para nuevos vertidos mineros durante los próximos 14 años de explotación subterránea.

Los efectos acumulativos de estos vertidos tampoco se han tenido en cuenta a pesar de producirse en la misma Zona de Especial Conservación (ZEC), lo que incumpliría el contenido mínimo legalmente establecido para un Estudio de Impacto Ambiental. Las evaluaciones de impacto han ignorado además el complejo contexto hidrodinámico y fisicoquímico del Estuario del Guadalquivir., por lo que se recomienda, en aplicación del principio de precaución y el principio de no-deterioro de la Directiva Marco de Agua, no realizar nuevos vertidos mineros a esta zona protegida.

Según las organizaciones ecologistas, la Junta de Andalucía no ha evaluado asimismo la afección medioambiental del vertido tóxico en Doñana, y ha impedido que el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana se pronunciase sobre el impacto del proyecto sobre el espacio, como es preceptivo legalmente.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, las organizaciones ecologistas demandan:

1. La suspensión provisional de la tramitación de la concesión de aguas actualmente en trámite por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en consonancia con los principios de precaución y cautela.
2. La creación de una Comisión de Expertos técnicos y científicos independientes, siguiendo la propuesta del Defensor del Pueblo Andaluz, a fin de determinar si existe suficiente certeza sobre los riesgos derivados del vertido o resulta necesaria la aplicación de los principios de precaución y cautela.
3. Un pronunciamiento por parte de los organismos dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre la posible incidencia de los vertidos previstos en el cumplimiento de los objetivos para 2027 del buen estado de las aguas del Estuario del Guadalquivir acordados con la Unión Europea, también en consonancia con lo solicitado por el Defensor del Pueblo Andaluz.

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L’organització denúncia que l’avantprojecte és injust, fragmentat i mal justificat, i que trasllada a Moixent uns costos territorials i socials que haurien d’assumir els beneficiaris del transvasament, els regants del Vinalopó.

Ecologistes en Acció del País Valencià ha presentat nou al·legacions, a més d’una consideració prèvia, contra l’Avantprojecte i l’Estudi d’Impacte Ambiental de la central fotovoltaica prevista per a l’estació de bombament de Moixent, vinculada al transvasament Xúquer-Vinalopó.

El fonament principal de les al·legacions apel·la en que no es pot presentar com a transició energètica modèlica una infraestructura destinada a abaratir el cost del transvasament a costa d’ocupar hectàrees de sòl agrari productiu.

En eixe sentit, l’avantprojecte vulnera el principi de justícia ambiental i el criteri de «qui contamina paga», perquè els impactes recauen sobre un territori que no ha generat el problema que es pretén corregir.

Per altra banda, l’organització critica que les plantes fotovoltaiques de Panser, Llanera i Moixent s’estiguen tramitant per separat quan formen part d’un únic sistema funcional lligat al transvasament. Aquest fraccionament impedeix valorar correctament els efectes acumulatius sobre el sòl, la biodiversitat, el paisatge i els espais protegits. Per això, reclama una avaluació ambiental conjunta de tot el sistema.

Un altre punt crític és que el s’ha triat un model d’autoconsum sense abocament a la xarxa que impedeix aprofitar l’energia excedentària. Alhora, es considera que l’estudi d’alternatives és insuficient perquè no analitza de manera rigorosa opcions com l’ús de bateries, la venda d’excedents o l’ús d’electricitat de xarxa en hores vall. A més, tampoc no es planteja seriosament l’anomenada alternativa zero, és a dir, la no execució del projecte o la continuïtat amb solucions menys impactants.

L’organització també qüestiona la viabilitat econòmica de la instal·lació. L’avantprojecte no incorpora un estudi complet de rendibilitat ni una anàlisi cost-benefici solvent. Així mateix, la documentació reconeix que el cost de l’energia aprofitada seria superior al preu de mercat de referència, de manera que el projecte només aparenta ser viable si depèn de fortes subvencions públiques.

Un altres dels aspectes de major controvèrsia és l’elecció de l’emplaçament. Ecologistes en Acció sosté que la selecció de l’alternativa M2A no està prou motivada, que l’estudi d’ubicació és arbitrari i que que no s’ha tingut en compte el rebuig social i institucional expressat a Moixent.

Des del punt de vista territorial i ambiental, l’avantprojecte presenta una greu afecció, amb sòls amb pendents superiors al 25 %, terrenys d’interès per a la recàrrega d’aqüífers, zones agrícoles amb elevada capacitat de fixació de CO₂ i àrees amb alt risc d’erosió. També resulta especialment greu l’impacte paisatgístic sobre el Paisatge de Rellevància Regional 29, Vinyes de les Alcusses i els Alforins, així com la insuficient valoració de l’afecció sobre la Canyada Reial del riu Canyoles.

Per tot això, Ecologistes en Acció del País Valencià reclama que les autoritats competents no aproven el avantprojecte sotmès a informació pública, i reivindica que la descarbonització no pot servir d’excusa per imposar noves agressions sobre el territori ni per consolidar un model hídric i energètic injust, com el present.

Alegaciones anteproyecto y estudio de impacto ambiental central fotovoltaica

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